Cómo usar la inteligencia artificial en el aula para analizar fuentes históricas: método y aplicación curricular

La inteligencia artificial en el aula permite al alumnado de Secundaria y Bachillerato trabajar con fuentes históricas originales adaptadas a su nivel.

Qué cambia la inteligencia artificial en el trabajo con fuentes históricas

Durante décadas, uno de los mayores obstáculos para el profesorado de Historia ha sido acercar a los estudiantes a los documentos originales. En la práctica, buena parte de las clases terminaba apoyándose en el libro de texto o en fragmentos ya seleccionados por las editoriales.

La irrupción de la IA (inteligencia artificial) está modificando ese punto de partida, según la experiencia de aula descrita por docentes de Historia. El objetivo no es que la tecnología interprete la historia en lugar del estudiante, sino que le ayude a investigar mejor, a formular preguntas más profundas y a desarrollar un pensamiento histórico crítico. La IA adapta el documento, no lo sustituye.

El principio didáctico que sostiene el método es conocido: el alumnado debe aprender cómo se construye el conocimiento histórico y, para ello, necesita trabajar con las mismas evidencias que utiliza la investigación. El problema es que un texto del siglo XVI, un tratado diplomático del siglo XVIII o un artículo de prensa del siglo XIX resultan, tal cual, incomprensibles para un estudiante de Secundaria.

Cómo se aplica en el aula: adaptar, personalizar y graduar las actividades

IA educación

La primera aplicación es la adaptación de las fuentes. Hasta ahora ese trabajo recaía íntegramente en el docente: modernizar el lenguaje, elaborar un glosario con los conceptos más difíciles, resumir el texto y ajustar las actividades. Un proceso que consumía horas de preparación por documento. Con estas herramientas, buena parte de la tarea se resuelve en minutos y libera tiempo para el trabajo en el aula.

Un ejemplo concreto es el descubrimiento y la conquista de América. En lugar de la clase magistral, el docente puede trabajar directamente con fragmentos del diario de Cristóbal Colón, con las leyes nuevas de 1542 o con los escritos del fraile dominico Bartolomé de las Casas. Para ello, solicita a la IA que adapte los textos al nivel deseado, que explique por separado los conceptos históricos y que elabore un glosario básico.

El objetivo no es que la IA interprete la historia por el alumnado, sino que le permita investigar con documentos originales y formular preguntas más profundas.

La segunda aplicación es la personalización. No todos los estudiantes tienen las mismas necesidades ni la misma autonomía para enfrentarse a un documento. La IA permite generar versiones distintas de una misma fuente manteniendo intacto su contexto histórico, de modo que el alumnado con necesidades educativas específicas recibe un apoyo adicional sin quedar fuera de la actividad común.

La tercera aplicación es la graduación de las actividades. La misma herramienta sirve para preparar preguntas de distinta dificultad, abrir debates que exijan pensamiento crítico o diseñar pequeñas ayudas para quien las necesite.

El método funciona en Secundaria y también en Bachillerato, donde el trabajo con fuentes gana peso. El caso de los juicios de Nuremberg es ilustrativo: la digitalización de los documentos originales del proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial permite analizar los hechos desde perspectivas que el manual no alcanza.

El Marco Educativo

El encaje normativo de este método está en la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación), que reorganizó el currículo en torno a competencias clave y al perfil de salida del alumnado. Los desarrollos curriculares de Secundaria y Bachillerato, fijados por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, publicados en el Boletín Oficial del Estado, sitúan las situaciones de aprendizaje en el centro de la programación y obligan a un tratamiento competencial de la historia.

La norma es estatal, pero su concreción corresponde en buena medida a las comunidades autónomas. De ahí que la dotación de dispositivos y el grado de digitalización de las aulas varíen entre territorios, igual que el peso que cada currículo autonómico concede al trabajo con fuentes primarias.

A eso se suma la competencia digital, incorporada al perfil de salida por la propia LOMLOE y desarrollada para el profesorado en el marco de referencia de la competencia digital docente, publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte y acordado con las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación. En este terreno, competencia histórica y competencia digital se trabajan a la vez: el alumnado no solo consulta el documento, sino que aprende a contextualizarlo, evaluarlo y citarlo.

Los sindicatos docentes reclaman formación específica y tiempo de coordinación en los centros para aplicar el método con garantías. Las editoriales, por su parte, han ido incorporando versiones digitales de sus materiales y algunos departamentos didácticos publican sus propias secuencias de trabajo con documentos originales.

De cara a los próximos cursos, el debate abierto no es si la inteligencia artificial entra en el aula, sino con qué criterios y con qué garantías. La evaluación del alumnado seguirá apoyándose en evidencias verificables y los centros deberán documentar cómo se utilizan estas herramientas. El marco de referencia sigue siendo el mismo: la LOMLOE y sus desarrollos curriculares de Secundaria y Bachillerato.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: que la inteligencia artificial permite adaptar documentos históricos originales al nivel del alumnado sin renunciar al texto de partida.
  • Por qué importa: cambia la forma de enseñar Historia, porque el estudiante deja de leer fragmentos de manual y trabaja con las mismas evidencias que maneja la investigación.
  • A quién le importa: al profesorado de Geografía e Historia de Secundaria y Bachillerato, al alumnado de estas etapas y a los departamentos de didáctica que preparan sus programaciones.

Rutina de sueño infantil: pautas de expertos para mejorar el descanso y el aprendizaje

Una rutina de sueño infantil estable mejora el descanso de los niños y su rendimiento escolar, según la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Cuando llega la hora de acostarse aparecen las excusas: un cuento más, «no tengo sueño» o cinco minutos extra. Establecer horarios regulares y repetir los mismos pasos cada noche ayuda a que los menores anticipen que el día termina y se duerman antes y mejor.

Qué es una rutina de sueño infantil y cómo se construye

Una rutina de sueño infantil es la secuencia de hábitos relajantes que se repite cada noche antes de dormir. Darse un baño, ponerse el pijama, lavarse los dientes o leer un cuento son pasos sencillos que permiten al niño identificar que llega el momento de descansar. Los expertos insisten en que la clave no es solo adelantar la hora de acostarse, sino valorar cuánto duerme cada menor, a qué hora se levanta, cuántas siestas hace y qué hace durante el día.

El doctor Gonzalo Pin Arboledas, coordinador del Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría, resume el enfoque con una idea: «Lo correcto no es pensar solo en la noche, sino inducirlo a lo largo de todo el día». Mantener rutinas estables, añade, ayuda a que los niños asocien ciertos momentos con la hora de dormir.

Cuántas horas debe dormir un niño y cómo ajustar el horario

No existe una hora universal para acostarse. Depende de la edad y de la hora de levantarse. Según la Asociación Española de Pediatría (AEP), los menores de 1 a 2 años necesitan entre 11 y 14 horas de sueño al día, incluidas las siestas; los de 3 a 5 años, entre 10 y 13 horas; los de 6 a 12 años, entre 9 y 12 horas; y los adolescentes de 13 a 18 años, entre 8 y 10 horas.

