Qué es MindED y cómo entrena las funciones ejecutivas en Primaria: guía del entrenamiento cognitivo

El entrenamiento cognitivo en Primaria refuerza funciones ejecutivas como la atención, la memoria de trabajo y la planificación con ejercicios breves y gamificados.

En una clase de Primaria, un alumno conoce la respuesta, pero se distrae antes de escuchar la pregunta completa. Otro entiende la tarea, pero olvida las instrucciones a mitad del ejercicio. Un tercero empieza una actividad y, cuando encuentra la primera dificultad, no sabe cómo reorganizarse. Son situaciones habituales que no dependen solo de cuánto sabe el estudiante, sino de cómo gestiona la información y regula su comportamiento.

Qué son las funciones ejecutivas y por qué importan en Primaria

La neurociencia lleva años estudiando el papel de las funciones ejecutivas, el conjunto de capacidades relacionadas con la atención, la memoria de trabajo, el control de impulsos, la flexibilidad cognitiva y la planificación. Son las que permiten mantener el objetivo de una tarea, recordar una instrucción, frenar una respuesta impulsiva o cambiar de estrategia cuando algo no funciona.

Lula de León, directora de Innovación de Sanoma España (Santillana), describe estas capacidades como el sistema operativo del cerebro. Están detrás de gestos cotidianos, como escuchar una explicación sin desconectarse o recordar las instrucciones de una actividad, señala. Cuando no están suficientemente desarrolladas, añade, aparecen distracciones constantes o errores por falta de concentración que no responden a falta de interés ni de esfuerzo.

Los cursos de Primaria no son solo una etapa académica. Tambien son años decisivos para capacidades que siguen madurando durante la infancia y la adolescencia. Seguir una secuencia de instrucciones, organizar una tarea, recordar varios pasos, esperar un turno o buscar otra estrategia son oportunidades diarias para practicarlas. La práctica sostenida mejora la regulación de la atención y la organización.

Las funciones ejecutivas siguen madurando durante toda la infancia y la adolescencia, de modo que Primaria se considera una etapa clave para entrenarlas.

Cómo funciona el entrenamiento cognitivo, en casa y en el aula

En este contexto se ha extendido el entrenamiento cognitivo: programas digitales que plantean ejercicios breves para trabajar la atención, la memoria de trabajo y la planificación. Entre las propuestas del sector figura MindED, una aplicación de Santillana dirigida al alumnado de Primaria. Parte de una evaluación inicial de unas preguntas sencillas que identifican las áreas a reforzar y, a partir de ahí, genera un plan personalizado según la edad, el nivel y las necesidades de cada estudiante. El proceso inicial apenas requiere dos minutos.

Después, el alumnado realiza actividades gamificadas. La propuesta plantea sesiones de entre 15 y 20 minutos diarios en casa vinculadas al currículo oficial y ajustadas al nivel de cada niño. Las familias pueden supervisar el progreso y consultar tanto las fortalezas como las áreas de mejora. Su objetivo no es añadir más contenido al día a día, sino fortalecer las capacidades que permiten aprovechar mejor los contenidos existentes, matiza De León, que lo compara con un gimnasio para el cerebro integrado en la rutina escolar.

Para los centros, la herramienta incorpora un cuadro de mando o dashboard de progreso y un gestor de actividades para planificar y supervisar el entrenamiento. El formato digital permite ajustar la dificultad en tiempo real y ofrecer respuesta inmediata, con elementos de gamificación para mantener la implicación. Las pantallas y los estímulos digitales constantes refuerzan la necesidad de trabajar la atención sostenida.

funciones ejecutivas

El Marco Educativo

El interés por las funciones ejecutivas encaja en el marco curricular vigente. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de Educación) organiza la etapa de Primaria en torno a competencias clave, entre ellas la competencia personal, social y de aprender a aprender, que remite a la autorregulación y a la metacognición.

El desarrollo de las enseñanzas mínimas de Primaria corresponde al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, que fija la ordenación y los objetivos de la etapa. En España, el currículo es competencia compartida: el Estado fija las enseñanzas mínimas y las comunidades autónomas desarrollan los currículos.

En este ámbito intervienen varios actores. Las editoriales y empresas tecnológicas educativas ofrecen materiales y aplicaciones; en este caso, Santillana, a través de su área de innovación, sitúa MindED como un recurso complementario y no como un contenido curricular. Las familias y los centros deciden si incorporan estas herramientas y con qué intensidad. Los especialistas en neurociencia educativa recuerdan que el entrenamiento cognitivo no sustituye la instrucción académica, sino que busca reforzar las capacidades que la sostienen.

A todo ello se suma el debate sobre el uso de pantallas en las aulas. Distintas administraciones educativas y colectivos docentes han planteado límites al uso de dispositivos en horario escolar, mientras las herramientas digitales de apoyo defienden su utilidad cuando están orientadas a un objetivo concreto. El desarrollo de las funciones ejecutivas es un proceso gradual, sin una fecha de cierre, y su evolución depende de la práctica sostenida en casa y en el aula durante toda la etapa de Primaria.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El entrenamiento cognitivo agrupa ejercicios breves y gamificados para reforzar funciones ejecutivas como la atención, la memoria de trabajo y la planificación en Primaria.
  • Por qué importa: Estas capacidades condicionan cómo el alumnado gestiona la información y regula su comportamiento, y siguen madurando durante la infancia y la adolescencia.
  • A quién le importa: A las familias y al profesorado de alumnos de Primaria que buscan complementar el aprendizaje escolar con recursos de apoyo.

La Guardia Civil suma nuevas denuncias contra el masajista de Rivas encarcelado por grabar a 131 pacientes

La Guardia Civil ha identificado a más víctimas del masajista de Rivas Vaciamadrid encarcelado desde julio por grabar sin consentimiento a 131 pacientes. La causa contra Ricardo V. M., un español de 60 años, supera ya la treintena de denuncias por agresiones sexuales y grabaciones ilícitas.

Los investigadores han recabado nuevas denuncias después de que la Guardia Civil haya localizado a más mujeres filmadas con cámara oculta durante un tratamiento en la clínica ripense. El instituto armado se ha puesto en contacto con ellas para comunicarles que aparecen en las imágenes.

Qué ha confirmado la Guardia Civil sobre las nuevas víctimas

La cifra de afectadas sigue creciendo. Al menos nueve mujeres han denunciado agresiones sexuales, y dos de ellas son menores de edad, sin que se haya facilitado ningún dato que permita identificarlas. Las grabaciones, obtenidas supuestamente con una cámara oculta, afectan a 131 pacientes.

El detenido, considerado presunto autor (la persona a la que se atribuyen los hechos sin que exista aún condena), obtuvo las imágenes, supuestamente, con fines libidinosos, según la investigación. La Guardia Civil mantiene abierta la identificación de nuevas afectadas a partir del material intervenido.

La Guardia Civil sigue localizando a mujeres grabadas sin consentimiento y la lista de afectadas no está cerrada.

Ricardo V. M., de 60 años y nacionalidad española, trabajaba como masajista en un centro de Rivas Vaciamadrid. Según el relato de la investigación, colocaba una cámara oculta durante los tratamientos y registraba a las pacientes sin que ellas lo supieran.

Cómo operaba el detenido en la clínica de Rivas

La detención se produjo el pasado mes de julio a raíz de varias denuncias. Los agentes analizaron el material audiovisual incautado y lograron identificar a las mujeres grabadas. Los hechos se investigan como grabaciones no consentidas y agresiones sexuales.

