La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han desarticulado un grupo criminal asentado en Barcelona con siete detenidos por asaltos violentos en viviendas y empresas. La operación se ha saldado con dos de los arrestados en situación de prisión provisional, según han informado este viernes fuentes de la investigación.
La investigación permitió esclarecer varios robos violentos cometidos en Cataluña y Castellón, en los que los asaltantes, presuntamente, usaban armas de fuego y cuchillos para amedrentar a las víctimas. En uno de los golpes más graves, los autores accedieron de madrugada a una empresa de recaudación de máquinas recreativas en Castellón de la Plana. Tras forzar el acceso y practicar un butrón —un agujero en la pared para burlar la seguridad—, permanecieron ocultos hasta la llegada de una empleada. A primera hora, la amenazaron con un arma de fuego para que abriera la caja fuerte, la maniataron y la amordazaron antes de huir con el dinero.
Los investigadores vincularon poco después a los sospechosos con otro asalto registrado en septiembre de 2025 en una vivienda de Osor (Girona). En aquel caso, los asaltantes irrumpieron de noche, cuando los propietarios dormían, y los ataron con bridas mientras los amenazaban con un cuchillo y un arma para forzar la apertura de la caja fuerte. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes identificaron a más miembros del grupo —la mayoría residentes en Barcelona y su área metropolitana— y los relacionaron con robos con fuerza en viviendas de Sant Sadurní d’Anoia, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui y Sant Fruitós de Bages, además de otro asalto en Monistrol de Montserrat el pasado enero.
Cómo seleccionaban los objetivos y se repartían las funciones
Según fuentes policiales, no se trataba de hechos aislados, sino de una organización estructurada con un reparto definido de tareas: autores materiales, vigilantes, conductores y apoyos logísticos. El grupo elegía viviendas y empresas en zonas de alto poder adquisitivo tras vigilancias previas y utilizaba vehículos y líneas telefónicas diferenciadas para cada golpe. La coordinación entre los miembros, apuntan los investigadores, era la clave para cometer los robos sin levantar sospechas.
Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con violencia, robos con fuerza y tráfico de drogas. Durante los siete registros practicados el pasado 19 de junio en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Girona, los agentes intervinieron dos armas de fuego simuladas, 16 relojes de alta gama, joyas, 115 gramos de cocaína, 700 gramos de marihuana y más de 2.000 euros en efectivo, además de un vehículo y documentación. En uno de los inmuebles se localizó también simbología vinculada a los Trinitarios, como collares, pañuelos y anotaciones con códigos internos, lo que llevó a los investigadores a apuntar que uno de los detenidos ejercía como líder y dirigía las acciones más violentas.
La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra atribuyen a los siete detenidos la presunta autoría de una serie de robos violentos cometidos tras vigilancias y con uso de armas.
Investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones
La operación, desarrollada en varias fases, ha contado con la colaboración de ambos cuerpos policiales. Las fuentes subrayan que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Dos de los siete arrestados han ingresado en prisión provisional, medida cautelar que implica su ingreso en un centro penitenciario sin que exista aún condena firme.
La causa permanece bajo secreto en parte de las actuaciones y los detenidos pasarán a disposición del juzgado de instrucción correspondiente en los próximos días. La investigación continúa para esclarecer si el grupo cometió más robos y si existen otros implicados aún en libertad.
Las solicitudes de cofinanciación del parque eólico de Labraza, en Álava, han alcanzado 6,6 millones de euros, más del doble del tope de 3 millones fijado por la sociedad promotora, según adelantó elDiario.es/Euskadi.
El entusiasmo por participar en el primer proyecto eólico vasco en veinte años ha superado todas las previsiones. Finalmente, serán 88 los ciudadanos que inviertan en la iniciativa a través del sistema de crowdlending, una fórmula de préstamo colectivo que les garantiza un interés anual del 7 % a tres años.
La respuesta vecinal supera todas las previsiones
La sociedad Aixeindar, constituida por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE), lanzó el pasado 18 de mayo una oferta de cofinanciación ciudadana por un máximo de 3 millones de euros. La demanda, sin embargo, ha doblado esa cifra: se han recibido peticiones por importe de 6,6 millones de euros, según las mismas fuentes.
La campaña daba prioridad a los habitantes de las localidades más próximas al parque: Labraza, Barriobusto, Oyón y toda la comarca de Rioja Alavesa. De hecho, más de un tercio de la aportación total, 1,1 millones de euros, se ha cubierto por vecinos de Labraza Barriobusto y Oyón. Sumando el resto de la Rioja Alavesa, las solicitudes de esa zona superan el 60 % del total. Las peticiones procedentes de otros puntos de Álava rozan los 1,17 millones de euros.
En cuanto al perfil inversor, el 16 % de las aportaciones individuales no rebasa los 5.000 euros, mientras que el 42 % se sitúa entre 5.000 y 25.000 euros y otro 42 % supera esa última cifra, de acuerdo con los datos facilitados por Aixeindar.
El modelo de cofinanciación ciudadana ha despertado un interés que duplica el capital ofrecido, con una fuerte implicación de los vecinos de la zona prioritaria.
Cómo funciona el ‘crowdlending’ y qué retorno obtienen los inversores
El modelo elegido, conocido como crowdlending, consiste en un préstamo colectivo a la sociedad promotora a cambio de un interés fijo. En este caso, el tipo pactado es del 7 % anual durante un plazo de tres años, con un rango de inversión que oscilaba entre 1.000 euros y 100.000 euros por persona. La operación, explicaron desde Aixeindar, permite a los vecinos beneficiarse además de una tarifa eléctrica reducida durante toda la vida útil del parque.
“Se demuestra el gran interés suscitado por el sistema de cofinanciación ciudadana tanto en Rioja Alavesa como en el conjunto del territorio histórico de Álava”, señalaron fuentes oficiales de la empresa a elDiario.es.
El primer parque eólico vasco en dos décadas: datos clave y perspectivas
El parque de Labraza, situado en el término municipal de Oyón, tendrá una potencia global de 40 megavatios (MW), lo que supone incrementar la potencia eólica instalada actual de Euskadi en un 26 %. La comunidad autónoma cuenta hoy con apenas 155 MW repartidos en cuatro parques —Oiz, Elgea, Urkilla y Badaia— y una pequeña instalación en Punta Lucero. Con los nuevos aerogeneradores, la cifra rozará los 193 MW, un incremento modesto en comparación con los más de 30.000 MW de potencia eólica que acumula España, pero con un fuerte valor simbólico por ser el primer parque autorizado en Euskadi en 20 años.
