El PP bloquea el Tratado de Amistad con Francia: Sumar y Compromís, el voto decisivo en el Congreso

Solo 24 horas después de que el Senado paralizara la ratificación del Tratado de Amistad con Francia con los votos del PP y Vox, la mirada se vuelve hacia Sumar y Compromís. La mayoría que sustentó el texto en el Congreso el pasado 18 de junio —con los votos favorables de las confluentes del espacio de Yolanda Díaz— se topa ahora con el recurso de inconstitucionalidad que los populares han activado para frenar la primera cumbre hispano-francesa de la legislatura.

El Senado, con mayoría absoluta del PP, aprobó este miércoles un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el artículo 2.4 del tratado, el que prevé que un ministro del país vecino pueda participar en el Consejo de Ministros al menos una vez cada tres meses. La propuesta salió adelante con 146 votos a favor —PP y Vox—, 112 en contra y dos abstenciones. El PP llevaba meses abonando su ofensiva contra la cláusula, después de que en 2025 fracasara el primer intento de ratificación precisamente por este escollo.

El Gobierno trató de salvar el obstáculo en abril pactando con Francia una “cláusula interpretativa” que aclaraba que el ministro invitado solo participaría “en los márgenes del Consejo, en una reunión por separado”. La redacción, sin embargo, no ha convencido al PP, que considera la formulación “un acto de fe” y denuncia su “vaguedad”. El senador popular Miguel Ángel Ferrer calificó de “cutrez” la maniobra del Ejecutivo. “¿Cómo nos vamos a fiar del Gobierno más corrupto de la democracia?”, añadió la también popular María José Pardo.

La respuesta del campo de la coalición ha sido inmediata. El senador de Compromís Xavi Morera, confluente clave dentro de Sumar, calificó el movimiento de “un error gravísimo que pasará factura”. Morera, junto a los otros senadores de la confluencia valenciana y del resto de diputados de Sumar, fue uno de los puntales del sí en el Congreso. El voto de Compromís se ha vuelto decisivo para la política exterior del Gobierno, igual que lo es en otras votaciones delicadas de la legislatura.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, redobló las acusaciones contra el PP: “Se convierten abiertamente en un partido antisistema que boicotea las relaciones con uno de nuestros grandes amigos y socios en Europa”, declaró en LaSexta. Albares recordó que el tratado afecta a los 300.000 españoles que viven en Francia y al millón que reside en municipios fronterizos. “Lo pagarán caro en las urnas”, advirtió.

El veto del PP al tratado no es solo un pulso al Gobierno: es una apuesta por erosionar la política exterior de la coalición, y Sumar y Compromís se han convertido en los garantes de que la apuesta no prospere en el Congreso.

El giro de Junts y Podemos, y el papel de Sumar

En la votación del Congreso, el tratado logró luz verde gracias a un cambio significativo respecto al año anterior: Junts y Podemos pasaron de la abstención al voto favorable. Las cinco diputadas de la formación de Ione Belarra, que en 2025 se abstuvieron por reparos al contenido del tratado, respaldaron esta vez la iniciativa del Ejecutivo. El giro, unido a los votos de Sumar y sus confluentes —incluidos los diputados de Compromís, Más Madrid y el resto—, blindó el texto y puso de manifiesto que la izquierda plurinacionalista puede unirse en política exterior cuando el adversario es la derecha del PP.

La maniobra del Senado, sin embargo, devuelve la iniciativa al bloque conservador. El proceso queda ahora en suspenso hasta que el Constitucional se pronuncie, un trámite que puede demorarse meses. Mientras tanto, la Asamblea francesa ya ha ratificado el tratado, y el Gobierno español se ve forzado a esperar un dictamen que podría tumbar el artículo 2.4 o, como ya ocurrió en diciembre de 2025, inhibirse de nuevo y dar vía libre a la ratificación definitiva.

El valor estratégico del voto de Sumar

La posición de Sumar en el tablero parlamentario es, una vez más, la de un socio imprescindible pero incómodo. El tratado de amistad no levanta ampollas en la mayoría de sus confluentes: para Compromís, con una vocación claramente europeísta y mediterránea, estrechar lazos con Francia es una cuestión identitaria. Para Catalunya en Comú, el entendimiento transfronterizo refuerza la idea de una Europa de regiones. La única voz disonante podría venir de sectores más soberanistas dentro de las confluencias gallega y aragonesa, pero el voto favorable ya emitido en junio confirma que la disciplina de grupo se mantuvo.

El problema, sin embargo, no es interno sino de diseño constitucional. La mayoría absoluta del PP en el Senado le permite bloquear cualquier iniciativa del Gobierno, y el recurso al control previo del Constitucional sobre tratados internacionales es una herramienta poco habitual pero de alto voltaje. Sumar, que siempre ha defendido la profundización de la cooperación europea, se ve ahora en la tesitura de esperar un fallo judicial que podría cuestionar la constitucionalidad de la cláusula estrella del acuerdo.

La Dinámica de Coalición

La parálisis del tratado tensiona los equilibrios del gabinete PSOE-Sumar sin llegar a quebrarlos. El Ejecutivo Díaz-Sánchez exhibe unidad: Albares, del sector socialista, y las portavocías de Sumar comparten el discurso de que el PP “ataca a España”. Pero la realidad parlamentaria es más porosa. El bloqueo en el Senado sitúa a Sumar ante una disyuntiva estructural: cada vez que el PP recurra a su mayoría absoluta para frenar una norma, el espacio de Díaz necesitará mantener cohesionados a todos sus diputados —incluidos los díscolos ocasionales— para contrarrestar en el Congreso.

El tratado con Francia pone cifras a esa exigencia. Los 31 escaños del Grupo Parlamentario Sumar resultaron indispensables para alcanzar la mayoría, sobre todo porque Junts y Podemos tampoco estaban asegurados. De hecho, el vuelco de los cinco votos de Podemos se interpreta como un guiño táctico a la coalición, pero también como un recordatorio de que pueden decidir las votaciones. La dependencia de las confluentes y del antigua espacio podemista se dilata, y cada crisis parlamentaria la vuelve más evidente.

En el horizonte inmediato, la incógnita es el calendario del Constitucional. Si el tribunal se inhibe de nuevo —como hizo en diciembre de 2025 al considerar que el tratado no había sido ratificado—, el Senado podría quedar desarmado y el texto se aprobaría definitivamente. En ese caso, Sumar y Compromís habrían sido la pieza que desencadenó una derrota parlamentaria del PP en un asunto de Estado. Si, por el contrario, el Constitucional declara inconstitucional el artículo 2.4, la coalición tendrá que decidir si renegocia el tratado con Francia o lo abandona, con el coste de imagen que ello acarrearía para la política exterior de un gobierno de izquierdas.

Ficha del Caso

  • El caso: El Senado, con mayoría absoluta del PP, recurre al Tribunal Constitucional el artículo 2.4 del Tratado de Amistad con Francia, suspendiendo su ratificación. El tratado había sido aprobado en el Congreso el 18 de junio de 2026 con el apoyo de Sumar, Compromís, PSOE, Podemos y Junts.
  • Datos importantes: Votación en el Senado: 146 a favor (PP y Vox), 112 en contra, 2 abstenciones. La cláusula interpretativa pactada en abril no disipó las dudas constitucionales del PP. El Constitucional ya se inhibió en diciembre de 2025, pero entonces el Congreso había rechazado el tratado; ahora sí está ratificado en la Cámara Baja.
  • Resumen: El bloqueo del PP retrasa un acuerdo que Sumar y Compromís defendieron como clave para la cooperación europea. La incertidumbre judicial tensa la coalición PSOE-Sumar, pero refuerza la necesidad de cohesión entre las confluentes para sostener la agenda exterior del Gobierno.

La Policía busca a una bebé recién nacida sustraída del Hospital de Gandia

Sobre las 7.30 horas de este jueves, la Policía Nacional ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a una bebé recién nacida sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press. La principal línea de investigación apunta al padre como presunto responsable de la desaparición.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la madre —de nacionalidad española— alertó a los sanitarios al percatarse de que la pequeña no se encontraba en la cuna y de que el progenitor, de origen argelino, también se había marchado del centro. La recién nacida, de pocos días de vida, permanecía ingresada en el área de maternidad porque había dado positivo en cocaína, tal y como ha podido saber Europa Press.

