Los centros de datos de Amazon en Aragón: dos pueblos se plantan y exigen su IAE

Los centros de datos de Amazon en Aragón no dejan un euro de IAE en los municipios que los albergan. El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han presentado una protesta formal porque AWS paga el Impuesto sobre Actividades Económicas en Madrid, no donde están las instalaciones.

La queja no es nueva, pero sí la vía elegida. Ambos consistorios, que preparan una reclamación conjunta contra la multinacional, han trasladado su malestar por escrito con la vista puesta en los campus que siguen en construcción. El alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, sostiene que ‘es verdaderamente lamentable y vergonzoso que los impuestos no se queden en el territorio’.

Los números que manejan los ayuntamientos salen de la documentación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). La estimación anual de la primera ampliación asciende a 522.777 euros, de los que 384.503 corresponderían a Zaragoza, 90.817 a Huesca, 33.400 a Villanueva de Gállego y 14.056 a El Burgo de Ebro. En conjunto, los dos municipios en disputa recibirían menos del 10% del total, y la reclamación abarca tanto lo dejado de ingresar desde 2022 como los campus ya proyectados.

Claves de la operación

  • Cientos de miles de euros desde 2022. Los dos ayuntamientos calculan que han dejado de ingresar esa cantidad y exigen una compensación económica antes de respaldar las ampliaciones previstas.
  • El reparto deja migajas a los municipios. Sobre los 522.777 euros anuales estimados en el PIGA, Villanueva de Gállego recibiría 33.400 y El Burgo de Ebro, 14.056.
  • AWS concentra su tributación en Madrid. La instrucción del impuesto permite optar por la cuota nacional, y la compañía habría escogido esa vía frente a la municipal.

El pulso fiscal que enfrenta a dos pueblos con AWS

El origen del conflicto está en cómo se tramitó el proyecto. Al declararse Plan de Interés General de Aragón, la aprobación dependió del Gobierno autonómico y los ayuntamientos se quedaron sin el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Royo ha anunciado que no firmará el convenio recogido en en el PIGA hasta que exista un acuerdo económico que cubra el IAE y esa compensación.

La clave jurídica está en la instrucción del impuesto, que permite al contribuyente elegir entre cuota municipal, provincial o nacional cuando la tarifa de su actividad contempla varias modalidades. AWS habría optado por la de ámbito nacional, lo que traslada el pago a Madrid. El diseño del Impuesto sobre Actividades Económicas arrastra esa flexibilidad desde la reforma de las haciendas locales y deja en manos de la empresa una decisión con efecto directo sobre las arcas municipales.

Aragón aporta el suelo, el agua y la energía; el impuesto se queda a 300 kilómetros, en el domicilio fiscal de la compañía.

Aragón es, en la práctica, uno de los mayores polos de datos del norte de España. AWS opera en Zaragoza y Huesca desde noviembre de 2022 y la inversión declarada en España asciende a 33.700 millones de euros, tras elevar su compromiso en marzo de 2026 desde los 15.700 millones iniciales, con una aportación prevista al PIB de 31.700 millones hasta 2035. Son estimaciones de la propia empresa, sin verificación independiente.

Aragón pone los recursos, Madrid se queda el impuesto

El consumo eléctrico de Aragón creció un 7,1% en 2025, frente al 2,7% de la media nacional, un salto que la prensa aragonesa atribuye al despegue de los complejos de AWS. Con las ampliaciones completas —32 edificios y once fases repartidas en una década—, la demanda prevista supera el consumo anual de toda la comunidad: rondará los 10.800 GWh, por encima de los 10.543 GWh que consumió Aragón entero en 2024.

El agua es el otro frente abierto. El plan autonómico estima un consumo proyectado de 755.000 metros cúbicos anuales para refrigeración, mientras cada centro tiene hoy un tope autorizado de 36.461 metros cúbicos al año. AWS pidió elevarlo un 48%, hasta 53.961, a finales de 2024. La compañía sostiene que sus instalaciones aragonesas usaron unos 68 millones de litros en 2025, el 0,03% de la demanda industrial de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

La contestación local no se limita al impuesto. En Cuarte, la presión vecinal logró que Amazon desviara una línea de alta tensión. En Zaragoza, la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha registrado 349 alegaciones contra el centro de Microsoft. En Teruel, la comunidad de regantes de Gaén mantiene bloqueada la negociación del agua. Las alegaciones vecinales se han multiplicado en cuatro frentes abiertos, mientras Amazon aporta 13,8 millones a un plan antiinundaciones en la zona.

La factura invisible que Aragón asume por ser el hub de datos del norte

El marco actual viene de una norma pensada para otro modelo económico. La reforma de las haciendas locales de finales de los ochenta articuló el IAE con tres tipos de cuota y dejó la elección en manos del contribuyente para no penalizar a las empresas con actividad en varios territorios. Cuatro décadas después, esa flexibilidad se ha convertido en un incentivo para concentrar la tributación en la sede social y no donde se opera. El PIGA, al sustraer la tramitación del ámbito municipal, ya había dejado a los ayuntamientos sin el ICIO.

El riesgo no es que los centros de datos lleguen, sino que lleguen sin contrapartida fiscal. Blackstone prepara en Calatorao un campus de hasta ocho instalaciones, 650 MW y 11.800 millones de euros. Microsoft proyecta otro junto a Puerto Venecia, en Zaragoza, y AWS ha elegido La Puebla de Híjar, un pueblo de 935 habitantes, para su primer centro en Teruel, con 100 MW garantizados. La próxima década multiplicará la capacidad instalada sin mover la balanza fiscal si nada cambia.

Observamos que el conflicto trasciende el ámbito local. Varias comunidades han presentado alegaciones al borrador de decreto estatal que exigiría operar desde la UE y cubrir al menos el 80% de la demanda con renovables; esa norma sigue en tramitación sin fecha de aprobación confirmada y puede alterar el calendario de los campus previstos. Mientras tanto, el convenio del PIGA sigue sin firma en El Burgo de Ebro, y en Villanueva de Gállego esperan que la reclamación conjunta abra una negociación directa con la compañía. El próximo movimiento es de AWS.

El solar urbano en cubiertas daría un quinto de la electricidad de las ciudades, según el IERMB

El solar urbano en cubiertas podría cubrir un quinto de la electricidad que consumen las grandes ciudades, pero Barcelona solo aprovecha el 2,5% de su potencial, según el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA).

Un informe que pone cifras a un desaprovechamiento con nombre y apellidos. De cada cien cubiertas útiles en la capital catalana, solo 2,5 cuentan con placas. El documento mide el potencial y señala quién se queda hoy fuera del reparto.

Vamos a los datos.

Barcelona solo cubre con solar el 1,5% de la luz que gastan sus hogares

La fotovoltaica producida en Barcelona apenas cubre el 1,5% del consumo eléctrico de sus hogares. Las grandes urbes funcionan como sumideros: importan energía y generan muy poca. La Comunidad de Madrid, con un área metropolitana de siete millones de personas, consume el 11% de la electricidad generada en toda España y solo produce el 7,2%. El sistema aguanta mientras la red lo permite.

La otra cara es el potencial. Si se instalaran placas en todos los tejados de edificios residenciales, comerciales e industriales de Barcelona, la potencia estimada alcanzaría los 1.191 GWh anuales y cubriría el 61,3% de la electricidad que consumen los hogares de la ciudad. Un cambio de escala que no depende de tecnología nueva, sino de aprovechar una superficie que ya existe.

El tejado no es un adorno privado: es la última infraestructura energética urbana que sigue sin planificación pública.

Con todas las cubiertas activas, Barcelona generaría el 18,6% de su consumo eléctrico total y Madrid el 17,3%. Ese quinto es justo la electricidad que hoy llega de fuera, con su transporte y sus pérdidas asociadas.

Qué pasaría si las cubiertas entraran de verdad en el sistema

El informe recuerda que el marco existe. La regulación de 2026 sobre energía compartida permite repartir el excedente de una cubierta industrial en un perímetro de cinco kilómetros. ‘Lo que hay que hacer es desbloquear esas cubiertas’, sostiene Rubén Martínez Moreno, responsable del Área de Urbanismo y Transición Ecológica del IDRA, en declaraciones recogidas por El Salto.

autoconsumo fotovoltaico

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Potencial solar: 1.191 GWh anuales si se aprovecharan todos los tejados residenciales, comerciales e industriales de Barcelona.
  • Cobertura de hogares: el 61,3% de la electricidad que consumen los hogares barceloneses.
  • Consumo urbano total: el 18,6% en Barcelona y el 17,3% en Madrid con todas las cubiertas activas.
  • Aprovechamiento actual: solo el 2,5% de los tejados útiles de Barcelona tiene placas instaladas.

