El secretario general de la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha visitado el edificio del proyecto piloto en Madrid destinado a acoger a soldados de tropa en habitaciones y pisos compartidos en lo que se ha denominado «coliving» militar. La asociación ha valorado positivamente la iniciativa en una de las zonas más tensionadas de España, pero advierte de que el problema de fondo -la falta de medios en las residencias y alojamientos logísticos, competencia de los Ejércitos y la Armada- sigue sin resolverse, con militares durmiendo en los pasillos.
La Unión de Militares de Tropa (UMT) valora como «un primer paso» el proyecto piloto de solución habitacional de orientación coliving impulsado por el Ministerio de Defensa a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), cuyo edificio en la Comunidad de Madrid visitó el pasado viernes el secretario general de la asociación Luis Miguel Feito Iglesias.
La UMT reconoce el valor de una iniciativa dirigida a facilitar la movilidad geográfica del personal militar en una de las áreas con mayor presión inmobiliaria de España, si bien reclama que se complete con soluciones de vivienda para el personal con familia.
El modelo de coliving
El modelo, regulado por la Orden Ministerial 25/2026, de 15 de junio, y desarrollado para Madrid mediante la Resolución 3H0/08786/26 de la Dirección Gerencia del INVIED, combina el uso privativo de habitaciones individuales o dobles con zonas y servicios comunes -suministros, limpieza, conectividad digital, mantenimiento, cocinas, lavandería y zonas deportivas-, sin prestación de servicios de naturaleza hotelera. Concebido como proyecto piloto con una duración inicial de 24 meses, permite a los usuarios permanecer mientras se mantengan las circunstancias que dieron lugar al derecho, con estancias prorrogables hasta un máximo de cuatro años.
En cuanto a las condiciones económicas, la UMT considera que «los precios públicos -415 euros al mes por habitación individual y 345 euros por plaza en habitación doble compartida (IVA excluido)- resultan elevados para los niveles retributivos de buena parte de la tropa y marinería, si bien deben valorarse en el contexto de uno de los mercados más tensionados del país. La asociación destaca de forma positiva que la norma module estos importes en función de la categoría y que sea la tropa y marinería quien acceda a la mayor reducción, del 15 %, pero exige que esta reducción sea de al menos un 30%».
La asociación advierte, además, de que «estos importes son revisables al alza cada año y de que el personal que percibe la compensación por cambio de destino -esto es, quien está en pleno traslado y constituye el destinatario natural del modelo- abona un recargo del 50 %, lo que encarece de forma notable el alojamiento precisamente para quien más lo necesita.
El proyecto no aborda el origen del problema
Evidentemente, el INVIED no es responsable de las residencias logísticas ni de los alojamientos logísticos militares, que son competencia de los Ejércitos y de la Armada, unas instalaciones «cuya falta de medios ha alcanzado tal gravedad que hay compañeros durmiendo en los pasillos. Esta carencia se traduce en un volumen ingente de solicitudes de apoyo jurídico que la asociación atiende a diario y que ninguna iniciativa del INVIED, por sí sola, puede resolver», dice la asociación.
Con todo lo anterior y dado que el proyecto del INVIED tiene carácter individual, la UMT lo considera «el principio de una posible solución», siempre que se contemple la incorporación de otros edificios capaces de ofrecer una vivienda completa a los usuarios con familia. En el modelo actual, la estancia de cónyuges, parejas de hecho e hijos queda limitada a cinco días hábiles consecutivos y diez acumulados al mes, un margen insuficiente para las necesidades reales de las familias militares.
«Valoramos que Defensa dé pasos para aliviar una situación insostenible, especialmente en Madrid, pero un modelo de habitaciones individuales no puede ser el techo de nuestras aspiraciones. Mientras haya compañeros durmiendo en los pasillos por falta de alojamiento, la respuesta debe ser mucho más ambiciosa e incluir vivienda digna para las familias», ha señalado Luis Miguel Feito Iglesias, secretario general de la UMT.
La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha encargado al bufete de abogados del ex juez Baltasar Garzón, que interponga una querella por injurias contra Víctor de Aldama, el empresario del Caso Koldo que colaboró con la Justicia española, aportando pruebas de gran valor para la Fiscalía Anticorrupción y que dijo haber recibido un sobre de la entonces vicepresidenta del gobierno venezolano con destino al PSOE español. El contenido de ese sobre se investiga actualmente en una pieza separada de presunta financiación irregular del partido socialista en la Audiencia Nacional. En realidad, la querella de Delcy Rodríguez tiene pocas oportunidades de prosperar en España, debido a los antecedentes establecidos por el Tribunal Supremo.
El motivo de la querella son las declaraciones del empresario en dos programas de televisión de las cadenas Telemadrid y Cuatro en febrero de este año. Pero la cuestión es que Aldama había declarado lo mismo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y esto supone, de facto, que nadie puede querellarse contra Aldama por este motivo, pues esa denuncia necesitaría la aprobación del juez Moreno para seguir adelante.
De momento, Aldama está citado el 16 de julio a una demanda previa de conciliación en un juzgado madrileño. Paso indispensable antes de interponer una querella por injurias. Aldama valora junta a su abogado si acudir o no a la citación. Si no acude se interpretará como falta de interés en negociar un posible acuerdo, algo que es muy probable.
El conflicto no es pequeño. Si el juez autorizase el procedimiento de denuncia de Delcy Rodríguez, el mensaje a los colaboradores de la Justicia sería negativo: no declaren en los juzgados porque permitimos que las querellas contra ustedes salgan adelante. El mensaje también podría interpretarse en el sentido de que en la querella de Delcy existe algo de razón y entonces las declaraciones judiciales de Aldama carecerían de valor. Por el contrario, si Moreno niega que la querella continúe, algo que parece muy probable, Delcy Rodríguez podría alegar indefensión y acudir solicitando amparo ante el Tribunal Supremo español.
Sobre lo que sí parecen poner de acuerdo los juristas consultados por Moncloa.com es en lo que dice la Ley. El artículo 215 del Código Penal español deja claro que «nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del juez o tribunal que de él conociere o hubiere conocido», es decir, en este caso el juez Ismael Moreno.
La querella de Delcy Rodríguez no es el primer intento
No sería la primera vez que alguien intenta denunciar a Aldama. Tanto el PSOE como el constructor Manuel Contreras, presidente de Azvi, lo han intentado por las declaraciones prestadas ante el instructor del Caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, como por las posteriores declaraciones del empresario durante las vistas orales del juicio del Caso Koldo. En ambas ocasiones el Supremo tumbó las querellas.
El PSOE quiso querellarse y así lo anunció el ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de que el empresario implicase al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán y al ex presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como beneficiarios de la corrupción, el primero por contratos de obras públicas y el segundo por la compra de mascarillas destinadas a Canarias.
El auto del Alto Tribunal señaló entonces que «cuando se trata de la atribución de hechos pretendidamente delictivos que se encuentran todavía en fase de instrucción, vinculados además a lo que constituye el núcleo de aquella, ni puede asegurarse la falsedad de la imputación, ni es procedente otorgar, en este momento, la preceptiva licencia para interponer querella».
Por tanto, siguiendo la doctrina ya marcada por el Supremo la querella de Delcy Rodríguez contra Aldama tiene muy pocas oportunidades de prosperar, al menos mientras el asunto del sobre de PDVSA para el PSOE siga en fase de instrucción por parte del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.
Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid deciden hoy sobre los recursos interpuestos por varias partes contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por el procedimiento del tribunal del jurado. Los magistrados Enrique Jesús Berges, María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo, Carlos Prat y José Sierra tiene ante si la difícil papeleta de avalar la instrucción del juez Peinado y continuar el procedimiento o devolverlo al instructor para un nuevo dictado.
De momento, en esta guerra de los recursos (una veintena presentados en los dos años de instrucción) va ganado Peinado, aunque no por goleada. La última pelea judicial llegó tras la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y su posterior recurso para poder viajar a Turquía y a la graduación de su hija. El juez sustituto de Peinado, Antonio Viejo, adoptó una decisión salomónica y permitió a Begoña Gómez viajar a Gran Bretaña pero no a Turquía. Este lunes día 13 Gómez tendrá que devolver el pasaporte en el juzgado de instrucción 41 de Madrid, una decisión también recurrida.
En abril de este año 2026 el juez Peinado daba por concluida su investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El delito de intrusismo profesional quedó sobreseído por lo que los delitos iniciales se redujeron de 5 a 4.
En ese auto, Peinado admitía la propuesta de la defensa de Gómez, consistente en tres informes periciales: uno sobre la inexistencia de perjuicio a la UCM (realizado por D. Jesús Rodríguez Márquez), otro sobre el régimen de Cátedras extraordinarias (realizado por D. Manuel López Hernández) y un tercero sobre el estatus de las asesoras de los cónyuges de los Presidentes del Gobierno (realizado por D. Julio González García).
Peinado dejó así la causa al pie del banquillo de una acusación popular si no prospera ninguno de los recursos de apelación que las defensas presentaron ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Las acusaciones contra Begoña Gómez
Recogía el juez en un extenso auto que las acusaciones populares, representadas en esta causa por la asociación Hazte Oír, que «tras el examen de sus circunstancias personales a analizar el cambio en la trayectoria profesional de María Begoña Gómez Fernández tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. fue nombrada directora del IE África Center en agosto de 2018. Coincidiendo con el tercer investigado, Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario tecnológico, socio y fundador (…) y que ha desempeñado cargos en diferentes empresas, entre ellas Innova Next. Y que al entablar nuevas y diferentes relaciones a las mantenidas hasta entonces en su ámbito profesional, realiza la contratación de su amiga, también investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, con cargo al erario y para ayuda en su actividad privada».
La acusaciones sostenían además que «a partir del curso académico 2014/15, María Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (…) la empezó a ejercer meses después de que su esposo fuese nombrado Secretario General del PSOE, no constando, en ningún caso, la existencia de proceso de selección alguno para desempañar tal puesto (…)».
Añadían que además, «en fecha 2 de marzo de 2020, la investigada registró de la marca «TSC Transformación Social Competitiva» es decir el mismo nombre que iba a tener la Cátedra cuya creación se firmó oficialmente el 30 de octubre de 2020: Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. Y que consta que a partir de 21 de junio de 2020 Juan Carlos Barrabés se reunió con María Begoña Gómez en La Moncloa para trabajar en el proyecto de la futura cátedra. Y que en julio de 2020 (es decir cuando tenían lugar estas reuniones) la investigada firmó dos cartas de recomendación a favor de ofertas vinculadas a UTE Barrabés/The Valley en procedimientos de Red.es en su calidad de codirectora del citado Máster».
La financiación inicial de la cátedra contó con la colaboración de «dos empresas de gran relevancia nacional como son Reale Seguros y la Fundación la Caixa. En el Convenio de creación mencionado anteriormente Reale Seguros asumió el patrocinio por un valor de aportación económica única de 60.000 euros mientras que la Caixa se comprometía a una aportación anual de 15.000 euros además de otras obligaciones asumidas por dichas compañías. Y dado que el desarrollo de la Cátedra precisaba de mayor aportación (…) fueron diversas las empresas contactadas entre las que en este momento mencionamos Indra, Telefónica o Google».
Cristina Álvarez
Las acusaciones populares también sostenían que la esposa del presidente recibió la ayuda «directa y constante de María Cristina Álvarez, implicándose de pleno en proyectos de la Cátedra, actos, negociaciones, reuniones, seguimiento de pagos, comunicaciones diarias y otros ámbitos, todos ellos absolutamente ajenos a las funciones propias de su cargo, asistente o asesora de María Begoña Gómez no como Directora de la Cátedra TSC sino para todo lo que estuviese vinculado a Begoña Gómez como esposa del Presidente del Gobierno».
Asímismo, son varias las empresas que confirmaron que «Cristina Álvarez estuvo presente junto a Begoña Gómez en las reuniones de seguimiento respecto al desarrollo del sistema digital o software vinculado al interés exclusivamente profesional y privado de Begoña Gómez como Making Science Group, Devoteam Drago, Indra y Google», continúa el escrito.
Cristina Álvarez, de negro, entrando en el juzgado. EP
Cristina Álvarez, desde su incorporación a su puesto laboral en el Palacio de la Moncloa en julio del año 2018 y hasta la fecha actual, en la que continúa desempeñando funciones como Directora de Programas, ha percibido como retribuciones la suma que asciende a 361.423,40 euros brutos y 258.670,42 euros netos, computados entre los años 2018 y 2025.
Además, «Begoña Gómez alojó el proyecto desarrollado en la Cátedra TSC, es decir, la plataforma o software, en la web transformatsc.org, dominio del que ella ya era titular, dominio que aparece en la marca registrada por ella misma el 10 de octubre de 2022 y dominio con exacta denominación que la sociedad limitada constituida el 21 de noviembre de 2023 por la propia Begoña Gómez», añadían.
La defensa de Begoña Gómez
El auto del juez Peinado, que ahora debe debatir la sala 23 de la Audiencia Provincial, recogía la defensa de Begoña Gómez: «Al inicio de su comparecencia pone de manifiesto que no procede la misma porque en el auto de transformación e incoación no hay una imputación de delitos a su defendida. Si bien es cierto que dos de los delitos sobre los que se concreta la acusación son competencia del Tribunal del Jurado, los otros tres no lo están, dada su complejidad técnica».
El letrado de la defensa, el ex ministro Antonio Camacho, también entendía que «para que proceda la incoación del Tribunal del Jurado, tienen que existir los indicios y además ser verosímiles, así como ser atribuibles a personas concretas y determinadas».
Alegó el abogado que «aunque la resolución indicada es extenso, el mismo omite la inclusión de hechos relevantes y elementos que han sido puestos de manifiesto en el transcurso del procedimiento que exculparían a su defendida de los delitos que se le imputan».
Respecto al delito de apropiación indebida sostuvo el letrado de Begoña Gómez que «no existe un delito de apropiación indebida de marcas, ni existe apropiación indebida ni marca en sentido jurídico. (…) Podría ser objeto de un delito contra la propiedad intelectual e industrial, pero para que se cometa este delito es necesario que la marca esté registrada, y en el presente caso no está ni registrada. Se trata de un delito imposible. Y que el término Transformación Social Competitiva fue creado por la Sra. Gómez para dar nombre a la Cátedra. La marca no ha sido registrada, sí los símbolos distintivos de esta».