Qué ha confirmado la Unidad de Atención a la Familia y Mujer

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) asumieron la investigación de inmediato. El aviso se produjo en la misma mañana del jueves y, desde ese momento, se puso en marcha un operativo con presencia tanto dentro como fuera del recinto hospitalario. La Policía Nacional inspeccionó las inmediaciones y recopiló los testimonios de las personas que estaban en el momento de los hechos, sin que por ahora se haya practicado ninguna detención.

Fuentes del caso insisten en que la prioridad absoluta es encontrar a la bebé cuanto antes y garantizar su integridad. El presunto autor podría haberse llevado a la niña sin que nadie lo advirtiera, aprovechando el movimiento propio de una planta de maternidad a primera hora de la mañana.

La bebé estaba tutelada por la Generalitat Valenciana

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha confirmado que la tutela de la menor —asumida por desamparo el mismo jueves— corresponde a la Dirección Territorial de Alicante, lugar de residencia de los padres. La institución ya ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la autoridad judicial para que la desaparición conste en sede procesal.

El hecho de que la recién nacida diera positivo en cocaína al nacer activó el protocolo de protección de la Generalitat, que asume la guarda cuando los progenitores no pueden hacerse cargo o se detecta una situación de riesgo. En este contexto, la niña permanecía ingresada a la espera de recibir el alta médica mientras se tramitaba la medida cautelar.

La Policía Nacional mantiene activo el dispositivo de búsqueda mientras la Generalitat trata de esclarecer las circunstancias de la desaparición.

En qué punto está la investigación y el dispositivo de búsqueda

Hasta el momento no se ha producido ninguna detención, según reiteran a Europa Press las fuentes policiales. Los efectivos de la UFAM trabajan con la hipótesis de que el padre pudo salir del hospital con la pequeña sin que se detectara la maniobra. No obstante, los investigadores no descartan otras líneas de trabajo mientras no aparezca el menor.

La búsqueda se extiende por Gandia y localidades cercanas, con vigilancia en estaciones de tren y carreteras, y se ha emitido una alerta a todas las comisarías de la provincia de Valencia y áreas limítrofes. La Dirección Territorial de Alicante, por su parte, colabora facilitando la información de que dispone sobre el entorno familiar.

El caso se mantiene abierto como una sustracción de un menor tutelado y los agentes tratan de localizar a la bebé lo antes posible, priorizando su seguridad por encima de cualquier otra diligencia.

15,8 millones para jóvenes agricultores en CyL: las claves de las nuevas ayudas contra la despoblación

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León ha aprobado en las últimas horas el pago de 15,8 millones de euros en ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores, la modernización de las explotaciones y la sucesión agraria. La medida, cofinanciada con fondos europeos de la PAC (Política Agraria Común, el sistema de ayudas al campo financiado por la Unión Europea), busca atajar uno de los mayores problemas del medio rural: el relevo generacional y la despoblación de los pueblos.

El desglose de los 15,8 millones: a qué se destina cada euro

La partida de 14,9 millones cubre tanto la ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores —una prima que puede superar los 30.000 euros por titular— como los planes de modernización de maquinaria, regadíos o naves ganaderas. Los 0,9 millones restantes apoyan la sucesión, es decir, el traspaso ordenado de explotaciones entre padres e hijos o entre titulares y nuevos gestores.

La financiación procede del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que en Castilla y León se complementa con presupuesto de la Junta en una proporción que ronda el 30% del total en muchas convocatorias. El FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria, el organismo que gestiona y paga las ayudas de la PAC en España) actúa como organismo pagador nacional y es el encargado de transferir los fondos una vez que la administración autonómica da el visto bueno a los expedientes.

Estas ayudas se engloban en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027, la hoja de ruta de la Política Agraria Común para España. El programa reserva anualmente partidas específicas para el relevo generacional, con el objetivo declarado de rejuvenecer un sector donde la edad media de los titulares supera los 60 años en comunidades como la castellano-leonesa.

Por qué la incorporación de jóvenes es la mejor herramienta contra la despoblación

Castilla y León ha perdido más de 150.000 habitantes en lo que va de siglo, según los padrones municipales del INE, y la mayor parte de esa caída se concentra en sus zonas rurales. Cuando un agricultor se jubila sin que nadie tome el testigo, la explotación se abandona y, con ella, desaparece el principal sustento económico de muchas localidades.

La fijación de población joven ligada al campo no solo garantiza la producción de alimentos, sino que mantiene vivos los servicios básicos: la escuela, el consultorio médico y el comercio local. De ahí que estas ayudas no se lean solo en clave agraria, sino como una auténtica política de reto demográfico.

Las comarcas que más se juegan y el calendario de los pagos

Las áreas más afectadas por la despoblación —las sierras de Soria, la comarca de Sanabria en Zamora, la montaña leonesa o las parameras de Burgos— son precisamente aquellas donde la actividad agraria es, muchas veces, la única opción laboral. Un joven que se incorpora en esos municipios no solo salva su explotación; arrastra consigo la posibilidad de que una escuela siga abierta o de que el autobús escolar mantenga su ruta.

Una hectárea que deja de cultivarse no solo es un dato de producción: es un golpe más a la viabilidad de un pueblo entero.

La Consejería no ha concretado cuándo se efectuarán los ingresos en las cuentas de los beneficiarios, aunque fuentes del sector agrario estiman que el pago se hará efectivo a lo largo del segundo semestre de 2026, una vez superados los controles administrativos de rigor. La rapidez en el abono es clave, porque muchos de los proyectos de instalación dependen de esa liquidez para arrancar.

En convocatorias anteriores, el número de jóvenes que accedieron a estas ayudas en Castilla y León osciló entre los 300 y los 400 nuevos agricultores por ejercicio, una cifra que, aunque insuficiente para cambiar la tendencia demográfica de raíz, supone un balón de oxígeno para decenas de pueblos.

🌾 Ficha de la medida

  • Organismo responsable: Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León, con el FEGA como pagador.
  • Normativa o convocatoria: Pagos correspondientes a expedientes resueltos de incorporación, modernización y sucesión, en el marco del PEPAC 2023-2027.
  • A quién afecta: Jóvenes agricultores que se instalen por primera vez, titulares que modernicen sus explotaciones y familias que formalicen la sucesión.
  • Cuantía / Plazo: 15,8 millones de euros, con previsión de pago en el segundo semestre de 2026.
  • Estado: Aprobado el pago, pendiente de la ejecución material.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: La Junta ha autorizado 15,8 millones para ayudar a jóvenes agricultores, modernizar fincas y facilitar la sucesión.
  • 👥 A quién afecta: A los jóvenes que quieren dedicarse al campo y a explotaciones familiares en riesgo de abandono por falta de relevo.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Es un impulso para frenar la despoblación en comarcas muy castigadas, siempre que el dinero llegue a tiempo y sin excesiva burocracia.

El Congreso aprueba la reforma de discapacidad sin PP y Vox: qué cambia y cuándo se vota en pleno

Hoy te cuento los detalles de la aprobación en Comisión de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en el Congreso, un trámite que se ha saldado sin los votos de PP y Vox y que se votará en el Pleno el próximo 14 de julio.

La Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha dado luz verde al informe definitivo del Proyecto de Ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular y Vox, según ha confirmado la Mesa de la Comisión. El texto modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Ahora, el dictamen pasará al Pleno del Congreso, donde la votación está prevista para el martes 14 de julio, tal y como adelantaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Después, si no se introduce ninguna enmienda que obligue a devolverlo, será remitido al Senado para su tramitación final.

Por qué PP y Vox han votado en contra

El diputado popular Enrique Belda ha explicado que la negativa de su grupo se debe a la falta de una memoria económica que detalle cómo se financiarán las nuevas prestaciones a partir de 2027. Aun así, ha dejado la puerta abierta a un posible respaldo en el Pleno: «Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar incluso antes que el Pleno».

Vox, por su parte, ha mantenido un rechazo firme sin dar detalles públicos sobre su posición.