Por eso conviene calcular el horario a partir de la hora de despertar. Un niño de Primaria que debe levantarse a las 7:30 de la mañana necesita acostarse con margen suficiente para completar sus horas de descanso. Si se acuesta muy tarde, cambiar la hora de golpe genera más resistencia: la AEP recomienda adelantarla entre 5 y 10 minutos cada semana.

Según la AEP, los niños de 6 a 12 años necesitan entre 9 y 12 horas de sueño diarias y los adolescentes, entre 8 y 10.

El entorno también cuenta. La pediatra Lucía Galán, conocida como «Lucía, mi pediatra», señalaba en una entrevista publicada en 2025 que conviene hacer actividades tranquilas dos horas antes de dormir, bajar las persianas y usar luces cálidas. El doctor Pin Arboledas recomienda, además, apagar las pantallas al menos una hora antes de acostarse.

La luz azul de televisores, tabletas, móviles y videoconsolas bloquea la secreción de melatonina, la hormona que regula el reloj interno del sueño. Por eso los especialistas aconsejan que los dispositivos no estén en la habitación durante la noche.

A eso se suma lo que ocurre durante el día. La exposición a la luz natural y la actividad física regulan el ritmo circadiano, mientras que por la noche conviene bajar la iluminación de casa. Las siestas tambien influyen: en menores de cinco años, la AEP recomienda evitar las siestas demasiado largas por la tarde.

Preparar el dormitorio también ayuda. Una iluminación tenue, una temperatura confortable y un ambiente sin estímulos facilitan la transición hacia el sueño. Un objeto de apego, como un peluche o una manta, puede relajar al menor si lo necesita.

El Marco Educativo

El descanso de los menores no está regulado por ninguna norma educativa: depende de las recomendaciones sanitarias y de las decisiones de cada familia. La referencia principal es la Asociación Española de Pediatría (AEP), que fija las horas de sueño recomendadas por edades y difunde guías de hábitos saludables. Su Grupo de Sueño y Cronobiología, coordinado por Gonzalo Pin Arboledas, aporta las pautas citadas en esta guía.

Aunque no existe una norma específica sobre horarios de sueño, el descanso condiciona la atención y la disposición para aprender durante la jornada escolar. Los horarios se deciden en casa y en la consulta del pediatra, no en el Ministerio de Educación ni en las consejerías autonómicas, que regulan el currículo pero no los hábitos del hogar. Los expertos insisten en que cualquier cambio debe ser gradual y constante. Para las familias con hijos en edad escolar, la pauta más repetida es mantener un horario estable toda la semana.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: Una rutina de sueño infantil estable, con horarios regulares y hábitos relajantes, ayuda a que los menores se duerman antes y mejor.
  • Por qué importa: El descanso condiciona la atención y el rendimiento escolar, aunque no existe una normativa educativa específica sobre horarios de sueño.
  • A quién le importa: A las familias con hijos en edad escolar y a los docentes que observan el efecto del descanso en el aula.

Absuelto el acusado de la muerte de Ana Buza al descartarse el atropello intencionado

La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a Rafael V.P. por la muerte de Ana Buza al descartar el jurado un atropello intencionado. La magistrada ha dictado la sentencia absolutoria de forma oral durante la sesión celebrada este martes en la sede judicial sevillana, tras la lectura del veredicto.

Ana Buza falleció en septiembre de 2019, cuando tenía 19 años, mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la A-4 que atraviesa Carmona, en Sevilla. El caso ha llegado a juicio más de siete años después de los hechos.

El jurado popular (el órgano formado por ciudadanos que decide la culpabilidad en ciertos delitos graves) ha considerado al acusado no culpable de haber atropellado a Ana Buza de forma intencionada. El veredicto ha prosperado por mayoría de siete votos frente a dos.

Qué ha decidido el jurado popular

La lectura del veredicto se produjo sobre las 14:00 horas en la Audiencia Provincial de Sevilla. Los miembros del jurado también descartaron por unanimidad que el acusado causara la muerte por circular a 117 km/h en el desvío hacia Carmona, donde el límite está fijado en 80 km/h.

La sentencia de la magistrada rechaza así la tesis sostenida por la familia, que alegaba que la muerte de la joven fue el «culmen» de la violencia de género que sufría.

El tribunal descarta la hipótesis del atropello intencionado y absuelve al acusado de la muerte de Ana Buza en la A-4.

El cambio de criterio de la fiscalía

La fiscal del caso pedía inicialmente tres años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente. Días antes del veredicto cambió de posición y solicitó la absolución del joven al no apreciar indicios de atropello intencionado.

Tras escuchar el fallo, el acusado rompió a llorar. Había intentado mantener la compostura desde el inicio de la vista y permaneció acompañado por su actual pareja. Los padres de Rafael y los de Ana no estuvieron presentes en la sala.

El estado del proceso y los posibles recursos

Al término de la sesión, el letrado de la defensa se declaró «cansado» aunque «satisfecho», después de un procedimiento que se ha prolongado más de siete años. La acusación particular no descarta recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos se remontan a septiembre de 2019. La instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos) se ha prolongado durante más de siete años, hasta la celebración del juicio con jurado. Durante este tiempo, el caso ha estado marcado por dos tesis enfrentadas: la de la familia de la víctima, que defendía el atropello intencionado, y la que finalmente ha acogido el tribunal, que lo descarta.

La absolución no es firme.

La sentencia dictada por la Audiencia se sustenta en el veredicto del jurado y en la petición de absolución de la fiscalía. La acusación particular dispone ahora de la posibilidad de formalizar un recurso ante el TSJA, lo que mantendría abierta la causa. Mientras no se resuelvan esos recursos, el fallo permanece abierto a revisión.

La Fiscalía de Madrid pide la absolución de Begoña Gómez

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reclamado la absolución para Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para su asesora, Cristina Álvarez, de cara al juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial, al argumentar que no se cometió ningún delito.

En su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita «la libre absolución de las acusadas» porque «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal». El juez Juan Carlos Peinado, justo antes de jubilarse el pasado septiembre, abrió juicio oral con jurado popular contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra Álvarez por el segundo de ellos.

El juez instructor investigó a Gómez por presuntamente aprovecharse de su posición como esposa del presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y a Álvarez por su supuesta colaboración en el presunto desvío del ‘software’ desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria que codirigió Gómez en dicho centro.

La Fiscalía señala que «ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del ‘software’ informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas».

 «Ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado», señala el Ministerio Público.

Y subraya que «ni Gómez ni Álvarez obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios».

La Fiscalía relata que Gómez «desde el año 2012 hasta julio de 2024 ha colaborado en actividades docentes de la UCM», y precisa que fue codirectora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, que se creó en 2020 y se desarrolló hasta el año 2024, «siendo esta una actividad no retribuida, por la que, consiguientemente, percibió 0 euros».

