El Plan Moves ha subvencionado miles de coches eléctricos que sus compradores todavía no han cobrado. La ayuda se concede por resolución, pero el dinero llega cuando la comunidad autónoma cierra la tramitación y se transfieren los fondos: entre un momento y otro pasan meses y, en los expedientes más lentos, más de un año. Quien compra adelanta el dinero, financia la compra y asume el riesgo de que el pago se demore. Y el programa se ha prorrogado varias veces con el ejercicio ya empezado.
La lista no ordena comunidades ni busca culpables: sigue el recorrido de una ayuda desde que se concede hasta que se ingresa y se detiene en los puntos donde el expediente se atasca. El criterio es el del comprador que ya ha pagado el coche y espera. Por eso pesan tanto el calendario presupuestario, que empuja los abonos al cierre del ejercicio, y la fase de subsanación de documentos, como la distinta velocidad de las comunidades autónomas o el coste de renunciar a la ayuda, pedir un préstamo o aceptar que el concesionario adelante el dinero.
4Mapa autonómico del pago: comunidades que abonan en meses y otras que acumulan convocatorias
La ayuda es idéntica sobre el papel en cualquier punto de España, pero el calendario de cobro depende del código postal. Cerrado el Moves III a nuevas solicitudes el 31 de diciembre de 2025, los datos del IDAE manejados en febrero de 2026 dibujaban un mapa muy desigual: solo el 48% del dinero concedido había llegado a los beneficiarios y quedaban 580,7 millones pendientes de abono. Ceuta, con el 98% pagado, y Madrid, con el 71%, iban en cabeza, mientras Baleares, Melilla y Asturias no habían desembolsado ni un euro de lo aprobado. Solo nueve de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas superaban esa media nacional. El corte de noviembre de 2025 era aún más elocuente: Murcia había verificado el 3% de sus ayudas, Castilla-La Mancha el 18%, Canarias el 21% y Extremadura el 23%, frente al 64% de Madrid, el 57% de Euskadi y el 51% de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
El origen del desfase no es solo el dinero, sino la arquitectura del programa: el Estado transfiere los fondos, pero convoca, tramita y paga cada región a su ritmo. Diez comunidades incumplieron el plazo de tres meses que el Real Decreto-ley 3/2025 fijó para publicar sus convocatorias, entre ellas Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Murcia, que ni siquiera la tenía abierta en agosto. El reparto por población y no por demanda agotó la partida madrileña en unas cuatro semanas. La ampliación de diciembre (381,76 millones) llegó con asignaciones muy dispares —85 millones para Madrid frente a 400.000 euros para Extremadura— y aun así no alcanza: Madrid, Andalucía, Castilla y León, Navarra y Extremadura admiten que dejarán expedientes sin pagar, mientras Galicia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Murcia confían en cubrirlos trasvasando dinero entre sus líneas. Con seis meses de plazo legal para resolver y hasta un año para justificar, el resultado va de los seis a los veinticuatro meses según el territorio.