Lo que cambia: nuevos servicios, menos papeleo y un facilitador judicial

La reforma introduce cambios significativos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Te resumo los puntos principales:

  • Más servicios en el catálogo de la dependencia: se incorporan nuevas prestaciones al sistema y se elimina el régimen de incompatibilidades que se impuso en 2012, lo que permitirá compatibilizar varios apoyos a la vez.
  • Teleasistencia como derecho universal: pasa a ser un servicio garantizado y no sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada comunidad autónoma.
  • Ampliación de la ayuda a domicilio: se amplía el número de horas y las condiciones para que más personas puedan recibir asistencia en su casa.
  • Desburocratización: se eliminan trámites administrativos, como la equiparación automática entre dependencia y discapacidad, de modo que reconocer una implica reconocer la otra sin papeleo añadido.
  • Amigos y vecinos como cuidadores formales: se reconoce legalmente que personas del entorno cercano, y no solo familiares directos, puedan ejercer como cuidadores y recibir la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

Además, una enmienda transaccional de última hora ha incorporado la figura del experto facilitador procesal. Esta persona trabajará con la Administración de Justicia para que las personas con discapacidad comprendan los procedimientos judiciales y tomen decisiones informadas, mediante lenguaje accesible y los apoyos necesarios.

La financiación estatal al 50% y el rifirrafe con las CCAA del PP

El Gobierno ha conseguido sacar adelante otra de las medidas estrella: que la aportación del Estado en dependencia llegue al 50% del gasto total, un porcentaje que hasta ahora ninguna ley fijaba. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con una inyección de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, la mayor inversión en dependencia de la historia, según datos del Ministerio de Derechos Sociales.

La reforma fija por primera vez en una ley que la financiación estatal del sistema de dependencia sea el 50%, un compromiso que las comunidades gobernadas por el PP venían exigiendo desde hace años.

Las fuentes del Ministerio han lamentado que el PP votara en contra precisamente de esta enmienda, cuando muchos de los gobiernos autonómicos que presiden los populares llevan años reclamando que la financiación estatal alcance el 50%. «Ahora se convertirá en norma», subrayan.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Comisión de Derechos Sociales ha aprobado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia sin el respaldo de PP y Vox.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Derechos Sociales, el Congreso y todos los grupos parlamentarios, con PP y Vox como únicos votos en contra; Pablo Bustinduy, titular de la cartera, defiende el texto.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El proyecto se votará en el Pleno del Congreso el 14 de julio y posteriormente pasará al Senado; si el PP no recibe garantías de financiación, podría mantener su oposición.

España propone eurobonos para ahorrar 25.000 millones en un Eurogrupo dividido

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El vicepresidente Cuerpo ha llevado al Eurogrupo de Bruselas un documento para crear un Mecanismo Soberano Europeo (ESF) que centralice 850.000 millones de euros anuales en emisiones sin generar nueva deuda.
  • ¿Quién está detrás? La propuesta parte del Gobierno español, con el visto bueno de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Países Bajos y Finlandia la rechazan de plano.
  • ¿Qué impacto tiene? Madrid estima un ahorro conjunto de hasta 25.000 millones anuales en intereses al quinto año si la Comisión logra financiarse a tipos alemanes.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha llevado este jueves al Eurogrupo un documento que resucita el debate de los eurobonos. Un sistema de emisión conjunta que, sin aumentar el apalancamiento, permitiría a la UE colocar 850.000 millones de euros al año y ahorrar hasta 25.000 millones anuales en intereses en un plazo de cinco años. La división entre ministros era patente nada más arrancar la reunión.

No es una mutualización de deuda al estilo de hace una década. ‘Es una cuestión de eficiencia en la emisión y un paso más en la reducción de la fragmentación’, ha subrayado Cuerpo a su llegada. El plan, bautizado como Mecanismo Soberano Europeo (ESF, por sus siglas en inglés), propone que la Comisión Europea centralice una porción de los planes de emisión nacionales, los lance al mercado con un paraguas único y luego otorgue préstamos a los Estados miembros por ese mismo importe. La participación quedaría condicionada al cumplimiento estricto de las reglas fiscales.

Un plan con sello español para eludir el veto histórico

La arquitectura del ESF incluye una cláusula clave para contentar a los socios más reacios: un mecanismo de compensación para aquellos países capaces de emitir deuda por debajo de los tipos que obtendría la Comisión. De esta forma, Países Bajos, Alemania o Finlandia no pagarían más intereses por su deuda mientras la UE se consolida como emisor recurrente. ‘No es una mutualización como se proponía antes, sino eficiencia para todos’, insisten fuentes del Ministerio de Economía.

El documento cifra el ahorro potencial en 5.000 millones de euros el primer año, escalando hasta 25.000 millones al cabo de un lustro. La base del cálculo asume que la Comisión logrará tipos similares al Bund alemán, algo que hoy no ocurre: la deuda comunitaria paga más que la española por la escasa liquidez de sus bonos. Alcanzar los 850.000 millones de euros anuales de emisión durante cinco años, sumados a los 750.000 millones del fondo Next Generation, situaría el volumen total de bonos europeos en torno a cinco billones, la masa crítica que los economistas Olivier Blanchard y Ángel Ubide señalan como indispensable para crear un activo refugio global.

La trinchera de los ‘frugales’ y el respaldo de Fráncfort

La respuesta de Países Bajos ha sido tan inmediata como contundente. ‘De vez en cuando aparece una nueva propuesta de eurobonos. Es una discusión vieja, probablemente no será la última, pero la respuesta siempre es la misma: no’, ha zanjado el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen. Su homóloga finlandesa, Riikka Purra, ha sido igual de categórica: ‘No es una solución y no es una opción para Finlandia’.

Frente a ese muro, Madrid ha encontrado un aliado de peso. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha mostrado su apoyo a la iniciativa durante las conversaciones previas. El BCE lleva años reclamando un activo europeo sin riesgo que refuerce el papel internacional del euro, una urgencia que se ha disparado desde que Donald Trump puso en duda la hegemonía del dólar. El Eurogrupo comparte ese objetivo común, pero la desconfianza mutua entre bloques sigue paralizando cualquier avance hacia la deuda conjunta.

deuda conjunta europea

El presidente de la reunión, el griego Kyriakos Pierrakakis, ha reconocido la división: ‘Preveemos discutir un tema tan relevante como este en el Eurogrupo, pero ahora mismo no hay consenso’. La frase ilustra el nudo de poder que atraviesa la zona euro cada vez que se pone sobre la mesa la palabra ‘eurobono’.

El Eurogrupo lleva décadas esquivando la deuda conjunta, pero el nuevo escenario geopolítico obliga a los Veintisiete a buscar una respuesta común. La propuesta de Cuerpo abre la puerta a una vía intermedia que, por primera vez, seduce a Fráncfort.

El Eje del Poder Europeo

La discusión de este jueves en Bruselas refleja la geometría variable que bloquea cualquier avance en la unión fiscal. El eje franco-alemán, tradicionalmente dividido en este debate, observa con cautela: Francia siempre ha sido más proclive a la mutualización, mientras Alemania teme convertirse en el pagador último. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Finlandia— mantienen la línea roja de no compartir riesgos fiscales sin una centralización previa del control presupuestario. Y los países del sur como España o Italia ven en la centralización de emisiones una vía para abaratar drásticamente su coste de financiación.

Para España, el impacto sería inmediato. Si la Comisión logra emitir a tipos alemanes, la factura de intereses del Tesoro se reduciría estructuralmente. El ahorro de 25.000 millones anuales a escala europea equivale aproximadamente al 1,7% del PIB español de 2026, lo que daría oxígeno a unas cuentas públicas tensionadas por el cumplimiento de la nueva regla de gasto. Además, situaría a Madrid en el tablero de los arquitectos de la futura arquitectura fiscal europea, un papel que Moncloa ha buscado desde la crisis financiera de hace quince años.

A cinco años vista, si el ESF cristaliza, la UE daría un salto cualitativo hacia un Tesoro común. La emisión conjunta de deuda crearía el activo sin riesgo que los mercados llevan exigiendo desde la creación del euro. El riesgo de fragmentación interna se reduciría, pero el precio político sería alto: los países frugales exigirían contrapartidas en forma de cesión de soberanía presupuestaria y condicionalidad reforzada. La negativa de La Haya y Helsinki confirma que ese camino todavía está sembrado de vetos. La próxima cumbre del Eurogrupo, prevista para septiembre, medirá si el empuje de Fráncfort y Madrid logra resquebrajar el muro de los ‘no’ del norte.

