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El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 4,1 millones de euros el desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Una fianza que tendrá que ser depositada de forma solidaria por 28 investigados en el plazo de 15 días. Pero según el tribunal, no todos han participado de las mismas partidas de gasto. De hecho, atribuye al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras más responsabilidad en el gasto por el referéndum ilegal, que al expresidente Carles Puigdemont, huído de la Justicia.

El órgano fiscalizador cree que el exvicepresidente tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros, cantidad que tendrá que depositar de forma solidaria junto con otros miembros del Govern. Mientras tanto considera que Puigdemont participó de partidas que suman 2,1 millones, algunas de ellas coincidentes con las de Junqueras, por lo que no se puede realizar una suma de ambas, ya que se trata de fianzas solidarias.

La delegada instructora ha citado este martes a los representantes legales de los investigados para comunicar el acta de liquidación provisional que ha levantado una vez que ha concluido la instrucción que se inició tras las denuncias de Fiscalía, Sociedad Civil Catalana y Abogos Catalanes por la Constitución por los gastos ocasionados por el referéndum y los ha cifrado en 4.146.274,97 euros. De esta cantidad, 3.903.294,86 euros corresponden a fondos públicos y el restante a los intereses provisionales devengados desde que ocurrieron los hechos.

CONCRETA GASTOS EN 13 PARTIDAS

Ha concretado la cantidad que se invirtió en un total de 13 partidas, así como los presuntos responsables de cada uno de ellos a los que se les imputa una responsabilidad directa y solidaria en función de cada hecho irregular en el que hubiera participado.

Así, ha valorado los gastos del aplicativo ‘referendum.cat’ y ‘crida extra’ (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web ‘cataloniavotes.eu’ (136.579,37).

De todas estas partidas, Junqueras aparece en siete, una más que el ex ‘president’. Asimismo, a los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull se les considera responsables, junto a otras personas, de ocho apartados que suman 2,3 millones de euros, por lo que también podrían abonar más cantidad que Puigdemont.

Junqueras y Puigdemont son responsables de los gastos relativos a la campaña Civisme, Unipost, cartelería para el 1-O, invitaciones a europarlamentarios y observadores internacionales, a lo que habría que añadir en el caso del exvicepresidente el coste que supuso la reforma del CTTI.

Según han informado las sociedades demandantes, esta fianza podrá aumentar en los «próximos meses», ya que la instructora ha comunicado que citará a todos ellos de nuevo para comunicarles un acta de liquidación complementaria, en la que se incluirán más gastos de acción exterior. En concreto, las ejecutadas por las denominadas ‘embajadas’ catalanas entre los años 2011 y 2017.

LISTA DE INVESTIGADOS

Hasta entonces, los investigados tienen 15 días de plazo para abonar, cada uno según lo que le corresponda de acuerdo a su responsabilidad, los 4,1 millones de euros en los que se ha cifrado los gastos del 1-O. En el caso de que no se cubra este importe, la delegada instructora podrá ordenar el embargo de bienes.

Además de Puigdemont y Junqueras –éste último condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el Tribunal Supremo por el ‘procés’ independentista–, se encuentran investigados los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

El Tribunal Supremo solo condenó por el delito de malversación de caudales públicos en el 1-O a cuatro de los nueve exconsejeros de Puigdemont, concretamente a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también considera presunta responsable a la exconsejera Neus Munté –cesada tres meses antes del referéndum– y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Natalia Garriga, Ignasi Genovés, Francesc Sutrías, Teresa Prohias, Albert Royo, Josep Ginesta y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del 1-O).

EL NÚMERO DOS DE JUNQUERAS, TAMBIÉN IMPLICADO

La lista la completan el responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, para quien la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió que se le abriera una investigación por sus evasivas a la hora de contestar a las preguntas que le formulaba en el juicio por el ‘procés’, y el que fuera ‘número dos’ de Junqueras, Josep María Jové, uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. A este último tan sólo se le atribuye la partida correspondiente a los gastos de la rehabilitación de la nave anexa al CTTI.

Aunque la instructora ha citado a las defensas de 31 investigados, ha acordado dejar fuera de este procedimiento a los interventores Eva María Pardo y Jordi Serra y al director general de Economía Social de la Generalitat, Josep Vidal.

Una vez finalizada esta instrucción, el procedimiento continuará como «procedimiento de reintegro» que llevará a cabo el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, a quien le correspondió por turno este asunto.

La Mesa del Senado ha aceptado finalmente una pregunta del Senador de Compromís, Carles Mulet, sobre el Valle de los Caídos que mencionaba a Franco y que rechazó en primera instancia al entender que no era respetuosa por utilizar algunos términos. Tras pedir al senador que la reformulase y negarse Mulet a cambiar nada, ha decidido aceptarla por respeto a la libertad de expresión.

La Mesa rechazó la semana pasada la pregunta por encontrar en ella «términos que suponen una falta de respeto». En concreto, el órgano que dirige el Senado rechazaba el adjetivo de «fascista» dirigido al prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. No puso pegas sin embargo a la alusión a Franco como «genocida», incluida también por Mulet.

Fuentes del Senado han explicado que se le solicitó al senador que reformulase la pregunta y eliminara ese calificativo, pero Mulet volvió a presentar el mismo texto de la primera vez. Las mismas fuentes explican que hay una sentencia del Tribunal Constitucional (leída este martes en la reunión de la Mesa) que defiende «la libertad de expresión de los parlamentarios» en la Cámara Alta.

Además, han destacado que, en la primera ocasión, se planteó aquella advertencia porque así lo apuntaron los servicios jurídicos del Senado, que de oficio consideraron que la pregunta «no era respetuosa en sus términos» e «invitaron» al senador valenciano a «reformularla».

