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Agentes de la Guardia Civil han logrado identificar y detener a los dos presuntos autores de tres delitos de robo cometidos con violencia. Estos fueron perpetrados en la zona centro de la localidad de Las Rozas, en Madrid.

Las investigaciones se iniciaron en el pasado mes de octubre, cuando los agentes de la Benemérita iniciaron las pesquisas con el objetivo de tratar de localizar e identificar a los autores de una agresión a una joven en Las Rozas. La mujer fue atacada por dos varones, que recurrieron a la violencia física para sustraerle todos aquellos efectos personales que llevaba consigo, entre ellos un teléfono móvil y su cartera, en la que llevaba dinero y su documentación.

DENUNCIAS EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN LAS ROZAS

Durante el transcurso de las investigaciones, la Guardia Civil recibió durante la última semana dos nuevas denuncias en su cuartel ubicado en Las Rozas. En ellas, ambas víctimas relataron una situación similar a la que ya se estaba investigando, destacando la gran violencia con la que se habían empleado los autores del robo.

De hecho, en uno de estos asaltos, una víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a consecuencia de los golpes recibidos por parte de los ahora detenidos.

Tras lograr identificar a los presuntos autores de los hechos, los agentes procedieron a su detención, imputándoles tres delitos de robo con violencia. En uno de los registros efectuados se pudo localizar uno de los teléfonos móviles que habían sido sustraídos.

Los detenidos son dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya, de 23 y 31 años. Estos tienen fijadas sus respectivas residencias en Las Rozas y Majadahonda, y tienen antecedentes por hechos similares.

La operación ha sido llevada a cabo por parte de los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación de Las Rozas.

MODUS OPERANDI

El modus operandi de los dos asaltantes sudamericanos fue similar en los tres robos con violencia por los que fueron denunciados. En todos ellos buscaron como víctima a una mujer joven que se encontrase sola y les pareciese vulnerable.

De esta forma, las abordaban solicitándoles que les dieran todos sus efectos, procediendo a agredirlas en caso de negativa para cometer el robo. Se empleaban con un exceso de violencia, lo que en uno de los casos derivó con la intervención quirúrgica de una de las víctimas, tal y como ha informado la Guardia Civil.

LOS ROBOS CON VIOLENCIA DESCIENDEN EN MADRID

Los robos con violencia o intimidación ha descendido en Madrid en los últimos años. Sin embargo, durante el primer trimestre del presente año ha habido un repunte del 8,2% con respecto al mismo periodo del pasado año 2018.

Este dato llegó tras los descensos anuales del 12,3% en 2018 y del 13,4% en 2014. De esta manera, se ha podido ver cómo ha habido un cambio desde los 4.005 robos con violencia que tuvieron lugar allá por el año 2013, cuando se empezó a realizar un recuento específico en Madrid, a los 2.543 casos que se han dado durante el primer trimestre de este año 2019. Esto representa un 37,5% menos de casos de robo con violencia en Madrid en comparación al año 2013.

Además de los robos con violencia, también ha descendido el número de casos de asesinatos y homicidios dolosos. Estos han bajado en el presente año en un 49,9% durante el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. En la tasa anual, los homicidios dolosos y los asesinatos consumados han registrado una bajada del 10%.

BALANCE DE CRIMINALIDAD EN LA CAPITAL

Según el Balance del Ministerio del Interior, entre los meses de enero y marzo de este año, la criminalidad ha aumentado un 4,7% en Madrid. En la comunidad han crecido las infracciones en zonas como Aranjuez, Boadilla del Monte y Galapagar.

Solo en siete de los municipios de los 27 más poblados de la capital registraron un número inferior de infracciones con respecto al mismo periodo del año anterior. Estos fueron Leganés, Getafe, Pinto, Fuenlabrada, Tres Cantos, Parla, San Fernando de Henares y Las Rozas, donde precisamente tuvo lugar la detención de los ciudadanos paraguayos por parte de la Guardia Civil.

Todas estas zonas madrileñas, a excepción de Galapagar, tienen en común el delito más frecuente. El hurto es el delito penal más frecuente, si bien en el municipio del noroeste de la región prevalecen los robos con fuerza en domicilios y establecimientos.

Arroyomolinos lideró el ranking de hurtos en el primer trimestre con 138 casos por cada 10.000 habitantes, seguido de Madrid (93), Leganés (51) y San Sebastian de los Reyes (51). La tasa es inferior en Tres Cantos, Arganda del Rey y Boadilla del Monte, donde no se alcanzan los 20 robos por cada 10.000 habitantes.

