Italia supera la barrera de los 200.000 contagios y suma 382 fallecidos

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Italia se ha convertido en el tercer país en superar la barrera de los 200.000 contagios de coronavirus, después de Estados Unidos y España, y ha sumado en las últimas 24 horas otros 382 fallecidos, una cifra algo superior a la registrada la víspera, según los datos publicados por Protección Civil.

En total, desde que comenzó la pandemia el país ha registrado 201.505 casos del nuevo coronavirus, tras un aumento de 2.091 contagios en el último día, mientras que la cifra de fallecidos asciende ya a 27.359, tras los más de 382 decesos del último día.

Mientras, como en días anteriores, la presión sobre el sistema de salud sigue disminuyendo. Así, actualmente hay 19.723 pacientes hospitalizados, 630 menos que el lunes, mientras que los ingresados en la UCI son 1.863, 93 menos. El resto de los más de 105.000 casos positivos activos –608 menos que el lunes– se encuentran en sus casas asintomáticos o con síntomas leves.

Por lo que se refiere a los pacientes curados, otros 2.317 han recibido el alta, lo que eleva el total a 68.941, y supone un aumento considerable con los 1.696 que se registraron la víspera.

El primer ministro, Giuseppe Conte, anunció el domingo sus planes para una reapertura gradual en Italia tras semanas de confinamiento y de suspensión de las actividades, los cuales han recibido críticas por no considerarse algunos de los aspectos como demasiado claros o por considerarse que en otros se podría ir más lejos, principalmente en lo relativo a la reanudación de la actividad económica.

Así las cosas, un informe efectuado por el comité técnico-científico que asesora al Ejecutivo ha indicado que de producirse el 4 de mayo una reapertura total del país para el mes de junio serían necesarias 151.231 camas de UCI y para final de año 430.866, algo que el sistema de salud italiano no podría asumir ya que aunque durante la pandemia se han ampliado las plazas, estas se sitúan en torno a 9.000, según AdnKronos.

CONTE SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

El propio primer ministro se ha referido a las críticas. «Hemos dado algunos pequeños pasos adelante, para algunos no es suficiente pero no podemos hacer más», ha defendido. «Soy el primero que querría aligerar las medidas pero por ahora tenemos que proceder por ahora así», ha insistido, advirtiendo de que existe «un riesgo muy concreto» de que vuelvan a aparecer focos de contagio.

Muchos ciudadanos se habrán sentido desilusionados, lo siento, pero nuestro objetivo es tutelar la salud de todos los ciudadanos, no podemos aparcar este objetivo de una semana para otra», ha insistido el primer ministro, recalcando que el Gobierno no puede dejarse llevar por la «improvisación.

Por otra parte, el comisario para la emergencia del coronavirus, Domenico Arcuri, ha anunciado este martes que la aplicación para poder hacer seguimiento de los contactos de personas con coronavirus, Immuni, estará operativa en mayo.

«La ‘app’ hará saltar la alerta por ejemplo cuando el señor Rossi haya mantenido un contacto estrecho durante más de 15 minutos con una persona positiva», ha explicado en rueda de prensa.

Según Arcuri, que ha defendido las garantías de privacidad de la aplicación, «la alerta llegará a la persona y no al servicio de salud nacional, por lo que será el usuario el que se convierta en protagonista del recorrido sanitario». Asimismo, una vez más, ha reiterado «los riesgos que corremos» con comenzar a abandonar el confinamiento impuesto para frenar la pandemia a partir del 4 de mayo.

Entretanto, Conte ha asistido este martes en Génova a la colocación del último tramo del puente Morandi que se vino abajo el 14 de agosto de 2018 cobrándose la vida de 43 personas. «Esta es una obra símbolo par Italia, de la Italia que sabe volver a ponerse en pie, que se arremanga, de la Italia que no se deja abatir si siquiera por una tragedia como esta», ha defendido.

Las imágenes del derrumbe del viaducto de la autovía «dieron la vuelta al mundo pero hoy quedarán sustituidas por estas, que son las imágenes de la creatividad, de la abnegación y de la maestría italiana», ha reivindicado Conte, que ha apostado igualmente porque «se complete» la depuración de responsabilidades que se inició tras la «tragedia».

Guardia civil ve ridículo que Marlaska relacione contagios con cuarteles

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Varias asociaciones profesionales de guardias civiles han acusado este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de recurrir a «pretextos ridículos» al establecer una relación entre la alta cifra de contagios de coronavirus y la mayor convivencia en pabellones y cuarteles del Instituto Armado.

En un comunicado, la mayoritaria AUGC ha acogido con «estupor e indignación» las declaraciones de Grande-Marlaska de ayer en la rueda de prensa en la Moncloa, donde aseguró que había pedido una información interna para analizar la alta tasa de positivos en Covid-19 en la Guardia Civil, que triplica a la Policía y supone más de la mitad del conjunto de cuerpos policiales. El ministro habló de varios elementos, entre ellos la convivencia en pabellones.