El caso salió a la luz tras las primeras denuncias de varias pacientes. A partir de ahí, la Guardia Civil elaboró una lista con las mujeres que aparecen en los vídeos y comenzó a localizarlas una por una.

Las imágenes se habrían captado durante sesiones de masaje en la clínica del municipio madrileño. Ninguna de las pacientes conocía que estaba siendo filmada mientras recibía el tratamiento.

  • Más de treinta denuncias acumuladas en la causa.
  • 131 pacientes filmadas sin consentimiento.
  • Al menos nueve mujeres han denunciado agresiones sexuales.
  • Dos de las denunciantes por agresión son menores de edad.

La causa se encuentra en fase de instrucción (la etapa del proceso penal en la que el juez investiga los hechos antes de la celebración del juicio). No consta ninguna sentencia ni escrito de acusación firme.

En qué punto está la investigación

La Guardia Civil no ha dado por cerrada la lista de víctimas. Los agentes siguen revisando el material incautado y contactando con las mujeres que aparecen en las grabaciones, por lo que la cifra de afectadas, podría aumentar en las próximas semanas.

El detenido permanece en prisión provisional (la medida cautelar de ingreso en prisión durante la investigación, sin condena previa). Mantiene la presunción de inocencia y no existe por ahora ninguna condena firme contra él. La causa sigue abierta y pendiente de nuevas diligencias.

Inclusión educativa: qué es el DUA y cómo se atiende la diversidad en el aula ordinaria

El 85,2% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) ya estudia en aulas ordinarias, según el Ministerio de Educación. La inclusión educativa ha dejado de ser un principio teórico para convertirse en la realidad cotidiana de la mayoría de las aulas.

Qué es el DUA y cómo se aplica en el aula ordinaria

El Diseño Universal para el Aprendizaje, conocido por sus siglas DUA, es un marco pedagógico que propone planificar el currículo para toda la diversidad del aula, en lugar de adaptarlo a posteriori solo para unos pocos estudiantes. La idea de partida es sencilla: si la programación se diseña pensando en la variedad de ritmos, capacidades y formas de aprender, las barreras se reducen antes de que aparezcan.

El enfoque se articula en tres principios y nueve pautas. El primero ofrece múltiples formas de representación, es decir, presentar la información por vías distintas para que cada alumno acceda a ella. El segundo atiende a la acción y la expresión, y permite que el estudiante demuestre lo aprendido de maneras diversas. El tercero busca la implicación y la motivación, el motor que sostiene el aprendizaje.

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) recoge el DUA entre los principios pedagógicos del sistema, junto a medidas de atención personalizada, prevención de las dificultades de aprendizaje y mecanismos de refuerzo cuando estas se detectan. La diferencia con la adaptación tradicional está en el momento: el DUA actúa en el diseño, mientras que la adaptación interviene después, cuando el problema ya ha aparecido.

A quién afecta la atención a la diversidad

Los datos del curso 2025-2026 sitúan en el 85,2% el alumnado con NEAE escolarizado en aulas ordinarias, de acuerdo con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Bajo esa etiqueta conviven realidades muy distintas: discapacidad, trastornos del lenguaje, dificultades específicas de aprendizaje o altas capacidades. La inclusión educativa no se limita, por tanto, a un grupo reducido, sino que interpela al conjunto del sistema.

El DUA propone un currículo abierto y flexible para todo el alumnado, en lugar de corregir las barreras cuando ya han dejado a algunos fuera.

Atender esa diversidad exige recursos concretos: personal de apoyo especializado —maestros de Pedagogía Terapéutica (PT), de Audición y Lenguaje (AL) y orientadores—, dotación de materiales, adaptación de los espacios y accesibilidad del currículo. La formación del profesorado aparece como el punto más señalado. «Es necesario un cambio de paradigma en el sistema educativo», señala Estrella Alfonso, docente especializada en necesidades educativas especiales.

A eso se suma la tecnología. Las herramientas digitales y la inteligencia artificial permiten adaptar contenidos, facilitar el acceso a la información y personalizar propuestas de aprendizaje. La co-docencia, con dos profesores compartiendo el aula, se estudia como otra vía para acompañar mejor al alumnado con necesidades y reducir su percepción de estigma. «Cuando hay dos profesores en el aula, puedes acompañar mejor a los estudiantes con necesidades especiales», añade la experta.

El Marco Educativo

El marco normativo de la inclusión en España combina una norma estatal y un desarrollo autonómico. La LOMLOE fija el DUA como principio pedagógico y establece las bases de la atención a la diversidad; las comunidades autónomas, competentes en educación, concretan los recursos, las ratios y los apoyos en sus respectivos territorios. Esa distribución explica que la aplicación real del DUA varíe entre regiones.

En el debate intervienen varios actores. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte aporta los datos y las orientaciones generales; las consejerías autonómicas gestionan plantillas y programas de apoyo; los sindicatos docentes reclaman más personal especializado y menos carga burocrática; y las asociaciones de familias insisten en la dotación de recursos por centro. La formación docente y la ratio de profesionales de apoyo concentran las principales demandas.

La proyección pasa por consolidar el enfoque en el día a día de las aulas. El reto pendiente no es tanto normativo como de medios: convertir el principio del DUA en prácticas sostenibles exige formación continua, plantillas estables y coordinación entre docentes, centros y familias. Los datos de escolarización en aulas ordinarias seguirán siendo el termómetro de esa evolución.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El DUA es el marco que propone diseñar el currículo para toda la diversidad del aula desde el inicio, y no adaptarlo después solo para unos pocos.
  • Por qué importa: La inclusión educativa ya afecta a la mayoría del alumnado con NEAE, escolarizado en aulas ordinarias, y obliga a reorganizar recursos, formación y metodologías.
  • A quién le importa: A familias y docentes, y en especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que comparte aula con el resto.

La Diputación de Sevilla eleva su presupuesto de 2027 un 14,5% hasta los 750 millones de euros

La Diputación de Sevilla ha presentado su proyecto de presupuesto para 2027, que crece un 14,5% hasta los 750,42 millones de euros. La cifra consolida la capacidad inversora de la institución provincial y deja 337,59 millones en transferencias a los ayuntamientos, un 10,65% más que en 2026.

Un presupuesto de 750 millones con los municipios como prioridad

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha explicado ante los medios que el objetivo es que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2027. Para ello necesitan el respaldo del pleno, previsto para el mes de noviembre. De salir adelante, sería el último presupuesto de la legislatura y también el primero que se encontraría la corporación nacida de las próximas elecciones municipales.

De los 750,42 millones, 337,59 van directamente a los ayuntamientos en transferencias corrientes y de capital. El Plan Provincial de Obras y Servicios se consolida por segundo año tras su recuperación con 35 millones, un 40% más, y se mantiene al margen de los planes extraordinarios de inversión que siguen ejecutándose. El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad sube a 163 millones para cohesión social e igualdad, frente a los 138 de 2026.

La novedad más relevante en materia social es el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) de Dependencia, dotado con 20 millones para blindar la ayuda a domicilio. Se trata de un mecanismo que permite adelantar a los municipios de menos de 20.000 habitantes la financiación que corresponde a la Junta de Andalucía para sostener el Servicio de Ayuda a Domicilio, de forma que ningún consistorio pequeño tenga que recortar el servicio por problemas de tesorería.

La vivienda es el otro gran eje. El proyecto del Cortijo de Quarto, que Fernández ha calificado como «la operación urbanística más importante que se está haciendo en España», contará con más de dos millones de euros para impulsar el inicio de los trabajos durante 2027.

