El PP exige a la JEC frenar el 29-N el voto exterior de los inscritos por la ‘ley de nietos’

Jaume Mónica
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El PP exige a la JEC frenar el 29-N el voto exterior de los inscritos por la ‘ley de nietos’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP registra este lunes un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir que no voten el 29-N los inscritos en el CERA por la ‘ley de nietos’ con la inscripción suspendida por el Tribunal Supremo.
  • ¿Quién está detrás? Francisco Galeote, representante general del Partido Popular, firma el documento ante el órgano arbitral, con el respaldo del área jurídica de Génova.
  • ¿Qué impacto tiene? La convocatoria se publica este martes en el BOE y el envío de la documentación electoral arranca en el día decimoctavo: sin desglose previo, la cautelar quedaría sin efecto.

El PP exige a la JEC que impida votar el 29-N a los inscritos por la ‘ley de nietos’ con inscripción suspendida. El escrito, firmado este lunes por el representante general del partido, Francisco Galeote, reclama garantías para el voto exterior en un proceso que arranca este martes con la publicación de la convocatoria en el BOE.

Qué exige el PP a la JEC y con qué plazo compite

El texto recuerda que el Supremo acordó el pasado 10 de septiembre suspender de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la instrucción del Ministerio de Justicia que aplica la conocida como ley de nietos. Esa suspensión no alcanza a los nacionalizados cuyos cónsules certifiquen que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse y renunciar a la nacionalidad por motivos políticos o ideológicos.

La instrucción que ha revuelto el censo del voto exterior amplió la previsión legal al presumir la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En ejecución de lo resuelto por el Supremo, la Junta Electoral Central ordenó el 14 de septiembre a los registros consulares desglosar las inscripciones hechas por aplicación directa de la Ley de Memoria Democrática y las practicadas al amparo de la instrucción ministerial, y pidió suspender el derecho al voto de los ya inscritos salvo certificación acreditativa.

El PP sostiene que no tiene noticia del resultado de esas actuaciones. Ni del número de certificaciones expedidas, ni del desglose practicado, ni de la forma en que la Oficina del Censo Electoral ha dado cumplimiento a la suspensión. La cautelar se aplica, además, sobre un censo cerrado el pasado 1 de agosto y dentro de un calendario que empieza a correr este martes.

La clave está en la coordinación. Tres órganos intervienen en el voto de los inscritos en el CERA: la Oficina del Censo Electoral, que remite la documentación; las oficinas consulares, que la reciben y custodian los votos, y las juntas electorales provinciales, que los incorporan al escrutinio. Los tres deben manejar antes del inicio de los trámites una misma relación de electores afectados y las mismas instrucciones de la JEC. ‘Sin esa coordinación, la suspensión acordada por el Tribunal Supremo quedará materialmente sin efecto en el primer proceso electoral al que estaba llamada a aplicarse’, advierte el partido.

El escrito discute también el reparto de cargas. Para el PP, la Oficina del Censo Electoral no puede condicionar la suspensión al resultado del desglose ni mantener provisionalmente los efectos electorales de las inscripciones no clasificadas, porque ‘la situación de partida de todas ellas es la suspensión’. Acreditar el supuesto de la Ley de Memoria Democrática corresponde a quien lo invoca y al cónsul que certifica, no a la Administración electoral.

La cautelar del Supremo no se decide en los tribunales, sino en si el desglose está listo antes de que arranquen los envíos.

El Supremo, el CERA y el reloj que empieza a correr este martes

Publicada la convocatoria, la Oficina del Censo Electoral debe remitir la documentación a los inscritos en el CERA entre el día decimoctavo y el vigesimoquinto posterior. El PP pide que, antes tenga identificadas las inscripciones suspendidas, las excluya de la remisión y de las listas del censo y comunique a cada oficina consular y a cada junta provincial la relación de electores afectados.

La transparencia es el segundo eje. Sin saber qué inscripciones tienen suspendidos sus efectos y qué tratamiento reciben en la urna consular y en el escrutinio, las formaciones no pueden ejercer las facultades de reclamación e impugnación del censo que les otorga la ley electoral. De ahí la batería de preguntas: el desglose numérico por circunscripciones, cuántas certificaciones han emitido los consulados y cómo se aplica la suspensión sobre el censo cerrado a 1 de agosto. El partido reclama además que la JEC requiera a Exteriores instrucciones y medios para las oficinas consulares.

En paralelo, el frente judicial sigue abierto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto debatir el emplazamiento como interesados de los nuevos nacionalizados, que podría hacerse por edictos publicados por las oficinas consulares. Sigue pendiente el recurso de la Abogacía del Estado contra la cautelar del 10 de septiembre. Los dos recurrentes iniciales, Iustitia Europa y Vox, han presentado este lunes escritos para exigir su plena efectividad durante el proceso.

Ahí está el nudo.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos es un movimiento de Estado más que un gesto táctico. Génova lleva la pelea al terreno donde el Gobierno no puede responder con una rueda de prensa: el arbitraje de la Administración electoral. La JEC, los consulados y las juntas provinciales parecen piezas administrativas, pero el resultado mueve escaños.

El argumentario popular es el de la igualdad del voto: un elector, un derecho, una certificación. En los territorios donde gobierna el PP la reclamación se sigue con lupa, porque el voto exterior se incorpora al escrutinio por circunscripciones y cualquier desajuste acaba dirimiéndose en las juntas electorales provinciales. Génova ha convertido el calendario institucional en su palanca preferente: el Senado, los tribunales y ahora la JEC.

El riesgo es de doble filo. Si la JEC responde y ordena el desglose, el partido blinda su reclamación y deja al Gobierno explicando por qué el censo se amplió por instrucción y no por ley. Si no responde a tiempo, tendrá argumento para impugnar. En ambos escenarios queda retratado el Ministerio de Justicia, autor de la instrucción que el Supremo puso en cuarentena.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Igualdad del voto y rigor en el censo: el PP no discute el derecho, exige que se acredite uno por uno.
  • Protagonista: Francisco Galeote (representante general del Partido Popular ante la Junta Electoral Central).
  • Próximo hito: Publicación de la convocatoria en el BOE este martes y respuesta de la JEC al escrito; los envíos del CERA arrancan en el día decimoctavo.

MI5 señala al MSS: 100 académicos de universidades británicas investigaron sin saberlo

Alejandro Suárez
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MI5 señala al MSS: 100 académicos de universidades británicas investigaron sin saberlo

El MI5 ha puesto nombre al dinero que financiaba la investigación académica británica: el China General Technology Research Institute. La agencia sostiene que ese instituto existe, esencialmente, para comprar la ciencia que mejora la capacidad técnica de espionaje del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS).

La advertencia publicada por el MI5 lleva fecha del 30 de septiembre y no es un aviso genérico de contrainteligencia. Es una evaluación formal: financiar investigación académica que mejora directamente la capacidad técnica de espionaje del MSS. El texto sitúa el foco en las universidades británicas y nombra al CGTRI, denominado CAGT en algunas traducciones.

Más de cien académicos y una cadena de financiación diseñada para no verse

Más de cien académicos vinculados al Reino Unido han contribuido a proyectos financiados por el MSS a través del CGTRI, según la alerta. En algunos casos, los investigadores no sabían quién pagaba. La cadena estaba lo bastante difuminada como para que la buena fe fuera perfectamente compatible con trabajar, sin saberlo, para un servicio extranjero.

Los temas financiados se leen como la lista de la compra de una agencia. Inteligencia artificial. Ciberseguridad. Sistemas de comunicaciones encubiertas. Y esteganografía, la disciplina de esconder datos dentro de otros datos. Ninguna de esas materias es una curiosidad académica para el MSS: son piezas de construcción de capacidad operativa. Y no se equivoque conmigo: eso no es divulgar ciencia, es fabricar herramientas.

El CGTRI aparece en la alerta con personal compartido con la Universidad de Relaciones Internacionales de Pekín, históricamente vinculada al MSS. El think tank UK China Transparency ya había documentado ese solapamiento y la coincidencia entre las áreas de trabajo del instituto y las capacidades ciber que el MSS ha empleado contra empresas, universidades e infraestructura crítica británicas.

La alerta pide revisar de inmediato cualquier colaboración en curso o prevista con el CGTRI y verificar quién está detrás del dinero antes de firmar. Apunta también a la National Protective Security Authority y al equipo gubernamental de asesoramiento sobre colaboración investigadora, y recomienda asistencia jurídica independiente.

La ignorancia del investigador era una defensa razonable el 29 de septiembre. Desde el 30, el MI5 la considera una coartada muy débil.

Pekín rechazó la acusación como ‘imaginaria y puramente fabricada’. Un portavoz de la embajada china sostuvo que los intercambios entre universidades son voluntarios, legales y mutuamente beneficiosos, y confirmó que se han presentado ‘representaciones solemnes’ ante el Gobierno británico para que deje de difundir ‘falsedades’ sobre la cooperación educativa.

