Trump destituye la comisión electoral: cesa a los dos últimos comisionados tras fallo del Supremo

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Donald Trump ha cesado a los dos comisionados demócratas de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), dejando sin miembros a la agencia bipartidista encargada de la administración electoral a pocos meses de las midterms de noviembre.
  • ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, amparándose en la reciente sentencia Slaughter del Tribunal Supremo, que amplía la capacidad del presidente para remover a altos cargos de agencias independientes.
  • ¿Qué impacto tiene? La EAC, clave para la certificación de sistemas de voto y la asistencia a los estados, queda sin quorum y sin liderazgo en un momento electoral crítico, lo que genera inquietud entre los socios europeos sobre la integridad del proceso.

El presidente Trump cesó este jueves a los dos únicos comisionados que quedaban en la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés), el organismo bipartidista que desde 2002 ayuda a los estados a administrar los procesos de votación. La destitución de Thomas Hicks y Benjamin Hovland —ambos demócratas— deja a la agencia sin capacidad de decisión a tan solo meses de las elecciones legislativas de noviembre. Un portavoz de la Casa Blanca justificó la medida en la potestad que otorga la sentencia Slaughter, dictada a finales de junio por el Tribunal Supremo, que eliminó las barreras para que un presidente pueda cesar a miembros de organismos federales considerados independientes. La comisionada republicana Christy McCormick había presentado su renuncia de forma voluntaria poco antes, por lo que ahora los cuatro sillones de la comisión están vacíos.

Un fallo del Tribunal Supremo que cambia las reglas

El caso Slaughter marca un antes y un después en el equilibrio de poderes dentro de la administración federal. Hasta ahora, la jurisprudencia de 1935 (Humphrey’s Executor) limitaba la capacidad del presidente para remover a los titulares de agencias independientes sin una causa justificada. Washington llevaba años discutiendo si esa protección debía seguir vigente. Con la nueva sentencia, el alto tribunal sienta las bases para un ejecutivo mucho más musculado, algo que el ala más conservadora del Partido Republicano defendía desde hace tiempo. La decisión otorga al presidente una libertad casi total para colocar a personas de su confianza en puestos que antes quedaban fuera del ciclo político.

Trump no tardó en aplicar la nueva doctrina. La EAC fue diseñada en 2002 precisamente para ser un espacio bipartidista y técnico, alejado de la política presidencial. Su misión —certificar los sistemas de voto que usan los estados y elaborar recomendaciones para los 50 estados— toca el corazón de la legitimidad electoral. La Casa Blanca entiende que hay que alinear ese organismo con la prioridad de «asegurar que cada voto legal cuente», como repitió el portavoz. Y para ello, una comisión que bloquea los planes del presidente se ha vuelto un estorbo.

La condena demócrata y la alarma de los expertos

La reacción de los legisladores demócratas no se hizo esperar. El senador por California Alex Padilla y el congresista por Nueva York Joe Morelle calificaron la purga de «parte de un plan para politizar las elecciones y permitir una interferencia aún más peligrosa». Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, recordó que el Congreso creó la EAC para ayudar a los estados a celebrar elecciones libres y seguras, y que la decisión de Trump deja a la agencia sin liderazgo y sin capacidad de cumplir sus funciones básicas.

Incluso desde el centro político se alzaron críticas. Matt Weil, del Bipartisan Policy Center, reconoció que la EAC ha funcionado sin cuórum buena parte de su historia, pero que los ceses son «algo sin precedentes» y «una pérdida significativa para una de las pocas instituciones federales diseñadas expresamente para la gobernanza bipartidista». La unanimidad con la que los tres comisionados cesados fueron confirmados por el Senado en su día da una idea de hasta qué punto la agencia estaba fuera del circuito de la confrontación partidista.

Con la sentencia Slaughter, el presidente se desprende del último freno institucional que le impedía moldear a su gusto los organismos electorales.

La Lógica de Washington

Visto desde dentro, el movimiento de Trump encaja con una estrategia de acumulación de poder ejecutivo que el Partido Republicano ha ido tejiendo década tras década. Ya en su primer mandato intentó imponer requisitos de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes, algo que los tribunales bloquearon entonces. La orden ejecutiva de 2025 que resucitó esa exigencia fue también frenada por los jueces. Ahora, con una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, la Casa Blanca tiene la cobertura legal para dar el siguiente paso: vaciar de facto una agencia que considera hostil y, llegado el momento, reconfigurarla con nuevos comisionados alineados con la agenda presidencial.

