Vox denuncia la sumisión de Sánchez al independentismo tras dejar el Tribunal Constitucional vía libre a la amnistía de Puigdemont.
La decisión del tribunal de garantías ordena al Tribunal Supremo amnistiar la malversación del procés y retirar la orden de detención del expresidente catalán. Carles Puigdemont ya puede volver a España tras casi una década fuera. El mismo fallo amnistía a la exconsejera Dolors Bassa y sienta el precedente. La orden que ahora decae llevaba años vigente y era el último obstáculo para su regreso.
Vox recurrió la ley y sostiene que la resolución consuma la entrega del Estado al independentismo. Una tesis que la dirección repite desde la tribuna del Congreso: la amnistía no cabe en la Constitución. El partido lee en el fallo la confirmación del intercambio que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y abre la puerta al regreso de quienes quebraron la legalidad en 2017, según fuentes del partido consultadas por este medio.
Qué sostiene Vox contra la amnistía de la malversación
El argumentario del partido es nítido: amnistiar la malversación rompe el principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución y borra delitos acreditados por sentencia firme. Según la tesis que Vox defiende en la tribuna y ante los tribunales, el uso ilegal de fondos públicos no puede equipararse a un delito de opinión: el dinero desviado era de todos los españoles. La dirección añade un segundo reproche, de naturaleza política: la norma nació como precio de la investidura, no como una medida de convivencia.
Vox impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional y esperaba un pronunciamiento distinto. Sus 33 diputados en el Congreso, tercera fuerza de la Cámara, sostienen que el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido consuma un giro doctrinal para sostener la norma. La lectura del grupo es que el derecho penal ha dejado de ser igual para todos.
Vox no discute una decisión judicial: discute que exista una ley capaz de borrar la malversación de fondos públicos sin tocar la Constitución.
Para el partido, la secuencia es reveladora. Indultos, reforma del Código Penal, ley de amnistía y ahora el aval del tribunal de garantías. El partido subraya un detalle del fallo: la malversación era el último dique. Sin su amnistía, el regreso de Puigdemont habría sido imposible; con ella, recupera la libertad de movimiento y la capacidad de hacer política en España.
Qué margen real deja el aval del Constitucional
El presidente del Gobierno compareció en La Moncloa tras el Consejo de Ministros que rescató los decretos de vivienda tumbados en el Congreso el viernes anterior. Sánchez mostró su respeto por la resolución y la celebró sin matices: ‘Celebro que con esta ley hayamos ayudado a la sociedad catalana’, dijo.
Preguntado por si se arrepiente de haber impulsado una norma negociada con Junts a cambio de la investidura, rechazó que fuera un error. Defendió que estas medidas no se pensaron para un partido ni para un político independentista, sino para la convivencia entre catalanes.
El presidente sostuvo que los tribunales españoles y europeos han avalado la amnistía de la A a la Z y atribuyó la quiebra de 2017 a la impericia de quienes gobernaban entonces. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa, acató la doctrina del tribunal de garantías y dejó sin efecto la orden de detención. El margen real, sin embargo, es estrecho: la ley sigue en vigor, el fallo es vinculante y el Ejecutivo no ha anunciado ningún paso atrás.
Puigdemont puede organizar su regreso y Junts conserva intacta su capacidad de condicionar la legislatura. La resolución judicial no admite un nuevo recurso ordinario: el Constitucional tiene la última palabra y su doctrina vincula a todos los tribunales. La discusión, por tanto, se traslada a la política.
Qué busca Vox con su ofensiva contra la amnistía
No es el primer aviso. Vox advirtió durante la tramitación de que el texto terminaría amparando la malversación y convirtió la derogación en una de sus exigencias centrales. El PP ha sostenido en repetidas ocasiones que derogará la norma si llega al Gobierno, un compromiso que Vox usa para tensar el pulso por la derecha y recordar la ruptura de los gobiernos autonómicos. La diferencia de intensidad entre ambos vuelve a quedar a la vista.
En los parlamentos autonómicos donde tiene grupo propio, la formación ha llevado el mismo debate. El partido ha hecho de la derogación su bandera y la mantendrá en cada debate de los próximos meses, con la amnistía como argumento electoral. El regreso de Puigdemont traslada la disputa a un terreno que Vox conoce bien. El próximo ciclo electoral será el escenario donde el partido exigirá cuentas por cada paso dado. Vox, por ahora, mantiene la presión.