El marco legal convierte el aviso en un problema tangible. La Ley de Seguridad Nacional británica de 2023 tipifica en su sección 3 la asistencia material a un servicio de inteligencia extranjero y, en la 17, la obtención de beneficio material de ese servicio. No exige saber con certeza que se colabora con un espía, sino que un tribunal pueda considerar que la persona debería saberlo razonablemente. La alerta redefine, de facto, qué es razonable saber.

Una década comprando capacidad, no agentes

Este es el modelo que Pekín perfeccionó desde los planes de captación de talento de la década pasada: en lugar de reclutar espías, se contrata investigación. El caso del químico de Harvard Charles Lieber, condenado por ocultar sus vínculos con la Universidad de Tecnología de Wuhan, y las advertencias alemanas sobre los institutos Confucio responden a la misma lógica.

Lo que cambia aquí es la capa intermedia. El dinero no llega desde un ministerio: llega desde un instituto con fachada académica, en proyectos internacionales firmados por universidades respetables. Ese diseño convierte al investigador en proveedor de capacidades sin que lo sepa. Tengo claro que el problema no es Pekín; es la opacidad de la cadena.

Desde España, la lectura no es teórica. La mayoría de los convenios entre universidades españolas y centros chinos se ha multiplicado en la última década en inteligencia artificial, computación cuántica y materiales avanzados, con financiación mixta y trazabilidad opaca. El CNI y el CCN-CERT vienen señalando en foros técnicos y en sus informes anuales que la transferencia no declarada de conocimiento es el vector más limpio que tiene Pekín en Europa.

Aquí no consta una alerta pública equivalente. Eso deja a los vicerrectorados españoles sin el documento que sus colegas británicos tienen desde el 30 de septiembre: un nombre, una lista y una consecuencia jurídica. Y sin eso, la trazabilidad del último tramo de una cátedra financiada desde el extranjero sigue siendo, en la práctica, voluntaria.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza: infiltración HUMINT por vía académica, con una particularidad que la hace más incómoda que un caso clásico de espionaje. No hay reclutamiento, ni encuentro de roce, ni dead drop. Hay un convenio de investigación, una beca doctoral y una firma al pie de un informe. El CGTRI actúa como pantalla del MSS y compra capacidades —inteligencia artificial aplicada, criptografía, esteganografía, comunicaciones encubiertas— sin necesidad de colocar un solo agente en suelo británico.

Agencias implicadas: el MSS financia, el CGTRI ejecuta, el MI5 alerta. En el lado atacante, el Ministerio de Seguridad del Estado chino y su vehículo universitario. En el defensor, el MI5, la National Protective Security Authority y los departamentos de cumplimiento normativo de las universidades, que hasta ahora no tenían ni un nombre al que apuntar. Como terceros interesados, los Cinco Ojos -el GCHQ mira el flanco técnico, el FBI y el ODNI toman nota- y, en Bruselas, el INTCEN. En España, el CNI y el CCN-CERT observan sin alerta pública equivalente.

A juzgar por la naturaleza del material, estimo el nivel de clasificación de la evaluación subyacente como Confidencial: lo publicado es la alerta, no el expediente. El listado nominal de los más de cien académicos y los proyectos concretos no están en la nota. Y ahí está el punto débil: aquí no hay atribución técnica, hay una evaluación de servicio. No hay muestras de malware enlazadas a un dominio del CGTRI ni un exploit trazado hasta un contrato de investigación. Es un juicio institucional, publicado con nombre y apellidos, lo cual es mucho en el oficio, pero no es una prueba judicial.

Conviene recordar cómo acaban estas cosas. Los Cinco de Cambridge enseñaron al Reino Unido que la penetración más destructiva no llega por la ventana, sino por la escalera de la propia institución. Lo de ahora es el espejo invertido: Londres ya no es el que recluta dentro de la élite ajena, sino el que descubre que su élite académica trabajó para otro servicio sin enterarse. Y quien dice Londres dice Berlín, París, Ámsterdam o Madrid.

Que no haya cargos no significa que no haya daño. Significa que el daño es de capacidad: patentes, líneas de investigación, algoritmos entrenados con datos que ahora están al otro lado. Le adelanto que el próximo movimiento será de Pekín, y llegará en forma de protesta diplomática cuando la primera universidad británica rescinda un convenio con el CGTRI. Ese día la pregunta dejará de ser académica.

Un tercero con acceso legal expone la brecha del registro de Dinamarca: 8,8 millones de CPR

Alejandro Suárez
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Un tercero con acceso legal expone la brecha del registro de Dinamarca: 8,8 millones de CPR

La brecha del registro de Dinamarca expone los datos de 8,8 millones de personas mediante un tercero con acceso legal.

Los atacantes no forzaron la puerta del Estado. Entraron por la puerta lateral de una empresa privada que tenía llave legal al registro nacional danés y salieron con nombres, direcciones y números de identificación de casi nueve millones de personas. La ministra de Asuntos Digitales, Christina Egelund, confirmó el lunes la intrusión y no suavizó el lenguaje: la calificó de ‘un incidente extremadamente grave’.

Conviene fijar la escala. Dinamarca tiene unos seis millones de habitantes. El registro cubre 8,8 millones de personas porque incluye a fallecidos y a quienes emigraron. En total, la base acumula alrededor de once millones de expedientes. Le pongo en contexto: hablamos de la columna vertebral administrativa de un país entero.

El número CPR no es un identificador cualquiera. El Det Centrale Personregister sostiene la banca, la sanidad y la hacienda danesas. Cruzado con nombre y dirección, abre la puerta al fraude de identidad a escala industrial.

La ministra añadió que, junto a todas las autoridades competentes, el Gobierno está ‘en proceso de mapear el alcance completo del incidente. Traducción para el lector: han confirmado la entrada, pero todavía no saben cuánto se llevaron.

Nadie ataca la caja fuerte cuando puede convencer al que tiene la llave. El eslabón débil no es el Estado: es su proveedor.

Fíjese usted en un detalle que, en mi lectura, es el más grave de toda la nota. El Ministerio reconoció que el acceso de de esa empresa al registro no ha sido revocado. El mismo conducto que usaron los atacantes sigue abierto mientras se investiga.

Once millones de registros con nombre, dirección y número de identidad no son un problema de privacidad. Son materia prima de inteligencia.

Nadie parchea un contrato.

El punto de entrada: el tercero con la llave legal

La investigación danesa sitúa el origen en una compañía local que disponía de acceso autorizado al registro para fines de negocio. No hubo vulneración directa de los sistemas del Estado. Hubo un salto a través del proveedor. Es el relato más viejo del oficio y sigue funcionando cada vez que se intenta.

Permítame la comparación con la cadena de suministro clásica. Cuando hablamos de supply chain pensamos en software comprometido: SolarWinds en 2020, con atribución técnica al SVR, o NotPetya colado por la actualización de un programa de contabilidad ucraniano en 2017, con el GRU detrás. Aquí el vector es más limpio y más difícil de detectar: la credencial es legítima, el tráfico también. Solo el propósito es delictivo.

Por eso el enfoque de perímetro falla. Un Estado puede blindar sus servidores y, aun así, quedar desnudo porque el porcentaje de accesos que entran por integraciones de terceros crece cada año.

El historial: de la OPM a la nómina de proveedores

He seguido durante años este tipo de incidentes y el patrón se repite. En 2015, la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM) perdió los expedientes de más de 21 millones de personas, incluidos datos de familiares de empleados con habilitación de seguridad. La atribución apuntó a actores estatales chinos. Durante meses, medio Washington vivió con la certeza de que su biografía completa estaba en un servidor ajeno.

La diferencia con Copenhague es de grado, no de naturaleza. En Dinamarca, el registro no contiene huellas dactilares, pero contiene algo igual de peligroso: la combinación exacta que cualquier departamento de social engineering necesita para construir un perfil creíble.

Aquí entra la parte que no suele contarse. Un registro de población no vale solo por el fraude económico que habilita. Vale por lo que permite después: suplantaciones dirigidas a funcionarios, acceso a cuentas bancarias de cargos públicos, campañas de desinformación con datos verificables, ingeniería social contra empresas estratégicas.

Once millones de expedientes y una puerta. Ya veremos cuánto tarda en cerrarse.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza. Estamos ante una brecha de datos por infiltración a través de tercero con acceso legal, no ante un ataque de ransomware ni ante la explotación de un zero-day. La distinción importa: no hay código malicioso que buscar en el perímetro, no hay firma que detectar. Hay una credencial legítima usada con fines ilegítimos. La investigación danesa, según las autoridades, seguía sin atribución el lunes.

Agencias implicadas. En el lado atacante no hay nombre. Y lo digo con claridad: quien afirme hoy que detrás está el SVR, el GRU, el MSS chino o un grupo criminal lo está inventando. La única hipótesis razonable, a estas horas, es que el actor tenía capacidad de operar dentro de una empresa danesa con acceso al registro, y eso no distingue entre un Estado y una banda organizada.