La propuesta central es tratar los tejados como espacio de utilidad pública, mediante una cesión de uso de cubiertas privadas con inversión pública o mixta. El propietario mantiene la propiedad, un operador energético público asume la inversión y la energía se reparte en el barrio.

La letra pequeña manda.

La brecha de renta dibuja el mapa solar de las ciudades

El reparto actual no es neutral. La potencia instalada se concentra en zonas de renta alta, baja densidad y vivienda unifamiliar. Barrios como Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, la Font d’en Fargues, Sarrià, o Pedralbes alcanzan 155,9 W por habitante y 28 instalaciones por cada 1.000 habitantes. Ciutat Meridiana no registra ninguna.

‘La potencia de energía solar en las ciudades depende de la renta, la propiedad y la buena voluntad de individuos’, resume el responsable del IDRA.

Cesiones de uso, IBI progresivo y financiación sin adelanto

El paquete de medidas es fiscal y financiero. El IDRA propone bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con criterio progresivo, de forma que el incentivo pese más donde no hay capacidad de inversión. También plantea financiar las placas sin desembolso previo, para comunidades de vecinos e inquilinos que quieren abaratar su factura pero no tienen el capital.

A eso se suma un programa específico para barrios con alta vulnerabilidad climática y planes de energía solar municipales con objetivos por barrio. La ordenanza debería obligar más allá de los edificios de nueva construcción, que ya llegan con exigencias.

El cuello de botella es el parque ya construido.

Autoconsumo urbano: el marco europeo ya está, falta el tejado

España resolvió hace años la parte regulatoria: el autoconsumo fotovoltaico cuenta desde 2019 con un marco propio que permite la compensación simplificada y el reparto entre consumidores cercanos. Lo que no se ha resuelto es la geografía. El resultado se ve en el mapa de Barcelona: 28 instalaciones por cada 1.000 habitantes en Pedralbes y cero en Ciutat Meridiana.

El contexto europeo empuja en la misma dirección. El paquete Fit for 55, la Taxonomía Verde y las exigencias de renovación del parque edificado sitúan la ciudad como nodo de generación, no solo de consumo. El MITECO tiene competencia sobre las reglas de autoconsumo y conexión; los ayuntamientos, sobre la ordenanza y el IBI. Nadie ostenta hoy la competencia única de planificar los tejados.

Ahí está el retraso. Un tejado que produce amortiza antes, reduce pérdidas de transporte y protege frente a episodios de precio alto. Pero si el despliegue depende de la renta, la ciudad gana menos y más tarde: cada año sin planificar es superficie que no se recupera. La decisión, por tanto, no es tecnológica. Es de reparto.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Hasta 1.191 GWh anuales de generación limpia en Barcelona, el 61,3% de la electricidad que consumen sus hogares, hoy casi sin explotar.
  • Modelo que cambia: El tejado deja de ser un activo privado con incentivo individual y pasa a tratarse como infraestructura de utilidad pública con cesión de uso.
  • Para las próximas generaciones: Ciudades que generan donde consumen reducen pérdidas de red y emisiones, y reparten el excedente por barrios con criterios sociales.

Trump anuncia cheques de 90 dólares para 20 millones de jubilados de Medicare

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca ha confirmado un pago único de 90 dólares por persona a más de 20 millones de inscritos en Medicare Parte B, abonado desde el Medicare Improvement Fund.
  • ¿Quién está detrás? Donald Trump, primer presidente que utiliza ese fondo desde su creación en 2008.
  • ¿Qué impacto tiene? Ninguno directo sobre las exportaciones españolas; el efecto llega por vía financiera y por el calendario electoral americano.

Donald Trump abonará 90 dólares a más de 20 millones de jubilados de Medicare Parte B, en plena campaña electoral.

El anuncio lo confirmó la Casa Blanca este fin de semana, a un mes exacto de las legislativas del 3 de noviembre. La mayoría de los beneficiarios recibirá el dinero por transferencia directa a lo largo de este mes de octubre; quienes no tengan domiciliado el cobro recibirán un cheque en la dirección postal que tienen registrada en Medicare. El pago alcanza a los inscritos en la Parte B, el seguro que cubre consultas médicas, pruebas diagnósticas, y atención ambulatoria.

Quién cobra los 90 dólares y quién se queda fuera

No todos entran. Quedan excluidos los inscritos cuyas primas ya paga Medicaid y quienes abonan el recargo mensual por renta alta, el Income-Related Monthly Adjustment Amount, un ajuste que se aplica a los jubilados con ingresos por encima de un umbral determinado. La mayoría de los inscritos en la Parte B sí cumple los requisitos. Para confirmarlo, los interesados pueden llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o consultar la web oficial del programa. El estado del abono se comprueba en la Administración de la Seguridad Social, en el 1-800-772-1213.

Es un cheque, no una reforma.

El dinero sale del Medicare Improvement Fund, un fondo al que el Congreso asignó 2.000 millones de dólares que ningún presidente había utilizado desde su creación en 2008. Su destino original era mejorar el programa de pago por servicio, y durante dieciocho años quedó dormido. Trump es el primer inquilino de la Casa Blanca que lo toca, y lo hace para pagar primas médicas directamente a los ciudadanos.

El precedente de 1972: pensiones, cheques y calendario electoral

cheques jubilados

Washington ya ha jugado esta carta. En 1972, el año de su reelección, Richard Nixon aprobó la mayor subida de las pensiones de la Seguridad Social hasta la fecha, acompañada después de un mecanismo de indexación automática, una decisión que los manuales de política americana citan como ejemplo clásico de calendario electoral. La Casa Blanca sitúa el origen de este pago en otro lugar: sostiene que los demócratas retiraron 20.700 millones de ese mismo fondo para financiar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, y que ahora devuelve ese dinero a los ciudadanos en lugar de a los intermediarios.

Washington no ha inventado nada nuevo: ha despertado un fondo dormido desde 2008 y lo ha convertido en un instrumento electoral a un mes de las urnas.

El pago llega con el calendario en el punto de mira. Los jubilados son uno de los bloques de voto más disciplinados del país, y Medicare es una de las pocas partidas federales que ningún candidato conservador se atreve a proponer recortar en público. Veinte millones de transferencias de 90 dólares tienen un valor simbólico muy superior a su importe: el ciudadano ve el dinero, sabe de dónde viene y lo asocia a una firma concreta.

Aquí manda el calendario.

La Lógica de Washington

La pregunta que importa en Washington no es cuánto se reparte, sino por qué se hace así. El Ejecutivo tenía 2.000 millones aparcados en un fondo que nadie había usado en dieciocho años, y la vía elegida —pago directo al beneficiario— responde a una lógica con precedentes claros: los reembolsos fiscales de 2001 con George W. Bush y los cheques de estímulo de 2020 durante el primer mandato de Trump.

El pago directo es visible, atribuible y no pasa por ningún intermediario, a diferencia de una subvención a las aseguradoras, que el votante percibe como dinero que entra y sale del sistema sin tocar su bolsillo. La coalición que sostiene la medida es la habitual: el ala del Partido Republicano que defiende recortar impuestos y ampliar la capacidad de elección del paciente, con una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes y un Senado que también renueva escaños en noviembre.

¿Y España? Conviene ser honesto: no hay exportaciones españolas afectadas por este pago. Medicare es un programa doméstico, financiado con impuestos americanos y ejecutado por una administración federal. El primer canal de transmisión es financiero, y es pequeño: 1.800 millones de dólares —los 90 dólares multiplicados por veinte millones de personas— sobre un presupuesto federal que se mide en billones no mueven un punto la emisión de deuda del Tesoro ni, por extensión, el coste de financiación de la deuda soberana española.

Medicare no cruza el Atlántico.

El segundo canal es comparado, y ahí el debate es más interesante. El modelo de transferencia directa al ciudadano frente al sistema español de sanidad universal financiada por impuestos y de pensiones contributivas es una discusión que Bruselas sigue con atención. Para las compañías españolas con negocio sanitario en Estados Unidos —Grifols o Rovi, entre otras—, lo relevante no es este cheque, sino la orden ejecutiva de mayo de 2025 sobre precios de los medicamentos y los acuerdos alcanzados con los fabricantes.

La proyección es sencilla de leer. La próxima ventana es el 3 de noviembre, y la Casa Blanca ya ha pedido al Congreso que apruebe el llamado Great Healthcare Plan, un paquete con el que quiere bajar el precio de los medicamentos, reducir las primas de los seguros y ampliar la transparencia de precios. Ninguna de esas medidas sale adelante sin mayoría en ambas cámaras, y esa mayoría se decide en las urnas. Mientras tanto, los cheques de 90 dólares ya están en camino.

