Los policías locales del Ayuntamiento de Madrid se van a concentrar mañana convocados por el sindicato CSIF para denunciar «la imposición de un acuerdo en Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid que recorta derechos y conciliación», según reza en un comunicado.
En las últimas 24 horas ha habido un lio importante. Por una parte, se rompieron la negociaciones y los sindicatos de representación laboral no se ponían de acuerdo entre ellos, por otra parte los sindicatos UPM, CPPM y CSIT-Pla respaldaban el acuerdo, mientras que UGT, CCOO y CSIF lo rechazaban tras sus consultas internas. Ante esta ruptura el Ayuntamiento decidió posponer la firma de un acuerdo para el nuevo convenio con la plantilla de Policía Municipal dividida.
El preacuerdo laboral había sido alcanzado la pasada semana entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales, tras meses de negociación. Sin embargo, la ratificación interna dejó patente la división existente entre los agentes de la Policía Municipal. El punto crítico parece ser el cómputo de horas trabajadas los fines de semana.
Desde CSIF explican que «no se puede permitir que el Ayuntamiento de Madrid saque adelante un acuerdo para la Policía Municipal que sacrifica derechos laborales y conciliación con el objetivo de sostener un modelo de ciudad volcado en el evento permanente». La organización sindical denuncia, «como ya advertimos hace unos días, la deriva del Consistorio hacia una gestión centrada en grandes eventos, conciertos y actividad continua, relegando a un segundo plano los derechos laborales, sindicales y personales de la plantilla».
Necesidades de los policías
CSIF considera inaceptable un acuerdo que no responde a las necesidades reales del colectivo y que, además, incrementa el malestar existente entre los agentes. La subida salarial planteada resulta claramente insuficiente y no compensa ni el esfuerzo, ni la responsabilidad, ni la disponibilidad exigida diariamente. Tampoco permite recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. A esta situación se suma una pérdida evidente de derechos laborales y sindicales.
El sindicato rechaza «que se normalice un escenario en el que se exige más a la plantilla mientras se debilitan condiciones conquistadas tras años de negociación». Asimismo, CSIF denuncia que el Ayuntamiento «está priorizando intereses políticos y de imagen por encima de la conciliación familiar y del bienestar profesional de los policías municipales. Este modelo tiene consecuencias directas: ampliación de la jornada, incremento de días de trabajo y mayores dificultades para compatibilizar la vida personal y laboral. El coste humano de esta política lo asume la plantilla, que soporta un aumento de cargas mientras la administración obtiene beneficios operativos y de imagen».
CSIF considera especialmente grave que esta situación se produzca en un contexto de profundo descontento dentro del cuerpo. Por ello, CSIF ha convocado para este martes a las 9.00 horas, frente al Ayuntamiento de Madrid, una concentración para visibilizar el rechazo mayoritario de la plantilla al preacuerdo y denunciar públicamente una imposición «que vulnera sus derechos. CSIF exige al Ayuntamiento de Madrid que abandone esta lógica, respete los derechos laborales y sindicales y garantice una negociación real», añaden.
Asimismo, «reclamamos que se deje de utilizar a la plantilla como instrumento para sostener un modelo de ciudad desequilibrado. No se puede construir una ciudad basada en el evento permanente a costa de más trabajo, menos derechos y mayores dificultades de conciliación para sus policías», concluyen.
Por qué el Ayuntamiento dio marcha atrás
La decisión de desconvocar la firma del acuerdo para ese martes fue comunicada el domingo por la Dirección General de Recursos Humanos mediante un correo electrónico que desconvoca el acto de firma y convoca a las organizaciones sindicales a una nueva Mesa Sectorial el próximo miércoles 1 de julio, a las 10.00 horas, en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE).
La principal fuente de malestar está en el artículo que regula el cómputo de los fines de semana trabajados. Hasta ahora, cuando un agente alcanzaba el mínimo para percibir el complemento de productividad, los fines de semana empezaban a contar inmediatamente. El nuevo texto, elevaba ese umbral y obligaba a realizar ocho jornadas adicionales antes de que esos servicios comenzaran a contabilizarse.
Los sindicatos favorables al acuerdo -CPPM, CSIT-Pla y UPM- trasladaron al Ayuntamiento la conveniencia de volver al sistema actual. Sin embargo, CSIF, CCOO y APMU mantienen su rechazo y han convocado una concentración para este martes 30 de junio frente al Palacio de Cibeles, coincidiendo con la celebración del Pleno del Ayuntamiento. CSIF considera que la suspensión del acto demuestra que “las movilizaciones están teniendo repercusión”, aunque insiste en que continuará con las protestas hasta conocer el contenido definitivo.
Basta con retocar un artículo para que el acuerdo pase del rechazo a un respaldo mayoritario. Esa es la esperanza a la que se aferra el Ayuntamiento para intentar salvar la negociación.
El juez Santiago Pedraz, del juzgado central de Instrucción 5 la Audiencia Nacional, imputaba este lunes en el Caso Leire a 25 personas, la mayor parte directivos de empresas privadas, pero también estatales, entre ellos a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda. El rastro de la trama Leire llevó a la UCO a distinguir hasta cinco operativas diferentes, destinadas a ingresar fondos en el grupo Hirurok, formado por Leire Díez,Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y el empresario Antxón Alonso, ligado a Santos Cerdán.
En el escrito de acusación remitido por las fiscales al juez Pedraz, se recoge que «los indicios recabados se proyectan en principio sobre cinco operativas diferenciadas, vinculadas a las entidades Mercasa, Enusa, la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias S.L., SME participada por Sepides, todas ellas en el ámbito de la SEPI, y, finalmente, el grupo empresarial Forestalia, dedicado al desarrollo de proyectos de energías renovables».
Las fiscales creen que el «principal vehículo utilizado para su canalización habría sido la sociedad Mediaciones Martínez S.L., sin perjuicio de la utilización concurrente de otras estructuras societarias, entre las que destacan Servinabar 2000, S.L. y Next Generation Caliope Innova S.L., que habrían actuado igualmente como instrumentos para la gestión y circulación de fondos de aparente procedencia ilícita».
Mediaciones Martínez, adquirida por Antxón Alonso en julio de 2021, habría facturado «en el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2021 y el 6 de agosto de 2023, un importe total de 913.199,22 euros, concentrándose la mayor parte de dicha facturación en operaciones realizadas con las mercantiles Reciclajes y Derribos Olite y Valeriano Urrutiketxea, ambas vinculadas a Construcciones y Excavaciones Erri Berri, así como con Tubos Reunidos, Grupo Aldesa y la propia Servinabar 2000», refleja el escrito de acusación de la Causa Leire.
La sede de Mercasa
Dicen las fiscales en su escrito para el juez que «como antecedente relevante de los hechos, debe señalarse que Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P.) es una sociedad del sector público estatal (…)». Y añaden que «sobre esta base organizativa, y en lo que respecta a la operativa investigada, el atestado de la UCO n.º 188/25 recoge un conjunto de evidencias de las que se infiere, al menos de forma indiciaria, que Joseba Antxón Alonso Egurrola, Vicente Cecilio Fernández Guerrero y María Leire Díaz Castro, actuando de forma concertada y en connivencia con determinadas personas integradas en la dirección de Mercasa, habrían diseñado una operativa dirigida a aprovechar el interés existente en aquel momento por parte de la presidencia y de ciertos directivos en trasladar la sede física de la entidad».
La operativa habría consistido en la articulación de diversas contrataciones irregulares o, en su caso, en la simulación de servicios de intermediación vinculados a una supuesta operación de adquisición o arrendamiento de una nueva sede, lo que habría permitido la obtención de un beneficio económico en favor de los investigados, del grupo Hirurok fundado por Leire Díez.
La UCO señaló que era el expediente n.º 04/21 DAF, adjudicado a la mercantil Servinabar 2000, S.L. con fecha 12 de noviembre de 2021, por un importe de 18.119,75 euros (IVA incluido). La trama habría concertado toda la operación con Mayte Castillo Pasalodos, de Mercasa, también imputada y habrían pagado este dinero por el estudio de rehabilitación de la sede de Mercasa.
Además, mientras se producía el traslado, «se habría concertado la posible formalización de un contrato de arrendamiento de un nuevo inmueble, destinado a albergar provisionalmente la sede de Mercasa mientras se ejecutaban las supuestas obras de reforma. En el marco de dicha operación, los investigados habrían proyectado la obtención de una comisión aproximada del 20 % por la gestión del arrendamiento», dice el escrito de acusación.
El borrador del estudio de costes estimaba la rehabilitación en 2.114.417,31 euros, de los cuales 1.570.402,95 euros se correspondían con gastos directamente imputables a las obras de construcción. Posteriormente, el 6 de julio de 2021, Mikel Arrarás (otro de los imputados) volvió a remitir un correo electrónico a Vicente Ferández, con copia a Antxón, bajo el asunto “Paseo La Habana. Resumen de costes”. En el cuerpo de este correo, Arrarás, exponía que “el coste construcción finalmente esta ajustado a 2m para llegar a los 2,8m finales del Estudio de Costes, antes nos ha bailado algún número. De todas formas, si necesitas que revise cualquier otra cosa me comentas”.