En concreto, con fecha de 27 de abril, en la Policía Nacional figuran 715 agentes contagiados, mientras que en la Guardia Civil son 2.120. En las policías locales son 769 los agentes infectados, y le sigue los Mossos d’Esquadra con 193; la Ertzaintza, con 65, y la Policía Foral de Navarra, con 29 positivos. En total, son 3.891 los agentes de Fuerzas de la Seguridad contagiados por coronavirus, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

AUGC entiende que la mayor incidencia de contagios en la Guardia Civil no es «por la simpleza» a la que aludió el ministro sino a la «carencia generalizada de medios de protección y la alarmante falta de medidas organizativas». «Desde Interior y la Dirección General se hizo caso omiso a todas las advertencias», denuncian.

La asociación alude a datos de 14 de abril, cuando eran 1.500 los guardias civiles contagiados, y censuran la «falta de transparencia» de la institución, de ahí que reclamen «abrir las puertas y ventanas para convertirse en una cuerpo de seguridad pública moderno y democrático».

Fernando Grande-Marlaska reconoció ayer que la cifra de contagios en la Guardia Civil es «sustancialmente superior» y que, por este motivo, había pedido un informe al servicio de inspección y seguridad del departamento que dirige. «Me parecería un poco aventurero sacar una conclusión, pero una de ellas es que en la Guardia Civil normalmente existe mayor convivencia, compartiendo pabellones, pero este es un elemento de otros plurales», apuntó.

Grande-Marlaska aseguró la semana pasada en el Congreso que la curva de contagios había descendido en las últimas semanas dentro de los cuerpos policiales y mencionó el reparto entre los funcionarios a su cargo en Interior de 6,3 millones de mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FPP3), 1,5 millones de guantes, 30.450 batas, 12.000 gafas, así como la realización de 5.000 test, «que se ampliarán –dijo– a 30.000 en los próximos días».

REBATEN AL MINISTRO: NO VIVEN EN PABELLONES

Otra asociación profesional representativa en el Consejo de la Guardia Civil, ASES-GC, ha censurado de «ofensa» las palabras del ministro y a lo anterior también ha señalado como causa de la mayor cifra de contagios la escasez de test realizados y la «falta de homogeneidad en los criterios» para realizar estas pruebas.

En cualquier caso, ASES-GC ha sostenido que los guardias civiles afectados por la pandemia «no vivían ni viven en el interior de los acuartelamientos, dándose la mayor parte de afectados en las cabeceras de comandancia donde la mayoría de su personal reside fuera». Por este motivo, piden que «no se banalicen» los errores cometidos por la Dirección General que lidera María Gámez.

«El problema no está en el lugar de residencia, sino en el puesto de trabajo», sostienen desde Independientes de Guardia Civil (IGC), que también cuestiona la falta de pruebas diagnósticas y han pedido que se aclare cómo se van a repartir los prometidos 30.000 test.

«La gran diferencia entre la Policía y la Guardia Civil es que estos hace años tienen un turno fijo de cadencia del servicio, donde trabaja un mismo cupo de policías sin rotar con el resto, mientras que en la gran mayoría de unidades de la Guardia Civil el personal va rotando entre sí, por lo cual es normal que el número de contagios sea sustancialmente mayor en el nuestro», explican desde esta asociación.

Bruselas da pautas para mantener la seguridad de los ensayos clínicos

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La Comisión Europea ha publicado este martes una serie de directrices para garantizar que se siguen desarrollando ensayos clínicos con seguridad para los pacientes en el contexto de la pandemia actual de Covid-19.

El objetivo de Bruselas es evitar una interrupción de la investigación clínica en la Unión Europea sin comprometer la calidad y la seguridad con los que deben contar estos ensayos clínicos, según han explicado en un comunicado las autoridades europeas.

Con más de 200 ensayos clínicos registrados en la base de datos comunitaria (EudraCT), estas directrices del Ejecutivo comunitario ofrecen recomendaciones con medidas «simples y flexibles» para responder a la situación actual y garantizar que los pacientes que participan en estos programas siguen recibiendo sus medicamentos.

Estamos en medio de la peor pandemia que recordamos y es absolutamente crucial que mostremos flexibilidad en nuestras normas para mantener la investigación en tratamientos críticos, incluidos los relacionados con enfermedades raras o crónicas», ha destacado la comisaria de Salud, Stella Kiriakides.

En dichas orientaciones, Bruselas pide mantener la distribución de medicamentos a pacientes que participan en ensayos clínicos para proteger tanto su seguridad y bienestar la integridad de las investigaciones. Sin embargo, recuerda que se deben respetar las medidas de distanciamiento social y posibles limitaciones de los recursos hospitalarios.

Además, plantea la utilización de sistemas remotos de verificación de los datos brutos obtenidos en las investigaciones. Esta medidas, defienden las autoridades comunitarias, podría facilitar los permisos para la comercialización de productos esenciales para tratar la Covid-19.

Por otro lado, el documento expone una serie de acciones urgentes que las autoridades sanitarias puede llevar a cabo para proteger a los participantes en ensayos clínicos de peligros inmediatos y otros cambios que puedan afectar a su seguridad o a la solidez de los datos.

La Comisión Europea ha subrayado en cualquier caos que estas medidas podrán usarse exclusivamente durante la pandemia de Covid-19 y serán revocadas cuando la emergencia sanitaria haya sido superada en el bloque.