Este patrón, de hecho, ya se vio en los años ochenta, cuando Ronald Reagan relevó a miembros de la Comisión de Derechos Civiles en plena guerra por la interpretación de las leyes de igualdad. La diferencia es que ahora el blindaje judicial ha desaparecido. Trump no necesita buscar una causa: la sentencia Slaughter le basta. Para el electorado que le apoya, la idea de «limpiar las agencias» de burócratas no elegidos que obstaculizan el control de las elecciones suena a promesa cumplida.

Para España, la repercusión directa es escasa: no hay flujo comercial ni contratos públicos españoles que dependan de la EAC. Sin embargo, en los círculos diplomáticos europeos se sigue de cerca cualquier señal que ponga en duda la fiabilidad del proceso electoral estadounidense, porque las relaciones transatlánticas se negocian sobre la previsibilidad institucional de Washington. Cuando la agencia encargada de ayudar a los estados a organizar las elecciones queda descabezada, el ruido se traduce en informes de riesgo que llegan a Madrid y Bruselas.

Ficha del Caso

  • El caso: Donald Trump cesa a los dos comisionados demócratas de la EAC, dejando el organismo sin miembros a meses de las elecciones legislativas.
  • Datos clave: La sentencia Slaughter permite al presidente prescindir de miembros de agencias independientes sin justificación. La EAC fue creada por la ley HAVA de 2002 para asistir a los estados en la administración electoral.
  • Para España: Aunque el impacto económico es nulo, la inestabilidad institucional en pleno ciclo electoral preocupa a los socios europeos, que dependen de un interlocutor previsible en la Casa Blanca y el Congreso.

Primer consejo de ministros en Colombia: la cita que preocupa a las empresas españolas

Las grandes empresas españolas con intereses en Colombia contienen la respiración. Este viernes, el presidente electo Abelardo de la Espriella reúne en Barranquilla a su primer consejo de ministros, y las señales que salgan de ese encuentro pueden marcar el rumbo de miles de millones de euros en inversiones. La cita no es una mera formalidad: es la primera fotografía real del poder que gobernará el país a partir del próximo 7 de agosto.

De los dieciocho ministros que integrarán el gabinete, once han sido designados hasta ahora. La elección de nombres como Miguel Gómez Martínez en Hacienda o Mauricio Gómez Amín en Comercio, Industria y Turismo ha despertado más preguntas que certezas en los despachos de las multinacionales españolas. Vamos a contarlo desde el principio.

Un gabinete en construcción: quién es quién en el nuevo gobierno

La lista confirmada hasta este viernes ofrece un mosaico de perfiles técnicos, políticos y figuras cercanas al nuevo presidente. Junto a los ministros de Hacienda y Comercio —carteras que siguen con lupa desde la CEOE hasta el ICEX— destacan nombres como Rodrigo Lara Restrepo en Interior, Iván Alfonso Cancino González en Justicia o Elsa Margarita Noguera de la Espriella en Transporte. El equipo económico será determinante para saber si Colombia mantiene el rumbo aperturista que ha permitido a las empresas españolas consolidarse en sectores como la banca, las telecomunicaciones, la energía o las infraestructuras.

La elección de Miguel Gómez Martínez como responsable de Hacienda ha sido interpretada como un gesto hacia la ortodoxia fiscal, aunque los analistas esperan las primeras declaraciones para calibrar el margen real de gasto público. Por su parte, Mauricio Gómez Amín en la cartera de Comercio es visto como un perfil pragmático, pero sin experiencia directa en la negociación de tratados internacionales. El detalle que casi nadie cuenta es que Colombia tiene en vigor un Acuerdo Comercial con la Unión Europea que protege muchas de las inversiónes españolas, aunque un giro regulatorio interno podría erosionar esa seguridad jurídica.