Sobre la creación de dicha cátedra «en torno al mes de julio de 2020, en el Palacio de la Moncloa, y con universidad cerrada por la pandemia y medidas sanitarias y confinamiento, Gómez mantuvo una reunión con el Rector de la UCM, Joaquín Goyache celebrada a iniciativa de la primera», precisa la Fiscalía.

Asimismo, puntualiza que «no es preciso título universitario o profesional de ningún tipo» para la dirección de las cátedras extraordinarias, que «no es, en ningún caso, una actividad remunerada».

Respecto a Álvarez, la Fiscalía asegura que ha «cumplido las funciones inherentes a su cargo», sin «ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos; y a la inversa, tampoco se ha producido ningún tipo de retribución o beneficio adicional derivado de ellos».

Peinado aseveró en su auto de apertura de juicio que Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico.

De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas piden su absolución.

CCOO y UGT ponen la fecha del 11 de noviembre para la huelga general

El próximo 11 de noviembre España vivirá una huelga general en protesta por la crisis habitacional, una fecha consensuada entre los principales sindicatos y los colectivos sociales que lideran las movilizaciones por el problema de la vivienda, según adelanta el diario EL PAÍS. Esta convocatoria cuenta además con el apoyo de fuerzas sindicales autonómicas clave como la CIG en Galicia y ELA y LAB en el País Vasco. No obstante, desde el Sindicato de Inquilinas han aclarado que la confirmación oficial de su postura se hará pública esta misma tarde.

Este paro general masivo -el primero que respaldan las grandes centrales sindicales en 14 años— tendrá lugar un miércoles, justo dos semanas y media antes de las elecciones generales y a escasas horas de que comience la campaña electoral oficial (fijada para la medianoche del jueves). La elección de los tiempos ha desatado duras críticas por parte de sindicatos corporativos y de las patronales CEOE y Cepyme. El sector empresarial califica de «inadmisible» la convocatoria, argumentando que las demandas no tienen un trasfondo laboral real y que no se debería hacer recaer sobre las empresas, los empleados y la economía el coste de una protesta dirigida contra la gestión del Ejecutivo. Asimismo, el PP y Vox han criticado con dureza a los sindicatos.

Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró una postura de respeto este martes al declarar: “Va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda. Y por tanto, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional”.

La última huelga general general con el respaldo de los sindicatos mayoritarios fue el 14N de 2012, en protesta por los recortes derivados de la crisis económica y el paro no solo se dio en España. Aquella jornada también pararon los trabajadores de Italia, Portugal, Chipre y Malta.

Las 5 prebendas del Congreso que los diputados prometieron eliminar y siguen cobrando religiosamente

Los diputados prometieron eliminarlas y siguen cobrándolas religiosamente. Entre la asignación constitucional —el sueldo base de un parlamentario— y lo que finalmente recibe hay un conjunto de indemnizaciones, ayudas y prestaciones que rara vez se detallan en los debates sobre transparencia, pero que se abonan con puntualidad cada mes o se renuevan cada legislatura. Ni la crisis, ni los recortes, ni los cambios de color político en el Gobierno y en la Cámara han alterado su existencia ni sus cuantías.

Esta lista no recoge el sueldo, sino las cinco ventajas que se suman a él y que los grupos prometieron retirar: desde los 1.823,97 euros mensuales de indemnización por alojamiento para quienes no tienen su circunscripción en Madrid hasta una pensión que valora cada año de escaño como si se hubiera trabajado con sueldo de alto funcionario. Todas comparten la misma lógica: se regulan mediante acuerdos internos o convenios con empresas y administraciones, y ninguna se ha suprimido pese a los anuncios.

La dieta de alojamiento: 1.823,97 euros al mes para los diputados de fuera de Madrid

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Foto de Travis Chen en Unsplash

Los diputados elegidos por circunscripciones distintas a Madrid perciben cada mes una indemnización por gastos que, en la práctica, funciona como ayuda al alojamiento en la capital. La cuantía de referencia es de 1.823,97 euros mensuales, casi el doble de los 870,56 que reciben quienes fueron elegidos por Madrid, y se abona con independencia de que el parlamentario tenga o no una vivienda en la ciudad. La cantidad está exenta de IRPF porque la Cámara la considera compensación de gastos, y no hay que justificar en qué se emplea: el Tribunal Supremo archivó en 2013 la querella de Democracia Real Ya contra Mariano Rajoy y otros 60 diputados, subrayando que el dinero no tiene que destinarse necesariamente a alojamiento ni acreditarse ante el Congreso.

El compromiso de acabar con ella se ha repetido sin resultado. UPyD llevó a la Cámara la propuesta de retirarla a quienes ya vivían en Madrid, el PNV la respaldó y una petición ciudadana superó las 100.000 firmas en 2012, pero el complemento ha sobrevivido intacto a todas las legislaturas y ha ido subiendo: en 2026 los diputados de fuera de Madrid cobraban ya 2.078,92 euros al mes, frente a los 992,31 de los electos por Madrid. Ese mismo año se conoció que María Jesús Montero y Óscar Puente seguían percibiéndola —29.104,88 euros anuales en catorce pagas— pese a residir en viviendas oficiales pagadas por el Estado. Solo una renuncia expresa permite dejar de cobrarla.

El ‘paro de oro’: hasta 12 mensualidades de sueldo al perder el escaño

Primer plano detallado de billetes de Euro sobre una superficie blanca, centrado en el diseño de la moneda.
Foto de CARTIST . en Pexels

La indemnización por cese —el ‘paro’ de sus señorías— está regulada en el artículo 12 del Reglamento de pensiones parlamentarias y consiste en una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato, o fracción superior a seis meses, con un tope de 24 mensualidades, esto es, dos años completos. La asignación constitucional de referencia ronda los 3.366,99 euros mensuales, de modo que quien agota el máximo puede ingresar más de 80.000 euros. El requisito es haber estado al menos dos años en la Cámara y no percibir ningún otro ingreso, público o privado, pensión incluida. Se abona mes a mes —no de golpe— y el Congreso corta el pago en cuanto el beneficiario encuentra trabajo o es nombrado para otro cargo.

Lo que la hace merecedora de estar en esta lista es su distancia respecto al desempleo ordinario. Los diputados no cotizan por paro, así que en lugar de una prestación contributiva con bases y topes como la de cualquier asalariado cobran mensualidades calculadas sobre su asignación íntegra durante un máximo de dos años. Los intentos de acabar con ella no han prosperado: en 2013 una proposición de ley impulsada desde el Parlamento Vasco para que los parlamentarios cotizaran por desempleo y desapareciera la indemnización cayó en el Congreso por 170 votos frente a 153. Y los casos se acumulan: Íñigo Errejón percibió 25.137,12 euros en ocho mensualidades tras dimitir en 2024; Santos Cerdán, unos 19.400 euros en seis; José Luis Ábalos habría sumado 57.238,49 euros, aunque la Mesa le denegó la prestación por estar suspendido de sus derechos.

