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El 22% de las empresas ya ha retirado o modificado afirmaciones ambientales por la directiva greenwashing UE: la Directiva (UE) 2024/825 obliga a respaldar cada mensaje ecológico con pruebas y España todavía no la ha transpuesto.

La norma europea, sobre el Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica, está en vigor desde marzo de 2024 y concedió a los Estados miembros hasta el 27 de marzo de 2026 para aprobar y publicar su transposición. El calendario fijaba el 27 de septiembre de 2026 como fecha de aplicación de las medidas nacionales de adaptación. Esa fecha ya ha pasado.

En España, la transposición sigue pendiente a través de la Ley de Consumo Sostenible, que aún no está en vigor y continúa identificada como anteproyecto en el sistema europeo TRIS. Mientras se completa esa tramitación, las empresas permanecen sujetas a las reglas españolas contra la publicidad engañosa y las prácticas comerciales desleales.

Qué prohíbe la directiva greenwashing UE a partir de ahora

La reforma toca expresiones habituales en envases, anuncios y páginas web. Para emplear términos genéricos como ‘verde’ o ‘ecológico’ habrá que acreditar un comportamiento medioambiental excelente reconocido que respalde lo que se dice. Los distintivos de sostenibilidad deberán basarse en sistemas de certificación o haber sido establecidos por autoridades públicas.

Los compromisos ambientales futuros exigen ahora planes públicos, realistas y verificables, con objetivos medibles, plazos y seguimiento independiente. Y la norma prohíbe atribuir a un producto un impacto climático neutro, reducido o positivo cuando se basa en compensaciones de emisiones.

• Afirmaciones genéricas: ‘verde’, ‘eco’ o ‘sostenible’ sin prueba documentada quedan fuera.
• Sellos: solo válidos si hay certificación o respaldo de una autoridad pública.
• Compensaciones: no sostienen por sí solas una etiqueta de neutro climático.
• Durabilidad: se refuerza la información sobre reparabilidad y se combate presentar como reparable lo que no lo es.

Su ámbito son las relaciones comerciales con consumidores, de modo que un informe corporativo obligatorio no queda automáticamente incluido. Eso sí, sus datos entran en el radar si se reutilizan en publicidad, según las orientaciones de los servicios de la Comisión Europea.

Los compromisos verdes ya no se miden por lo que prometen, sino por lo que pueden demostrar hoy.

Exigir la prueba antes que el anuncio cambia el orden de todo: la sostenibilidad deja de ser un mensaje y pasa a ser un expediente.

La encuesta: el 22% ya retira o corrige mensajes verdes

Corresponsables consultó a más de 50 organizaciones de distintos sectores durante el pasado septiembre. Participaron 59, de las que 58 respondieron a la pregunta sobre su preparación. El resultado: el 22% ya ha modificado o retirado alguna afirmación ambiental por considerarla imprecisa, difícil de demostrar o susceptible de confundir.

Otro 13,6% está revisando justo ahora si debe modificar o retirar algún mensaje. Y un 67,2% se declara bastante o muy preparado, aunque la propia encuesta advierte de que se trata de una valoración propia, no de una comprobación del cumplimiento legal.

Los términos que más dificultades plantean son ‘sostenible’, señalado por el 56,9%, y ‘verde’, por el 55,2%. Los compromisos futuros preocupan al 43,1%. El respaldo debe corresponderse con el alcance: una acreditación solo ambiental no sostiene un término amplio como ‘sostenible’, igual que mejorar el envase no permite atribuir esa ventaja al producto entero.

El 72,9% utiliza certificaciones para respaldar sus afirmaciones, lo que hace más relevante comprobar qué acredita cada sello, a qué producto o actividad se refiere y durante cuánto tiempo es válido. Una empresa del ámbito energético retiró expresiones como ‘100% renovable’ de sus presentaciones porque no podía acreditarlas para cada cliente. Desde el sector de los eventos, otra participante resume la nueva disciplina: antes de comunicar un avance, se preguntan si pueden demostrarlo.