En el Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior se puede apreciar un claro aumento de los delitos de tráfico de drogas, los que atentan contra la libertad sexual y las lesiones y riñas tumultuarias. En comparación con el primer trimestre de 2018, entre enero y marzo del presente año se han cometido un 17,5% más de crímenes sexuales, las infracciones por tráfico de drogas han crecido un 29,9% y han existido un 23,4% más de delitos por lesiones y riñas tumultuarias.

RECOMENDACIONES DE LA GUARDIA CIVIL PARA EVITAR LOS ROBOS

A través de sus diferentes campañas, tanto la Guardia Civil, como el resto de cuerpos de seguridad, dan diferentes recomendaciones para prevenir los robos.

Una de ellas es la de mantener siempre la máxima precaución, sobre todo al acudir a una entidad bancaria y retirar dinero. Hay que tener especial cuidado si la retirada tiene lugar a través de un cajero a pie de calle. En ese caso, es importante cerciorarse de que ninguna persona le sigue.

Por otro lado, se aconseja no llevar nunca la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Esto también es aplicable para los bolsos o mochila, que se deben portar en la parte delantera en aglomeraciones. De esta manera, se evita la actuación de los carteristas.

De igual forma, se aboga por mantener siempre vigiladas las pertenencias y transitar siempre con los bolsos cerrados y bien sujetos. Además, es preferible no contar dinero en público y evitar llevar juntos el dinero, la llave y la documentación personal.

Asimismo, se incide en la necesidad de rehuir los ofrecimientos que puedas recibir por parte de mendigos, adivinadores, trileros y similares.

La Policía Nacional ha detenido a ocho pedófilos e investiga a un noveno implicado, menor de edad, en diferentes provincias españolas por acosar sexualmente a niñas menores de edad a través de Internet.

Los arrestados se encontraban vinculados entre sí por una de las víctimas. Esta era una menor de 13 años de edad a la que todos ellos acosaban. La adolescente había subido varias fotografías de su rostro y cuerpo en posturas sugerentes a las redes sociales.

Uno de ellos fue detenido en dos ocasiones durante el transcurso de la investigación al ser reincidente en sus acciones delictivas, mientras que otro de los arrestados llegó a abusar sexualmente de la menor, ya que vivía cerca de la víctima.

La investigación se inició después de que la Policía Nacional recibiese información a través del correo electrónico específico que el cuerpo tiene a disposición de los ciudadanos para este tipo de casos (denuncias.pornografía.infantil@policia.es). De esta manera, se pueden comunicar de manera anónima hechos o situaciones presuntamente delictivas en las que se ponga en peligro a un menor.

UNA INVESTIGACIÓN DE MÁS DE DOS AÑOS

La investigación se inició en abril del año 2017. Por aquel entonces, los agentes recibieron en la mencionada cuenta de e-mail en la que una madre alertaba del contacto de su hija, a través de una conocida red social, con una persona que decía tener una agencia de modelos.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de una cuenta en la que se publicitaba una conocida marca de lencería femenina en la búsqueda de chicas menores de edad que quisieran ser modelos. Además, apreciaron cómo esta oferta era repetida en diferentes redes sociales.

Una vez investigado el origen de estos anuncios, la Policía Nacional pudo localizar a un sospechoso que residía en la comunidad de Madrid y que tenía numerosos antecedentes.

Fruto de las gestiones realizadas, se pudo constatar que este mismo individuo había estado acosando a una segunda menor de 12 años en la provincia de Alicante, por lo que fue detenido.

Al efectuar el registro de su domicilio, los agentes descubrieron que había insertado anuncios en diferentes redes sociales. En estos se hacía pasar por un comercial de lencería y agente de modelos. A sus anuncios respondieron numerosas chicas atraídas por la propuesta. Finalmente se pudo identificar a un total de ocho víctimas de entre 12 y 16 años de diferentes provincias españolas.

NUEVE PEDÓFILOS DIFERENTES

De forma paralela a la operación, la Policía Nacional tuvo conocimiento de que la menor que originó la investigación había sido acosada a través de las redes sociales por otros individuos.

Tras subir diferentes fotografías de su rostro y cuerpo en posturas sugerentes a las redes sociales, numerosos pedófilos se sintieron atraídos. Esto provocó que tratasen de aprovecharse de su corta edad y falta de madurez para obtener contenido sexual de su interés.