Von der Leyen impulsa una prohibición europea de redes sociales para menores

Ursula von der Leyen está protagonizando el que puede ser el mayor terremoto regulatorio en el entorno digital europeo desde el RGPD: una prohibición comunitaria de redes sociales para los menores. El próximo lunes 13 de julio, el grupo de expertos que ella misma convocó entregará un informe que allanará el camino hacia una propuesta legislativa que la Comisión Europea podría presentar en su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre.

Una iniciativa personal de Von der Leyen

La presidenta de la Comisión, médica y madre de siete hijos, ha hecho de la protección infantil en línea una causa personal. En su discurso sobre el estado de la Unión de 2025, cuando anunció por primera vez el panel de expertos —copresidido por el psiquiatra infantil Jörg Fegert y la epidemióloga social Maria Melchior—, pilló por sorpresa incluso a los funcionarios que trabajaban en el expediente. «Normalmente se explica primero el problema y luego se busca la mejor solución. Si ya has dicho que vamos hacia una prohibición y buscas cómo hacerlo, el proceso está un poco sesgado», ha declarado a POLITICO la ministra estonia de Justicia y Asuntos Digitales, Liisa-Ly Pakosta.

El informe del lunes no dirá si la prohibición es buena idea ni fijará una edad concreta. Según fuentes conocedoras del documento, se limitará a recomendar medidas para reducir el daño y dejará la puerta abierta a restricciones por edad. La función real del texto, admiten en Bruselas, es acallar a los gobiernos nacionales escépticos y dotar de «base científica» a una iniciativa que Von der Leyen ya tiene decidida.

La ola global de prohibiciones y los aliados en la UE

Australia fue el primer país en imponer restricciones por edad en diciembre de 2025. Indonesia lo hizo en marzo de 2026, Malasia en junio y Turquía tiene un proyecto de ley aprobado. En la UE, Francia se sitúa a la cabeza con su propia normativa prevista para septiembre, mientras que Dinamarca y Grecia apuntan a finales de año. El Reino Unido también avanza por su cuenta. Frente a esta fragmentación, 14 Estados miembros —entre ellos España, Francia, Polonia, Grecia y Dinamarca— respaldan una solución común.

«Más del 70 % de la población polaca apoya una prohibición de redes sociales para niños», afirma el ministro de Asuntos Digitales polaco, Dariusz Standerski. «Niños de seis o siete años están viendo pornografía infantil, acoso y otros delitos en internet», insiste. El respaldo en España es igualmente sólido: el Gobierno ha trasladado a Bruselas su preocupación por los efectos de las plataformas en la salud mental de los adolescentes y la exposición a contenido nocivo.

París ha ejercido una presión particular. Desde el verano pasado, Emmanuel Macron situó la cuestión en el centro de su agenda, y en junio la Comisión aceleró la presentación de una herramienta de verificación de edad para responder a una cumbre de líderes convocada por el presidente francés. La herramienta resultó tener fallos de seguridad, que Bruselas asegura haber subsanado. El episodio revela la premura y la intensidad política que rodea al proyecto.

Más que proteger a los menores, el verdadero reto de Bruselas es evitar que 27 legislaciones nacionales distintas rompan el mercado único digital.

La comisaria de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, no oculta su escepticismo hacia las prohibiciones generalizadas. «La primera prioridad es hacer que el entorno en línea sea seguro para todos, y especialmente para los menores», declaró recientemente. Sin embargo, tanto ella como su equipo han llegado a la conclusión de que solo una medida comunitaria puede impedir un mosaico regulatorio que debilite la aplicación de las normas y genere inseguridad jurídica para las grandes plataformas.

El Eje del Poder Europeo

La iniciativa de Von der Leyen concentra varias tensiones típicas de la geometría política europea. Por un lado, el eje franco-español-griego, apoyado por Polonia y la mayoría de países del sur y el este, empuja a favor de una restricción contundente. Por otro, los Estados más digitalizados —Estonia, Países Bajos, los nórdicos— consideran que una prohibición absoluta es una solución burda que ignora los derechos de los menores y carece de eficacia probada. El comisionado australiano de seguridad en línea ya advirtió en marzo de que el veto en su país ha sido «en gran medida ineficaz» por falta de cooperación de las tecnológicas.

Para España, la propuesta supone un espaldarazo a una línea política que ya ha ensayado a nivel nacional. El Gobierno ha impulsado limitaciones al uso de móviles en colegios y ha abierto el debate sobre una ley de protección digital del menor. Una normativa europea armonizada le permitiría blindar esas medidas sin exponerse a conflictos de competencias o a la presión de las plataformas. No obstante, el diablo estará en los detalles: ¿se fijará una edad mínima común, como los 16 años que baraja París, o se permitirá a cada país escoger la suya? ¿Se aplicará a todas las redes o solo a aquellas con determinadas funcionalidades? Estas preguntas dividen ya a las capitales.

A medio plazo, la batalla no será solo sobre la edad. Lo que subyace es una disputa sobre el modelo de gobernanza digital de la UE. Si Bruselas impone restricciones de acceso basadas en la edad, estará abriendo la puerta a un control de identidad masivo que choca con la tradición europea de protección de datos. Los expertos que asesoraron al panel —entre ellos la 5Rights Foundation y la London School of Economics— firmaron hace un mes una carta advirtiendo contra las medidas generales y a favor de enfoques que empoderen a los menores. El informe del lunes reflejará esa tensión, pero difícilmente la resolverá.

La próxima cita será el discurso sobre el estado de la Unión de septiembre. Allí se verá si Von der Leyen opta por una propuesta legislativa en toda regla o por una recomendación que deje margen a los Estados. Mientras tanto, la fragmentación avanza. Esa es, precisamente, la coartada de Bruselas para actuar.

Chat Control Europa: las apps escanearán mensajes hasta 2028

Europa ha vuelto a dar un paso —en este caso hacia adelante, aunque con más rechazo que apoyo— en la polémica regulación del escaneo de comunicaciones. El Parlamento Europeo prorrogó la normativa bautizada como Chat Control, que permite a las plataformas de mensajería analizar los contenidos que circulan por sus sistemas para detectar material de abuso infantil. La medida, que estará vigente hasta abril de 2028, introduce una fractura competitiva en el mercado de la mensajería digital: quién puede escanear, quién no y, sobre todo, quién decide hacerlo.

Claves de la operación

  • Chat Control prorroga hasta 2028 la capacidad de escanear mensajes de forma voluntaria. La normativa europea autoriza a servicios como Discord, Facebook Messenger o los proveedores de correo electrónico a analizar contenidos en busca de abuso infantil, siempre que el proveedor quiera hacerlo.
  • WhatsApp, iMessage y Signal quedan blindadas por su cifrado extremo a extremo. Al no poder romperse la encriptación sin comprometer la seguridad, estas aplicaciones no participarán en el escaneo, lo que refuerza su ventaja competitiva en privacidad.
  • La medida es temporal y voluntaria, pero sienta un precedente regulatorio con enorme carga simbólica. Aunque ahora no obliga a ninguna empresa a intervenir, la prórroga mantiene abierta la puerta a futuras exigencias de Bruselas para que las aplicaciones debiliten sus sistemas de cifrado.

Una votación con más rechazo que apoyo pero sin la fuerza necesaria

La prórroga de Chat Control salió adelante tras una sesión parlamentaria de resultado casi paradójico. La moción que pretendía rechazar la posición del Consejo de la Unión Europea obtuvo 314 votos a favor del bloqueo, frente a 276 en contra y 17 abstenciones. Es decir, los partidarios de tumbar la medida fueron mayoría entre los votos emitidos, pero no alcanzaron los 361 sufragios que exigía el reglamento al tratarse de una segunda lectura. Al no prosperar la moción de rechazo, la posición del Consejo quedó automáticamente aprobada y la prórroga entró en vigor.

No era la primera vez que la Eurocámara debatía este texto. Las dos votaciones anteriores, celebradas en 2024 y principios de 2026, ya dejaron patente la profunda división entre quienes priorizan la protección de la infancia y quienes alertan de una vigilancia masiva de las comunicaciones privadas. Esta tercera ronda, aunque favorable al escaneo, volvió a demostrar que el consenso político en torno a Chat Control es muy frágil.