Con más de un centenar de municipios y casi dos millones de habitantes, cada euro que reparte la Diputación acaba convertido en un servicio público concreto.

Vivienda pública, bomberos y agua: el mapa del esfuerzo inversor

El capítulo de vivienda incluye 25 millones en ayudas directas a proyectos municipales de VPO, correspondientes a la tercera anualidad de los planes en marcha y a la dotación inicial de un nuevo programa. A esa cantidad se suman los 6,67 millones que Sevilla Activa destinará a 50 viviendas protegidas en Los Palacios y Villafranca y 31 en Morón de la Frontera.

presupuesto 2027 Sevilla

En el ámbito educativo, las cuentas contemplan la modernización del Complejo Educativo Pino Montano, con una residencia universitaria de 450 plazas mediante obra nueva y rehabilitación. Hay 498.323,52 euros para estudios técnicos y 216.900 para las primeras actuaciones materiales, entre ellas las demoliciones. Fernández ha vuelto a pedir al Gobierno andaluz que asuma la gestión del IES Hispalis, situado en esos terrenos, y ha ofrecido la cesión del suelo.

El Consorcio de Bomberos recibe 43 millones, un 10,7% más, con el desarrollo del primer Plan Director y el refuerzo de infraestructuras, material móvil y equipamientos. En agua, hay 10,51 millones para infraestructuras hidráulicas y tres millones como dotación inicial de los 25 previstos en cuatro años para la primera fase que garantizará el abastecimiento a los municipios de Sierra Morena, mediante un convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica que aportará 50 millones al 50%.

Los residuos son una de las novedades del proyecto, con casi 7 millones para residuos y economía circular para dar respuesta supramunicipal a exigencias ambientales crecientes. Se consolida además el programa de vigilancia del mosquito vector del Virus del Nilo Occidental, con 3,28 millones, y las carreteras provinciales se llevan en torno a 22 millones entre conservación y mejora de una red clave para la cohesión territorial.

La Lectura Andaluza

Las cuentas llegan en un momento delicado para las arcas municipales andaluzas, que encadenan años de subida de costes —energía, residuos, personal— con ingresos corrientes que crecen a menor ritmo. Que la Diputación eleve un 10,65% las transferencias a los consistorios no es un detalle contable: es margen real para los servicios públicos locales, desde el servicio de ayuda a domicilio hasta la recogida de basura o las escuelas deportivas. Y el FEAR de Dependencia apunta al punto más frágil: los municipios pequeños, donde un retraso de tesorería acaba convertido en lista de espera.

La lectura de proximidad es inequívoca para quien vive en la provincia. El Plan Provincial de Obras y Servicios es el programa que asfalta la travesía, renueva el alumbrado y arregla el consultorio en los pueblos sin capacidad de inversión propia. Las 81 viviendas protegidas de Los Palacios y Villafranca y Morón de la Frontera son 81 familias con una puerta a la que llamar, y los 22 millones de carreteras sostienen los desplazamientos diarios entre la capital y los pueblos.

Queda por delante el trámite decisivo: el pleno de noviembre, donde el presupuesto necesita los apoyos suficientes para entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Será la última cuenta de la legislatura y la que herede la corporación que salga de las proximas elecciones municipales. Con 750,42 millones sobre la mesa, la Diputación de Sevilla quiere dejar atado el marco inversor de la provincia antes de que arranque la campaña.

La Xunta suspende la actividad exterior en los colegios de A Coruña y Lugo por la alerta naranja de lluvias

La Xunta suspende las actividades al aire libre en 74 ayuntamientos de A Coruña y Lugo por la alerta naranja de lluvias.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Xunta ha activado la alerta naranja por lluvias en el interior de A Coruña y el centro y la montaña de Lugo y ha suspendido la actividad exterior en 74 ayuntamientos.
  • ¿Quién está detrás? La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, junto a la Comisión Escolar de Alertas y los datos de Aemet.
  • ¿Qué impacto tiene? Suspensión de actividades educativas y deportivas al aire libre, avisos a Protección Civil y clubes náuticos, con precipitaciones de hasta 30 mm por hora previstas.

Aemet prevé hasta 30 milímetros por hora en el interior de A Coruña y Lugo

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada puede alcanzar los 30 milímetros en una hora desde primeras horas de la tarde. El aviso naranja cubre el interior de la provincia de A Coruña y el centro y la montaña de Lugo, con Santiago de Compostela entre los municipios afectados, donde la tormenta descarga con fuerza desde media mañana.

La Comisión Escolar de Alertas ha acordado suspender la actividad en el exterior en los centros educativos de esas zonas, que suman 74 ayuntamientos. En el interior de A Coruña la medida alcanza a municipios como Ames, Santiago de Compostela, Melide, Ordes, Teo o Vedra; en el centro de Lugo, a la propia capital, Sarria, Vilalba, Monterroso o Palas de Rei, entre otros.

A la suspensión educativa se añade la de la actividad deportiva del programa Xogade y de la federada al aire libre, salvo los deportes náuticos y acuáticos, según la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, el departamento autonómico gallego que equivale a un ministerio.

El aparato eléctrico ha sido intenso. Más de 2.700 rayos han caído sobre Galicia hasta las cinco de la tarde, un millar de ellos entre las doce del mediodía y la una, con especial incidencia en la provincia de Pontevedra.

La alerta naranja no es un episodio aislado: Galicia pasó más de la mitad de los días de 2025 con algún aviso meteorológico activo.

Emergencias avisa a los 74 ayuntamientos, diputaciones y clubes náuticos

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha trasladado la situación a través del Centro Integrado de Atención a Emerxencias do 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas, a las diputaciones, a los servicios provinciales, a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, según ha informado la Xunta (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela).

Ante las fuertes lluvias, las autoridades recomiendan circular con precaución, informarse del estado de las carreteras antes de salir, no atravesar zonas inundadas o que puedan inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

En Santiago, donde la tormenta arreciaba desde media mañana, la acampada por la vivienda de la Praza do Obradoiro ha mantenido su actividad. Sus portavoces han asegurado que las precipitaciones no les frenarán y han recopilado carpas y palés para resguardarse.

El Laboratorio Gallego

La gestión de las alertas meteorológicas en Galicia admite una lectura política que trasciende el parte de Aemet. El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009, y el área de emergencias cuelga de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, uno de los departamentos de mayor peso del ejecutivo autonómico. Cada episodio adverso se convierte en un examen de coordinación entre la Xunta, las cuatro diputaciones provinciales, y los 313 concellos gallegos (los municipios).

El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) han convertido la prevención y la respuesta ante fenómenos extremos en un asunto recurrente del Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados). Galicia pasó más de la mitad de los días de 2025 con algún aviso meteorológico activo, un dato que sitúa a la comunidad en la primera línea del debate nacional y europeo sobre adaptación climática, y que llega tanto al Consejo de Ministros como a Bruselas. El protocolo seguirá vigente mientras Aemet mantenga el aviso; la incógnita, como siempre, es si la coordinación funcionará tan bien sobre el terreno como en el papel.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta ha activado la alerta naranja por lluvias en el interior de A Coruña y el centro-montaña de Lugo y ha suspendido la actividad exterior en los colegios de 74 ayuntamientos.
  • Datos importantes: Hasta 30 mm por hora según Aemet; más de 2.700 rayos sobre Galicia; suspensión educativa y deportiva al aire libre salvo los deportes náuticos federados.
  • Resumen: La medida, coordinada por Emergencias con los ayuntamientos, las diputaciones y Protección Civil, reactiva el debate sobre cómo se adapta Galicia a los fenómenos extremos, un asunto que ya se discute en Madrid y en Bruselas.