Es decir, solo tres días después de la valoración se fijó el coste de la rehabilitación en 2.828.571,72 euros, lo que supone un aumento superior a 700.000 euros «sin causa objetiva que lo justifique», dicen las fiscales de la Causa Leire.
El caso de Enusa
La segunda operativa concreta analizada por la UCO fue la contratación de la mercantil SDP Carrillo y Montes, S.L.P. (en adelante, SDP) por parte de la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas S.M.E.
Dicen las fiscales que «dicha contratación habría sido favorecida, indiciariamente, por la actuación concertada de los investigados Antxón, Vicente y Leire, con la finalidad de obtener un beneficio económico y, al mismo tiempo, favorecer los intereses de la mercantil Acciona, que habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que ENUSA ostentaba tanto en la incineradora de Melilla (a través de Emgrisa) como en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre (UTE). Como consecuencia de esta operativa, los investigados habrían obtenido un enriquecimiento económico, derivado de los pagos efectuados por SDP a favor de la sociedad instrumental Mediaciones Martínez, por un importe conjunto de 17.545 euros (IVA incluido)».
Resulta curioso que en el mismo tiempo, «Leire Díez ocupase el cargo de responsable de Comunicación de Enusa desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2021. El punto de partida de esta operativa se sitúa en el interés mostrado por Acciona en adquirir la participación de Enusa en la incineradora de Melilla (Emgrisa) y en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre (UTE)», añaden.
El 20 de mayo de 2021, Vicente Fernández le habría comunicado a Antxón, a través de un chat individual de la aplicación Threema, lo siguiente: “Hay ciertas dificultades en Enusa para vender […] Quizás habría una forma de superar esas dificultades si ENUSA no vendiera la propiedad de sus acciones, sino que las usufructuara […] Sé que no es el óptimo, pero quizás así Acciona se quitaría con esta fórmula a otros posibles competidores”.
Antxón envió entonces un WhatsApp a Francisco Javier López Buciega (imputado ahora), Director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona, en el que ponía de manifiesto las dificultades existentes para la venta de las participaciones, proponiendo como alternativa la constitución de un usufructo sobre las mismas.
Es decir, que los denunciados «actuaban como intermediarios entre las sociedades de capital público y la mercantil Acciona, con la finalidad de facilitar que esta última alcanzara sus objetivos mediante la utilización de su capacidad de influencia en el ámbito de aquellas», dice el escrito de acusación.
Tubos Reunidos
«En lo relativo a los hechos vinculados con la entidad Tubos Reunidos S.A., en el informe que dio origen al presente procedimiento, se hacía constar que se habían detectado pagos efectuados por dicha sociedad a favor de la mercantil Mediaciones Martínez S.L., por importe total de 114.950 euros. Tales pagos responderían, indiciariamente, a las gestiones realizadas por los integrantes del autodenominado grupo Hirurok en beneficio de aquella entidad, orientadas a la obtención de financiación procedente del denominado “rescate” articulado a través de la SEPI.
Tubos Reunidos entró en concurso de acreedores hace unos meses. EP
Algo que terminó ocurriendo en julio de 2021 tras ser aprobado por el Consejo de Ministros tal y como ya hemos contado en Moncloa.com.
Erri Berri
Según el escrito de acusación, «otra de las operativas descritas en el informe se refiere a los pagos percibidos por las sociedades Mediaciones Martínez y Servinabar procedentes del denominado grupo Erri Berri, que habrían ascendido a un importe total de 575.857,20 euros».
Una parte significativa de esos pagos se vincularía a diversas actuaciones desarrolladas por el grupo HIRUROK en el marco del expediente de contratación 9/2020-PEPA-ST-Bis, tramitado por Parque Empresarial Principado de Asturias (en adelante, PEPA), cuyo objeto consistía en “la redacción de todos los proyectos y documentos necesarios, así como la ejecución de las obras, para el desmantelamiento de las instalaciones y edificaciones existentes en las baterías de coque y gasómetros en Avilés (Asturias)”.
De la documentación incorporada al informe UCO 188/25 se desprende, «al menos de forma indiciaria, una nueva intervención ilícita del grupo Hirurok en el ámbito de la contratación pública, orientada a influir a cambio de un beneficio económico en el expediente de contratación 9/2020-PEPA-ST-BIS, con la finalidad de favorecer al denominado grupo Erri Berri. Como resultado de dicha intervención, este último habría resultado adjudicatario del contrato por un importe total de 2.854.466,48 euros (IVA excluido), a través de la UTE Construcciones y Excavaciones Erri-Berri SL-Afesa Medioambiente», aclaran.
El grupo influyó incluso en que se inadmitiesen recursos de otras empresas que protestaban por la concesión administrativa de este concurso: «Vicente (Fernández) manifestó expresamente que «estoy influyendo para que lo inadmitan x fuera de plazo y xq el contrato ya estaba finalizado», escribe la acusación.
La empresa Forestalia
La quinta de las operativas analizadas se vincula con el Grupo Forestalia, grupo empresarial promotor de energías renovables dirigido por Fernando Samper Rivas (también imputado), con presencia en numerosos proyectos dentro de este sector.
En relación con esta operativa, se expone, en primer lugar, que el grupo “Hirurok”, a través de Vicente Fernández, habría desarrollado determinadas actuaciones ante responsables de Sepides aún no identificados que, al menos de forma indiciaria, podrían haber contribuido a que dicha entidad pública aprobara una inversión de 17,32 millones de euros en la sociedad Arapellet S.L., integrada en el Grupo Forestalia. Asimismo, se indica que, por la consecución de dicho acuerdo, se habría pactado previamente el abono de 200.000 euros en favor de Hirurok, si bien, en el momento de emisión del informe, no constaba acreditada la concreta forma de materialización del pago», reseña el escrito para el juez Pedraz.
El nombramiento de Christina A. Norton como jefa de gabinete de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) ha hecho saltar todas las alarmas en los cuarteles generales de las 17 agencias que conforman la comunidad de inteligencia estadounidense. Sin experiencia alguna en seguridad nacional, Norton es una activista trumpista que el año pasado presumía de haber dirigido “la mayor operación de integridad electoral que el Partido Republicano haya visto jamás”. Su llegada, apenas dos días después de que el director interino Bill Pulte despidiera a más de 50 altos cargos —incluidos los analistas jefe para Rusia, China y Asia Oriental—, confirma lo que muchos veteranos temían: la inteligencia de Estados Unidos se encamina a una politización sin precedentes.
Me consta, porque he hablado con fuentes que conocen bien los pasillos de Liberty Crossing, que la noticia fue recibida con estupefacción. “En cuanto corrió la voz, mi teléfono no paró de sonar”, cuenta un veterano del ODNI. “Era un mensaje claro: ahora todo esto va de la integridad electoral”. Le pongo en contexto: Christina Norton no tiene formación jurídica ni ha trabajado nunca en un entorno que exigiera una habilitación de seguridad. Hasta hace unos días, su perfil profesional en LinkedIn mostraba un paso de dos años como directora del departamento de integridad electoral del Comité Nacional Republicano, donde ganaba 9.216 dólares al mes durante la campaña de 2024, y antes, un puesto como directora adjunta de la Asociación Nacional de Abogados Republicanos. Borró su cuenta de LinkedIn el domingo, justo después de que SpyTalk le preguntase por su experiencia.
Eso sí, su actividad en Instagram era exuberante: fotos de fiestas con jóvenes activistas MAGA en bares del Capitolio, baby showers en Palm Beach y alguna que otra imagen al piano. “La mejor noche del año”, escribió debajo de una de ellas. Una vida social que difícilmente prepara para manejar los secretos mejor guardados del planeta. Pero lo que de verdad preocupa no es su afición por los cócteles, sino el historial que ella misma reivindicó al ser admitida en la Sociedad 1856 de los Young Republicans, un grupo conocido por su activismo de extrema derecha.
Allí explicó sin tapujos que su departamento había reclutado y formado a más de 230.000 observadores electorales en 18 estados bisagra, asegurando que por primera vez “un republicano vigilaba que se cumpliera la ley en todos y cada uno de los colegios electorales de las grandes ciudades”. Una afirmación que, leída desde el otro lado, justifica la presencia de una legión de personas dispuestas a impugnar cualquier recuento. De hecho, uno de los intervinientes en aquellas formaciones fue Jack Posobiec, el propagador de la teoría conspirativa del Pizzagate. Norton también presumió de haber interpuesto casi 140 demandas para forzar a los estados a depurar sus censos electorales y de haber paralizado normativas que permitían votar a no ciudadanos. Todo ello en sintonía directa con la ley SAVE America que Donald Trump necesita aprobar para exigir documentos de ciudadanía en las urnas.
La conexión entre la ODNI y la integridad electoral la explicitó el propio Trump hace dos semanas, cuando retiró la nominación de Jay Clayton como director nacional de inteligencia con el argumento de que primero debía salir adelante la ley SAVE. Bill Pulte, que ocupa el cargo en funciones durante 120 días, se convierte así en un director con fecha de caducidad pero con margen suficiente para ordenar nuevos despidos y reorientar los flujos de información clasificada. Y Norton, como jefa de gabinete, será quien controle los accesos y los informes que llegan al despacho del director.