Los agentes identificaron un total de nueve individuos diferentes. Estos, además de haberle solicitado y obtenido material sexual, también trataron de mantener encuentros físicos con la menor para tener relaciones sexuales. De hecho, uno de los detenidos llegó a conseguir este objetivo.

PEDÓFILOS DE TODA ESPAÑA

La investigación realizada de manera simultánea sobre estos acosadores sexuales pudo revelar las estrategias que seguían los pedófilos para conseguir sus objetivos. De esta manera, los agentes han tenido un mayor conocimiento sobre su forma de actuar.

Uno de los detenidos es un hombre de 33 años y residente en Tenerife. Este se hizo pasar por una mujer para tratar de ganarse la confianza de la menor. Una vez establecida una relación, la engañó diciéndole que tenía una enfermedad terminal y que quería que conociese a su mejor amigo.

Cuando ya había confianza entre ambos le envió pornografía de adultos con la intención de que asumiese que esta conducta sexual en la red es normal. Posteriormente, le solicitó imágenes sexuales de ella misma. Además, el detenido trató de quedar con la menor. No obstante, gracias a la intervención policial, no llegó a darse el encuentro.

Otro de los detenidos fue un joven de 26 años, residente en Tarragona. Este envió a la menor fotografías de sus genitales. En este caso adoptó el rol de un chico joven que buscaba banalizar las relaciones sexuales entre personas de edades diferentes.

Al efectuar el registro de su domicilio, los agentes descubrieron que había estado acosando a otra menor de 14 años. A esta le había solicitado material sexual además de iniciar conversaciones con el objetivo de mantener un encuentro físico.

SENTIMIENTO DE PENA

Por otro lado, también se detuvo a otro varón de 29 años por los mismos hechos. Este acosador sexual, de Ciudad Real, había llegado a establecer una fuerte relación de amistad con la víctima. Para ello, asumió el rol de confidente y tratando de aconsejarle en sus problemas del día a día.

De esta manera, una vez que había confianza entre ambos, el arrestado le desveló que era mayor que ella y que iba a sentirse muy herido si lo rechazaba.

Así, aprovechando el sentimiento de pena generado en la menor, la manipuló para obtener material sexual. De igual forma, trató de conseguir información para mantener un encuentro físico, aunque tampoco se produjo gracias a la intervención policial.

Al registrar su domicilio, se pudo descubrir la existencia de una segunda víctima, de 16 años de edad.

TRES PEDÓFILOS EN VALENCIA Y UNO EN BADAJOZ

Tras las diferentes gestiones realizadas por los agentes fueron detenidos otros cuatro pedófilos. Tres de ellos en Valencia y uno en Badajoz.

Uno de ellos, de 22 años de edad, consiguió abusar sexualmente de la menor. Para ello aprovechó su cercanía geográfica, sin que la menor denunciase los hechos al creer que eran pareja. Asimismo, fue imputado otro individuo, que tenía 17 años cuando acosó a la menor.

En una última fase de la investigación, los agentes de la Policía Nacional constataron que el primero de los arrestados, el joven de 24 años residente en Madrid, había vuelto a actuar. De esta forma publicó nuevamente anuncios en redes sociales para captar a chicas menores, con idéntico modus operandi.

Tras la primera detención, los progenitores del varón retiraron todo el material informático que este tenía a su alcance. Sin embargo, no fue suficiente, ya que utilizó una consola de juegos para reincidir en el mismo delito.

Cuando fue detenido por segunda vez, reconoció que no era capaz de detener su conducta compulsiva para obtener imágenes sexuales de menores de edad. No obstante, aseguró que no tenía interés alguno en quedar físicamente con ellas.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se han tomado las medidas «necesarias y precisas» para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos este domingo. Marlaska ha comprobado el dispositivo dispuesto para las elecciones generales con especial atención a Cataluña.

Marlaska ha visitado las instalaciones del Centro Nacional de Difusión de Datos en Ifema-Feria de Madrid, que será el centro neurálgico de la actualidad informativa durante la jornada electoral, para comprobar que todo estaba listo para mañana. Con todas las miradas puestas en Cataluña el titular de Interior ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

Sin precisar el operativo diseñado en Cataluña, Marlaska ha destacado que se ha preparado el dispositivo para que durante la jornada electoral «todos los ciudadanos puedan participar y desarrollar su derecho al voto».