La inversión total asciende a 59 millones de euros, una operación público-privada en la que Iberdrola y el EVE —dependiente del Gobierno Vasco— comparten el riesgo. Una vez en funcionamiento, el parque generará anualmente 99.679 megavatios hora, suficientes para abastecer a unos 30.000 hogares y evitar la emisión de 16.300 toneladas de CO₂, de acuerdo con los cálculos de la promotora.
Las obras ya han comenzado, aunque la puesta en marcha se ha retrasado respecto al calendario inicial. El Gobierno vasco había anunciado la entrada en servicio para finales de 2025, pero Aixeindar sitúa ahora el horizonte a finales de 2027. El retraso no solo afecta a Labraza: el segundo parque previsto por la misma sociedad, Azaceta, también en Álava, aún carece de fecha de inicio de obras.
A pesar de ello, el proyecto supone un hito para la política energética vasca, que llevaba dos décadas sin autorizar nuevos parques eólicos terrestres en un contexto de fuerte contestación social y exigencias ambientales. La experiencia de cofinanciación ciudadana, además, podría replicarse en otras comunidades autónomas que buscan acelerar la implantación de renovables con participación local, un factor cada vez más decisivo en la aceptación de grandes infraestructuras energéticas.
Te ofrezco los detalles verificados de un crimen en la localidad leonesa de Camponaraya. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 34 años, cuyo cuerpo fue hallado con un fuerte golpe en la cabeza. Un hombre de 65 años ha sido detenido como presunto autor de los hechos y ha ingresado en prisión provisional por orden judicial, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.
El aviso y la actuación de la Guardia Civil
Los hechos se remontan a la noche del pasado martes 30 de junio, alrededor de las 22.00 horas. El 112 recibió una llamada que alertaba de una fuerte discusión en el interior de un domicilio de Camponaraya. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y efectivos sanitarios. Al acceder a la vivienda, los agentes encontraron a la víctima tendida en el suelo, ya sin vida. Los servicios médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.
En una de las habitaciones de la misma vivienda se hallaba el presunto agresor, un varón de 65 años que fue detenido en ese mismo momento. Posteriormente, fue trasladado al puesto de la Guardia Civil en Cacabelos para la instrucción de las diligencias iniciales.
Qué se sabe hasta ahora sobre la causa de la muerte
Según los primeros indicios recabados por la Guardia Civil, la mujer presentaba un traumatismo craneoencefálico severo provocado por un objeto contundente. Las pesquisas apuntan a que se trataba de un hacha, que fue hallada en el lugar de los hechos. La investigación permanece abierta y bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen ni sobre la relación entre víctima y agresor.
La autopsia definitiva, que se practicará en las próximas horas, permitirá confirmar la causa exacta de la muerte y determinar si existieron otras lesiones. Además, los investigadores analizan los restos biológicos y las huellas encontradas en la vivienda para reconstruir la secuencia del crimen.
La víctima falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza asestado presuntamente con un objeto contundente, y el detenido se encuentra en prisión a la espera de juicio.
La situación procesal del detenido y próximos pasos
Tras su detención, el hombre pasó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada. La jueza instructora, tras escuchar a las partes, acordó la prisión provisional (medida cautelar durante la investigación, sin condena previa), comunicada y sin fianza, por un presunto delito de homicidio doloso. El detenido ha ingresado en el Centro Penitenciario de Villahierro.
Esta medida se justifica, según fuentes jurídicas, por la existencia de indicios sólidos que apuntan a su participación en los hechos y por el riesgo de fuga. La defensa puede recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial de León.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo secreto de sumario. La Guardia Civil se ha incautado de varios efectos, incluida el hacha, y está analizando las pruebas recogidas en el lugar. También toma declaración a vecinos y posibles testigos de lo ocurrido aquella noche en Camponaraya.
Se desconoce la relación entre víctima y agresor, un extremo clave para el esclarecimiento del móvil. Las autoridades no han facilitado más datos sobre la identidad de la mujer fallecida, más allá de su edad y el lugar del suceso.
El PP de Galicia ha registrado este viernes una proposición no de ley que exige la dimisión de Yolanda Díaz por su «silencio cómplice» ante la condena a nueve años y medio de prisión del exdiputado autonómico Xabier Ron, condenado por agresión sexual continuada a una menor de doce años. La iniciativa, anunciada por el portavoz popular Alberto Pazos, busca forzar la salida de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar después de que la Audiencia Provincial de A Coruña hiciera pública la sentencia sin que el espacio político de Díaz reaccionara oficialmente.
La ofensiva del PP gallego
La proposición no de ley , registrada ayer en el Parlamento de Galicia, no se limita a pedir la renuncia de Díaz. La formación conservadora quiere que todas las fuerzas con representación en la cámara autonómica condenen este tipo de conductas y se comprometan a apartar de inmediato a cualquier cargo sobre el que pesen «indicios razonables» de delitos sexuales. En la exposición de motivos, los populares hablan de «máximo rechazo institucional a estos hechos repugnantes» y de la necesidad de blindar las aulas para que ningún docente con historial de abusos pueda volver a dar clase.
El ataque a Yolanda Díaz no es colateral. Es el centro de la operación política del PP gallego. Fuentes del partido subrayan que Díaz fue compañera de escaño de Ron en el Parlamento de Galicia cuando ambos formaban parte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), la coalición que dio origen al espacio político que hoy ocupa Sumar. Ese vínculo, insiste el PP, convierte el silencio de la vicepresidenta en una «cobardía política» que la inhabilita para seguir en el Gobierno de coalición.
El silencio estratégico de Sumar y sus costes políticos
Ni Yolanda Díaz ni Sumar han emitido hasta ahora un solo comunicado sobre el caso. Tampoco lo han hecho las principales figuras de los confluentes gallegos, que hasta la fecha habían reaccionado con rapidez ante escándalos similares en otros territorios. La lectura interna que se hace en la formación es que abrir ese melón ahora, con las negociaciones presupuestarias con el PSOE aún abiertas y la izquierda midiendo fuerzas en varios parlamentos autonómicos, podría desgastar aún más la ya frágil cohesión del espacio. Pero la estrategia tiene un riesgo evidente: cuanto más se alarga el silencio, más crece la percepción de que Sumar aplica un doble rasero en función de quién sea el señalado.
No ayuda que el historial reciente de la izquierda esté salpicado por casos que el PP no ha tardado en recordar. En su intervención, Alberto Pazos mencionó expresamente los nombres de Iñigo Errejón, del exfugitivo Martiño Ramos Soto y del asesor de Esquerda UnidaRamiro Santalices. La enumeración es una enmienda a la totalidad al discurso feminista que Sumar ha enarbolado como bandera y que ahora corre el riesgo de quedar en entredicho si no se produce un desmarque contundente y rápido.