Viajar gratis: abono de transporte de Madrid, AVE, avión y kilometraje por carretera

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Foto de Ross Parmly en Unsplash

El Congreso cubre a sus señorías el transporte en avión, tren, barco o automóvil, pero no con dinero en efectivo: abona directamente el billete a la empresa transportista, mediante convenios con Renfe e Iberia. Los diputados reciben una tarjeta de la ferroviaria y un talonario de vales de la aerolínea que les permiten viajar gratis por todo el territorio nacional, no solo entre su circunscripción y Madrid, y sin necesidad de justificar el motivo del desplazamiento. En los vuelos ocupan plazas en clase preferente, aunque la Cámara paga tarifa de turista según el convenio vigente. Quien usa coche propio percibe 0,25 euros por kilómetro —más los peajes, cuando corresponde—, y para moverse por Madrid dispone de una tarjeta de taxi con un límite anual de 3.000 euros.

Los datos globales no reflejan recorte alguno. El Congreso gastó 4.816.048 euros en desplazamientos nacionales de diputados en 2024 y 4.654.972 euros en 2025, el equivalente a una media cercana a los 13.300 euros por parlamentario solo en viajes por España. El grueso de esa facturación, unos dos tercios, corresponde a la actividad parlamentaria ordinaria entre Madrid y las circunscripciones, mientras el resto se reparte entre desplazamientos de actividad política y viajes oficiales. La Cámara solo publica cifras agregadas por trimestre: no detalla quién viaja, a dónde, por qué ni en qué medio, pese a que el Consejo de Transparencia recomendó en 2017 mejorar esa información. Algunas formaciones prometieron renunciar a estos privilegios y hubo gestos aislados, como la devolución del bono de taxi por parte de diputados de Podemos, pero el sistema de viajes cubiertos sigue intacto.

La ayuda tecnológica: portátil, tableta y móvil de gama alta con tarifa ilimitada, renovados cada legislatura

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Foto de Sahej Brar en Unsplash

Desde que juran el cargo, los diputados reciben de la Cámara un ‘kit tecnológico’ que no se descuenta de su sueldo: en la XV legislatura, un iPhone 14 Pro y un iPad Pro de 11 pulgadas, con accesorios y soporte técnico incluidos. Antes de 2011, el equipamiento incorporaba un ordenador portátil, pero la Mesa lo sustituyó por la tableta con el argumento de que el portátil no se usaba como tal. Los móviles de alta gama llegaron con un contrato adjudicado en noviembre de 2022 a Econocom por 1,23 millones de euros (IVA incluido), que preveía 550 iPhone —512 GB de memoria y chip A15 Bionic— y 275 Android de gama media para diputados, personal y grupos. Las tabletas se renovaron en febrero de 2024: 425 iPads Pro por unos 590.000 euros, frente a los 504.673,71 euros pagados por 400 unidades en 2019.

Lo que hace esta partida merecedora de figurar en una lista de prebendas no es solo el importe, sino su periodicidad y la póliza de amortización que la acompaña. Los dispositivos se renuevan con cada legislatura y también a mitad de mandato: 256 de los 349 diputados, el 73,25%, pidieron el iPhone 14 cuando el Congreso lo ofreció, incluido el 60% del grupo de Unidas Podemos, que había votado en contra del contrato. Quien pierde el escaño puede quedarse con el aparato previo pago de 1.470,13 euros por el móvil o 149,82 por el iPad. A ello se suma la tarifa plana ilimitada de voz, SMS y datos, nacional e internacional, de la línea corporativa, y la cobertura de averías y robos, limitada desde febrero de 2024 a una única reposición por dispositivo.

La pensión del régimen especial de las Cortes: años de escaño computados con haberes de alto funcionario

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El sistema nace de un convenio especial entre las Cortes Generales y la Tesorería General de la Seguridad Social, hoy recogido en el artículo 11 de la Orden TAS/2865/2003 y heredero de la Orden de 29 de julio de 1982. La clave está en la base de cotización: no se calcula sobre el salario que el diputado tenía antes de llegar al escaño, sino sobre la asignación parlamentaria, aplicando el tope máximo del grupo de cotización 1 del Régimen General, el reservado a ingenieros, licenciados y altos cargos. Cada año de mandato computa, así, con haberes de alto funcionario, y la cuota la abona íntegra el presupuesto de la Cámara. Si el parlamentario es funcionario público, las Cortes asumen además las cuotas de derechos pasivos, de modo que el tiempo en el escaño no interrumpe su carrera en Clases Pasivas, el régimen especial en el que siguen encuadrados los funcionarios de las Cortes Generales.

El mecanismo se completaba con el complemento que garantizaba la pensión máxima: bastaban once años de escaño para cubrir hasta el tope (con 7 años se cubría el 80% y con 9 el 90%). Se suprimió en julio de 2011, pero sin efecto retroactivo, de modo que quien ya había devengado el derecho sigue cobrándolo. En febrero de 2026 lo percibían 106 personas por un total de 124.499,30 euros al mes; en julio de 2025 eran 119 y 137.076,53 euros. Entre los beneficiarios hay exparlamentarios que nunca cotizaron a la Seguridad Social antes de ser diputados y que hoy cobran una pensión pública, precisamente porque el sistema computó sus años de escaño como si hubieran trabajado con el sueldo de un alto funcionario. El coste ronda los tres millones de euros al año.

Solicitan al Supremo que mantenga las cautelares sobre la Ley de Nietos y paralizar el censo exterior

El partido político Iustitia Europa ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo sus alegaciones en el trámite urgente abierto tras la Providencia de 6 de octubre, en relación con el emplazamiento de los potenciales afectados y con el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado contra el Auto de 10 de septiembre de 2026 que suspendía los efectos electorales de la Ley de Nietos. Se ha solicitado al Supremo que mantenga íntegramente la vigencia y eficacia de las medidas cautelares y que desestime el recurso de reposición de la Abogacía del Estado. El partido sostiene que el emplazamiento personal debe quedar vinculado a la existencia de una afección jurídica singular y a la posibilidad real de identificar al interesado conforme a los artículos 21 y 49 LJCA.

El escrito destaca una circunstancia especialmente grave: la propia documentación aportada por la Administración reconoce que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA contienen el dato necesario para conocer directamente la concreta vía de adquisición de la nacionalidad. Para determinarla, la Administración admite que debe acudir al examen individual de 168.896 expedientes, diferenciar la forma en que se resolvió cada uno y contrastar posteriormente esa información con los registros consulares y censales.

Para Iustitia Europa esta circunstancia sitúa en el centro del procedimiento una contradicción esencial: el Estado pretende extraer consecuencias contra las medidas cautelares de una carencia de información que existe dentro de sus propios sistemas administrativos. El escrito presentado ante el Supremo sostiene que la identificación de los interesados corresponde materialmente a la Administración, que custodia los expedientes y dispone de los registros necesarios, mientras que al Tribunal corresponde garantizar el correcto emplazamiento de quienes resulten efectivamente identificables.