El letrado añadía que, además, «no hay ni un solo elemento que acredite que la Sra. Gómez se ha apropiado del software, el cual no ha sido registrado en la OTRI debido a que no podía ser registrado sino en el momento en que fuere terminado. Al inicio de este procedimiento, la Sra. Gómez ve como los dos Master y la Cátedra decaen por decisión de la UCM, sin haber terminado el software, y con un resto de 30.000 euros que pasó al patrimonio de la UCM. Por lo que no puede haber el delito de intrusismo ni el de apropiación indebida».
Ahora es la Audiencia Provincial la que decidirá el futuro judicial de Begoña Gómez.
Una designación ministerial en Colombia puede redefinir el futuro del campo español. Indalecio Dangond Baquero, el nuevo ministro de Agricultura del Gobierno de Abelardo de la Espriella, toma las riendas de una cartera clave para las inversiones de las empresas españolas en el sector agroalimentario colombiano. Te cuento por qué su nombramiento es mucho más que un cambio de gabinete.
Indignómetro
Nivel de impacto para España: 8/10. La política agraria colombiana incide directamente en los intereses de decenas de empresas españolas presentes en el país, desde la gran distribución hasta la industria de insumos y tecnología. Las promesas de bancarización, títulos de propiedad y distritos de riego abren una ventana de oportunidad que el tejido empresarial español no puede ignorar.
Un perfil con raíces en el agro y la financiación
Dangond, barranquillero de 62 años y administrador de empresas por la Universidad Externado de Colombia, aterriza en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con casi cuatro décadas de experiencia en el sector. Su currículum mezcla la asesoría pública con la iniciativa privada: fue asesor en el propio Ministerio, en Finagro y en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, y desde 2011 preside Open Loans, una entidad financiera. Conoce los despachos de Bogotá y el terreno, y eso en un ministerio que maneja desde los subsidios hasta los acuerdos comerciales no es un detalle menor.
El presidente electo lo presentó como «un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro». Y esa visión, que aún debe traducirse en políticas concretas, es la que interesa a las empresas españolas que llevan años apostando por el mercado colombiano. La agricultura colombiana necesita inversión, tecnología y canales de exportación, y España tiene capacidad sobrada en los tres frentes.
Los tres ejes de su gestión que miran a España
Las primeras declaraciones de Dangond esbozan tres pilares que pueden desencadenar contratos, alianzas y desembolsos:
1. Bancarización de 2,5 millones de campesinos. La meta exige plataformas de pago, corresponsalías rurales y crédito formal. La banca española y las ‘fintech’ con presencia en la región ya estudian cómo encajar en ese proceso.
2. Legalización masiva de títulos de tierra. La certeza jurídica sobre la propiedad activa la inversión en cultivos de largo plazo —aguacate, cítricos, café especial— donde las comercializadoras españolas son actores destacados.
3. Construcción de distritos de riego. «La agricultura se escribe con agua», ha repetido el nuevo ministro. El empuje a la infraestructura hídrica abre una oportunidad directa para las ingenierías y los fabricantes españoles especializados en desarollo hidráulico, desde el bombeo eficiente hasta los sistemas de telecontrol.
Además, el ministro quiere completar un censo nacional agropecuario y desplegar 700 escuelas de emprendimiento rural para impulsar el relevo generacional. La transferencia de conocimiento y la venta de maquinaria agrícola de precisión son dos derivadas que en los próximos meses pueden traducirse en expedientes comerciales muy concretos para las empresas españolas. No es una promesa etérea: Dangond ya gestionó fondos de cooperación de USAID para agronegocios, lo que le da familiaridad con los estándares y los tiempos de la inversión extranjera.
La relación agroalimentaria España-Colombia: una apuesta consolidada
Conviene recordar que Colombia es el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas en América Latina, solo por detrás de México y Brasil. Grandes grupos del sector hortofrutícola, bodeguero y de aceite de oliva tienen filiales o participaciones locales, y la industria auxiliar —envases, maquinaria, semillas— factura cifras crecientes en el mercado colombiano. El último informe de ICEX constata que más de 300 empresas españolas operan de forma estable en el país andino, muchas de ellas vinculadas al complejo agroindustrial.
El precedente más claro de cómo un giro en la política agraria de un país latinoamericano puede impulsar a las empresas españolas lo tenemos en Perú. La apuesta por los grandes proyectos de irrigación a partir de 2008 multiplicó los contratos de constructoras e ingenierías españolas, y espoleó la demanda de bienes de equipo agrícola. Colombia, con sus diversas regiones climáticas y un déficit histórico de infraestructura hídrica, podría replicar esa senda si los planes de Dangond se materializan. La clave estará en la estabilidad jurídica y en la capacidad del nuevo Ejecutivo para convertir los anuncios en pliegos de licitación.
Mientras tanto, las patronales españolas del sector agro ya han empezado a mover ficha para situarse en la agenda del nuevo ministro. Los próximos meses serán de presentaciones, memorandos de entendimiento y viajes de prospección. Dangond tiene ante sí la oportunidad de modernizar el campo colombiano con capital y tecnología española, y España la de consolidar un mercado que lleva años cultivando con paciencia.
El plan de riego del nuevo ministro puede abrir un mercado de más de 500 millones de euros en infraestructura hídrica, donde las empresas españolas parten con ventaja tecnológica.
📌 Ficha del Caso
Ficha sobre el caso: El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, nombró a Indalecio Dangond ministro de Agricultura el sábado anterior, perfilando una política centrada en la bancarización rural, los títulos de propiedad y el riego.
Datos importantes: Más de 300 empresas españolas operan en Colombia; el plan prevé llegar a 2,5 millones de campesinos, desplegar 700 escuelas rurales y licitar grandes distritos de riego.
Resumen: El nombramiento de Dangond puede acelerar la modernización del agro colombiano y abrir oportunidades concretas para la industria, la tecnología y la distribución españolas en un mercado estratégico.
Una caravana de alrededor de medio centenar de motocicletas ha desafiado esta madrugada a la Policía Local de Sevilla con una conducción temeraria que incluyó acrobacias, exceso de velocidad y el ocultamiento de las matrículas, mientras grababan la persecución para difundirla en redes sociales.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha pasado? Unas 50 motos recorrieron Sevilla sin cascos, a alta velocidad y realizando acrobacias, provocando a la Policía Local y grabando la persecución.
¿Dónde y quién? El suceso se registró en distintos puntos de la capital andaluza durante la madrugada del sábado. La Policía Local de Sevilla activó un dispositivo de seguimiento.
¿Qué supone para los ciudadanos? Las maniobras temerarias pusieron en riesgo la seguridad de peatones y conductores. Las autoridades han abierto una investigación para identificar a los infractores.
Conducción temeraria en la madrugada sevillana
Según ha podido conocer este periódico, los hechos ocurrieron entre las dos y las cinco de la madrugada. La caravana circuló sin ningún tipo de respeto por las normas básicas de tráfico: los motoristas prescindieron del casco, forzaron los semáforos y realizaron caballitos y trompos en plena calzada. Las matrículas de los vehículos estaban tapadas, lo que dificulta la identificación inmediata de los responsables.
El grupo se desplazó por distintas zonas de la ciudad, eligiendo avenidas y rotondas para ejecutar las acrobacias. En varios momentos se acercaron a los coches patrulla, frenando bruscamente o rodeando a los vehículos policiales para que los agentes iniciaran una persecución. Todo quedó registrado en vídeos que los propios infractores subieron a plataformas como Instagram y TikTok, una práctica habitual en este tipo de concentraciones ilegales.