Desde el Gobierno han informado además de que el dispositivo de seguridad activado con motivo de las elecciones generales está preparado también para responder ante posibles amenazas en la red. Este conjunto de medidas incluye la seguridad física pero abarca, del mismo modo, la ciberseguridad.

En este sentido, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ha añadido que el dispositivo de seguridad incluye medidas de ciberseguridad para la protección ante «amenazas en la red» y «desinformación».

Previamente, el Ministerio del Interior había ordenado un reforzamiento «de especial intensidad» del nivel de seguridad con motivo de la celebración de las elecciones generales. Este refuerzo, según Interior, que es similar al que ya se puso en marcha en las elecciones generales del 28 de abril, funciona como un complemento a las demás medidas previstas en el plan para el Nivel 4 de alerta antiterrorista. Serían, las de mañana, las cuartas elecciones generales que se celebran bajo este nivel de alerta.

Esta misma mañana Marlaska también ha participado en la reunión del comité de coordinación de la situación en Cataluña, que ha estado presidida por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y en la que también ha participado la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo.

El Gobierno activó, antes de conocerse la sentencia del procés, este comité de coordinación compuesto por representantes de Presidencia del Gobierno, los Ministerios de Interior, Exteriores, Defensa, Justicia, Economía, Hacienda, Fomento y el Centro Nacional de Inteligencia para dar información y asesoramiento a la Presidencia del Gobierno en relación con posibles altercados en Cataluña.

MÁS DE 92.000 AGENTES POR LA SEGURIDAD

Más de 92.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilarán el transcurso de los comicios. A los 29.000 agentes de Policía Nacional y 46.000 guardias civiles, se les unirá 4.300 miembros de policias autonómicas y 13.300 policías locales.

Marlaska ha manifestado que el dispositivo en Cataluña se ha coordinado en colaboración con los Mossos.

«Todos ellos velarán por el buen desarrollo del proceso electoral, al igual que el personal de Protección Civil«, ha asegurado Goicoechea.

Los servicios jurídicos de Vox han presentado este sábado un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en el que solicita que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas contra la denuncia formulada por el Grupo Prisa, después de que el partido  vetara a periodistas para el seguimiento de sus mítines.

El partido liderado por Santiago Abascal alega en un comunicado problemas de aforo en sus instalaciones y ha remitido una lista con medios de comunicación acreditados para la noche electoral para que sea la JEC la que decida «a qué medios se debe desalojar«.

Este viernes la JEC otorgó la razón a los medios que denunciaron a Vox y comunicó al partido que no puede «discriminar al medio solicitante, en relación con el resto de medios, impidiéndole el acceso a sus actos de naturaleza electoral, dado que ello comporta una vulneración del artículo 66.2 de la Ley Electoral».

Según informa Vox, para la noche electoral ha acreditado a 135 periodistas de 87 medios de comunicación nacionales e internacionales y, en este momento, hay una lista de espera de otros 40 medios por «la imposibilidad de ubicarlos sin superar el aforo». La versión de la formación de Abascal es que cumple «estrictos protocolos de seguridad» ante «agresiones y actos vandálicos» que han sufrido durante la campaña.

Pese a esta advertencia, la JEC no impuso sanción alguna a Vox como había solicitado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que también había registrado una denuncia similar a la de Prisa.

Uno de los principales temores de cara a la cita con las urnas del 10-N es la intervención de los CDR o plataformas como Tsunami Democratic en el desarrollo de la jornada electoral. Cataluña podría ser objeto de movilizaciones convocadas con el fin de alterar el natural devenir de las elecciones. Antes este supuesto, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé penas de seis meses a tres años de cárcel y multas para quienes perjudiquen el libre ejercicio de sus derechos a los votantes llamados a las urnas, si bien juristas consultados por Europa Press consideran que, de producirse de forma generalizada en los centros de votación, este tipo de actuaciones podrían superar las previsiones del delito electoral y llegar hasta la rebelión.

Esta previsión podría aplicarse, según las mismas fuentes, en el caso de que grupos organizados en Cataluña, como pueden ser los Comités de Defensa de la República (CDR) o plataformas como Tsunami Democratic lleven a cabo movilizaciones para perjudicar la jornada electoral del 10-N.