Cuando la inteligencia se instrumentaliza con fines partidistas, los servicios dejan de proteger al Estado: empiezan a blindar al gobernante de turno.
Por qué este nombramiento aterroriza a la comunidad de inteligencia
No se equivoque conmigo: el problema no es que una administración nombre a personas afines. La cuestión es que Norton nunca ha manejado inteligencia clasificada ni ha pisado un centro de operaciones. La ODNI supervisa los 17 servicios de inteligencia del país, desde la CIA hasta la NSA, y su jefe de gabinete tiene acceso a carpetas que ni siquiera los presidentes de los comités del Congreso llegan a ver. El portavoz consultado por SpyTalk aseguró que tanto Pulte como Norton disponen de habilitaciones de seguridad “completas y no provisionales”, pero se negó a explicar cómo las obtuvieron tan rápido. En la práctica, eso significa que los informes más sensibles —desde alertas de ciberataques hasta análisis sobre movimientos nucleares de adversarios— van a pasar por manos de una activista cuya principal cualificación es haber llenado los colegios electorales de voluntarios absolutamente fieles al trumpismo.
La purga del viernes, ejecutada sin preaviso, ya había eliminado de un plumazo décadas de conocimiento acumulado sobre Rusia, China y el Extremo Oriente. Ahora, el el relevo en la jefatura de gabinete añade una capa inquietante: la posibilidad de que los análisis de amenazas sean filtrados por si pudieran perjudicar electoralmente al partido en el poder. Le adelanto que el fantasma no es nuevo. Ya en enero, la anterior directora, Tulsi Gabbard, viajó a toda prisa a un condado de Georgia mientras el FBI registraba papeletas de 2020, insinuando una injerencia extranjera que nunca se demostró. Con Norton al mando de la agenda diaria del ODNI, ese tipo de gestos puede institucionalizarse.
Anatomía de una operación de politización paso a paso
La secuencia es casi de manual. Primero, se despide a los oficiales de inteligencia de carrera que podrían plantar cara —y Pulte lo hizo con 50, sin dar explicaciones—. Segundo, se coloca en la jefatura de gabinete a alguien cuyo currículum no la avala pero cuya lealtad está fuera de duda. Tercero, se aceleran las habilitaciones de seguridad para que el control de la información sea inmediato. Cuarto, se utiliza la plataforma de la comunidad de inteligencia para sembrar dudas sobre el proceso electoral, ya sea mediante desclasificaciones selectivas, informes de amenazas exagerados o filtraciones a medios afines. El objetivo último no es ganar unas elecciones justas, sino construir la narrativa de que, si no se gana, es porque ha habido fraude.
El precedente más cercano es el uso del FBI durante la era de J. Edgar Hoover, cuando los recursos de contrainteligencia se empleaban para vigilar a disidentes políticos y chantajear a senadores. Pero aquello era una guerra doméstica contra supuestos comunistas; ahora el riesgo es global, porque la credibilidad de los informes de inteligencia estadounidenses es la base sobre la que los aliados del Five Eyes —Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda— y socios como el CNI español toman decisiones estratégicas. Si el ODNI se convierte en un apéndice del Comité Nacional Republicano, los servicios aliados empezarán a compartir menos, a fiarse menos y a cubrirse las espaldas con fuentes propias. Es un escenario que en la sede de la CIA en Langley y en Vauxhall Cross ya se plantean en privado.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
La lectura confidencial que hago desde esta redacción es que estamos ante un vector de amenaza de infiltración ideológica en la cúpula de inteligencia, sin precedentes en las democracias occidentales. No hablamos de un espía a sueldo ni de un caso clásico de HUMINT: es una ocupación deliberada de los puestos de control por parte de activistas que anteponen la agenda partidista a la seguridad del Estado. El servicio atacante es la propia administración Trump —en concreto, el núcleo político que dirige Pulte—, que está desmontando desde dentro la capacidad analítica de las 17 agencias. La defensora es la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, todavía con focos de resistencia profesional pero con el miedo metido en el cuerpo. Y los terceros que miran y toman nota son los servicios de los países aliados: el MI6 británico, el Mossad —siempre atento a la fiabilidad del suministro de inteligencia americano— y, por supuesto, el CNI.
Cabe recordar que España participa en flujos de información clasificada con Washington a través de acuerdos bilaterales y del marco de la OTAN. Cualquier degradación de la calidad o de la objetividad de los informes que llegan desde la ODNI afecta directamente a la capacidad del CNI para anticipar amenazas en el Mediterráneo, el Sahel o el ciberespacio. Si un día el ODNI emite una alerta sobre supuesta interferencia extranjera en las elecciones europeas con datos endebles, ¿cómo reaccionará el CCN-CERT cuando esa alerta mencione centros de voto españoles? Sostengo desde hace tiempo —y lo escribí en El quinto elemento— que la frontera entre la inteligencia y la propaganda es más fina de lo que parece, y que el daño reputacional de un servicio contaminado se paga en años de desconfianza.
El nivel de clasificación del material que manejará Norton es, sin duda, Top Secret, con acceso a compartimentos especiales. La sola presencia de alguien sin cultura de seguridad en ese entorno multiplica el riesgo de fugas negligentes —no necesariamente filtraciones deliberadas—. Y si a eso le sumamos que su única formación en el oficio es haber coordinado 230.000 observadores hostiles, el diagnóstico es claro: el espionaje estadounidense está entrando en un túnel de politización cuya salida nadie vislumbra.
La auténtica pregunta es si este episodio quedará como una sacudida pasajera —Pulte tiene 120 días y los demócratas han prometido bloquear la ley SAVE— o si, por el contrario, hemos cruzado un Rubicón del que los servicios no se recuperarán sin una profunda reforma legislativa. La historia enseña que un servicio de inteligencia politizado puede hacer tanto daño al propio país como una red de espías enemigos. Lo veremos en noviembre.
¿Qué ha pasado? El PP, con Feijóo y Ayuso al frente, ha acusado al Gobierno de inflar el censo electoral a través de la Ley de Nietos, que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados del franquismo. La dirección popular exige un «reinicio democrático».
¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) e Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), con intervención posterior del portavoz nacional Borja Sémper para matizar el tono.
¿Qué impacto tiene? La ofensiva refuerza el marco de «ingeniería electoral» con el que Génova busca deslegitimar los próximos comicios. Abre, además, un frente con los consulados y con la izquierda parlamentaria.
El Partido Popular ha elevado este lunes el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez con una acusación directa: estaría manipulando el censo electoral a través de la Ley de Nietos, el instrumento de la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad española a hijos, nietos y bisnietos de los exiliados durante el franquismo. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han coincidido, desde tribunas distintas, en denunciar lo que ambos califican como «ingeniería electoral», y han reclamado un reinicio democrático que pase por derogar la norma y por reformar la ley electoral.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido la más contundente. Durante un encuentro informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en el Hotel Palace de la capital, Ayuso ha asegurado que «el reparto de escaños es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo». Ha añadido que «no hay ley de nietos que oculte que España necesita reiniciarse o no volverá a ser España». Y ha lanzado un aviso explícito a los cónsules: «Cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal. Ahí queda el aviso».
Feijóo, por su parte, había adelantado la posición en una entrevista radiofónica. «Con los actuales votantes no le salen las cuentas», ha argumentado, y ha cifrado en 2,5 millones de personas el incremento del censo que, a su juicio, busca el Ejecutivo. El líder del PP ha planteado la derogación de la Ley de Memoria Democrática y una reforma de la ley electoral para conceder una «prima de escaños» al ganador, al estilo de Grecia o Italia, con el fin de facilitar mayorías absolutas.
El portavoz nacional, Borja Sémper, ha intentado acotar el mensaje en rueda de prensa. Ha subrayado que las críticas de Feijóo «no prejuzgan» el sentido del voto de los nuevos nacionalizados, pero que en el PP «no se fían» de los procedimientos. «Parece razonable que exijamos y tengamos dudas porque 2,5 millones más de personas se apuntarán en el censo, potencialmente», ha señalado. Sémper ha subrayado que el partido estará «encima políticamente» y ha mencionado como ejemplo la regularización en Cuba.
La llamada Ley de Nietos ya ha saturado consulados en Argentina, Cuba, Brasil o México. Ayuso calcula que Argentina se convertiría en «la tercera provincia en número de votos».
La ofensiva del PP contra la «ingeniería electoral»
La estrategia popular sitúa la discusión sobre la nacionalidad y el censo en el centro del debate preelectoral. Génova ha detectado que la medida, recogida en una norma que el PP ha intentado derogar desde su aprobación en 2021, puede movilizar al votante más escéptico con la gestión del Gobierno. Por eso el mensaje se ha construido sobre dos pilares: la alerta institucional —advertir de una supuesta irregularidad masiva— y la oferta alternativa —derogar la ley y premiar la gobernabilidad con una reforma electoral—.
Desde el Grupo Parlamentario Popular no se ha concretado aún una iniciativa legislativa inmediata, pero fuentes de la dirección confirman que se estudia una Proposición de Ley para modificar el sistema de atribución de escaños. El argumentario interno insiste en que el actual sistema electoral, unido a un censo artificialmente ampliado, desvirtuaría la voluntad popular.
