Hay iniciativas que reúnen mayoría suficiente para salir adelante y, sin embargo, no llegan ni a votarse. No caen en el hemiciclo: se quedan quietas en una sala de reuniones y con una firma. La Mesa del Congreso amplía una y otra vez el plazo para presentar enmiendas —el artículo 91 del Reglamento se lo permite— y la ley se enfría mientras nadie vota en contra. Esta lista reúne las cinco leyes estrella atrapadas en ese veto silencioso, elegidas por su recorrido parlamentario, por las prórrogas acumuladas y por su peso político.
Cada caso se mide con los mismos datos: días en comisión, prórrogas firmadas y último acuerdo de la Mesa, más el mapa de quién bloquea qué, que no obedece a un veto único, sino a una aritmética de sillones (tres del PSOE, dos de Sumar y cuatro del PP). El texto más antiguo es la rebaja del IVA de peluquerías, barberías y estética, que el Senado tomó en consideración el 7 de noviembre de 2023 con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE. La serie se compara con las tres legislaturas previas y con las leyes que esos mismos socios sí dejaron avanzar.
3Anatomía del ‘veto silencioso’: cómo se congela una ley sin que nadie vote en contra
El ‘veto silencioso’ no se ejerce en el hemiciclo, sino en una sala de reuniones y con una firma. El artículo 91 del Reglamento del Congreso permite a la Mesa ampliar el plazo de presentación de enmiendas sin fijar un número máximo de prórrogas ni una duración tope. Basta la mayoría simple de ese órgano —hoy cinco votos de PSOE y Sumar frente a cuatro del PP— para encadenar ampliaciones mientras la ley permanece formalmente viva: no se rechaza, no se archiva y no hay votación que deje rastro, de modo que nadie queda retratado en contra. El texto se queda en la casilla de salida, antes de la ponencia y de la comisión, y nunca llega al Pleno. El caso que el Tribunal Constitucional juzgó es el retrato del método: al proyecto de ley nacido del real decreto de fondos europeos (RDL 36/2020) se le prorrogaron las enmiendas hasta 71 veces desde febrero de 2021, con un plazo que debía haber cerrado el 15 de febrero de ese año, hasta que decayó con la disolución de las Cortes el 30 de mayo de 2023.
La sentencia 32/2026, de 14 de abril, puso nombre constitucional a la maniobra: aprobada por unanimidad y con ponencia de Enrique Arnaldo, concluyó que ampliar el plazo de forma automática y sin justificación «dificulta y obstruye» la tarea parlamentaria y vulnera el artículo 23 de la Constitución, y anuló los acuerdos de la Mesa con efectos meramente declarativos. La respuesta de la mayoría fue mínima: desde el 28 de abril motiva cada prórroga y mantiene el bloqueo, con el argumento de que la doctrina solo obliga en proyectos de urgencia tramitados tras convalidar un decreto ley. El PP lo llamó «rebeldía» y, a comienzos de junio, cifró en 144 las iniciativas atrapadas. La prueba de que el mecanismo funciona sin votos en contra la dio la ley antiokupas remitida por el Senado: acumuló 86 prórrogas y solo avanzó cuando los populares registraron un texto nuevo, admitido el 19 de mayo con 171 votos y la abstención de Junts y el PNV.