La aceituna de mesa de Málaga alcanza 63.373 toneladas y afianza a la provincia como tercera potencia andaluza

La aceituna de mesa de Málaga alcanzará las 63.373 toneladas esta campaña y afianza a la provincia como tercera potencia andaluza del sector.

El aforo que confirma el podio: una de cada siete aceitunas andaluzas

Andalucía recogerá 466.037 toneladas de aceituna de mesa, un 9% más que en la campaña anterior y un 7,2% por encima de la media de las últimas, según el aforo del olivar de la Junta de Andalucía (el gobierno autonómico que gestiona agricultura, sanidad, educación e infraestructuras). De ese total, Málaga aportará alrededor del 13,6%: aproximadamente una de cada siete aceitunas de mesa que se recojan en la comunidad.

El reparto provincial deja un podio estable. Sevilla sigue siendo la principal productora, con una estimación de 320.000 toneladas. Le sigue Córdoba, con 70.066, y después Málaga, con 63.373. Entre las tres suman más del 97% de la producción andaluza de aceituna de mesa, un peso que la provincia malagueña no tiene en el aceite, donde el protagonismo se lo lleva Jaén.

La distancia con Sevilla sigue siendo enorme: la provincia hispalense producirá unas cinco veces más que Málaga. La pelea por el segundo puesto, en cambio, está mucho más ajustada, con menos de 7.000 toneladas separando a la provincia malagueña de arrebatarle a Córdoba la segunda plaza.

Por variedades, la Hojiblanca vuelve a dominar en Andalucía con el 60% de la producción, seguida de la manzanilla (31%) y de la gordal (5%), siempre según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

La aceituna de mesa reparte el protagonismo entre tres provincias andaluzas, y Málaga ha convertido ese hueco en jornales y actividad para su medio rural.

Los datos los dio a conocer hace unos días el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante un acto celebrado en Mengíbar (Jaén). Allí presentó el aforo que dibuja una campaña media-alta en el conjunto del olivar andaluz y que sitúa a Málaga en el tercer escalón de la comunidad.

Un invierno lluvioso y un calor fuera de escala

aceituna de mesa Andalucía

La campaña viene marcada por un invierno muy lluvioso que ha favorecido el desarrollo del cultivo. Las temperaturas, muy por encima de las medias habituales, han limitado en cambio el potencial productivo. Con esas condiciones, el aforo dibuja una campaña de producción media-alta en el conjunto del olivar andaluz.

El mismo informe proyecta 1.261.200 toneladas de aceite de oliva, un 23,9% más que en la campaña anterior y un 44% por encima de la media de las cinco últimas. Es una señal de recuperación del olivar andaluz después de varios años condicionados por la falta de agua, cuando la comunidad marcaba el ritmo del mercado mundial.

La recolección de la aceituna de mesa se extiende, según las variedades, desde el arranque del otoño hasta bien entrado noviembre, y las estimaciones se ajustarán conforme avance el trabajo en el campo. En las cooperativas del interior de Málaga la campaña ya se prepara, con la mirada puesta en las semanas de mayor actividad en los tajos.

Para el consumidor, el efecto se notará sobre todo en el mostrador. La aceituna de mesa es un producto de presencia diaria en bares, mercados y mesas familiares, y de su precio y su calidad dependen también las cuentas de la hostelería. Andalucía produce la mayor parte de la aceituna de mesa española, de modo que el aforo que acaba de presentarse no es un papel administrativo: es el punto de partida de una cadena que va del tajo al aperitivo.

La Lectura Andaluza

El olivar sigue siendo la columna vertebral del medio agrario andaluz, y el aforo publicado por la Junta de Andalucía es la referencia que cooperativas y almazaras utilizan para planificar mano de obra, compras y contratos. Que tres provincias sumen más del 97% de la aceituna de mesa habla de una concentración productiva enorme, y Málaga ha sabido hacerse un hueco estable en ella: su 13,6% no compite con la hegemonía de Sevilla, pero sí le da argumentos para pelear el segundo puesto con Córdoba.

Para quien vive de esto, la traducción es directa. Una campaña de 466.037 toneladas significa jornales en los municipios del interior, actividad en las cooperativas y trabajo para el transporte y la industria de transformación. Los datos oficiales del sector agrario andaluz, recogidos también por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, permiten seguir año a año cómo evoluciona un cultivo que sostiene a miles de familias. Y el contexto importa: después de varias campañas marcadas por la sequía, un crecimiento del 9% sobre el año anterior no es un detalle menor, ni para el agricultor ni para el pueblo que vive de él.

Con la recolección ya en marcha, las cifras se revisarán conforme entren las primeras partidas en las cooperativas, y la atención del sector estará también en el aceite: las 1.261.200 toneladas previstas marcarán el pulso económico del otoño andaluz, desde las almazaras de la campiña hasta los puertos por los que sale la producción hacia el exterior. En el próximo ajuste del aforo se sabrá si la pelea por el segundo puesto se estrecha todavía más. Y en el podio andaluz de la aceituna de mesa, Málaga ya no es una invitada: es una fija.

La patronal valenciana y los sindicatos piden desbloquear la financiación autonómica valenciana tras el 29-N

La patronal y los sindicatos valencianos reclaman desbloquear la financiación autonómica valenciana y una legislatura de grandes pactos tras el 29-N.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La CEV, UGT-PV y CCOO-PV reclaman una legislatura sin bloqueos que desatasque la financiación autonómica, congelada por la convocatoria de elecciones generales del 29-N.
  • ¿Quién está detrás? El president de la CEV, Vicente Lafuente; el secretario general de UGT-PV, Tino Calero; y la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea.
  • ¿Qué impacto tiene? La infrafinanciación valenciana y la reconstrucción tras la DANA quedan atrapadas por el calendario electoral.

Una reforma que el 29-N congela en el Congreso

El anuncio de la convocatoria de elecciones generales ha trastocado en cuestión de horas la agenda política española y, con ella, el calendario de una reforma que la Comunitat Valenciana lleva años esperando: la del sistema de financiación autonómica. El adelanto electoral al 29 de noviembre paraliza en el Congreso los trabajos sobre el nuevo modelo, la pieza que el empresariado considera decisiva para una región que se percibe infrafinanciada respecto a su población y a su aportación al PIB.

La letra pequeña importa. El president de la patronal autonómica, Vicente Lafuente, lo resume en una idea que repite desde que fue elegido en la asamblea de la CEV (la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana): “este país necesita la capacidad de llegar a acuerdos”. Y añade una advertencia: con las cuentas en prórroga, la Comunitat pierde las inversiones que le corresponden por población y aportación al PIB.

Para el líder empresarial, las empresas estarán siempre “dispuestas a colaborar, desde la lealtad y la independencia”, pero con una condición clara: “Lo que no podemos permitirnos es otra legislatura de bloqueos”. Su receta pasa por que, gobierne quien gobierne, la próxima legislatura sea “la de los grandes pactos”: en financiación, infraestructuras, agua, sanidad, y vivienda.

Lo que piden la CEV, UGT y CCOO: financiación justa, vivienda y DANA

patronal valenciana

Desde los sindicatos, el diagnóstico es más duro. El secretario general de UGT-PV, Tino Calero, lamenta “profundamente” que la legislatura termine “sin haber podido sacar adelante medidas en materia de vivienda”, hoy una de las principales preocupaciones de la gente trabajadora. Su homóloga en CCOO-PV, Ana García Alcolea, lo dice sin rodeos: “que la actividad legislativa se encalle es una pésima noticia para la clase trabajadora”.