Reacciones: Más Madrid carga contra el miedo a las urnas
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha respondido con dureza. «Los nietos de los exiliados españoles habrían nacido en España si no hubiera sido por el golpe de Estado y la dictadura franquista», ha escrito en X. Y ha rematado: «Esta derecha a la que tanto le gusta pedir elecciones le tiene miedo a que la gente vote». El resto de la izquierda parlamentaria no ha tardado en sumarse a la crítica, acusando al PP de importar un discurso de desconfianza hacia el voto exterior.
El Eje del Poder Popular
El pulso interno es mínimo. Isabel Díaz Ayuso ha movido ficha en paralelo a la dirección nacional, pero sin fisuras aparentes: el mensaje de fondo es idéntico, aunque la presidenta madrileña ha elevado el tono hasta rozar la acusación penal a funcionarios diplomáticos. Esa sintonía, lejos de preocupar en Génova, se lee como un reparto de papeles que permite a Feijóo mantener un perfil más institucional mientras Ayuso tensa la cuerda. Los barones de Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana y el resto de territorios gobernados por el PP respaldan sin matices la denuncia.
El aterrizaje territorial es evidente: en las 11 comunidades autónomas en manos populares ya se manejan estudios sobre el impacto que un censo inflado podría tener sobre la representación parlamentaria. Madrid, que concentra un alto número de consulados y de población de origen extranjero, se sitúa a la cabeza de la preocupación. La Comunidad de Madrid calcula que el incremento de votantes podría alterar el equilibrio de escaños en varias provincias y condicionar la gobernabilidad autonómica.
El riesgo inmediato para el PP es que la izquierda consolide el relato de que el partido teme la participación democrática. Para contrarrestarlo, Génova insiste en que no cuestiona el derecho al voto sino la «ingeniería electoral» que convertiría la nacionalidad en un recurso partidista. El precedente de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y el intento de derogación de 2021 sirven ahora como munición dialéctica para exigir un reinicio del sistema.
La próxima ventana crítica será la tramitación de la reforma electoral que Feijóo ha prometido impulsar. Si el PP consigue llevar al Congreso un texto con garantías de apoyo —para lo que necesitaría al menos a Vox y a algún grupo nacionalista—, la batalla pasará del plano discursivo al parlamentario. Hasta entonces, el aviso de Ayuso sobre los cónsules pone presión sobre los consulados y sobre el propio Ejecutivo.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: «Reinicio democrático»: el Gobierno manipula el censo y la ley electoral debe cambiarse para garantizar mayorías sólidas.
Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
Próximo hito: Presentación de una Proposición de Ley de reforma electoral en el Congreso de los Diputados.
¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha revisado al alza el crecimiento previsto para 2026, hasta el 2,6% del PIB, y estima que el paro bajará al 8,5% en 2029. El nuevo cuadro macroeconómico mejora cuatro décimas la anterior previsión.
¿Quién está detrás? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han defendido las nuevas cifras como un aval de la gestión económica del Ejecutivo de coalición.
¿Qué impacto tiene? Las previsiones servirán de base para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y refuerzan el relato socialista de que la economía española crece por encima de la media europea, desmontando los argumentos de la oposición.
El Gobierno ha actualizado este lunes su cuadro macroeconómico con una revisión al alza: el crecimiento del PIB español en 2026 se situará en el 2,6%, cuatro décimas más de lo estimado anteriormente. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también se ha confirmado que la inflación de junio se mantiene en el 3,2% y que la previsión de paro a largo plazo baja al 8,5% para el ejercicio 2029.
Unas previsiones que blindan la senda fiscal del Gobierno
El cuadro macroeconómico, aprobado en la reunión del Gabinete, sitúa el crecimiento en 2026 cinco décimas por encima de la media de la zona euro y confirma el diferencial favorable que España arrastra desde la salida de la pandemia. Montero ha subrayado que “la economía española mantiene un ritmo sólido, impulsada por el consumo interno, la inversión pública y el dinamismo del sector exterior”. Las nuevas cifras sirven de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, una tarea legislativa que se anticipa compleja pero que el Gobierno afronta con un aval estadístico difícil de refutar.
La tasa de paro, estimada ahora en el 8,5% para 2029, representaría el nivel más bajo desde 2008. La reducción progresiva que dibuja el Ejecutivo apuntala el argumentario socialista de que la reforma laboral de 2022 y las políticas activas de empleo están funcionando. En paralelo, la inflación de junio, clavada en el 3,2%, se mantiene dentro de la banda prevista y el Gobierno confía en que ceda en la segunda mitad del año gracias a la moderación de los precios energéticos.
La inflación resiste y el Gobierno mantiene el pulso
El IPC de junio repite la cifra de mayo, pero la lectura que hace Moncloa es distinta a la de la oposición: mientras el PP insiste en que la carestía se cronifica, el equipo económico socialista destaca que la inflación subyacente —que descuenta energía y alimentos frescos— ha bajado dos décimas respecto al mes anterior. “Seguimos protegiendo a las rentas medias y bajas con medidas selectivas”, ha recordado la vicepresidenta, en referencia al nuevo paquete anticrisis que también ha recibido luz verde en el mismo Consejo.
Ese paquete, que prorroga la rebaja del IVA de los alimentos básicos y refuerza las ayudas al transporte público, busca precisamente contrarrestar la percepción de que los precios no dan tregua. La combinación de crecimiento y contención inflacionista ofrece al Ejecutivo un doble blindaje frente a las exigencias de la oposición de recortar gasto público.
El Gobierno socialista blinda su relato económico con datos que superan las expectativas y dejan a la oposición sin margen para el catastrofismo.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz acoge las cifras con satisfacción contenida. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com reconocen que la mejora del cuadro macroeconómico “refuerza nuestra legitimidad para pedir un esfuerzo a los socios parlamentarios” de cara a la negociación presupuestaria. El PSOE quiere que los Presupuestos se conviertan en el último gran pacto de la legislatura, y para lograrlo necesita que los números avalen una senda expansiva sin que Bruselas ponga objeciones.
En clave territorial, los datos del Gobierno central llegan en un momento en que varios presidentes autonómicos socialistas —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias o María Chivite en Navarra— están cerrando sus propios presupuestos para 2027. La previsión de mayor crecimiento y menor paro les facilita elaborar unas cuentas autonómicas con más margen de gasto social. La renta garantizada, las plazas de educación infantil o la dependencia son partidas que pueden consolidarse sin tensiones de déficit gracias al colchón macroeconómico.
Enfrente, el PP se aferra a la inflación agregada y al déficit público, pero el contraste con las previsiones de organismos internacionales debilita su posición. La Comisión Europea revisó al alza sus proyecciones para España hace apenas un mes, y el FMI ha situado al país como la gran economía avanzada que más crece en 2026. El pulso entre el catastrofismo de la oposición y el optimismo gubernamental se dirime cada martes en la sesión de control, pero las tablas las marca cada vez más la evidencia estadística.
La foto que arroja este Consejo de Ministros, en definitiva, es la de un Ejecutivo que se siente respaldado por la marcha de la economía. La paradoja —discutida esta semana en varias reuniones internas— es que esa misma fortaleza alimenta a quienes, dentro del partido y de los socios de investidura, consideran que Sánchez podría convocar elecciones anticipadas sin que el coste de oportunidad le pase factura. Ferraz, sin embargo, insiste: el plan es agotar la legislatura y aprobar las cuentas de 2027.
🌹 El Apunte de Ferraz
Mensaje fuerza: “La economía funciona y los datos nos avalan.” El PSOE quiere instalar la idea de que las políticas socialdemócratas producen resultados tangibles mientras la oposición se limita a profetizar recesiones que no llegan.
Protagonista: María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de Hacienda).
Próximo hito: Presentación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria en julio, paso previo a la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2027.
Juanma Moreno ha defendido este lunes en el Parlamento de Andalucía su programa de gobierno y ha pedido a los grupos políticos una investidura que evite la repetición electoral en octubre. La sesión, celebrada en Sevilla, ha estado marcada por la advertencia del presidente en funciones de que el bloqueo no es una alternativa y que los andaluces merecen estabilidad.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha pasado? Juanma Moreno ha presentado su programa y ha solicitado el apoyo necesario para ser investido presidente, sin el cual se iría a nuevas elecciones en octubre.
¿Dónde y quién? En el Parlamento de Sevilla, con la oposición de Vox, que ha anticipado su voto en contra, y la abstención del resto de grupos.
¿Qué supone para los ciudadanos? Si no se logran los dos votos que faltan este martes o las abstenciones del jueves, Andalucía afrontaría un nuevo proceso electoral con costes y desgaste institucional.
Un discurso lleno de guiños a Vox que esquiva la prioridad nacional
Durante casi hora y media, Moreno ha desgranado propuestas que buscaban tender la mano a Vox. Ha reclamado ralentizar el pacto verde europeo, ha anunciado nuevas reducciones fiscales y ha prometido un impulso decidido a la vivienda. Sin embargo, ha evitado cualquier mención a la inmigración y a la llamada prioridad nacional que los de Santiago Abascal consideran irrenunciable.