Qué se juegan las empresas españolas en Colombia

Hablamos de un mercado donde compañías como Telefónica, BBVA, Grupo Santander, Mapfre, Naturgy o FCC facturan miles de millones cada año. Según datos del ICEX, la inversión acumulada española en el país supera los 30.000 millones de euros, repartidos en más de 800 empresas. Cualquier reforma fiscal que eleve la tributación de las multinacionales o cualquier intento de renegociar concesiones de infraestructuras afectaría de lleno a los balances de estas firmas. El cambio inquieta porque llega en un momento de desaceleración económica en la región y con otros países vecinos endureciendo las condiciones para el capital extranjero.

Las señales que esperan los inversores son concretas: que el nuevo ejecutivo confirme el respeto a los contratos en vigor, que no introduzca controles de cambio o restricciones a la repatriación de dividendos, y que las reglas del juego no se modifiquen de forma unilateral. El precedente de otras naciones latinoamericanas, donde las empresas españolas sufrieron cambios regulatorios traumáticos, planea sobre la reunión de Barranquilla.

El precedente que invita a la cautela

Conviene recordar que no es la primera vez que un cambio de gobierno en América Latina pone en vilo a las multinacionales españolas. En México, la cancelación del aeropuerto de Texcoco o los cambios en el sector energético durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador costaron miles de millones y varios arbitrajes internacionales. En Argentina, la expropiación de YPF a Repsol en 2012 sigue siendo un recordatorio de que las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana. No se trata de equiparar a Colombia con esos escenarios, sino de entender que el principal activo que busca el inversor extranjero es la seguridad jurídica, y esa seguridad se construye con gestos concretos desde el primer día de gobierno.

El stock de inversión española en Colombia ha crecido de forma sostenida durante dos décadas, en parte gracias a un marco regulatorio estable y a la percepción de que el país andino ofrecía un clima de negocios predecible. El interrogante ahora es si el nuevo gabinete de De la Espriella mantendrá esa inercia o imprimirá un sesgo más intervencionista. Por si fuera poco, la presencia de figuras con un discurso económico heterodoxo en la campaña electoral añade una capa de incertidumbre que se resolverá cuando el gobierno empiece a gobernar de verdad, no solo a reunirse.

La inversión acumulada española en Colombia supera los 30.000 millones de euros, repartidos en más de 800 empresas que observan con atención cada movimiento del nuevo gobierno.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Primer consejo de ministros del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebrado en Barranquilla con once de los dieciocho ministros designados. La reunión define las líneas maestras del nuevo gobierno antes de la toma de posesión del 7 de agosto de 2026.
  • Datos importantes: Más de 30.000 millones de euros de inversión acumulada española en Colombia, según el ICEX; más de 800 empresas españolas operan en el país. El nuevo gabinete incluye perfiles que generan incertidumbre en el sector empresarial, especialmente en las carteras económicas.
  • Resumen: La estabilidad regulatoria que sostiene las inversiones españolas en Colombia está a prueba. El tono y las primeras decisiones del gabinete De la Espriella serán determinantes para la confianza empresarial y la imagen-país del nuevo gobierno.

Llorca anuncia que la Ley del Suelo valenciana irá a las Corts tras el verano con 10 millones para colegios

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El president anuncia la tramitación de la Ley del Suelo y una inversión de 25 millones de euros para climatizar colegios.
  • ¿Quién está detrás? El Consell (gobierno valenciano) liderado por Juanfran Pérez Llorca (PP).
  • ¿Qué impacto tiene? La ley busca destrabar planeamientos urbanísticos y generar suelo para vivienda protegida; los fondos llegarán a los colegios públicos en los próximos meses.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado este jueves que la esperada nueva Ley del Suelo valenciana se presentará en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat) una vez concluido el período estival. El objetivo: agilizar los proyectos urbanísticos y combatir la escasez de viviendas.

Una ley para destrabar el urbanismo valenciano

Durante un desayuno informativo en València, Pérez Llorca detalló que la futura ley aspira a eliminar la burocracia que durante años ha bloqueado la construcción de viviendas. El Consell (el gobierno de la Generalitat, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros) trabaja en un texto que prioriza la ordenación del territorio antes que la urbanización, actualizando la Estrategia Territorial y los Planes de Acción Territorial para coordinar infraestructuras, vivienda, industria, transporte y medio ambiente.