El miedo al silencio verde y su letra pequeña

El 81% cree que la regulación puede provocar bastante o mucho que algunas organizaciones reduzcan su comunicación por miedo a ser acusadas de greenwashing. Es el llamado ecosilencio. Sin embargo, al preguntar por su propia experiencia, solo tres de las 59 reconocen haber retrasado alguna comunicación o reducido su actividad: 17 han modificado el enfoque y 37 aseguran que ni la norma ni ese temor han condicionado su decisión de comunicar.

Los datos cruzados son reveladores. De las 47 organizaciones que perciben un riesgo elevado de ecosilencio, 26 afirman que su propia comunicación no se ha visto condicionada. La preocupación por el conjunto del mercado no equivale a una retirada generalizada entre quienes respondieron. La guía GreenSHOUTING de B Lab, elaborada con Creatives for Climate y Nice and Serious, aborda justo ese riesgo.

Montse Sellarès, directora de Comunicación de B Lab en España, lo resumió en la presentación de la guía: el silencio por miedo al escrutinio también tiene costes y afecta a la solidez del negocio. La encuesta lo confirma: el 72,9% espera que la regulación aporte más credibilidad y el 69,5%, más confianza de los consumidores.

Aquí está la letra pequeña que más importa. El análisis jurídico de RocaJunyent precisa que una directiva no transpuesta no puede crear por sí sola nuevas obligaciones sancionables. Pero eso no ampara los mensajes engañosos: el Derecho nacional debe interpretarse de forma conforme al europeo dentro de los límites legales. El retraso no ampara el engaño.

Las organizaciones de consumidores llevan tiempo señalando el camino. Monique Goyens, entonces directora general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), lo dijo ya en 2024: el greenwashing ya no es aceptable. La adaptación implica sobre todo a Sostenibilidad, presente en el 77,6% de las respuestas, seguida de comunicación, con el 63,8%, y marketing, en el 56,9%. El área legal participa en el 53,4% y Compras, en el 25,9%, un dato relevante cuando la evidencia depende de materiales y proveedores.

El 46,6% señala la coordinación entre Sostenibilidad y comunicación como su forma de revisar mensajes; el 15,5% opta por un procedimiento interno específico. Diez organizaciones admiten que aún no tienen un protocolo definido. Entre las medidas que describen figuran el inventario de mensajes ya publicados, y la asignación de responsables de su validación, que permita de de comprobar cada afirmación con documentación actualizada.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

• Beneficio medible: El 22% de las organizaciones ya ha retirado afirmaciones ambientales y el 72,9% respalda sus mensajes con certificaciones verificables.
• Modelo que cambia: El marketing ecológico de fachada da paso a un expediente documentado; la sostenibilidad deja de ser un eslogan y se convierte en un dato comprobable.
• Para las próximas generaciones: Un consumidor que puede fiarse de la etiqueta que lee toma mejores decisiones, y esa confianza sostiene una transición ecológica real.

El litigio climático en Australia tumba la ampliación de la mina de carbón Mount Pleasant: el Alto Tribunal declara inválida la autorización de MACH Energy, un proyecto que sumaba 809 Mt de gases de efecto invernadero en 19 años.

La sentencia da la razón al grupo vecinal del valle del Hunter que impugnó la decisión administrativa y convierte el caso en el primero que llega a la cúpula judicial del país con el cambio climático como argumento central. La mina se ubica en Muswellbrook, en plena cuenca carbonífera de Nueva Gales del Sur.

El efecto práctico es inmediato: el permiso de ampliación deja de tener validez. El efecto de fondo pesa más. Los promotores de nuevos proyectos de carbón, gas o petróleo en Australia ya no podrán defender un expediente sin responder por sus emisiones, y los tribunales pasan a contar en la transición energética del país.

Un fallo pionero: el Alto Tribunal invalida la ampliación de Mount Pleasant

Vamos a los datos. Los 809 Mt de gases de efecto invernadero repartidos en 19 años equivalen a una media de 42,6 millones de toneladas anuales durante las casi dos décadas de operación previstas. Es la métrica que ha pesado en el fallo: cuanto mayor es el volumen de emisiones asociado a un proyecto, más difícil resulta sostener que su impacto es irrelevante para el clima.

La defensa de la mina se apoyaba en el marco administrativo clásico: licencias, evaluaciones de impacto y competencias estatales. El tribunal introduce ahora una variable que ese marco no contemplaba con este rango, el riesgo climático como criterio jurídico vinculante.

