EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un juzgado de A Coruña ha ordenado inscribir el Pazo de Meirás a nombre del Estado, cancelando la inscripción a favor de la familia Franco.
- ¿Quién está detrás? La resolución se produce tras la histórica batalla judicial impulsada por la Abogacía del Estado, los concellos de A Coruña y Sada y entidades memorialistas.
- ¿Qué impacto tiene? Simboliza la culminación de la restitución del patrimonio usurpado durante la dictadura, un triunfo de la política de memoria democrática del PSOE.
La Justicia ha dado este viernes un paso definitivo en la recuperación del Pazo de Meirás Estado, con todas las consecuencias simbólicas y patrimoniales que esto supone. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha emitido un mandamiento al Registro de la Propiedad de Betanzos para que inscriba el inmueble a nombre del Estado español y cancele las registraciones de la familia Franco.
El documento, al que ha tenido acceso esta redacción, responde a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado marzo cerró el litigio civil más largo por bienes expoliados durante la dictadura. Desde entonces, Ferraz y Moncloa han insistido en la necesidad de que la memoria democrática se materialice en hechos registrales.
‘Cosas que pasan’, comentó ayer un joven diputado del GPS al conocer la noticia, con ironía y cierta satisfacción. La resolución del pasado jueves —contra la que cabe recurso de reposición— no solo ordena el cambio de titularidad, sino que describe minuciosamente las referencias catastrales y registrales de las fincas que componen el Pazo y sus terrenos.
De esta manera, se cierra un capítulo judicial iniciado en 2019 con la demanda de la Abogacía del Estado. El litigio demostró que la donación de 1938 al dictador se hizo en su condición de jefe del Estado y no a título personal, anulando así la compraventa simulada de 1941. El tribunal de instancia, siguiendo la estela de la Audiencia Provincial y del Supremo, deja sin efecto la inscripción registral que la familia Franco mantenía desde entonces.
La medida, aunque técnica, tiene una carga política de primer orden. Para el Partido Socialista, representa la concreción de una de sus banderas: la restitución del patrimonio público a la ciudadanía. El Pazo de Meirás Estado deja de ser una asignatura pendiente.
En paralelo, se ha fijado la indemnización a los herederos del dictador, tal y como preveía el fallo del Alto Tribunal. La cantidad, aún no hecha pública, cubre las mejoras realizadas en el inmueble durante los años de ocupación. Un desenlace jurídico que, pese a la controversia, se ajusta a la legalidad vigente y que el PSOE ha defendido como un mal menor necesario para cerrar el ciclo.
La restitución del Pazo de Meirás al Estado es un triunfo social y democrático que pone fin a décadas de injusticia.
El Eje del Poder Socialista
La inscripción registral del Pazo de Meirás a nombre del Estado va mucho más allá de una anotación en un libro. Para la dirección federal del PSOE y para el PSdeG-PSOE gallego, supone la culminación de una pelea que ha aglutinado a todo el espacio de la memoria democrática. La secretaria de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (en funciones), ha subrayado en repetidas ocasiones que ‘la recuperación del patrimonio es fundamental para reparar a las víctimas’.
El pulso interno con el PP, que siempre se mostró reacio a las demandas, se resuelve con esta decisión judicial. Los populares lamentaron en su día la ‘judicialización’ del asunto, pero el fallo firme del Supremo deja poco margen. En el Congreso, el GPS ha usado el caso como ejemplo de por qué era necesaria la Ley de Memoria Democrática. De hecho, el artículo 41 de la norma ya contemplaba la restitución de bienes incautados.
Desde Galicia, la lectura es aún más intensa. El Pazo de Meirás se convirtió en un símbolo de la resistencia cívica, con manifestaciones y actos vandálicos contra las estatuas franquistas. El alcalde de Sada, localidad donde se ubica el inmueble, y el de A Coruña —ambos bajo siglas socialistas— han peleado junto a la Diputación para que la restitución fuera una realidad.
La indemnización a los herederos, aunque ingrata, blinda jurídicamente la operación y evita futuras reclamaciones. La estrategia de Moncloa y de la Abogacía del Estado ha sido impecable: combinar la vía judicial con el respaldo político y social. Así lo destacan fuentes de Ferraz consultadas por Moncloa.com.
Queda ahora pendiente la apertura definitiva del recinto a las visitas públicas y la conversión del espacio en un centro de interpretación de la memoria. La Xunta de Galicia —gobernada por el PP— tendrá que gestionar esa fase, pero el Ejecutivo central ya ha avanzado que colaborará ‘en todo lo necesario’ para que el Pazo de Meirás Estado sea un lugar de pedagogía democrática. Mientras, el apunte final: la resolución del Registro no se espera antes de septiembre, pero lo importante es que ya no hay marcha atrás.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La restitución del Pazo de Meirás al Estado materializa la política de memoria democrática y repara un agravio histórico.
- Protagonista: La Abogacía del Estado, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, y los concellos socialistas de A Coruña y Sada.
- Próximo hito: La inscripción efectiva en el Registro de la Propiedad de Betanzos, previsiblemente en septiembre, y la posterior apertura al público.