Entre las novedades, se agilizarán los Planes Generales de los municipios y se introducirán nuevas herramientas como los Proyectos Habitacionales Locales, que permitirán disponer de suelo para vivienda protegida “de forma rápida, segura y con plazos claros”. Además, se contempla un Plan General más ágil y un Plan Urbanístico Simplificado para municipios pequeños o en riesgo de despoblación.

El president también explicó que el Consell identifica suelos dotacionales disponibles –como ya hace el Ayuntamiento de València junto a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades– y que “imagina” nuevos inmuebles con los bajos comerciales reservados para consultorios médicos o escuelas infantiles. Una medida que acerca la planificación del suelo a las necesidades reales de los barrios.

Climatizar las aulas, una asignatura pendiente para la Generalitat

En materia educativa, Pérez Llorca anunció que, a partir de la segunda quincena de julio, el Consell comenzará a transferir a los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros para climatización de cara al próximo curso. Se trata de una partida extraordinaria de 25 millones de euros, enmarcada en el plan Educlima, dotado total de 140 millones, que la Generalitat activó tras la desconvocatoria de la huelga del profesorado el pasado mes de mayo.

Junto a ello, el jefe del Consell confirmó que este mismo mes se iniciará la tramitación del plan Recole, dotado con 40 millones de euros (10 por anualidad), para que los ayuntamientos puedan rehabilitar los centros educativos de su propiedad. Las ayudas cubrirán sustituciones de cubiertas, carpintería o instalación eléctrica, entre otras mejoras. La medida llega tras meses de tensión con los sindicatos, que exigían inversión real tras años de recortes en el mantenimiento escolar.

La Generalitat quiere que la nueva Ley del Suelo sea el instrumento que rompa con una década de lentitud urbanística y acerque suelo asequible a las familias.

El Escenario Valenciano

El anuncio de la ley del suelo tiene una lectura claramente política y territorial. Juanfran Pérez Llorca necesita aprobar una normativa propia que desatasque el urbanismo valenciano, en un momento en el que la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios ocupan la agenda del Consell. La medida, que deberá pasar por las Corts tras el verano, cuenta con el apoyo de su socio de gobierno, Vox, que ha respaldado este tipo de iniciativas de simplificación administrativa. La oposición de PSPV y Compromís estará muy atenta a los detalles del texto, sobre todo en lo que respecta a la protección del territorio y la participación municipal.

A escala nacional, la Comunitat Valenciana se adelanta en la carrera por encontrar soluciones al problema de la vivienda, en un contexto en el que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa la reforma de la Ley del Suelo estatal. Valencia puede convertirse en un banco de pruebas de cómo agilizar la construcción sin descuidar la ordenación del territorio. La proyección es clara: la tramitación parlamentaria comenzará en septiembre u octubre y la ley podría estar aprobada a principios de 2027, justo antes de un nuevo ciclo electoral autonómico.

Ficha del Caso

  • El caso: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anuncia la futura Ley del Suelo valenciana y un paquete de inversiones de 25 millones para climatizar colegios, junto al plan Recole de 10 millones anuales para obras municipales en centros educativos.
  • Datos importantes: La Ley del Suelo busca agilizar los Planes Generales, crear herramientas como los Proyectos Habitacionales Locales y simplificar trámites para municipios despoblados. Las inversiones educativas incluyen transferencias directas a los centros y ayudas a los ayuntamientos.
  • Resumen: La Generalitat Valenciana da un paso legislativo para combatir la crisis de vivienda y, en paralelo, inyecta fondos urgentes para que los colegios públicos estén climatizados al inicio del próximo curso.

Gobierno de Canarias licita por 3,88 millones la nueva tubería de agua de La Graciosa

La Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado este jueves la licitación de las obras del nuevo tramo marítimo de la tubería de abastecimiento de agua potable a La Graciosa, con un presupuesto base de 3,88 millones de euros sin IVA. La actuación permitirá renovar una infraestructura estratégica que conecta Lanzarote con la octava isla desde 1997 y que acumula roturas y limitaciones de caudal en temporada alta.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha sacado a concurso la obra de la nueva tubería submarina entre Lanzarote y La Graciosa.
  • ¿Quién está detrás? La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que dirige Manuel Miranda.
  • ¿Qué impacto tiene? Garantiza un suministro de agua fiable para los residentes y turistas, eliminando cortes y mejorando la capacidad en los picos de demanda.