En el lado defensor están las autoridades danesas, con el Centro de Ciberseguridad danés (CFCS) y la Agencia de Protección de Datos en primera línea. Como terceros interesados, el CCN-CERT y el CNI español observan con atención un modelo de intrusión que también les afecta. Y Five Eyes, como es habitual, mira de reojo.

Nivel de clasificación estimado. Los datos del registro, en origen, no son material clasificado: son ‘Sin Clasificar pero Sensible’. Ahora bien, el expediente que se abre en Dinamarca sí lo será, presumiblemente en grado Reservado o Confidencial. La paradoja del oficio es que datos sin clasificar, agregados en volumen suficiente, producen inteligencia de valor estratégico.

Mi posición es sencilla y la sostengo desde hace tiempo. El acceso de terceros debería ser perímetro de seguridad nacional. Ya advertí en El quinto elemento que el próximo 11S empezará con un clic, y añado ahora que muchos de esos clics llegarán desde dentro de la cadena de suministro. En España hay 8.000 infraestructuras críticas y atacables a través de internet, y no pocas cuelgan de proveedores externos.

El punto débil del análisis es evidente: sin atribución, no hay doctrina que aplicar. Si detrás hay un actor estatal, Dinamarca acaba de sufrir una operación de inteligencia. Si es crimen organizado, hablamos de fraude. La diferencia lo cambia todo, y las autoridades danesas aún no la han establecido.

Toque de atención para Madrid. El calendario europeo aprieta: la directiva NIS2 y su traslación a las legislaciones nacionales obligan a revisar precisamente esto, la seguridad de la cadena de suministro. Lo que ha pasado en Copenhague es un recordatorio de que la norma llega tarde a un problema que ya está dentro de casa. Habrá que seguir el próximo informe del CFCS y el expediente que abra la Agencia de Protección de Datos danesa. Ahí se verá si alguien aprendió algo.

Moreno y Feijóo en campaña: el PP andaluz se alinea con Génova y descarta irse a Madrid

Jaume Mónica
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Moreno y Feijóo en campaña: el PP andaluz se alinea con Génova y descarta irse a Madrid

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre y los presidentes autonómicos del PP han celebrado el adelanto como la oportunidad de cerrar su etapa.
  • ¿Quién está detrás? Juanma Moreno, que se implica a fondo en la campaña de Feijóo y descarta un salto a Madrid: ‘Mi compromiso es Andalucía’.
  • ¿Qué impacto tiene? El PP-A cierra filas sin ruido interno y los barones se ponen al frente de una campaña que Génova quiere convertir en un juicio a la gestión del Gobierno.

Juanma Moreno se implica a fondo en la campaña de Feijóo para el 29-N y descarta irse a Madrid. El presidente andaluz despeja cualquier duda sobre su futuro y alinea el PP-A con la estrategia de Génova de cara a unas generales que los populares leen como el principio del fin del ciclo de Sánchez.

La convocatoria del adelanto electoral para el 29 de noviembre, anunciada por el presidente del Gobierno en una declaración institucional desde Moncloa, ha activado en cuestión de horas toda la maquinaria del Partido Popular. La mayoría de los presidentes autonómicos populares celebró la decisión y coincidió en una idea fuerza: los comicios son la ocasión de poner fin a la etapa del Ejecutivo central.

Por qué Moreno descarta el salto a Madrid

El presidente andaluz fue tajante al despejar cualquier sospecha sobre su futuro político. ‘Mi compromiso es Andalucía’, subrayó Moreno, en una intervención que zanja las especulaciones sobre un posible salto a Madrid, ya fuera a las listas del PP al Congreso o a un futuro gabinete de Feijóo.

Más allá de la declaración personal, el PP andaluz proyecta una imagen de unidad que contrasta con los ruidos internos que otras federaciones arrastran. No hay fisuras visibles, ni gestos públicos de distanciamiento con Génova. La federación andaluza, la más numerosa del partido, se alinea sin reservas con la dirección nacional en el arranque de la precampaña. Moreno no se mueve.

El presidente andaluz calificó los comicios como ‘muy importantes’ porque, a su juicio, están en juego la defensa y la protección de la democracia. Y añadió una idea que Génova quiere convertir en argumento central: no hay que tener miedo a la alternancia.

Moreno no solo se suma a la campaña: la ordena. Aporta a Génova la federación más potente del partido y la palanca territorial clave del 29-N.

Los barones toman la palabra: del ‘por fin’ al fin del sanchismo

PP Andalucía

La reacción de los presidentes autonómicos populares fue coral. Marga Prohens lo resumió con un ‘por fin’, mientras que Fernando López Miras insistió en que los españoles tienen la palabra. Jorge Azcón consideró la convocatoria ‘una buena noticia’, convencido de que da a los ciudadanos la oportunidad de hablar.

Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco festejó unos comicios que, dijo, servirán para poner fin a un Gobierno ‘nefasto para España’. María José Sáenz de Buruaga habló de ‘un día ilusionante’ y se mostró convencida de que ‘el sanchismo llega a su final’. Alfonso Rueda defendió que a Galicia lo que más le interesa es un cambio en el Ejecutivo estatal.

Isabel Díaz Ayuso fue la más incisiva. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que Sánchez ‘no puede más’ y que las elecciones abren una ‘gran oportunidad’ para que deje de pisotear España. ‘Estamos preparados’, sentenció. María Guardiola, desde Extremadura, reclamó un gobierno responsable y capaz, con estabilidad y rumbo claro.

Enfrente, los dirigentes socialistas respaldaron la convocatoria y llamaron a movilizar a su electorado. Emiliano García-Page celebró que las generales se celebren antes que las municipales y autonómicas, mientras que Salvador Illa trasladó su apoyo a Sánchez. La campaña se dibuja, ya desde el primer día, como un pulso entre dos modelos de país.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos es una operación bien engrasada. Génova ha logrado que la respuesta al adelanto electoral fuera unánime, sin voces discordantes y con los barones como altavoces de un mismo mensaje. Moreno aporta el peso de la federación más potente del partido y la gestión de un gobierno autonómico que presume de estabilidad. El PP andaluz, sin ruido interno, se convierte en el ariete territorial de la campaña.

El aterrizaje en los territorios resulta decisivo. Las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, que suman cerca del 60% del PIB nacional, entran en modo campaña con la vista puesta en el 29-N. Los ejecutivos autonómicos populares quieren rentabilizar su gestión —rebajas fiscales, políticas de vivienda y sanidad— frente al desgaste del Ejecutivo central. Y la federación andaluza, con Moreno a la cabeza, es la pieza que más puede movilizar.

No es la primera vez que el PP afronta unas generales con los barones como locomotora. En 2011, con un Gobierno socialista desgastado por la crisis, las federaciones territoriales empujaron hacia una mayoría absoluta histórica. Génova busca ahora un efecto parecido: convertir el 29-N en un plebiscito sobre el ciclo de Sánchez y capitalizar el descontento territorial. El reto, como entonces, es mantener la cohesión interna y no reabrir viejas tensiones entre la dirección nacional y los presidentes autonómicos.

La maquinaria popular ya está en marcha. El partido despliega su argumentario y su calendario de actos desde la web oficial del Partido Popular y desde las sedes territoriales, con los presidentes autonómicos como principales altavoces. Moreno, desde Andalucía, tiene por delante dos meses de campaña intensa con un mensaje central: gestión frente a desgaste.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Unidad de los barones frente al sanchismo y alternativa solvente de gestión.
  • Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Arranque de la precampaña del 29-N con los presidentes autonómicos en primera línea.

Bruselas aplaza sin fecha la votación clave del motor de combustión en 2035

Angie Rivas
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Bruselas aplaza sin fecha la votación clave del motor de combustión en 2035

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo aplaza el voto previsto para este lunes sobre la revisión del reglamento de CO2, que debía rebajar del 100% al 90% el recorte de emisiones exigido a los turismos nuevos en 2035.
  • ¿Quién está detrás? El PPE de Manfred Weber empuja una flexibilización mayor, los socialdemócratas y los liberales condicionan su apoyo y la propuesta de partida es de la Comisión Europea.
  • ¿Qué impacto tiene? España, segundo productor de automóviles de la UE, prolonga la incertidumbre sobre sus plantas, su industria auxiliar y las inversiones del vehículo eléctrico.

La votación decisiva sobre el motor de combustión en 2035 no se celebrará este lunes. La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha suspendido el voto previsto para hoy ante las diferencias entre los grupos políticos sobre cuánto debe flexibilizarse la norma, según han confirmado un portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) y la oficina del eurodiputado alemán Jens Gieseke.

El retraso, que las mismas fuentes sitúan en torno a dos semanas, deja en el aire una de las primeras votaciones serias de la legislatura sobre el Fit for 55, el paquete legislativo con el que Bruselas quiere recortar un 55% las emisiones de la UE en 2030 respecto a 1990. Dos semanas, sobre el papel.

