Una jubilada de 87 años desahuciada en Madrid sitúa la crisis de la vivienda en el centro de Europa. Su caso ha cruzado fronteras y ha obligado a moverse a un Gobierno entero.
La protagonista se llama Maricarmen Abascal. Fue desalojada por la fuerza de su casa del barrio de Retiro y la reacción vecinal se convirtió en un acampe en la Puerta del Sol. La presión social consiguió devolverla a su domicilio. Y, de paso, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un decreto de emergencia habitacional al que casi todo el mundo conoce ya por su nombre de pila.
Del desalojo en Retiro al decreto bautizado como Maricarmen
Vamos por partes. El desahucio de una mujer de 87 años en Madrid saltó de la sección de sucesos a las portadas internacionales. En las protestas aparecieron activistas de una veintena de países, entre ellos Irlanda, Alemania, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Rumanía y Suiza.
El Ejecutivo respondió con el llamado decreto Maricarmen, una norma de emergencia que ha resultado extraordinariamente polémica y que, según el relato que circula por las redacciones europeas, dejó al Gobierno al borde del abismo. La vivienda ha pasado de asunto local a materia de Estado.
Qué se juega España con el precio del alquiler
España no es una excepción. Las ciudades que concentran el malestar son casi las mismas en todos los mapas: Roma, Berlín, Milán, Madrid, Barcelona, Bruselas y Lisboa. Según Eurostat, los precios de la vivienda subieron un 53% entre 2010 y 2024, mientras que los alquileres lo hicieron un 25%.
España comparte con Berlín y Roma el mismo nudo: el alquiler se ha convertido en el gasto que decide dónde puede vivir una familia.
El diagnóstico que maneja Bruselas apunta a varios factores que se refuerzan entre sí. Un informe de Franet, la red de investigación de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, señala el encarecimiento de los precios, el auge del alquiler turístico de corta duración, la caída de la inversión en vivienda pública y la insuficiencia de las ayudas vigentes.
Traducido al caso español, la ecuación tiene una arista incómoda: el alquiler turístico reduce la oferta residencial justo donde más presión hay. En un país donde el turismo sostiene una parte decisiva del empleo y buena parte del ahorro familiar está en ladrillo, cualquier norma que toque el alquiler mueve muchas piezas a la vez: propietarios pequeños, fondos de inversión, comunidades de vecinos y, sobre todo, inquilinos.
Y aquí está el detalle que casi nadie cuenta. El debate ya no se libra solo en el Congreso, sino también en Bruselas. Entre las propuestas que circulan está la creación de una agencia europea de la vivienda que coordine las políticas nacionales, una capa regulatoria más sobre un mercado que en España gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos.
Conviene recordar que la vivienda es en España una competencia principalmente autonómica, con el suelo y las licencias en manos de los ayuntamientos. Eso explica que el decreto haya caído en un tablero a varias bandas y que su aplicación dependa de lo que hagan las comunidades y los consistorios.
Para las promotoras, las gestoras de alquiler y las plataformas turísticas, esa acumulación de normas añade incertidumbre a un negocio de márgenes estrechos. Para el inquilino, todo se traduce en una cifra al mes.
Berlín, Nápoles y Bruselas: los precedentes que miran a España
El espejo más nítido está en Alemania. El pasado 20 de septiembre, Die Linke dio la sorpresa en las elecciones regionales de Berlín: con la jurista Elif Eralp, de 45 años, al frente, se impuso con un 25% de los votos frente al 20% de la CDU del canciller Friedrich Merz.
Su campaña se centró en la vivienda y llegó a proponer expropiaciones. En la capital alemana, los alquileres han crecido cerca de un 70% en la última década, según las estimaciones citadas durante la campaña.
Hay un segundo precedente en Italia. Como ya ocurriera en 2022, los estudiantes han vuelto a acampar frente a sus facultades en Milán, Parma y Palermo para protestar por el precio de una habitación. En Nápoles apareció una pancarta que lo resumía: ‘Expropiemos a los superricos’. El tercer frente es continental: una iniciativa ciudadana europea busca reunir 1,2 millones de firmas para exigir leyes de vivienda asequible. Si lo consigue, la Comisión Europea estará obligada a responder.
Ni la Iglesia ha quedado al margen. En el vuelo de regreso a Roma desde Francia, el papa León XIV se preguntó ante los periodistas cuál es el problema de un sistema que permite que una anciana ‘sea echada de su casa’, y avisó de que la escasez de vivienda no la podrá resolver ‘ninguna parroquia’. Su recado a los políticos fue explícito: hay que buscar la causa sistémica del problema.
La secuencia se repite con una diferencia importante. En 2022 el malestar se quedó en los campus italianos; ahora ya ha movido votos en Alemania y ha forzado un decreto en España. Conviene seguir tres cosas en las próximas semanas: la tramitación parlamentaria del decreto Maricarmen, la recogida de firmas de la iniciativa europea y la reacción de Bruselas si se alcanza la cifra. El precio del alquiler ha dejado de ser una queja privada.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Maricarmen Abascal, jubilada de 87 años, fue desalojada de su casa del barrio de Retiro, en Madrid. El acampe de la Puerta del Sol la devolvió a su domicilio.
- Datos importantes: Eurostat cifra en un 53% la subida de la vivienda en la UE (2010-2024). En Berlín, Die Linke ganó el 20 de septiembre.
- Resumen: La crisis habitacional europea entra en la agenda española por la vía de un desahucio y un decreto, con Bruselas y Alemania como próximas estaciones.