La tubería actual, instalada entre 1996 y 1997, está al límite. Las roturas se repiten y en verano la presión no alcanza para abastecer a la población flotante que multiplica los habitantes de la isla. La nueva conducción será íntegramente de polietileno, un material más flexible y resistente a la corrosión del agua marina. Se tenderán cerca de 1.220 metros de tubería submarina y otros 1.100 metros en los tramos terrestres de conexión.

El proyecto se ha tramitado por urgencia para ejecutar la obra durante los meses de septiembre y octubre, , cuando las condiciones del mar son más favorables y el impacto sobre la navegación es menor. La ubicación, dentro del Archipiélago Chinijo —Reserva de la Biosfera de Lanzarote y espacio de la Red Natura 2000— ha obligado a un intenso estudio ambiental de dos años. Batimetrías, cartografías de hábitats marinos y análisis de flora y fauna protegida han ralentizado los permisos, pero también han blindado la viabilidad ecológica de la intervención.

Una obra urgente en un entorno natural blindado

El consejero Manuel Miranda ha subrayado que «la publicación de esta licitación supone un paso decisivo para reforzar la garantía de abastecimiento de La Graciosa, especialmente en los momentos de mayor demanda». El contrato se licita por el procedimiento de urgencia, lo que acorta plazos y permite que las empresas presenten sus ofertas con la vista puesta en el inicio de las obras a finales del verano.

La nueva tubería no solo resolverá los cortes de suministro. Mejorará la eficiencia energética del bombeo y reducirá las pérdidas de agua en un sistema que ahora desperdicia parte del caudal por fugas. Todo ello en una isla que carece de recursos hídricos propios y depende por completo de la conexión con Lanzarote —una dependencia que la crisis del turismo postpandemia convirtió en urgencia.

La Graciosa lleva casi tres décadas colgada de una tubería que el Atlántico castiga sin tregua; cambiarla no es una opción, es una cuestión de supervivencia.

La financiación de casi 3,9 millones de euros sin impuestos procede de fondos propios de la comunidad autónoma. Canarias dedica anualmente más de 30 millones de euros a inversiones hidráulicas en todas las islas, con especial atención a las infraestructuras de abastecimiento en islas pequeñas como La Gomera o El Hierro. La obra de La Graciosa se suma a un plan más amplio de modernización que incluye desaladoras, depuradoras y redes de distribución obsoletas.

El Pulso Territorial

La isla de La Graciosa, con apenas 700 habitantes censados pero una población flotante que se dispara en verano, es un ejemplo de los desafíos hídricos del archipiélago canario. La dependencia de una única conexión submarina la convierte en un punto frágil: cualquier avería grave deja sin agua a toda la población. El Gobierno de Canarias ha priorizado esta obra dentro de su estrategia de cohesión territorial, consciente de que sin un suministro garantizado se resiente tanto la calidad de vida de los residentes como la actividad turística.

La tramitación ambiental ejemplifica la tensión entre desarrollo y conservación en las islas. El Archipiélago Chinijo alberga una de las mayores colonias de aves marinas del Atlántico y fondos marinos de alto valor ecológico. El proyecto ha tenido que incorporar medidas correctoras, como la instalación de la tubería en zanjas ya alteradas y la programación de los trabajos fuera de la época de nidificación. El resultado: una obra necesaria que ha tardado dos años en obtener todos los permisos, pero que sale a concurso con todas las garantías.

Con esta licitación, el ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con la seguridad hídrica de las ocho islas. Las próximas semanas serán clave para la adjudicación: si los plazos se cumplen, las máquinas llegarán a la costa de Órzola en septiembre. La Graciosa dejará de vivir con el miedo a quedarse seca cada verano.