Del 100% al 90%: el cambio que lo altera todo

El debate arranca de la propuesta de la Comisión Europea para modificar el objetivo fijado para 2035. La norma vigente exige una reducción del 100% de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos respecto a los niveles de 2021. En la práctica, ese porcentaje deja fuera a cualquier vehículo nuevo que emita CO2 durante su utilización.

La propuesta oficial rebaja el listón al 90% y permite compensar el 10% restante con créditos asociados al uso de combustibles sostenibles y al acero de bajas emisiones producido dentro de la Unión. Traducido a la vida real: híbridos enchufables, eléctricos con extensor de autonomía y hasta mecánicas convencionales podrían seguir vendiéndose después de 2035 si encajan en los mecanismos de compensación que finalmente se aprueben.

El PPE, primera fuerza de la Eurocámara, quiere ir más lejos en la flexibilización, pero no tiene la mayoría garantizada: necesita a los socialdemócratas y a los liberales de Renew Europe, que aceptan dar más tiempo a la industria pero no tocar el objetivo de fondo. Manfred Weber, presidente del grupo popular, lo resumió así: ‘Necesitamos un marco que combine la protección del clima y la competitividad de la industria automovilística. Deseo un acuerdo estable y claro en el centro político’.

El aplazamiento no resuelve nada: solo confirma que en la Eurocámara nadie tiene todavía los votos para decidir qué coche se venderá en 2035.

La socialdemócrata Vivien Costanzo admite margen para los fabricantes, pero no un cambio de rumbo: ‘Queremos dar más tiempo a la industria automovilística, pero sin cuestionar el objetivo de que Europa esté a la cabeza de los automóviles de cero emisiones. Su argumento es de mercado. Quien quiera competir en Asia o en Canadá tendrá que electrificar su gama de todas formas.

Tres comisiones, un pleno en noviembre y la presión de las fábricas

La votación suspendida no decidía por sí sola el futuro de la normativa. Tres comisiones del Parlamento Europeo deben fijar sus posiciones en las próximas semanas y después será el pleno de Estrasburgo el que vote el texto; los documentos comunitarios manejan una votación en noviembre de 2026. El texto de la norma vigente puede consultarse en la base de datos oficial de legislación europea. A partir de ahí llega el trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión definitiva de cada ley europea) y la adopción final.

El contexto industrial aprieta por los dos lados. Los fabricantes europeos compiten con los eléctricos chinos, soportan costes energéticos elevados y pierden cuota en mercados estratégicos. En Alemania, la infrautilización de plantas y los recortes de empleo han convertido el expediente en un asunto político de primer orden.

El Eje del Poder Europeo

El pulso no es tecnológico, es de geometría política. Berlín llega dividido: su industria reclama aire para los híbridos mientras los socialdemócratas alemanes defienden el umbral de 2035. París, que ha construido buena parte de su política industrial alrededor del coche eléctrico y de los aranceles a los vehículos chinos, viene resistiéndose a reabrir el calendario. Y el bloque del motor del este, con Eslovaquia, Chequia y Hungría a la cabeza y Polonia y Rumanía cerca, empuja en la dirección contraria porque sus plantas dependen de la combustión y de la hibridación.

Para España, segundo productor de automóviles de la UE por detrás de Alemania y con más de dos millones de vehículos anuales, la pelota cae en terreno propio. El sector representa en torno al 10% del PIB y cerca del 9% del empleo si se cuenta toda la cadena, según las patronales, y las plantas de Martorell, Figueruelas, Almussafes, Vigo, Palencia, y Valladolid producen hoy una mezcla de modelos térmicos, híbridos y eléctricos que depende del marco regulatorio europeo.

El doble filo es evidente. Si la flexibilización avanza, los híbridos fabricados en España ganan años de vida comercial y las inversiones públicas del PERTE VEC disponen de más tiempo para madurar; si el objetivo se endurece, la electrificación de las líneas españolas tiene que correr más rápido y con la demanda todavía floja. A eso se suma el guiño al acero de bajas emisiones, que interesa a las siderúrgicas del norte peninsular.

La política española viene alineándose con la neutralidad tecnológica en los consejos de Competitividad, en compañía de Italia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. No es una posición nueva. En marzo de 2023, Berlín bloqueó en el último minuto el voto final del reglamento de CO2 hasta arrancar a la Comisión un compromiso por escrito sobre los combustibles sintéticos, y el episodio dejó una lección que nadie ha olvidado en Bruselas: cuando la industria alemana se mueve, el calendario europeo se mueve con ella.

En el Consejo no hace falta unanimidad, basta la mayoría cualificada, así que el veto formal no existe. Lo que existe es una masa crítica de países con fábricas de combustión capaz de condicionar cualquier acuerdo, y una Eurocámara donde el centro político todavía no ha cerrado la ecuación. La próxima cita está a la vuelta de la esquina: la Comisión de Transportes volverá a intentar la votación en unas dos semanas y el pleno de Estrasburgo tiene la pelota en noviembre.

Illa activa 75 millones en ayudas por el temporal: municipios y empresas afectados en Cataluña

Bea Tejero
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Illa activa 75 millones en ayudas por el temporal: municipios y empresas afectados en Cataluña

El president Salvador Illa moviliza 75 millones de euros en ayudas por el temporal en Cataluña. El primer paquete lo aprobará el Consell Executiu de este martes, dos días después de que las lluvias dejaran dos víctimas mortales y dos personas desaparecidas.

De la cifra total, 20 millones van a subvenciones directas para los ayuntamientos —reparación de equipamientos, edificios e infraestructuras municipales—; 5 millones se reservan para empresas, comercios y autónomos; y 50 millones los moviliza el Institut Català de Finances (ICF) desde su línea de emergencias, pensada para dar liquidez inmediata mientras no llegan las indemnizaciones de las aseguradoras.

Illa lo anunció en la sede del Departamento de Interior y Seguridad Pública, al término de la última reunión del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El mensaje fue doble: dinero ya y prudencia máxima. ‘Tengan los ojos bien abiertos’, pidió el president, porque el temporal ha abandonado Cataluña por el noreste, pero volverá el martes por la tarde con chubascos dispersos que pueden ser localmente intensos.

El balance sigue abierto. Los Bombers de la Generalitat han realizado 550 servicios, 40 de ellos de salvamento, y mantienen la búsqueda de dos desaparecidos en Granollers y Pineda de Mar. Una de las personas fue arrastrada por la corriente, según dos testimonios independientes; a la otra se le perdió la pista por motivos ajenos al temporal.

Granollers se ha llevado la peor parte. La capital del Vallès Oriental acumuló 386 litros por metro cuadrado en el conjunto del episodio, 108 de ellos este lunes y 77 en una sola hora. El Hospital de Granollers, junto al Vall d’Hebron de Barcelona, ha sufrido desperfectos y recupera la actividad de forma progresiva.

La emergencia no se cierra cuando deja de llover, sino cuando llega el dinero y alguien firma.

Por qué Illa mueve el dinero antes de declarar la zona catastrófica

El Govern estudia declarar zona catastrófica parte del Vallès Oriental, pero todavía no lo ha hecho. La vía elegida para ganar tiempo es otra: el acuerdo del Consell Executiu permitirá a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y a Infraestructures.cat tramitar las obras de reparación por la vía de emergencia, lo que en lenguaje administrativo equivale a saltarse buena parte de la contratación ordinaria.

La lectura política del movimiento es clara. Illa no quiere que la gestión del temporal se le convierta en un problema de calendario. Las ayudas anunciadas este lunes aún no están en el bolsillo de nadie: se aprueban el martes, se publican después en el DOGC y cada ayuntamiento debe justificar luego cada euro. Entre el anuncio y el ingreso hay semanas, a veces meses.

Nadie ingresa en 24 horas.

Los 20 millones para los consistorios se repartirán entre los municipios que acrediten daños en equipamientos y vías de titularidad municipal. Los cinco millones destinados al tejido productivo se quedan cortos si se comparan con el impacto real: en el Vallès Oriental hay miles de comercios y pequeñas industrias que llevan días con la persiana bajada y el agua dentro.

Ahí se juega el Govern su credibilidad: no en el anuncio, sino en el ingreso.

El Inuncat sigue en emergencia y la lluvia vuelve el martes

Illa ayudas 75 millones

Protecció Civil de la Generalitat mantiene el Plan Inuncat en fase de emergencia para conservar ‘el potencial de los recursos de respuesta en su máximo nivel’, en palabras del propio Illa. La decisión tiene coste: sostener a Bombers, Mossos y SEM al máximo durante días más no sale gratis.

La previsión apunta a perturbaciones de tierra a mar, no de mar a tierra como la del fin de semana, según el Servei Meteorològic de Catalunya. Traducción: no se espera otro sistema convectivo de mesoescala, el fenómeno que el sábado Illa llegó a describir como un posible minihuracán mediterráneo. ‘Hemos estado a punto’, reconoció.

Si las predicciones empeoran de golpe, Interior volvería a lanzar un aviso Es-Alert con un margen de una hora, quizá media. Es el mecanismo que ya se activó el sábado y que, según el Govern, funcionó.