Ambos sindicatos participaron el sábado pasado en la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en València, una cita que anticipa el tono de una campaña en la que lo social pesará. Calero pide el voto para “opciones progresistas que defiendan los intereses de las trabajadoras y los trabajadores” y exige compromisos concretos: una “financiación justa” para la Comunitat y la reconstrucción tras la DANA —la Depresión Aislada en Niveles Altos que causó las inundaciones de octubre de 2024—, que “no puede detenerse por el calendario electoral”.

El empresariado pide pactos y los sindicatos piden vivienda, pero ambos coinciden en lo mismo: la próxima legislatura no puede volver a mirar hacia otro lado.

La agenda sindical no se detiene. García Alcolea avanza que estas semanas hablarán de incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo, de “políticas valientes” en vivienda y de “actuaciones contundentes” frente a una inflación alimentada por las tensiones comerciales internacionales. El líder de UGT, Pepe Álvarez, reclama entrar en “profundidad” en los asuntos que de verdad preocupan, y el de CCOO, Unai Sordo, mantiene su calendario de movilización social.

El Escenario Valenciano

En clave valenciana, el adelanto electoral obliga a mirar de reojo a un Consell (el gobierno autonómico, el equivalente al Consejo de Ministros) que afronta la recta final de la legislatura con el pacto PP–Vox intacto. La reforma de la financiación depende, sobre todo, de Madrid: ninguna comunidad puede cambiar el modelo en solitario, y menos una que reclama desde hace años un reparto más justo.

La política valenciana llega a esta cita con la resaca de un año convulso. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, gobierna desde diciembre de 2025, tras la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA; el expresident mantiene su acta de diputado en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico de 99 escaños) y sigue en el centro del proceso judicial por la catástrofe. Mientras, PSPV y Compromís tratan de capitalizar el desgaste del Consell.

El plano nacional es inevitable. La financiación autonómica es, por definición, un asunto de Estado: exige un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades, y el adelanto del 29-N lo aparca. En paralelo, la reconstrucción tras la DANA también se juega en Madrid, con fondos estatales y europeos cuyo ritmo de ejecución marcará los próximos meses.

La proyección es clara. El 29 de noviembre, las urnas decidirán quién pilota esa negociación y con qué mayoría. La CEV ya ha tendido la mano “desde la lealtad y la independencia”; los sindicatos ya han puesto su lista sobre la mesa: financiación justa, reconstrucción sin pausas y vivienda. En la Comunitat, el reloj lleva demasiado tiempo jugando en contra.

Ficha del Caso

  • El caso: La patronal CEV y los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV reclaman que la próxima legislatura desbloquee la financiación autonómica valenciana y no repita una etapa de bloqueos.
  • Datos importantes: La convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre congela en el Congreso la reforma de la financiación autonómica; la prórroga presupuestaria priva a la Comunitat de inversiones que le corresponden por población y PIB.
  • Resumen: Empresarios y sindicatos coinciden en exigir pactos de Estado y avances sociales, con la vivienda y la reconstrucción tras la DANA como prioridades.

La Junta abonará un nuevo plus salarial a 21.000 empleados de personal laboral por permanecer en su puesto

La Junta abonará en diciembre un plus salarial nuevo a 21.000 empleados de personal laboral andaluz. El preacuerdo se ha firmado en Sevilla con CSIF, UGT y CCOO.

El acuerdo desbloquea el VII Convenio Colectivo de este colectivo y permitirá a esos trabajadores cobrar por primera vez el complemento de carrera profesional horizontal, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. La Junta de Andalucía salda una deuda histórica: las condiciones de su plantilla laboral, los empleados públicos que no son funcionarios, no se revisaban desde hace casi 25 años. Quien trabaja de administrativo en la delegación de Málaga o quien limpia un instituto en Córdoba entra en el mismo sistema de progresión que un titulado superior.

La medida rompe con la única vía de mejora que existía: la promoción interna, es decir, ascender cambiando de puesto, asumiendo jefaturas o mudándose de servicio. La carrera horizontal premia la fidelidad, la especialización y la formación continua sin moverse de la silla. Para fijar el nuevo complemento, la Administración asignará un tramo a cada trabajador en plantilla a fecha de 31 de diciembre de 2025. Quedarán encuadrados tanto el personal de las consejerías de Sevilla como el de las delegaciones territoriales de Granada, Almería, Cádiz, Huelva o Jaén.

Seis tramos y hasta 10.890 euros al año

El sistema se articula en seis escalones acumulativos. El Tramo I se consolida con tres años en el puesto; el II, a los seis; el III, a los diez; y el IV, a los catorce. A partir de ahí, el modelo reconoce la veteranía máxima: el Tramo V, la condición de «experto», llega con 19 años cumplidos, y el Tramo VI, con 25 años de trayectoria ininterrumpida. Las cuantías no se sustituyen entre sí: se suman.

En la cúspide, el Grupo 1.1 —licenciados y graduados— añade 1.306,80 euros anuales al alcanzar el primer tramo y 2.613,60 en el segundo. Un titulado superior con 14 años de experiencia verá crecer su nómina en 6.098,40 euros al año, una cifra que escala hasta los 8.276,40 euros a los 19 años y toca techo en 10.890 euros con el sexto tramo. «Inicialmente, el único requerimiento es el tiempo trabajado, que no viene a sustituir a ningún concepto retributivo existente», explica Isabel Pacheco, presidenta del sector de Administración General de la Junta por CSIF.

Un administrativo con catorce años en su mesa sumará 2.402,40 euros al año sin ascender ni cambiar de puesto.

La escala desciende de forma proporcional en los grupos inferiores. Un administrativo del Grupo 3.1 cobra 514,80 euros anuales en el Tramo I, 1.716 euros al llegar al tercero y 2.402,40 euros con 14 años acreditados. En la base, el Grupo 4 —ordenanzas, jardineros y personal de limpieza— arranca con 310,46 euros anuales y alcanza los 1.448,82 euros tras 14 años de dedicación.

Diciembre, el aval presupuestario y las voces sindicales

personal laboral Andalucía

El impacto más inmediato se notará en la nómina de diciembre de 2026, cuando la Administración abone por primera vez el complemento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. «Es un aval para garantizar que la carrera horizontal pueda empezar a cobrarse en la nómina de diciembre con efecto retroactivo desde enero», detalla Pacheco, que subraya que el preacuerdo «es un paso decisivo para actualizar las condiciones laborales y dar respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo».

El texto aún debe superar el preceptivo informe de la Consejería de Hacienda, por lo que el Ejecutivo autonómico no ha fijado fechas cerradas para la entrada en vigor formal del convenio. La referencia retributiva ya está publicada: la tabla del BOJA del pasado 18 de mayo para el personal funcionario, con la que se equiparan los derechos económicos de ambos regímenes.

No todos los sindicatos respaldan el texto. Ustea ha sido el único en descolgarse de la firma, al entender que algunos aspectos afectan de forma «discriminatoria» a determinadas categorías profesionales. El consejero José Antonio Nieto ha celebrado el diálogo social como herramienta para desbloquear esta «reivindicación histórica» y ha augurado que el documento final «será una realidad en esta legislatura» y mejorará «la calidad de los servicios públicos». El convenio vigente data de 2002 y fue prorrogado en 2008.

Junto a la carrera horizontal, de carácter voluntario, el futuro marco introducirá la evaluación del desempeño, una retribución variable ligada al rendimiento, y mejoras para quienes trabajan por turnos y en festivos.