El silencio de Sumar deja al descubierto una tensión que va más allá del caso Ron: la izquierda aún no ha encontrado un protocolo claro para gestionar las conductas de sus propios cargos sin destruirse a sí misma.
Fuentes del Grupo Parlamentario Sumar reconocen en privado que el asunto incomoda profundamente a la dirección, pero insisten en que no hay una decisión tomada sobre si la vicepresidenta debe pronunciarse personalmente o si basta con un comunicado genérico del partido. Mientras tanto, el relato que avanza es el que impone el PP.
La dinámica interna
El escándalo Ron tensiona las costuras de un Sumar que ya venía arrastrando dificultades para encontrar su tono en los debates de tolerancia cero. La coalición alberga sensibilidades muy distintas: desde los sectores más vinculados al feminismo institucional, que exigirían una condena inmediata, hasta quienes temen que cualquier movimiento en falso pueda ser utilizado por el PSOE para debilitar el perfil propio de la formación dentro del Gobierno de coalición. En Galicia, donde la implantación de Sumar es aún incipiente y depende en gran medida del tirón de Yolanda Díaz, el caso puede hacer mella en un electorado joven y urbano especialmente sensible a este tipo de noticias.
La dimensión coalición con el PSOE no es menor. Los socialistas observan con cautela el desarrollo de los acontecimientos. Saben que cualquier tropiezo de Díaz en un asunto de violencia sexual —justo cuando el Gobierno negocia medidas como la ampliación de los permisos de paternidad o la reforma de la ley de trata— puede ser aprovechado por la oposición para erosionar al conjunto del Ejecutivo. Sumar necesita decidir rápido si protege a su líder, a la coalición o a su capital político, porque las tres cosas parecen cada vez más difíciles de salvar a la vez.
La próxima semana, el debate de la proposición no de ley en el Parlamento gallego obligará a los partidos a retratarse. El foco volverá a ponerse sobre Sumar y sobre una Yolanda Díaz que, hasta ahora, ha optado por no hablar. El tiempo de los silencios se acaba.
Ficha del Caso
El caso:Xabier Ron, exdiputado de Alternativa Galega de Esquerda (espacio integrado en Sumar), ha sido condenado a nueve años y medio de prisión por agresión sexual continuada a una menor de 12 años. El PP de Galicia exige la dimisión de Yolanda Díaz por su «silencio cómplice».
Datos importantes: La sentencia impone también una inhabilitación de 15 años para ejercer la docencia. La proposición no de ley del PP se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Galicia. Sumar no ha emitido comunicado oficial al cierre de esta edición.
Resumen: La falta de reacción de Sumar ante la condena de un antiguo compañero de escaño de Yolanda Díaz abre una brecha entre el discurso feminista de la formación y su capacidad para gestionar las crisis internas, y ofrece al PP un argumento para desgastar al Gobierno de coalición.
El Consejo de Gobierno autorizó esta semana el inicio de la licitación de los servicios de ambulancias urgentes y programadas de Osakidetza, con un coste que supera los diez millones de euros mensuales, según ha podido confirmar Moncloa.com a partir de la información del Gobierno Vasco.
La decisión, adelantada por elDiario.es y confirmada por esta redacción, fue adoptada el martes en una sesión del Consejo de Gobierno fuera del orden del día. El acuerdo permite al consejero de Salud, Alberto Martínez, poner en marcha dos expedientes de contratación por importes superiores a los cinco millones de euros cada uno, tal y como exige un decreto autonómico de 2016 para las licitaciones más cuantiosas.
El doble contrato y el legado de la crisis de Grup La Pau
Osakidetza tiene externalizados dos tipos de transporte sanitario. Por un lado, las ambulancias de emergencias, los vehículos amarillos; por otro, las programadas, de color azul y blanco. Las UVI móviles, en cambio, se gestionan con personal propio del Servicio Vasco de Salud. Cada licitación se tramita por separado, aunque ambas suman un coste mensual que supera holgadamente los diez millones de euros, lo que las convierte en la mayor externalización de la sanidad pública vasca.
Con esta nueva convocatoria se pretende regularizar la situación de interinidad que arrastra el sector desde finales de 2024, cuando se rescindieron anticipadamente los contratos con Grup La Pau, la cooperativa catalana que gestionaba las ambulancias en Bizkaia y Álava.
La empresa acumuló decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo y llegó a impagar nóminas a sus trabajadores, lo que derivó en un proceso concursal. Aquella crisis obligó al Gobierno Vasco a firmar contratos de emergencia, directos y sin concurso, para garantizar la continuidad del servicio.
En Álava, la solución pasó por ampliar el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa, que ya era la adjudicataria en ese territorio. En Bizkaia, se constituyó la UTE Bizkanb, una unión temporal integrada por la división sanitaria de Alsa (Sanir) y la navarra Baztan-Bidasoa. Aquellos contratos de emergencia, inicialmente previstos para catorce meses y con un presupuesto de 110 millones de euros, se han mantenido de forma indefinida a la espera de la licitación ahora autorizada.
La nueva licitación busca poner fin a dos años de adjudicaciones provisionales en Bizkaia y Álava y devolver la estabilidad a un servicio esencial.
Próximos trámites y un precedente que aconseja paciencia
Con la autorización de gasto ya aprobada, se activarán los expedientes 16/2026/PS, relativo a las ambulancias urgentes, y 17/2026-PS, para el servicio programado. El valor estimado de cada uno supera con creces los cinco millones de euros, el umbral que activa la intervención del Consejo de Gobierno según el decreto de 2016. Fuentes de Osakidetza consultadas por esta redacción indican que los pliegos se harán públicos antes del parón vacacional y que, a partir de ese momento, se abrirá el plazo para que las empresas presenten sus ofertas.
La tramitación, sin embargo, podría demorarse. La experiencia de la anterior convocatoria recomienda cautela: los pliegos de aquel concurso se publicaron en diciembre de 2023 y las adjudicaciones no llegaron hasta el verano de 2024, varios meses después, en un contexto condicionado por las incidencias con Grup La Pau. Ahora, desde el Departamento de Salud no se descarta que se interpongan recursos. Asimismo, los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco han mostrado interés en conocer los detalles de la nueva contratación, aunque por el momento no se ha fijado una comparecencia del consejero.
