Tres nombres concentran el debate sobre el techo del gasto farmacéutico en España: Zolgensma, Trikafta y Spinraza. Los tres son hitos terapéuticos en enfermedades raras —atrofia muscular espinal y fibrosis quística—, los tres dependen de un único laboratorio y los tres superan con holgura los 150.000 euros por paciente al año, con un caso que roza los dos millones en una sola dosis. Sanidad estudia ahora revisar su financiación pública, y los laboratorios han respondido con un pulso abierto.
El criterio de esta selección es económico, no clínico: son las tres terapias con mayor impacto presupuestario por paciente, de indicación muy restringida y con un mercado dominado por un único fabricante en cada caso. A ello se suma un reparto competencial incómodo: Sanidad decide qué entra en la prestación y a qué precio, pero son las comunidades autónomas y los hospitales quienes asumen la factura. En medio, los laboratorios advierten de que estrechar la financiación termina frenando la I+D.
4El pulso interno: Sanidad, comunidades autónomas y hospitales ante el techo del gasto farmacéutico
El pulso por el techo del gasto farmacéutico tiene un reparto de roles incómodo: Sanidad decide qué fármacos entran en la prestación y a qué precio, pero son las comunidades autónomas quienes asumen casi toda la factura. En 2025 el gasto farmacéutico público alcanzó los 26.145,5 millones de euros, 1.330,6 millones más que el año anterior, un 5,36% de subida según Hacienda. El hospital volvió a ser el motor de ese crecimiento, con un alza cercana al 7,4%, frente al 3,8% de la receta. Ese desequilibrio alimenta la queja repetida de los consejeros: lo de «tú invitas y yo pago», como resumió Castilla-La Mancha, no sirve para una partida que compromete en torno a una cuarta parte del presupuesto sanitario.
El desencuentro se hace visible en el Consejo Interterritorial. En julio de 2026, Sanidad y comunidades cerraron un protocolo para 66 tratamientos de alta complejidad —12 terapias avanzadas y 54 de alto impacto económico, a partir de 80.000 euros por paciente y año—, por el que la comunidad de origen asume el coste aunque el paciente se trate en otra región. El acuerdo destapó la brecha entre territorios derivadores y receptores: Canarias avisó de que rompe la equidad del Fondo de Cohesión Sanitaria. A ese pulso se suma la fiscalización del Tribunal de Cuentas, que en 2025 señaló infradotación crónica —La Arrixaca reconoció obligaciones un 191,6% por encima de su presupuesto— y diferencias de hasta el 97% en el precio del mismo medicamento entre hospitales.