La oposición pide detalles en el Congreso del plan de normalización

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La oposición quiere aprovechar la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para que el Ejecutivo ofrezca el máximo de detalles posibles sobre el plan de desescalada que ha diseñado para ir aplicándolo de manera gradual y asimétrica, según los territorios, en función de cómo vaya evolucionando la crisis del coronavirus.

Así, un día después de que el Consejo de Ministro haya dado el visto bueno a ese programa de relajación de las medidas de confinamiento, éste será sometido a examen en el Pleno de la Cámara Baja, aunque el PP ya ha solicitado que todos los ministros desfilen por sus respectivas comisiones en las próximas semanas para dar cuenta de cómo afecta a cada uno de sus departamentos.

Entre las cuestiones registradas por los grupos, recopiladas por Europa Press, hay una pregunta y una interpelación, ambas del PP, dirigidas a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a quien el Ejecutivo ha puesto al frente de ese plan para ir relajando las medidas adoptadas desde el estallido de la pandemia.

¿En qué consiste el proceso de desescalada asimétrica anunciado por el presidente del Gobierno el 18 de abril?», reza el interrogante que la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha registrado para Ribera.

El PP se queja de que Ribera haya informado de ese supuesto plan al Rey, pero no haya comparecido para informar del mismo ante el Congreso. Por eso ha registrado una interpelación con el propósito de la que la vicepresidenta de Transición Ecológica avance las líneas generales en las que se basará esa desescalada y concrete cuáles son exactamente sus responsabilidades en este proceso.

Este debate con Ribera dará lugar después a una moción en la que el PP podrá plantear su propio plan para ir relajando el confinamiento, aunque desconoce cuándo se podrá votar este texto.

PP, Cs y MÁS PAÍS PREGUNTARÁN A SÁNCHEZ

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se han presentado preguntas específicas sobre la desescalada. Así, tanto el líder del PP, Pablo Casado, como el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, han preferido centrarse en pedirle explicaciones sobre su gestión.

En concreto, el presidente del PP se centrará en las consecuencias económicas y sociales que va a dejar la pandemia, mientras que el diputado ‘naranja’ — que releva en este cometido a la presidenta, Inés Arrimadas, quien por su avanzado embarazo no asiste presencialmente a los plenos– quiere que el presidente haga autoevaluación de su actuación.

Por su parte, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, interrogará a Sánchez con la idea de que le avance qué medidas planea en materia de ayudas y avales al sector privado.

¿QUÉ HACE PABLO IGLESIAS?

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, busca confrontar de nuevo con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, con el objetivo de que le informe de «qué funciones está desarrollado» exactamente en esta crisis.

De su lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ha especificado qué miembro del Gobierno quiere que le conteste, una facultad que, en realidad corresponde al propio Ejecutivo, que es quien reparte las preguntas entre sus ministros. En cualquier caso, Rufián también aspira a que alguien le dé pistas sobre el plan de desconfinamiento con el que trabajan en Moncloa.

Y otros diputados también van a intentar recabar información sobre cómo se aplicará la desescalada en sectores específicos. Así, la ‘popular’ Belén Hoyo busca que la ministra de Industria, Reyes Maroto, le diga si ese plan del Gobierno contempla medidas para «abrir cuanto antes la economía en sectores tan importante como la industria y el turismo». Desde el PNV, pretenden que Maroto informe de cómo piensa garantizar el Gobierno la supervivencia del pequeño comercio.

A la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el PP le quiere arrancar el compromiso de que se informará «con puntualidad y transparencia sobre sus planes de desconfinamiento.

También quiere interrogar a la titular de Hacienda el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, en su caso, para que explique si tiene previsto fija nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública a las comunidades autonómicas ante esta situación sobrevenida.

LA «INCOMPETENCIA» DE ILLA

Asimismo, se han registrado dos preguntas para el ministro de Sanidad, Salvador Illa «¿Cuánto tiempo debe esperar la sociedad española para disponer de los tests masivos, el material de protección y el estudio de prevalencia en la población que anunció hace ya más de tres semanas y que su incompetencia tanto ha retrasado ya?», quiere preguntarle el portavoz adjunto del Grupo Popular, José Ignacio Echániz.

Por su parte, la secretaria general de Vox, Macarena Olona, intentará que Illa exponga qué criterios están siguiendo para la seleccionar las empresas a las que se encarga la compra o fabricación de material sanitario, habida cuenta de los problemas que han surgido en este terreno.

¿NACIONALIZARÁN EMPRESAS?

De su lado, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, busca que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, le aclare si tiene el Gobierno previsto «un plan de nacionalización de empresas»

Bildu, por su parte, aspira a volver a pedir cuentas al ministro de Interior, Fernando Grande-Maslaska por las denuncias de «actuaciones desproporcionadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» en estas semanas, mientras que desde Vox le quieren preguntar si ha hecho el gobierno «uso y abuso» del estado de alarma.

Además de la que el PP ha presentado para la vicepresidenta cuarta, en el Pleno del miércoles se debatirán otras dos interpelaciones que darán lugar, más adelante, a la votación de sendas mociones.