El presidente en funciones ha recordado que el PP tiene una mayoría solvente, pero no la absoluta. «Nos hacen falta dos escaños, esa es la realidad y cerrar los ojos a la realidad sería un error», ha subrayado, apuntando a Vox como la única formación que ha mostrado interés en sentarse a negociar. A pesar de los gestos, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ya ha reiterado que no apoyarán una investidura que no incluya sus exigencias en materia migratoria.
Moreno ha citado al Papa León XIV para defender un «humanismo» que, en su opinión, debe presidir la acción de gobierno. También ha cargado contra el Ejecutivo central, al que ha acusado de un «maltrato injustificado» a Andalucía en inversiones y en la gestión de la huelga sanitaria que se mantiene desde enero. No obstante, ha pedido a la oposición que «renuncie voluntaria y unilateralmente al diálogo» y contribuya a mejorar la vida de los andaluces.
La presión de los plazos: el martes decisivo y la sombra de las urnas
El calendario parlamentario no da tregua. Este martes, la sesión continuará con la votación definitiva en la que Moreno necesita al menos dos votos a favor que no tiene. Si no los consigue, se abrirá una segunda oportunidad el jueves, cuando le bastaría con abstenciones. De repetirse el bloqueo, la repetición electoral caería a finales de octubre, un escenario que el propio Moreno ha tildado de «irresponsable».
Moreno tiene 58 escaños, dos menos de la mayoría absoluta; sus guiños fiscales y el freno al pacto verde no han bastado para conseguir los dos votos que evitarían nuevas eleciónes.
Mientras, en la bancada socialista se respiraba un silencio calculado. El PSOE andaluz, según fuentes parlamentarias, mantiene su abstención sin ofrecer alternativa, a la espera de que el desgaste recaiga sobre el PP y Vox. El tiempo corre y la presión crece en una Sevilla que asiste a una de las investiduras más inciertas de la última década.
La Lectura Andaluza
La investidura de Moreno no es solo una cuestión de aritmética parlamentaria: tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana en Andalucía. Un gobierno en funciones ve limitada su capacidad de aprobar nuevas leyes, de ejecutar inversiones de calado y de planificar políticas que afectan a la sanidad, la educación o la dependencia. En un contexto en el que la comunidad lucha por consolidar su crecimiento económico y reducir el paro —el segundo más alto de España—, la parálisis institucional frena proyectos estratégicos y genera una desconfianza que se traslada al consumo y a la inversión privada.
El precedente más cercano data de 2022, cuando unas negociaciones maratonianas entre PP, Ciudadanos y Vox dieron lugar a la actual coalición. Aquella vez el acuerdo llegó. Hoy, la relación entre Moreno y Abascal está mucho más deteriorada. Lo que entonces era un encaje de programas se ha convertido en una línea roja sobre la inmigración que, por ahora, separa de forma irreconciliable al bloque de la investidura. Quienes viven en Sevilla, pero también en Granada o en Almería, saben que cada día sin presupuestos significa una ayuda social pendiente o una obra pública que no arranca.
Los próximos días son determinantes. Si el martes no se consiguen los apoyos y el jueves tampoco se recogen abstenciones, Andalucía se verá abocada a unas terceras elecciones en menos de ocho años. La pelota está en el tejado de un Vox que, de momento, insiste en que no habrá investidura sin abordar la inmigración. La historia reciente demuestra que, cuando las urnas vuelven a hablar, los andaluces castigan la inestabilidad. Moreno lo sabe y por eso ha elegido este lunes la vía de la responsabilidad compartida.
¿Qué ha pasado? El euríbor a doce meses cierra junio en el 2,801%, prácticamente igual que en mayo, a pesar de que el BCE subió los tipos 25 puntos básicos hasta el 2,25%.
¿Quién está detrás? El Banco Central Europeo (BCE), que a mediados de junio elevó el precio del dinero por tercera vez en 2026 para contener la inflación, y el conflicto en Irán, que dispara la energía y las expectativas de precios.
¿Qué impacto tiene? Una hipoteca variable media de 150.000 euros se encarecerá unos 700 euros al año cuando le toque revisión, según el Instituto Español de Analistas. Para un préstamo de 300.000 euros, la subida roza los 1.400 euros anuales.
El euríbor a doce meses, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España, cerrará junio en el 2,801%, apenas un 0,003% por debajo del registro de mayo. El estancamiento desconcierta a primera vista, porque el Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 2,25%, en su reunión del 12 de junio. Sin embargo, los analistas coinciden: el mercado ya había descontado ese movimiento hace meses.
Un repunte que el euríbor ya había anticipado desde febrero
Desde que estalló el conflicto en Irán, los mercados elevaron sus expectativas de inflación y empezaron a calcular hasta dos subidas de tipos adicionales del BCE. Como explica Miquel Riera, analista hipotecario de HelpMyCash, “el euríbor tiende a adelantarse a las decisiones que toma el BCE”. Esa dinámica se reflejó en la trayectoria del índice: pasó del 2,221% en febrero al 2,804% en mayo, incorporando de antemano el alza de junio.
La debilidad del euro frente al dólar, alimentada por las tensiones en Oriente Medio, también ha jugado a favor de que el BCE no tenga que continuar subiendo los tipos con agresividad. Javier Santacruz, experto del Instituto Español de Analistas, señala que “la debilidad del euro es bastante positiva para la visión del BCE” y podría favorecer que Fráncfort mantenga el tono en lo que queda de año.
Cuánto subirán las cuotas de las hipotecas este verano
Pese al estancamiento mensual, la foto interanual es muy distinta. En junio del año pasado el euríbor cerraba en el 2,081%. Esa diferencia de 72 puntos básicos se traduce directamente en letras más altas para quien revise ahora su hipoteca. Según los cálculos difundidos, un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, verá incrementada su cuota anual en aproximadamente 700 euros. Si la hipoteca asciende a 300.000 euros, el sobrecoste anual ronda los 1.400 euros.
Los hogares que firmaron su hipoteca hace uno o dos años y que revisen en julio serán los primeros en notar el golpe. En España, alrededor del 60% del saldo vivo hipotecario está referenciado a tipo variable, lo que deja a millones de familias expuestas a las decisiones del BCE.
El euríbor ya anticipó la subida de tipos meses antes. Ahora, la clave está en si el BCE frena o sigue apretando el freno monetario.
El Eje del Poder Europeo: el BCE aprieta más al sur que al norte
La política monetaria única diseñada en Fráncfort no golpea por igual a todos los países de la eurozona. Mientras que en Alemania, Francia o Países Bajos la mayoría de los hogares tienen contratada una hipoteca fija, en Estados miembros como España, Italia o Portugal el tipo variable sigue siendo muy relevante. La rigidez de mandato del BCE —centrado en la inflación media de los Veinte— ignora estas asimetrías, lo que genera un efecto redistributivo que los gobiernos del sur no se cansan de señalar.
En la práctica, cada escalón al alza que da el BCE supone un drenaje adicional sobre la renta disponible de la familia española tipo, mientras que en el norte el impacto es mucho más amortiguado. Esta brecha ha reabierto el debate sobre la conveniencia de impulsar medidas complementarias a escala nacional, como la extensión del Código de Buenas Prácticas hipotecarias que el Gobierno español ya activó en crisis anteriores.
El margen que le queda al euríbor dependerá ahora de dos factores. Por un lado, la evolución de la inflación, que si se modera podría permitir al BCE mantener los tipos en el 2,25% durante el resto del año. Por otro, la geopolítica: si el conflicto en Irán se recrudece, la inflación energética volverá a dispararse y los mercados descontarán una o dos subidas más. En ese escenario, el euríbor podría superar el 3% y la factura hipotecaria se agravaría sensiblemente. Una escalada del conflicto, por el contrario, podría llevar a a que el BCE realizara una o dos subidas más en 2026.
Los analistas consultados ven más probable que el euríbor se mueva en una banda entre el 2,6% y el 3% durante los próximos meses, a la espera de la reunión del BCE de septiembre y de los datos de inflación de julio. La prudencia sigue siendo la consigna para un mercado hipotecario que ya acumula tres años de sobresaltos.
Una conversación en Doha puede mover la aguja de lo que pagan los hogares españoles por llenar el depósito o por la factura de la calefacción. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que las negociaciones de paz con Irán se reanudarán el martes 30 de junio en la capital catarí, reactivando un diálogo que había quedado congelado tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz. El impacto para España es directo: un alivio de la tensión geopolítica puede frenar la escalada del crudo y abaratar el surtidor.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. El estrecho de Ormuz canaliza una quinta parte del comercio mundial de petróleo y su cierre o inestabilidad dispara las primas de riesgo sobre el Brent. La economía española, que importa prácticamente todo el crudo que consume según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas, nota de inmediato cualquier movimiento en los precios internacionales. Un barril estable por debajo de los 73 dólares es una bocanada de aire para la competitividad de la industria y los bolsillos de los ciudadanos.