Noviembre está a la vuelta de la esquina.

Ficha del Caso

  • El caso: La Casa Blanca activa por primera vez el Medicare Improvement Fund para enviar 90 dólares a más de 20 millones de inscritos en Medicare Parte B, en plena campaña de las legislativas.
  • Datos clave: 90 dólares por persona, más de 20 millones de beneficiarios y unos 1.800 millones de desembolso total sobre un fondo de 2.000 millones creado en 2008. Quedan fuera quienes tienen la prima cubierta por Medicaid y quienes pagan el recargo por renta alta.
  • Para España: sin impacto directo en exportaciones; el interés está en la lectura comparada del modelo sanitario y en un calendario electoral que condicionará el resto del mandato de Trump.

Crisis de la vivienda en Europa: el desahucio en Madrid que tensa el debate en España

Una jubilada de 87 años desahuciada en Madrid sitúa la crisis de la vivienda en el centro de Europa. Su caso ha cruzado fronteras y ha obligado a moverse a un Gobierno entero.

La protagonista se llama Maricarmen Abascal. Fue desalojada por la fuerza de su casa del barrio de Retiro y la reacción vecinal se convirtió en un acampe en la Puerta del Sol. La presión social consiguió devolverla a su domicilio. Y, de paso, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un decreto de emergencia habitacional al que casi todo el mundo conoce ya por su nombre de pila.

Del desalojo en Retiro al decreto bautizado como Maricarmen

Vamos por partes. El desahucio de una mujer de 87 años en Madrid saltó de la sección de sucesos a las portadas internacionales. En las protestas aparecieron activistas de una veintena de países, entre ellos Irlanda, Alemania, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Rumanía y Suiza.

El Ejecutivo respondió con el llamado decreto Maricarmen, una norma de emergencia que ha resultado extraordinariamente polémica y que, según el relato que circula por las redacciones europeas, dejó al Gobierno al borde del abismo. La vivienda ha pasado de asunto local a materia de Estado.

Qué se juega España con el precio del alquiler

España no es una excepción. Las ciudades que concentran el malestar son casi las mismas en todos los mapas: Roma, Berlín, Milán, Madrid, Barcelona, Bruselas y Lisboa. Según Eurostat, los precios de la vivienda subieron un 53% entre 2010 y 2024, mientras que los alquileres lo hicieron un 25%.

España comparte con Berlín y Roma el mismo nudo: el alquiler se ha convertido en el gasto que decide dónde puede vivir una familia.

El diagnóstico que maneja Bruselas apunta a varios factores que se refuerzan entre sí. Un informe de Franet, la red de investigación de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, señala el encarecimiento de los precios, el auge del alquiler turístico de corta duración, la caída de la inversión en vivienda pública y la insuficiencia de las ayudas vigentes.

vivienda España

Traducido al caso español, la ecuación tiene una arista incómoda: el alquiler turístico reduce la oferta residencial justo donde más presión hay. En un país donde el turismo sostiene una parte decisiva del empleo y buena parte del ahorro familiar está en ladrillo, cualquier norma que toque el alquiler mueve muchas piezas a la vez: propietarios pequeños, fondos de inversión, comunidades de vecinos y, sobre todo, inquilinos.

Y aquí está el detalle que casi nadie cuenta. El debate ya no se libra solo en el Congreso, sino también en Bruselas. Entre las propuestas que circulan está la creación de una agencia europea de la vivienda que coordine las políticas nacionales, una capa regulatoria más sobre un mercado que en España gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos.

Conviene recordar que la vivienda es en España una competencia principalmente autonómica, con el suelo y las licencias en manos de los ayuntamientos. Eso explica que el decreto haya caído en un tablero a varias bandas y que su aplicación dependa de lo que hagan las comunidades y los consistorios.

Para las promotoras, las gestoras de alquiler y las plataformas turísticas, esa acumulación de normas añade incertidumbre a un negocio de márgenes estrechos. Para el inquilino, todo se traduce en una cifra al mes.

Berlín, Nápoles y Bruselas: los precedentes que miran a España

El espejo más nítido está en Alemania. El pasado 20 de septiembre, Die Linke dio la sorpresa en las elecciones regionales de Berlín: con la jurista Elif Eralp, de 45 años, al frente, se impuso con un 25% de los votos frente al 20% de la CDU del canciller Friedrich Merz.

Su campaña se centró en la vivienda y llegó a proponer expropiaciones. En la capital alemana, los alquileres han crecido cerca de un 70% en la última década, según las estimaciones citadas durante la campaña.

Hay un segundo precedente en Italia. Como ya ocurriera en 2022, los estudiantes han vuelto a acampar frente a sus facultades en Milán, Parma y Palermo para protestar por el precio de una habitación. En Nápoles apareció una pancarta que lo resumía: ‘Expropiemos a los superricos’. El tercer frente es continental: una iniciativa ciudadana europea busca reunir 1,2 millones de firmas para exigir leyes de vivienda asequible. Si lo consigue, la Comisión Europea estará obligada a responder.

Ni la Iglesia ha quedado al margen. En el vuelo de regreso a Roma desde Francia, el papa León XIV se preguntó ante los periodistas cuál es el problema de un sistema que permite que una anciana ‘sea echada de su casa’, y avisó de que la escasez de vivienda no la podrá resolver ‘ninguna parroquia’. Su recado a los políticos fue explícito: hay que buscar la causa sistémica del problema.

La secuencia se repite con una diferencia importante. En 2022 el malestar se quedó en los campus italianos; ahora ya ha movido votos en Alemania y ha forzado un decreto en España. Conviene seguir tres cosas en las próximas semanas: la tramitación parlamentaria del decreto Maricarmen, la recogida de firmas de la iniciativa europea y la reacción de Bruselas si se alcanza la cifra. El precio del alquiler ha dejado de ser una queja privada.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Maricarmen Abascal, jubilada de 87 años, fue desalojada de su casa del barrio de Retiro, en Madrid. El acampe de la Puerta del Sol la devolvió a su domicilio.
  • Datos importantes: Eurostat cifra en un 53% la subida de la vivienda en la UE (2010-2024). En Berlín, Die Linke ganó el 20 de septiembre.
  • Resumen: La crisis habitacional europea entra en la agenda española por la vía de un desahucio y un decreto, con Bruselas y Alemania como próximas estaciones.

Bustinduy (Sumar) acusa a PP, Vox y Junts de rentismo por tumbar en el Congreso los decretos de vivienda

Bustinduy acusó a PP, Vox y Junts de tumbar los decretos de vivienda “para ondear la bandera del rentismo”.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El ministro de Derechos Sociales defendió en el pleno los dos decretos de vivienda del Gobierno y acusó a PP, Vox y Junts de votarlos en contra para ondear la bandera del rentismo.
  • ¿Quién interviene? Bustinduy, por el ala de Sumar en el Ejecutivo; PP, Vox y Junts, que rechazaban los textos; y el Gobierno, que pidió a Junts que no los tumbara porque “el 90% de lo que ustedes plantearon está recogido”.
  • ¿Qué importa? La vivienda se consolida como el eje parlamentario de Sumar y como el punto de mayor desgaste de la coalición con el PSOE.

El ministro acusó a las tres formaciones de la “infamia” de dejar desprotegidos a millones de españoles y defendió en el pleno del Congreso el segundo de los dos decretos, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler. El voto en contra de PP, Vox y Junts abocaba ambos textos al rechazo de la Cámara; sin datos oficiales sobre el resultado de la votación a cierre de edición.

Bustinduy avisó de que cada desahucio que se produzca a partir de esa votación llevará “los nombres y los apellidos” de quienes voten que no. Y puso una cifra: los cinco millones de personas a las que les vence el contrato de alquiler y que con el decreto habrían visto su contrato prorrogado dos años sin subida de renta. La norma congelaba además el resto de contratos y reforzaba la protección antidesahucios, y atacaba el fraude con los contratos de temporada y de habitaciones.

“Lo de hoy no va de aritmética parlamentaria: lo de hoy es un conflicto de clase”, proclamó. Después describió a quienes rechazaban los textos como defensores de “una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario de las clases trabajadoras” para repartírselas como dividendos “y ni siquiera tributar en España por ese dinero”. El marco era el rentismo, no la aritmética.