En concreto, Vox quiere debatir con el Gobierno sobre las medidas que ha adoptado para proteger a las personas de mayor edad, las más vulnerables ante el coronavirus. De su lado, el BNG plantea interpelar a Calviño, para que exponga las medidas que prevé el Gobierno para garantizar una salida social y justa a la crisis tras la pandemia.

Baleares asegura que el 2020-2021 también «será un curso excepcional»

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El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha asegurado este martes que el 2020-2021 también «será un curso excepcional» debido a la crisis del coronavirus y ha solicitado la «cooperación» del resto de grupos parlamentarios para afrontarlo.

Así lo ha expresado el conseller durante su comparecencia ante el pleno del Parlament para informar sobre la situación actual del curso escolar en Baleares. March ha señalado que en estos momentos las dos preocupaciones de la Conselleria de Educación son los alumnos y la igualdad de oportunidades.

«Hemos de hacer de la necesidad la virtud, debemos de ver las oportunidades que se nos abren de una situación no planificada», ha explicado. Además, ha agradecido y ha dado la enhorabuena a la comunidad educativa y a los alumnos su esfuerzo durante las últimas semanas para afrontar un «curso anormal».

El conseller ha señalado que desde el inicio del confinamiento se han intentado dar respuestas a todas aquellas cuestiones que desde los centros se pedían. March ha destacado que esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de modernizar la organización educativa y acabar con la brecha digital, así como la importancia de hacer reformas a nivel estatal.

«No estábamos preparados para esta situación y quien diga lo contrario no dice la verdad», ha añadido. Asimismo, March ha reconocido que desde la Conselleria se han cometido errores y ha señalado que «no hay ninguna comunidad autónoma que no haya improvisado».

Por otra parte, ha resaltado la coordinación entre Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación respecto a la evaluación del curso. «Hemos de evaluar con evidencias y estas son las del primer y segundo trimestre, y el tercero en función de las actividades que se hagan para mejorar la evaluación», ha apuntado.

Para March, «la idea es flexibilizar teniendo en cuenta las circunstancias de que cada uno y que nadie se quede atrás». No obstante, ha insistido en que no se trata es un aprobado general.

Respecto a algunas de las medidas puestas en marcha desde la Conselleria, ha resaltado las ayudas a las escoletas o las tarjetas de prepago con la colaboración de Asuntos Sociales «para intentar que como mínimo todos los niños tuvieran una comida digna».

En cuanto a la brecha digital, el conseller ha recordado que «no se ha inventado ahora, sino que ya existía». March ha destacado que se ha acelerado el plan de digitalización con 850.000 euros y el trabajo realizado para el reparto de 3.000 chromebooks que se ha hecho siguiendo criterios en coordinación con los centros.

Asimismo, ha resaltado que se está trabajando en el plan de apoyo educativo para el verano –si las condiciones sanitarias lo permiten–, la reestructuración curricular para el curso que viene y la digitalización educativa.

«Estamos trabajando para improvisar lo mínimo posible, no puedo dar mi opinión porque tengo que dar certezas y no transmitir mensajes confusos», ha apuntado.

EVALUACIÓN FINAL

Durante las intervenciones de los grupos, la oposición ha criticado al conseller por «la falta de previsión» y ha insistido en tener información sobre la evaluación final de este curso o el refuerzo para los alumnos.

La diputada del PP Nuria Riera ha exigido al conseller «autocrítica» y ha preguntado «si tiene un plan más allá de las promesas». «Ha tenido suerte de que le hayan tapado las declaraciones de su ministra», ha señalado Riera.

Por su parte, la diputada de Cs Patricia Guasp ha asegurado que el Govern cuenta con su ayuda «siempre que dejen de improvisar y escuche a la comunidad educativa». Guasp ha pedido a March que reconozca que hubo «descoordinación y la incertidumbre» y ha solicitado que «amplíe las ayudas a todos los centros de Educación Infantil y no solamente a los de la red pública».

Asimismo, el portavoz de Vox, Jorge Campos, ha criticado que «las medidas que están proponiendo el Gobierno y el Govern ahondan en la brecha educativa. Además, ha solicitado información sobre los criterios que se seguirán para entregar los chromebooks y ha sugerido que Educación dará «el aprobado general con el que tendrán a las familias contentas y los votos recaudados».

Asimismo, la diputada de El PI Lila Pons ha preguntado sobre cómo afectará a la comunidad educativa a corto y largo plazo la crisis y si hay ayudas para la escuela concertada. «La improvisación era lógica hasta ahora, ahora ya no, hay que tener las directrices claras», ha señalado.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Josep Castells ha criticado que los grupos parlamentarios hagan «preguntas que saben que el conseller no puede contestar». Además, ha mostrado su apoyo al conseller y ha resaltado que «se ha enfrentado a una situación que ninguno había previsto».

DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN BALEARES Y AYUDAS

El diputado de MÉS per Mallorca Joan Collet ha reconocido el trabajo de la comunidad educativa para solucionar brecha digital desde Inspección y los equipos de dirección. Cuente con MÉS per Mallorca para ir a Madrid a exigir aquello que nos toca», ha finalizado.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha pedido acabar con la brecha digital educativa y ha reclamado «la digitalización de la educación» para solucionar futuras emergencias. «El desarrollo tecnológico debe ser garantía de reparto equitativo de las oportunidades educativas», ha insistido.

