Todos los veranos la misma historia: llega la ola de calor, enciendes el split con la esperanza de un respiro y, en lugar de fresquito, notas que el aire apenas tira. La factura de la luz, mientras tanto, sube sin piedad. Me ha pasado más veces de las que me gustaría admitir, hasta que un técnico me soltó la verdad: los filtros estaban más sucios que el filtro de una freidora tras una maratón de croquetas. Y es que, cuando los filtros acumulan polvo y pelusas, el compresor trabaja forzado y el consumo se dispara.
La buena noticia es que la solución no requiere llamar a un profesional ni desmontar medio aparato. Con cinco minutos y cuatro cosas que todos tenemos en casa, puedes devolverle la eficiencia al equipo y notar el alivio en la próxima factura.
El secreto del éxito
Frecuencia sin excusas: durante los meses de uso intensivo, lava los filtros cada tres semanas. Si tienes mascotas, acorta el plazo a dos semanas.
Secado total: el enemigo número uno del sistema es la humedad que deja el lavado. Un filtro húmedo al colocarlo genera moho y olores a rancio que luego cuesta eliminar.
Cepillo suave o nada: las mallas filtrantes son delicadas. Usa siempre una esponja blanda o la mano; un cepillo de cerdas duras puede deformarlas y provocar ruidos molestos.
Lo que necesitas
Aspirador con cepillo suave (opcional, pero ayuda)
Agua tibia
Jabón neutro
Esponja suave o paño
Una toalla limpia
Estos elementos son suficientes para darle un respiro al sistema sin recurrir a productos químicos agresivos.
Antes de empezar, apaga el aire acondicionado y desconéctalo de la corriente. Abre la tapa frontal de la unidad interior tirando con suavidad de los laterales; casi todos los modelos domésticos permiten acceder a los filtros sin herramientas.
Extrae los filtros deslizándolos hacia ti. Observa la superficie: si solo ves una película de polvo gris, bastará con pasar el aspirador en modo suave. Si la suciedad está incrustada y al golpearlos ligeramente sale una nube, toca lavado a fondo.
Pon los filtros bajo el chorro de agua tibia y aplica unas gotas de jabón neutro. Frota con la yema de los dedos o con una esponja suave, siempre en el sentido de la malla, sin apretar. Aclara hasta que el agua salga limpia y déjalos escurrir sobre la toalla, lejos del sol directo o de radiadores.
La diferencia entre un aire acondicionado que enfría y uno que solo hace ruido está en un filtro que muchos olvidan mirar.
Una vez sequen por completo —puedes tardar un par de horas, pero es preferible esperar a tener que lidiar con malos olores después—, colócalos de nuevo en su posición, cierra la tapa y enchufa el aparato. Notarás el cambio de inmediato.
Mi error de principiante fue tener prisa y montar los filtros húmedos una noche de mucho calor. A los dos días el dormitorio olía a sótano. No seáis como yo: paciencia con el secado.
Consejos extra para alargar la vida del equipo
Aprovecha la limpieza para pasar un paño húmedo por las rejillas de salida y la carcasa exterior. El polvo que se deposita allí también obstaculiza el flujo de aire.
Si tu split tiene modo ‘Auto’ o ‘Eco’, actívalo después de la limpieza; al trabajar con menos carga, el compresor regula mejor la potencia. La OCU recomienda mantener el termostato en 24-25 ºC para un equilibrio entre confort y gasto.
Este mantenimiento no sustituye la revisión técnica del circuito de refrigeración. Cada año o dos, conviene que un profesional compruebe el gas y el estado general del sistema.
Y un último apunte: si en tu zona el agua es muy calcárea, seca los filtros con un paño suave después del lavado para evitar que los minerales acaben obstruyendo los poros con el tiempo.
La dirección federal del PSOE ha reconocido este viernes, en declaraciones a Europa Press, que la imputación judicial de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ‘no pinta bien’. El auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo sitúa como pieza central en las dos ramas del caso Leire: presuntas irregularidades en la contratación pública y supuestas maniobras para torpedear investigaciones judiciales que afectaban a socialistas.
Un viejo conocido del presidente en el foco judicial
Juanma Serrano fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez desde 2014, cuando el hoy presidente asumió la secretaría general del PSOE, hasta 2018, momento en que pasó a presidir Correos. Su lealtad absoluta y su conocimiento de los entresijos del partido lo convirtieron en un colaborador estrecho. Ahora, el mismo juez que investiga el caso Leire Díez —sobre el que pesan acusaciones de corrupción en la adjudicación de contratos públicos— ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la clonación de su teléfono móvil y ha justificado la imputación en su ‘participación preeminente’ en ambas líneas de la causa.
El auto del juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, detalla que Serrano figuraba en comunicaciones internas y reuniones clave relacionadas tanto con la trama de contratos irregulares que salpica a varias administraciones como con los presuntos intentos de desactivar procesos judiciales incómodos para el partido.
Ferraz, entre la preocupación y la necesidad de dar una respuesta
Fuentes de la Ejecutiva Federal consultadas por Europa Press admiten ‘preocupación y cabreo. La suma de imputaciones en el círculo de máxima confianza del presidente ha empezado a generar un ruido interno difícil de gestionar. En Moncloa se percibe a un Sánchez afectado. ‘Se le nota en la cara’, confiesan desde el entorno del líder socialista. Ferraz no está, aseguran, ‘ni parada ni dormida’: durante las últimas horas se han intensificado las reuniones entre los principales dirigentes para decidir qué pasos dar.
Sin embargo, hay matices. Mientras la cúpula defiende la limpieza del presidente y le sitúa como ‘el primer perjudicado’, otras voces del partido —parlamentarios y cargos territoriales— son más críticas. Sostienen que Sánchez debería salir a rendir cuentas ante la ciudadanía y que, ‘en el mejor de los casos, elegía muy mal a sus ayudantes y, en el peor, sabía lo que hacían’. La concatenación de casos —primero Ábalos, condenado a 24 años; luego Cerdán, investigado por contratos públicos; ahora Serrano— ha abierto un debate incómodo que ya no puede disimularse con la etiqueta de la ‘antigua Secretaría de Organización’.
La línea entre la lealtad y la responsabilidad se difumina cuando los nombres de los colaboradores más fieles aparecen una y otra vez en los autos judiciales.
El Eje del Poder Socialista
El impacto de la imputación de Serrano no se reduce al terreno judicial. En el plano político, el caso tensa las costuras internas del PSOE y fuerza a Ferraz a una difícil ecuación: blindar a Sánchez sin desautorizar a la justicia. La portavocía federal evita por ahora valoraciones en profundidad, pero el presidente ya ha utilizado la tribuna del Congreso para descartar un adelanto electoral y defender ‘la limpieza de su Gobierno y de su partido, más allá de los casos de la antigua Secretaría de Organización.
Los barones territoriales observan con inquietud. Emiliano García-Page, Adrián Barbón o María Chivite no se han pronunciado públicamente, pero fuentes de sus entornos admiten que la situación refuerza la necesidad de que el partido emita un mensaje de contundencia. En un escenario en el que la oposición del PP y Vox ya han elevado el tono, cualquier paso en falso puede ser aprovechado para debilitar la credibilidad del Ejecutivo.
