La familia del dictador Francisco Franco ha perdido su primera jugada en el terreno judicial para paralizar la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, pero tiene una nueva oportunidad de suspenderla provisionalmente. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso en el que pedían la suspensión cautelar, antes de entrar en el fondo del asunto.
Este tribunal considera que hasta el momento el Gobierno no ha dado el paso definitivo para la exhumación, por lo que no cabe ninguna suspensión. Sin embargo, la familia podrá volver a recurrir cuando se produzca el acuerdo del Consejo de Ministros por el que efectivamente se acometa la misma. El Gobierno no podrá ejecutar el traslado de los restos hasta que el Tribunal Supremo decida de nuevo si acepta la suspensión cautelar.
El Gobierno tomó la decisión de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos a través de un decreto ley que fijó un procedimiento que se encuentra ahora en sus últimos pasos, una vez que le ha llegado el informe de la comunidad de Madrid que señala que no es necesario cumplir ningún trámite en lo que se refiere a sus competencias.
En su recurso contra el decreto que posibilita la exhumación de Franco, la familia argumentaba que la iniciativa del Gobierno es discriminatoria, ya que el decreto está dirigido a sólo un caso de exhumación. Además, la familia apela al derecho a la intimidad para paralizar la iniciativa. Por su parte, la abogacía del Estado rechazó los argumentos de la familia, ya que sostuvo que no se ha quebrado el principio de igualdad, ni ha existido indefensión.
En todo caso, el Tribunal Supremo no entra aún en el fondo del asunto, sino que, a través de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha tenido que valorar si se debe paralizar la exhumación de forma cautelar para evitar un daño irreparable.
La comunidad de Madrid, que es la administración que tiene competencias en materia de sanidad mortuoria, ya ha remitido al Gobierno central el informe no vinculante que le solicitó sobre la exhumación. Este documento señala que no requiere ninguna autorización por parte de la Administración madrileña.
Las normas de esta comunidad señalan que si han pasado más de cinco años de la muerte no es necesaria ninguna autorización sanitaria para realizar una exhumación. En otras comunidades, la reinhumación en una cripta, como la de la Almudena, habría necesitado permisos de la administración autonómica.
LA LICENCIA DE LA EXHUMACIÓN
El Gobierno ya ha dado los primeros pasos para solicitar la licencia de obras al ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para abrir el sepulcro. Posteriormente tendrá que solicitar permiso al prior de la abadía donde se encuentra la basílica para realizar la exhumación, ya que se trata de un lugar de culto y por lo tanto, según los acuerdos del Estado con la Santa Sede, es inviolable.
La decisión sobre la paralización cautelar de la exhumación es el primer gran obstáculo que tendría que superar el Gobierno para que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos en los plazos que se planteó al principio de este procedimiento, cuando aprobó el decreto por el que modificó la ley de Memoria Histórica. El Ejecutivo señaló al principio que la exhumación se haría realidad antes de que finalizara el año, cálculo que extendió luego a los primeros meses de 2019.
Incluso si salvara el obstáculo del recurso de la familia ante el Tribunal Supremo, el Gobierno se enfrentaría a continuación a otro gran dolor de cabeza: el destino final de los restos del dictador. La intención declarada por la familia de enterrarlos en la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid ya ha provocado tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica.
El Ejecutivo podría encontrarse con que su iniciativa terminara llevando los restos del dictador a un lugar de gran relevancia en pleno centro de Madrid. La sola idea de que la catedral de la Almudena se convirtiera en lugar de peregrinación de franquistas llevó al Gobierno a anunciar que haría lo que estuviera en su mano para que no fuera así, incluida una nueva modificación legal que prohibiera el acceso a lugares públicos donde se produjeran actos de exaltación de la dictadura.
Para evitar llegar a eso, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, viajó al Vaticano a tratar sobre este asunto con el secretario de Estado Pietro Parolin. El Gobierno español puso sobre la mesa tanto la exhumación como el nuevo horizonte abierto con el posible destino final de los restos de Franco.
El Gobierno llegó a Roma porque no había aceptado la postura de la Iglesia española, en particular del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la que públicamente mostraron que no podían poner ningún impedimento al traslado de los restos del Valle de los Caídos a la catedral de la Almudena.
La versión oficial que dio el Gobierno sobre el encuentro entre Calvo y Parolin señaló que el Vaticano se había mostrado comprometido a trabajar para evitar que el destino final de los restos de Franco fuera la Almudena. Sin embargo, en un gesto excepcional, el Vaticano salió al paso con una nota en la que rectificó la versión del Gobierno español y desmintió que hubiera ningún acuerdo sobre este punto.
El siguiente escalón relacionado con la Iglesia que tiene que superar el proceso de exhumación es el trámite para poder entrar físicamente a realizarla. La entrada en la basílica tiene que ser autorizada por el prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos. El Vaticano sí que ha mostrado que no pondrá reparos en la exhumación, pero todavía es una incógnita la decisión que tomará el prior, y en qué forma lo hará, que en principio es autónomo en cuanto a sus decisiones.