Finalmente, el diputado del PSIB Enric Casanova ha replicado que «el curso no se ha perdido, ya que todo el mundo ha aprendido la importancia de las competencias y el conocimiento para cambiar y adaptarse a nuevas situaciones». Asimismo, ha pedido al resto de los grupos «altura de miras» para llegar a acuerdos durante los próximos meses.

Las nuevas normas chinas de exportación afectan a pedidos españoles

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El Ministerio de Sanidad ha confirmado este martes que la nueva normativa aplicada por China para la exportación de sus productos está afectando «a España y al resto de países que han acudido al mercado chino».

Fuentes de Sanidad consultadas por Europa Press han señalado que «la nueva normativa aplicada por China ha reforzado los controles en aduanas con el objetivo de reducir los problemas que han tenido algunos de sus productos tras ser exportados a otros países».

‘El Confidencial’ ha publicado este martes que China está bloqueando desde hace tres semanas varios contenedores de material sanitario pagado por adelantado por el Ministerio de Sanidad y que las gestiones realizadas hasta ahora por la Embajada de España y la Oficina han sido infructuosas.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación remiten al Ministerio de Sanidad. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, reconoció la semana pasada que hay varios casos de material comprado por España que está retenido en distintos países –hay 30 respiradores a la espera de luz verde en Israel– pero prefirió no dar detalles para optar por la «diplomacia discreta».

Colapsan el Campus Virtual de la USC para visibilizar la falta de recursos

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La protesta del alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela por la gestión de la crisis sanitaria y del final del curso se ha materializado este martes a través del Campus Virtual de la institución académica.

Las redes sociales y los grupos de estudiantes en ‘whatsApp’ se hicieron eco de la convocatoria a colapsar los servicios de la plataforma virtual a las 12,00 horas, llamando a los alumnos a hacer uso de esta herramienta para visibilizar los problemas de esta infraestructura.

Los servicios de la institución se resintieron y varios alumnos compartieron ‘pantallazos’ de los errores informáticos a través de sus perfiles sociales.

El objetivo de la convocatoria era evidenciar las carencias tecnológicas de la institución académica para soportar la carga de tanto alumnado conectado al mismo tiempo, y la preocupación por las evaluaciones finales que se realizarán de forma telemática.

De hecho, alguno de estos estudiantes denunció los problemas registrados el pasado viernes durante un examen telemático, en el que todos los alumnos perdieron la conexión mientras realizaban la prueba de una única asignatura.

PRUEBAS DE ESTRÉS

La USC, por su parte, asegura que los servicios técnicos se encontraban trabajando en tareas orientadas en fortalecer el sistema, que «ya funciona correctamente», lo que suscitó las quejas de los usuarios y participantes en la protesta.

Posteriormente, también en su perfil de ‘Twitter’, la institución informaba de que se trataba de pruebas de estrés al sistema que habían sido solicitadas desde la CRUE-TIC, que se ejecutaron a esa hora aprovechando «el ataque ‘bot’ por parte de un colectivo del alumnado» como «una buena oportunidad de análisis».

«De modo consciente, no se establecieron cortafuegos previos», indican, o que llevó a que parte de los usuarios no tuvieran acceso durante unos minutos. «Sistema asegurado, mejorado y listo para el funcionamiento masivo», concluyen en su mensaje.

El alumnado, sin embargo, no está convencido con las explicaciones aportadas, sobre todo después de que la protesta llegase a ser trending topic nacional con el lema ‘#AsiNonUSC’.

El uso de las plataformas digitales con contenidos educativos crece un 250% durante el confinamiento

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El uso de las plataformas digitales con contenidos educativos crece un 250% durante el confinamiento. En total, 1.500.000 alumnos y profesores han solicitado licencias de acceso para emplear estas herramientas para continuar con la labor docente desde que se suspendieron las clases presenciales el pasado mes de marzo, según datos de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE).

El incremento responde, apuntan desde ANELE, a la apertura gratuita de estas plataformas facilitando licencias gratuitas a profesores y alumnos para que pudieran acceder libremente a la totalidad de los contenidos educativos disponibles en ellas durante el confinamiento.

Además, las editoriales han puesto en marcha cursos y actividades de formación ‘online’ dirigidos a los docentes para capacitarles en el uso de las herramientas digitales disponibles.

Las editoriales de ANELE han desarrollado también aplicaciones o han adaptado las existentes para ofrecer a las familias recursos especialmente destinados a alumnos de educación infantil y contenidos y consejos para que puedan ayudar a sus hijos a estudiar en el hogar.

«Las editoriales de ANELE llevan años apostando e invirtiendo cantidades importantes en un nuevo entorno educativo donde ya no hablamos de libros de texto sino de contenidos educativos curriculares. Gracias a esta preparación tecnológica previa, las editoriales han sido capaces de responder, de la noche a la mañana, a las necesidades y a la punta de demanda de servicio causada por el nuevo escenario donde nos encontramos», destaca el presidente de ANELE, José Moyano.