El estrecho que dicta la factura energética española
Conviene recordarlo: por el estrecho de Ormuz, entre Omán e Irán, transitan a diario grandes petroleros que abastecen a los mercados mundiales. España depende de las importaciones de crudo para más del 70 % de su energía primaria, y aunque la mayoría de sus compras no provienen directamente del Golfo, el precio se fija globalmente: cualquier crisis en ese paso estratégico infla la cotización del Brent y encarece todas las compras. La historia de este estrecho está salpicada de tensiones que el mercado traduce en euros de más en el recibo energético español.
En esta ocasión, la reanudación de las conversaciones de paz llega después de que la tregua de mediados de junio estuviera a punto de saltar por los aires. La semana pasada, un ataque iraní a un portacontenedores con bandera de Singapur en Ormuz desencadenó represalias estadounidenses y un cruce de acusaciones de incumplimiento. La Administración Trump y Teherán pactaron entonces un cese temporal de las hostilidades, pero los armadores se mantienen cautelosos: el tráfico por el estrecho, aunque superior al de los peores meses de la guerra, sigue muy por debajo de la normalidad.
Un alto el fuego que pone a prueba la confianza de los mercados
«Irán ha solicitado una reunión», escribió Trump en su red social Truth Social. «Se celebrará mañana en Doha». La confirmación oficial no ha llegado por parte iraní —el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, negó inicialmente una cita programada—, pero ambas partes han dado el paso de parar los ataques. El Brent, que antes del conflicto llegó a superar los 90 dólares, se movía este lunes en torno a los 72,50 dólares el barril, una cota que alivia a los importadores europeos.
Un barril más barato estabiliza los presupuestos familiares y reduce los costes de producción de la industria española, desde el transporte de mercancías hasta las fábricas intensivas en energía. En lo que va de año, cada subida de diez dólares en el crudo ha restado aproximadamente 0,2 puntos al PIB de la eurozona, según estimaciones del Banco Central Europeo. Para un país como España, con un déficit energético estructural, la diferencia entre un Brent a 80 y otro a 70 dólares se traduce en miles de millones de euros al año.
Del memorando de junio al temor de los peajes: el pulso por Ormuz
Vamos por partes. El 17 de junio, Trump firmó un memorando de entendimiento que puso fin a la fase más aguda de la guerra iniciada a finales de febrero. Aquel acuerdo disparó el tráfico de buques, pero la confianza duró poco: el fin de semana pasado, apenas unas pocas embarcaciones se aventuraron por el estrecho. Los armadores temen que cualquier incidente reactive los ataques, y esa incertidumbre es precisamente la que mantiene la prima de riesgo sobre el barril.
Y aquí está la clave adicional que añade presión: Irán celebró el lunes su primera reunión con Omán para discutir la futura administración del estrecho, y sobrevuela la posibilidad de imponer tarifas de paso. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya calificó cualquier peaje de «inaceptable». Para España, la mera hipótesis de un coste añadido por navegar en Ormuz encarecería de forma estructural el precio del crudo, y con él, la factura que pagan familias y empresas cada mes.
El petroleo barato es un alivio inmediato para los presupuestos familiares y la competitividad industrial.
El conflicto, que ya suma cuatro meses, ha recordado a Europa la fragilidad de su suministro energético. España ha sorteado las tensiones gracias a su diversificación de proveedores —Nigeria, Arabia Saudí y México lideran sus compras—, pero en un mercado globalizado el precio final depende de lo que ocurra en cualquier punto caliente. Por eso, la reanudación del diálogo en Doha es una noticia que se lee con alivio en las mesas de operaciones y, a medio plazo, en el bolsillo de los ciudadanos.
📌 Ficha del Caso
Ficha sobre el caso: El presidente estadounidense anuncia la reanudación de las conversaciones de paz con Irán en Doha, tras una serie de ataques que pusieron en jaque el frágil alto el fuego sellado el 17 de junio.
Datos importantes: Por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del crudo mundial. El Brent bajó a menos de 73 dólares tras el acuerdo de cese de hostilidades, aliviando la presión sobre la factura energética europea y española.
Resumen: Un diálogo sostenido que aleje el riesgo de cierre de Ormuz o de imposición de peajes estabiliza los precios del petróleo, protegiendo la competitividad de la economía española y el poder adquisitivo de los hogares.
¿Qué ha pasado? Polonia ha firmado un contrato por 4.800 millones de dólares con Saab para tres submarinos A26 de quinta generación, con entrega prevista en 2038.
¿Quién está detrás? El Ministerio de Defensa polaco y la sueca Saab, con presencia de los primeros ministros y ministros de defensa de ambos países.
¿Qué impacto tiene? Refuerza la seguridad marítima en el Báltico, introduce capacidad de enjambres de drones submarinos, y profundiza la cooperación industrial de defensa entre Suecia y Polonia, clave para la OTAN.
Polonia ha dado hoy un salto estratégico en su modernización naval con la firma de un contrato de 4.800 millones de dólares con la sueca Saab para la adquisición de tres submarinos A26 de quinta generación. La ceremonia, celebrada en Gdynia, en la costa báltica polaca, contó con la presencia de los primeros ministros y los ministros de defensa de ambos países, según confirmó el Ministerio de Defensa polaco. Los sumergibles, que estarán operativos en 2038, serán los más avanzados diseñados para operar en el Mar Báltico y, por primera vez, podrán desplegar enjambres de drones desde las profundidades.
El acuerdo incluye además la creación de capacidades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) en suelo polaco, estrechando la colaboración industrial con la industria local. En paralelo, Varsovia ha cerrado un contrato urgente para adquirir el submarino sueco HMS Södermanland como «buque puente» para adiestrar a sus marineros mientras llegan los A26, una medida que revela la urgencia con la que se está cerrando la brecha de capacidades en la Armada polaca.
El viceprimer ministro y ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, subrayó que los A26 «son los submarinos más avanzados diseñados para el Báltico, capaces de realizar misiones tanto para la Armada como para fuerzas de operaciones especiales». Los enjambres de drones que podrán lanzar —controlados desde el interior de la nave— vigilarán infraestructuras críticas y la costa, una función que adquiere un valor táctico enorme en un mar cada vez más disputado.
Una brecha naval que el Báltico ya no puede tolerar
Durante décadas, la Marina polaca fue la rama más infrainversida de sus fuerzas armadas. La anexión rusa de Crimea en 2014, las tensiones en el Báltico y la guerra de Ucrania han cambiado drásticamente esas prioridades. En los últimos meses, Varsovia ha acelerado una cascada de contratos para modernizar su flota: drones aéreos V-BAT de Shield AI para la Armada, sistemas de misiles de crucero, y ahora este pedido de submarinos de última generación.
El Báltico se ha convertido en un teatro de fricción permanente entre la OTAN y Rusia. Incidentes con cables submarinos, movimientos navales no anunciados y la presencia de la Flota del Báltico rusa obligan a repensar la disuasión bajo el agua. Los A26 llegan a cambiar la ecuación: con su sigilo extremo, propulsión independiente del aire (AIP) y capacidad de operar durante semanas sin ser detectados, Polonia podrá vigilar y negar el acceso a una zona que Moscú considera vital para sus intereses.
Polonia está comprando no solo submarinos, sino la capacidad de negar el mar a cualquier adversario en el Báltico con una letalidad silenciosa y autónoma.
El A26: furtivo, modular y con enjambre de drones
Los Saab A26 representan la quinta generación de submarinos convencionales. Están concebidos con un diseño modular que permite integrar cargas de misión variables: desde fuerzas especiales hasta vehículos autónomos. Su silueta está optimizada para las aguas poco profundas y de escasa propagación acústica del Báltico, donde un submarino nuclear sería contraproducente. La opción de lanzar enjambres de drones —aéreos, de superficie o submarinos— controlados remotamente desde el submarino convierte al A26 en un nodo de mando distribuido, no solo en un arma de ataque.
Las especificaciones técnicas incluyen una eslora de 63 metros, desplazamiento en inmersión de unas 1.900 toneladas y una tripulación reducida de alrededor de 25 personas. La propulsión AIP basada en el sistema Stirling le otorga una autonomía sumergida de semanas, eliminando la necesidad de asomar un snorkel y reduciendo su firma. Todo apunta a que Polonia también habría negociado la transferencia tecnológica para que parte de los trabajos de acondicionamiento y los futuros sistemas de combate se integren en sus astilleros. Puedes ampliar los detalles del programa en la entrada de la Wikipedia sobre el submarino A26.
El anuncio de los enjambres de drones ha sido la sorpresa táctica. Hasta ahora, ningún otro programa de submarinos incluía de serie la capacidad de desplegar y comandar una swarm heterogénea. El Ministerio de Defensa polaco no ha especificado aún el tipo de drones, pero la lógica operativa apunta a unidades pequeñas, desechables y equipadas con sensores de vigilancia electrónica, que podrían saturar las defensas de un adversario o cartografiar minas de forma autónoma.
Equilibrio de Poder
La decisión de Polonia resuena mucho más allá de Gdynia. Para la OTAN, el refuerzo del flanco marítimo nórdico-báltico es estratégicamente prioritario. Suecia, último miembro en incorporarse a la Alianza, se convierte en el socio industrial de referencia de Varsovia en el dominio submarino, desplazando a los históricos proveedores alemanes o franceses. El oligopolio europeo de construcción de submarinos —dominado por Naval Group, TKMS y Navantia— ve ahora cómo Saab escala posiciones no solo como fabricante, sino como integrador de nuevas doctrinas de combate con drones.