El letrado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, señala: «El Gobierno pretende que el Tribunal Supremo pague las consecuencias de una falta de trazabilidad que su propia Administración ha reconocido por escrito. Durante años han gestionado las nacionalidades, los registros consulares y las altas censales sin incorporar un dato que ahora resulta esencial, y pretenden utilizar precisamente esa carencia para atacar las cautelares acordadas por el Supremo. Sus propios informes dicen que hay que revisar individualmente 168.896 expedientes para saber quién está realmente afectado. El problema está en los sistemas de la Administración; la resolución cautelar la ha dictado el Poder Judicial y debe ser respetada y cumplida».

Pardo añade que «es difícilmente aceptable que el Estado invoque ahora la falta de emplazamiento de personas cuya concreta identificación, según reconoce la propia Administración, exige reconstruir expediente por expediente. El Gobierno no puede convertir una deficiencia de sus propios registros en una ventaja procesal para intentar dejar sin efecto una resolución judicial que le resulta incómoda. IUSTITIA EUROPA ha pedido al Supremo que garantice los derechos de quienes sean realmente identificables y que mantenga íntegramente las cautelares acordadas el 10 de septiembre».

La formación sostiene que la cuestión del emplazamiento y la vigencia de las medidas cautelares responden a presupuestos jurídicos distintos. En su escrito recuerda que el artículo 49 LJCA vincula el emplazamiento personal a la identificabilidad del interesado y defiende que la imposibilidad administrativa de individualizar actualmente a toda esa pluralidad no puede convertirse en el mecanismo para hacer decaer las cautelares.

La actuación judicial se produce, además, con el proceso electoral ya en marcha. Iustitia Europa, partido político que concurre a las próximas elecciones generales por la circunscripción de Madrid, recuerda que los comicios están convocados para el 29 de noviembre de 2026, lo que, a juicio de la formación, intensifica la urgencia y la trascendencia de la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo.

El propio escrito destaca que el riesgo cautelar se proyecta ahora sobre un proceso electoral cierto y sobre un censo ya cerrado.
Iustitia Europa ha solicitado expresamente la desestimación del recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado y la confirmación íntegra del Auto de 10 de septiembre de 2026 y de las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo

Brecha de datos en el FBI: apartan al contratista de Accenture por un solo parche sin instalar

La brecha de datos del FBI cuesta el puesto a un contratista de Accenture que no instaló un parche crítico.

Un parche disponible desde junio y una casilla sin marcar

La agencia apartó al contratista el lunes 5 de octubre. La causa, según la versión oficial, es tan gris que casi ofende: una actualización disponible desde junio que nunca llegó a desplegarse en en la plataforma que ese tercero administraba. No hubo vulnerabilidad desconocida en el origen del incidente, al menos según el relato del propio FBI. Hubo una casilla sin marcar.

Brett Leatherman, jefe de la división cibernética del FBI, lo explicó a Reuters con una precisión que no deja mucho margen: ‘Hasta la fecha, nuestra revisión ha determinado que el incidente se produjo como resultado de un fallo de seguridad en una plataforma gestionada por un tercero, después de que un contratista no implementara un parche de seguridad emitido explícitamente para proteger dicha plataforma’. La frase admite dos lecturas y conviene no perderse ninguna. La primera: el fallo no fue interno. La segunda, bastante más incómoda: el fallo estaba avisado y el aviso tenía fecha.

Dos fuentes conocedoras del caso confirmaron a Reuters la identidad del tercero: Accenture. Y la plataforma: Oracle PeopleSoft, el sistema de recursos humanos que sostiene el portal de empleo del FBI. Oracle no ha respondido a las peticiones de comentario. Accenture se ha limitado a declarar que está orgullosa de apoyar la misión de la agencia y que piensa seguir haciéndolo. Ni una palabra sobre el contratista apartado. Ni una sobre el parche que no se instaló.

Permítame que le ponga en contexto, porque aquí está el detalle que separa una negligencia administrativa de un problema serio de seguridad operativa. La filtración no expone correos corporativos ni contraseñas recicladas. Expone, según la muestra difundida por los atacantes, nombres, direcciones, teléfonos, números de la Seguridad Social, destinos y, en algunos casos, datos de familiares directos. Entre esos registros hay descripciones de puestos de contrainteligencia, direcciones particulares de operativos de inteligencia humana (HUMINT, fuentes reclutadas) y expedientes médicos y psiquiátricos del personal. Es material de contrainteligencia puro, no un simple incidente de datos.

Un expediente psiquiátrico en manos ajenas no es una filtración: es una palanca de reclutamiento.

Retirar al contratista no repara el daño: cierra la puerta con el caballo ya fuera.

Cero día o negligencia: dos relatos para el mismo agujero

Accenture

El 22 de septiembre, el grupo cibercriminal ShinyHunters reclamó la autoría de un asalto al FBI y puso sobre la mesa una muestra de unos 5.000 registros. Su explicación técnica es otra: aseguran haber explotado una vulnerabilidad de día cero (zero-day) en Oracle PeopleSoft para lograr ejecución remota de código a través de infraestructura conectada a los servicios de reclutamiento. Añaden que alcanzaron sistemas de recursos humanos y una plataforma que denominan Medlink. ShinyHunters habla de entre 2 y 3 terabytes exfiltrados.

La contradicción es de manual y no debería pasar desapercibida. Una vulnerabilidad de día cero es, por definición, desconocida para el fabricante. Leatherman sostiene que el parche se había emitido explícitamente. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Google ya había advertido en junio de una campaña vinculada a ShinyHunters contra usuarios de PeopleSoft, y Oracle publicó ese mismo día el aviso y la corrección. O hubo una segunda brecha desconocida, o hubo negligencia. Cuando un contratista, un cliente y un fabricante se reparten silencios, la versión que sobrevive suele ser la del que conserva los registros.

El FBI reconoce estar al tanto de los supuestos accesos a FBIjobs.gov y mantiene la investigación abierta. No ha confirmado el compromiso de sus sistemas internos ni que ShinyHunters posea realmente todo el material que dice poseer. Esa cautela es la postura correcta mientras no exista atribución técnica cruzada, pero también es el hueco por el que entra el ruido.

Hay un elemento que eleva el caso por encima del incidente habitual. Reuters verificó parcialmente la autenticidad de la muestra cruzando números de la Seguridad Social con registros de agencias de crédito y con datos previamente filtrados que conserva District 4 Labs, firma de inteligencia de dark web. En al menos diez casos —incluido el del director del FBI, Kash Patel— los detalles coincidían.

Y un móvil que rompe el patrón. ShinyHunters sostiene que la operación no busca dinero: la presenta como represalia por un aviso público que el FBI difundió en mayo de 2026 describiendo sus tácticas y recomendando a las víctimas no pagar. El grupo no pide rescate: exige una retractación. Quiere que la policía federal se desdiga por escrito.