Entre las empresas asociadas en ANELE se encuentran las editoriales Algaida, Anaya, Barcanova, Bromera, Bruño, Cambridge, Casals, Cruilla, Difusión, Donostiarra, EDEBÉ, EDITEX, Grup Promotor, Ikalsekar, McGraw-Hill Interam, Oxford University Press, Pearson Educación, PPC, Santillana, SM, Teide, Tekman Education y Xerais.

Además de todo esto, muchas de las empresas asociadas a ANELE han colaborado con la iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional y RTVE para convertir su canal Clan TV en Educlan, así como la transformación de parte de la parrilla del canal La 2 de RTVE en una plataforma educativa dirigida a estudiantes con menos recursos.

Para ello, han cedido una selección de sus materiales educativos audiovisuales para el alumnado de todas las etapas educativas. Asimismo, se han puesto a disposición de las Consejerías de Educación para colaborar en la puesta a disposición de sus contenidos para toda la comunidad educativa.

Motril mantiene cerradas sus playas hasta que se levante el confinamiento

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Las playas de Motril, principal ciudad de la costa de Granada, permanecen cerradas al acceso al público hasta que se levanten las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno, a pesar de la entrada en vigor de la orden de estatal sobre las salidas de los niños dentro de la cuarentena.

En una nota de prensa, el Consistorio ha solicitado al Gobierno medidas de apoyo al sector y ha ratificado el compromiso de que sus playas estarán listas «desde el mismo momento en que puedan reabrirse al público».

En este sentido, el plan de comunicación que ultima el Ayuntamiento de Motril para la promoción del sector turístico del municipio pretende normalizar la prestación de servicios de este destino turístico, de cara a la presente temporada estival, y una vez que finalice el estado de alarma decretado por parte del Gobierno e inicie la desescalada.

Para ello, el Consistorio motrileño se ha sumado a la iniciativa del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) para estudiar cuáles han de ser los protocolos higiénico-sanitarios para «garantizar un mayor nivel de seguridad en los principales destinos turísticos del país».

El teniente de alcalde de Turismo de Motril, José Lemos, ha asegurado que el objetivo de su departamento es potenciar el proyecto de desarrollo turístico sostenible, de ocio, salud y deporte, con medidas complementarias que posicionen a Motril además como un destino sanitario seguro.

Para lograrlo, el Ayuntamiento de Motril ha participado activamente en la conferencia virtual organizada por el ICTE y la Secretaría de Estado de Turismo en la que se han analizado las cuestiones prioritarias para el sector turístico español con motivo de la pandemia de coronavirus.

El encuentro ha contado con la participación de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral, la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (y responsables de Turismo de la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Canarias y la Xunta de Galicia.

La conferencia telemática ha servido para planificar el reinicio de la actividad turística y ofrecer al sector turístico y a la propia Administración pública herramientas que permitan la implantación de protocolos de seguridad que garanticen la minimización de riesgos frente al coronavirus y la reactivación de la economía, desde la colaboración público-privada.

El Ayuntamiento mantendrá, en ese sentido, líneas de colaboración con las empresas turísticas del municipio para establecer estrategias conjuntas en el ámbito sanitario y dotarse de elementos de prevención y protección para «hacer de Motril un destino seguro», en un primer momento, para el turismo de nacional y de proximidad y, más adelante, para los potenciales turistas internacionales.

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA

A la espera de la normativa estatal que pueda decretarse en las próximas semanas, el Consistorio motrileño mantiene operativos todos los servicios básicos para el uso y disfrute de las playas por parte de los vecinos y visitantes, incluidos los servicios de limpieza el litoral y los de vigilancia y salvamento en zonas de playas.

El objetivo es, en palabras de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y del teniente de alcalde de Turismo, José Lemos, «que las playas motrileñas estén en perfecto estado de revista al inicio de la temporada turística –incluso si no la hay–, porque nuestra ciudad seguirá siendo un destino turístico privilegiado y de referencia en la costa granadina cuando esta situación acabe».

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha tomado hace tiempo la iniciativa y ha venido trabajando activamente para conseguir aliviar la situación del sector turístico de playa.

Entre los pasos que se han dado, ya se incluye solicitar al Gobierno que se exonere al Consistorio del pago de la tasa por ocupación de dominio público marítimo terrestre, correspondiente a la prórroga aprobada de 2020 para la explotación de los servicios e instalaciones de temporada, en las playas del término municipal.

Igualmente, se ha solicitado la exoneración en el pago del canon de 2020 a los establecimientos playeros de Motril, Carchuna y Calahonda y, en el caso de aquellos que ya hayan efectuado el ingreso correspondiente al primer semestre del año, se proceda bien a su devolución, bien a la compensación del canon del primer semestre de 2021.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que la crisis sanitaria y el período de confinamiento afecta a todos los sectores productivos y que, en este sentido, el compromiso municipal pasa por que «las playas estén preparadas y listas para los vecinos y visitantes desde el mismo momento en que puedan reabrirse al público».

Ayuso comparece el miércoles para dar explicaciones sobre su gestión

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La Asamblea de Madrid celebra este miércoles un Pleno presencial con un único punto del orden del día, que es la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para informar sobre la pandemia del coronavirus.