El precedente más doloroso para el socialismo español lo dejó la condena de los ERE en Andalucía, que marcó el final de una etapa. Aquí, sin embargo, la cercanía con el presidente es mucho mayor. Serrano no es un cargo orgánico, sino alguien que ha compartido con Sánchez los momentos más delicados de la última década. La capacidad de Ferraz para encapsular el daño dependerá de si el juez Pedraz encuentra pruebas sólidas que relacionen directamente al exjefe de gabinete con los hechos o si, por el contrario, la investigación se dilata sin conclusiones firmes.
En Moncloa confían en que el parón estival atenúe la presión mediática, pero son conscientes de que septiembre llegará cargado de nuevas comparecencias judiciales y de una oposición dispuesta a rentabilizar cada auto. La legislatura, que atraviesa su fase más exigente con la negociación de los Presupuestos y la gestión de los fondos europeos, no puede permitirse un desgaste prolongado en los juzgados. La credibilidad del Gobierno con sus socios de investidura también está bajo el foco, porque formaciones como ERC o EH Bildu han mostrado su malestar ante cualquier sombra de corrupción que roce al Ejecutivo.
🌹 El Apunte de Ferraz
Mensaje fuerza: La dirección federal presenta a Sánchez como víctima de la mala pradera de sus colaboradores, al tiempo que subraya la firmeza en la lucha contra la corrupción.
Protagonista: Juanma Serrano (exjefe de gabinete de Pedro Sánchez)
Próximo hito: La reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal prevista para los próximos días, donde se evaluarán las implicaciones políticas del auto.
El Tribunal Supremo ha ordenado a la Policía Nacional, a través de su Comisaría General de Información, la investigación de las carteras digitales vinculadas al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y a la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF) por una presunta financiación ilegal. El auto, dictado ayer, 10 de julio de 2026 por el magistrado instructor Julián Sánchez Melgar, reclama además la contabilidad completa del partido.
EN 30 SEGUNDOS
¿Qué ha ocurrido? El Supremo ha encargado a la Comisaría General de Información rastrear las wallets de Alvise y ha exigido a SALF sus movimientos bancarios.
¿Dónde y cuándo? La orden judicial se emitió el 10 de julio de 2026, tras recibir el Parlamento Europeo la suspensión de inmunidad del eurodiputado.
¿Qué resultado? Se investiga la entrega de 100.000 euros por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo y la posible financiación irregular de la campaña electoral de 2024.
La orden judicial: contabilidad de SALF y las carteras digitales
El instructor ha requerido al representante legal de SALF la entrega de la contabilidad, los libros de tesorería y los movimientos de cuentas, así como los justificantes de los pagos de la campaña electoral de las europeas de 2024. De forma simultánea, emplaza a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que elabore un informe sobre el tráfico de wallets —carteras digitales— creadas por los investigados. La orden incluye la petición al Tribunal de Cuentas para que aporte la documentación presentada por la formación en aquellos comicios.
Las diligencias se adoptan después de que el Parlamento Europeo comunicara el acuerdo de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Alvise, aforado ante el Supremo por su condición de eurodiputado. El auto sitúa como punto de partida los 100.000 euros que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo —también investigado— entregó al político. La acusación particular del PSOE había solicitado, además, la declaración de los investigados y una investigación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial, extremos que el juez deja para una fase posterior.
El resto de frentes judiciales del eurodiputado
La investigación por presunta financiación ilegal es solo una de las seis causas que Luis ‘Alvise’ Pérez tiene abiertas en el Tribunal Supremo. Las otras diligencias se refieren al presunto acoso a dos eurodiputados que formaron parte de la lista de SALF, el hostigamiento en redes a la fiscal Susana Gisbert y las amenazas al alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce.
También se investiga la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa y un presunto delito de desorden público por mensajes que incitaban al colapso de vías durante una protesta agrícola. Con este nuevo paso, el Supremo centra el foco en la trazabilidad económica de la agrupación y en el papel que pudieron jugar las criptodivisas en su financiación.
La Comisaría General de Información, que mantiene una unidad especializada en ciberdelitos financieros, aplicará técnicas de trazabilidad de criptoactivos ya empleadas en decenas de investigaciones policiales.
El Contexto Operativo
La decisión del Supremo sitúa a la Policía Nacional ante un reto que se ha vuelto recurrente en las investigaciones económicas: el rastreo de fondos en entornos digitales opacos. La Comisaría General de Información cuenta con agentes formados en el análisis de blockchain y tiene protocolos de colaboración con Europol para este tipo de pesquisas. Los delitos de financiación irregular han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, según los informes estratégicos del Ministerio del Interior, que subrayan la necesidad de reforzar las capacidades de inteligencia financiera.
El uso de criptodivisas para burlar los controles electorales es una amenaza emergente que la Policía Nacional viene combatiendo con resultados crecientes. Aunque la orden judicial representa un paso más en una causa con fuerte carga política, el despliegue operativo recae en una unidad con amplia experiencia en la desarticulación de tramas de blanqueo y corrupción. La investigación, aún en fase embrionaria, determinará si existen indicios sólidos de financiación ilegal y si la agrupación de electores pudo haber recibido fondos no declarados.
Hay un plato en Cataluña que muchos españoles jamás han oído nombrar, y sin embargo lleva generaciones alimentando a familias enteras en la Costa Brava. Se llama cim i tomba, y su nombre ya adelanta cómo se cocina: sacudiendo la cazuela de arriba abajo, como un vaivén de olas.
Nació en las barcas de los pescadores de Tossa de Mar, que aprovechaban el pescado que no podían vender para preparar un guiso contundente en plena jornada de faena. Hoy sigue siendo la seña de identidad gastronómica de este rincón de Girona, aunque su fama apenas ha cruzado la frontera catalana.
El origen marinero de este plato de Cataluña
Los pescadores de Tossa salían a faenar durante largas jornadas, a vela o a remo, y necesitaban comer algo caliente sin volver a puerto. Llevaban a bordo un pequeño fogón, una olla de hierro y una cesta con patatas, cebolla, ajo y tomate, además del pescado menos comercial: el que no lograban vender en la lonja.
Con esos ingredientes improvisaban un guiso que se cocinaba en la misma barca, sacudiendo la olla para que el fondo subiera y la superficie bajara. De ahí el nombre: cim (cima) i tomba (voltea). No hacía falta gratinador ni fuego lento; solo paciencia y una buena mano con el all i oli.
Por qué en Tossa de Mar lo consideran su plato insignia
El cim i tomba se ha convertido en el estandarte culinario de esta localidad de la Costa Brava, donde cada septiembre varios restaurantes ofrecen menús especiales dedicados exclusivamente a esta receta. La tradición pesquera del municipio, hoy reconvertido casi por completo al turismo, sigue viva en esta cazuela de barro.
Mientras tanto, la actualidad política de Cataluña avanza por otros derroteros, con debates presupuestarios y financiación autonómica que ocupan portadas. Pero en los fogones de Tossa, lo que de verdad importa sigue siendo el pescado del día y el punto exacto del alioli.
Cataluña: La clave está en un all i oli que no debe ligar del todo
A diferencia de otras salsas catalanas, el all i oli de este guiso se conoce como «negat» o cortado. No busca la textura homogénea de una mayonesa clásica, sino quedarse a medio emulsionar, con hilos de aceite visibles sobre el caldo.
Ese aspecto imperfecto es precisamente lo que da personalidad al plato. Se añade casi al final de la cocción, se sacude la cazuela un par de minutos y se deja reposar apenas unos instantes antes de servir. El resultado es un caldo untuoso, con el sabor del ajo pero sin la densidad de una salsa ligada.