A eso se suma un detalle de tradecraft criminal. El colectivo viene de exhibir una agresividad inusual en el ecosistema, con un pulso abierto contra la operación Clop que incluyó la supuesta toma de control del sitio de filtraciones de sus rivales. Y la semana pasada un sospechoso clave de ShinyHunters fue detenido en Jordania y, según se ha publicado, empezó a cooperar con los investigadores. Esa colaboración puede aclarar la magnitud real del daño.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza. Estamos ante un ciberataque por explotación de una plataforma de terceros, ejecutado sobre un sistema de recursos humanos expuesto a internet y fuera de la custodia directa de la agencia. No es espionaje de Estado: es un grupo criminal con una superficie mal cerrada. La consecuencia, sin embargo, es material de contrainteligencia de primera categoría. La propia agencia de ciberseguridad estadounidense lleva años insistiendo en que el proveedor gestionado es el eslabón más blando de cualquier organización.

Agencias implicadas. En el ataque, ShinyHunters, sin patrocinio estatal conocido pero con capacidad demostrada para encadenar campañas masivas. En la defensa, el FBI y su cúpula cibernética, con Accenture como contratista ejecutor y Oracle como fabricante del software afectado. Y mirando desde fuera, con interés evidente, todos los servicios que comparten información con Washington: Five Eyes en primera fila y, detrás, cualquier agencia que quiera saber cuánto sabe el FBI sobre ella. Para el CNI y para el CCN-CERT, la lección no es técnica: es de gobernanza de proveedores.

Nivel de clasificación estimado. A juzgar por la naturaleza del material —identidades de operativos, direcciones particulares, funciones de contrainteligencia y expedientes médicos—, estimo que parte de los registros afectados encajaría en las categorías de Confidencial y Secreto de cualquier escala de seguridad nacional. Nada de eso debería haber estado en un sistema administrado por un tercero sin controles adicionales.

Precedente. Lo ocurrido recuerda, salvando todas las distancias, al caso de Robert Hanssen: no cayó por un artefacto exótico, sino por rutinas descuidadas repetidas durante años. El oficio rara vez se escribe con tecnología brillante; se escribe con procedimientos que alguien decidió no revisar. Aquí hay una contradicción que no quiero esconder: la atribución del cero día solo se sostiene con el relato del propio grupo, mientras la versión del parche procede de dos fuentes periodísticas y de una declaración institucional. Quien afirme sin matices cuál de las dos es cierta, está adivinando.

Lo que viene. La investigación sigue abierta, la cooperación del detenido en Jordania puede tardar semanas en traducirse en conclusiones y Oracle no ha dado explicaciones públicas. El plazo relevante no es una fecha, es un informe: hasta que no exista una verificación técnica independiente —Citizen Lab, Mandiant o cualquier firma con acceso a muestras—, el caso seguirá siendo un relato contra otro relato. Ya advertí en El quinto elemento que el próximo 11S empezará con un clic; aquí el clic fue una actualización que nadie consideró urgente.

La brecha de datos del FBI ya está hecha, y tiene nombre, apellido y domicilio.

La Policía Nacional identifica a militares marroquíes entre los migrantes de El Trampolín en Ceuta

La Policía Nacional ha identificado a militares marroquíes entre los migrantes que estaban alojados en la playa de El Trampolín, en Ceuta, según las fuentes policiales consultadas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha identificado a militares del Ejército de Marruecos entre los migrantes que ocupaban el asentamiento de El Trampolín.
  • ¿Dónde y cuándo? En la playa de El Trampolín, en la ciudad autónoma de Ceuta, durante el operativo de desalojo desarrollado en las últimas semanas.
  • ¿Qué resultado? Un dispositivo de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas que desalojó a más de 3.000 personas y permitió identificar a los soldados, que se declararon desertores.

El dispositivo que desalojó El Trampolín

El operativo que puso fin al asentamiento de la playa de El Trampolín fue ejecutado por un dispositivo de la Policía Nacional que contó con la colaboración de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Las fuentes policiales consultadas describen la actuación como un operativo exitoso, en un entorno de máxima complejidad por el volumen de personas concentradas sobre el terreno. La zona llegó a albergar a más de 3.000 personas, según las estimaciones que manejan los investigadores.

Durante las tareas de identificación y desalojo de los ocupantes, los agentes localizaron entre los migrantes a varios militares pertenecientes al Ejército de Marruecos. Los soldados reconocieron su vinculación con las Fuerzas Armadas del régimen de Mohamed VI, pero sostuvieron ante los policías que eran desertores y que no deseaban regresar a su país. Esa versión es la que ha quedado recogida en las actuaciones, sin confirmación oficial por el momento por parte de las autoridades marroquíes.

Una versión que los agentes manejan con cautela

La explicación de los soldados genera recelo entre los agentes españoles, que llevan meses escuchando en la ciudad autónoma la hipótesis de una presencia de militares marroquíes camuflados entre los flujos de migrantes. Los investigadores no dan por cerrada la identificación y trabajan con prudencia: la Policía Nacional ha identificado a los militares, pero el relato de la deserción debe contrastarse con las autoridades competentes antes de darlo por válido.

La identificación de personal militar extranjero obliga a activar un protocolo específico de verificación, que combina la comprobación documental con el cruce de datos entre organismos nacionales e internacionales. En este caso, la Policía Nacional ha coordinado la información con la Guardia Civil y con las Fuerzas Armadas, presentes en el dispositivo por el carácter sensible del entorno fronterizo, y mantiene abiertas las comprobaciones sobre la identidad y la situación de los soldados identificados.

El desalojo de El Trampolín, con más de 3.000 personas, se resolvió con un dispositivo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

El dispositivo se enmarca en el refuerzo del control fronterizo que mantiene el Ministerio del Interior en las dos ciudades autónomas. La Policía Nacional asume la identificación y el tratamiento de los migrantes, la Guardia Civil vigila el perímetro y la frontera, y las Fuerzas Armadas prestan el apoyo logístico y de seguridad que el carácter del operativo requiere. La coordinación entre los tres cuerpos resultó determinante para completar el desalojo, que las fuentes policiales califican de exitoso.

El Contexto Operativo

Ceuta y Melilla son las dos fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano, lo que las convierte en puntos de presión estructural para el control migratorio. La presencia de personal militar extranjero entre los flujos de migrantes añade una capa de complejidad a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, obligadas a verificar identidades y situaciones en un entorno de alta tensión. La identificación de soldados del Ejército de Marruecos en El Trampolín confirma una tendencia que los agentes de la ciudad autónoma venían observando desde hacía meses.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre los militares identificados y sobre su condición de desertores, un extremo que solo las autoridades marroquíes pueden confirmar. El resultado del operativo refuerza el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control fronterizo y en la gestión de un asentamiento que llegó a superar las 3.000 personas. El Ministerio del Interior no ha precisado por el momento si se prevén nuevas identificaciones en el marco del dispositivo desplegado en la ciudad.