Un permiso minero ya no se mide solo por lo que autoriza a extraer, sino por lo que autoriza a emitir a la atmósfera durante décadas.

Tampoco es la primera vez que la justicia australiana frena un proyecto de carbón por motivos climáticos. En 2019, un tribunal de Nueva Gales del Sur rechazó la mina de Rocky Hill con una argumentación parecida. La diferencia está en la jerarquía del órgano que ahora resuelve: lo que antes era doctrina de una instancia inferior se convierte en precedente vinculante para los proyectos de combustibles fósiles.

La letra pequeña del carbón ya no la redactan solo los ministerios: también los jueces, y con la cifra de emisiones sobre la mesa.

La letra pequeña: 809 Mt de emisiones y un permiso que ya no vale

El fallo no discute la técnica minera ni la calidad del carbón. Discute el balance climático del conjunto: las emisiones asociadas a la operación ampliada, su duración en el tiempo y la coherencia de autorizarlas con los compromisos que Australia ha suscrito dentro del Acuerdo de París. Es ahí donde el expediente se rompe.

📊 Impacto ecológico en cifras

• Emisiones asociadas: 809 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 19 años, según el fallo.
• Media anual: 42,6 millones de toneladas al año durante el periodo de operación previsto.
• Inversión: no detallada en la información oficial del procedimiento.
• Equivalencia tangible: el permiso invalidado cubría casi dos décadas de extracción en la cuenca del Hunter, en Nueva Gales del Sur.

Aquí está la clave para el resto del sector. Si un permiso se cae por el volumen de emisiones, cualquier expediente futuro tendrá que presentar un inventario creíble, con alcance, metodología y plazos. Quien llegue con una cifra opaca o con un horizonte indefinido parte con desventaja.

Lo que este fallo empuja en la industria y en la política climática

La litigación climática ha dejado de ser un fenómeno marginal. En Europa, los tribunales ya han obligado a varios Estados a endurecer sus objetivos tras sentencias históricas en Países Bajos y Alemania. La ciencia que sostiene estos fallos es la del IPCC, cuyos informes funcionan como base técnica cuando un juez debe valorar si un proyecto es compatible con la trayectoria de descarbonización.

Para el carbón australiano, el mensaje es incómodo. La cuenca del Hunter exporta a Asia y sostiene empleo directo en la región, pero cada ampliación arrastra ahora un riesgo jurídico que los bancos y las aseguradoras meten en el precio. Cuando el permiso puede caerse en los tribunales, el activo vale menos y la financiación se encarece. Es la vía por la que el litigio climático mueve capital sin necesidad de aprobar una sola ley.

Hay una lectura intergeneracional que el fallo deja abierta. Las decisiones que se toman hoy sobre infraestructura fósil fijan la trayectoria de emisiones de las próximas décadas, porque una mina opera entre 15 y 25 años. Invalidar un permiso de 19 años no es un gesto simbólico: retira de la ecuación casi dos décadas de emisiones que ya no se contabilizarán como inevitables.

Los tres frentes que se abren tras el fallo

• Expedientes en curso: los proyectos con autorización reciente en Nueva Gales del Sur quedan expuestos a impugnaciones con el mismo argumento climático.
• Financiación: bancos y aseguradoras incorporan el riesgo jurídico al precio del capital, lo que encarece el carbón nuevo.
• Política climática: el Gobierno australiano gana presión para alinear sus aprobaciones con los compromisos internacionales.

La mayoría de los proyectos de la cuenca tendrá que revisar su estrategia de permisos en los próximos meses. Eso sí, conviene no confundir el fallo con el cierre: una autorización invalidada no apaga la mina por sí sola y el camino judicial puede alargarse. La transición se decide tanto en el expediente administrativo como en la sala de lo contencioso.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

• Beneficio medible: 809 millones de toneladas de gases de efecto invernadero asociadas a un proyecto de 19 años que quedan sin autorización.
• Modelo que cambia: la aprobación de carbón por trámite administrativo cede ante el escrutinio judicial del balance climático.
• Para las próximas generaciones: retirar del calendario casi dos décadas de emisiones previstas alivia la trayectoria que heredarán quienes aún no han nacido.