La Policía Local de Sevilla no se vio sorprendida. Fuentes municipales confirman que se esperaba algún movimiento similar tras semanas de convocatorias en redes sociales que alertaban sobre una posible quedada motera de alto riesgo. Aunque los agentes mantuvieron una vigilancia discreta, la magnitud del grupo y la velocidad a la que se movía impidieron una intervención que no pusiera en peligro a otros usuarios de la vía.
Durante el seguimiento, los policías pidieron refuerzos y trataron de cortar el paso en varios puntos, pero los motoristas reaccionaban separándose y reagrupándose a gran velocidad. No se ha informado de detenciones inmediatas durante la persecución, aunque el dispositivo de investigación sigue abierto.
La Policía Local ha abierto diligencias para identificar a los conductores mediante las cámaras de seguridad de la ciudad y los propios vídeos que difundieron. Las penas por conducción temeraria pueden acarrear, además de sanciones administrativas, consecuencias penales si se acredita un riesgo concreto para la vida de las personas. El artículo 380 del Código Penal castiga este delito con penas de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir.
Las acrobacias grabadas en calles abiertas al tráfico no solo son una provocación: suponen un peligro real para peatones y conductores, y una línea roja que la Policía Local no está dispuesta a ignorar.
Investigación abierta y eco de 2024
El Ayuntamiento de Sevilla ha recordado que este tipo de conductas no se registraban en la capital andaluza desde 2024. Aquel año, varias concentraciones ilegales de motoristas colapsaron el tráfico en la Ronda Histórica y obligaron a reforzar los controles durante los fines de semana. El precedente más reciente había sido en Jerez de la Frontera, donde el pasado mes de mayo se interceptó una caravana de dimensiones similares que realizaba maniobras análogas en el centro de la ciudad.
En aquella ocasión, la Policía Nacional y la Guardia Civil colaboraron para interceptar a los participantes. En Sevilla, las pesquisas se centran ahora en cruzar las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia municipal con las matrículas sospechosas que hayan podido ser registradas por otras cámaras.
La Lectura Andaluza
El suceso de esta madrugada no es un capricho aislado. En los últimos dos años, las concentraciones ilegales de motoristas —popularmente conocidas como “quedadas moteras de riesgo”— han aumentado en grandes ciudades del sur de España, de Málaga a Granada, pasando por la propia Jerez de la Frontera. Detrás de cada exhibición hay un doble desafío: a las normas de tráfico y a la capacidad de respuesta policial, magnificado por la viralidad que les otorgan las redes sociales.
Andalucía concentra una parte importante del parque de motocicletas español y, con él, un repunte de los siniestros en los que está implicado este tipo de vehículos. A falta de cifras cerradas de 2026, los datos del IECA correspondientes a 2025 reflejaban que los accidentes con motos en zonas urbanas habían crecido un 12 % respecto al año anterior. La Junta de Andalucía, a través de su Plan Estratégico de Seguridad Vial, ha intensificado las campañas de concienciación dirigidas a jóvenes y la colaboración con las policías locales para monitorizar las convocatorias ilegales en redes sociales.
Más allá de la actuación policial, el debate está servido. Quienes viven en Sevilla saben que la noche de este sábado pudo haberse saldado con una tragedia en cualquiera de las rotondas por las que pasó la caravana. El reto no es solo identificar a los 50 motoristas de esa madrugada, sino romper la cadena de imitación que anima a que, en dos semanas, otra quedada similar se organice en Córdoba o en Almería. La prevención, la sanción ejemplar y la pedagogía vial son las tres patas con las que la Administración autonómica y los municipios quieren responder a una moda peligrosa que cada vez gana más adeptos.
¿Qué ha pasado? La presidenta del BCE, Christine Lagarde, viaja a Washington para reunirse el lunes con el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, y el martes con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Las reuniones abordan la inflación global, la guerra en Oriente Medio y la regulación tecnológica.
¿Quién está detrás? El BCE busca coordinar posiciones con EE.UU. ante los repuntes de precios y las tensiones comerciales. Warsh fue designado tras las presiones de Trump sobre Jay Powell.
¿Qué impacto tiene? El tono de las conversaciones condicionará la futura política de tipos del BCE. Un euro débil y un petróleo alto podrían retrasar los recortes que esperan los hogares y empresas españolas.
Christine Lagarde aterriza este lunes en Washington para una ronda de encuentros que no figura en las agendas oficiales de la Reserva Federal ni del Tesoro estadounidense, pero que marca la agenda monetaria del verano.
La presidenta del Banco Central Europeo se verá a partir de las 15:00 (hora local) con Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, y al día siguiente mantendrá un almuerzo de trabajo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ninguno de los dos bancos centrales ha confirmado la cita, aunque fuentes consultadas por ANSA aseguran que el encuentro persigue coordinar respuestas ante la inflación global.
Una reunión que no figura en las agendas, con nuevos interlocutores en la Fed
Warsh llegó al cargo hace apenas dos meses, después de que la administración Trump forzara la salida de Jay Powell, partidario de mantener los tipos altos para domar la inflación. La Casa Blanca quería una Reserva Federal más laxa, pero el repunte de precios de abril y mayo ha frustrado esa estrategia. Ahora Warsh, que fue gobernador de la Fed durante la crisis financiera, se encuentra con un dilema: contentar a Washington o defender la ortodoxia monetaria.
Las conversaciones con Lagarde permitirán calibrar si es posible un movimiento coordinado de tipos o si cada banco central irá por libre. La inflación subyacente en Estados Unidos se situó en el 3,8% en junio, mientras que en la eurozona el IPC repuntó dos décimas, hasta el 2,7%. La diferencia no es trivial: la Fed podría mantener los tipos en el 5,5% durante más tiempo, mientras que el BCE baraja un recorte de 25 puntos básicos en septiembre.
Inflación, guerra y comercio: los ejes de la conversación
Según la agenda filtrada, la cita se centrará en tres grandes bloques. El primero, la evolución económica mundial y el impacto de la reactivación del conflicto con Irán. Los ataques en el estrecho de Ormuz han encarecido el crudo un 15% en dos semanas, y el barril de Brent ronda los 92 dólares. Para la eurozona, que importa más del 90% del petróleo que consume, el encarecimiento se traduce en una factura energética que alimenta la inflación y ralentiza el crecimiento.
El segundo eje es la estabilidad financiera. El Comité Europeo de Riesgo Sistémico ya advirtió en junio sobre el riesgo de fuertes correcciones si la incertidumbre internacional sigue escalando. Los mercados han aguantado hasta ahora, pero la volatilidad en el precio de los bonos soberanos italianos y el aumento del del precio del crudo —una duplicación indeseada— podrían desencadenar una tormenta.
El tercer eje lo marcan las tensiones comerciales. El superávit exportador de China sigue tensionando a Washington y Bruselas. La administración Trump mantiene los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, mientras la Comisión Europea ultima una investigación por dumping a los paneles solares. Además, las diferencias sobre la regulación europea de las grandes tecnológicas —el AI Act y el DMA— dividen a ambos lados del Atlántico. Lagarde y Bessent abordarán cómo evitar que esa fragmentación normativa complique el comercio transatlántico.
El Eje del Poder Europeo
La visita de Lagarde importa sobre todo por lo que significa para la política monetaria del BCE y, en consecuencia, para la economía española. El euro, que a principios de año rozaba los 1,10 dólares, ha caído hasta los 1,14 —una debilidad que encarece las importaciones energéticas pero hace más competitivas las exportaciones—. Sin embargo, el encarecimiento del crudo anula esa ventaja y presiona los precios internos, sobre todo en países como España, donde la dependencia del diésel y el transporte marítimo es alta.