Los ingredientes que cambian según quién lo cocine
No existe una única receta oficial del cim i tomba, y esa es parte de su encanto. Cada cocinero de Tossa aporta su variante, aunque todos respetan una base común de patata, pescado y all i oli como columna vertebral del plato.
Los pescados más habituales son el rape, la raya, el rodaballo o el bacalao, siempre piezas de carne firme que aguantan bien la cocción sin deshacerse. Algunos restaurantes lo enriquecen con marisco fresco de la zona, aunque los puristas defienden la versión más austera, la de origen pescador.
Estos son los ingredientes que rara vez faltan en una versión tradicional:
Patatas cortadas en rodajas gruesas, que absorben el caldo de pescado
Pescado blanco de carne prieta, como rape, raya o rodaballo
Caldo de pescado casero, hecho con pescado de roca y sal
All i oli negat, elaborado solo con ajo y aceite de oliva virgen extra
Cómo se prepara en menos de media hora en casa
El truco para que este guiso salga en apenas 30 minutos está en tener el caldo de pescado ya preparado de antemano. A partir de ahí, la cocción de las patatas y el pescado apenas necesita 20 minutos de fuego medio, más el tiempo final de reposo con el alioli.
Se fríe ligeramente el pescado enharinado, se reserva, y en el mismo aceite se doran las patatas cortadas en rodajas. Después se cubre todo con caldo sin llegar a taparlo del todo, se sacude la cazuela con frecuencia y, en los últimos minutos, se incorpora el pescado y el all i oli por encima. No hace falta horno ni utensilios especiales, solo una cazuela de barro y algo de mano izquierda para no romper el pescado al remover.
El futuro de una receta que empieza a salir de Cataluña
Cada vez más chefs fuera de Girona incluyen versiones del cim i tomba en sus cartas, atraídos por su sencillez y por el tirón de la cocina de proximidad. Es un plato que encaja bien con la tendencia actual hacia recetas de aprovechamiento, con pocos ingredientes y mucho sabor.
El consejo de quienes lo cocinan desde hace décadas es no complicarlo: respetar el pescado fresco, no forzar el ligado del alioli y dejar que la cazuela haga el resto. Con esos tres gestos, cualquier cocina de España puede acercarse a esta joya marinera que Tossa lleva siglos guardando casi en secreto.
El primer barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2026 dibuja un Parlament casi imposible de gobernar. Salvador Illa mantiene la primera plaza para el PSC, pero la encuesta le roba entre cuatro y seis escaños y deja su mayoría de investidura con ERC y Comuns al borde del descalabro. El independentismo, aunque sumaría, se fragmenta: Aliança Catalana, con 23-25 diputados, adelanta a un Junts que se desploma a 16-18 y rompe toda posibilidad de un Govern secesionista estable.
La demora en la publicación del estudio —más de siete meses desde el anterior barómetro, en noviembre de 2025— alimentó las suspicacias en los pasillos del Parlament. ¿Había miedo a un resultado demasiado favorable a Sílvia Orriols? El CEO lo achaca a la renovación del acuerdo marco para homologar a las empresas demoscópicas, pero, con los datos ya sobre la mesa, el terremoto es innegable.
El PSC oscila entre 36 y 38 escaños (hoy tiene 42). ERC sube ligeramente a 24-26, aún lejos de sus mejores registros. El gran salto lo protagoniza Aliança Catalana, que pasa de 2 a 23-25 representantes, comiendo terreno especialmente a Junts, que se hunde de 35 a 16-18 escaños. El PP y Vox se reparten entre 12 y 13 cada uno, mientras Comuns se queda con 4-5 y la CUP con una horquilla similar. La tabla refleja una Cámara atomizada en ocho grupos.
La aritmética imposible de la mayoría de izquierdas
Para Illa, la aritmética es un rompecabezas. Con ERC y Comuns, la mayoría absoluta de 68 escaños solo se alcanzaría si los tres partidos obtuviesen sus horquillas más altas, un escenario improbable. En sus cotas mínimas, el bloque de izquierdas se quedaría en 64, insuficiente para gobernar con cierta comodidad. La reciente experiencia con los Presupuestos, tumbados en marzo por la negativa de ERC y salvados después con un pacto in extremis, anticipa lo que puede ser el resto de la legislatura.
La estabilidad del Govern de Illa pende de un hilo: solo las horquillas máximas de sus socios garantizan la mayoría.
El bloque independentista sumaría entre 67 y 74 escaños si se unieran Junts, ERC, la CUP y Aliança Catalana. Sin embargo, la brecha ideológica lo impide: la extrema derecha independentista de Orriols, con un discurso antiinmigración y contrario a los consensos de la izquierda, es incompatible con la CUP y aleja cualquier entendimiento con los republicanos. Ni siquiera en las horas bajas del procés se planteó una coalición así.
El sorpasso que nadie quiso ver: Aliança Catalana adelanta a Junts
Otro dato relevante: el apoyo a la independencia sube al 45%, seis puntos más que en noviembre, el registro más alto en seis años. Por primera vez desde 2023, la opción de un Estado independiente es la preferida por los catalanes (36%), por delante de la comunidad autónoma (30%). Pero ese estado de opinión no se traduce en una mayoría parlamentaria funcional.
La vivienda se consolida como el principal problema para el 28% de los encuestados, seguida a distancia por la inmigración y la inseguridad ciudadana (ambas con un 10%). Illa ha hecho bandera de la Ley de Vivienda y de las regulaciones de alquiler, pero el desgaste es evidente. La encuesta sugiere que los votantes premian a quien ofrece soluciones radicales, como el discurso restrictivo de Aliança Catalana, o castigan a quien no las cumple.
Un Govern en la cuerda floja y el eco en Moncloa
En el Govern las alarmas ya han sonado. Fuentes de la Generalitat consultadas por esta redacción reconocen que ‘estos números complican cualquier plan legislativo’ y que la estrategia pasa ahora por por aferrarse a la gestión y demostrar resultados en vivienda y seguridad antes de que el descontento se enquiste.
La inestabilidad en Cataluña es un quebradero de cabeza para el Gobierno central, que necesita el apoyo parlamentario de ERC y Junts en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez necesita una Cataluña gobernable para mantener los apoyos que sostienen la mayoría en el Congreso, y un Illa desgastado es un interlocutor cada vez menos fiable. El barómetro del CEO se convierte así en un aviso para dos gobiernos: sin una salida al laberinto catalán, los próximos meses serán una cuenta atrás hacia un adelanto electoral que nadie desea pero que todos temen.
La investigación judicial sobre Alvise Pérez entra en una nueva fase. El Tribunal Supremo ha acordado la práctica de nuevas diligencias para esclarecer el uso de wallets de criptomonedas por parte de los investigados y analizar en profundidad la financiación electoral de la agrupación SALF durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. La resolución, firmada el pasado 8 de julio por el magistrado instructor Julián Sánchez Melgar, supone un nuevo avance en una causa que cobró impulso tras la suspensión de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado por parte del Parlamento Europeo.
El auto admite varias de las diligencias solicitadas por la acusación particular ejercida por el PSOE, entre ellas la elaboración de un informe policial sobre las wallets vinculadas a los investigados y el requerimiento de toda la documentación económica de SALF. Sin embargo, el instructor opta por aplazar otras medidas de mayor alcance, como la declaración de los investigados y la investigación patrimonial de sus cuentas bancarias, hasta conocer el resultado de las actuaciones que ahora se ponen en marcha.