En paralelo, Rodalies recupera servicio a cuentagotas. El túnel de la plaça de Catalunya y el puente de la R1 sobre el Besòs ya están operativos, y se espera que la R1, la R2 norte y la R11 vuelvan a circular en las próximas horas. Dieciséis centros educativos suspendieron clase este lunes y unos 10.000 abonados siguen sin luz. El agua se marcha; la factura se queda.

El precedente que nadie en el Govern quiere repetir

El Vallès Oriental ya vivió una tragedia así. Las riuades de 1962 se cebaron con Granollers y con buena parte de la comarca y dejaron cientos de muertos en Cataluña. Aquella catástrofe empujó obras de encauzamiento y defensas hidráulicas que hoy se dan por descontadas. Sesenta y cuatro años después, el agua ha vuelto por el mismo camino.

La comparación con Valencia incomoda, pero es inevitable. La DANA de octubre de 2024 convirtió la gestión de las ayudas en un frente de desgaste político que duró meses. En el Palau nadie quiere repetir ese guion, y de ahí la prisa por aprobar el paquete este mismo martes y por mover 50 millones de liquidez a través de la línea de emergencias del ICF antes de que las aseguradoras muevan ficha.

Lo que observamos es un patrón conocido: el Govern responde rápido en el anuncio y más lento en la ejecución. Los 75 millones son una cifra redonda, presentable en un atril, pero su efecto real depende de la capacidad administrativa de casi un millar de ayuntamientos, muchos pequeños y sin técnicos suficientes para tramitar subvenciones de emergencia en plazo.

Ya veremos cuándo llega el primer ingreso.

La mayoría de los vecinos afectados todavía tiene el barro en el portal y ninguna certeza sobre cuándo cobrará del seguro. La Generalitat, mientras tanto, necesita que el relato no se le escape: Illa compareció en Interior, no en el Palau, y lo hizo flanqueado por el aparato de emergencias. Menos política y más gestión, que es la escenografía habitual cuando un govern quiere transmitir control.

El próximo hito es este martes, en el Consell Executiu, donde el paquete debe aprobarse formalmente. A partir de ahí, el reloj corre en contra de los municipios, de las empresas y de los dos desaparecidos que los Bombers siguen buscando ‘por todas partes’. De poco sirve anunciar 75 millones si la primera factura se paga en diciembre.

Génova no teme el 29-N: el PP convierte la vivienda en su marco de campaña

Jaume Mónica
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Génova no teme el 29-N: el PP convierte la vivienda en su marco de campaña

El PP convierte la vivienda en el marco central de su campaña y no teme el adelanto electoral. En la séptima planta de Génova han leído la maniobra de Pedro Sánchez como un órdago y han decidido responderlo con un choque abierto de modelos, sin rebajar el tono ni esconder el asunto.

Por qué Génova quiere llevar la vivienda al choque de modelos

‘¿Quieren hablar de vivienda? Pues hablemos de vivienda’. La frase resume la posición que trasladan fuentes de la dirección nacional del Partido Popular consultadas por este medio. No hay incomodidad. Al contrario: Génova quiere abrir el debate en canal, ‘con toda la intensidad posible’, y confrontar el blindaje de la demanda que defienden el PSOE y sus socios con los incentivos a la oferta que plantean Alberto Núñez Feijóo y su escudero en la materia, el vicesecretario Juan Bravo.

La apuesta no depende del calendario. ‘Pase lo que pase, seguiremos hablando de vivienda. No va a haber marcha atrás en esto; después de que hayan perdido la votación de convalidación de los decretos de vivienda en el Congreso, tenemos que exhibirlo’, añaden esas mismas fuentes. Órdago aceptado. El equipo de Feijóo sostiene que la mayoría de los españoles ya ha entendido un marco que pasa por multiplicar la construcción de pisos y contener los precios, y quiere llevarlo a la arena política, haya o no convocatoria anticipada.

Las encuestas que maneja la dirección nacional certifican, según su lectura, que ‘la gente rechaza claramente’ el desempeño del Gobierno ante el principal problema de los españoles. Los datos les dan munición y dejan además un matiz incómodo para el adversario: el 73,5% de los encuestados no ve en los llamados ‘decretos Maricarmen’ la solución a la crisis, y al mismo tiempo una mayoría respalda cada una de las medidas que contienen. Traducción política: el diagnóstico social está hecho, el relato no.

El dato que sostiene el marco popular: la vivienda pública que no se construyó

El argumento estrella del PP es la vivienda pública que nunca llegó a edificarse. La media anual de pisos sociales por legislatura deja a la actual como la menos productiva de la democracia: 106.855 al año con Leopoldo Calvo-Sotelo, 81.347 con Felipe González, 62.373 con José Luis Rodríguez Zapatero, 59.676 con José María Aznar, 17.571 con Mariano Rajoy y apenas 9.842 con Pedro Sánchez. Los números no admiten discusión. La cifra del actual presidente es diez veces inferior a la del segundo de la UCD y una octava parte de la del dirigente socialista al que Moncloa invoca como espejo.

Génova no discute el diagnóstico social: discute quién lo provoca y convierte la vivienda en el terreno donde quiere que se dirima la próxima cita con las urnas.

Sobre ese suelo, la oferta popular: un millón de viviendas —públicas y privadas— en los primeros cuatro años de gobierno y tres millones en catorce, hasta 2040. Una parte ‘importante’ serían pisos de precio tasado, aunque Génova evita concretar objetivos que luego no pueda cumplir. En fiscalidad, el catálogo incluye el aval público del 20% de la hipoteca, una bonificación del IRPF durante cuatro años para los jóvenes que ahorren para comprar, el IVA de la vivienda al 4%, nuevas bajadas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y una ‘hucha joven’ de ahorro inmobiliario. La edad media de compra, 41,8 años, explica la urgencia.

En urbanismo, el PP propone el ‘silencio positivo’ para los trámites de suelo, de forma que se construya en 18 meses y no en ocho años, con el objetivo de que la vivienda no supere el 30% del sueldo. En alquiler, apuesta por deducciones para quien arrienda a precio contenido. ‘Dicen proteger al vulnerable cuando lo han convertido en el inquilino que nadie puede tener’, ha advertido Bravo, que señala a la madre con un contrato temporal, al joven con un empleo precario y a quienes ganan menos de 1.800 euros al mes. Todas estas medidas las pondrán sobre la mesa Feijóo y Bravo en las próximas semanas.

Los socios del Gobierno tampoco esconden el desgaste. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ofreció a Sánchez reabrir la negociación sobre vivienda ‘siempre que no haga electoralismo’, con un aviso: ‘Si optan por el electoralismo, que convoquen elecciones y ya nos encontraremos en las urnas’. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, pidió al presidente que aproveche lo que queda de legislatura para buscar consensos y evite los ‘shows mediáticos’. Ahí está el envite: cada socio empuja al Gobierno en una dirección distinta.

El Eje del Poder Popular

El marco tiene un aterrizaje que Génova conoce bien y que exige algo más que discurso. Las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP concentran las competencias de vivienda y los ayuntamientos siguen siendo el punto donde se atasca el urbanismo, de modo que la promesa de construir en 18 meses pasa por una prueba de gestión cotidiana: ventanilla única real en Madrid, agilidad de suelo en Andalucía, planeamiento en la Comunidad Valenciana, y Baleares, donde Marga Prohens sostiene el pulso más delicado entre turismo y alquiler residencial. Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Carlos Mazón tienen ahí su particular examen. El partido afronta el reto de convertir el relato nacional en licencias municipales, y lo asume como parte del envite.

El debate interno, lejos de ser una fractura, funciona como ocasión para demostrar que el discurso nacional y la gestión autonómica van de la mano. En el Grupo Parlamentario Popular del Congreso la vivienda ya es bandera de oposición, y en el Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta, el terreno sirve para replicar los decretos que decayeron. Vox queda en el flanco con un discurso más ruidoso y menos detallado, mientras el precedente del 15-M alimenta la confianza popular: una semana después de las acampadas de 2011, el PP ganó las municipales con diez puntos de ventaja sobre el PSOE y seis meses más tarde Mariano Rajoy firmaba su mayoría absoluta.

El riesgo, y en Génova lo asumen, es que una campaña de vivienda termine premiando más la protesta que la alternativa. La presión de la calle es hoy activo de la izquierda y el Ejecutivo puede intentar rentabilizarla aunque su gestión esté bajo sospecha. La contrapartida popular es sencilla de explicar y difícil de rebatir: un millón de pisos, menos impuestos y la mitad de trámites. Cosas del calendario. El Congreso de los Diputados volverá a ser el escenario del choque, y las federaciones territoriales preparan ya su propio despliegue antes de que Sánchez decida si la cita con las urnas llega finalmente el 29 de noviembre.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La vivienda como terreno de confrontación de modelos: incentivos a la oferta y menos burocracia frente al blindaje de la demanda.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular), con Juan Bravo (vicesecretario) como responsable de la propuesta.
  • Próximo hito: Despliegue de las medidas de vivienda por parte de Feijóo y Bravo en las próximas semanas y decisión de Sánchez sobre el adelanto del 29-N.