La Lectura Andaluza

Andalucía toca aquí una pieza sensible de su empleo público. El convenio que ahora se desbloquea se firmó en 2002 y se prorrogó en 2008, dos décadas en las que la Administración autonómica ha sumado servicios, competencias y plantilla sin revisar la estructura retributiva de sus laborales. El precedente viene de la propia casa: la Junta ya pactó al final de la pasada legislatura un complemento de carrera horizontal para su personal funcionario, y este acuerdo equipara por fin los derechos económicos de los dos regímenes.

El valor de proximidad es directo. Ese dinero llegará a nóminas repartidas por las ocho provincias, desde las oficinas de Sevilla hasta los centros de Jaén o Almería, y una parte se quedará en el comercio de barrio antes de que acabe el año. Para un administrativo con 14 años en su mesa son 2.402,40 euros anuales que hasta ahora no existían; para un ordenanza veterano, 1.448,82 euros. No cambia la vida, pero se nota en la cuesta de enero.

La proyección pasa por Hacienda. El informe preceptivo de la Consejería marcará el calendario del VII Convenio, que el Ejecutivo andaluz sitúa como una realidad de esta legislatura. Mientras llega la firma definitiva, la nómina de diciembre funcionará como primer termómetro y como aval presupuestario, porque el coste se carga a las cuentas vigentes. Y una idea que conviene retener: en Andalucía, quedarse en el puesto también empieza a contar como carrera profesional.

Aragón activa 1.118 protocolos por ideación suicida en las aulas: la salud mental dispara las alertas un 32%

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Aragón activó 1.118 protocolos por ideación suicida entre su alumnado en el curso 2025-2026, un 32% más que los 847 del curso anterior y casi el triple que los 409 de 2021-2022.
  • ¿Quién está detrás? El Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) exige más psicólogos en sanidad, educación y servicios sociales.
  • ¿Qué impacto tiene? En 2025 se registraron 122 muertes por suicidio en la comunidad, una cada tres días, y 15 de ellas entre los 15 y los 29 años.

Aragón activó 1.118 protocolos por ideación suicida en las aulas el curso 2025-2026, un 32% más que el año anterior.

1.118 alertas en las aulas: casi el triple que hace cuatro cursos

El aumento de los problemas de salud mental entre niños y jóvenes ha vuelto a poner el foco en la capacidad de Aragón para detectarlos antes de que se conviertan en una crisis. En el curso 2025-2026 se activaron 1.118 protocolos por ideación suicida, frente a los 847 del año anterior. Las alertas se han casi triplicado en cuatro cursos.

Por sexos, el repunte se reparte de forma desigual: 735 alertas correspondieron a alumnas y 377 a alumnos, de modo que casi dos de cada tres afectaron a chicas. El centro educativo es hoy el lugar donde antes se advierten los cambios de comportamiento o el malestar que no siempre llega a las consultas.

Del protocolo a la consulta: el COPPA reclama más psicólogos

ideación suicida

El Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) ha aprovechado la proximidad del Día Mundial de la Salud Mental, este sábado 10 de octubre, para exigir que la prevención no se quede en el papel. Su presidente, Santiago Boira, lo resume así: “Detectar un problema es fundamental, pero después hay que poder atenderlo. No podemos esperar a que el malestar se convierta en una crisis”. La petición es concreta: más psicólogos en la sanidad pública, en en los centros educativos y en los servicios sociales.

La dimensión del problema no se mide solo en las aulas. Los datos provisionales de mortalidad reflejan 122 muertes por suicidio en Aragón durante 2025, 79 hombres y 43 mujeres, prácticamente una cada tres días. Quince de los fallecidos tenían entre 15 y 29 años.

Detectar a tiempo no salva vidas por sí solo: sin psicólogos al otro lado del protocolo, la alerta se queda en un expediente.

El calendario añade presión. La coincidencia del Día Mundial con el arranque de las Fiestas del Pilar, este fin de semana, ha llevado al Colegio a mirar hacia los adolescentes: conciertos, peñas y noches de ocio que también alimentan la comparación la soledad o el miedo a quedarse fuera. “Queremos que disfruten de las fiestas, pero también que sepan que no tienen ninguna obligación de sentirse bien todo el tiempo”, ha añadido Boira, que ha recuperado el espíritu de la campaña Vive tus Pilares.

No es un fenómeno solo juvenil. Según la última Encuesta de Salud de España, el 10,5% de la población aragonesa de 15 años o más presentó un cuadro depresivo en las dos semanas previas a la entrevista y un 5,6% lo sufrió en grado severo.

El Pulso Territorial

Aragón afronta este debate en el tramo final de la legislatura. El Gobierno autonómico, presidido por Jorge Azcón (PP), tiene por delante la negociación de los próximos presupuestos antes de que la comunidad vuelva a las urnas, previsiblemente en mayo de 2027. La sanidad y la educación concentran buena parte de la disputa en las Cortes de Aragón, el parlamento unicameral de 67 escaños. La oposición reclama un plan de refuerzo de la orientación educativa; el Ejecutivo defiende que la red de protocolos detecta hoy casos que hace cuatro años pasaban desapercibidos.

La secuencia tiene un punto de partida claro: Aragón registró 409 protocolos en 2021-2022, el curso previo cerró con 847 y el último ha terminado con 1.118. Falta el desglose provincial para saber si el repunte se cuela sobre todo en el medio rural, donde acceder a un psicólogo clínico sigue implicando desplazamientos de decenas de kilómetros desde pueblos de Teruel o Huesca.

El pulso inmediato está en el calendario. Con el Día Mundial a la vuelta de la esquina y las Fiestas del Pilar a punto de arrancar, la pregunta que sobrevuela las Cortes no es cuántos protocolos se activan, sino cuántos de ellos acaban en una consulta real.

Ficha Autonómica

  • El caso: Aragón ha registrado 1.118 protocolos por ideación suicida entre su alumnado en el curso 2025-2026, un 32% más que el curso anterior y casi el triple que en 2021-2022.
  • Datos importantes: 735 alertas correspondieron a alumnas y 377 a alumnos. En 2025 se contabilizaron 122 muertes por suicidio, 15 de ellas entre los 15 y los 29 años.
  • Resumen: Los protocolos escolares funcionan como primera red de detección, pero el COPPA advierte de que sin recursos para atenderlos el aviso se queda sin respuesta.

El PSPV activa la maquinaria del 29-N: Diana Morant se aferra al cargo y Bernabé arriesga su altavoz

El PSPV activa su maquinaria electoral para el 29-N mientras Diana Morant se aferra a su cargo de ministra en funciones. Ha confirmado que seguirá al frente de Ciencia y Universidades hasta que se forme el próximo Gobierno, sin renunciar por ahora a su puesto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La dirección del PSPV aprobó este martes el comité electoral que coordinará la campaña del 29-N, apenas un día después de que el presidente del Gobierno anunciara el adelanto. La líder socialista prometió una movilización sin descanso por toda la Comunitat Valenciana: «Vamos a dejarnos la piel plaza a plaza, calle a calle, casa a casa», aseguró ante los periodistas antes de la reunión de la ejecutiva.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La ejecutiva del PSPV ha aprobado el comité electoral para las generales del 29 de noviembre, convocadas por Pedro Sánchez un día antes de la reunión.
  • ¿Quién está detrás? Diana Morant, líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana; y el conjunto de la dirección socialista valenciana.
  • ¿Qué impacto tiene? Morant y Bernabé ponen en juego su plataforma institucional: si no hay reelección el 29-N, pierden el atril desde el que hoy marcan agenda frente al Consell de Pérez Llorca.