El Consejo de Gobierno cumple así con el decreto de 2016 que reserva a este órgano la autorización de los contratos de mayor envergadura económica. La licitación sienta las bases para que Osakidetza pueda dotar de estabilidad a un servicio que transporta cada año miles de pacientes en Euskadi y que moviliza cientos de puestos de trabajo y decenas de vehículos en los tres territorios.
Las fuerzas a la izquierda del PSPV en la ciudad de València sellan este sábado una alianza inédita para respaldar a Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía. Podem, Esquerra Unida, Movimiento Sumar y Esquerra Republicana del País Valencià arroparán a la exvicepresidenta en su acto de ratificación, en un movimiento que busca desbordar las siglas de Compromís y reeditar la mayoría social que llevó a Joan Ribó al gobierno municipal en 2015.
El evento, donde también participarán sindicatos y entidades vecinales, trascenderá el mero saludo protocolario. La apuesta de Oltra es unir a todas las sensibilidades de izquierdas bajo una candidatura “unitaria e ilusionante”, según los términos aprobados por la ejecutiva de Compromís. Pero la operación genera debate interno: una parte de la formación valencianista teme diluir su marca, ahora que las encuestas le auguran incluso un sorpaso al PSPV en autonómicas.
Las cifras del voto municipal en València ilustran el dilema. En 2015, la confluencia de formaciones como las que hoy arropan a Oltra sumó 60.000 votos y tres concejales, clave para desbancar al PP. En 2023, sin embargo, esa misma suma apenas alcanzó 10.000 apoyos, irrelevantes en el reparto de escaños. La exvicepresidenta no pretende solo arañar esos pocos miles: su objetivo es sacar de la abstención a los miles de valencianos que se quedaron en casa tras la experiencia del gobierno tripartito.
El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, matizó esta semana: “más que desbordar las siglas, lo importante es desbordar las urnas”. Baldoví maneja datos del CIS que sitúan a su partido en condiciones de superar al PSPV sin necesidad de ampliar la coalición. Su prudencia refleja la tensión entre quienes apuestan por la marca propia y quienes, como Oltra, ven en la suma de siglas la única vía para recuperar la ilusión perdida.
El acto contará con la bendición del exalcalde Joan Ribó, que presentará a Oltra y trasladará la decisión de la ejecutiva de integrar a otros partidos y a la sociedad civil. Después, la asamblea de Compromís votará —previsiblemente a mano alzada— la candidatura. La votación será el primer termómetro del respaldo orgánico a la estrategia de ampliación.
La operación de Oltra no busca solo sumar siglas: aspira a reactivar a los 50.000 electores que dejaron de votar a la izquierda municipal tras 2015, convencidos de que la suma vuelve a ser posible.
Si la asamblea respalda la hoja de ruta, se abrirá un proceso de negociación con las fuerzas ya comprometidas y con otras entidades. No está claro aún si la candidatura mantendrá la marca de Compromís, adoptará un nombre de coalición o recurrirá a una plataforma ciudadana. La ambigüedad es deliberada, pero el mensaje de unidad ya está lanzado.
La tensión entre ‘desbordar siglas’ y preservar la marca
Dentro de Compromís conviven dos almas. La mayoritaria, representada por Baldoví, defiende que la formación está en su mejor momento demoscópico y no necesita compartir espacio con partidos marginales. La otra, encabezada por Oltra y apoyada por Ribó, considera que la hegemonía electoral en la izquierda valenciana pasa por recomponer el bloque que se rompió en 2019 y arrastrar a los desmovilizados.
Las cuatro formaciones que la arropan —Podem, EU, Sumar y ERC— apenas suman hoy una décima parte de los votos que consiguieron juntas en 2015. Su concurso simbólico, sin embargo, tiene un valor movilizador mayor que su peso electoral. Oltra confía en que su presencia active una red de simpatizantes que no se sienten representados por la marca Compromís en solitario.
La Dinámica de Coalición
El movimiento de Oltra obliga a leer el ecosistema de la izquierda valenciana en clave de fuerzas y equilibrios. Movimiento Sumar es la expresión local del proyecto de Yolanda Díaz, que busca arraigo territorial. Podem, pese a sus tensiones estatales con Sumar, asume el pragmatismo. Esquerra Unida y Esquerra Republicana ven la oportunidad de recuperar presencia institucional. Lo que está en juego es la capacidad de articular un espacio propio sin depender del PSPV.
Las cifras son elocuentes: los 10.000 votos de 2023 no dan ni para un concejal, mientras que Compromís rozó los 100.000. La ampliación dependerá de que el electorado deje de ver a los partidos menores como un lastre. El reto es enorme, pero el precedente de 2015 demuestra que una coalición amplia puede dar la vuelta al tablero.
La proyección inmediata pasa por la asamblea de este sábado. Si la militancia de Compromís da un respaldo claro a la estrategia de Oltra, se pondrá en marcha una mesa de negociación que deberá definir las reglas de la coalición. El calendario municipal forzará a cerrar la fórmula en los próximos meses, con la vista puesta en las elecciones de 2027.
Ficha del Caso
El caso: Mónica Oltra, candidata a la Alcaldía de València, recibe el respaldo de Podem, EU, Movimiento Sumar y ERC en su acto de ratificación, con el objetivo de ampliar Compromís y recuperar el voto progresista desmovilizado.
Datos importantes: En 2015, una suma similar obtuvo 60.000 votos y tres concejales; en 2023, apenas 10.000. La asamblea de Compromís votará la candidatura este sábado.
Resumen: La operación pone a prueba la cohesión interna de Compromís y la viabilidad de una alianza amplia de izquierdas en València, en un contexto de crecimiento electoral de la marca propia.
La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en El Puerto de Santa María con once detenidos y la intervención de 1,8 millones de euros en efectivo, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha ocurrido? La Guardia Civil ha detenido a once personas y ha intervenido 1,8 millones de euros en efectivo en una operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico en El Puerto de Santa María.
¿Dónde y cuándo? Los registros se practicaron en locales de ocio nocturno de Cádiz y Sevilla el miércoles 1 de julio de 2026.
¿Qué resultado? Once detenidos, una persona investigada y la incautación de 1,8 millones de euros, la mayor parte (1,2 millones) en establecimientos del promotor Pascual Llopis.
El operativo, aún en curso, se ha saldado además con la imputación de una persona y el registro de locales vinculados al ocio nocturno en las provincias de Cádiz y Sevilla. La investigación apunta a una red de blanqueo de capitaes que usaba negocios de hostelería para reintroducir los beneficios del tráfico de drogas.