La decisión del Tribunal Supremo sitúa el foco sobre dos de los principales ejes de la investigación: el recorrido del dinero utilizado durante la campaña electoral y el posible uso de activos digitales cuya trazabilidad deberá analizar ahora la Policía Nacional.
El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis ‘Alvise’ Pérez, al salir de declarar en el Tribunal Supremo y atendiendo a los medios de comunicación (Foto: Europa Press)
El Supremo pone el foco en las wallets de criptomonedas
Uno de los aspectos más relevantes del auto es la orden dirigida a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que actúa como policía judicial en este procedimiento desde 2025. El magistrado instructor le encomienda la elaboración de un informe específico para investigar el tráfico de wallets creadas por los investigados, una diligencia que considera útil para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Las wallets, utilizadas para almacenar y operar con criptomonedas, se convierten así en una de las principales líneas de trabajo de la investigación. Aunque el auto no anticipa conclusiones sobre su contenido ni atribuye responsabilidades, el instructor entiende que su análisis puede aportar información relevante sobre los movimientos económicos relacionados con la causa.
La resolución evidencia que el Tribunal Supremo pretende reunir primero toda la información técnica disponible antes de decidir si resulta necesario ampliar las diligencias o adoptar nuevas medidas de investigación. El informe policial será, por tanto, una de las piezas fundamentales sobre las que descansarán los próximos pasos del procedimiento.
La financiación de SALF pasa a un examen exhaustivo
El segundo gran bloque de diligencias afecta directamente a la financiación electoral de SALF. El instructor ha acordado requerir al representante legal o administrador electoral de la agrupación toda la documentación contable correspondiente a la campaña de las elecciones europeas de 2024.
Entre la información solicitada figuran la contabilidad, los libros de tesorería, los balances, los inventarios, la cuenta de ingresos y gastos, los movimientos de cuentas, las operaciones de capital y los justificantes de los pagos efectuados durante la campaña electoral. También se reclama el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas.
De forma paralela, el Tribunal Supremo solicita directamente al Tribunal de Cuentas toda la documentación presentada por SALF durante el proceso de fiscalización de aquellos comicios europeos. El objetivo es disponer de una visión completa de la actividad económica de la agrupación y contrastarla con el resto de la información que vaya incorporándose a la causa.
La decisión judicial refuerza la importancia que adquiere el análisis documental dentro del procedimiento. Antes de adoptar nuevas medidas personales o patrimoniales, el instructor quiere disponer de todos los elementos contables que permitan reconstruir el circuito económico investigado.
La Fiscalía sostiene que ya existen indicios racionales de criminalidad
Otro de los elementos que marcan este momento procesal es la posición mantenida por el Ministerio Fiscal. En el escrito presentado ante el instructor, la Fiscalía afirma que las diligencias practicadas hasta ahora han reforzado las sospechas iniciales hasta convertirlas en «indicios racionales de criminalidad».
El Ministerio Público recuerda además que el Parlamento Europeo acordó suspender la inmunidad parlamentaria de Luis Pérez Fernández (Alvise Pérez), circunstancia que elimina el obstáculo que impedía continuar plenamente la tramitación de la causa penal.
A partir de esa situación, la Fiscalía solicitó que se levantara la suspensión existente y que el procedimiento continuara frente a Luis Pérez Fernández y Álvaro Romillo Castillo, al considerar que ya existen elementos suficientes para seguir avanzando en la investigación.
Aunque el instructor toma en consideración ese planteamiento, opta por una vía prudente: completar primero las diligencias documentales y policiales antes de decidir sobre nuevas actuaciones procesales.
El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno (Foto: Europa Press)
Qué puede ocurrir ahora en la investigación
El auto deja claro que la investigación todavía no ha concluido. El Tribunal Supremo admite únicamente aquellas diligencias que considera prioritarias en este momento y deja en suspenso otras dos peticiones relevantes: la declaración de los investigados y la averiguación patrimonial de sus bienes y cuentas.
Esta última diligencia pretendía obtener información sobre saldos bancarios, movimientos económicos y cuentas de los investigados y de la agrupación SALF desde el año 2023 para que posteriormente fueran analizados por la Policía Nacional. Sin embargo, el instructor entiende que esa actuación deberá esperar hasta conocer el resultado de la documentación y de los informes ahora solicitados.
La resolución concluye ordenando la práctica inmediata de las diligencias admitidas y su tramitación por la Letrada de la Administración de Justicia, con traslado al Ministerio Fiscal y al resto de las partes personadas.
Con este nuevo auto, la investigación sobre Alvise Pérez entra en una etapa especialmente relevante. El análisis de las wallets de criptomonedas, la revisión de la financiación electoral de SALF y la documentación que aporte el Tribunal de Cuentas serán determinantes para decidir si el procedimiento da un nuevo salto procesal. De las conclusiones que obtengan los investigadores dependerá que el instructor acuerde nuevas declaraciones, active una investigación patrimonial más amplia o impulse nuevas diligencias en una causa que sigue evolucionando en el Tribunal Supremo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convirtió su participación en el encuentro informativo organizado por 20minutos, bajo el título El pulso de nuestras comunidades: Madrid, en un duro alegato contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso sostuvo que ese documento resume únicamente las polémicas conocidas durante la última semana y defendió que la acumulación de informaciones constituye una muestra de la situación política que atraviesa España. La dirigente madrileña utilizó ese listado para reforzar su discurso de oposición al Gobierno y denunciar lo que considera un progresivo deterioro institucional.
Durante su intervención, Isabel Díaz Ayuso explicó que había recopilado en cinco folios más de una veintena de informaciones conocidas en los últimos días que, según defendió, evidencian una sucesión de episodios de presunta corrupción, nepotismo y deterioro institucional en torno al Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña aseguró que la rapidez con la que se acumulan estas polémicas dificulta incluso hacer un seguimiento de todas ellas y sostuvo que España atraviesa una situación «sin precedentes».
Una lista con más de 20 casos
Entre los asuntos que citó figuran las investigaciones que afectan a la Directora General de la Guardia Civil y al Director Adjunto Operativo (DAO), ambos investigados judicialmente, así como las informaciones que apuntan a una supuesta elaboración de listas de mandos de la Guardia Civil que investigaban causas relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno. Ayuso también hizo referencia a las noticias sobre presuntas maniobras para obtener información reservada de esos investigadores y a la existencia de un capitán del Instituto Armado que, según diversas informaciones recogidas por el PP, habría colaborado con las denominadas «cloacas» del Estado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez (Fuente: Europa Press)
La presidenta regional incluyó igualmente las investigaciones relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En ese contexto mencionó las pesquisas de la Fiscalía Europea sobre los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, así como la consulta realizada por la Comisión Europea acerca de la contratación de un amigo del exministro José Bono en la empresa pública Ineco. También criticó la intención del Ejecutivo de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la acusación popular, una iniciativa que, según sostuvo, coincide con distintos procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente.
Otro de los bloques del documento estuvo dedicado al denominado caso Leire Díez. Ayuso recordó la publicación de un mensaje enviado en 2021 por la exmilitante socialista a la entonces jefa de gabinete del ministro Fernando Grande-Marlaska en el que afirmaba: «Hemos desactivado todo», en referencia, según las informaciones citadas por el PP, a una denuncia de la Fiscalía relacionada con un contrato de 2,8 millones de euros. Asimismo, mencionó las críticas formuladas por la Unión Progresista de Fiscales, que ha advertido públicamente sobre una presunta instrumentalización política de la Fiscalía.