¿Quién puede espiar tus mensajes y quién no? Así queda el tablero competitivo

La gran línea divisoria la traza el cifrado. Las aplicaciones que implementan cifrado de extremo a extremo (E2EE) no pueden, técnicamente, leer los mensajes de sus usuarios sin romper esa protección. Por tanto, quedan excluidas de la posibilidad de escaneo. Este nuevo paradigma, sitúa a WhatsApp, iMessage y Signal como los grandes refugios de la privacidad, mientras que plataformas como Discord, Microsoft Teams o los servicios de correo electrónico tradicionales se convierten en candidatas naturales al monitoreo.

Facebook Messenger y Telegram ocupan una zona gris. Messenger solo aplica cifrado extremo a extremo si el usuario lo activa manualmente, por lo que, en su configuración por defecto, sí podría ser escaneado. Telegram, por su parte, solo protege los ‘chats secretos’; las conversaciones habituales y los canales públicos quedan expuestos. RCS, el estándar que impulsa Google para sustituir a los SMS, también está a medio camino: con cifrado activo no se puede escanear, pero no todos los operadores lo han desplegado.

En la práctica, esta fragmentación configura un mercado de dos velocidades. Las empresas que basan su propuesta de valor en la privacidad salen reforzadas, mientras que las que dependen del análisis de contenido para su modelo de negocio —publicidad, moderación automatizada— ganan una cobertura legal para seguir haciéndolo. La medida deja un panorama incierto tanto para los usuarios como para los inversores que apuestan por el sector de la mensajería.

El verdadero riesgo no está en la prórroga voluntaria de 2028, sino en el precedente que deja sobre la mesa: la posibilidad de que futuras legislaciones obliguen a todas las aplicaciones a abrir sus sistemas de cifrado.

Un precedente que inquieta al sector: ¿y si Bruselas obliga a romper el cifrado?

La lectura de mercado más relevante de Chat Control no se encuentra en la medida en sí, sino en lo que anticipa. La Unión Europea ya ha demostrado con el DMA y la AI Act que no le tiembla el pulso a la hora de imponer obligaciones estructurales a las grandes tecnológicas. El siguiente paso natural, si la presión social y política aumenta, sería exigir a todas las plataformas de mensajería —incluidas las que hoy quedan exentas— que implementen sistemas de escaneo, lo que implicaría debilitar o eliminar el cifrado extremo a extremo.

Para el ecosistema español este debate tiene aristas particulares. En nuestro país, WhatsApp acapara más del 90 % del tráfico de mensajería móvil, por lo que el impacto directo de la normativa actual sobre el ciudadano medio es casi nulo. Sin embargo, herramientas como Discord, muy utilizadas por comunidades de ‘gamers’ y creadores de contenido, y las plataformas de correo electrónico o colaboración empresarial (Teams, Slack), sí podrían empezar a aplicar políticas de escaneo que afecten a millones de trabajadores y consumidores.

A los inversores en el sector tecnológico europeo les conviene seguir muy de cerca los próximos movimientos. Si Bruselas endurece su posición y obliga a romper el cifrado, las empresas de mensajería que operan en el continente se enfrentarían a un dilema existencial: cumplir con la ley a costa de perder la confianza de sus usuarios, o retirarse del mercado europeo. El debate sobre la privacidad frente a la seguridad, que parecía adormecido, vuelve a estar más vivo que nunca.

Zelenski anuncia acuerdo drones Ucrania-EE.UU. por 50.000 millones tras pruebas exitosas

Zelenski ha confirmado que el Pentágono prueba drones ucranianos con resultado positivo, desbloqueando el acuerdo de producción de hasta 50.000 millones de dólares.

La confirmación llegó este jueves durante una comparecencia ante los medios, apenas un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se comprometiera en la cumbre de la OTAN en Ankara a conceder a Ucrania una licencia para fabricar sus propios interceptores Patriot, un objetivo largamente anhelado por Kiev.

Por qué el acuerdo de drones se desbloquea ahora

Kiev presentó la propuesta de asociación multimillonaria hace más de un año. Desde entonces, las señales desde Washington habían oscilado entre el escepticismo y el silencio. Hace apenas un mes, altos funcionarios estadounidenses mantenían un tono frío en público. La declaración de Zelenski de que las pruebas están en marcha y son bien recibidas marca el primer movimiento real en meses.

«Hemos visto ya drones aéreos y marítimos en manos del Pentágono», dijo Zelenski al Military Times. «Esas pruebas están en curso y estamos recibiendo una retroalimentación muy positiva. Después pasaremos a la siguiente etapa, al acuerdo de drones». La siguiente etapa, sin embargo, sigue sin firmarse.

El acuerdo completo, valorado por Zelenski entre 35.000 y 50.000 millones de dólares, establecería una empresa conjunta al 50% que recurriría a hasta 200 empresas ucranianas. La iniciativa, bautizada formalmente como ‘Drone Deal Initiative‘ en la cumbre de la OTAN de Ankara del pasado 7 de julio ya ha generado acuerdos bilaterales de drones con varios países aliados.

La urgencia de Kiev no nace sólo de la necesidad de proyectar fuerza. Ucrania fabricó 100.000 drones interceptores baratos en 2025 y duplicó el ritmo en los primeros cuatro meses de 2026, según datos del Estado Mayor. Estos sistemas, de coste muy inferior al de un misil antiaéreo tradicional, están asumiendo cada vez más el derribo de drones Shahed rusos. En mayo, Ucrania interceptó el 92% de los Shahed lanzados, en buena medida gracias a ellos. Pero la producción masiva y la transferencia de tecnología al socio estadounidense prometen un salto de escala.

La clave no es solo lo que Ucrania puede recibir, sino lo que ya está en condiciones de ofrecer: sistemas de combate probados en la guerra más intensa de las últimas décadas.

La licencia Patriot, la otra urgencia

En paralelo, la licencia para producir misiles Patriot representa una segunda línea de desbloqueo. Trump la anunció en Ankara sin vincularla explícitamente al acuerdo de drones, pero ambas confluencias apuntan a una misma dirección: Washington empieza a tratar a su socio como un igual industrial y tecnológico.

La escasez de interceptores Patriot se ha convertido en una emergencia silenciosa. Según un análisis del CSIS, durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán esta primavera, las defensas del Golfo dispararon 1.430 misiles Patriot en solo 39 días. Ese consumo fulminante vació los inventarios que Ucrania esperaba recibir. Para finales de abril, tripulaciones ucranianas disparaban un único interceptor contra salvas de misiles balísticos entrantes, cuando el protocolo estándar exige entre dos y cuatro. El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat, describió la situación como ‘ración de hambre’.

El ataque ruso del 9 de julio, con 68 misiles y 351 drones, fue un recordatorio de lo que cuesta cada interceptor que falta. Una línea de producción ucraniana de Patriot, combinada con la capacidad industrial de Estados Unidos, aliviaría la presión sobre un sistema que es la columna vertebral de la defensa aérea de Europa del Este.

Zelenski

Equilibrio de Poder

El movimiento tiene consecuencias que van más allá del campo de batalla ucraniano. Al poner a prueba y coproducir drones con Ucrania, Estados Unidos valida una capacidad industrial que hasta ahora había mirado con recelo. Para la OTAN, la apuesta es doble: refuerza a un socio que la inteligencia aliada, con el aval de los 32 miembros, considera indispensable para disuadir a Rusia —una evaluación que advierte de un posible ataque a un Estado miembro en 2029—, al tiempo que abre la puerta a un modelo de asociación que algunos miembros del flanco sur, incluida España, observan con atención.

El precedente histórico más cercano es la colaboración estadounidense con Israel en el desarrollo de la Cúpula de Hierro, un sistema que empezó como una transferencia tecnológica condicionada y acabó convirtiéndose en un producto de defensa global en el que Washington invierte miles de millones. Con Ucrania, el esquema podría repetirse: sistemas no tripulados de bajo coste y alta eficacia, probados en combate, que pasarían a formar parte del arsenal estadounidense y de sus aliados.

Para España, el acuerdo refuerza un principio ya visible en Rota y Morón: la Península es plataforma logística y de mando para operaciones de la OTAN en el flanco este. La aceleración de la producción de misiles Patriot en Ucrania podría liberar inventarios europeos, pero también exigirá compromisos industriales y financieros adicionales, justo cuando Moncloa negocia con Trump la senda del 5% del PIB en defensa. El Ministerio de Defensa español, que cuenta con una batería Patriot desplegada en Turquía bajo mando OTAN, tendrá que evaluar cómo encaja esta nueva capacidad europea en sus planes de modernización.