El pulso de los decretos de vivienda: cinco millones de contratos en juego

Los dos decretos llegaban al pleno con la vivienda como eje y con un problema de fondo: el Gobierno no tenía los votos garantizados. Bustinduy defendió el paquete con los mimbres que le quedaban y sumó a la lista de pérdidas la prórroga de los contratos que vencían, la congelación de las rentas, el fraude de los contratos de temporada y la protección frente a los desahucios. Un conjunto que forma parte del núcleo del programa social de la coalición.

El ministro dio la vuelta al argumento del patriotismo que Junts ha convertido en seña de identidad en Madrid: “Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Catalunya, pero votar en contra del decreto es votar en contra de su pueblo”. Y remachó con la retórica del mérito: la familia que cobra el ingreso mínimo vital, el jubilado con su pensión, frente al heredero de siete pisos que “vive sin pegar palo al agua”. “Qué hipocresía y qué traición al pueblo”, sentenció.

El discurso de Bustinduy no buscaba los votos que faltaban: buscaba instalar que la vivienda es un conflicto de clase, no una cuestión técnica.

Por qué Sumar pone la vivienda en el centro de su relato

decretos de vivienda

Hay una razón política en la elección del tono. En un espacio con varias sensibilidades internas y con las confluentes reclamando más voz propia, la vivienda funciona como el terreno donde Sumar se reconoce sin fracturas y donde su electorado identifica resultados. Es el asunto que sostiene el perfil público del ala social del Gobierno.

“La gente se ha levantado, un clamor social recorre las calles de todo este país y ha dicho que ustedes no le representan”, aseguró Bustinduy, que cerró con una idea recurrente en su formación: todos los derechos de la gente trabajadora se han conquistado luchando y ninguno se ha regalado. El tiempo lo dirá, pero ese es el diagnóstico que Sumar quiere fijar.

La Dinámica de Coalición

Dentro de Sumar, la intervención de Bustinduy es la pieza más visible de una estrategia repartida: los ministros ponen la voz y el Grupo Parlamentario Sumar pone los votos. La vivienda no genera grietas entre las confluentes —Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, la Chunta, Galicia en Común y Catalunya en Comú— y no hay constancia pública de que ninguna haya cuestionado los decretos. El eje de la tensión está fuera, no dentro. El reparto de espacios y de voz propia sigue abierto en otros frentes, pero no con la vivienda como excusa.

Con el PSOE, en cambio, la escena es más incómoda. La negociación con Junts la lleva el Gobierno, que había pedido públicamente a los posconvergentes que no tumbaran los decretos con el argumento de que “el 90% de lo que ustedes plantearon está recogido”. Sumar hace el discurso y el PSOE hace las cuentas; cuando las cuentas fallan, el coste político lo paga la coalición entera. Ninguno de los dos socios puede permitirse otro fracaso con la vivienda como bandera.

La proyección es la misma que la del viernes: si los decretos decaen, el camino de vuelta pasa por un proyecto de ley, un itinerario más largo y con más incertidumbre en una Cámara sin mayorías estables. Bustinduy ya dejó dicho que el derecho a la vivienda “se va a abrir paso” por encima de la clase rentista, y todo apunta a que Sumar mantendrá el asunto en su agenda mientras las movilizaciones sigan en la calle. La vivienda será el termómetro del resto de la legislatura.

Ficha del Caso

  • El caso: El pleno del Congreso votó dos decretos de vivienda del Gobierno. Bustinduy los defendió con un discurso contra el rentismo y contra el voto de PP, Vox y Junts, que los rechazaron.
  • Datos importantes: Dos decretos; uno fijaba la duración indefinida de los contratos de alquiler y la prórroga de dos años sin subida para cinco millones de contratos. Sin datos oficiales sobre el resultado de la votación a cierre de edición.
  • Resumen: El fracaso de los textos debilita la agenda social de la coalición, refuerza el perfil combativo de Sumar y traslada al PSOE la carga de recomponer una mayoría con Junts.

EEUU intercepta un buque de combustible a Cuba y recrudece el embargo que golpea al turismo español

El embargo de EEUU contra Cuba acaba de sumar un episodio que toca de lleno intereses españoles. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el 5 de septiembre el carguero Grace, cargado de combustible rumbo a la isla, y lo desvió a México.

El buque navegaba por el mar Caribe entre Cuba y México cuando fue abordado. Según el relato oficial de la Guardia Costera, empleaba tácticas propias de la llamada dark fleet —flotas opacas que apagan sus sistemas de localización para esquivar los controles internacionales—. El diario The New York Times precisó después que el carguero ronda los 91 metros de eslora.

Para España, la noticia no es una pieza más de la política exterior estadounidense. Las cadenas hoteleras españolas son el primer inversor hotelero extranjero en Cuba y llevan tres décadas sosteniendo el grueso del turismo de la isla. Cuando el suministro energético se tensa, lo primero que se resiente es la estancia del visitante: apagones, ascensores parados y generadores tirando de gasóleo.

Qué ha pasado exactamente en el Caribe

Vamos por partes. La interceptación se produjo el 5 de septiembre en aguas del Caribe, en la ruta que conecta la costa mexicana con la isla. El Grace fue abordado y escoltado hasta territorio mexicano. No hubo comunicado triunfal ni rueda de prensa: la noticia ha salido a cuentagotas y ha tardado casi un mes en confirmarse.

El detalle que casi nadie cuenta es el contexto. La administración de Donald Trump mantiene un embargo petrolero sobre la isla, y cada barco que intenta romperlo se convierte en un mensaje. Las tácticas de flota oscura se multiplicaron tras las sanciones al crudo ruso, y Washington las persigue ahora también en el Caribe, donde el tráfico hacia Cuba se ha vuelto un pulso permanente.

Por qué esta interceptación golpea a los hoteles españoles

Meliá, Iberostar, Barceló y Riu operan en Cuba desde los años noventa y gestionan decenas de establecimientos, muchos en Varadero y en los cayos del norte. Su modelo depende de un turismo que llega en avión, duerme con aire acondicionado y paga en divisa fuerte. Todo eso exige combustible, y el combustible es exactamente lo que el bloqueo estrangula.

El turismo es la principal fuente de divisas de Cuba, y España es su primer socio hotelero: cada barril que no llega se nota en los balances.

Conviene recordar que el turismo sostiene, junto a las remesas y los servicios profesionales, el grueso de las divisas que entran en la isla. Los turoperadores europeos siguen vendiendo paquetes, pero las cadenas trabajan con márgenes ajustados y con inventarios que dependen de importaciones. Cuando el combustible escasea, el coste de operar se dispara y la ocupación se resiente.

¿Significa esto que las empresas españolas están pensando en marcharse? No necesariamente. Cuba ha sido durante décadas una apuesta de largo plazo, con contratos de gestión y una presencia que ninguna otra cadena europea ha igualado. Pero la ecuación entre riesgo regulatorio y rentabilidad se estrecha cada temporada.

Lo que enseña el precedente de 2019

No es la primera vez que una decisión de Washington pone a las hoteleras españolas en el disparadero. El embargo estadounidense contra Cuba se remonta a los años sesenta, pero su aplicación se ha endurecido por fases. En 2019, la activación del Título III de la ley Helms-Burton abrió la puerta a litigios en tribunales de Estados Unidos contra compañías que operaban en la isla.

Esa norma permite demandar a quien comercie con propiedades nacionalizadas tras 1959. Varias cadenas españolas aparecieron en esas demandas, y el episodio obligó a Bruselas a recordar la vigencia del reglamento europeo de bloqueo, que prohíbe a las empresas de la UE acatar sanciones extraterritoriales de terceros países.

El paralelismo es útil porque marca el patrón: el embargo no se aplica solo a quien vende, sino a quien hace negocio con quien vende. España tiene ahí un interés directo, no una simpatía ideológica. La isla recibe cada año visitantes europeos en paquetes gestionados mayoritariamente por compañías españolas, y cualquier escalada se traduce en menos capacidad aérea, menos carburante y más incertidumbre.

Hacia delante, conviene seguir dos cosas. La primera, si la Casa Blanca convierte las interceptaciones en rutina y extiende el cerco a buques con bandera de terceros países. La segunda, cómo responde Bruselas si reaparecen las demandas o si alguna empresa europea vuelve a quedar atrapada entre dos marcos legales incompatibles. España tiene algo que decir en ambos frentes.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La Guardia Costera de EEUU interceptó el 5 de septiembre de 2026 el carguero Grace, con combustible rumbo a Cuba, y lo trasladó a México en el marco del embargo petrolero vigente.
  • Datos importantes: El buque ronda los 91 metros de eslora y fue abordado en el Caribe, entre Cuba y México. Las cadenas hoteleras españolas son el primer inversor hotelero extranjero en la isla.
  • Resumen: El endurecimiento del bloqueo golpea la principal fuente de divisas cubana y pone en tensión la rentabilidad del turismo español en Cuba.