Precisamente la libre celebración de elecciones para cargos públicos es una de las finalidades de la rebelión -regulada en el artículo 472.3 del Código Penal- por lo que, de producirse violencia en la jornada electoral, y si esta es generalizada en los colegios de Cataluña, estaríamos hablando de mucho mas que un delito electoral. En el caso de violencia insuficiente, los hechos encajarían en la sedición según apuntan los juristas consultados.

Sobre si estos posibles delitos serían atribuibles a todos aquellos que participaran en las acciones o sólo a sus organizadores, las mismas fuentes apuntan a que podrían imputarse a cualquier participante, puesto que el Código Penal castiga a jefes y promotores, pero también a «responsables intermedios y simples participes», si bien con penas de gravedad diferente. Para éstos los últimos se contemplan penas de prisión de entre 5 y 10 años, y si es sedición de entre 4 y 8 años.

Hablar sólo de delito electoral en un contexto como el que puede plantearse el domingo «es una tomadura de pelo», según fuentes consultadas, pues el Código Penal contempla específicamente este tipo de conducta. Si no gustan, estos tipos penales deberían «derogarse», añaden.

Por el momento, sin embargo, las protestas convocadas no tienen por qué afectar a la jornada electoral del 10-N, pues lo que existe es el llamamiento para el sábado, jornada de reflexión antes de las elecciones, de una «jornada de desobediencia a la Junta Electoral» y ha llamado a llenar las plazas de Cataluña de 16 a 22 horas en una jornada «política, cultural y festiva». El problema llegaría en el caso de que estas protestas se extiendan al domingo y afecten a la actividad en los colegios electorales.

Otros expertos consideran sin embargo que no pueden hacerse proyecciones jurídicas sobre este asunto de forma previa, ya que todo dependerá de si las protestas tienen lugar y de la gravedad de los mismas.

Así, advierten que el delito electoral viene regulado en los artículos 146 y 147 de la LOREG, y se aplicaría a tres supuestos diferentes, uno de ellos previsto para aquellos que «impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral».

La sanción, que iría desde una multa a penas de cárcel dependiendo de la gravedad de lo que ocurra, también podría aplicarse a quienes «con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto».

Un supuesto impedimiento de entrada en los colegios, según las fuentes consultadas, podría ser calificado de muy grave y conllevar las sanciones más altas de las previstas en la ley.

El artículo 146 también prevé sanciones para quienes «por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a» la abstención», aunque este no parece ser el caso planteado por las protestas convocadas para este fin de semana.

En el caso de que funcionarios públicos usen de sus competencias para algunos de los fines señalados en este artículo, además de prisión y multa pueden ser inhabilitados para empleo o cargo público de uno a tres años, sigue el artículo de la LOREG.

Por otra parte, el delito de alteración del orden del acto electoral se regula en el artículo 147 de la LOREG, y en él se establece que quienes «perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales, serán castigados con la pena de prisión de tres a doce meses o la multa de seis a veinticuatro meses».

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la «Operación Mascaraque», han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico en Toledo. Cinco personas han sido detenidas, cuatro hombres y una mujer. Se han incautado un total de 26 kilos de cocaina.

Esos individuos se encargaban de introducir cocaína procedente de países de Latinoamérica en dobles fondos de contenedores de mercancías. Estos eran posteriormente transportados a través de empresas legales.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha han sido los encargados de llevar a cabo esta investigación de forma conjunta. En ella se ha logrado desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, concretamente cocaína.

Los agentes pudieron confirmar que los delincuentes importaban la mercancía en contenedores desde diferentes países de Latinoamérica. En estos empleaban dobles fondos y utilizaban empresas mercantiles legales para el transporte de la droga, sin que estas tuvieran conocimiento alguno de la existencia de la misma en los contenedores. De hecho, desde la organización se falsificaba la documentación de personal de estas empresas, además de sus anagramas comerciales y sus sellos.

INVESTIGACIÓN CENTRADA EN TOLEDO

La investigación se centró en un hombre que residía en Toledo, concretamente en la localidad de Mascaraque. Este tiene empresas que están constituidas de manera legal en las que interviene de una forma directa o ha intervenido de alguna manera en su órgano de administración.

Este individuo llevaba a cabo numerosas importaciones por parte de las empresas que dirige, sin haber hecho ninguna declaración de la actividad comercial y sin que exista una cartera de clientes para la venta de la mercancía legal que compraba.