Para España, la operación tiene varias lecturas. Por un lado, Navantia compite en el segmento de submarinos convencionales con su clase S-80, pero el contrato polaco demuestra que en la OTAN el mercado va hacia sistemas modulares con capacidad de enjambre, un terreno en el que Cartagena aún no ha mostrado cartas. Por otro, el sobreesfuerzo inversor de Polonia —que ya roza el 5 % del PIB en defensa— mete presión a los socios mediterráneos para que justifiquen sus partidas y cumplan con los compromisos del 2 %. La cuestión en Moncloa no es menor: si la tendencia de gasto se acelera en el este, habrá menos excusas para dilatar la modernización de las fuerzas propias.
En el eje con Rusia, el movimiento polaco no pasará desapercibido. La Flota del Báltico, aunque envejecida, sigue manteniendo capacidades de denegación de área y cuenta con misiles Kalibr. Moscú interpretará los A26 como una amenaza directa a sus rutas de salida desde San Petersburgo y Kaliningrado. La introducción de enjambres de drones submarinos añade un factor de imprevisibilidad que complica los cálculos de defensa portuaria rusos. En el actual contexto de guerra en Ucrania, cualquier movimiento de fuerzas navales en el Báltico es observado con lupa, y la reacción del Kremlin podría traducirse en un aumento de las patrullas de sus submarinos de la clase Kilo mejorada.
La OTAN, mientras, se frota las manos. El secretario general ha reiterado que la modernización naval del flanco oriental es indispensable para la disuasión integrada. Los A26 polacos, junto con los futuros submarinos suecos y los alemanes clase 212CD, tejerán una malla submarina que cierra el Báltico a las incursiones hostiles. El verdadero desafío ahora es industrial y de doctrina: cómo estandarizar los protocolos de enjambre y el intercambio de datos entre unidades de distintas nacionalidades, un debate que se intensificará en la próxima cumbre de la OTAN prevista para otoño de este año.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes 29 de junio avisos amarillos por tormentas con granizo en Granada, Jaén y Almería. La inestabilidad irrumpirá a partir del mediodía y se prolongará hasta la noche, con chubascos que podrían ser localmente intensos.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha pasado? AEMET activa alerta amarilla por tormentas con granizo en las tres provincias orientales andaluzas.
¿Dónde y quién? Afecta a zonas de interior y sierras de Granada, Jaén y Almería; las capitales quedan parcialmente en aviso.
¿Qué supone para los ciudadanos? Posibles lluvias fuertes, granizadas y viento entre las 12:00 y las 21:00 horas, con riesgo de incidencias en carreteras y cultivos.
El calor será otro de los protagonistas. Las temperaturas máximas se acercarán a los 40 grados en buena parte del interior, mientras las mínimas no bajarán de los 20 grados en las capitales orientales. Ese calor, combinado con la entrada de aire frío en altura, crea el caldo de cultivo para las tormentas.
Zonas bajo aviso y duración del episodio
En Granada, el aviso se ciñe a la Cuenca del Genil, las comarcas de Guadix y Baza y la cara norte de Sierra Nevada y las Alpujarras; la Costa Tropical queda fuera de la zona de riesgo. En Jaén, la alerta cubre la Sierra de Cazorla, la propia ciudad de Jaén y los Montes. Por su parte, Almería verá las tormentas concentradas en el Poniente, la capital, la comarca del Nacimiento, el Campo de Tabernas y el Valle del Almanzora.
Los técnicos de AEMET han fijado la vigencia del aviso desde las 12:00 hasta las 21:00 horas. A partir de esa hora, la atmósfera tenderá a estabilizarse rápidamente, y el martes regresará el tiempo seco y soleado, con máximas que volverán a rondar los 40 grados en puntos como Córdoba o Sevilla.
No es la primera vez que el este andaluz vive una situación así en pleno verano. Hace solo dos años, una tormenta de granizo en la comarca del Almanzora arrasó cientos de hectáreas de frutales y hortalizas, y en 2025 varias pedregadas dañaron cultivos en la Axarquía almeriense. Los agricultores afrontan cada tarde de tormentas con la incertidumbre de una cosecha en juego.
El servicio de emergencias 112 Andalucía recuerda algunos consejos básicos para estos casos: alejarse de cauces secos, no aparcar vehículos en zonas inundables, y en el hogar retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caer con el viento. La precaución es clave aunque el episodio dure apenas unas horas.
La combinación de calor sofocante y tormentas repentinas es una constante del verano en el interior andaluz, y este lunes vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de municipios y agricultores.
La Lectura Andaluza
Estos episodios de tormentas vespertinas forman parte del paisaje meteorológico del verano en nuestra comunidad. El choque del calor que se acumula en las horas centrales con pequeñas bolsas de aire frío en altura es el detonante que cada año convierte el cielo de Granada, Jaén y Almería en un polvorín eléctrico. Aunque en esta ocasión la AEMET no espera que se alcancen niveles naranjas o rojos, la señal amarilla ya activa los protocolos de Protección Civil en los municipios implicados y pone sobre aviso a los productores agrícolas, que se juegan literalmente la cosecha de la temporada.
Para los ciudadanos, el aviso implica que las tormentas de esta tarde pueden convertir cualquier desplazamiento por carretera en una aventura. En la capital almeriense, por ejemplo, los barrios más próximos a las ramblas —El Puche, La Chanca— se mantienen ojo avizor ante la posibilidad de que un chubasco intenso provoque escorrentías rápidas. La alcaldía de Almería ya ha reforzado la vigilancia y el desagüe de imbornales, y lo mismo han hecho los consistorios de Guadix, Baza y Cazorla. Nada que no se haya vivido otros años, pero siempre con la incertidumbre de si esta vez tocará ahí donde más duele.
Mañana, cuando el riesgo de tormentas se haya desvanecido por completo, el protagonismo volverá al calor. Con el Plan de Prevención de Altas Temperaturas ya activado por la Junta, los termómetros del valle del Guadalquivir apuntan a los 41 grados. Así que la lectura es clara: en la Andalucía de finales de junio, hay que estar preparado para pasar del paraguas al ventilador en cuestión de horas. Y para que no pille por sorpresa a nadie, aquí seguiremos contándolo.
¿Qué ha pasado? Estonia, miembro de la OTAN, admite que no impedirá que drones ucranianos violen su espacio aéreo si atacan territorio ruso.
¿Quién está detrás? El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, en entrevista con el Financial Times. Ucrania multiplica los ataques con drones de largo alcance contra infraestructura energética rusa.
¿Qué impacto tiene? La postura de Tallin eleva el riesgo de escalada directa entre la OTAN y Moscú, que acusa a los países bálticos de complicidad y prepara una revisión de su defensa aérea.
El flanco oriental de la OTAN vuelve a tensarse. Esta vez no por movimientos de tropas rusas, sino por la decisión de un aliado de permitir que drones de guerra ucranianos crucen su espacio aéreo para golpear en profundidad el territorio de la Federación Rusa. El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha confirmado que Tallin no se opondrá a estas incursiones mientras causen daños en Rusia. La declaración, realizada en una entrevista con el Financial Times, rompe el tabú de la inviolabilidad del espacio aéreo de un socio OTAN y sitúa a la Alianza ante un dilema estratégico de primer orden.
Una apuesta calculada en el flanco oriental
La lógica de Tsahkna es tan simple como arriesgada: aceptar el peligro de los drones ucranianos sobre territorio estonio a cambio de erosionar la capacidad militar y económica rusa. “Por supuesto que no estamos contentos con estos incidentes”, reconoció el ministro, “pero no le decimos a Ucrania que los detenga”. Estonia prefiere asumir el riesgo operativo antes que limitar las opciones de Kiev en una guerra que considera existencial para la seguridad europea. La decisión no es improvisada: el país báltico ya ha derribado drones ucranianos que sobrevolaban su territorio, según admite el propio gobierno, pero opta por una ambigüedad deliberada.
La postura de Tallin llega después de que en mayo la crisis gubernamental en Letonia se desencadenara, en parte, por la lenta respuesta militar ante incursiones similares. Aquel colapso del ejecutivo de Riga evidenció la fractura política que los drones ucranianos pueden provocar en los países del Báltico. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, relató a su vez cómo retó directamente a Zelenski sobre estas violaciones durante una reunión en Armenia, calificándolas de “inaceptables”. La línea roja, por tanto, no es unánime ni siquiera entre los vecinos nórdicos.
Armas de largo alcance: el ‘gamechanger’ ucraniano
Ucrania ha intensificado sus ataques con drones kamikaze contra refinerías y terminales de exportación rusas desde la primavera de 2026. Los drones de largo alcance, algunos de fabricación local y otros modificados a partir de sistemas comerciales, han golpeado instalaciones energéticas a cientos de kilómetros de la frontera. Fuentes rusas han denunciado el uso de “tecnologías que reciben de Europa”, mientras el presidente Vladimir Putin restó importancia a los daños, calificando la campaña como parte de una “guerra de información” que no altera el equilibrio en el frente. Sin embargo, las imágenes de satélite y los informes de inteligencia de código abierto sugieren impactos significativos en la logística energética rusa.