El Gobierno aprueba la tramitación urgente del decreto de interrupción del embarazo: qué cambia y qué plazos fija

El Consejo de Ministros autorizó el martes la tramitación urgente del real decreto que regula la información previa a la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión se adoptó en la reunión del 6 de octubre de 2026, según ha informado el Ministerio de Igualdad. El texto desarrolla la Ley Orgánica 1/2023 y concreta el comité clínico que interviene en el supuesto de causas médicas.

La declaración de urgencia acorta los trámites previos a la aprobación definitiva respecto al procedimiento ordinario. El texto no está en vigor: inicia ahora su recorrido administrativo y necesita el visto bueno final del Consejo de Ministros antes de publicarse en el BOE.

Igualdad sostiene que la regulación busca un marco jurídico común para todo el territorio. Hoy, la información que recibe una mujer antes de dar su consentimiento depende de cómo cada servicio de salud organiza el proceso.

Qué cambia exactamente en la información previa al consentimiento

La primera novedad es que el proyecto separa la información obligatoria de la voluntaria. La obligatoria se entrega en todos los supuestos de interrupción del embarazo. La voluntaria solo se traslada si la mujer la pide expresamente, y el propio borrador subraya que recibirla nunca será requisito para acceder a la prestación.

Dentro de la información obligatoria, el texto incluye:

  • La naturaleza de la intervención y los distintos métodos disponibles.
  • Los centros sanitarios públicos y privados acreditados y los trámites necesarios.
  • Los derechos de las mujeres durante el proceso asistencial.
  • La documentación clínica previa al consentimiento: riesgos y consecuencias de cada intervención.

El borrador añade una precisión que antes no figuraba: se informará específicamente del método quirúrgico y del farmacológico. Y se aclara que no cabe establecer preferencia entre ellos, salvo la que derive de circunstancias clínicas. En los supuestos por causas médicas a partir de las catorce semanas, la mujer deberá recibir información sobre los procedimientos posibles para elegir la opción más adecuada a su caso.

Pedir o rechazar la información voluntaria —anticoncepción, ayudas públicas o derechos laborales— no condiciona el acceso a la interrupción del embarazo.

El comité clínico: quién entra y quién queda fuera

El proyecto desarrolla también el comité clínico que dictamina en los supuestos de causas médicas. Incorpora el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, tanto entre titulares como entre suplentes, salvo por razones fundadas y objetivas.

Quedan fuera quienes estén inscritos en el registro de objetores y quienes lo hayan estado en los tres años anteriores.

El veto dura tres años.

El dictamen se emitirá por escrito e incluirá el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinados, la valoración clínica, la conclusión y las razones clínicas que la avalan. Se comunicará a la mujer de forma comprensible y adecuada a sus necesidades.

Anticoncepción, ayudas públicas y derechos laborales: información a petición

La anticoncepción, el asesoramiento antes y después de la interrupción, las ayudas públicas a mujeres embarazadas y los derechos laborales forman parte de la información voluntaria. La Ley Orgánica 1/2023 ya estableció esa distinción y el decreto la aterriza ahora con listados concretos.

Sobre la calidad, el texto exige que la información sea verdadera, objetiva, clara, comprensible, y adecuada a las circunstancias de cada mujer. Se prestará especial atención al acceso de las menores de 16, las mujeres extranjeras y las mujeres con discapacidad.

Los plazos: qué implica la tramitación urgente

El proyecto entra ahora en tramitación administrativa urgente, lo que reduce los plazos previstos para el procedimiento ordinario. El Ministerio de Igualdad no ha precisado la fecha en la que el texto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Sin fecha de aprobación.

Una vez cerrada la tramitación, el Consejo de Ministros debe dar el visto bueno definitivo y el texto se publicará en el BOE para entrar en vigor. Mientras tanto sigue aplicándose el desarrollo reglamentario vigente, que el nuevo texto viene a actualizar. Puedes consultar la norma marco en el Boletín Oficial del Estado.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del real decreto sobre información previa a la interrupción del embarazo.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, y los comités clínicos de causas médicas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto sigue su tramitación administrativa y necesita la aprobación definitiva del Consejo de Ministros antes de publicarse en el BOE.

Nakasone respalda la reorganización de la NSA ante China y la irrupción de la IA

Paul Nakasone considera ‘probablemente necesaria’ la reorganización de la NSA, pero advierte de que el resultado dependerá de cómo se ejecute el cambio.

El exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y de su Mando Cibernético, al frente de ambos entre 2018 y 2024, expuso su posición durante su intervención en el ThreatCon1 de VulnCheck. Le adelanto que no es un debate técnico menor. Lo que ha dicho la voz más autorizada del ciberespionaje militar estadounidense de la última década es que el giro hacia la inteligencia artificial y hacia China ya no admite discusión, solo una pregunta incómoda: si sabrán ejecutarlo.

Cinco misiones nuevas para un organigrama que ya no encaja en Fort Meade

La reorganización que adelantó el Washington Post el mes pasado contempla la creación de cinco organizaciones nuevas: inteligencia artificial, China, ciberseguridad, apoyo de combate e inteligencia global. Cada una estará encabezada por un ‘mission director’ recién elevado en el escalafón. La estructura deja de organizarse por disciplinas técnicas y pasa a hacerlo por problemas: lo que antes era un directorado de señales se convierte ahora en una célula dedicada a Pekín.

Nakasone no puso reparos al fondo. ‘Creo que el mundo ha cambiado de forma tan drástica que es difícil imaginar que la NSA no cambie’, señaló. Su duda es de ejecución: ‘cuando eres un gran burócrata, ¿de qué sirve ese cambio? Creo que depende. No es el cambio en sí, porque eso es bueno. Es cómo lo implementas’.

Tengo claro que estamos ante un cambio de doctrina, no ante un ajuste administrativo. La NSA se ha reorganizado tres veces en veinte años: tras el 11S, cuando absorbió buena parte de la misión de contrainteligencia; en 2010, con el nacimiento del Mando Cibernético que el propio Nakasone acabaría dirigiendo; y en 2013, cuando las filtraciones de Edward Snowden forzaron una revisión que tocó a 30.000 empleados y a la relación con los aliados de Five Eyes. Ninguna de esas tres reformas se completó en menos de cinco años.

El espionaje se juega en la plantilla, no en el organigrama: el mejor diseño no salva a un servicio que no retiene a sus técnicos.

Cambiar un organigrama lleva una mañana; cambiar una cultura, un lustro.

El reloj del defensor se ha quedado sin minutos

Paul Nakasone

Nakasone aportó el dato que mejor explica por qué la reforma corre prisa. En 2018, cuando asumió el mando, dijo, los datos de CrowdStrike mostraban que un adversario tardaba horas en moverse lateralmente por un sistema tras la intrusión inicial. En 2025 esa cifra se desplomó hasta los 29 minutos de media. La inteligencia artificial ha comprimido la ventana de reacción de horas a menos de media hora.