En el pasado mes octubre, en el puerto de Valencia, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria procedieron a inspeccionar un contenedor que procedía de la República Dominicana. Este transportaba piñas tropicales y su destinataria era una de las empresas investigadas. Al llevar a cabo la inspección del mismo se pudieron incautar 26.260 gramos de cocaína, distribuida en 25 envoltorios de plástico.

Finalmente, se pudo constatar que la entrega se iba a realizar en una localidad de Mascaraque, propiedad de la persona investigada. De hecho, era esta persona a la que iba destinada la mercancía. Por ello se montó un dispositivo policial para proceder a la detención de la organización criminal, que se encontraba perfectamente estructurada.

Tras la detención se llevó a cabo un registro de toda la finca, donde se pudo hallar un arma de fuego real oculta en un armario.

A los detenidos se les acusa de un delito de tráfico de drogas, usurpación del estado civil, contrabando, falsificación de documentos, delitos de tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

CUATRO PERSONAS DETENIDAS

La operación se saldó con la detención de cinco personas. Uno de ellos, el cabecilla de la organización, era un hombre de nacionalidad mexicana que trataba de forma directa con los suministradores de la droga.

Además, también fueron detenidos el vecino de Mascaraque encargado de la gestión de empresas y llevar a cabo las importaciones, y dos personas de nacionalidad venelozana y rumana encargadas de la logística. Asimismo, en Palazuelos de Eresma (Segovia), la Guardia Civil detuvo a una mujer española. Esta se encargaba de la falsificación de documentos.

Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocaña por delitos de usurpación del estado civil, contrabando, falsificación de documentos, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y delito de tenencia ilícita de armas.

Tras la incautación, los más de 22.000 kilos de piñas tropicales que portaba el contenedor fueron donados a la entidad de Cáritas Diocesana de Toledo.

En la operación han trabajado de forma conjunta el EDOA de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Asimismo también han formado parte de la misma diferentes unidades de la USECIC de la Comandancia de Toledo, el Servicio Aéreo, GEDEX y Servicio Cinológico.

LA GUARDIA CIVIL COLABORA CON EEUU PARA DESMANTELAR UNA RED DE TRÁFICO DE DROGA

Estados Unidos, en colaboración con la Guardia Civil española y la policía de Colombia ha logrado desmantelar una red de tráfico de droga que había enviado varias toneladas de cocaína desde Venezuela a España y a otros países.

Este miércoles, el capo de la red de narcotraficantes, el colombiano Henry Carrillo-Ramírez, de 49 años, se declaró culpable de los delitos de posesión y tráfico de estupefacientes de los que se le acusaba.

Carrillo fue extraditado desde Colombia en el pasado mes de abril junto a otros dos ciudadanos colombianos cuya identidad no ha trascendido. Además, un cuarto integrante del grupo criminal fue extraditado desde España tras ser detenido por la Guardia Civil. Un quinto individuo sigue prófugo de la Justicia y continúa su búsqueda.

La Agencia para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos ha informado de que la red trabajaba desde la parte colombiana de la frontera con Venezuela. Concretamente, lo hacía en la región de Catatumbo. Desde allí se introducían sustancias en Venezuela y se transportaban a isla Margarita.

Una vez allí, el cargamento se dividía y en lanchas se introducía en un barco fletado por Carrillo Ramírez. A partir de ese momento, el cargamento se transportaba con rumbo al Caribe o a Europa, principalmente a España.

MILES DE KILOS DE COCAÍNA

La colaboración de la Guardia Civil ha sido decisiva para desarticular la organización. De hecho, en 2014, la Benemérita incautó 728 kilos de cocaína en alta mar, en un barco que se dirigía a España. Anteriormente, se interceptaron otros barcos con idéntica finalidad en el Atlántico.

Ese mismo año, en agosto, la Policía Nacional de Colombia incautó 960 kilos de cocaína que tenían destino Europa. La Guardia Costera de EEUU hizo lo propio tres meses más tarde en aguas Costeras de Puerto Rico. En aquella aprehensión se hallaron 180 kilos de dicha sustancia.

La DEA calcula que han sido incautados 1.688 kilos enviados por la red a través de la vía marítima. No obstante, sospecha que sus negocios eran de un volumen de miles de kilos de cocaína.

Cuando los agentes de la policía colombiana detuvieron a Carrillo-Ramírez, este se encontraba en un barco que Estados unidos considera sujeto a su jurisdicción con cinco kilos de cocaína a bordo. Ha sido declarado culpable, con una pena máxima de cadena perpetua y 10 millones de dólares.