Entre los detenidos se encuentra el empresario Pascual Llopis, conocido promotor de eventos y propietario de los locales de moda Banana y Margarita, en El Puerto. Según fuentes del caso, en los registros practicados en sus establecimientos los agentes localizaron 1,2 millones de euros en efectivo del total incautado.
El juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María levantó este miércoles el secreto de sumario, lo que ha permitido a la Guardia Civil ampliar las actuaciones. Los agentes se personaron en la Diputación Provincial de Cádiz y en la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía para requerir expedientes de patrocinios por importe superior al millón de euros.
Aunque el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, reconoció su trato con Llopis, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aclarado que el regidor no figura como investigado. No obstante, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La operación demuestra la capacidad de la Guardia Civil para desenredar las complejas tramas de blanqueo de capitales que nutren al narcotráfico, una prioridad estratégica del Instituto Armado.
Los once arrestados, de los cuales tres quedaron en libertad con cargos, pasarán este viernes 3 de julio a disposición judicial. Ocho permanecen en los calabozos a la espera de declarar ante el juez.
El Contexto Operativo
El blanqueo de capitales procedente del narcotráfico constituye una de las mayores amenazas para la seguridad económica, al infiltrar grandes sumas de dinero ilegal en el circuito legal a través de negocios aparentemente lícitos. La operación de El Puerto de Santa María ilustra el modus operandi habitual: empresarios del ocio nocturno que utilizan sus establecimientos para camuflar ingresos ilícitos, a menudo con la cobertura de contratos públicos.
Solo en 2024, la Guardia Civil desarticuló 127 organizaciones de narcotráfico y confiscó 85 toneladas de cocaína, según el último balance del Ministerio del Interior. Las investigaciones contra el blanqueo de capitales son una herramienta fundamental para descapitalizar estas redes y prevenir que los beneficios del delito se reinviertan. Aunque el secreto de sumario acaba de levantarse, la Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de trabajo que podrían derivar en nuevas detenciones y en el esclarecimiento de toda la trama.
¿Qué ha pasado? Ursula von der Leyen ha advertido de que, sin nuevos recursos propios, el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) sufrirá un recorte del 40 %, equivalente a unos 66.000 millones de euros anuales.
¿Quién está detrás? La presidenta de la Comisión Europea responde a la presión de los países frugales —Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos—, que exigen contener el gasto pese a la necesidad de financiar el rearme y la competitividad.
¿Qué impacto tiene? Para España, el tijeretazo amenazaría fondos de cohesión y agricultura, partidas de las que es receptora neta. Sin acuerdo, las cuentas comunitarias quedarían en su nivel más bajo en décadas y harían inviable la financiación de nuevas prioridades.
El presupuesto de la Unión Europea se enfrenta a la tijera más drástica desde las crisis de 2008. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha puesto cifras este jueves a una amenaza que sobrevuela las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034: si los Veintisiete no logran pactar nuevas fuentes de ingresos, las cuentas comunitarias sufrirán un recorte del 40 %, lo que se traduce en 66.000 millones de euros menos al año.
La advertencia llegó durante la intervención de Von der Leyen en Cork, con motivo del estreno de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE. ‘Si no se quiere aumentar las contribuciones nacionales y no hay nuevos recursos propios, hay que hacer recortes’, remarcó. Y añadió: ‘Esto significaría un recorte del 40 % respecto a nuestra propuesta’. Su cálculo parte de la necesidad de compensar alrededor de 66.000 millones anuales en un escenario sin ingresos frescos y con los países frugales —encabezados por Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos— manteniendo el freno a cualquier subida de las aportaciones nacionales.
El debate no es nuevo, pero sí el más tenso desde la aprobación del paquete Next Generation EU. Ahora, la UE necesita financiar el rearme del bloque y las inversiones en competitividad sin dejar de lado partidas históricas como la cohesión y la agricultura. Von der Leyen insistió en que la única salida pasa por activar los llamados recursos propios —vías de financiación que no dependan directamente de los cheques nacionales— y recordó que la Comisión Europea ya puso sobre la mesa hace un año un catálogo de opciones.
Entre ellas figuran aumentar el porcentaje del IVA y de los derechos de aduana que se destinan al presupuesto comunitario, los cobros vinculados al sistema de comercio de emisiones (ETS) y al arancel climático (CBAM), una cesión parcial de los impuestos especiales sobre el tabaco, un nuevo gravamen a las empresas con facturación superior a 100 millones de euros, y una tasa sobre los residuos electrónicos no reciclados. A estas se suman ahora las tres propuestas del Parlamento Europeo: un impuesto sobre las multinacionales digitales, otro sobre los criptoactivos y un tercero sobre el juego online.
La novedad es que la Eurocámara ofrece un recambio a la tasa empresarial que provoca rechazo frontal en varias capitales.
Esas iniciativas parlamentarias buscan reemplazar el controvertido impuesto a todas las compañías que facturen más de 100 millones de euros al año, una idea que genera fuerte oposición en países que temen perder competitividad. Los técnicos de Bruselas consideran que existe margen para combinar las alternativas, siempre que la cifra final supere los 66.000 millones de euros si se quiere mantener el nivel de ambición actual.
El aviso de Von der Leyen en el estreno de la presidencia irlandesa
El discurso de Cork no fue una mera reflexión académica. Se produjo en el arranque del semestre en que Irlanda toma el timón del Consejo y cuando los contactos informales sobre el MFP empiezan a acelerarse. La presidenta de la Comisión quiso dejar claro que la aritmética es tozuda: sin recursos propios, toca recortar.
Von der Leyen no ocultó la referencia directa a los frugales, que llevan meses presionando para que el próximo marco financiero no supere el 1 % de la renta nacional bruta de la UE. Si esa cifra se impone, el margen para financiar las nuevas prioridades —defensa, resiliencia industrial, doble transición— desaparecerá. ‘Muestra lo importante y crucial que es la necesidad de nuevos recursos propios’, dijo, en una frase que las delegaciones de los países del sur interpretan como un respaldo tácito a su posición.
Lo que subyace es una ecuación incómoda. Alemania y sus aliados fiscales quieren congelar aportaciones, pero a la vez demandan que la UE despliegue un músculo inversor inédito en seguridad y autonomía estratégica. Sin un cajón común alimentado por ingresos genuinamente europeos, ese equilibrio es imposible.
Las nuevas vías de ingresos: del IVA al impuesto digital
La Comisión concretó su propuesta hace un año, aunque entonces quedó aparcada por falta de consenso. Ahora regresa con urgencia. La idea es que Bruselas retenga una mayor porción de los ingresos por IVA y aduanas que ya recaudan los Estados, además de nutrirse de los derechos de emisión y del nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). A eso se añadirían una transmisión de parte de los impuestos especiales sobre el tabaco, el gravamen a los residuos electrónicos no reciclados y el polémico impuesto a las grandes empresas.