La lectura a diez años es ambivalente. Si Ucrania se convierte en un polo de producción de defensa integrado en el ecosistema estadounidense, el centro de gravedad industrial de la OTAN se desplazará hacia el este, un proceso que Bruselas intenta contrarrestar con programas como el FCAS hispano-franco-alemán. El riesgo es que la propia autonomía estratégica europea quede fragmentada entre quienes se asocian directamente con Washington y quienes apuestan por una base industrial continental. La realidad, sin embargo, es que los calendarios no esperan: la próxima cumbre de la OTAN, prevista para 2027, deberá medir los frutos de este nuevo entendimiento, o su fracaso.

Mientras, los drones ucranianos siguen volando y los Patriot escasean. La geopolítica, esta vez, se mide en alas giratorias y misiles bajo mínimos.

Vox acepta por primera vez una enmienda de Aliança Catalana en el Parlament

Vox ha aceptado por primera vez una enmienda de Aliança Catalana en una moción propia debatida este jueves en el Parlament de Cataluña. La iniciativa, que vinculaba el turismo sanitario a la saturación asistencial y la mala calidad de la sanidad pública en Cataluña, fue rechazada por la mayoría de la cámara, con el único apoyo de Vox, Aliança y PP.

La propuesta de Vox: atajar el ‘turismo sanitario’ con datos concretos

La enmienda, incorporada a una moción del Grupo Parlamentario Vox, planteaba «acabar con el turismo sanitario» y citaba expresamente el hospital infantil Sant Joan de Déu como uno de los centros con mayor número de pacientes extracomunitarios que viajan exclusivamente para recibir atención médica. El texto denunciaba la sobresaturación del sistema público de salud y reclamaba medidas urgentes para priorizar a los residentes.

El redactado final fue fruto de una negociación directa entre los dos grupos. Según confirmaron fuentes parlamentarias a Efe, el grupo de Ignacio Garriga en el Parlament se puso en contacto con Aliança para acordar el texto. Este gesto, en el que Vox dejó de lado cualquier dogma lingüístico, es significativo: la enmienda se mantuvo íntegramente en catalán, mientras el resto de la moción figura en castellano.

Una votación con respaldo limitado: solo PP y Aliança apoyaron el punto

Sometido a votación este jueves, el punto recibió el apoyo de los once diputados de Vox, los tres de Aliança Catalana y los tres del Partido Popular. Sin embargo, los grupos mayoritarios —PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP— votaron en contra, lo que hizo decaer la enmienda. La aritmética parlamentaria, con una amplia mayoría independentista y de izquierdas, impidió la aprobación.

No obstante, el hecho de que tanto Vox como el PP coincidieran en el voto favorable refuerza la idea de un frente común en torno a la defensa de la sanidad pública frente a lo que consideran un abuso del sistema. La derrota parlamentaria no oculta la importancia del cruce de posiciones.

El gesto de Vox, que acepta por primera vez una enmienda de Aliança Catalana, demuestra que la formación prioriza los problemas reales de los ciudadanos —la presión sobre la sanidad pública— por encima de las trincheras políticas.

Una estrategia de flexibilidad en Cataluña

La dirección de Vox en Cataluña, liderada por Ignacio Garriga, interpreta este movimiento como una muestra de madurez táctica. Por primera vez, la formación de Santiago Abascal incorpora una propuesta de un partido independentista en una iniciativa propia, algo que hasta ahora solo había ocurrido a la inversa, cuando Vox transaccionó enmiendas a textos de Aliança, como en mayo de 2025 con la moción contra el velo islámico.

Este pragmatismo no implica un acercamiento ideológico, sino la voluntad de buscar mayorías alternativas en asuntos que afectan al día a día de los catalanes. Que el texto se haya aprobado en catalán sin fricciones internas confirma además que Vox no instrumentaliza la lengua. La maniobra sitúa a la formación como un actor capaz de sumar apoyos transversales sin renunciar a sus principios, un mensaje que puede calar de cara a los próximos ciclos electorales.

Barik Mobile ya funciona en el iPhone: así pagas el transporte público en Bilbao (con limitaciones)

Bilbao da un golpe en la mesa de la movilidad digital y se convierte en la segunda gran metrópolis española con su tarjeta de transporte en el iPhone. La aplicación Barik Mobile, lanzada por el Consorcio de Transportes de Bizkaia, ya permite validar viajes en metro, autobús y tranvía sin la tarjeta física, aunque el modelo elegido evidencia las fricciones de un ecosistema de pagos que sigue sin abrirse del todo.

Claves de la operación

  • Bilbao se adelanta a Madrid en la digitalización del transporte en iOS. La tarjeta Barik se suma a la T-mobilitat de Barcelona en el club de sistemas que funcionan en iPhone, mientras la capital sigue sin fecha confirmada para su abono.
  • La aplicación unifica recarga y validación, pero exige un paso extra. A diferencia de las integraciones nativas en Wallet, es necesario abrir Barik Mobile y pulsar «validar» antes de acercar el teléfono al lector NFC, una limitación técnica que comparten Barcelona y otras ciudades.
  • Las tarjetas anónimas se quedan fuera sin una visita presencial. Solo se pueden virtualizar automáticamente los títulos personalizados; los usuarios con tarjeta anónima deben registrarse primero en una oficina, lo que rompe la promesa de digitalización plena.

Una app que unifica, pero no integra

El Consorcio de Transportes de Bizkaia ha conseguido lo que Madrid aún no ha logrado: lanzar una versión para iOS de su sistema de pago contactless. Barik Mobile reúne en una sola app la recarga de títulos, la consulta de saldo y la validación del viaje, simplificando el camino que en Barcelona exige dos aplicaciones distintas. La aplicación es gratuita y está disponible en la App Store desde principios de julio de 2026.

Sin embargo, la experiencia en iPhone está lejos de la fluidez que ofrecen las tarjetas integradas en Apple Wallet. Para acceder al metro o al autobús, el usuario debe desbloquear el teléfono, abrir Barik Mobile, pulsar el botón de validación y, solo entonces, acercar el dispositivo al lector. En Android, en cambio, basta con llevar el móvil desbloqueado y con el NFC activo. La diferencia es relevante: cada validación en iPhone añade unos segundos de fricción que, en horas punta, pueden generar colas o errores.

La carrera por digitalizar el transporte: Madrid, la gran ausente

El lanzamiento de Barik Mobile en iOS sitúa a Bilbao por delante de Madrid en la competición por la movilidad digital. Mientras que la capital arrastra retrasos en la prometida llegada de su abono a iPhone, Barcelona y Bilbao ya ofrecen soluciones, aunque sean imperfectas. La T-mobilitat catalana desembarcó en marzo de 2025 y, aunque también exige abrir la app Cartera Electrònica para validar, al menos demostró que era posible. Bilbao va un paso más allá al unificar en una sola herramienta la recarga y la validación, lo que reduce la complejidad para el usuario.

La digitalización del transporte en España avanza a dos velocidades, lastrada por la ausencia de integración nativa con Wallet en los sistemas autonómicos.

La tensión entra la experiencia de usuario y el control del operador

El caso de Barik Mobile ilustra una tensión de fondo que va más allá de Bilbao. Los operadores de transporte público en España, como los de Cataluña o Euskadi, han optado por desarrollar aplicaciones propias que gestionan las claves criptográficas de los títulos, en lugar de ceder el control a Apple Wallet. Esta decisión les permite evitar las comisiones que Apple cobraría por cada operación con Express Transit, pero traslada la fricción al pasajero.

La alternativa —integrar la tarjeta Barik en Wallet como una «Express Transit Card»— no es técnicamente sencilla ni gratuita. Implica acuerdos con Apple, adaptaciones en los validadores y una gobernanza compartida que muchos consorcios prefieren esquivar. Mientras tanto, ciudades como París o Londres ya disfrutan de una experiencia fluida en iPhone gracias a esa integración nativa. El resultado en España es un mosaico de soluciones que, aunque funcionales, dejan al usuario la impresión de estar usando un parche en lugar de una verdadera digitalización.

