El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, han suscrito este lunes un protocolo de colaboración para garantizar el cumplimiento de cuarentenas por parte de toda la ciudadanía, para lo que se contará con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de coordinar las acciones con las entidades locales.
Ambos dirigentes han asegurado que con este protocolo se facilita que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan garantizar un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria.
Para ello, la Junta se compromete a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra la COVID-19. Por su parte, la Delegación del Gobierno apoyará al personal inspector y miembros de las policías locales, así como en la incoación de las denuncias por eventuales infracciones.
En concreto, las medidas se articularán a través del Centro de Coordinación Operativa Integrada Regional (Cecopi), que informarán de cada caso a los centros provinciales, desde donde se organizará el operativo para dar cumplimiento a las cuarentenas.
En su intervención ante los medios de comunicación, Fernández Mañueco ha insistido en que en la lucha contra el virus no deben existir ni fronteras ni colores políticos y que: «todos somos responsables de la salud de todos.
«La inmensa mayoría estamos demostrando un gran ejercicio cívico de responsabilidad, respeto profundo a las normas sanitarias establecidas, pero hay comportamientos irresponsables de una minoría insolidaria que vulneran aislamientos y cuarentenas», ha explicado, tras lo que ha señalado que es precisamente en este colectivo «insolidario» sobre el que actuará el protocolo.
Así, ha detallado que si tras la actuación de inspectores no se cumplen cuarentenas se formulará una denuncia y habrá una orden judicial que garantice el confinamiento.
En este sentido, ha recordado que las comunidades autónomas, como prestadoras de los servicios públicos fundamentales, se sitúan en la primera línea de la lucha contra esta pandemia y que la Junta de Castilla y León lleva desde el principio trabajando «sin descanso», con medidas sanitarias, sociales y también económicas, para atenuar los efectos de esta crisis y propiciar la recuperación.
Por su parte, el delegado del Gobierno ha incidido en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado «intensamente» en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas sanitarias, algo que se ha mantendio tras el Estado de Alarma para garantizar el cumplimiento de las órdenes sanitarias.
El protocolo, ha señalado Izquierdo, avanza y formaliza esa colaboración, reconociendo jurídicamente la toma de decisiones desde el punto de vista útil y estableciendo los cauces a través de los cuales se pone en práctica la labor de los uniformados del Estado en la Comunidad Autónoma.
Como ha destacado Izquierdo el objetivo de este documento es permitir la instrumentalización, en el día a día, de cómo colaborarán la Policía Nacional y la Guardia Civil garantizando que quienes deban estar confinados a consecuencia de pruebas COVID positivas, así como sus contactos, cumplan con el confinamiento, de modo que quienes no lo hagan sean objeto de expediente administrativo y, en última instancia, de orden judicial.