Ficha Autonómica

  • El caso: La tubería que abastece de agua a La Graciosa desde Lanzarote está al borde del colapso tras casi 30 años de servicio. El Gobierno canario licita su sustitución con un presupuesto de 3,88 millones.
  • Datos importantes: 1.220 metros de conducción submarina y 1.100 terrestres de polietileno; tramitación de urgencia para instalar en septiembre-octubre; zona Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera.
  • Resumen: Publicada la licitación el 10 de julio de 2026, las empresas pueden presentar ofertas. Si se adjudica a tiempo, las obras empezarán en septiembre y garantizarán el suministro estable a la octava isla.

Canarias lidera el limbo de dependencia: 15.802 esperan prestación pese al tirón de la teleasistencia

Canarias cerró el primer semestre de 2026 con una cifra paradójica: fue la comunidad que más redujo la lista de espera de la dependencia —un 28,2%— pero también la que mantiene el mayor porcentaje de solicitantes sin prestación reconocida, un 18,3%.

La explosión de la teleasistencia y el retroceso de la ayuda a domicilio

El último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia revela que 15.802 personas aguardaban en las islas una resolución o un servicio efectivo al cierre de mayo. La cifra absoluta ha caído en 6.221 desde enero, la mayor reducción de toda España. Sin embargo, ese descenso convive con el dato más alto de limbo del país: casi uno de cada cinco solicitantes sigue esperando.

La clave de esta aparente contradicción está en la composición de las prestaciones concedidas. La teleasistencia se ha disparado un 182% en cinco meses, pasando de 4.382 a 12.356 usuarios, mientras que la ayuda a domicilio apenas cuenta con 551 beneficiarios, un retroceso respecto a los 1.434 de enero. Los centros de día y las plazas residenciales han experimentado incrementos muy modestos.

Este patrón no es casual. La teleasistencia, que cuesta al erario unos 15 euros al mes por persona, resulta mucho más económica que un servicio de atención domiciliaria o una plaza residencial. El Gobierno de Canarias ha optado así por una vía de contención presupuestaria que, a la vez, permite engrosar las estadísticas de beneficiarios con prestación reconocida.

Lo que los números esconden para las familias canarias

Para una persona dependiente, un pulsador de teleasistencia no sustituye a un cuidador que le ayude a levantarse, comer o asearse. La Asociación de Directores de Servicios Sociales califica la teleasistencia como prestación complementaria, no básica. Sin embargo, en Canarias ya representa más de la mitad de todas las prestaciones otorgadas en el primer semestre.

El contraste con otras comunidades es revelador. Cantabria, que también aumentó los beneficiarios un 12,5%, ha visto dispararse su lista de espera un 106%. Castilla-La Mancha, con un 25% de incremento en la espera, evidencia que la expansión de la teleasistencia no resuelve el atasco estructural. En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla redujeron la espera un 42% sin recurrir a este atajo.

La teleasistencia es un recurso valioso, pero convertirla en la respuesta por defecto equivale a cambiar el acompañamiento humano por una línea telefónica.

La presión sobre las familias canarias no cede. Quienes cuidan a un dependiente en casa siguen sin ver materializada la ayuda a domicilio que reclaman, mientras la administración suma líneas telefónicas que, aunque útiles, no cambian el día a día. El riesgo es que la teleasistencia se convierta en una coartada estadística para seguir sin invertir en cuidados presenciales.

El Pulso Territorial

En el Parlamento de Canarias, el ejecutivo que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP y otras fuerzas defiende que la gestión ha mejorado. La reducción de la lista de espera es el principal argumento. Pero los datos del IMSERSO dejan al descubierto una realidad más incómoda: el archipiélago encabeza el ranking del limbo, y lo hace con una cesta de servicios cada vez más volcada en la opción más barata.

El contexto autonómico añade tensión. La financiación de la dependencia depende en parte de fondos estatales, pero la ejecución corresponde a la comunidad. Canarias ha recibido en los últimos años partidas específicas por su condición de región ultraperiférica, pero el despliegue de servicios sigue atascado. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, pondrán a prueba si esta política de teleasistencia masiva convence al electorado que espera a que un familiar reciba una ayuda a domicilio que nunca llega.