El juez Alito admite que sopesó jubilarse del Tribunal Supremo y revisará su decisión cada mandato

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Samuel Alito admitió en una entrevista con CBS difundida este viernes que sopesó jubilarse del Tribunal Supremo y que revisará esa decisión cada mandato.

La conversación con Jan Crawford, corresponsal jurídica jefe de la cadena, se centró en la presión que el entorno conservador lleva meses ejerciendo para que deje libre su silla. Crawford le preguntó por qué seguía en el tribunal. ‘Lo pensé’, respondió.

El magistrado, de 76 años, explicó que la jubilación se ha convertido en una cuestión que debe sopesar de forma periódica. ‘Es algo que alguien de mi edad tiene que plantearse cada mandato’, dijo. ‘Pero pensé que todavía podía hacer una contribución valiosa, que es la razón por la que me hice juez’. Preguntado por si volverá a revisarlo cada año, fue escueto: ‘Sí, creo que tengo que hacerlo’.

Alito evitó cualquier compromiso con un calendario. Sobre el riesgo de que esperar demasiado ponga en peligro su trabajo en el tribunal, sostuvo que ni su situación personal ni la política que rodea una futura vacante pueden predecirse con certeza. ‘Es demasiado difícil de predecir’, afirmó. ‘Y también qué podría hacer cualquier presidente respecto a un sustituto’.

De Gorsuch a un cuarto nombre: la aritmética del Senado

Alito llegó al Tribunal Supremo en 2006, nombrado por George W. Bush, y forma parte de la mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres. Su firma está en algunas de las sentencias más discutidas de las últimas dos décadas y acumula veinte años en el cargo.

Donald Trump ya ha declarado públicamente que está preparado para cubrir una vacante. En una entrevista con Breitbart News en julio, el presidente se declaró ‘ciertamente preparado’ y elogió a Alito como ‘uno de los mejores de todos los tiempos’, añadiendo que le gustaría nombrar a una versión más joven de él.

En su primer mandato designó a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, los tres confirmados por el Senado.

Una vacante en el Tribunal Supremo no es un asunto judicial: es la pieza política más duradera que un presidente puede dejar firmada.

La mecánica importa tanto como el nombre. Desde 2017, cuando los republicanos eliminaron el umbral de 60 votos para los nombramientos judiciales —la llamada opción nuclear—, confirmar a un magistrado del Supremo exige solo mayoría simple en el Senado.

Eso convierte cualquier vacante en una operación de calendario. En 2016, Mitch McConnell, entonces líder de la mayoría republicana, se negó a tramitar el nombramiento de Merrick Garland con el argumento de que faltaban meses para las elecciones. Cuatro años después, Barrett fue confirmada ocho días antes de los comicios. Las legislativas del 3 de noviembre de 2026 pueden alterar la mayoría que confirma a los magistrados.

Un tribunal que decide cosas que llegan a España

jubilación jueces

Lo que decide el Tribunal Supremo llega a España por dos vías. La primera es directa: Santander y BBVA tienen negocio bancario en Estados Unidos, y compañías energéticas, de infraestructuras, telecomunicaciones y distribución operan allí bajo las mismas reglas federales. La segunda es indirecta: la doctrina sobre hasta dónde puede regular una agencia federal marca el terreno del comercio, la fiscalidad de las multinacionales y la regulación digital en todo el bloque occidental.

Para los sectores exportadores españoles más expuestos a los vaivenes comerciales —el aceite de oliva, el vino, el automóvil la maquinaria y la farmacéutica— la pregunta de fondo es quién tiene la última palabra sobre los límites del poder presidencial. Ese árbitro es el Tribunal Supremo, y su mayoría se renueva muy despacio: un solo nombramiento puede redefinir dos décadas de reglas.

La Lógica de Washington

Para entender por qué una decisión personal como la de Alito se sigue en Washington como una cuestión de Estado hay que mirar la coalición que sostiene al Partido Republicano. El nombramiento judicial es, desde los años ochenta, el único asunto en el que votantes evangélicos, empresarios y libertarios coinciden sin fisuras. Un magistrado vitalicio sobrevive a cualquier presidente que lo nombró.

El precedente está en Ronald Reagan, que convirtió el nombramiento judicial en programa electoral, y en la red de abogados conservadores que desde entonces nutre los tribunales federales. Trump la aprovechó con una lista pública de candidatos en 2016, un gesto que movilizó a votantes que desconfiaban de él. El intercambio es simple: el presidente pone los nombres, la coalición pone los votos y las reglas que salen de los tribunales sobreviven a los cambios de gobierno.

Hay además un riesgo que en la conversación conservadora se menciona sin disimulo: el magistrado que se queda demasiado tiempo y acaba siendo sustituido por un presidente del otro partido. David Souter, nombrado por George H. W. Bush en 1990, terminó siendo una de las voces más progresistas del tribunal. La presión para que Alito se jubile tiene esa cuenta detrás. En el lado demócrata ocurrió lo contrario: Stephen Breyer se retiró en 2022 con un presidente demócrata en la Casa Blanca y Ketanji Brown Jackson ocupó su silla.

Para España, la lectura es de plazo largo. La próxima ventana tiene fecha: el nuevo mandato del tribunal arranca este lunes 5 de octubre, y Alito ha dicho que revisará su decisión ‘cada mandato’. Si la mayoría del Senado no cambia tras el 3 de noviembre de 2026, la Casa Blanca tendría margen para tramitar un cuarto nombramiento. Si cambia, la silla puede esperar años.

Alito no ha dado fecha. Eso es, precisamente, lo que convierte su silencio en noticia.

Ficha del Caso

  • El caso: Alito, de 76 años y en el Supremo desde 2006, admite que sopesó retirarse y que revisará la decisión cada mandato, lo que mantiene viva la opción de un cuarto nombramiento de Trump.
  • Datos clave: 76 años de edad; veinte años en el cargo; tres magistrados nombrados por Trump en su primer mandato (Gorsuch, Kavanaugh y Barrett); confirmación por mayoría simple en el Senado desde 2017; legislativas el 3 de noviembre de 2026; el nuevo mandato del tribunal arranca el 5 de octubre de 2026.
  • Para España: la composición del Supremo fija por décadas el marco de comercio, fiscalidad y competencia en el que operan Santander, BBVA o Iberdrola, y condiciona las reglas que afectan a las exportaciones españolas de aceite de oliva, vino, automóvil y farmacéutica.

El cero energético en Lanzarote y La Graciosa paraliza las desaladoras y activa la prealerta del PLATECA

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un cero energético registrado a las 05.45 de este sábado en la subestación de Mácher, en el municipio de Tías, dejó sin luz a 73.600 clientes de Lanzarote y paralizó las desaladoras de Lanzarote y La Graciosa.
  • ¿Quién está detrás? Endesa en la reposición del sistema eléctrico, la empresa pública Aguas de Lanzarote y La Graciosa en la gestión de las reservas y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que declaró la prealerta.
  • ¿Qué impacto tiene? El suministro eléctrico ya está restablecido, pero la producción de agua potable seguirá condicionada durante la jornada: pueden producirse cortes y bajadas de presión en varios puntos de ambas islas.

A las 05.45 de este sábado, Lanzarote se quedó a oscuras. El cero energético dejó sin luz a 73.600 clientes y paralizó las desaladoras de Lanzarote y La Graciosa.

El fallo en Mácher y una segunda incidencia cuatro minutos después

El origen está en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías, donde el sistema se vino abajo a las 05.44 horas. La primera interrupción dejó sin suministro a 51.703 clientes.

Cuatro minutos después, durante las maniobras de reposición, una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande provocó la pérdida de generación y amplió el apagón hasta los 73.600 clientes.

La zona de Playa Blanca quedó al margen porque mantiene conexión eléctrica con Fuerteventura, un detalle que evitó que el corte cubriera el mapa insular entero.

Endesa inició las maniobras de recuperación y, según fuentes del Cabildo, el suministro ya ha quedado restablecido por completo. A las 07.15 horas, la Dirección General de Emergencias declaró la prealerta del PLATECA, el plan territorial de protección civil de Canarias, para seguir la evolución del episodio y vigilar las afecciones a los servicios esenciales.

De la luz al agua: por qué las desaladoras siguen paradas

Volver a tener luz no ha devuelto el agua. Las plantas desaladoras de Lanzarote y La Graciosa permanecen paralizadas desde primera hora y la producción de agua potable quedó interrumpida. Aguas de Lanzarote y La Graciosa trabaja en en la red de distribución para preservar las reservas almacenadas y evitar que las islas se queden secas.