Esta comparecencia a petición propia en Pleno había sido requerida en diversas ocasiones por los grupos de la oposición, que en determinados momentos de la crisis sanitaria han afeado a la presidenta falta de «transparencia».

Ayuso que ha defendido siempre que su interlocución con el resto de partidos ha sido constante, mediante reuniones, videoconferencias y cartas, pidió también, posteriormente, su comparecencia.

En un primer momento, su comparecencia iba producirse en el Pleno del pasado 24 de abril pero la jefa del Ejecutivo autonómico solicitó que se produjera en una sesión similar al Debate del Estado de la Región, es decir, con tiempos más ampliados.

Así, este miércoles se producirá un debate que comenzará a las 10 horas, con una presencia reducida de diputados proporcional al número de escaños en la Cámara de los grupos parlamentarios. Además, todos los consejeros que conforman el Equipo de Gobierno podrán asistir, aunque no vayan a intervenir.

Díaz Ayuso dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos para realizar una intervención inicial, a la que responderán los seis portavoces de los grupos con 30 minutos cada uno. La presidenta tendrá un turno de réplica de 45 minutos para cada uno. Los portavoces contarán cada uno con otros 15 minutos para contestar a la jefa del Ejecutivo regional, quien tendrá el mismo tiempo para volver a intervenir.

A las 12 horas, se guardará un minuto de silencio en memoria y tributo a los fallecidos por el Covid-2019 en la Comunidad de Madrid y el resto de España.

DEFENSA DE SU GESTIÓN

La dirigente madrileña ha defendido en multitud de ocasiones que la Comunidad de Madrid fue una de las primeras autonomías en tomar medidas, como el cierre de los centros de día y el de los colegios los primeros días del marzo, y que fue su iniciativa la que ayudó a «despertar» al resto del país.

A pesar de esto, con un total de 8.048 fallecidos por Covid-19 hasta este martes, la presidenta regional también ha entonado el ‘mea culpa’ y ha asegurado que se habrían salvado muchas vidas si se hubiera actuado mucho antes. «No hay día que no me levante pensando si me podría haber adelantado a la pandemia», reconoció públicamente.

Durante esta crisis sanitaria, que Ayuso tuvo que gestionar durante más de un mes aislada por su positivo en Covid-19, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha algunas iniciativas pioneras en el país como los hoteles medicalizados, donde se alojan pacientes y sanitarios, así como el hospital provisional de Ifema.

Además, el Gobierno autonómico, de la mano del Ministerio de Defensa, ha habilitado tres morgues provisionales: el Palacio de Hielo de Madrid, el Palacio de Hielo de Majadahonda y el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas. Este último es el único que continúa en funcionamiento.

Por otra parte, el principal problema en la región, ha sido las residencias de mayores, en ellas han muerto, según los últimos datos del Gobierno regional, un total de 7.092 muertos personas.

El agravamiento de la situación llevó a que, semanas después de estallar la crisis sanitaria, la presidenta quitase las competencias exclusivas en la materia al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Ciudadanos) y pusiese a trabajar también en ellas a las consejerías de Justicia y Sanidad, bajo la dirección de esta última.

PREPARAR LA DESESCALADA, PIDE UNIDAS PODEMOS

El portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, no está de acuerdo con que todo el Gobierno asista a la comparecencia de Ayuso «cuando otros diputados tienen el perfecto derecho de estar ahí y no van a poder hacerlo».

«Ha habido un cambio de criterio de condiciones de seguridad que sirve para hacer una imagen de arrope a la presidenta que no necesita porque ella se basta y se sobra para contestar a las preguntas de la oposición. El Gobierno podría estar mientras reuniendo al comité de expertos que tiene para preparar la desescalada y empezar a adoptar medidas», ha sostenido.

Fuentes socialistas también han lamentado que en la Mesa de la Asamblea se haya impuesto «el criterio ejecutivo frente al legislativo». «Nosotros teníamos una posición que no fue casi escuchada que era que la asistencia fuera limitada como en el Congreso», han expuesto.

Decisión que, a su juicio, se contradice con la «teoría» del presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, «que le preocupaba la salud de los diputados y trabajadores y hoy ya no le vale.

Además, han insistido en que el nuevo reglamento «solo permite que intervenga un miembro del Gobierno por punto, por lo que no hay lugar a la intervención de los consejeros». «¿Si no van a intervenir, por qué asisten?», se han preguntado.

«APRENDER DE LOS ERRORES», PIDE MÁS MADRID

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que espera que en el Pleno Ayuso reconozca que han llegado a esta crisis «en las peores condiciones posibles», que tienen que «aprender de los errores» y que les diga cómo va a paliar el Gobierno la crisis social que se avecina en los próximos meses».

«Con el plan de desescalada cruzamos los dedos para que Ayuso no utilice un tema con el que nos jugamos la vida para seguir buscando camorra con el Gobierno central. Que nos diga cómo va a evitar que se nos vuelva a juntar el hambre con las ganas de comer, es decir, un nuevo rebrote del virus con unos servicios públicos absolutamente mermados», ha concluido.