La comparativa nacional no ofrece consuelo. Mientras la media de personas en lista de espera cayó un tímido 1,1%, Canarias logró un descenso del 28%, pero a costa de consolidar una brecha cualitativa en la atención. El reto no está solo en rebajar números, sino en garantizar que la prestación se ajuste a la necesidad real. Sin un aumento decidido de la inversión en ayuda a domicilio y plazas residenciales, el limbo canario puede hacerse crónico.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias registra el mayor porcentaje de solicitantes de dependencia sin prestación (18,3%) pese a haber reducido la lista de espera en más de 6.000 personas en el primer semestre de 2026. La teleasistencia se ha multiplicado por tres mientras la ayuda a domicilio cae a mínimos.
  • Datos importantes: 15.802 personas en lista de espera; 12.356 usuarios de teleasistencia (frente a 4.382 en enero); 551 ayudas a domicilio; 5.603 plazas de centro de día; 5.450 plazas residenciales.
  • Resumen: La apuesta por la teleasistencia ha permitido reducir la espera estadística, pero desvirtúa la calidad del sistema. La falta de servicios presenciales mantiene a miles de dependientes sin la atención que necesitan y plantea un desafío político de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

El crecimiento poblacional en Canarias alcanza el 31,6% desde 2000, diez puntos por encima de la media española

El archipiélago canario ha sumado más de medio millón de habitantes desde el año 2000, hasta rozar los 2,26 millones. Las fichas socioeconómicas de 2025 del Consejo General de Economistas (CGE) revelan un salto del 31,6% en un cuarto de siglo, diez puntos por encima de la media nacional. Un crecimiento demográfico que no se debe a los nacimientos, sino a un flujo constante de nuevos residentes.

Desde 2017, la diferencia entre alumbramientos y defunciones en Canarias es negativa. Las islas pierden población por sí mismas. Sin embargo, la llegada de vecinos, en su mayoría de origen extranjero, compensa y rebasa con creces ese vacío natural. La inmigración es el motor real del censo.

El tirón ha sido especialmente intenso en la provincia occidental. Santa Cruz de Tenerife ha visto crecer su censo un 32,81%, mientras que Las Palmas lo ha hecho un 30,52%. En las islas occidentales, además, uno de cada seis residentes ha nacido fuera de España (el 15,76%), ligeramente por encima de la media regional y claramente superior a la estatal.

El espejismo del crecimiento: por qué Canarias gana habitantes aunque la natalidad se desploma

Canarias es la quinta autonomía que más ha aumentado su población en estas dos décadas y media. Le adelantan Baleares (con un crecimiento explosivo del 47,8%), la Región de Murcia (38,08%), la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid (ambas en el 31,66%). La comparación con Baleares y Murcia dibuja un patrón común en territorios de fuerte atractivo turístico y residencial, donde la presión demográfica se acumula sobre espacios limitados.

Canarias cuenta ya con 545.225 residentes de origen extranjero, el 15,17% de su censo. Esa tasa supera en más de un punto la media nacional (14,2%) pero queda lejos del 21,67% de Baleares o del 19,46% de Murcia. La presión sobre la vivienda, las infraestructuras y los servicios se ha convertido en el verdadero cuello de botella de un crecimiento que nadie se atreve a limitar.

El crecimiento demográfico de Canarias no es un problema de nacimientos: es un reflejo de un modelo que atrae población sin que los servicios públicos puedan seguir el ritmo.

La respuesta política: comisiones, diagnósticos y ninguna medida concreta

El debate sobre el reto demográfico lleva años en la agenda del Parlamento de Canarias, pero sin traducción práctica. Se crearon dos comisiones —una en la pasada legislatura y otra en la actual—, , se convocó a expertos y se elaboró un dictamen. Sin embargo, lo único que ha salido de allí ha sido un documento diagnóstico. Ninguna ley, ningún límite, ninguna herramienta para gestionar el crecimiento.

Al contrario: el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) ha votado en contra de restringir la compra de vivienda por parte de extranjeros y ha descartado cualquier tipo de ley de residencia. El presidente Fernando Clavijo ha preferido trasladar el debate a Bruselas. Mientras tanto, en las islas su Ejecutivo se afana en agilizar la construcción de más viviendas y en fijar población en los municipios rurales.