Ayuso también aludió a otras informaciones relacionadas con el entorno familiar y político del PSOE. Entre ellas mencionó las noticias sobre la residencia del hermano de Pedro Sánchez, así como las informaciones publicadas sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las inspecciones tributarias que le afectan y las actividades empresariales atribuidas al exministro José Bono en República Dominicana. La dirigente popular utilizó estos ejemplos para sostener que existe un patrón de falta de transparencia que, en su opinión, exige explicaciones públicas.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid durante su intervención en el Foro de 20 minutos (Foto: Europa Press)
El listado presentado por Ayuso también recoge referencias al rescate de Air Europa, después de que un exresponsable de la SEPI reconociera ante el juez reuniones con Globalia para acelerar la operación; a las supuestas gestiones realizadas en favor de Forestalia; a un nombramiento en la Agencia Tributaria; a informaciones sobre operaciones inmobiliarias vinculadas al Ministerio de Hacienda; y a las críticas del PP por el uso del CIS, al considerar que realiza encuestas coincidiendo con resoluciones judiciales que afectan a Begoña Gómez.
La presidenta madrileña añadió además otras cuestiones de carácter político, como la concesión de un nuevo canal de televisión, las críticas a la política de financiación autonómica, el techo de gasto, la política educativa del Gobierno y la aplicación de la denominada Ley de Nietos, que el documento del PP cuestiona por la forma en que fue ampliada. Según Ayuso, la suma de todas estas informaciones dibuja un escenario de creciente desgaste institucional y justifica, a su juicio, que el Gobierno ofrezca explicaciones ante la ciudadanía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza estas acusaciones y sostiene que forman parte de la estrategia de confrontación política impulsada por el Partido Popular.
Ceuta y Melilla ocupan una posición única en el mapa europeo. Situadas en la costa norte de África, ambas ciudades autónomas representan mucho más que dos territorios españoles separados de la Península por el mar de Alborán. Constituyen un activo estratégico de primer nivel, un punto de control sobre el acceso al Mediterráneo y una pieza esencial dentro de la arquitectura de seguridad nacional.
La creciente inestabilidad internacional, la guerra en Ucrania, la competencia entre grandes potencias y el aumento de las tensiones en distintos escenarios del Mediterráneo han situado nuevamente el flanco sur entre las principales prioridades de la política de defensa española. Aunque las relaciones entre España y Marruecos atraviesan actualmente una etapa de cooperación institucional, los analistas coinciden en que la preparación militar debe contemplar cualquier escenario, siempre bajo un enfoque de disuasión y defensa.
España mantiene una estrategia basada en evitar que cualquier potencial adversario llegue a considerar viable el uso de la fuerza. Esa capacidad de disuasión se apoya en unas Fuerzas Armadas modernas, en la integración dentro de la OTAN y en una creciente inversión en capacidades tecnológicas.
Blindado vigilando la frontera con Ceuta (Fuente: Agencias)
La disuasión, el primer escudo de la defensa española
En la estrategia militar contemporánea, el objetivo principal no consiste en combatir, sino en impedir que un conflicto llegue a producirse. Ese concepto, conocido como disuasión, constituye uno de los pilares fundamentales de la política de defensa española.
Para lograrlo resulta imprescindible disponer de fuerzas preparadas, sistemas de vigilancia permanentes y capacidad para responder con rapidez ante cualquier incidente que pudiera afectar a la soberanía nacional. La credibilidad es el elemento esencial de esa disuasión. Un potencial adversario debe percibir que cualquier acción contra territorio español tendría una respuesta firme y proporcionada.
España ha reforzado durante los últimos años buena parte de sus programas de modernización militar. La incorporación de los nuevos submarinos S-80, la llegada progresiva de las fragatas F-110, la modernización de las F-100 y F-80, la adquisición de nuevos Eurofighter y la renovación de numerosos sistemas de mando y control persiguen precisamente incrementar esa capacidad de respuesta.
A ello se suma una red permanente de vigilancia marítima, aérea y terrestre que permite monitorizar de forma continua los accesos al Estrecho de Gibraltar y al mar de Alborán, dos espacios considerados esenciales para la seguridad europea.
Ceuta y Melilla, dos ciudades protegidas por un sistema conjunto
La defensa de Ceuta y Melilla no depende exclusivamente de las unidades militares desplegadas de forma permanente en ambas ciudades. Forma parte de un sistema conjunto que integra al Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y el Mando Conjunto del Ciberespacio, coordinados bajo la estructura del Estado Mayor de la Defensa.
Las comandancias generales de ambas ciudades constituyen el primer nivel de presencia militar permanente. Estas unidades mantienen capacidades para garantizar la vigilancia del territorio, proteger infraestructuras críticas y reaccionar ante cualquier incidente que pudiera afectar a la seguridad.
Sin embargo, el verdadero valor estratégico reside en la posibilidad de reforzar rápidamente esos efectivos mediante unidades procedentes de la Península. España dispone de una elevada capacidad de movilidad estratégica gracias a sus medios navales y aéreos, lo que permite trasladar personal y material con rapidez cuando la situación lo requiere.
La Armada desempeña un papel especialmente relevante debido a la proximidad del Estrecho de Gibraltar. Fragatas, patrulleros, buques anfibios y submarinos contribuyen a garantizar el control marítimo, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio mantiene una vigilancia constante del espacio aéreo mediante cazas de combate, aviones de alerta temprana y sistemas de defensa aérea.
La integración entre todos estos elementos permite crear una arquitectura de seguridad basada en la información compartida, la coordinación permanente y la capacidad de actuación conjunta.
Peñón de Vélez de la Gomera (Fuente: agencias)
El valor estratégico del Estrecho de Gibraltar
La importancia de Ceuta y Melilla no puede entenderse sin analizar el papel que desempeña el Estrecho de Gibraltar, uno de los corredores marítimos más transitados del planeta.
Miles de buques cruzan anualmente este paso que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Por él circulan mercancías, materias primas, productos energéticos y buena parte del comercio entre Europa, África, Asia y Oriente Medio.
Garantizar la estabilidad de esta zona constituye un interés compartido por numerosos aliados occidentales. Cualquier alteración de la seguridad tendría consecuencias económicas y estratégicas muy superiores al ámbito exclusivamente español.
En este contexto, las Fuerzas Armadas españolas desarrollan una vigilancia permanente mediante radares, sensores marítimos, sistemas de inteligencia y patrullas navales y aéreas. El objetivo consiste en mantener un conocimiento constante de todo cuanto sucede en una de las áreas geográficas más sensibles del continente europeo.
Además, la modernización tecnológica emprendida en los últimos años permite integrar información procedente de satélites, aeronaves, buques y centros de mando, mejorando notablemente la capacidad de anticipación ante cualquier incidente.
La OTAN y la importancia del flanco sur
Aunque Ceuta y Melilla presentan una situación jurídica específica dentro de la Alianza Atlántica, el creciente interés de la OTAN por el flanco sur ha incrementado la atención sobre esta región.
La organización considera que las amenazas procedentes del Mediterráneo, el Sahel y el norte de África requieren una vigilancia permanente. Terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito, ciberataques e inestabilidad regional forman parte del amplio catálogo de riesgos identificados por los aliados.