El Parlamento Europeo, cansado del bloqueo, ha movido ficha con tres tributos que aspiran a sortear los vetos nacionales: un impuesto sobre los gigantes digitales, pensado para gravar los beneficios que hoy escapan al fisco europeo; una tasa sobre las transacciones de criptoactivos; y un gravamen al juego online. Las tres figuras juntas podrían sumar una recaudación suficiente para sustituir el impuesto empresarial, la medida que más ampollas levanta en los Veintisiete.
Sin embargo, el punto débil sigue siendo el mismo: cualquier nuevo recurso requiere la unanimidad de los Estados miembros en el Consejo, y esa regla ya ha hecho descarrilar intentos similares en el pasado. Los precedentes —la tasa a las transacciones financieras o el propio impuesto digital— son un recordatorio de que incluso las fórmulas más consensuadas acaban muriendo por el veto de un solo país.
El Eje del Poder Europeo
La batalla por los recursos propios es, en realidad, un pulso entre dos modelos de Europa. De un lado, los frugales del norte escudriñan cada euro y exigen que el MFP 2028-2034 se ajuste a un corsé de gasto inferior al 1 % de la renta nacional bruta. Del otro, los países del sur y del este —con España como uno de los más vocales— defienden que la UE no puede cumplir sus nuevos objetivos con un presupuesto menguante y sin una fiscalidad propia.
Para España, el recorte del 40 % no es solo una cifra abstracta. Significaría menos fondos de cohesión, menos ayudas agrícolas y menos capacidad para desplegar la política regional que vertebra territorios. En la balanza actual, nuestro país es receptor neto: por cada euro que aporta recibe más en transferencias. Un tijeretazo de esta magnitud invertiría esa lógica y dejaría sin margen a las comunidades autónomas que dependen de los programas plurianuales.
Pero la presión geopolítica juega a favor de quienes piden más ingresos comunes. La guerra en Ucrania, la amenaza arancelaria de Washington y la urgencia de rearmar el continente han creado una ventana de oportunidad que no existía en 2020. Varias fuentes diplomáticas consultadas por esta redacción coinciden en que, por primera vez, incluso Berlín admite en privado que el tablero ha cambiado y que el 1 % del PIB comunitario ya no basta. El problema es que el consenso público alemán sigue anclado en la austeridad, y ningún canciller quiere llegar a las urnas con una subida de la factura europea.
La presidencia irlandesa, que acaba de arrancar, será clave para medir la temperatura de las capitales. Los próximos meses verán una serie de reuniones técnicas del Consejo donde se empezará a trazar el esqueleto del MFP. Si entonces no hay avances reales en los recursos propios, la amenaza del 40 % dejará de ser un aviso para convertirse en el escenario base.
La venta de Tubos Reunidos, la siderúrgica alavesa en concurso de acreedores, entra en su fase decisiva con la apertura del plazo para recibir ofertas de compra. La compañía busca una solución que evite la liquidación y mantenga la actividad en sus plantas de Amurrio y Laudio, mientras los primeros nombres de posibles interesados ya circulan en el sector.
Plazos y reglas de la operación
El proceso arrancó el pasado 30 de junio y establece una primera fase en la que los interesados deben manifestar su voluntad de participar y firmar un acuerdo de confidencialidad para acceder a la información financiera y operativa de la empresa. La fecha clave será el 14 de septiembre, cuando finaliza el plazo para presentar ofertas vinculantes, según las condiciones marcadas por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria que supervisa el concurso.
La documentación judicial prioriza las propuestas que afecten al conjunto de la compañía, pero deja la puerta abierta a ofertas parciales por unidades productivas si no se reciben peticiones globales. Una de las incógnitas es si un comprador asumirá la totalidad de la estructura, incluida la deuda y los compromisos laborales, o si se impondrá una segmentación de los activos.
Jainaga y Tubacex, los primeros nombres
Dos actores principales del sector siderúrgico vasco suenan con fuerza para esta operación. Por un lado, José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y también máximo responsable de Talgo tras la entrada del Gobierno vasco en el fabricante de trenes. Por otro, Tubacex, empresa con sede en Álava y dedicada igualmente a la fabricación de tubos, lo que la convierte en un competidor natural de Tubos Reunidos.
Jainaga ya anticipó en febrero de 2026, antes de que Tubos Reunidos solicitara el concurso, su intención de impulsar una integración de las siderúrgicas vascas. «La fusión de las siderúrgicas sigue teniendo sentido», afirmó entonces en un foro económico, recordando una propuesta similar que planteó en 2020 y que no prosperó por la negativa del resto de directivos. Desde Sidenor y Tubacex se ha evitado hacer comentarios sobre el proceso, amparándose en la confidencialidad exigida por el concurso.
El Gobierno vasco y los riesgos judiciales
El Gobierno vasco sigue el proceso con atención y podría intervenir a través del fondo público Finkatuz si se concreta una propuesta empresarial considerada solvente y con un plan de viabilidad que garantice la continuidad de la actividad y el empleo. Fuentes del Ejecutivo autonómico han subrayado que cualquier posible participación se regiría por los mismos criterios que ya se aplicaron en la operación de Talgo: respaldo a un socio industrial con capacidad de gestión y proyecto a largo plazo.
El concurso de Tubos Reunidos abre una ventana para que grandes actores siderúrgicos vascos evalúen la compra de activos, con el 14 de septiembre como fecha clave para conocer las propuestas vinculantes.
El proceso de venta se desarrolla en paralelo a la investigación judicial por presuntas comisiones ilegales relacionadas con el rescate de 112 millones de euros de la SEPI que recibió la empresa. Tres exdirectivos y el expresidente de la SEPI están imputados en esa causa, un factor que añade incertidumbre a los potenciales compradores. El Gobierno vasco ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de separar el plano judicial del concurso, y apuesta por un proceso rápido para evitar un mayor deterioro de la actividad industrial.
El contexto industrial y los próximos pasos
Tubos Reunidos arrastra una situación financiera complicada que desembocó en un expediente de regulación de empleo y, finalmente, en la solicitud del concurso voluntario. La compañía, con plantas en Amurrio y Laudio, emplea a cerca de 600 trabajadores y es uno de los referentes en la fabricación de tubos sin soldadura para sectores como el petróleo y el gas. La viabilidad futura pasa por encontrar un comprador que mantenga la actividad o, en su defecto, por una reestructuración que limite el impacto en el tejido industrial alavés.