El temporal colapsa El Prat: más de 400 vuelos cancelados y movilidad bloqueada en Barcelona

Bea Tejero
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El temporal colapsa El Prat: más de 400 vuelos cancelados y movilidad bloqueada en Barcelona

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los pasajeros con vuelos programados desde o hacia el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y a los usuarios de Rodalies, Metro y bus interurbano del área metropolitana de Barcelona.
  • ¿Cuándo ocurre? El grueso del impacto se concentró el fin de semana del sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Este lunes 5 las aerolíneas siguen recolocando pasajeros.
  • ¿Qué cambia hoy? 412 vuelos cancelados y 807 retrasos acumulados en dos jornadas. Conviene confirmar el estado del vuelo antes de salir de casa y no desplazarse al aeropuerto sin comprobación previa.

Los vuelos cancelados en El Prat ascienden a 412 en dos jornadas de temporal y la movilidad metropolitana sigue a medio gas. El aeropuerto Josep Tarradellas acumula además 807 retrasos desde el sábado, según los registros de Flightradar24.

Un sábado que se llevó por delante el 24% de la operativa

El sábado fue el día negro. Se suspendieron 247 vuelos, el 24% de toda la operativa programada, y se contabilizaron 510 retrasos, casi la mitad del tráfico previsto para la jornada. El domingo el volumen bajó hasta 165 cancelaciones y 297 retrasos, pero la cifra global ya superaba los 400 vuelos y convertía el fin de semana en uno de los más severos del año para el aeropuerto barcelonés.

El detonante está en el cielo. El episodio de lluvias torrenciales dejó más de 200 litros por metro cuadrado en puntos del litoral catalán, un registro que en la memoria meteorológica catalana solo aparece en las gotes fredes más marcadas. Meteocat mantiene el seguimiento del episodio y hay un nuevo frente en camino, lo que complica la recuperación de la operativa durante los próximos días.

Los controladores aéreos describieron la jornada como ‘muy complicada’ en sus actualizaciones en la red social X. La situación obligó a establecer rumbos de salida distintos a los publicados, porque las tripulaciones no podían seguir las rutas previstas. Resultado: el tráfico se espació, los huecos entre aterrizajes y despegues se agrandaron y el número de operaciones por hora cayó. El gestor aeroportuario Aena no ha detallado por ahora el impacto económico del episodio.

El efecto dominó en Rodalies, Metro y los accesos al aeropuerto

En tierra, el efecto dominó fue inmediato. Rodalies acumuló demoras y supresiones en varias líneas del litoral, el Metro de Barcelona trabajó con más presión de la habitual en accesos clave y los autobuses interurbanos hacia El Prat y L’Hospitalet de Llobregat registraron frecuencias irregulares. La red de Rodalies de Catalunya avisa de que las incidencias por acumulación de agua en las vías pueden reaparecer con cada nuevo frente.

412 vuelos cancelados y 807 retrasos en dos días: la lluvia no solo anega pistas, desordena todo el sistema de una ciudad que depende de su aeropuerto.

¿Y qué puede hacer el viajero? Lo primero, comprobar el estado del vuelo antes de salir de casa, porque buena parte de las cancelaciones se comunicaron con un margen escaso. Lo segundo, saber qué le corresponde: las cancelaciones por causas meteorológicas se consideran circunstancias extraordinarias, así que no generan una compensación económica automática, pero la aerolínea sí está obligada a ofrecer reubicación o reembolso y asistencia básica a quien ya está en el aeropuerto.

Qué pasó la última vez y por qué el patrón se repite

No es la primera vez que la lluvia desordena el sistema aeroportuario catalán, y ahí está parte del problema. El Prat concentra la mayoría del tráfico aéreo catalán y, cuando el temporal aprieta, los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus no tienen ni capacidad ni vuelos suficientes para absorber el desvío. A eso se suma que el aeropuerto no opera aislado: su acceso depende de de una red viaria y ferroviaria que se encharca con facilidad, de la L9 Sud y de los trenes de Rodalies. Si falla un eslabón, fallan todos.

La lectura política tampoco es menor. Cada episodio de este tipo reabre el debate sobre las inversiones pendientes en la red ferroviaria catalana y sobre la capacidad del aeropuerto, dos asuntos atascados desde hace años entre administraciones. Mientras la Generalitat reclama más recursos para Rodalies y el Ministerio de Transportes defiende su plan inversor, el pasajero solo ve cancelaciones y andenes llenos. Un clásico.

Con el puente del 12 de octubre en el horizonte, las aerolíneas tienen pocos días para recolocar a los afectados y recuperar la normalidad antes del siguiente pico de demanda. La recomendación institucional no ha cambiado: comprobar el vuelo antes de moverse, seguir los avisos de Meteocat y evitar desplazamientos innecesarios al aeropuerto. Y no dar por hecho que el próximo frente será más benigno. Cosas que pasan en octubre en Barcelona.

El temporal en Cataluña: cortes en seis líneas de Rodalies, Metro y alta velocidad

Bea Tejero
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El temporal en Cataluña: cortes en seis líneas de Rodalies, Metro y alta velocidad

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Usuarios de Rodalies en el Maresme, el Vallès, el Baix Llobregat y el Camp de Tarragona, más viajeros de Metro y de alta velocidad.
  • ¿Cuándo ocurre? Desde la mañana de este lunes 5 de octubre de 2026, tras el temporal del fin de semana.
  • ¿Qué cambia hoy? Seis líneas circulan por tramos con buses alternativos; FGC y el Metro cubren parte del trayecto. Adif espera recuperar vías a lo largo del día.

Los cortes de Rodalies por el temporal dejan seis líneas sin servicio completo y el Metro de Barcelona tocado al arrancar la semana.

La red ferroviaria catalana no ha vuelto a la normalidad después del episodio de lluvias más intenso registrado en el área metropolitana. Las líneas R1, R2Nord, R3, R4, R7 y R8 han echado a andar con tramos cortados y servicios alternativos por carretera, mientras Renfe asegura que algunos trayectos se irán recuperando conforme avance este lunes. La alta velocidad sigue interrumpida y el Metro arrastra afecciones en buena parte de sus líneas.

La R1, la línea del Maresme, es la más castigada. El tramo entre Arenys de Mar y Maçanet-Massanes está sin servicio y se cubre con autocares a la espera de que Adif complete las marchas blancas, esos recorridos con trenes sin pasajeros que sirven para certificar que la vía es segura. La línea solo circula entre Arenys y Badalona y no supera el puente de Sant Adrià de Besòs. Desde allí, el viajero tiene que tirar de Metro, en concreto de la L2, para llegar al centro de Barcelona.

Mal arranque de semana.

A eso se suma la reapertura pendiente del túnel de plaza Catalunya, que quedó parcialmente inundado el domingo y donde Adif ha trabajado toda la noche con tres bombas para dejarlo seco. En el Vallès, la R2Nord no funciona entre Granollers y Sant Celoni, con servicio alternativo por carretera. El punto más delicado es un talud desplomado entre Granollers y Cardedeu: la empresa pública confía en recuperar una de las dos vías a lo largo de la jornada. La R11 tampoco circula y mantiene buses entre Maçanet-Massanes y Portbou.

La R3 acumula dos cortes: el habitual entre L’Hospitalet y La Garriga, y uno nuevo entre Ripoll y Puigcerdà, de modo que los trenes solo enlazan La Garriga y Ripoll. La R4, por su parte, funciona únicamente entre Sant Vicenç de Calders y la estación de Sants, con bus entre Terrassa y Manresa. Para el tramo central, Renfe redirige a los viajeros hacia los buses de línea y hacia Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que opera con normalidad. El segmento más dañado está entre Terrassa y Sabadell, con la reparación pendiente de que el tiempo aguante.

Ninguna línea ha salido indemne del fin de semana más húmedo que recuerda la red catalana.

Las líneas R7 (Montcada Bifurcació-UAB) y R8 (Martorell-Granollers) permanecen completamente interrumpidas, con autobuses en todo su recorrido. En el caso de la R8, fuentes de Adif explican que las comprobaciones ya están hechas y la infraestructura está dispuesta para Renfe, que debe certificar la seguridad antes de volver a poner trenes sobre las vías.

Del Metro a la alta velocidad: el mapa de las afecciones

El impacto no se limita a Rodalies. El Metro de Barcelona arrastra tramos sin servicio y líneas de bus limitadas por las inundaciones, y la alta velocidad continúa interrumpida tras el temporal. Los servicios que sí funcionan son la R2Sud, los Regionals del sur (R15, R16, R17), y los Rodalies de Tarragona (RT1 y RT2).

El resto, sobre el terreno.