España se ha consolidado como uno de los principales referentes de la OTAN en este escenario gracias a su posición geográfica y a las capacidades de sus Fuerzas Armadas. La participación habitual en grupos navales permanentes, ejercicios multinacionales y misiones internacionales fortalece la interoperabilidad con los socios aliados y aumenta la capacidad de respuesta colectiva.
Este contexto convierte a Ceuta y Melilla en mucho más que dos ciudades fronterizas. Son puntos avanzados desde los que España contribuye a la seguridad del conjunto del espacio euroatlántico.
Blindado vigilando la frontera de Melilla (Fuente: agencias)
Modernización militar para afrontar los desafíos del futuro
La evolución de las amenazas obliga a adaptar continuamente las capacidades militares. La proliferación de drones, misiles de largo alcance, guerra electrónica y operaciones híbridas exige disponer de sistemas cada vez más avanzados.
España ha apostado por una profunda modernización de sus Fuerzas Armadas que abarca nuevos vehículos blindados, aeronaves, fragatas, submarinos, sistemas de comunicaciones seguras y capacidades de inteligencia artificial aplicadas a la defensa.
El objetivo no es únicamente renovar equipos, sino incrementar la capacidad de disuasión y garantizar que cualquier desafío pueda afrontarse mediante una respuesta coordinada, tecnológica y plenamente integrada con los aliados.
En ese escenario, Ceuta y Melilla seguirán ocupando un lugar prioritario dentro de la estrategia nacional de seguridad. Su posición geográfica, su valor político y su importancia para el control del Mediterráneo occidental convierten a ambas ciudades en piezas fundamentales de la defensa española.
Más allá de los medios militares desplegados, la principal fortaleza reside en la combinación de preparación, tecnología, cooperación internacional y capacidad de adaptación. Esa suma de factores constituye hoy el auténtico escudo que protege el flanco sur de España y refuerza su papel como uno de los actores clave para la estabilidad del Mediterráneo occidental.
El armenio Karen Vardanyan se ha declarado culpable de los ataques del ransomware Ryuk contra hospitales en Estados Unidos. Extraditado desde Ucrania, acepta pagar 1,2 millones de dólares y se enfrenta a 15 años de prisión. La confesión, anunciada este jueves por el Departamento de Justicia, cierra uno de los capítulos más oscuros de la ciberextorsión sanitaria.
Vardanyan, de 34 años, admitió haber participado en la campaña que entre noviembre de 2019 y abril de 2020 lanzó Ryuk contra al menos tres organizaciones estadounidenses mientras residía en Ucrania y Rusia. Junto a otros tres acusados —los ucranianos Oleg Lyulyava y Andrii Prykhodchenko, y el también armenio Levon Avetisyan— recaudaron aproximadamente 1.160 bitcoins, valorados entonces en más de 15 millones de dólares, según los fiscales.
La cadena de extorsión que colapsó quirófanos durante la pandemia
El primer golpe llegó en diciembre de 2019 contra una empresa tecnológica de Oregón. Después vinieron una compañía de Michigan que pagó casi 1,2 millones de dólares para recuperar sus datos y, en febrero de 2020, una escuela de Texas. Ryuk paralizaba sistemas enteros con un ransomware de doble extorsión: cifraba los archivos y amenazaba con filtrarlos si no se pagaba el rescate en bitcoins.
El grupo accedía a las redes mediante campañas de phishing o aprovechando vulnerabilidades en servidores expuestos. Una vez dentro, desplegaban Ryuk de forma manual, no automática, lo que implicaba un reconocimiento previo de la la víctima y un ajuste fino del rescate. Ese tradecraft, más propio de un APT que de una banda callejera, les permitió atacar cientos de organizaciones.
No fue un hospital, sino toda una cadena sanitaria: en octubre de 2020, los atacantes de Ryuk lanzaron una oleada contra centros médicos en plena segunda ola de la pandemia. El Centro de Seguridad Cibernética de EE.UU. (CISA) y el FBI emitieron alertas conjuntas advirtiendo de que las amenazas ponían vidas en peligro. Al menos dos grandes sistemas hospitalarios, Universal Health Services y Hollywood Presbyterian, sufrieron interrupciones críticas.
En 2020, un hospital cifrado no era una anécdota de ciberseguridad: era un paciente sin quirófano y un oncólogo sin historial clínico. Un multiplicador silencioso de víctimas.
La extradición de Vardanyan desde Ucrania, ejecutada en 2025, subraya la creciente colaboración bilateral contra el cibercrimen. Kiev, que ha sido víctima de ciberataques rusos patrocinados por el Estado, está acelerando la entrega de delincuentes informáticos a Washington como parte de su acercamiento estratégico. Es una moneda de cambio que el DOJ agradece.
El acusado se declara culpable de conspiración informática y fraude/extorsión. Además de la pena de hasta 15 años de prisión y la restitución millonaria, reconoce que la condena conllevará consecuencias migratorias, y la expulsión de Estados Unidos tras cumplir su sentencia. El tribunal de Oregón aún no ha fijado la fecha del fallo.
El legado de Ryuk: una máquina de cifrar que no respetó ni a los enfermos
Ryuk ha dejado una estela de miles de víctimas en todo el mundo: desde redacciones de periódicos locales y ayuntamientos hasta servicios públicos de agua en Carolina del Norte. En 2019, el mismo grupo cifró los sistemas de varias cabeceras, y en 2020 dejó sin acceso a una planta de tratamiento. La banda mostró un desprecio absoluto por el daño colateral, usando el mismo ataque contra una escuela que contra un hospital de agudos. Según analistas de amenazas como Mandiant y CrowdStrike, detrás de Ryuk está el grupo criminal Wizard Spider, un colectivo con base en Rusia que ha desarrollado toda una suite de herramientas de ataque, incluyendo TrickBot y Conti. Si usted ha seguido esta serie de ataques, recordará que en 2020 los hospitales se convirtieron en un blanco prioritario para los grupos de ransomware.
Aunque no hay evidencia de un patrocinio estatal directo, el modus operandi de doble extorsión y la infraestructura de C2 distribuida indican un nivel de profesionalización que iguala al de muchas operaciones encubiertas de inteligencia. La línea entre el cibercrimen de élite y el espionaje de Estado se ha vuelto peligrosamente borrosa.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector es claro: ransomware de doble extorsión con alto impacto sobre infraestructuras críticas sanitarias. Los atacantes —un grupo con experiencia en APT y redes de lavado de criptomonedas— desplegaron Ryuk tras una intrusión manual. Las agencias defensoras: el DOJ, el FBI y, en la sombra, el CCN-CERT español que emitió avisos sobre la variante en 2020. La extradición desde Ucrania involucra también al SBU y refleja un alineamiento de intereses entre Washington y Kiev en la lucha contra el cibercrimen.
En España, recuerdo el caos de WannaCry en 2017, cuando Telefónica y el Hospital Clínic de Barcelona vieron sus ordenadores cifrados. Aquel ataque, atribuido a Corea del Norte, fue un aviso. Más recientemente, en 2021, el SEPE sufrió una intrusión con un ransomware que colapsó sus sistemas durante semanas. Ese incidente forzó al CCN-CERT a elevar la alerta y a coordinar una respuesta con el CNI. Hoy Ryuk y sus herederos —como Conti o LockBit— son una amenaza persistente para las más de 8.000 infraestructuras críticas que identificamos en El quinto elemento. Lo advertí entonces: «el próximo 11S empezará con un clic». Ryuk demostró que el clic puede congelar un quirófano.