De fondo, persiste la preocupación por la inflación de servicios en la eurozona. Las tarifas turísticas, los alquileres y los seguros no ceden terreno, y el BCE teme que un recorte prematuro de tipos pueda reavivar las tensiones salariales. De los 4.200 millones de euros que los hogares españoles pagan en hipotecas variables cada mes, buena parte depende de la decisión de Fráncfort: un alivio de 25 puntos básicos apenas notarían los bolsillos, pero un giro más restrictivo por la presión estadounidense retrasaría ese alivio.
La cita de Washington es más que un gesto diplomático: el BCE y la Fed comparten un mismo problema —el repunte inflacionario empujado por la guerra— y cada uno lo combatirá con herramientas distintas si no coordinan.
El precedente de 2018, cuando Lagarde (entonces al frente del FMI) y Powell ajustaron discursos para evitar una guerra comercial destructiva, muestra que estas reuniones pueden calibrar expectativas globales. Ahora, sin embargo, el tablero es más complejo: la guerra en Oriente Medio, la inteligencia artificial aplicada a los mercados financieros y las fricciones comerciales con China se superponen. El BCE deberá decidir en septiembre si baja tipos o espera a la Fed, y este viaje será clave para esa decisión.
Para España, el mensaje es claro: un BCE que retrasa recortes por la inflación importada y la división transatlántica penaliza a las familias y empresas endeudadas. El Gobierno confía en que el plan de recuperación y los fondos Next Generation mantengan la inercia económica, pero los hogares miran al euríbor, que cerró junio en el 3,42% y apenas ha cedido unas centésimas desde enero. La próxima cumbre del Consejo Europeo, en octubre, deberá abordar precisamente ese coste social de la inflación persistente.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá el próximo jueves 16 de julio su esperada sentencia sobre la ley de amnistía, una resolución que puede devolver a Carles Puigdemont a la política catalana y rearmar la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.
Luxemburgo: la última pieza del procés
La ley de amnistía, aprobada por las Cortes Generales en la primavera de 2024, se encuentra en fase de aplicación, pero varios tribunales españoles han elevado al TJUE una cuestión prejudicial que cuestiona su ajuste al Derecho de la Unión. El tribunal con sede en Luxemburgo resolverá si la norma infringe el principio de primacía del derecho comunitario y si obstaculiza la ejecución de las órdenes europeas de detención. Según fuentes conocedoras del proceso citadas por El País, todos los indicios apuntan a un fallo que respaldará la legalidad de la amnistía, despejando así el camino para que Puigdemont pueda regresar a España sin ser detenido.
Desde el inicio del procés en 2017, la justicia europea ha corregido a menudo a los magistrados españoles. Resoluciones como la que reconoció la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras o la que denegó las extradiciones solicitadas por el juez Pablo Llarena marcaron una línea favorable a los derechos políticos de los líderes independentistas. La decisión del jueves podría ser la culminación de esa tendencia y dar cobertura jurídica definitiva al olvido penal que persigue la amnistía.
El impacto en la geometría parlamentaria
El regreso de Puigdemont tiene una lectura inmediata en el tablero del Congreso de los Diputados. Junts, la formación que lidera, condicionó su apoyo a la investidura y a varias leyes a la superación de lo que sus dirigentes llaman ‘lawfare’. Si el TJUE despeja las dudas sobre la amnistía, el partido independentista podría pasar de una actitud de desconfianza a una colaboración más estable con el Ejecutivo. Fuentes socialistas consultadas por Moncloa.com señalan que la dirección federal confía en que el fallo destense las relaciones y permita encarar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 sin el chantaje permanente de los votos.
La aritmética actual del Gobierno depende de una mayoría frágil que suma 179 escaños, con los siete diputados de Junts como bisagra imprescindible. Cada votación es un pulso. Por eso, la sentencia de Luxemburgo no es solo un gesto simbólico: es la llave que puede desbloquear la agenda reformista y garantizar que leyes sociales como la de vivienda o la reforma fiscal progresista sigan adelante sin sobresaltos.
Ferraz observa el calendario con pragmatismo. Aunque el fallo, cualquiera que sea, dará munición a la oposición —PP y Vox reeditarán el discurso de la ‘ruptura de España’—, en el cuartel general socialista se interpreta como una oportunidad para demostrar que la política de concordia en Cataluña rinde frutos tangibles. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido en privado que la normalización institucional es un activo electoral de primer orden de cara a las próximas generales.
El fallo de Luxemburgo no es solo un gesto para Cataluña: es la llave que desbloquea la agenda reformista del Ejecutivo.
El Eje del Poder Socialista
La dirección nacional del PSOE se ha alineado en torno a la defensa de la amnistía como pilar de la desjudicialización del conflicto catalán. Sin embargo, la cúpula no ignora las tensiones internas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantiene sus reservas y ha trasladado en privado que la medida puede erosionar el voto socialista en territorios del interior. Aún así, Ferraz calcula que un aval del TJUE silenciará esas voces críticas y blindará la posición de Salvador Illa en la Generalitat. El president catalán necesita que Madrid funcione: si la legislatura en el Congreso se estabiliza, su margen en Barcelona se amplía para negociar con ERC y los Comuns.
A nivel territorial, la sentencia tiene un efecto dominó sobre los gobiernos autonómicos socialistas. Adrián Barbón, en Asturias, y María Chivite, en Navarra, saben que sus prioridades —transición industrial, financiación sanitaria— dependen de unos Presupuestos expansivos. La estabilidad parlamentaria que propiciaría un acercamiento de Junts es vital para blindar fondos europeos y acometer reformas en materia de vivienda y energía. Además, la desjudicialización aleja el fantasma de la parálisis legislativa que tanto agita la derecha, permitiendo al PSOE presentarse como el partido que resuelve problemas complejos en lugar de enquistarlos.
A medio plazo, la resolución del TJUE marca un punto de inflexión en la estrategia de Pedro Sánchez. Si el fallo es favorable, el presidente habrá logrado mantener unido a un bloque de investidura fragmentado durante dos años, un hito que pocos gobiernos en minoría pueden exhibir en Europa. El precedente recuerda a la convalidación del Tribunal Constitucional alemán sobre el fondo de recuperación europeo: una decisión externa que legitima la hoja de ruta del Ejecutivo. Los riesgos no desaparecen —quedan causas judiciales menores y el recurso de la oposición en el Constitucional español—, pero el horizonte se despeja. La próxima ventana crítica será la negociación de los Presupuestos de 2027, una cita que podría acelerarse si Junts se aviene a colaborar. De lo contrario, el desgaste de la aritmética variable podría empujar hacia un adelanto electoral a principios de 2027.
🌹 El Apunte de Ferraz
Mensaje fuerza: El fallo del TJUE legitima la apuesta por el diálogo y abre una etapa de estabilidad parlamentaria para culminar la legislatura.
Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
Próximo hito: Negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, que se reactivará si Junts se reintegra a la mayoría, previsiblemente en otoño.
¿A quién afecta? Conductores que circulan por la C-12 en Tortosa y la C-1415a en Castellar del Vallès. Ambos siniestros dejan víctimas mortales y varios heridos graves.