El gobierno de Zelenski presenta estos ataques como un factor de presión económica que, combinado con las sanciones occidentales, podría forzar a Moscú a negociar. La estrategia es idéntica a la que ya se intentó con sistemas como el HIMARS o los misiles Storm Shadow: explotar la profundidad del campo de batalla para compensar la inferioridad numérica ucraniana. Pero ahora la diferencia es que la trayectoria de vuelo de muchos de esos drones pasa inevitablemente por el espacio aéreo de Estonia, Letonia o Finlandia, llevando la guerra a territorio OTAN de facto.
La OTAN no ha condenado explícitamente las incursiones pero sí ha instado a la moderación, mientras Moscú acusa a los países bálticos de actuar como plataforma de lanzamiento encubierta.
Rusia ha respondido con una doble vía. En el plano militar, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, anunció una revisión profunda del sistema de defensa aérea, con la integración de unidades de respuesta rápida armadas con drones interceptores, que debería estar operativa en noviembre. En el diplomático, el Kremlin ha publicado una lista de direcciones de instalaciones en países de la OTAN que, según Moscú, suministran componentes críticos para los drones ucranianos. Aunque la verificación independiente de esa lista es casi imposible, la amenaza implícita es clara: el territorio aliado ya no es santuario.
Equilibrio de Poder
La decisión de Estonia abre una grieta peligrosa en la doctrina de defensa colectiva. Si un Estado miembro de la OTAN permite que su espacio aéreo sea utilizado para lanzar ataques contra Rusia, la línea entre la no beligerancia y la participación directa se difumina. Hasta ahora, la Alianza había evitado cualquier implicación operativa en la guerra de Ucrania, limitándose al suministro de armamento y al entrenamiento. Pero permitir que drones con carga explosiva sobrevuelen territorio aliado rumbo a objetivos rusos equivale a asumir el riesgo de represalias cinéticas, aunque Moscú no haya activado por ahora ninguna cláusula de respuesta colectiva.
Para España, la tensión en el Báltico tiene repercusiones indirectas pero tangibles. Aunque la Península Ibérica queda lejos del teatro de operaciones, la unidad de la OTAN es el paraguas bajo el cual se protegen las fronteras sur y las rutas energéticas del Magreb. Cada fractura en la cohesión aliada debilita la capacidad de disuasión también en el Mediterráneo y el Sahel. Además, el aumento de la inversión en defensa exigido por la Administración Trump –ahora fijado en el 5% del PIB– se justifica precisamente en estos escenarios de creciente riesgo. Moncloa ya ha comprometido una senda de gasto que alcanzará los 70.000 millones anuales en 2032, y la tensión báltica refuerza el argumento de quienes exigen acelerar el rearme.
El precedente más cercano es la crisis de los misiles en Europa de 2022-2023, cuando Polonia y Eslovaquia acordaron el envío de cazas MiG-29 a Ucrania y se produjo la caída de un misil en territorio polaco que por poco no activa el Artículo 5. Ahora el vector no es un misil errante, sino un enjambre de drones con trazado predecible y permiso tácito de Tallin. La próxima cumbre de la OTAN en Vilna, prevista para octubre de 2026, será el escenario donde se mida la verdadera cohesión interna. Hasta entonces, cada dron que cruce Estonia será un desafío en tiempo real a la arquitectura de seguridad diseñada para evitarlo.
No hay buenas opciones. Condenar a Estonia supondría debilitar a Ucrania en un momento crítico; respaldarla equivaldría a asumir una cuota de corresponsabilidad en ataques a suelo ruso. El silencio, que parece ser la opción elegida por ahora, es la admisión de que la guerra ya no respeta las fronteras jurídicas que la OTAN se impuso a sí misma.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha redoblado la amenaza de que la gratuidad de las escuelas infantiles en Galicia podría desaparecer si el Gobierno central impone la reducción de ratios en la etapa de 0 a 3 años. La advertencia, lanzada el pasado lunes , apunta directamente al corazón del modelo que Alberto Núñez Feijóo dejó como su último gran legado antes de marcharse a Madrid.
La amenaza de Rueda: “Esto compromete muy seriamente la gratuidad”
El sistema gallego de gratuidad en el primer ciclo de educación infantil no descansa solo sobre la red pública. Miles de plazas corresponden a guarderías privadas que la Xunta financia mediante conciertos. “El sistema gratuito estaba funcionando adecuadamente”, defendió Rueda, en respuesta a quienes cuestionan si el modelo tiene un fallo estructural que impide asumir menos niños por aula.
El origen del enfrentamiento es la propuesta del Ministerio de Educación para reducir las ratios de manera drástica. En las aulas de cero años se pasaría de ocho a un máximo de cuatro bebés; en las de un año, de trece a seis; y en las de dos, de veinte a ocho. En el segundo ciclo —de tres a seis— el tope bajaría de veinticinco a veinte.
Rueda lo resumió con una queja directa: “Lo que propone el Gobierno es tanto como decir que hay que doblar el número de plazas o bajar a la mitad los matriculados”. Insistió además en que la iniciativa llega “sin financiación” y puso en valor que el modelo gallego estaba siendo imitado por otras comunidades autónomas.
La protesta del presidente de la Xunta no es nueva, pero sí adquiere ahora un tono más severo. La Consellería de Educación, que dirige Román Rodríguez, ya había advertido de que los cambios supondrían un sobrecoste inasumible para las arcas autonómicas. Sin embargo, la patronal de escuelas infantiles privadas y parte del profesorado llevan meses reclamando justo lo contrario: más profesionales y menos niños por clase.
El sistema de gratuidad gallego, el último gran legado de Feijóo, se sostiene sobre un delicado equilibrio de plazas privadas sufragadas con fondos públicos.
Un modelo ideado por Feijóo que otras autonomías miran de cerca
La gratuidad universal de las escuelas infantiles de 0 a 3 años fue una de las últimas decisiones que Alberto Núñez Feijóo dejó atadas antes de abandonar la presidencia de la Xunta en 2022. Alfonso Rueda la estrenó como presidente en el curso 2023-2024, y desde entonces la ha defendido como bandera del PPdeG. El argumento siempre ha sido el mismo: conciliación familiar sin depender de la red pública.
Esa fórmula ha seducido a ejecutivos autonómicos del PP que buscan alternativas al modelo centralizado. Rueda no perdió la oportunidad de recordarlo: “Estaban imitando otras comunidades autónomas”. Sin embargo, la propuesta del Ministerio amenaza la arquitectura financiera del plan, que se basa en pagar un precio por plaza a centros privados, no en ampliar la oferta pública.
El Laboratorio Gallego
El pulso entre la Xunta y el Gobierno central por las ratios de educación infantil es, en el fondo, una disputa sobre dos modelos de gestión pública. Galicia, con su mayoría absoluta del PPdeG, ha convertido la gratuidad en un estandarte que el partido utiliza para diferenciarse de las políticas impulsadas por el Ejecutivo de Sánchez. Y lo hace con una ventaja notable: el Parlamento de Galicia no pondrá trabas a la defensa numantina del sistema, porque los 42 escaños del PPdeG garantizan que cualquier iniciativa del BNG o del PSdeG que cuestione el modelo quede en minoría.
Desde una lectura nacional, este enfrentamiento amplifica la estrategia que Feijóo viene desplegando desde la dirección del PP: presentar la gestión gallega como un ejemplo de éxito que solo puede prosperar si no se interviene desde Madrid. La amenaza de retirar la gratuidad no es solo una respuesta a una propuesta técnica; es un mensaje político dirigido a otras comunidades que podrían verse tentadas a replicar el esquema gallego. Si la reducción de ratios es inevitable, el modelo quedaría herido de muerte y, con él, uno de los logros más visibles del feijooísmo autonómico.
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio, pero la Xunta ya ha dejado claro que no dará un paso atrás sin pelear. El próximo Consello de Goberno podría abordar la respuesta formal a la propuesta, y no sería extraño que el asunto llegara al Parlamento de Galicia en las próximas semanas. Las elecciones autonómicas de 2028 están todavía lejos, pero el relato de una Galicia que defiende su modelo educativo frente a la injerencia estatal ya ha empezado a escribirse.
Ficha del Caso
El caso: El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, amenaza con eliminar la gratuidad de las escuelas infantiles si el Gobierno obliga a reducir las ratios de alumnos por aula en la etapa de 0 a 3 años.
Datos importantes: Las ratios actuales son de hasta 8 bebés (0 años), 13 (1 año) y 20 (2 años). La propuesta ministerial las reduciría a 4, 6 y 8, respectivamente. El modelo gallego financia con fondos públicos miles de plazas en guarderías privadas.
Resumen: La disputa trasciende la educación infantil: el PPdeG defiende el legado de Feijóo como emblema de su gestión autonómica, mientras que el Gobierno central insiste en mejorar la calidad de la atención reduciendo la masificación de las aulas, sin haber detallado aún la financiación.