Aunque el caso es público, el nivel de clasificación de los detalles técnicos que manejó el FBI —direcciones de wallet, servidores C2, técnicas forenses— probablemente se mantenga en un nivel reservado o confidencial. La confesión de Vardanyan es un hito, pero la sombra de sus cómplices sigue activa. La próxima fecha clave: su sentencia, que aún no tiene calendario.
¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ha emitido citaciones judiciales contra varios reporteros del New York Times por un artículo sobre los protocolos de seguridad del nuevo Air Force One.
¿Quién está detrás? La Administración de Donald Trump, a través del fiscal general y un gran jurado federal en Manhattan.
¿Qué impacto tiene? La prensa estadounidense denuncia una escalada sin precedentes contra la libertad de expresión y la protección de fuentes anónimas.
El Departamento de Justicia ha citado a varios periodistas del New York Times por un artículo que revelaba carencias de seguridad en el nuevo Air Force One. La medida, calificada por el diario como una ‘escalada extraordinaria’, obliga a los reporteros a testificar el próximo miércoles ante un gran jurado federal en Manhattan. El caso destapa una de las tensiones más profundas en el Washington de 2026: el choque entre la protección de secretos de Estado y la Primera Enmienda.
Los hechos se remontan al pasado miércoles, cuando Tyler Pager, Julian E. Barnes, Eric Schmitt y Eric Lipton publicaron un reportaje en el que detallaban las dudas sobre la seguridad del nuevo avión presidencial. Según personas cercanas al proyecto citadas por los periodistas, la aeronave, donada por Catar, no habría sido equipada con todas las contramedidas defensivas del modelo anterior. La premura en la entrega podría haber impedido instalar sistemas avanzados para cegar misiles antiaéreos.
La Casa Blanca utilizó ‘la distracción y la desinformación’ como una herramienta declarada para proteger al presidente, según admitió su propio director de comunicaciones.
La polémica se desató al término de la cumbre de la OTAN en Turquía. El presidente Trump optó por regresar a casa en un avión presidencial más antiguo, dejando en tierra la nueva aeronave. Al ser preguntado por los motivos y por las posibles amenazas de Irán, el presidente fue directo: ‘Soy el número uno en la lista de objetivos de Irán’. En este contexto, las citaciones emitidas el viernes por el fiscal general buscan identificar el origen de la información clasificada que nutría el artículo del Times.
Las citaciones: bases legales y la doctrina de la fuente
Las subpoenas (citaciones judiciales de obligado cumplimiento) no solo exigen la comparecencia de los reporteros, sino que los sitúan en en la delicada tesitura de tener que revelar a sus fuentes confidenciales. Se trata de una técnica legal que, aunque tiene precedentes, la Administración Trump está llevando a un nuevo nivel de agresividad institucional. El abogado del diario, David McCraw, afirmó que ‘la presencia de agentes federales llamando a la puerta de reporteros debería escandalizar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución’.
Desde la Casa Blanca, el director de comunicaciones, Steven Cheung, no negó la falta de sistemas en el nuevo avión, sino que reivindicó una estrategia de contrainteligencia doméstica. ‘Usamos cada herramienta a nuestra disposición, incluyendo la distracción y la desinformación, para hacer frente a esas amenazas‘, declaró Cheung, en un ejercicio de transparencia poco habitual sobre las tácticas de la oficina de prensa presidencial. La declaración implica reconocer que la seguridad del presidente se protege, en parte, ocultando la realidad.
La Lógica de Washington
Para conocer el pulso real de la capital, hay que entender que esta decisión no es un arrebato. Responde a una lógica de blindaje total de la seguridad nacional que el ala más conservadora del Partido Republicano ha defendido durante décadas. La filtración de las vulnerabilidades del Air Force One se lee en el Despacho Oval como un mapa de ruta envenenado que se entrega a enemigos como Irán. La doctrina ‘America First’ aplicada a la inteligencia dicta que las sutilezas legales de la Primera Enmienda palidecen frente a una amenaza verificada contra la vida del comandante en jefe. No es un caso aislado: en 2013, la administración Obama espió en secreto las líneas telefónicas de periodistas de Associated Press por una filtración de la CIA, demostrando que la tensión entre prensa y estado es estructural en EE. UU.
Para España, este caso es un termómetro del desgaste institucional en que viven los corresponsales extranjeros en Washington. La criminalización de las fuentes anónimas puede disuadir a funcionarios de compartir información sensible sobre comercio o defensa que afecte a intereses europeos. El próximo miércoles, la comparecencia ante el gran jurado federal marcará el pulso de la libertad de prensa en los despachos de Manhattan. Si los reporteros se niegan a testificar, el enfrentamiento judicial está servido.
Ficha del Caso
El caso: Citación del Departamento de Justicia a cuatro periodistas del New York Times por desvelar que el nuevo Air Force One donado por Catar carece de sistemas antimisiles avanzados.
Datos clave: Los hechos ocurrieron tras la cumbre de la OTAN en Turquía. Trump utilizó el avión antiguo y admitió estar en la ‘lista de objetivos’ de Irán. La Casa Blanca admitió usar ‘desinformación’ para proteger la seguridad.
Para España: La escalada contra la prensa en EE. UU. sienta un precedente alarmante para la cobertura de asuntos de seguridad nacional por parte de los corresponsales españoles en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado a Ucrania a fabricar sus propios interceptores Patriot PAC-3 MSE, el sistema antimisiles más avanzado del arsenal occidental. El anuncio, realizado durante la cumbre de la OTAN en Ankara, supone un giro doctrinal que Kiev lleva años reclamando, aunque la producción real tardará entre dos y cinco años y exigirá complejos acuerdos técnicos con Lockheed Martin, el contratista principal.
Zelenski agradeció la decisión y subrayó que Trump ‘reconoció a Ucrania como un país tecnológicamente preparado’. Hasta ahora, solo Japón fabrica el interceptor bajo licencia estadounidense; Alemania, los Países Bajos y España impulsan una línea europea paralela, mientras Berlín negocia bilateralmente su propia patente.
La apuesta por la producción doméstica
El movimiento cambia el modelo de dependencia ucraniano: del suministro racionado por los aliados a la capacidad de autofabricar el arma que más ha protegido sus ciudades contra los misiles balísticos rusos. ‘El Presidente dio luz verde para la licencia del Patriot’, confirmó Zelenski, ‘pero ahora los Ministerios de Exteriores, Defensa y los equipos técnicos deben cerrar todos los detalles’.
El acuerdo no está firmado, y el fabricante aún no ha sido informado oficialmente. Trump lo admitió sin ambages: ‘Todavía no se lo hemos comunicado a la compañía’. Lockheed Martin produce el interceptor PAC-3 MSE, un proyectil de impacto cinético (hit-to-kill) que destruye misiles balísticos en vuelo terminal. Cada unidad cuesta cerca de 3,9 millones de dólares y su cadena de suministro concentra los mayores cuellos de botella en un solo componente.
Los cuellos de botella de la cadena de suministro
El ‘seeker’ —el buscador infrarrojo que guía al interceptor hacia su blanco— se fabrica en una única planta de Boeing en Huntsville, Alabama. Según un análisis del Foreign Policy Research Institute (FPRI), esa factoría produjo entre 650 y 700 unidades en 2025, cifra que marca el ritmo de toda la línea de montaje. Un interceptor completo tarda 24 meses en construirse, y su motor cohete sólido, 30.