En esta redacción entendemos que la apuesta de Bilbao por Barik Mobile es un avance real y necesario. Sin embargo, el hecho de que una parte de los usuarios —los de tarjeta anónima— necesite acudir a una oficina para empezar a usar una herramienta que se vende como la vía rápida para dejar atrás el plástico choca frontalmente con la idea de digitalización. Es un recordatorio de que la tecnología solo acelera lo que la burocracia permite, y no al revés.

Para los que ya pueden activarla, el servicio funciona sin conexión a internet y admite recargas con Apple Pay, Bizum o tarjeta bancaria. El sistema no permite tener activos a la vez el soporte físico y el digital de una misma tarjeta personalizada, una medida coherente para evitar usos fraudulentos. Los menores de 15 años, de momento, siguen con la tarjeta física. Y quedan algunos puntos ciegos: no se puede usar el móvil en el transbordador de Portugalete, la Barquilla del Puente Colgante ni en ciertos aparcamientos disuasorios del Metro Bilbao.

El GNL de EE.UU. se dispara: Venture Global sube sus tarifas un 69% por la guerra con Irán

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Venture Global, segundo exportador de GNL de EE.UU., ha disparado un 69% sus tarifas de licuefacción en el segundo trimestre por la interrupción de los suministros cataríes debido a la guerra con Irán.
  • ¿Quién está detrás? La campaña de bombardeos estadounidense-israelí sobre Irán ha colapsado la infraestructura de Ras Laffan (Catar) y ha redirigido los flujos globales de gas hacia el mercado spot, beneficiando a los exportadores norteamericanos.
  • ¿Qué impacto tiene? Los precios del GNL en Europa se mantienen un 50% por encima de los niveles previos al conflicto, con España —que cuenta con el 30% de la capacidad de regasificación europea— sintiendo el encarecimiento en su factura energética.

El conflicto en Oriente Medio ha disparado un 69% las tarifas de licuefacción de Venture Global, el segundo mayor exportador de gas natural licuado de Estados Unidos, según un documento regulatorio presentado esta semana. La guerra con Irán, desencadenada por los bombardeos conjuntos de Washington y Tel Aviv a finales de febrero, ha estrangulado las rutas de suministro desde Catar y ha colocado a los exportadores estadounidenses en una posición de poder inédita.

El conflicto que estrangula el suministro y dispara los precios

La ofensiva sobre Irán y los posteriores ataques de represalia iraníes contra la infraestructura energética de Catar, en especial el centro de Ras Laffen, han cercenado aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de GNL. Washington, en un intento de cubrir el vacío, ha acelerado el envío de cargamentos desde sus terminales del Golfo de México, llevando las exportaciones a niveles récord.

El efecto sobre los mercados ha sido inmediato: los precios del gas asiático se duplicaron en la semana siguiente a los primeros ataques, mientras que los precios europeos se mantienen casi un 50% por encima de los niveles previos a la guerra. La Unión Europea, que había sustituido buena parte de su gasoducto ruso por GNL estadounidense tras la invasión de Ucrania, se ha vuelto especialmente vulnerable a esta nueva crisis energética.

Los ganadores de la crisis: Venture Global y el GNL estadounidense

Entre los grandes beneficiados está Venture Global. Su tarifa media ponderada de licuefacción, es decir, el coste que cobra por enfriar el gas para su transporte marítimo, ha saltado de 3,82 dólares por millón de unidades térmicas británicas (TBtu) en el primer trimestre a 6,45 dólares en el segundo. La compañía, que tiene una mayor exposición al mercado spot que muchos de sus rivales —que venden la mayor parte de su producción bajo contratos a largo plazo—, puede capturar con más rapidez las subidas repentinas de precios.

Los datos de la empresa reflejan el movimiento: en el segundo trimestre exportó 127 cargamentos de GNL, 37 desde la terminal de Calcasieu Pass y 90 desde la de Plaquemines, frente a los 38 y 92 del trimestre anterior. Pequeñas variaciones que, sumadas al encarecimiento, se traducen en ingresos récord.

Mientras el mundo se enfrenta a otra crisis energética, las terminales de GNL estadounidense se convierten en el salvavidas más caro de Europa.

La historia no es nueva para Venture Global: ya en la crisis energética de 2022, aprovechó la caída del gas ruso para vender cargamentos spot mientras su planta seguía oficialmente en construcción, lo que le valió demandas de grandes petroleras que acusaron a la firma de retener volúmenes contratados en favor de ventas más rentables. Ahora, su modelo de negocio vuelve a florecer.

No es el único. Analistas señalan a Cheniere Energy, otra gran exportadora de GNL estadounidense, como otro de los grandes ganadores de la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz. La persistencia del riesgo de navegación en la zona sigue presionando al alza los precios globales del gas.

Venture Global

Equilibrio de Poder

El escenario actual recuerda, salvando las distancias, a la crisis de 2022, cuando Europa giró de forma acelerada hacia el GNL estadounidense para romper su dependencia de Moscú. Ahora, con Irán y Catar fuera de juego, la dependencia de Washington se acentúa y otorga a la administración Trump una baza económica que ya está utilizando para presionar a sus aliados en otras mesas de negociación, incluido el gasto en defensa dentro de la OTAN.

Para España, la situación es ambivalente. El país cuenta con seis plantas de regasificación que representan casi un tercio de la capacidad total de la UE, lo que le convierte en un hub energético de primer orden. Sin embargo, la fuerte dependencia de las importaciones de GNL —que en 2025 cubrieron alrededor del 45% de la demanda de gas— hace que los precios internacionales se trasladen directamente a la factura eléctrica y al coste industrial. Cada dólar que sube el TBtu en el mercado global se traduce en una presión añadida sobre los presupuestos familiares y la competitividad de la economía.

En el plano estratégico, el conflicto de Irán y la reconfiguración de las rutas del gas refuerzan la necesidad de acelerar la diversificación energética, no solo hacia otros suministradores —como Nigeria o Estados Unidos, ya copados—, sino sobre todo hacia fuentes renovables propias. A largo plazo, cada crisis de fósiles subraya la urgencia de completar las interconexiones eléctricas con Francia y el despliegue de hidrógeno verde.

El riesgo más inmediato es que la escalada en Oriente Medio prolongue la disrupción más allá del verano de 2026, coincidiendo con la campaña de llenado de almacenes de gas para el invierno. Si eso ocurre, Europa podría enfrentar una nueva crisis de precios similar a la de 2022, con el agravante de que esta vez el grifo ruso está prácticamente cerrado y la alternativa catarí, seriamente dañada. Los próximos informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) serán clave para medir el impacto sobre las reservas estratégicas.

Conde de Floridablanca, el ministro de Carlos III que quiso reformar España

El lacre goteaba desde la vela sobre los pliegos del papel timbrado. Afuera, Madrid dormía ajena a lo que aquella mano menuda y firme rubricaba en nombre del rey. Era la primavera de 1767 y el fiscal José Moñino y Redondo, que apenas había cumplido treinta y nueve años, cosía con tres firmes trazos de pluma la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios de la Monarquía hispánica. No era la primera vez que un ministro de Carlos III se atrevía a tanto; pero quizá sí la primera en que un murciano salido de la nada se colocaba en el ojo mismo del huracán de las reformas ilustradas.

José Moñino y Redondo

Capítulo I: El fiscal que desafió a la Compañía

Moñino había llegado a la corte con el equipaje ligero de un jurista provinciano y la obstinación de quien se ha hecho a sí mismo. Nacido en Murcia en 1728, hijo de un modesto hidalgo de vara, estudió leyes en la universidad de Orihuela y pronto destacó como abogado en la chancillería de Granada. El fiscal general del Consejo de Castilla, Campomanes, supo ver en él a un aliado para la causa regalista: un hombre sin apego a los privilegios eclesiásticos y con la inteligencia suficiente para redactar dictámenes que no dejaran resquicio a la réplica. Cuando los motines populares de 1766 —los famosos “motines de Esquilache”— sacudieron Madrid y otras ciudades, Campomanes encargó al joven fiscal la tarea más delicada: investigar lo que se ocultaba tras las protestas. El Consejo Extraordinario que se reunió bajo secreto absoluto escuchó las conclusiones de Moñino: los jesuitas habían azuzado las revueltas, conspiraban contra el rey y predicaban doctrinas que cuestionaban la autoridad real. No hubo juicio público. El 2 de abril de 1767, la Pragmática Sanción de expulsión quedó sellada. Esa misma madrugada, en todos los colegios de la Compañía, los soldados irrumpieron como si se tratara de una guerra silenciosa.