Que el suministro eléctrico se haya restablecido no significa que las desaladoras vuelvan a producir: el agua tarda más en volver que la luz.

La empresa advierte de que a lo largo de la jornada pueden producirse suspensiones temporales, bajadas de presión y otras afecciones en distintos puntos de ambas islas. El calendario de cortes programados podría quedarse corto, porque las maniobras en la red evolucionan más rápido de lo que se planifica.

Cada planta desaladora debe completar sus procesos de puesta en marcha y estabilización antes de recuperar su capacidad habitual, un procedimiento que puede alargarse durante toda la jornada. El agua, en una isla sin recursos hídricos propios, no admite atajos. Nadie mira Lanzarote hasta que Lanzarote se apaga.

El episodio tiene un precedente incómodo. Un informe técnico-administrativo del Consorcio del Agua de Lanzarote ya advertía de una situación «grave, objetiva, continuada y estructural» en el sistema. El documento señalaba que la EDAM Janubio operaba al 66% de su capacidad por una avería, y alertaba de las reiteradas paradas de la EDAM Díaz Rijo. La falta de margen ante nuevas incidencias había dejado de ser una hipótesis.

El Pulso Territorial

El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el PP como socio de coalición, tiene en el agua uno de sus frentes más delicados. La comunidad arrastra un déficit estructural de infraestructuras hidráulicas que golpea con especial crudeza a las islas menores. Igual que ocurre en Baleares, cada isla opera como un sistema eléctrico aislado, sin interconexión con la península, lo que estrecha el margen de maniobra cuando falla la generación.

La lectura política es otra. El Consorcio del Agua de Lanzarote aprobó por unanimidad la resolución definitiva del contrato con Canal Gestión, un movimiento que abre la puerta a un nuevo modelo de gestión del servicio en la isla. En paralelo, las elecciones autonómicas de 2027 y el próximo ciclo presupuestario marcarán el ritmo de unas inversiones que llevan años llegando tarde.

Lo que viene ahora depende de tres plazos. La prealerta del PLATECA seguirá activa mientras Emergencias no confirme que los servicios esenciales están garantizados. La vuelta a la normalidad del abastecimiento está supeditada a la puesta en marcha de las plantas. Y el Consorcio deberá cerrar el nuevo modelo de gestión antes de que llegue el próximo verano, la temporada en la que la isla consume más agua y dispone de menos margen.

Ficha Autonómica

  • El caso: Un cero energético iniciado a las 05.44 horas de este sábado en la subestación de Mácher, en Tías, dejó sin luz a 73.600 clientes de Lanzarote y paralizó las desaladoras de Lanzarote y La Graciosa.
  • Datos importantes: 51.703 clientes afectados en la primera interrupción; 73.600 tras la segunda incidencia en San Bartolomé y Punta Grande; prealerta del PLATECA activada a las 07.15 horas; EDAM Janubio operando al 66% de su capacidad por una avería; suministro eléctrico ya restablecido.
  • Resumen: La luz ha vuelto, el agua todavía no. Las desaladoras deben completar su puesta en marcha y la empresa pública no descarta nuevos cortes y bajadas de presión durante la jornada.

El cofundador de Anthropic presionó al Vaticano para rebajar su doctrina sobre la consciencia IA

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El cofundador de Anthropic, Chris Olah, presionó al Vaticano para que suavizara su doctrina sobre la consciencia de la IA. Lo hizo después de leer una copia anticipada de Magnifica Humanitas, la encíclica que el papa León XIV publicó el 25 de mayo, según ha revelado The Daily Caller a partir de una información del New York Times.

Hay algo más interesante de lo que parece. No estamos ante un científico que discuta a la Iglesia su derecho a opinar. Estamos ante uno de los arquitectos de la inteligencia artificial moderna pidiendo, en privado, que no se cierre una puerta que la propia ciencia mantiene abierta. Olah quería que los asesores vaticanos dejaran sobre la mesa la posibilidad de que un modelo llegue a ser consciente. Nada más. Y nada menos.

La cronología importa. Olah vio el borrador, comprobó que la encíclica rechazaba de plano la consciencia artificial y planteó retirarse del acto de presentación. Al final no lo hizo: habló ante la Santa Sede el 25 de mayo, el mismo día del lanzamiento. Su presión fue discreta, dirigida a los consejeros del pontífice, lejos de los titulares.

Sus propias palabras, recogidas por el New York Times, resumen su postura. ‘No sabemos si los modelos de IA son conscientes. Yo no lo sé. Soy genuinamente incierto’, dijo Olah. Y añadió una frase que explica su insistencia: ‘Lo que me importa es llegar a la respuesta correcta, sea cual sea’.

Qué dice la encíclica sobre la consciencia de la IA

La encíclica no deja resquicios. En el párrafo 99, el papa León XIV sostiene que las ‘supuestas inteligencias artificiales’ no experimentan, no tienen cuerpo, no sienten alegría ni dolor, no maduran a través de las relaciones y no saben desde dentro qué significan el amor, el trabajo, la amistad o la responsabilidad. En el párrafo 198 añade una advertencia más operativa: ningún ‘agente moral artificial’ puede tomar decisiones letales o irreversibles.

Roma lleva dos mil años definiendo qué es una persona. No iba a delegar esa definición en un laboratorio de San Francisco. Ese es el marco. Y ahí choca de frente con una parte de Silicon Valley que lleva meses preguntándose, casi en susurros, si sus modelos merecen consideración moral.

Nadie sabe todavía si un modelo de IA es consciente. Lo que sí se sabe es que alguien tendrá que decidirlo.

Para Anthropic no es una pregunta retórica. La compañía ha consultado discretamente a líderes religiosos durante meses sobre si Claude, su modelo estrella, debería ser tratado como un ser con valor moral. Lo recoge también el New York Times. Y va más allá: en su ‘constitución’ de 84 páginas, el conjunto de reglas con las que entrena al modelo, la empresa pide a Claude que tenga en cuenta su propio bienestar.

Quién decide si una máquina merece estatus moral

Aquí aparece el nudo del asunto. En abril de 2025, el laboratorio publicó un informe en el que reconocía que ‘no existe consenso científico’ sobre si los sistemas de IA podrían ser conscientes. Es decir, la propia empresa admite que navega sin mapa. Y esa incertidumbre es, precisamente, el argumento que Olah quiso trasladar al Vaticano.

Anthropic

El Vaticano, en cambio, sí tiene mapa. Su doctrina parte de una distinción clara entre inteligencia y persona, entre calcular y vivir. Para Roma, un modelo puede resolver problemas complejos y seguir careciendo de lo que hace humana a una vida. La encíclica lo formula sin ambigüedad, y ahí no hay margen de negociación posible.

La presión de Olah no buscaba reescribir la doctrina. Buscaba algo más modesto y más profundo a la vez: que la Iglesia no cerrara el debate antes de que la ciencia lo resuelva. Los consejeros escucharon. El texto salió como estaba previsto. El embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, no respondió a las peticiones de comentario.

La lógica de Silicon Valley

Entender por qué Anthropic hace esto exige mirar su lógica interna, no su imagen pública. La empresa se ha construido un relato de laboratorio responsable, fundada por exinvestigadores de OpenAI preocupados por la seguridad. Presionar al Vaticano encaja en en ese relato. Si el mayor guardián moral de Occidente deja abierta la puerta a la consciencia máquina, el marco ético del sector se refuerza. Y si la cierra, la empresa podrá decir que ella no la cerró.

Hay un precedente que ayuda a leerlo. Cuando en los años noventa las tecnológicas empezaron a recopilar datos personales, buscaron primero legitimidad académica y después jurídica. Silicon Valley no espera a que la ley le diga qué hacer: intenta escribir antes el marco moral que la ley acabará recogiendo. Con la IA ocurre lo mismo, solo que el terreno de juego ya no es únicamente un parlamento, sino también una encíclica.

El interés español no es menor. España es una de las referencias católicas de Europa y, a la vez, uno de los países que más ha empujado la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Lo que Roma diga sobre la consciencia máquina pesará en el debate público español, en las aulas, en las empresas y en la propia Conferencia Episcopal. Y lo que decida Silicon Valley, también.

La próxima ventana será el aterrizaje del reglamento europeo de IA en las compañías españolas. Telefónica, Santander o Inditex ya integran modelos generativos en sus procesos, y ninguna quiere que un juez o un obispo le explique a posteriori qué es su herramienta. Queda una incógnita: si nadie sabe qué es la consciencia, ¿quién tiene autoridad para negarla? No lo resolverá un papa ni un laboratorio. Al menos, no solos.