La incógnita de las listas: quién encabezará el PSPV por Valencia

Morant evitó despejar si volverá a encabezar la candidatura del PSPV por Valencia al Congreso, como hizo en 2023. Preguntada por ello, se limitó a responder: «Yo soy la candidata a presidenta de la Generalitat Valenciana». La frase resume su posición: no renuncia a disputar la Presidencia de la Generalitat a Juanfran Pérez Llorca, aunque la cita del 29-N sea, de momento, para las generales.

Sobre la composición de las candidaturas, prometió «las mejores de España» y esquivó cualquier compromiso sobre una posible alianza con Compromís o Podemos para el Senado. «No estamos en ese momento», zanjó. Lo que sí dejó caer fue un dardo hacia el PP: preguntó cuántos de los que estaban «en el Ventorro» aparecerán en sus papeletas, en alusión al episodio de la DANA del 29 de octubre de 2024.

El altavoz institucional que el 29-N puede apagar

Pilar Bernabé

Hay un riesgo que no aparece en las encuestas, pero condiciona toda la campaña: qué ocurre si Diana Morant y Pilar Bernabé dejan de tener cargo institucional. Morant es ministra en funciones y Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Ambas ocupan atriles desde los que hoy marcan agenda frente al Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana): ruedas de prensa, anuncios de inversión, comparecencias sobre la reconstrucción. Si el 29-N no hay reelección, ese altavoz se apaga.

Gobernar desde el atril también es hacer campaña: y el 29-N decide si Morant y Bernabé conservan ese atril.

Morant no ha querido concretar cuándo dejará de ser ministra. «Yo soy ministra hasta el 29 de noviembre y seré ministra en funciones hasta el no sé qué de enero», ha dicho, en referencia a los plazos de investidura. Traducido: mantendrá el cargo y el altavoz hasta el final, con la incógnita de qué sucede después.

El Escenario Valenciano

El PSPV llega al 29-N con una paradoja: su lideresa es ministra del Gobierno central, pero su principal diana es autonómica. Morant aprovechó su comparecencia para preguntar por qué Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, no ha adelantado las elecciones autonómicas —una decisión que le correspondía como jefe del Consell— y reprochó que el líder del PPCV celebrara el adelanto general. Lamentó que los valencianos no tengan «derecho el 29 de noviembre a echar a Pérez Llorca» y describió al president como alguien «en tiempo de descuento».

El marco nacional lo condiciona todo. El adelanto lo anunció Pedro Sánchez el lunes, horas después de que el PP, Vox y Junts tumbaran dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, un revés que Morant calificó de «palo para la ciudadanía». La líder valenciana ha convertido ese episodio en eje del discurso: «Esto va de derechos o de derechas», repite, y acusa a los populares de defender «a los que tienen mucha pasta» en lugar de a sus votantes.

La oposición mira también al dossier que el PSPV dice haber recibido sobre supuestas irregularidades de Pérez Llorca y su entorno. Morant ha asegurado que lo trasladará a la Fiscalía Anticorrupción y ha pedido que sea el propio PP quien lo explique. El calendario judicial y el electoral avanzan en paralelo y, en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), nadie descarta que el Consell acabe convocando elecciones antes de agotar la legislatura.

Ficha del Caso

  • El caso: El PSPV activa su maquinaria para las generales del 29-N con Diana Morant como referencia y una pregunta abierta sobre el liderazgo institucional del partido en la Comunitat.
  • Datos importantes: Elecciones generales el 29 de noviembre; comité electoral aprobado por la ejecutiva del PSPV; Morant seguirá como ministra en funciones hasta la investidura; PP, Vox y Junts tumbaron dos decretos de vivienda en el Congreso.
  • Resumen: Morant y Bernabé se juegan su plataforma institucional el 29-N mientras el PSPV intenta capitalizar el desgaste del Consell de Pérez Llorca y frenar cualquier avance del PP en la Comunitat.

La pesca gallega recurre a la inteligencia artificial para ganar trazabilidad en el congreso FAO-Conxemar de Vigo

La FAO y Conxemar han reunido en Vigo a expertos internacionales para medir cuánto puede ganar la pesca con la inteligencia artificial. El congreso, celebrado esta semana junto al Ministerio de Agricultura y Pesca, ha vuelto a situar el puerto vigués en el centro del debate mundial sobre los productos del mar.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El congreso de la FAO, Conxemar y el Ministerio de Agricultura y Pesca ha reunido esta semana en Vigo a expertos internacionales para analizar la aplicación de la inteligencia artificial a la eficiencia y la trazabilidad del sector pesquero.
  • ¿Quién está detrás? La FAO, Conxemar (la patronal española de mayoristas, importadores y transformadores de productos del mar, con sede en Vigo), el Ministerio, la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia y el Banco Mundial.
  • ¿Qué impacto tiene? La trazabilidad digital se consolida como ventaja competitiva para el primer puerto pesquero de Europa y para una flota gallega que afronta en diciembre la negociación de cuotas en Bruselas.

Del mar al plato: la FAO quiere medir con datos cada eslabón de la cadena

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de congreso para convertirse en una herramienta con cifras detrás. Kevin Edwards, vicepresidente de Global Dialogue on Seafood Traceability, defendió los avances en trazabilidad digital, es decir, en conocer el recorrido completo de un producto desde su origen hasta el consumidor. Los estándares comunes permiten capturar, intercambiar y analizar datos entre sistemas distintos, algo que abarata costes y ahorra tiempo, aunque obliga a gobiernos y empresas a moverse con reglas compartidas.

Carolina Najar, directora de mercado de alimentación de AZTI, llevó la IA a toda la cadena, del mar al plato: decidir dónde pescar, cuándo hacerlo, y cuánto combustible emplear, pero también transformar el producto para adaptarlo al consumidor. El reto, apuntó, no está en adoptar tecnología, sino en armonizarla y contar con talento. Mark Kaplan, de Wholechain y FishWise, puso el contrapunto: la trazabilidad genera confianza y puede ser una herramienta comercial, pero no es una bala de plata ambiental.

El comercio internacional llenó buena parte del programa. Audun Lem, presidente de la Fisheries Transparency Initiative, recordó que la Unión Europea depende en torno al 80% de las importaciones para su consumo de productos del mar y advirtió de que un exceso de normas añade costes. En la misma mesa, la FAO defendió estándares comunes y apoyo a los países que aún no alcanzan ciertos requisitos, y el Banco Mundial subrayó que gestionar mejor los recursos es una inversión a largo plazo.

Conxemar pide reglas claras y Galicia reivindica su liderazgo

Conxemar Vigo

El presidente de Conxemar, Eloy García Alvariza, abrió el congreso con una petición directa a las administraciones: regular mejor el sector para que disponga de un marco legal claro y aplicable. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, reclamó una política pesquera europea que permita modernizar la flota y garantizar su rentabilidad. Artime acudió en sustitución del ministro Luis Planas, ausente tras el anuncio de la convocatoria electoral.

Vigo es el primer puerto pesquero de Europa y, aun así, buena parte de las reglas que deciden su futuro se escriben a más de mil kilómetros de distancia.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde —titular de la Consellería do Mar, el equivalente gallego de un ministerio autonómico—, reivindicó el liderazgo de Galicia y fijó cuatro pilares para la competitividad futura: digitalización, innovación tecnológica, trazabilidad y sostenibilidad. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, defendió que el comercio internacional sirve para la cooperación y que la tecnología debe seguir usándose para hacer un mundo mejor.