Una vez cerrado el plazo del 14 de septiembre, la administración concursal evaluará las ofertas y la jueza deberá decidir si adjudica la empresa, en todo o en parte, antes de que finalice el año. El resultado tendrá repercusiones no solo en Álava, sino en el conjunto de la siderurgia vasca y en el equilibro de fuerzas del sector, donde la eventual unión de activos bajo un mismo paraguas empresarial podría reconfigurar el mapa industrial del norte de España.
Admitámoslo: todos hemos llegado alguna vez al aeropuerto con una mochila que no pasaba el control de cabina, nos la han hecho facturar y hemos pagado un plus absurdo. O peor, nos ha pillado un chaparrón de camino al hostal y la ropa ha acabado empapada. Después de más de diez años viajando ligero, he probado mochilas de todos los tamaños y formas, y encontrar una que reúna espacio, resistencia al agua y un precio que no duela es casi un milagro. Por eso cuando Carrefour rebajó a 25 euros su mochila de cabina tipo petate, supe que había que contarlo.
El secreto del éxito
No basta con ser barata, esta mochila tiene tres rasgos que la convierten en la opción más inteligente para escapadas exprés. Los he ido apuntando después de varias meteduras de pata viajando con equipaje.
Medidas exactas para cabina: Cumple con los requisitos de la mayoría de aerolíneas sin esfuerzo. Las he usado en Ryanair, Vueling e Iberia Express sin un solo problema.
Impermeabilidad real: No hablo de un repelente al agua que se va tras dos lavados, sino de un tejido que aguanta una tormenta ligera. He metido ropa seca en un aguacero en Galicia y al llegar estaba impecable.
Sistema de cierre tipo clic: El diseño petate permite enrollar la parte superior si no está llena, y un clip de plástico duro lo fija. Así no baila nada dentro y aprovechas cada centímetro.
Ingredientes
Vamos con los datos prácticos.
Precio: 25 euros (oferta actual en Carrefour)
Material impermeable
Asas acolchadas y ajustables
Cierre enrollable con clip de seguridad
Color naranja llamativo (ideal para no perderla de vista en la cinta)
Diseño petate sin compartimentos
La clave no es el espacio, sino la técnica: enrollar la ropa te da un 30% más de capacidad y evita que el contenido baile.
Cómo hacer la maleta (sin maleta)
Después de varios tropiezos, he depurado un método infalible para llenar esta mochila en menos de diez minutos y que quede compacta.
1. Enrolla, no dobles. La ropa enrollada ocupa la mitad de espacio y evita arrugas. Empieza por la ropa interior y los calcetines, que sirven de amortiguación para objetos frágiles.
2. Coloca lo más pesado cerca de la espalda. Si llevas un pequeño neceser, un cargador o una botella de agua, ponlos en la parte inferior, pegada a la espalda. Así no se desequilibra al caminar.
3. Usa el clip de cierre. Una vez todo dentro, enrolla la tela sobrante hacia afuera y engancha el clic. El petate queda sellado como un saco, y el excedente se convierte en un asa superior improvisada. A mí me ha salvado de que se me caigan las chanclas al abrir la taquilla.
4. Ajusta las asas. Las correas son largas y acolchadas; a mi altura (1,75 m) me va perfecta ajustada a tres cuartos. Si eres más bajo, darás una vuelta extra al tirador y listo.
Variaciones y maridaje
Esta mochila es tan versátil que acepta compañía. Un neceser impermeable del mismo color naranja (también en Carrefour por unos 8 euros) permite llevarlo colgado del asa sin riesgo de que se moje el champú. Y si prefieres un estilo más discreto, mete un organizador de viaje de tela negra; apenas se ve al meterlo dentro.
Para escapadas playeras, marida a la perfección con una toalla de microfibra de secado rápido, que ocupa lo mismo que un libro de bolsillo y no deja pelusas. Yo la engancho con un mosquetón en la cremallera exterior —la mochila no tiene bolsillos externos, pero un enganche nunca sobra.
Si viajas con poco equipaje pero mucho hambre, una cantimplora plegable de silicona encaja en el hueco que dejan los laterales al enrollar el petate. Así evitas comprar agua a precio de oro en el aeropuerto.
En cuanto a colores, de momento solo la he visto en naranja, lo que la hace fácil de identificar. Si apareciera en azul marino, muchos la comprarían para la oficina, porque su diseño minimalista no desentona.
¿Qué ha pasado? El recién investido presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido el acuerdo de gobierno con Vox que le permitió obtener la investidura con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta.
¿Quién está detrás? Juanma Moreno (PP), que ha admitido su preferencia por un gobierno en solitario, pero ha priorizado el interés general para evitar nuevas elecciones en octubre.
¿Qué impacto tiene? La legislatura arranca con un programa de 150 medidas pactadas y el compromiso de estabilidad, aunque el presidente andaluz reconoce la necesidad de mantener un clima cordial para superar los retos de gobernar en coalición.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha estrenado este jueves en la legislatura con un mensaje de realismo político tras su investidura el día anterior. En declaraciones a la Cadena Cope, ha defendido el acuerdo con Vox como una vía para garantizar la estabilidad, aun admitiendo que su aspiración era gobernar en solitario.
La estabilidad pactada y las dos ausencias de la mayoría absoluta
El PP andaluz logró 53 escaños en las elecciones del 17 de mayo, a solo dos asientos de la mayoría absoluta. La cifra, que consolidó a Moreno como el líder más votado, no fue suficiente para evitar un pacto. El presidente ha explicado esta mañana que, aunque se planteó forzar una repetición electoral para preservar sus principios, finalmente primó el interés de los andaluces.
Moreno ha admitido sin ambages que no está contento con no haber alcanzado el gobierno en solitario. Sin embargo, ha añadido que la alternativa —una repetición de los comicios el 25 de octubre y casi medio año de provisionalidad— habría sido peor. “He pensado que el interés general estaba por encima de mi interés particular”, ha subrayado.
La opción de forzar una repetición electoral le habría permitido, según sus palabras, mantener intacta su “vanidad” y sus “principios”. Pero el cálculo político y la responsabilidad institucional le llevaron a aceptar un gobierno compartido. El presidente andaluz ha recordado que ya otros presidentes de la Junta, como los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, recurrieron a pactos de gobierno cuando la aritmética parlamentaria lo exigía.
“Yo sé negociar, sé dialogar”, ha manifestado, confiando en que su estilo marque el ritmo del Ejecutivo. Moreno quiere que el gobierno de coalición sea “estable y cordial”, dos adjetivos que reiteró en la entrevista.
