El Consejo de Ministros ha aprobado 250 millones de euros para la formación profesional para el empleo de las personas trabajadoras. La inversión, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se destina de manera prioritaria a las personas ocupadas y busca impulsar su capacitación y sus oportunidades laborales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? El Gobierno ha aprobado una convocatoria de 250 millones de euros para financiar programas de formación de las personas trabajadoras.
- ¿Quién lo ha decidido? El Consejo de Ministros, en su reunión del 22 de septiembre de 2026, con cargo al presupuesto del SEPE y presentado por la ministra portavoz, Elma Saiz.
- ¿A quién afecta? A los trabajadores por cuenta ajena, a los autónomos y a los empleados de las Administraciones Públicas que quieran capacitarse.
Una convocatoria abierta a los sectores estratégicos
La convocatoria cubre nuevas modalidades de formación y atiende de forma especial a sectores considerados estratégicos, como la energía, el cambio climático y la sanidad. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que estos fondos permitirán impulsar al mismo tiempo la carrera profesional de los empleados y la competitividad de las empresas.
La capacitación va dirigida a todos los trabajadores: por cuenta ajena, autónomos y pertenecientes a las Administraciones Públicas. Se trata, por tanto, de una convocatoria de alcance general dentro del sistema de formación profesional para el empleo, el conjunto de programas que financia la cualificación de quienes ya están en el mercado laboral.
Qué supone para los trabajadores y para las empresas
El impacto de la convocatoria se mide en dos direcciones. Para el trabajador, la formación abre la puerta a recualificarse o a certificar competencias que ya posee; para la empresa, supone una vía para cubrir perfiles técnicos que el mercado no siempre encuentra disponibles. La portavoz del Gobierno ha vinculado esta inversión con la mejora de la competitividad del tejido productivo.
El sistema de formación profesional para el empleo se nutre de varias fuentes de financiación, entre ellas la cuota de formación que aportan empresas y trabajadores, además de los fondos que gestiona el SEPE. Los programas combinan la formación presencial y la teleformación, y en los últimos años han ganado peso los certificados de profesionalidad.
El Gobierno destina 250 millones a la capacitación de la población ocupada, con la energía, el cambio climático y la sanidad como sectores prioritarios.
La formación para el empleo se dirige a quienes ya están trabajando, a diferencia de la formación inicial, que se cursa antes de incorporarse al mercado laboral. En España conviven ambas vías bajo un mismo sistema desde la reforma aprobada en 2022.
El Marco Educativo
La formación profesional para el empleo se enmarca en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, la norma que unificó la formación inicial y la formación para el empleo en un único sistema. Esa ley ordena el catálogo de especialidades y reparte competencias: al Estado le corresponden la legislación básica y la gestión de los fondos estatales, mientras que las comunidades autónomas ejecutan las convocatorias en su territorio.
En ese reparto, el SEPE es el organismo estatal que distribuye los recursos de la cuota de formación y de las transferencias a las comunidades. Las organizaciones empresariales y sindicales participan en la gobernanza del sistema a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, conocida como FUNDAE, que gestiona las ayudas dirigidas a las empresas.
La convocatoria aprobada, según la referencia del Consejo de Ministros, se suma a las iniciativas que el Ejecutivo viene desplegando para reforzar la cualificación de la población activa. El reto de fondo sigue siendo aumentar la participación de las empresas en la formación de sus plantillas, uno de los objetivos que persigue la propia ley. La medida queda ahora pendiente de su desarrollo y ejecución en las próximas semanas.
Claves de la Noticia
- Qué importa: El Consejo de Ministros ha aprobado 250 millones de euros para financiar la formación profesional para el empleo de las personas trabajadoras.
- Por qué importa: La inversión, con cargo al SEPE, refuerza la capacitación de la población ocupada y busca mejorar la competitividad de las empresas en sectores estratégicos.
- A quién le importa: A los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos y los empleados públicos que quieran recualificarse y mejorar su carrera profesional.