¿Cuándo ocurre? Domingo 12 de julio de 2026. El primero a las 5:00 horas, el segundo sobre las 8:30.
¿Qué cambia hoy? Los Mossos d’Esquadra investigan las causas. Las vías están operativas pero se recomienda prudencia en carreteras secundarias.
Un choque frontal en Tortosa y una salida de vía contra un árbol en Castellar del Vallès costaron la vida a dos personas este domingo en Cataluña.
Choque frontal en la C-12 a las 8:30 horas
El accidente se produjo en el punto kilométrico 21,6 de la C-12, una vía de alta siniestralidad en la comarca del Baix Ebre. Una furgoneta y un turismo colisionaron frontalmente por causas que todavía se investigan.
El conductor de la furgoneta perdió la vida en el acto. El ocupante del turismo fue trasladado al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa con heridas de menor gravedad, según ha confirmado el Servei Català de Trànsit.
En el operativo participaron cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, dos dotaciones de de los Bombers de la Generalitat y dos unidades de apoyo psicológico del SEM.
Salida de vía contra un árbol en Castellar del Vallès
Horas antes, sobre las 5:00 de la madrugada, un siniestro mortal tuvo lugar en la carretera C-1415a, a la altura de Castellar del Vallès. Un turismo con cuatro ocupantes se salió de la calzada y chocó contra un árbol.
Un menor de 16 años falleció en el acto. Otro de los jóvenes resultó herido crítico, un tercero permanece grave y un cuarto sufrió lesiones de menor consideración, según los servicios de emergencias.
Hasta el lugar se desplazaron nueve patrullas de los Mossos d’Esquadra, cinco dotaciones de los Bombers y cinco unidades del SEM. Los efectivos trabajaron durante más de dos horas para liberar a las víctimas atrapadas en el amasijo de hierros.
Este domingo negro reaviva el debate sobre la seguridad en las vías secundarias catalanas, donde los choques frontales y las salidas de vía siguen siendo la principal lacra.
Investigación y seguridad vial en las carreteras catalanas
Los Mossos d’Esquadra mantienen abiertas las diligencias para esclarecer las causas de ambos siniestros. En el caso de Tortosa, los agentes de la División de Trànsit analizan si una maniobra indebida o la distracción pudieron provocar la invasión del carril contrario.
Para el accidente de Castellar del Vallès, la juventud de las víctimas añade un elemento de especial crudeza. Los investigadores no descartan que la velocidad o el cansancio del conductor —que circulaba de madrugada— pudieran ser determinantes.
Cataluña cerró 2025 con un repunte de la siniestralidad en carreteras convencionales, según datos del Servei Català de Trànsit. Las vías de un solo carril por sentido concentran más del 70% de los accidentes mortales.
Las autoridades han recordado la importancia de respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante, especialmente en trayectos nocturnos.
El calendario judicial fija el 16 de julio como la primera parada de una carrera de obstáculos para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá entonces si la ley de amnistía vulnera los intereses financieros de la UE, un trámite que bloquea la decisión del Tribunal Constitucional y, en última instancia, del Tribunal Supremo. Pero el verdadero freno puede venir después, en manos de los magistrados que ya demostraron una lentitud exasperante con otras piezas del mismo puzzle.
El 16 de julio, día clave en Luxemburgo
La pregunta prejudicial la elevó el Tribunal de Cuentas hace meses, y la respuesta europea se ha convertido en el argumento que necesita el Constitucional para resolver los recursos de amparo de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers. Fuentes del tribunal avanzan que el fallo podría ser favorable a la amnistía, descartando el perjuicio a las finanzas europeas, lo que allanaría el camino constitucional.
Sin embargo, la sentencia europea no es vinculante para el Supremo, que deberá aplicarla caso por caso. El TJUE se limita a interpretar si la norma española contraviene el derecho de la Unión, pero la última palabra sobre la aplicación de la amnistía a los políticos catalanes sigue residiendo en la sala segunda de lo penal del alto tribunal español.
El Constitucional encarrilará el sí y pasará el testigo al Supremo
Una vez el TJUE se pronuncie, el Constitucional prevé dictar sentencia en otoño y, según todas las previsiones, avalará la amnistía al igual que lo hizo con la ley original. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de los magistrados del Supremo, que además acumula otros casos relacionados con el procés que podrían ralentizar aún más la aplicación efectiva.
La pelota caerá entonces en el tejado del Supremo. Los magistrados, que ya tuvieron que retirar la euroorden contra Puigdemont bajo presión de la justicia europea, tendrán que aplicar la amnistía a los casos pendientes. Pero los antecedentes no invitan al optimismo. La misma sala que ha de decidir sobre Puigdemont ha tardado meses en levantar las medidas cautelares impuestas a exconsellers como Jordi Turull o Josep Rull, que siguen a la espera de una resolución definitiva.
El Supremo tiene en sus manos la capacidad de dilatar la aplicación de la amnistía lo suficiente como para que el efecto político se desinfle antes de llegar.
Precedentes que anticipan un atasco judicial
Los casos de los exconsellers que cumplieron condena y aún arrastran inhabilitaciones pendientes de resolver son solo un ejemplo. El propio Junqueras, beneficiado por los indultos de 2021, ve cómo su situación jurídica completa depende de la amnistía para otros procesos abiertos, como el del Tribunal de Cuentas. La sala del Supremo ha demostrado que puede demorar la ejecución de sus propias decisiones sin que el Tribunal Constitucional intervenga de oficio.
Las fuentes consultadas por Moncloa.com reconocen que no hay plazos legales que obliguen al Supremo a resolver con celeridad. Esto abre la puerta a un escenario en el que Puigdemont siga sin poder pisar España durante meses, aunque la ley de amnistía ya esté en vigor. La estrategia procesal se convierte así en un arma política: cada semana de retraso condiciona la agenda del Govern y la relación con Moncloa.
El reloj político y el judicial no avanzan al mismo ritmo. Mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, necesita cierta normalización para negociar los presupuestos, la amnistía pendiente mantiene abierta una herida que tanto ERC como Junts utilizan como moneda de cambio. La incógnita no es si la amnistía llegará, sino cuándo y en qué condiciones el Supremo dará el paso definitivo.
El Congreso ha aplazado hasta septiembre la aprobación de la proposición de ley que concederá la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. La decisión, confirmada por fuentes parlamentarias a Europa Press, deja sin efecto el calendario que preveía votar la norma en la sesión extraordinaria del 23 de julio.
Por qué se retrasa la votación
La proposición de ley (una iniciativa legislativa presentada por un grupo parlamentario, no por el Gobierno) había sido reactivada por Sumar este año tras más de doce meses en el congelador de la Cámara. El pasado 30 de junio la ponencia cerró un acuerdo entre el PSOE y la formación de Yolanda Díaz, pero el trámite parlamentario exige que la Comisión de Justicia apruebe su dictamen antes de que el Pleno pueda pronunciarse.
Sumar pretendía que la comisión se reuniera el 14 de julio para que el Pleno votara el día 23, en la sesión extraordinaria ya convocada. Sin embargo, la Comisión de Justicia no celebrará su reunión hasta el propio 23 de julio, según las mismas fuentes. Eso imposibilita que el dictamen esté listo a tiempo para el Pleno de esa fecha y, a efectos prácticos, aboca la iniciativa a la primera sesión ordinaria de septiembre.