El congreso también miró al consumo. Shakuntala Thilsted, experta en nutrición de CGIAR, pidió más alimentos acuáticos en colegios, hospitales y residencias, y el panel de mercado constató que el consumidor busca formatos más cómodos y pequeños y que entre los jóvenes cae el consumo. El programa incluyó una entrevista a María Neira, candidata propuesta por España para presidir la Organización Mundial de la Salud.

La dimensión global quedó retratada por la ministra de Pesca de Angola, Carmen do Sacramento Neto, que reivindicó el sector como vía para generar empleo y combatir la pobreza. Su país dispone de una base de datos con 40 años de información pesquera que ahora quiere exprimir con inteligencia artificial para ordenar la pesca artesanal y asegurar su trazabilidad.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas del PPdeG, y el sector pesquero es uno de los ámbitos donde el PPdeG, el BNG —primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 deputados— y el PSdeG compiten por atribuirse la defensa de la flota. Los tres reclaman más peso en Bruselas; discrepan en el reparto de los fondos para modernizar los barcos y en el ritmo de la digitalización. El precedente está en el propio Conxemar, que lleva más de dos décadas organizando en Vigo la mayor feria europea de productos del mar congelados.

La lectura nacional es sencilla: lo que se decide en Vigo se ejecuta después en Madrid y se negocia antes en Bruselas. El Ministerio comparece estos días en plena resaca electoral, con Planas ausente y su número dos defendiendo la modernización de la flota; la Xunta, por su parte, convierte cada congreso en un escaparate de su modelo de gestión. El riesgo es que la digitalización deje fuera a la pesca artesanal, la más numerosa en las rías. La próxima cita obligada es el consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea de diciembre, donde se repartirán las cuotas de 2027.

Ficha del Caso

  • El caso: El congreso de la FAO y Conxemar reúne en Vigo al sector pesquero mundial para analizar cómo la inteligencia artificial mejora la eficiencia, la trazabilidad y la sostenibilidad de la actividad.
  • Datos importantes: La UE depende en torno al 80% de las importaciones para su consumo de productos del mar; Angola analiza 40 años de datos pesqueros con IA; la Xunta fija cuatro pilares para la competitividad gallega.
  • Resumen: La trazabilidad digital se consolida como ventaja competitiva para el primer puerto pesquero de Europa, que afrontará en diciembre la negociación de cuotas de 2027 con la vista puesta en Madrid.

El PP valenciano cierra filas para el 29N y busca despejar en Génova las dudas sobre Pérez Llorca

El PP valenciano cierra filas para el 29N con la candidatura de Pérez Llorca a la Generalitat todavía sin confirmar por Génova.

Un 29N para medir fuerzas: el PP valenciano aspira a quince diputados y a enterrar el ruido interno

Pedro Sánchez ha fijado la cita con las urnas el próximo 29 de noviembre con un adelanto electoral que ha sorprendido al PP valenciano en plena reorganización: se hace campaña sin candidato autonómico confirmado. La anomalía es difícil de disimular. El partido concurre a unas generales con un president de la Generalitat —el jefe del ejecutivo autonómico, un cargo que ocupa Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025— que todavía no es el cartel oficial de las próximas autonómicas.

Las cifras que maneja el partido son ambiciosas: superar los 13 escaños de 2023 y acercarse a los 15 diputados en el Congreso. En julio de 2023, los populares valencianos lograron 922.064 votos, el 35,14% del total, con un salto de 337.000 sufragios respecto a 2019 y la absorción del espacio de Ciudadanos. Aquel resultado culminó una remontada: tras la travesía del desierto, el PP recuperó el liderazgo de la mano de Carlos Mazón, entonces al frente del partido y hoy expresident de la Generalitat, con acta de diputado en las Corts Valencianes.

El problema no es el listón, sino el ruido. En los últimos días ha circulado un dosier interno que busca desacreditar a Pérez Llorca ante la dirección nacional, una filtración que en el PP valenciano se atribuye al fuego amigo. Hay dirigentes que hablan abiertamente de maltrato de Génova y advierten de que la polémica no daña solo al president, sino a todo el proyecto.

Sobre la candidatura autonómica, el silencio de la dirección nacional no ha hecho más que avivar las dudas sobre Pérez Llorca. Y ese ruido tiene una derivada estatal: la Comunitat Valenciana ha sido históricamente un granero de votos para el PP, y las aspiraciones de Alberto Núñez Feijóo pasan por que la federación valenciana vuelva a ser el bastión de antaño. Con el congreso regional congelado y una gestora presidida por el propio Llorca, el partido llega al 29N con su crédito en juego.

El PP valenciano se juega el 29N algo más que quince diputados: se juega el relato de que sigue siendo el granero de Génova.

Las listas del 29N: Llorca controla el partido, pero no el comité que decide

Pérez Llorca

El segundo foco de tensión será la confección de las listas. Génova tendrá la última palabra, pero el órgano que las valida —el comité electoral— está presidido por Esteban González Pons, hombre de máxima confianza de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y por tanto fuera del círculo más próximo al president. En el comité también figura Magda González, vicepresidenta segunda de las Corts.

La nómina la completan Macarena Montesinos, muy afín a Mazón pero en la órbita de Miguel Tellado, el expresident Alberto Fabra, y el concejal de Valencia Juan Giner. El reparto dibuja un equilibrio delicado: Llorca preside la gestora y controla el aparato, pero no el comité que decidirá los nombres. Fuentes del entorno del president insisten en que su candidatura autonómica ya está decidida y no debería depender del resultado del 29N.

El Escenario Valenciano

En clave valenciana, el 29N funciona como una prueba de estrés para el liderazgo de Pérez Llorca. El pacto con Vox sostiene al Consell sin sobresaltos visibles y la gestora mantiene el control del aparato, pero el calendario aprieta: se asume que la candidatura autonómica no se confirmará antes de las generales. Enfrente, PSPV y Compromís siguen cada movimiento popular con interés, porque cualquier fisura interna se convierte en argumento de oposición en las Corts.

La dimensión nacional es evidente. La Comunitat Valenciana aporta trece diputados al grupo popular en el Congreso y Génova necesita que esa cifra crezca para sostener sus mayorías. El resultado valenciano del 29N se leerá como un termómetro del liderazgo de Feijóo. Cabe recordar que ya en 2019 un adelanto electoral sorprendió a los populares valencianos en plena reorganización y en plena travesía por los casos de corrupción, y el partido lo pagó con un resultado pobre. La comparación no es gratuita: hoy vuelve a haber urnas con el partido en obras.

Mirando al calendario, el 29 de noviembre será el primer examen serio del PPCV desde el relevo en la Generalitat. Lo que venga después —la confección definitiva de las listas, la reactivación del congreso regional y la confirmación de la candidatura autonómica— marcará la relación entre Valencia y Génova durante todo el curso. Con nada cerrado, el partido confía en que la movilización territorial de dirigentes como Vicent Mompó convierta la incertidumbre en escaños.

Ficha del Caso

  • El caso: El PP valenciano afronta las generales del 29 de noviembre sin candidato autonómico confirmado y con un dosier interno filtrado que ha reabierto las tensiones con Génova.
  • Datos importantes: En 2023 el PPCV logró 13 escaños y 922.064 votos (35,14%). El objetivo para el 29N es alcanzar hasta 15 diputados. El comité electoral que valida las listas está presidido por Esteban González Pons.
  • Resumen: El resultado valenciano medirá el liderazgo de Pérez Llorca, la influencia de Génova y la capacidad del PP de mantener la Comunitat como granero de votos.