La estabilidad se impone a la vanidad: el PP andaluz prefiere gobernar con un socio vigilante antes que regalar medio año de incertidumbre a casi nueve millones de ciudadanos.
150 medidas y un ‘cordón sanitario’ a la repetición electoral
El documento del ‘Acuerdo de gobierno y estabilidad para Andalucía’ contiene 150 medidas “muy negociadas”, según Moreno. El pacto, que ayer facilitó su investidura por la mínima, se asienta sobre un programa de calado reformista en el que el PP ha tratado de preservar su hoja de ruta. El presidente ha insistido en que él será quien marque el tono del Ejecutivo y que no va a cambiar su forma de gobernar.
El líder popular ha subrayado la importancia de que el Gobierno andaluz mantenga un ambiente de cordialidad. “Gobernar es muy difícil, tiene uno muchos sinsabores y hay muchas incertidumbres a las que enfrentarse”, ha explicado, justificando así la necesidad de un clima positivo entre los dos partidos. Moreno aspira a que la legislatura dure los cuatro años completos y sea fructífera para abordar las reformas que Andalucía necesita.
El Eje del Poder Popular
La decisión de Juanma Moreno de pactar con Vox se inscribe en una dinámica que Génova observa con atención pero sin injerencia. El PP nacional ha defendido siempre la autonomía de sus barones territoriales a la hora de tejer mayorías, y el caso andaluz no es una excepción. Lo que sí subraya la cúpula popular es que la alternativa responsable —evitar un bloqueo institucional de seis meses— es la que mejor encaja con el mensaje de Estado que impulsa Alberto Núñez Feijóo desde la presidencia nacional.
En Andalucía, la coalición con Vox supone un desafío de gestión, pero también una oportunidad para demostrar que el PP puede liderar ejecutivos plurales sin renunciar a su programa. El precedente de los pactos de Chaves y Griñán con otras fuerzas, aunque en el campo socialista, sirve a Moreno para normalizar la situación ante la opinión pública. La interlocución con el grupo de Santiago Abascal obligará al presidente andaluz a hilar fino en cada consejo de gobierno, pero la solidez de su liderazgo —respaldado por 53 escaños— le concede un margen de maniobra considerable.
El presidente de la Junta ha dejado claro que su visión de la política es de “concordia” y de búsqueda de puntos de encuentro. Esa filosofía, ensayada en la anterior legislatura con el apoyo externo de Ciudadanos, vuelve a ponerse a prueba ahora con un socio más incómodo. La pelota está en el tejado del nuevo gobierno andaluz: si el tándem PP-Vox funciona, el modelo podría replicarse en otras comunidades. Si chirría, Génova tendrá que gestionar un ruido interno que por ahora no desea.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: La estabilidad institucional y la defensa del interés general, incluso por encima de las preferencias personales, es la receta de un gobierno responsable.
Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
Próximo hito: Constitución formal del nuevo gobierno andaluz y aplicación de las 150 medidas pactadas en las próximas semanas.
Confieso que el momento de fregar el suelo siempre me ha parecido una penitencia veraniega. Con el calor pegajoso de julio, arrastrar el cubo de agua y la fregona tradicional se convierte en una tortura que deja la espalda molida y el ánimo por los suelos. Por eso, cuando encontré la mopa eléctrica recargable de Lidl rebajada a 30,99 euros, supe que algo cambiaría.
No exagero: esta herramienta inalámbrica pulveriza, friega y abrillanta en un gesto, sin necesidad de cables ni de escurrir bayetas. Y en plena ola de calor, agradecí no tener que hacer esfuerzos extra. Su secreto está en una batería que te da libertad total y en un diseño que convierte una tarea pesada en un paseo por casa.
El secreto del éxito
Después de probarla en suelos de baldosa y parqué, he detectado tres claves que marcan la diferencia con una fregona clásica.
Pulverizador eléctrico integrado: solo tienes que apretar un botón para que la mopa lance una fina niebla de agua sobre la suciedad, sin empaparla y sin que queden charcos.
Cabezales giratorios y lavables: giran 360 grados, lo que te permite rodear patas de sillas y llegar bajo los muebles bajos. Las almohadillas se pueden meter en la lavadora y reutilizar.
Autonomía de más de media hora: sus 30 minutos de funcionamiento bastan para limpiar un piso de 80 metros cuadrados sin pausa, y se recarga en solo cuatro horas mediante un cable USB incluido.
Ingredientes
Mopa eléctrica recargable
Depósito de agua extraíble
2 cabezales giratorios con 4 almohadillas de limpieza (lavables)
Cable USB de carga
Mango flexible con junta articulada
Paso a paso
Llena el depósito de agua —con o sin una gota de jabón neutro— y selecciona la almohadilla adecuada: las más suaves para el parqué y las rugosas para baldosa o mármol. Coloca el cabezal, enciende el interruptor y empieza a mover la mopa con con movimientos suaves. Notarás cómo el motor emite un zumbido leve mientras la boquilla pulverizadora humedece justo la zona que pisas.
Una buena herramienta no suda: trabaja por ti mientras tú disfrutas del suelo reluciente.
Presta atención a las juntas de los azulejos y a los rincones bajo el sofá. Gracias a la flexibilidad del mango, puedes inclinar el cabezal casi a ras de suelo sin agacharte. Si el depósito se vacía a mitad de faena, se extrae sin goteos y lo rellenas en la cocina en segundos. Cuando termines, retira las almohadillas y lávalas a mano o a máquina —yo las meto en la lavadora a 30 grados junto con los paños de cocina— para tenerlas listas en el próximo ciclo.
Variaciones y maridaje
Esta mopa eléctrica admite casi cualquier superficie, desde laminados y suelos de madera hasta mármol y baldosa cerámica. Si tienes parqué en casa, la clave está en usar la almohadilla más suave y pulverizar poca agua: un pase seco brillante y sin riesgo.
Para quienes buscan una limpieza exprés antes de una visita inesperada, basta con cinco minutos de recorrido rápido sin fregar a fondo: retirará manchas superficiales y dará sensación de suelo cuidado. Y si eres fan de los productos concentrados, puedes añadir al agua un chorrito de limpiador específico para suelos delicados, aunque con agua sola ya notarás la diferencia.
En cuanto a la conservación, guarda la mopa colgada o apoyada en su mango para que los cabezales no se deformen. La batería aguanta bien el reposo, pero es aconsejable cargarla al menos una vez al mes si no la usas, para evitar descargas profundas. Y si un día toca limpieza a conciencia, aprovéchala para dar una segunda pasada en seco con una de las almohadillas limpias: el brillo final te recompensará.