Salvo que se convoque otro Pleno extraordinario a finales de agosto —algo que las fuentes consultadas no contemplan—, la aprobación en el Congreso no llegará antes de septiembre. Después, el Senado alargará el proceso varias semanas más.
El pacto entre PSOE y Sumar y los apoyos en la Cámara
Durante el mes de junio los dos socios de coalición limaron sus diferencias y pactaron enmiendas transaccionales que agruparon las aportaciones de los grupos progresistas. El texto resultante salió adelante en la ponencia del 30 de junio con los votos de los partidos de izquierda y la abstención de Junts, mientras que PP y Vox votaron en contra pero quedaron en minoría.
La Mesa del Congreso había habilitado el mes de julio, inhábil a efectos parlamentarios,, a petición del Ministerio de Justicia para que la tramitación no se interrumpiera. Ese gesto permitió a Sumar mantener viva la esperanza de una votación exprés antes del parón estival, pero la convocatoria tardía de la Comisión de Justicia —el mismo 23 de julio— ha frustrado ese calendario.
Quiénes se beneficiarán de la ley y cómo acreditar su origen
La norma beneficiaría a unas 50.000 personas en los campamentos de Tinduf y a otros 30.000 saharauis que residen ya en España, según los cálculos de Sumar. La proposición de ley establece que la nacionalidad se reconocerá a quienes nacieron en el Sáhara Occidental bajo dominio español antes del 11 de agosto de 1976 y a sus descendientes.
Para acreditar esa condición, los solicitantes podrán presentar documentos como el DNI español —aunque no esté vigente—, el recibo de inscripción en el censo del referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, certificados de nacimiento o de escolarización, libros de familia, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización. El PSOE rechazó admitir los papeles del Frente Polisario, al no estar reconocido oficialmente como autoridad.
Los saharauis que ya viven en España podrán solicitar la nacionalidad con solo dos años de residencia legal, en lugar de los tres actuales, equiparándose así a las personas procedentes de Hispanoamérica, los sefardíes o los originarios de otros antiguos territorios españoles. La solicitud no estará sujeta a gravamen alguno.
Si la ley se aprueba finalmente en el Congreso, el trámite continuará en el Senado y, de no ser vetada ni introducirse enmiendas adicionales que obliguen a su vuelta al Congreso, podría estar publicada en el BOE a lo largo del otoño. A partir de ese momento, los beneficiarios dispondrán de tres años para presentar su solicitud.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? El Congreso aplaza la votación de la ley de nacionalidad para saharauis hasta después del verano, según fuentes parlamentarias.
👤 ¿Quiénes están implicados? Sumar impulsó la proposición de ley, el PSOE pactó las enmiendas y la Comisión de Justicia retrasa su dictamen al 23 de julio.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? La aprobación en el Pleno del Congreso no llegará hasta septiembre; después el texto pasará al Senado.
¿Qué ha pasado? La vicesecretaria de Organización del PP, Cuca Gamarra, ha liderado el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua a un día del 29 aniversario de su secuestro. Junto a la hermana del concejal asesinado, María del Mar Blanco, ha denunciado el «pacto encapuchado» entre Sánchez y Otegi que acelera la salida de presos de ETA.
¿Quién está detrás? La cúpula popular, con Gamarra a la cabeza y el respaldo del presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, ha convertido el acto en una exhibición de unidad frente a lo que califican de «humillación» de la memoria de las víctimas.
¿Qué impacto tiene? El PP refuerza su perfil como alternativa de gobierno, prometiendo derogar los «pactos indignos» del sanchismo si llega a Moncloa, mientras las cifras de beneficios penitenciarios a etarras —235 desde la disolución de la banda— encienden el debate sobre la política antiterrorista.
Ermua (País Vasco). A menos de 24 horas de que se cumplan 29 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, la vicesecretaria de Organización del PP, Cuca Gamarra, ha encabezado este viernes un acto en la localidad vizcaína que mezcla memoria y estrategia política. Arropada por la hermana del concejal asesinado, María del Mar Blanco, y por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, la número dos de Génova ha desgranado un discurso sin concesiones contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su alianza con EH Bildu.
‘El pacto encapuchado entre Sánchez y Otegi ha vaciado las cárceles de etarras sin arrepentimiento ni perdón para las familias. Esta es la verdadera Memoria Democrática de España’, ha lanzado Gamarra en un mensaje medido para que los micrófonos recojan la indignación de la militancia. La dirigente popular ha recordado que ‘Otegi no hizo nada’ y ha tachado de ‘humillación’ la fotografía del jefe del Ejecutivo con la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
¿Un vaciado de cárceles aprobado en la sombra?
Las cifras aprietan el relato del PP. Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que maneja Génova, 235 presos de ETA han obtenido beneficios penitenciarios desde la disolución de la banda. La media, tres por semana, se ha acelerado con la reciente salida del último asesino condenado y del autor material del atentado contra el teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid, en 2000. ‘Van tres por semana. Es una amnistía encubierta’, ha denunciado María del Mar Blanco.
La hermana de Miguel Ángel Blanco, visiblemente emocionada, ha hablado de ‘alfombra roja para los verdugos‘ y ha apuntado directamente a la ‘facción vasca del PSOE’. ‘El espíritu de Ermua lo traiciona Sánchez cada vez que se sienta a hablar con los herederos de ETA’, ha subrayado antes de exigir que los jóvenes mantengan el legado de su hermano. En el tramo final de su intervención, ha apelado a la movilización ciudadana que, en 1997, marcó el ‘principio del fin’ de la banda terrorista.
El PP vasco, con Javier de Andrés al frente, ha convertido el homenaje en una exhibición de fuerza orgánica. ‘No aceptaremos que el paso del tiempo sirva para blanquear a Bildu’, ha recalcado el líder de los populares en Euskadi, mientras censuraba el ‘mercadear con la política penitenciaria por votos’ que atribuye al Ejecutivo central.
El PP se blinda en el legado del concejal
Génova ha utilizado la fecha para activar un argumentario que trasciende la mera efeméride. Gamarra ha prometido que si el PP alcanza la Moncloa liquidará ‘los pactos indignos del sanchismo’, incluyendo las modificaciones legales que han acelerado las excarcelaciones. ‘No es solo una cuestión de justicia; es un compromiso con los casi 400 crímenes de ETA que siguen sin resolver‘, ha enfatizado.
La vicesecretaria de Organización ha insistido en que la memoria ‘no se negocia’ y ha emplazado a los jóvenes a defender ‘el legado de Miguel Ángel y el de todos los valientes que plantaron cara al terror’. En el ambiente se leía una consigna: la verdad acaba imponiéndose.
La dirección nacional del PP ha decidido atar la defensa del Estado de Derecho a la herencia de Ermua: un único mensaje, sin fisuras, para marcar la distancia con el Gobierno.
El Eje del Poder Popular
La fotografía del 12 de julio de 2026 en Ermua tiene una lectura interna clara. Con Feijóo respaldando el acto desde Génova, la dirección nacional refuerza su alineamiento con el PP vasco, una federación históricamente incómoda pero hoy modular en el discurso antiterrorista. Los barones autonómicos han cerrado filas en silencio; Ayuso, Moreno o Mazón no necesitan micrófono para que se sepa que comparten el guion. La unidad territorial es la respuesta a quienes, desde Moncloa, intentan fracturar al centro-derecha con el argumento de que Bildu es un socio legítimo.