Revisado el asunto de nuevo este martes, la Mesa ha decidido aceptar a trámite la iniciativa porque «nada obliga a usar determinadas palabras» a los parlamentarios en sus preguntas.

De esta manera, ha quedado registrada la pregunta de Mulet dirigida al Gobierno y por la que quiere saber en qué fecha piensa el Ejecutivo «expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos.

SEGURIDAD PRIVADA DEL MAUSOLEO DE FRANCO

Además de volver a presentar el escrito sobre la expulsión de los benedictinos, Mulet ha registrado una batería de cuestiones este martes sobre el contrato de seguridad privada del mausoleo de Franco en Mingorrubio (Madrid), en la que pregunta cuál es el motivo por el que «un golpista, criminal (autor de crímenes de la humanidad), asesino, genocida, homicida dictador, verdugo de inocentes, dictador, opresor, fascista, ha de reposar en un mausoleo titularidad del Estado» y por qué el Gobierno ha decidido dotarlo de un «servicio de seguridad privada pagada con dinero público.

A renglón seguido, el senador de Compromís ha preguntado qué coste tiene el mantenimiento anual de dicho mausoleo y el que «generó el control policial» montado el pasado 24 de octubre, cuando se llevó a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para su entierro en Mingorrubio y «cuántos efectivos humanos, vehículos y material» se desplazaron o se utilizaron.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo para tratar de impedir el referéndum ilegal del 1-O de 2017, ha afirmado este martes que fue el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien ordenó al Instituto Armado y a la Policía Nacional que intervinieran en los colegios para que no se extendiera la creencia de que la ley no imperaba en Cataluña y porque dado que «la sensibilidad de la ciudadanía estaba a flor de piel», podía haber «una confrontación civil».

Así lo ha explicado Pérez de los Cobos en su comparecencia como testigo en el juicio en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos durante el ‘procés’, después de que la abogada del mayor José Luis Trapero le preguntara por unos correos electrónicos que se intercambió a mediodía del día de la votación con el entonces ‘número dos’ de la policía autonómica, Ferran López, en la que éste le daba cuenta de colegios que habían cerrado sus agentes y el coronel respondía que también le enviaría los datos de que disponían Policía Nacional y Guardia Civil, texto que concluía con «un abrazo».

La letrada, Olga Tubau, ha preguntado por qué esa colaboración si, como ya había explicado Pérez de los Cobos, a esa hora el coordinador ya se había dado cuenta de la actuación que estaban llevando a cabo los Mossos y que, en su opinión, respondía a una «inacción generalizada».

«Cundiría la sensación de que la ley no imperaba en Cataluña»

El coronel ha relatado que «por la mañana» del 1-O se dio cuenta de esta actitud de los agentes de los Mossos y que en una reunión con los mandos superiores de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña llegaron a la conclusión de que tenían que activar otro tipo de actuación, ya que hasta ese momento se había decidido que no intervendrían si la policía autonómica no lo reclamaba.

«Cuando vimos que se estaba produciendo esa situación de deslealtad, decidimos recurrir al plan B, porque si no hacíamos nosotros algo, nadie iba a hacer nada y cundiría la sensación de que la ley no imperaba en Cataluña. Y que lo que nos quedaba por delante podía ser aún más grave porque en el horizonte había una amenaza de una declaración unilateral de independencia. Además, la sensibilidad de la ciudadanía estaba a flor de piel y podía haber una confrontación civil», ha contado al tribunal.

«ROMPER LA COORDINACIÓN» DEL 1-O

Por todo ello, ha apuntado el coronel, se decidió que «había que romper la coordinación» del operativo policial del 1-O, pero al mismo tiempo «mantener la comunicación» con los Mossos con el objetivo de «no pasar a males mayores. «Era esencial que los Mossos no fueran más allá de donde se habían posicionado», ha justificado.

Según el coronel, a partir de la actuación de los Mossos el 1-O, tuvo que desplegar una «labor muy quirúrgica» en sus comunicaciones con los mandos de la policía autonómica y «limiar sus reproches» para procurar que no se contaminara la relación y «salvaguardarla», dado que esa relación «tendría que continuar porque de lo contrario las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iban a estar enfrente de los Mossos» y esa situación era «todavía peor». Su intención, ha llegado a decir, era que los Mossos «volvieran al lado bueno».

En ese momento del interrogatorio, Pérez de los Cobos ha dado a entender que la decisión de intervenir en los centros de votación vino de la reunión que mantuvo con los jefes de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña, si bien después ha concretado que fue el secretario de Estado el que lo ordenó.

NIETO YA LO DIJO EN EL SUPREMO

El propio Nieto ya lo confirmó durante su declaración como testigo en el juicio del Tribunal Supremo contra el proceso independentista: «Yo ratifiqué y ordené que se pusiera en marcha el dispositivo sabiendo que lo haríamos solos, porque los Mossos no iban a colaborar», explicó, tras lo cual afirmó que, en su opinión, «se cumplió el objetivo marcado y se hizo con una adecuada proporción de fuerza».

El exsecretario de Estado advirtió de la «trampa» que supone el relato independentista de que lo que se buscó fue mantener la convivencia: «Mantener la convivencia no pasaba por permitir el referéndum, porque entonces veríamos cómo se pueden cometer delitos simplemente con un grupo de personas que los rodearan impidiendo la acción de la Justicia».

También aclaró que fueron los mandos de ambos cuerpos en Cataluña los que decidieron la ruta para intervenir en los colegios y la hora de repliegue, ponderando el cumplimiento del mandato judicial, la proporcionalidad y el «esfuerzo físico» de los funcionarios que habían comenzado su jornada a las cuatro de la madrugada del día 1.