Asimismo, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha lamentado que este miércoles se vaya a celebrar un Pleno con 40 diputados, lo que supone «un mal ejemplo» por parte de los políticos hacia los madrileños.

«Nosotros habíamos propuesto un Pleno reducido y que los miembros del Gobierno asistieran desde la Tribuna. Nos parecía lo más prudente y respetuoso con todos los diputados. PP y Cs con su mayoría van a celebrar este pleno con 40 diputados», ha criticado. A su juicio, se trata de un «mal ejemplo» para los madrileños «a los que pidieron un esfuerzo brutal confinamiento y cumplir con los aforos».

Por último, desde Ciudadanos, su portavoz, César Zafra, ha solicitado a los grupos parlamentarios de la oposición que dejen a un lado «las luchas partidistas» y que se centren en proponer medidas para paliar la crisis del Covid-19.

Menores de 14 años internos en los CETI de Ceuta y Melilla pasearán acompañados de personal de Cruz Roja

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El Gobierno ha solicitado a Cruz Roja Española que organicen los paseos de los menores de 14 años que se están residiendo en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, después de que el Ejecutivo haya aliviado su confinamiento por la pandemia de coronavirus. Los técnicos de esta organización acompañarán a los niños y niñas durante las salidas.

Desde este domingo, los menores de 14 años pueden dar un paseo al día de una hora, en un radio de un kilómetro de su domicilio, siempre acompañados de un adulto que conviva con ellos. Estas salidas al exterior se podrán realizar de 9.00 a 21.00 horas, tal y como acordó el Gobierno.

Para dar cumplimiento a la orden del Ministerio de Sanidad, fuentes del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha pedido al personal de Cruz Roja que «organicen las salidas» para garantizar «tanto la seguridad de los residentes como el cumplimiento de las medidas de distanciamiento durante los paseos».

Así lo ha señalado a Europa Press fuentes de este departamento que también han precisado que dentro de estos centros «se ha habilitado una zona de recreo», al tiempo que «se ha procedido a explicar a estas familias las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil», de acuerdo a la orden ministerial.

Los residentes en el CETI de Ceuta rondan los 600, de los cuales 47 tienen menos de 18 años. En el de Melilla hay más de 1.600 personas –teniendo en cuenta que las instalaciones tienen una capacidad para 782–, de las cuales 207 con menores de edad. Desde el Ministerio no concretan cuántos de ellos tienen menos de 14 años, que son los únicos que pueden beneficiarse de la medida de «alivio» del confinamiento.

«AÚN NO HAN EMPEZADO»

Fuentes de Cruz Roja de Ceuta han confirmado que desde la dirección del CETI les han trasladado ya las indicaciones acerca de las salidas y que será personal de la organización el que acompañe a los niños, si bien han apuntado que «aún no se ha empezado» a ejecutar.

Por otro lado, respecto a la sobreocupación del centro de Melilla, fuentes del Ministerio del Interior han negado que esta semana esté previsto realizar otro traslado de internos a la península, a pesar de que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, informó de que 21 migrantes internos serían llevados a la península esta semana.

Varias ONG, ACNUR y el Defensor del Pueblo han reclamado al Ministerio del Interior que autorice traslados de internos para descongestionar las instalaciones que están al doble de su capacidad máxima. En este contexto, la semana pasada fueron trasladadas a la península 51 personas migrantes desde el CETI de Melilla, si bien diversas organizaciones han avisado de que «no son suficientes».

Abel Caballero reivindica la idea de hacer «cuadrículas» en las playas y lo plantea para las de Vigo

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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reivindicado este martes la idea de establecer «cuadrículas» en las playas para garantizar la seguridad y evitar posibles contagios de coronavirus, y ha señalado que es una medida que podría aplicarse en los arenales vigueses ese verano.

En una rueda de prensa telemática, el regidor olívico, que también es presidente de la FEMP, ha asegurado que «ya hace diez días» comentó esa idea en el seno de la entidad municipalista, antes de que la plantease el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, con sus «mismas palabras».

Abel Caballero ha admitido que esa medida podría implementarse en las playas de Vigo, una decisión que, en todo caso, quiere analizar con el comité asesor de expertos, en marco de las actuaciones que se llevarán a cabo para la ‘desescalada’ del confinamiento.

«Quiero que lo vea el comité asesor. Se trata de una idea inicial, establecer cuadrados con un máximo de personas. Esa idea se nos ocurrió aquí, y no la descarto. Estamos haciendo el estudio ya», ha afirmado.

Según el alcalde, hay que «buscar, en la nueva normalidad, medidas que permitan la seguridad y el disfrute social», y ha proclamado: «Yo tengo muchas ideas, voy muy delante, otra cosa es que no lo cuente».

El alcalde de Vigo, que está manteniendo estos días reuniones con representantes del comercio, turismo, hostelería, etc., ha planteado ya algunas de las medidas para apuntalar la «reconstrucción económica y social», como programar eventos culturales de menor aforo para dinamizar el turismo, ceder espacios públicos para ampliar las distancias en las terrazas de los bares y cafeterías, o peatonalizar zonas para facilitar los paseos.