En Ponent, la cosa va distinta. Las líneas R13 y R14 mantienen la normalidad entre Lleida y Les Borges Blanques y operan con buses hasta Sant Vicenç de Calders por un robo de cable de hace dos meses que dañó gravemente la infraestructura. Las Rodalies de Lleida (RL3 y RL4) circulan al completo entre Lleida, Cervera y Manresa, tal como han hecho durante todo el episodio de lluvias.

El sábado fue el día más lluvioso de la historia en Barcelona y su área metropolitana, según los registros disponibles. El balance humano es duro: dos víctimas mortales en Tordera y Montornès y un desaparecido en Pineda de Mar. En el Vallès Oriental, los Bombers de la Generalitat rescataron a varios conductores atrapados por el agua en Granollers y Canovelles.

Qué pasó el fin de semana y por qué la red vuelve a fallar

No es la primera vez que un episodio de lluvia extrema deja la red ferroviaria catalana al borde del colapso. En septiembre de 2023, un temporal parecido obligó a suspender la R1 y la R2 durante días y expuso la fragilidad de infraestructuras con décadas de antigüedad en puntos de drenaje muy concretos. La diferencia ahora, lo que observamos, es la simultaneidad: no falla una línea, fallan seis, más el Metro y la alta velocidad.

Hay un detalle que conviene no perder de vista: la R3 ya arrastraba un corte crónico entre L’Hospitalet y La Garriga, obligado por las obras de desdoblamiento que se alargan desde hace años. Cuando la red no tiene margen de reserva, cualquier golpe meteorológico la tumba entera. Y las alternativas —FGC, buses de línea, Metro— tienen capacidad finita.

La lectura que hacemos es sencilla: la resiliencia de la red catalana sigue siendo su punto débil. Sin inversión en drenaje, taludes y sistemas de evacuación de agua, el patrón se repetirá. Adif y Renfe se han comprometido a revisar los puntos críticos del Maresme y el Vallès, los dos territorios que concentran más daños esta vez.

Para el usuario, el consejo de la jornada es claro: consultar la web y la app de Rodalies de Catalunya antes de salir de casa, tirar de FGC y Metro cuando sea posible y calcular al menos media hora extra de trayecto. La Generalitat mantiene el seguimiento de la situación en las comarcas afectadas y no descarta nuevos avisos de Meteocat si la lluvia intensa regresa en las próximas horas. Cosas que pasan.

La vajilla barata de Alcampo que parece de Zara Home: 6 comensales por 20 euros

Andrés Pérez
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La vajilla barata de Alcampo que parece de Zara Home: 6 comensales por 20 euros

Pagar 60 euros por una vajilla de seis comensales que se descascarilla al tercer lavado es una tradición española que conviene romper. Casi todos tenemos en el armario un plato con la esquina desconchada y una excusa para no tirarlo.

Por eso, cuando alguien me avisa de que hay una vajilla barata en Alcampo por 19,99 euros con pinta de salir del catálogo de Zara Home, la marca de textil hogar de el grupo Inditex, dejo lo que estoy haciendo y voy a mirarla. No es la primera vez que un precio así esconde un plástico que amarillea en dos meses. Esta vez, el precio es real.

Una vajilla de cristal con relieve floral por 19,99 euros

El modelo lo firma La Mediterránea y tiene un argumento que lo separa de casi todo lo que se apila en las estanterías de menaje: el relieve decorativo. No es una impresión que se borre con los lavados, sino volumen en el propio vidrio, con un dibujo de inspiración floral que recuerda a las mesas mediterráneas de siempre.

El vidrio es transparente, así que la vajilla no compite con nada. Sobre un mantel de lino crudo queda elegante; sobre un hule de cuadros, resultona; y sobre la mesa desnuda, limpia y moderna. Ese es el gran mérito de un conjunto así: da protagonismo a la comida en lugar de robárselo.

Ese aire de catálogo caro tiene truco, y está en la textura. En mesas vestidas de forma sencilla, un plato con relieve hace todo el trabajo decorativo y evita recurrir a manteles recargados o a centros de mesa que luego estorban. La mayoría de los platos de vidrio del mercado lleva el dibujo impreso en la superficie; aquí forma parte del material.

Aguanta, además, con el aval que todos asociamos a las Duralex: ese plato grueso que soporta el trajín de una casa sin aspavientos. La diferencia está en el acabado, porque aquí no parece que estés comiendo en el comedor de un colegio.

Una vajilla no tiene que costar 60 euros para parecer cara; tiene que dejar que la comida sea lo único que llame la atención en la mesa.

El secreto del éxito

  • Relieve en el propio vidrio: el dibujo está en el volumen del material y no va pintado por encima, así que no se cuartea ni pierde detalle con el uso.
  • Cristal transparente sin tinte: al no llevar color ni borde opaco, combina con cualquier mantel, cubertería o cristalería que ya tengas en casa.
  • Precio por pieza: 19,99 euros por un servicio de seis comensales deja el coste unitario en poco más de un euro, muy por debajo de una vajilla de porcelana equivalente.

Qué incluye el set para seis comensales

  • Seis platos llanos para el plato principal.
  • Seis platos hondos para sopas, cremas y guisos.
  • Seis platos de postre para la tarta, la fruta o el pan.

Si cada comensal usa los tres, son 18 piezas en total. Dieciocho piezas por 19,99 euros, es decir, 1,11 euros por plato. Aquí no hay esmalte que se desconche ni color que se vaya: el relieve forma parte del material y el conjunto conserva el aspecto del primer día.

Variaciones y maridaje

Combinada con porcelana blanca o negra gana enteros. La propia descripción del producto apunta a mezclar el plato llano de cristal con uno de porcelana, una idea que funciona muy bien en mesas de picoteo porque crea contraste sin saturar. Con cubertería mate y una cristalería fina, el resultado parece mucho más caro de lo que es.

En cuanto al maridaje, una vajilla transparente pide mesas luminosas: ensaladas, pescados a la plancha, arroces, quesos, y fruta. Si toca elegir bebida, un blanco joven o un rosado fresco acompañan mejor ese tipo de menú que un tinto con mucha madera.

Confieso que yo sigo siendo de porcelana blanca para el día a día: me gusta el peso del plato y el ruido que hace al apoyarlo en la mesa. Pero para cenas informales, para el postre o para dar un aire distinto al comedor sin gastar, este conjunto cumple con nota. Eso sí, si vas a apilarlo, pon un fieltro o una servilleta de tela entre plato y plato para evitar roces.

La alternativa clásica, la vajilla de porcelana, sigue teniendo sentido si buscas peso y un blanco impoluto sobre el mantel; la opción irrompible de toda la vida gana en tranquilidad cuando hay niños en casa. Este conjunto se coloca justo en medio: pesa lo suficiente para no parecer un juguete, pero no tanto como la loza, y el relieve hace el trabajo decorativo que otras vajillas consiguen a base de color.

Para quien no quiera renovar toda la vajilla, hay una versión express: quedarse con los platos de siempre y usar este set solo para el postre o para las meriendas de los niños. Está disponible en la web oficial de Alcampo por 19,99 euros. A ese precio, la duda no tiene sentido.

Sánchez informa al Rey por teléfono del adelanto electoral al 29-N: el protocolo entre Gobierno y Corona

Ana Pizarro
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Sánchez informa al Rey por teléfono del adelanto electoral al 29-N: el protocolo entre Gobierno y Corona

Pedro Sánchez informó el domingo por teléfono a Felipe VI del adelanto electoral al 29 de noviembre. Lo hizo antes de anunciarlo en público, sin despacho, sin audiencia y sin comparecencia conjunta. Según fuentes de Zarzuela, el jefe del Estado conoció así la decisión de poner fin a la legislatura por boca del propio presidente del Gobierno.

El contacto se produjo el domingo por la tarde, con el guion ya cerrado en Moncloa. Este lunes, Sánchez lo ha hecho público desde el Palacio de la Moncloa y ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución de las Cortes. Mientras tanto, los Reyes aterrizaban en Finlandia para una visita de Estado que se prolongará hasta el miércoles.

El detalle que mide la temperatura institucional es otro. Nada más pisar Helsinki, Felipe VI sancionó el real decreto de disolución y convocatoria electoral mediante firma electrónica, una herramienta que la Casa del Rey incorporó hace un año y que el Monarca ha utilizado por primera vez para una cita con las urnas. La secuencia es inusual: el decreto se firmó a distancia, en el aeropuerto, con España ya encaminada a las urnas y el Rey en el extranjero.

La llamada a Zarzuela y el Consejo de Ministros extraordinario

La llamada telefónica, confirmada por fuentes de Zarzuela, forma parte del protocolo no escrito que ordena la relación entre el Gobierno y la Corona. El presidente informa al Rey de las decisiones de calado institucional antes de que se hagan públicas; el Rey no interviene, no valora y no anticipa. Es un gesto de cortesía constitucional, pero también una manera de proteger a la institución frente a la sorpresa.

El Consejo de Ministros extraordinario, convocado para este mismo lunes, activa el mecanismo formal. Una vez disueltas las Cortes, el Gobierno queda en funciones hasta la constitución de las nuevas cámaras. El 29 de noviembre se instala así como la fecha central de un otoño que la agenda de Zarzuela no tenía previsto y que ahora condiciona cada movimiento de la Familia Real.