Ficha del Caso

  • El caso: El cofundador de Anthropic, Chris Olah, pidió en privado al Vaticano que no cerrara la puerta a la consciencia de la IA antes de la encíclica Magnifica Humanitas, publicada el 25 de mayo.
  • Datos clave: El párrafo 99 niega que la IA experimente o sienta; el 198 prohíbe delegar en máquinas decisiones letales o irreversibles. Anthropic reconoce desde abril de 2025 que no hay consenso científico sobre la consciencia máquina.
  • Para España: Como referencia católica de Europa y punta de lanza regulatoria de la UE, España notará el eco del debate en su legislación, en sus empresas tecnológicas y en el discurso de la Conferencia Episcopal.

De La Espriella endurece la seguridad en Colombia: inspecciones a empresas privadas y control de armas

Colombia estrecha el cerco sobre sus empresas de seguridad privada y España mira de reojo. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el pasado jueves inspeccionar el sector por presuntos nexos criminales y extremar el control de armas.

La Supervigilancia —la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el regulador del ramo— adelanta ya investigaciones contra compañías del sector, y el Gobierno anunció que las revisiones se extenderán por todo el territorio. Cinco firmas están en el punto de mira y no todas en la misma fase: Maximus tiene la licencia cancelada; Blink, Lost Prevention y Atenas acumulan cancelaciones pendientes de quedar en firme; y OL Security Group–Servisecurity sigue suspendida. Cinco compañías, cinco procedimientos administrativos distintos.

Qué hay detrás de las inspecciones a la seguridad privada

El origen está en las ‘fachadas’. El presidente lo dijo con claridad: ‘Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse’. Traducido: empresas con licencia legal que, presuntamente, sirven de cobertura, transporte y arsenal a bandas criminales. Las pesquisas mencionan conexiones con Los Costeños y el Clan Vega Daza, ambas activas en el Caribe colombiano, además de irregularidades en el manejo del armamento.

Y hay un asunto que inquieta especialmente: las armas que no aparecen. ‘Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes. Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea’, afirmó el mandatario. Su instrucción es ampliar las revisiones a todas las regiones y cerrar el paso a cualquier compañía que opere como pantalla del delito. ‘Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria. Voy por todos’, remató.

Por qué esta decisión importa tanto a España

De La Espriella

Porque España mira a Colombia como pocos países. Nuestras empresas figuran entre los primeros inversores extranjeros y la seguridad privada es una pieza sensible de ese entramado. Firmas españolas operan allí en banca, energía, telecomunicaciones, infraestructuras y también en vigilancia. La multinacional Prosegur, referencia del ramo con presencia consolidada en América Latina, conoce bien ese mercado. Una revisión masiva de licencias altera el terreno de juego para todos.

El marco lo fija el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, en vigor desde 2013, que ha impulsado el intercambio y ha convertido a España en una de las puertas naturales de la inversión europea hacia el país. Pero ninguna cifra de comercio aguanta sin seguridad física sobre el terreno: ni las plantas, ni las oficinas, ni las carreteras por las que circulan mercancías y equipos.

Las inspecciones no golpean solo a las empresas señaladas: reordenan el mercado que protege la inversión extranjera en Colombia.

Hay un detalle que casi nadie cuenta. La seguridad privada no es un negocio aislado: de ella dependen fábricas, oficinas, oleoductos y cadenas logísticas de compañías extranjeras. Cuando un Estado endurece las reglas del sector, lo que está en juego es la protección física de activos que, en buena parte, pertenecen a grupos españoles. Y cuando aparecen armas sin rastrear, el riesgo deja de ser administrativo y pasa a ser material.

Conviene recordar que Telefónica, Repsol, BBVA y Santander llevan años arraigados en el pais, y que la comunidad española es una de las más numerosas de la región. Colombia es hoy un socio preferente para Madrid; cada decisión regulatoria se lee con lupa en las sedes de las grandes compañías. Nada de eso se sostiene sin un Estado que garantice reglas claras, licencias previsibles y seguridad jurídica.

El precedente histórico que Colombia no debería olvidar

Colombia ya vivió algo parecido. A mediados de los noventa, las llamadas Convivir —cooperativas de vigilancia rural amparadas por un decreto de 1994— debían reforzar la seguridad en el campo. Terminaron señaladas por su vinculación con grupos paramilitares y con estructuras del narcotráfico, y acabaron desmontadas tras las advertencias de la propia Corte Constitucional. La lección es incómoda: la vigilancia sobre el delegado importa tanto como la amenaza.

El precedente pesa porque el debate se repite en toda la región. México aprobó en 2006 una ley federal de seguridad privada para ordenar un sector enormemente fragmentado, y años después seguía discutiendo cómo auditar a miles de empresas. En Perú y Ecuador se han multiplicado los interrogantes sobre compañías de vigilancia y armamento extraviado. Colombia, con un conflicto armado que aún no ha cerrado, añade un ingrediente propio: la frontera difusa entre seguridad legal y crimen organizado.

Para España, el capítulo se sigue con atención creciente. Lo que ocurra con estas cinco licencias —y con las que vengan después— marcará el clima de inversión y la protección de los activos españoles en Colombia durante los próximos meses. No es un ajuste menor ni un asunto exclusivamente colombiano. Es la frontera entre la seguridad entendida como servicio y la seguridad usada como coartada, y esa línea interesa a Madrid tanto como a Bogotá.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordena inspeccionar a las empresas de seguridad privada por presuntos nexos criminales y controlar el armamento que no aparece.
  • Datos importantes: Cinco compañías están señaladas: Maximus tiene la licencia cancelada, mientras Blink, Lost Prevention, Atenas y OL Security Group–Servisecurity afrontan procedimientos en fases distintas.
  • Resumen: España es uno de los principales inversores en Colombia, y el endurecimiento de la seguridad privada afecta de lleno a la protección de sus intereses empresariales en el país.

Canarias alcanza un récord de 148.807 autónomos tras sumar 3.207 altas en el último año

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Canarias alcanza 148.807 trabajadores por cuenta propia, su cifra más alta, tras sumar 628 altas en el último mes y 3.207 en un año (un 2,20%).
  • ¿Quién está detrás? El dato lo difunde el Gobierno de Canarias, con el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, como principal defensor de las ayudas al sector.
  • ¿Qué impacto tiene? El paro baja a 140.303 personas, el mejor septiembre desde 2007, y la afiliación total roza las 974.246 personas en el archipiélago.

Canarias ya tiene 148.807 autónomos, un récord histórico que crece por encima de la media nacional.

Los números que sostienen el récord de autónomos

El archipiélago cierra septiembre con 148.807 personas afiliadas al RETA (el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el encuadramiento de la Seguridad Social para quienes trabajan por cuenta propia). Son 628 altas más que el mes anterior, un 0,42%, y 3.207 más que hace un año, un 2,20%. Dicho de otra forma: casi nueve altas de autónomos cada día durante los últimos doce meses. El avance supera la media nacional, del 2,06%, y deja a las islas como la sexta comunidad con mayor crecimiento porcentual, según los datos difundidos por el portal de noticias del Gobierno de Canarias.

Septiembre deja el desempleo en 140.303 personas, 4.156 menos que en agosto, un 2,88% de caída, y firma el mayor descenso del paro entre todas las comunidades autónomas en ese mes. El Ejecutivo canario subraya que es el mejor dato para un septiembre desde 2007. En términos interanuales, el paro baja en 5.070 personas, un 3,49%, frente a una media nacional del 1,74%. El paro de larga duración se queda en 62.835 personas, su mejor registro desde enero de 2009.

La afiliación total a la Seguridad Social alcanza las 974.246 personas, 10.454 más que en agosto (1,08%) y cerca de 29.000 más que hace un año (3,07%). Canarias es la tercera comunidad donde más crece el empleo en el último mes y la sexta en el acumulado anual. Durante septiembre se formalizaron 69.664 contratos, un 16,31% más que en agosto y un 3,27% por encima del mismo mes del año anterior. Tres indicadores en verde y una pregunta de fondo: cuánto de este impulso sobrevive a la próxima desaceleración.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, atribuyó el récord a la estrategia del Ejecutivo en la nota difundida por el Gobierno de Canarias. “Alcanzar un nuevo récord de personas autónomas no es fruto de la casualidad”, afirmó, y defendió una política de apoyo “integral y estable” que no se limite a facilitar el alta, sino que acompañe también la consolidación del negocio.

Un récord de autónomos no se sostiene solo con altas: se sostiene con negocios que siguen vivos al tercer año.