Para las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, el acto es también un recordatorio de que el pacto con el nacionalismo radical tiene un precio en las urnas vascas, pero sobre todo en la credibilidad de un proyecto de país. Las cifras de beneficios penitenciarios —235 excarcelaciones— se convierten en munición parlamentaria: el GPP del Congreso ya prepara preguntas en la próxima sesión de control y el Senado, con su mayoría absoluta popular, podría activar una comisión de investigación sobre la política de traslados y excarcelaciones.
El riesgo inmediato para el Gobierno es que el PP convierta el aniversario de Blanco en el clavo ardiendo del verano. Sánchez se enfrenta a una contradicción: celebrar la ‘Memoria Democrática’ mientras sus socios vascos bloquean el conocimiento de la historia de ETA en las escuelas. Para los populares, la ventana se abrirá el próximo martes en el Pleno del Congreso, donde una Proposición No de Ley contra el blanqueamiento de la banda podría medir la soledad del Ejecutivo.
En esta redacción entendemos que la fortaleza del PP no reside solo en la denuncia, sino en la coherencia con la que ha mantenido el relato de Ermua durante casi tres décadas. Eso es, precisamente, lo que hace creíble la promesa de derogar los beneficios a los presos de ETA.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: El Gobierno blanquea a Bildu y vacía las cárceles de etarras para sostenerse en el poder; el PP restaurará la memoria y la justicia.
Protagonista: Cuca Gamarra (vicesecretaria de Organización del PP).
Próximo hito: El Pleno del Congreso debatirá en los próximos días una iniciativa popular contra los beneficios penitenciarios a presos de ETA; Génova espera forzar una votación que evidencie el aislamiento del PSOE.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 414/2026, en la que desestima el recurso de casación de un hombre condenado por abusos sexuales a una menor y fija que la retractación de la víctima durante el juicio oral no basta para absolver si su testimonio supera el triple test de credibilidad y cuenta con corroboración pericial.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su STS 414/2026, desestima el recurso de casación contra una condena por abusos sexuales a una menor y confirma la pena de cuatro años de prisión.
¿Qué base jurídica aplica? El triple test de credibilidad del testimonio de la víctima —persistencia en la incriminación, corroboración periférica y ausencia de móviles espurios—, junto con los artículos 849.2 LECrim y los informes periciales de credibilidad.
¿Qué impacto tiene? La sentencia consolida la doctrina de que la retractación en el plenario no anula el valor probatorio del testimonio prestado en instrucción cuando está respaldado por elementos periféricos y periciales.
Los hechos probados y la condena en instancia
El acusado, Eusebio —nombre ficticio—, mantenía una relación de amistad con una mujer a cuya vivienda acudía con frecuencia. Entre enero de 2018 y julio de 2019, convivió de forma intermitente con los tres hijos menores de aquélla. Según los hechos declarados probados, en al menos una ocasión, mientras se encontraba sentado en el sofá del salón junto a la menor Teresa, se tapó con una manta y le hizo tocamientos en el pecho y la vagina con ánimo libidinoso. La niña desarrolló sintomatología depresiva y postraumática a raíz de estos hechos.
La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia 260/2023, condenó a Eusebio como autor de un delito continuado de abusos sexuales a un menor de edad. Le impuso cuatro años de prisión, prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, y cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. El TSJ de Canarias confirmó íntegramente la resolución al desestimar el recurso de apelación.
El recurso de casación y el fallo del Supremo
El condenado interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo al amparo del artículo 849.2 de la LECrim, alegando infracción de ley y solicitando la libre absolución. Sostenía que la menor se había retractado radicalmente en el juicio oral respecto de sus declaraciones en instrucción. Según la defensa, la joven afirmó en el plenario que denunció porque su padre la amenazó con internarla en un centro de menores si no lo hacía. El recurrente argumentó que esa retractación debía conducir a la absolución y contaminaba el testimonio del resto de los testigos, que derivaban de la primera versión de la menor.
La Sala Segunda, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela Díaz, rechazó todas las pretensiones. El fallo desestimatorio se apoya en la aplicación del triple test de credibilidad, una herramienta de valoración probatoria consolidada en la jurisprudencia relevante del alto tribunal. El órgano recordó que la menor mantuvo una versión pormenorizada y estable de los hechos durante toda la fase de instrucción, que existían informes periciales que avalaban la credibilidad del testimonio y que varios testigos —entre ellos la hermana de la víctima y otros familiares— corroboraron los hechos relatados. Además, subrayó que no existía móvil espurio alguno para la denuncia inicial.
La retractación de la víctima en el juicio oral no destruye la prueba de cargo cuando el testimonio en instrucción supera el triple test de credibilidad y está respaldado por corroboración pericial.
El tribunal impuso las costas del recurso al condenado y confirmó la pena de cuatro años de prisión, dejando la sentencia en firme y sin posibilidad de recurso ordinario.
La Doctrina del Tribunal
La sentencia 414/2026 se enmarca en una línea jurisprudencial consolidada sobre la valoración de la declaración de la víctima cuando media retractación en el acto del juicio. El Tribunal Supremo reitera que el cambio de versión no implica automáticamente que el testimonio anterior carezca de eficacia probatoria. La clave reside en la aplicación del triple test de credibilidad, cuyos tres parámetros —persistencia en la incriminación durante la instrucción, corroboración periférica de carácter objetivo y ausencia de incredibilidad subjetiva— deben examinarse conjuntamente con el resto del material probatorio.
La base jurídica se asienta sobre el artículo 741 de la LECrim, que otorga al tribunal de instancia la valoración en conciencia de la prueba, y en la doctrina constitucional del artículo 24.1 de la Constitución, que exige que la condena se funde en prueba de cargo suficiente. El fallo cita la STS 343/2019 y la STS 121/2021 como precedentes en los que la retractación fue considerada insuficiente para debilitar la declaración sumarial cuando ésta quedaba corroborada por elementos externos. En el presente caso, los informes periciales de credibilidad y los testimonios de los familiares operaron como refuerzo determinante.
El impacto doctrinal de esta sentencia alcanza a los numerosos procesos por delitos sexuales en los que la víctima menor de edad modifica su declaración en el plenario, ya sea por presión del entorno, por evolución del trauma o por otras circunstancias. Para los abogados que litigan en esta materia, la resolución confirma que la defensa no puede basar la absolución exclusivamente en la retractación, sino que debe atacar la base probatoria en su conjunto. La proyección es clara: el testimonio de la víctima conserva su valor si supera los filtros del test, y la retractación se convierte en un elemento más a ponderar, no en un derecho automático a la absolución.
FICHA DEL CASO
El caso: Recurso de casación contra una condena por delito continuado de abusos sexuales a una menor, basado en la retractación de la víctima en el juicio oral.
Datos importantes: STS 414/2026, Sala de lo Penal. Aplica el artículo 849.2 LECrim. Condena a cuatro años de prisión, prohibición de acercamiento y comunicación, y cinco años de libertad vigilada. Fallo unánime.
Fecha de los juicios: La vista oral se celebró en instancia; la sentencia de la Audiencia Provincial es de 2023 (nº 260/2023). La STS 414/2026 se dictó el 12 de julio de 2026.
Personas acusadas y por qué: Eusebio (nombre ficticio), condenado como autor de un delito continuado de abusos sexuales a una menor de edad, hija de una amiga, por tocamientos realizados bajo una manta en el sofá del domicilio familiar.