El fiscal Moñino se convirtió en el hombre de moda. Carlos III, aquel monarca tímido y metódico que se levantaba cada día a las siete para cazar antes de despachar con sus ministros, vio en él al ejecutor ideal del reformismo borbónico. Le nombró embajador en Roma para negociar con el papa Clemente XIV la supresión definitiva de los jesuitas, misión que culminó en 1773 con el breve Dominus ac Redemptor. A cambio, el rey le concedió el título de conde de Floridablanca, un escudo con tres flores de lis y una divisa que parecía escrita para él: «Spero lucra» —espero ganancias.

José Moñino y Redondo

Capítulo II: La forja de un ministro ilustrado

En 1777, a la muerte del marqués de Grimaldi, Carols III elevó a Floridablanca a la Secretaría de Estado y del Despacho Universal, el cargo más alto de la administración. Era un salto de gigante. El conde se instaló en las oficinas del Palacio Real con un programa que él mismo había ido perfilando durante años: reforzar la autoridad del rey frente al papa y los obispos, limpiar las cuentas públicas, fomentar la agricultura, las manufacturas y el comercio, y extender el conocimiento por toda la Monarquía. No eran sueños. Eran cálculos.

Nada más tomar posesión, creó la Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, su tierra natal, y empujó la creación de otras muchas en las provincias. Impulsó el Canal de Castilla, la red de caminos reales —aún hoy el mapa de carreteras españolas conserva el trazo de sus proyectos— y en 1782 fundó el Banco Nacional de San Carlos, el primer banco moderno del país, que en 1856 acabaría convertido en el Banco de España. No había semana sin un real decreto: el conde firmaba órdenes para la introducción de nuevas máquinas textiles, para la roturación de tierras baldías, para la libertad de comercio de granos, para la dignificación de los oficios mecánicos. Quería una España que produjera, exportara y dejara de vivir de las rentas de las Indias y de la plegaria.

Pero el conde era también un animal político, y sabía que la reforma no se hacía con buenas palabras. «Todo poder que no se concentra se evapora», solía repetir a sus colaboradores, según recogen los despachos de la época. Por eso, en 1787, logró lo que nadie antes había osado: la creación de la Junta Suprema de Estado, una suerte de consejo de ministros colegiado que reunía a los secretarios de despacho bajo su presidencia. Era la primera vez que el gobierno de España funcionaba como un órgano colectivo, y el conde supo dotarlo de un documento que muchos historiadores consideran su testamento político: la Instrucción reservada a la Junta de Estado, un texto de ciento cuarenta y nueve artículos en el que Floridablanca delineaba la política que debía seguir la Monarquía en materia de economía, instrucción pública, obras públicas, ejército, marina y colonias. La idea central resuena aún: la prosperidad de la nación depende de la felicidad de los súbditos, y ésta, de la buena administración de la justicia y de la abundancia de los medios de subsistencia.

José Moñino y Redondo

Capítulo III: La Junta de Estado y la reforma imposible

Pero la realidad se empeñaba en contradecir al papel. Los privilegios de la Mesta, los gremios, los señoríos y la Iglesia ofrecían una resistencia sorda. El conde chocó con el poderoso Consejo de Castilla, que veía menguar sus atribuciones, y con los obispos, que denunciaban sus medidas regalistas. Las juntas provinciales de caminos se atascaban en pleitos interminables. Las Sociedades Económicas languidecían por falta de socios. Y los campesinos, a pesar de la libertad de comercio de granos decretada, seguían arruinándose con cada crisis de subsistencias. En 1789, cuando la Revolución Francesa estalló al otro lado de los Pirineos, Floridablanca sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies.

El conde reaccionó con alarma. Era un reformista, sí, pero ante todo un servidor del absoluto. Temía que las ideas revolucionarias contagiaran a España y que la figura del rey se viera amenazada. Así que cerró las aduanas de libros franceses —sobre todo los de Voltaire y Rousseau, que ya circulaban en ediciones clandestinas—, reforzó la censura, limitó la prensa periódica y ordenó internar a los extranjeros sospechosos. Los salones madrileños empezaron a decir que el conde, el gran reformador, se había vuelto reaccionario. El propio Campomanes, su antiguo mentor, se distanció. Floridablanca se quedó solo, protegido únicamente por la confianza del rey. Pero Carlos III murió en diciembre de 1788 y su sucesor, Carlos IV, era un hombre débil, dominado por su esposa María Luisa y por el ambicioso guardia de corps Manuel Godoy.

En 1792, Godoy convenció al nuevo monarca de que la continuidad del conde era un lastre. El desencadenante fue una carta en la que Floridablanca se oponía a la entrada de España en la guerra contra la Convención francesa. No le valió la prudencia. El 28 de febrero de aquel año, el rey firmó su cese fulminante. Le sustituyó el propio Godoy. El conde debió abandonar Madrid con un amargor que sus cartas apenas disimulan. Se retiró a Murcia, y de allí pasaría después a un destierro encubierto en la alcazaba de Pamplona y luego en la Ciudadela de Barcelona, donde permaneció recluido durante tres años. Las acusaciones fueron vagas: malversación, abuso de poder, descuido de la defensa del reino. Nada quedó probado. Pero para entonces ya no importaba la verdad: importaba que no estorbara.

Capítulo IV: El frío de una noche en Aranjuez

La noche del 17 al 18 de marzo de 1808, el alumbrado de aceite de las calles de Aranjuez apenas combatía la oscuridad. El pueblo, azuzado por el partido fernandino, había salido a la calle armado de palos y antorchas. Gritaban contra Godoy, pero también contra los ministros que recordaban del pasado. Jose Moñino, viejo, achacoso y olvidado, se hallaba aquella noche en su residencia de la villa cuando una turba forzó la puerta. Lo arrastraron por las calles empedradas entre insultos, y sólo la intervención de algunos soldados evitó que lo lincharan. Era el final de una época. El conde que había regido los destinos de España durante quince años caía víctima del mismo motín que, doce años antes, había pronosticado en sus informes secretos sin que nadie le hiciera caso.

Su caída fue el penúltimo acto de una vida que se apagaba. Lo encerraron en una celda del Alcázar de Segovia y luego en la cárcel de Murcia, de donde salió meses más tarde convertido en una ruina. Pero la historia aún le reservaba un giro cruel y grandioso. Cuando las tropas napoleónicas invadieron España y el país se alzó en armas, los miembros de la Junta Central Suprema, reunidos de urgencia en Aranjuez en septiembre de 1808, pensaron en él. Floridablanca, el gran ministro del despotismo ilustrado, fue llamado a presidir aquella Junta que se proponía gobernar en nombre del rey cautivo y organizar la resistencia. Era consciente de que apenas le quedaban fuerzas. Aceptó, sin embargo, como un último servicio a la corona.

Capítulo V: El último servicio a una España en llamas

Sus últimas semanas las pasó redactando bandos y exhortaciones patrióticas con el mismo pulso tembloroso que cuarenta años atrás había firmado la expulsión de los jesuitas. La Junta Central celebró su primera sesión bajo su presidencia el 25 de septiembre de 1808. El conde habló poco aquel día; sus colegas anotarían después que su mirada se perdía a veces en el vacío, como si ya viera el desenlace. El 20 de noviembre de 1808, en la modesta casa que habitaba en la villa de Murcia, fallecía sin aspavientos. Tenía ochenta años. El inventario de sus bienes fue tan escueto que apenas ocupó dos folios. El hombre que había manejado los millones del Real Erario murió casi pobre.

La imagen del conde ha oscilado desde entonces entre la del reformador visionario y la del burócrata que envejeció mal y acabó siendo desbordado por un mundo que ya no entendía. Quizá fue ambas cosas. La Moncloa (sic) que pretendió modernizar le sobrevivió apenas un siglo, y muchas de sus instituciones —la Junta de Estado, el Banco de San Carlos, los caminos reales— terminaron arrumbadas o transformadas hasta resultar irreconocibles. Pero su insistencia en que la prosperidad de una nación se mide por la felicidad de los que la habitan, expresada en el texto reservado de 1787, resuena como un eco no del todo extinguido en los despachos que hoy ocupan sus herederos políticos.