Cuota cero, Concilia y Reactívate: las ayudas detrás del alza

En materia de apoyo al trabajo por cuenta propia, el Ejecutivo autonómico ha desplegado durante 2026 varias líneas: la cuota cero, que cubre la cotización de quienes inician o consolidan su actividad; el Programa Concilia, orientado a la conciliación familiar y laboral; las ayudas del programa +Uno 52 para la primera contratación de personas de 52 años o más; las subvenciones que bonifican parte de los intereses de préstamos destinados a inversiones productivas; las ayudas por incapacidad temporal; y el programa Reactívate, que acompaña a los autónomos en dificultades. Todas ellas se presentan como la explicación del récord, una lectura que firma el propio Gobierno y que conviene leer con la cautela de toda nota institucional.

Conviene mirar el detalle. El registro del RETA computa altas, no calidad ni continuidad del empleo creado, y muchos de de los negocios que abren lo hacen en comercio, restauración, transporte y servicios personales, los sectores donde el margen es más estrecho. Canarias es, además, una economía muy expuesta a la temporada alta: en 2020, el desplome del turismo llevó el paro a máximos y forzó a miles de trabajadores a reinventarse por su cuenta.

El Pulso Territorial

El Gobierno de Canarias es una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo en la Presidencia y Manuel Domínguez en la Vicepresidencia y la Consejería de Economía. La legislatura entra en su último tramo pleno: los comicios autonómicos están fijados para mayo de 2027 y cada dato de empleo se leerá ya en clave de campaña, aunque ninguna de las dos fuerzas ha dado por cerrada la estabilidad del pacto. En el mapa autonómico, el 2,20% canario supera el crecimiento medio nacional del 2,06% y comparte con Baleares el mismo modelo de economía insular muy dependiente de la temporada alta. La velocidad de las altas no siempre equivale a la calidad del empleo, y esa brecha ninguna estadística mensual la resuelve.

El calendario aprieta. Los datos de octubre llegarán a comienzos de noviembre y marcarán si el récord se mantiene o se corrige con el arranque de la temporada baja. El Ejecutivo debe remitir en las próximas semanas al Parlamento de Canarias el proyecto de presupuestos de 2027, donde se decidirá si las líneas de apoyo al autónomo conservan su dotación. De fondo, un indicador que mide altas registradas en el SEPE y una duda razonable: cuántos de esos proyectos seguirán en pie dentro de dos años. Y en el horizonte asoma mayo de 2027, con el mercado laboral convertido, un mes más, en el principal campo de batalla entre Gobierno y oposición en las islas.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias registra su cifra más alta de trabajadores por cuenta propia, 148.807, tras un año en el que se dieron de alta casi nueve autónomos al día en el archipiélago.
  • Datos importantes: 148.807 autónomos, con +628 en el último mes y +3.207 en un año (2,20% frente al 2,06% nacional); 140.303 parados tras caer 4.156 en septiembre; 974.246 afiliados a la Seguridad Social y 69.664 contratos formalizados.
  • Resumen: El Gobierno canario atribuye el récord a su batería de ayudas al trabajo autónomo. La próxima cita estadística llega a comienzos de noviembre, con los datos de octubre, y las elecciones autonómicas de mayo de 2027 marcan el calendario político.

Manifestación por la vivienda en Vigo: la Alianza pola Vivenda llama a la calle este sábado a las 19.00 horas

Vigo se echa a la calle este sábado contra la crisis de la vivienda: la Alianza pola Vivenda convoca una manifestación a las 19.00 horas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo ha convocado una manifestación para este sábado a las 19.00 horas, con salida del cruce de Vía Norte y Urzáiz y llegada a la Porta do Sol.
  • ¿Quién está detrás? La plataforma viguesa, el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivenda, que han extendido las convocatorias a A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Pontevedra.
  • ¿Qué impacto tiene? Las protestas llegan un día después de que el Congreso rechazara el decreto de vivienda, que incluía la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año.

De Urzáiz a la Porta do Sol: Vigo abre un fin de semana de protestas

La manifestación viguesa arrancará a las 19.00 horas en el cruce de Vía Norte y Urzáiz, y pondrá rumbo a la Porta do Sol. Los convocantes exigen «soluciones permanentes» ante una crisis habitacional que ya no admite parches ni anuncios puntuales.

La cita no es un hecho aislado. Galicia encadena una semana de concentraciones y este mismo sábado habrá actos en A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Pontevedra. El jueves se instaló en la Praza do Obradoiro una «Acampada pola vivenda» indefinida, y el Sindicato de Vivenda sostiene que la presión social «puede conseguir respuestas institucionales».

El detonante inmediato está en Madrid. Este viernes 2 de octubre, el Congreso rechazó el decreto ley de medidas sobre vivienda, que incluía la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. La votación terminó con 172 votos a favor —PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, el BNG, CC y Compromís— frente a los 178 del PP, Vox, Junts, y UPN. Un puñado de votos dejó sin efecto el escudo legal que protegía a los inquilinos más frágiles.

La lectura política no se agota en el hemiciclo. En Galicia, donde el alquiler lleva años tensionando las áreas urbanas, la movilización llega con el curso político en marcha y con las instituciones autonómicas como destinatarias últimas del mensaje. La vivienda se ha convertido en el eje que ordena el descontento urbano en buena parte del país.

La vivienda ha dejado de ser un asunto local: es ya el terreno donde se libra la batalla política por el voto de las ciudades.

Los partidos gallegos votaron en Madrid como votan en casa. El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, la formación independentista gallega y primera fuerza de la oposición) respaldó el decreto, mientras que el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, que gobierna la comunidad con mayorías absolutas desde 2009) acompañó el rechazo del grupo popular. El PSdeG (la federación gallega del PSOE) lo apoyó. Sobre el terreno, eso sí, las convocatorias parten de sindicatos y plataformas ciudadanas, no de las estructuras de partido.

Un decreto tumbado en Madrid y una marea que recorre Galicia

Alianza pola Vivenda

El calendario se extiende más allá de Vigo. En A Coruña, el Sindicato de Vivenda ha llamado a manifestarse a las 19.00 horas desde la Ronda de Outeiro con Avenida das Conchiñas hasta la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema «Contra el rentismo, por la huelga general. En Santiago de Compostela, la concentración será a las 12.00 horas en la Praza do Obradoiro, junto a la acampada. En Lugo, la cita es a las 19.00 horas ante el Ayuntamiento. Y en Pontevedra, una plataforma ciudadana ha convocado una concentración para el próximo lunes 5 de octubre a las 20.00 horas en la Praza da Peregrina.

Los promotores pontevedreses describen su convocatoria como una «respuesta local a la alarmante situación habitacional». La vivienda es competencia autonómica en buena parte de su política pública —suelo, promoción protegida, ayudas al alquiler—, de modo que el mensaje acaba interpelando directamente a la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) y a los ayuntamientos. La presión no se dirige solo al Congreso.

El Laboratorio Gallego

Galicia afronta este otoño con un mapa político estable y una agenda social cada vez más exigente. El PPdeG gobierna con mayoría absoluta, el BNG se ha consolidado como primera fuerza de la oposición y el PSdeG busca recomponer su espacio. La votación del Congreso dibuja una línea nítida que se replica en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados): el BNG votó con el Gobierno y el PP en contra. Es la misma geometría que aparece cada vez que la vivienda se cuela en el orden del día autonómico.

Y la dimensión nacional es difícil de esquivar. La vivienda se ha convertido en el asunto que más moviliza en las ciudades españolas, y Galicia aporta a ese debate su propio pulso: un mercado de alquiler estrecho y unos precios que se tensan en Vigo y A Coruña. Lo que se ensaya aquí tiende a repetirse semanas después en otras capitales. La incógnita es si la presión sostenida forzará a la Xunta a mover ficha antes de que avance el curso, o si el conflicto se enfría cuando lleguen los presupuestos.

Ficha del Caso

  • El caso: La Alianza pola Vivenda de Vigo y distintos sindicatos y plataformas han convocado protestas por la vivienda en toda Galicia, con Vigo como epicentro este sábado.
  • Datos importantes: Manifestación en Vigo este sábado a las 19.00 horas, de Vía Norte-Urzáiz a la Porta do Sol. El Congreso rechazó el decreto de vivienda por 178 votos frente a 172. Concentraciones en A Coruña (19.00), Santiago (12.00), Lugo (19.00) y Pontevedra (lunes 5, 20.00).
  • Resumen: La crisis habitacional empuja a la calle a Galicia un día después del varapalo parlamentario en Madrid, con la Xunta y los ayuntamientos como destinatarios de la presión.