La carrera hacia las urnas sigue tensando el tablero político nacional y la gestión del censo electoral en el extranjero se ha convertido en uno de los principales frentes de batalla. El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha irrumpido con fuerza en el debate público tras su intervención en El programa de Ana Rosa, donde ha cargado duramente contra la aplicación de la Ley de Nietos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con un mensaje contundente, el dirigente popular ha exigido rigor en la acreditación del derecho al sufragio y ha advertido de que su formación agotará todas las vías para garantizar la transparencia en los procesos electorales.
Desde las filas populares consideran que la falta de control en la concesión de la nacionalidad a descendientes en el extranjero amenaza con distorsionar las garantías democráticas. Para Génova, el problema radica en la inacción institucional y en la omisión de las advertencias judiciales.
El órdago del PP ante las exigencias del Supremo
La postura del Partido Popular respecto al censo de residentes ausentes se ha endurecido tras las últimas decisiones del alto tribunal. Durante su comparecencia televisiva, Borja Sémper tildó de «verdadero despropósito» la gestión que el Ministerio de Justicia y la diplomacia española están realizando de la normativa actual. A juicio del portavoz conservador, el Gabinete socialista está obviando de manera deliberada los criterios fijados por las altas instancias judiciales para validar el censo en el exterior.
El Gobierno no está colaborando, el Gobierno no está ejecutando y no está atendiendo los requerimientos en las exigencias del Tribunal Supremo«, aseveró el dirigente vasco. La crítica central del PP apunta a una presunta laxitud en la verificación de expedientes de nacionalidad otorgados al amparo de la memoria democrática, lo que a su juicio podría alterar de forma ilegítima la composición del electorado. Para Sémper, la premisa básica debe ser incuestionable: el derecho al voto lo tiene que tener aquel que lo tiene acreditado por la ley, una afirmación que contrapone a lo que califica como una deriva irresponsable por parte de la Moncloa.
Ante este panorama, el portavoz nacional del PP anunció que la dirección del partido no se limitará a la denuncia pública. La formación de Alberto Núñez Feijóo prevé desplegar una ofensiva jurídica e institucional para fiscalizar cada paso del proceso y asegurar que solo ejerzan el voto los ciudadanos legalmente capacitados para ello.
Un plan de reformas frente al «gobierno de escándalos»
Más allá de la controversia electoral, la intervención de Sémper sirvió para marcar las líneas maestras de lo que el PP define como su proyecto de regeneración institucional. El recién designado número tres por la lista de Madrid agradeció públicamente la confianza depositada en él por Feijóo y proyectó una visión de cambio profundo centrada en resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía frente a la polarización constante.
El portavoz popular enfatizó que la prioridad absoluta del próximo ciclo político debe ser devolver el prestigio a la acción pública y centrar los esfuerzos en las reformas estructurales que necesita el país. En este sentido, defendió que el próximo Ejecutivo tiene que ser un gobierno de reformas y no de escándalos, situando este principio moral y ético por encima de las aspiraciones personales o los repartos de poder tras las urnas.
La agenda socioeconómica trazada por Génova abarca cuestiones estratégicas como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la rebaja de la presión fiscal y el rescate de las infraestructuras públicas, haciendo especial hincapié en la necesidad de que los servicios básicos y los transportes ferroviarios vuelvan a funcionar con absoluta normalidad y eficacia.
Tensión en las calles y defensa de la voluntad popular
El clima político no solo se mide en las instituciones, sino también en el ambiente de crispación que se traslada al espacio público durante los actos de campaña. Al ser preguntado por los altercados e incidentes registrados recientemente en diversos mítines políticos, Sémper lanzó un aviso sobre los riesgos de legitimar discursos radicalizados que buscan erosionar la convivencia democrática.
El representante del Partido Popular advirtió con firmeza sobre las intenciones de quienes rechazan las reglas del juego democrático. A su juicio, es probable que quienes no creen en la voluntad popular vayan a utilizar la violencia para intentar que los ciudadanos no se puedan expresar con libertad, un diagnóstico severo sobre los focos de intolerancia que intentan coaccionar el libre debate de ideas.
Frente a estas presiones y la escalada de violencia verbal o física, el portavoz del PP apeló al sosiego y a la firmeza constitucional. La formación conservadora insiste en que la política debe volver a ser edificante, ofreciéndose como un baluarte de serenidad institucional capaz de devolver la estabilidad democrática a España frente a la incertidumbre y el enfrentamiento partidista.