Una llamada a tiempo y una firma electrónica bastaron para que la Corona quedara al margen de una decisión que no le correspondía tomar.

Finlandia, Albares y una agenda reordenada

La visita de Estado a Finlandia, que llevará a los Reyes a Helsinki y a Rovaniemi, se desarrollará con un telón de fondo inesperado. El viaje estaba cerrado desde hacía meses, pero la convocatoria electoral ha obligado a reajustar la comitiva. Fuentes de Exteriores han explicado que el ministro José Manuel Albares asistió primero al Consejo de Ministros y se ha incorporado después al viaje, de modo que el jefe de la diplomacia española no ha volado con los Reyes en el mismo avión hasta Helsinki. El cambio de planes fue comunicado también a la Casa del Rey.

El reajuste ilustra hasta qué punto una decisión electoral atraviesa toda la maquinaria del Estado. La Casa del Rey ha tenido que recomponer su hoja de ruta en cuestión de horas, y lo ha hecho sin levantar la voz: no ha emitido valoración alguna sobre el adelanto ni ha modificado el tono de una visita pensada para estrechar la relación bilateral con Finlandia. Tal y como recoge la web oficial de la Casa de S.M. el Rey, el viaje mantiene sus encuentros con las principales autoridades finlandesas.

Qué revela el protocolo de una convocatoria a distancia

La escena tiene valor por lo que no ocurre. El Rey no convoca elecciones, no las comenta, y no las condiciona: se limita a sancionar el real decreto que el Gobierno le remite. Ese reparto de papeles, fijado por la Constitución y por la práctica de casi cinco décadas, es el que ha funcionado esta vez con un matiz técnico: la sanción se produjo en el extranjero y por vía electrónica, algo impensable hace apenas una década. La Casa del Rey ha convertido esa herramienta en rutina para actos de despacho, pero su estreno en una convocatoria electoral demuestra que la institución quiere blindarse frente a cualquier acusación de lentitud burocrática.

Hay, sin embargo, un reto visible. La coincidencia de un viaje de Estado con el arranque de una campaña expone a la Corona a una lectura política que ni busca ni controla. Cada imagen de Felipe VI junto a las autoridades finlandesas se leerá estos días con el rumor de fondo de las urnas. La institución no puede impedirlo; lo único que está en su mano es sostener el guion, evitar cualquier declaración que admita interpretación partidista y confiar en que el protocolo, una vez más, hable más bajo que la política.

Queda por ver cómo gestiona Zarzuela el resto del otoño. La agenda oficial no ha confirmado todavía qué actos se mantienen, se aplazan o se reformulan tras el adelanto, y esa decisión será la primera prueba real de cómo la Corona convive con un calendario que ya no depende de ella.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: la llamada de Sánchez a Felipe VI escenifica la relación institucional entre el Gobierno y la Corona en un momento de máxima tensión política.
  • El detalle de protocolo: la sanción del real decreto de disolución se hizo por firma electrónica desde Helsinki, un uso inédito de esa herramienta para una convocatoria electoral.
  • Próximos pasos: la Casa del Rey no ha detallado aún cómo queda su agenda tras el adelanto; el viaje a Finlandia continúa hasta el miércoles.

Nunca cuelgues la bayeta en el grifo: el error de higiene que multiplica las bacterias en tu cocina

Andrés Pérez
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Nunca cuelgues la bayeta en el grifo: el error de higiene que multiplica las bacterias en tu cocina

La bayeta goteando en el grifo parece lo más lógico del mundo. Se seca sola, no deja charcos en la encimera y está a mano cuando cae algo. Yo la dejé ahí durante años, hasta que entendí lo que dicen quienes de verdad saben de higiene. Ese trapo húmedo doblado sobre el caño no deja la cocina limpia: la siembra.

Una bayeta usada arrastra restos de grasa, de comida y de polvo. El agua que gotea la mantiene empapada. Y la cocina, con sus fogones y su calor residual, le regala la temperatura perfecta. Humedad, calor y materia orgánica: las tres condiciones que necesita cualquier bacteria para multiplicarse. Ahí se crían E. coli y la bacteria Salmonella con una facilidad que asusta.

Lo que convierte al grifo en el peor sitio posible es la falta de ventilación. Colgada del caño, la tela no se despliega ni recibe aire: la humedad se concentra justo donde se dobla sobre sí misma. De ahí vienen los olores raros que nadie sabe localizar, el moho que aparece a los pocos días y ese tacto áspero de una bayeta que ya ha vivido demasiado.

El paso siguiente lo das tú, sin querer. Pasas el trapo por la encimera, por el borde del fregadero, por el mango de la sartén, y por el tirador del horno. Y en vez de retirar suciedad, la repartes en una película finísima de agua contaminada. Es contaminación cruzada de manual: la misma que evitamos con las manos y con los cuchillos, y la que casi nadie vigila al limpiar.

Aquí no hay atajos.

Una bayeta húmeda no limpia: reparte. Y cuanto más tiempo pasa colgada del grifo, más superficie contaminada deja a su paso.

La solución no es renunciar a las bayetas, sino cambiar dónde las dejas y cómo las tratas. Después de cada uso, enjuágala con agua caliente y escúrrela con fuerza. Cuélgala desplegada, con toda la superficie al aire y lejos del fregadero. Sencillo, pero decisivo.

La desinfección tiene que ser rutina, no excepción. Dos o tres veces por semana, sumérgela en agua caliente con vinagre blanco o con bicarbonato y déjala reposar entre 5 y 10 minutos antes de aclarar. Una vez por semana, a la lavadora: 60 ºC para arriba, y secado al sol o en secadora. La lógica que recomienda la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para las superficies en contacto con alimentos vale igual aquí: limpiar, aclarar y secar. Sin el último paso, el trabajo queda a medias.

Y llega el momento de tirarla. Aunque la laves bien, la fibra se degrada y acaba siendo un refugio más cómodo para los gérmenes. Con uso diario, cámbiala cada una o dos semanas. Si huele mal recién lavada o ya no seca nada, esa bayeta dejó de ser tu herramienta hace tiempo.

El secreto del éxito

  • Secado completo: una bayeta que se queda húmeda media hora ya está trabajando para el otro bando. Desplegada, al aire y al sol, dura más y huele mejor.
  • Nunca sobre el grifo: el caño concentra la humedad en el centro de la tela y bloquea la ventilación. Cuélgala de un gancho en la pared o de un tendedero.
  • Desinfección y recambio: vinagre o bicarbonato dos o tres veces por semana, lavadora caliente una vez por semana y bayeta nueva cada una o dos semanas.

Ingredientes del desinfectante casero

  • 1 litro de agua caliente, a unos 60-70 ºC, sin llegar a hervir
  • 200 ml de vinagre blanco de limpieza (también vale el de vino)
  • 2 cucharadas soperas de bicarbonato sódico, unos 30 g
  • Medio limón, opcional, para neutralizar olores
  • 1 cucharada de percarbonato sódico, opcional, si la bayeta es blanca
higiene cocina bayeta

Empieza por el enjuague en caliente. Frota la tela contra sí misma bajo el chorro hasta que el agua salga clara y no quede ni rastro de grasa en en la tela: mientras haya restos, cualquier desinfectante trabaja el doble y rinde la mitad.

Para la desinfección, llena un barreño con el litro de agua caliente y añade el vinagre o el bicarbonato, nunca los dos a la vez: juntos se neutralizan y el esfuerzo no sirve de nada. Sumerge la bayeta y déjala entre 5 y 10 minutos.

Escúrrela sin retorcerla en exceso y despliégala del todo. El sol directo y el aire son la combinación más eficaz que vas a encontrar en casa.

Una vez por semana, todas las bayetas a la lavadora a 60 ºC o más y sin suavizante. Esa película suave reduce la absorción y alimenta a los microorganismos que quedan. Poca broma con esto. Y apunta la fecha en el borde del paño con rotulador textil: dos semanas pasan volando.

Variaciones y mantenimiento

Si el algodón te da pereza, pásate a la microfibra. Seca más rápido, retiene menos humedad y aguanta mejor los lavados calientes. Eso sí, nada de suavizante ni de plancha, o perderás justo lo que la hace útil.

¿Y una opción de un solo uso? El papel de cocina vale para una mancha puntual, pero para el día a día sale caro y genera más residuo. Mejor ten tres bayetas en rotación: una en uso, una secándose y una en la colada.

Sin lejía también se puede. El vinagre y el bicarbonato cubren la desinfección doméstica sin olores agresivos ni mezclas peligrosas. Tras manipular carne cruda, agua muy caliente y secado al sol, sin excusas.

Y para los días de prisa, la versión express: enjuague con agua caliente, un minuto de microondas solo si la tela está húmeda y es algodón, y a secar desplegada. Sin milagros, pero mejor que dejarla colgada del grifo.

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