Aunque el Pentágono firmó en abril un contrato de 4.800 millones de dólares para triplicar la producción de seekers, los interceptores pedidos bajo ese acuerdo no se entregarán antes de 2030. En 2025 Lockheed Martin suministró 620 PAC-3, y el objetivo industrial es alcanzar 2.000 anuales en un plazo de cinco años. Mientras tanto, Rusia lanza más misiles balísticos en un mes que los que la industria mundial produce en ese mismo período.
La licencia es un paso histórico, pero el cuello de botella industrial convierte la autonomía en un horizonte de años, no de meses.
En paralelo, Zelenski anunció que Ucrania desarrolla un sistema propio, bautizado FREYA, que combinará un misil de producción nacional con radares, lanzadores y puestos de mando europeos. El prototipo se presentará en Francia en los próximos días, y Kiev busca financiación europea para acelerarlo. ‘Entonces cerraremos el cielo de Ucrania con nuestras propias capacidades’, afirmó.
Equilibrio de Poder
La decisión de Trump reconfigura el tablero de la defensa antimisiles en Europa. Estados Unidos mantiene un celo extraordinario sobre la tecnologíahit-to-kill —tanto que solo la ha compartido con Japón—, y abrirla a Ucrania, aunque sea bajo un régimen de licencia restrictivo, implica un voto de confianza tecnopolítico que no tiene precedente reciente. El precedente más cercano se remonta a la década de 1980, cuando la OTAN autorizó la fabricación bajo licencia del F-16 en Europa para reducir la dependencia logística del Pentágono; ahora el contexto es una guerra activa y un Kremlin que denunciará la transferencia como una escalada.
Para España, el movimiento tiene una doble lectura. Por un lado, el consorcio europeo en el que participa —junto con Alemania y Países Bajos— gana legitimidad estratégica: demuestra que Bruselas necesita capacidades de fabricación autónomas y que la planta de Huntsville ya no puede atender sola la demanda global. Por otro, la entrada de Ucrania como productor bajo licencia introduce un competidor potencial en el mercado de exportación, aunque su capacidad inicial sea modesta. Mientras tanto, el programa FREYA abre espacio para que la industria española (por ejemplo, Indra o la antigua Santa Bárbara) contribuya con radares o sistemas de mando, si Madrid decide apostar por esa línea.
Rusia, que esta misma semana mató a al menos 22 civiles en Kiev con 29 misiles balísticos que burlaron las defensas ucranianas, observa el proceso con evidente inquietud. Para el Kremlin, cualquier aumento de la producción de interceptores en territorio ucraniano supone una amenaza directa a la ventaja que Moscú obtiene del desgaste de los arsenales occidentales. Y el propio Washington ha mostrado la fragilidad de sus reservas: en la guerra con Irán de este año, la marina disparó entre 1.060 y 1.430 Patriots, más de los que Ucrania recibió de todos sus aliados en cuatro años. El horizonte, en cualquier caso, es de medio plazo. La primera batería Patriot ensamblada en Ucrania no defenderá Járkov antes de 2028. Para entonces, la doctrina de disuasión europea podría ser muy distinta. Seguiremos de cerca la presentación del FREYA en Francia; allí se medirá cuánto de este plan es voluntad política y cuánto, capacidad industrial real.
¿Qué ha pasado? La jueza de Arona (Tenerife) ha citado como investigado al director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, por las obras de la urbanización de lujo Cuna del Alma.
¿Quién está detrás? La citación afecta a Acosta, nombrado por Coalición Canaria, y a otros altos cargos autonómicos y responsables de la promotora Segunda Casa Adeje SL.
¿Qué impacto tiene? El caso se limita a las obras en la zona de servidumbre costera, pero reaviva el debate sobre el urbanismo en espacios protegidos del archipiélago.
La jueza de Arona investiga al director general de Costas de Canarias por las obras de Cuna del Alma en Tenerife.
El auto, fechado este viernes, cita a Antonio Acosta para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas. Se le investiga por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en relación con la autorización concedida a la urbanización de 420 villas de lujo en el Puertito de Adeje.
La citación y los cargos
Junto a Acosta, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona ha llamado a declarar como investigado al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental, Valeriano Díaz, y al representante legal y administradores de la promotora Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos comparecerán el 13 de agosto. Además, en calidad de testigos, han sido citados el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, José David Marín, y el técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, quienes declararán el 16 de julio.
El procedimiento se centra en unos hechos muy concretos. La Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias dio el visto bueno a la ocupación de la franja de servidumbre de protección —los cien metros desde la orilla— para levantar un restaurante, una piscina y un aparcamiento de buggies. La Fiscalía consideró esos usos incompatibles con la Ley de Costas, lo que motivó la paralización cautelar de las obras en esa zona.
El alcance de la investigación
La jueza ha rechazado la petición de la acusación popular de extender la suspensión a todo el proyecto de Cuna del Alma, que abarca cerca de 430.000 metros cuadrados. Argumenta que «el presente procedimiento penal se centra en las obras autorizadas en la zona de servidumbre, por lo que no procede adoptar medidas respecto del resto». Las asociaciones ecologistas, agrupadas en la Asociación Cultural Social Ecologista Libre, denuncian que dos tercios del Puertito de Adeje ya han sido dañados por los trabajos.
Ese colectivo, que incluye a la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la Familia Galindo o ARCAN, sostiene que «de mantenerse este ritmo de ejecución, esta dinámica de hechos consumados terminará privando de efectividad una eventual resolución judicial favorable». A pesar del rechazo judicial, las asociaciones insisten en que que la causa debería abarcar todo el proyecto, porque la urbanización completa afecta a espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.
Las asociaciones ecologistas sostienen que la urbanización completa afecta a espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico.
El Pulso Territorial
La imputación de Antonio Acosta llega en un momento delicado para el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo de Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente. La coalición que sustenta al ejecutivo insular ha convertido la gestión del litoral en uno de los ejes de su discurso territorialista, pero el caso Cuna del Alma expone las contradicciones entre el desarrollo turístico de alta gama y la protección de la costa.
La región, con una tasa de paro que duplica la media nacional (14,2% en el primer trimestre de 2026), mira al turismo como motor económico. Sin embargo, Canarias arrastra decenas de procedimientos judiciales por irregularidades urbanísticas en sus 1.500 kilómetros de costa. Baste recordar el precedente del hotel de El Algarrobico en Almería (2006) o, más cerca, el conflicto del hotel tropical de Gran Canaria, que acabó con la demolición de parte del edificio en 2023. La cita del 14 de septiembre, a apenas nueve meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2027, mantendrá la presión sobre la Consejería de Política Territorial y el propio Clavijo.
Ficha Autonómica
El caso: La jueza de Arona investiga presuntas irregularidades en la urbanización de lujo Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (Tenerife), y cita como investigado al director general de Costas de Canarias.
Datos importantes: La causa afecta a las obras en la zona de servidumbre de protección del litoral, un 5,25% de la parcela, pero la urbanización completa abarca 430.000 metros cuadrados. El director general fue nombrado por Coalición Canaria.
Resumen: Acosta declarará el 14 de septiembre. La jueza mantiene paralizadas las obras en la servidumbre, pero rechaza extender la suspensión a todo el proyecto. Las asociaciones ecologistas recurrirán la decisión. El caso tensa al Gobierno canario en un contexto de precampaña electoral.