El mantra clásico del oficio, un minuto para reconocer, diez para decidir y sesenta para actuar, está muerto. ‘Lo hemos superado con creces’, admitió. Fíjese usted en el matiz: habla de una ventana del defensor, un margen temporal que se cerrará cuando los adversarios exploten de verdad el potencial ofensivo de la IA contra infraestructuras críticas. Reconozco que es el punto más incómodo del debate, porque el mismo directivo que advierte del riesgo se sienta en el consejo de OpenAI.

Quien detecta en 29 minutos gana; quien no, aparece tres semanas después en un informe clasificado.

Una plantilla que envejece más rápido que la amenaza

El otro frente es humano. Según las cifras que citó, la fuerza de seguridad nacional estadounidense tiene una edad media de 47 años, la mitad de la plantilla supera los 50, apenas un 10% baja de los 30 y un 13,5% podría jubilarse de inmediato. A eso se suma que el personal federal de ciberseguridad afronta recortes salariales, según adelantó DefenseScoop. Nuestro Gobierno tiene que crear el ambiente para que la gente sienta que su trabajo se valora’, dijo.

En esta redacción seguimos de cerca el problema porque España lo sufre en versión reducida. El CNI maneja un presupuesto en torno a los 380 millones de euros y compite por el mismo perfil de ingeniero que una empresa privada de ciberseguridad que paga el triple. He hablado con gente que ha pasado por el CCN-CERT y coinciden en el diagnóstico: retener talento técnico es hoy más difícil que reclutarlo. Sin plantilla no hay reorganización que valga, y eso es tan cierto en Fort Meade como en la Casa de Castelló.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El vector de amenaza aquí no es un ataque concreto, sino una amenaza que se mueve más rápido que la defensa. Estamos ante la respuesta institucional a una ciberguerra acelerada por IA: grupos como Volt Typhoon, atribuido a China y documentado por la propia NSA junto a sus socios de Five Eyes, han demostrado capacidad para permanecer dentro de infraestructura crítica durante meses sin ser detectados.

Quien ataca es, con atribución técnica respaldada por agencias públicas, el ecosistema de ciberespionaje chino. Quien defiende es la NSA, con el Mando Cibernético y el FBI en segunda línea. Quien mira, y esto importa en Europa, es el resto de los aliados: el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda reordenarán sus propios servicios según lo que decida Fort Meade. El CNI español observará el movimiento desde la distancia, con la frontera sur y el flanco del Sahel como prioridades propias.

La clasificación estimada del material que se mueve en este proceso es, como mínimo, Secreto, con compartimentos de acceso restringido por encima. Los planes de reorganización de un servicio así, con el detalle de sus cinco misiones y sus jerarquías internas, no se publican: se filtran, y cuando se filtran es porque alguien quiere que se sepan. El precedente más cercano es la reforma que siguió a las revelaciones de Snowden en 2013. Permítame la advertencia: la transparencia llegó entonces por filtración, no por convicción, y eso debería hacer pensar en la solidez real del anuncio.

Hay un punto débil en esta lectura y no pienso esconderlo. Que la NSA se reorganice alrededor de China no garantiza que vaya a ganar esa competición: puede acertar en la dirección y fracasar en la ejecución, exactamente como advirtió Nakasone. Los servicios no se reforman por decreto, sino por gente que se queda. Lo dejé escrito en El quinto elemento y lo sostengo: el próximo 11S empezará con un clic. La pregunta que dejo sobre la mesa es si la próxima reforma de Fort Meade llegará antes o después de ese clic.

El próximo informe anual de amenazas del ODNI, previsto para la primavera de 2027, y la siguiente comparecencia de la cúpula de Fort Meade ante el Comité de Servicios Armados del Senado darán la medida real del cambio. Hasta entonces, todo esto es un organigrama. Útil, probablemente necesario, pero solo un organigrama.

El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a su expareja en Calafell

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al hombre acusado de matar a su expareja en Calafell el 18 de abril de 2025. El veredicto se leyó la noche de este martes, según el acta del Tribunal del Jurado (el órgano formado por ciudadanos que decide la culpabilidad en ciertos delitos graves). Los miembros del jurado consideraron probado que el acusado agredió sexualmente a la víctima antes de cometer el crimen.

Qué ha declarado probado el jurado en el asesinato de Calafell

La declaración de culpabilidad se adoptó por unanimidad. Los hechos se remontan al 18 de abril de 2025, en Calafell, en la comarca del Baix Penedès, según el veredicto difundido este martes por la noche. Se trata de una causa por violencia de género.

El jurado ha incorporado a su veredicto un elemento que solo sostenía la acusación particular: la agresión sexual cometida sobre la víctima antes del crimen. Era la única parte que reclamaba esa calificación.

Estos son los extremos que el tribunal del jurado ha considerado acreditados:

  • El acusado es culpable del asesinato de su expareja.
  • La declaración de culpabilidad se adoptó por unanimidad de todos los miembros del tribunal.
  • Antes de la muerte, el acusado agredió sexualmente a la víctima.
  • Los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2025 en Calafell (Baix Penedès).

La acusación particular ha celebrado que el jurado haya aceptado el delito de agresión sexual. Sus representantes han anunciado que mantendrán la petición de prisión permanente revisable (la pena más grave del Código Penal, reservada a los asesinatos de especial gravedad y revisable tras el cumplimiento de un periodo mínimo de condena).

El jurado ha dado por probado, por unanimidad, que el acusado agredió sexualmente a su expareja antes de acabar con su vida.

Las penas que piden la Fiscalía y la defensa

La Fiscalía reclamaba inicialmente 22 años de prisión por un asesinato con alevosía (la circunstancia que concurre cuando el autor emplea medios, modos o formas que eliminan las posibilidades de defensa de la víctima). La defensa sostenía que los hechos debían juzgarse como un homicidio imprudente (la muerte causada sin intención de matar, castigada con penas muy inferiores).

El veredicto del jurado no fija la pena. Esa decisión corresponde al magistrado que preside el tribunal, conforme a las calificaciones aceptadas y a la ley reguladora del Tribunal del Jurado, publicada en el portal del Poder Judicial.

En este tipo de procedimientos, los ciudadanos que integran el jurado valoran la prueba practicada en la vista y se pronuncian sobre los hechos y sobre la culpabilidad. La pena queda fuera de su decisión.

La diferencia entre las peticiones es notable: la Fiscalía se situaba en 22 años por asesinato con alevosía, mientras la acusación particular reclama la pena máxima prevista en el ordenamiento español.

Qué ocurre ahora: las peticiones finales y la sentencia

Las peticiones finales de las partes quedaron aplazadas a este miércoles a raíz del episodio de lluvias registrado durante la vista. En esa sesión, Fiscalía, acusaciones y defensa fijarán de forma definitiva las penas que solicitan.

Después, el magistrado dictará la sentencia con la pena correspondiente. La resolución podrá ser recurrida en apelación, por lo que no será firme de inmediato.

El veredicto no se ha traducido todavía en una condena firme. El acusado conserva su condición procesal hasta que la sentencia adquiera firmeza, y la causa por violencia de género sigue abierta en su fase final.