El Pulso Territorial

Canarias es la única autonomía de las comparadas —a excepción de Baleares— que combina un crecimiento demográfico vertiginoso con un territorio extremadamente fragmentado. Las ocho islas suman una superficie de solo 7.447 km², y la llegada de 18 millones de turistas al año multiplica por diez la presión sobre el terreno. A dos años de las próximas elecciones autonómicas, el Ejecutivo de Clavijo se enfrenta a un dilema incómodo: seguir alimentando un modelo basado en el ladrillo y la atracción residencial o asumir que el límite lo pondrá, tarde o temprano, el colapso de las infraestructuras básicas. La pobreza estructural y la exclusión social añaden una capa de urgencia que los diagnósticos parlamentarios no resuelven.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias experimenta un crecimiento poblacional del 31,6% desde 2000, diez puntos por encima de la media española, impulsado por la llegada de extranjeros y en medio de un desplome de la natalidad.
  • Datos importantes: 2.258.866 habitantes en 2025, 545.225 de origen extranjero (15,17% del censo). La provincia de Santa Cruz de Tenerife lidera el aumento (32,81%) y tiene mayor proporción de residentes foráneos (15,76%).
  • Resumen: El Gobierno autonómico de CC y PP, tras años de comisiones sin medidas concretas, apuesta por la construcción y el traslado del debate a Bruselas. La presión sobre la vivienda y los servicios públicos no encuentra respuesta legislativa efectiva.

El Gobierno usa su voto de calidad para nombrar al nuevo director del Parc Central mientras el PP bloquea a Bernabé

El Gobierno central ha hecho valer esta misma semana su voto de calidad para nombrar a Vicente Palomo como nuevo director gerente de la Sociedad Parc Central, la empresa pública que gestiona la integración ferroviaria en la ciudad de Valencia. La decisión, adoptada en una tensa sesión del consejo de administración, ha contado con el rechazo frontal del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana, ambas bajo el control del Partido Popular.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ejecutivo ha utilizado su voto de calidad para designar a Vicente Palomo director gerente de la Sociedad Parc Central, con el rechazo del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat.
  • ¿Quién está detrás? El Ministerio de Transportes y Adif, frente al PP de María José Catalá en el consistorio y al Consell. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sigue sin ser nombrada consejera.
  • ¿Qué impacto tiene? La imposición del nombre desbloquea la gerencia, pero enquista la guerra política en una entidad crucial para proyectos como el túnel pasante y la conclusión del Corredor Mediterráneo.

Un voto de calidad para desbloquear la gerencia

El relevo en la dirección de la Sociedad Parc Central se arrastraba desde mayo, cuando la jubilación del anterior gerente dejó vacante el puesto. Tras una primera sesión sin acuerdo, el consejo volvió a reunirse este jueves con dos posturas enfrentadas. Por un lado, el Ministerio de Transportes defendía la única candidatura formal presentada: Vicente Palomo, ingeniero de caminos con una larga trayectoria como jefe de la unidad técnica de la Oficina del Corredor Mediterráneo y profesor asociado en la Universitat Politècnica de Valencia. Por el otro, el Ayuntamiento que dirige María José Catalá proponía a Julio Gómez-Perretta, arquitecto que compareció en las comisiones de investigación de la DANA criticando la falta de obras hidráulicas.

Sin posibilidad de consenso, el Ejecutivo central echó mano del voto de calidad que le otorga su peso en el organismo —participado a tres bandas entre la Administración General del Estado, la Generalitat y el consistorio. Fuentes de Transportes defienden a Palomo como “un perfil técnico, solvente, con experiencia y un amplio consenso en el sector”, y subrayan que era la única propuesta formal sobre la mesa. La alcaldesa Catalá, sin embargo, denunció de inmediato una “imposición” y recordó que Palomo fue asesor en la conselleria de Vivienda durante la etapa del PSPV, lo que para el PP local tiñe su designación de partidismo.

El veto a Bernabé: un bloqueo político desde febrero

La batalla por la gerencia es solo una pieza más de un conflicto que se enquista desde hace meses. El Gobierno lleva desde febrero intentando que Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, entre como consejera en la Sociedad Parc Central. El consistorio y la Generalitat, bloqueando el movimiento, han convertido el asunto en un intercambio de cromos: Catalá condicionaba el desbloqueo de Bernabé a que se aceptara su candidato para la gerencia.

Ese trueque ha saltado por los aires. En la sesión de este jueves, el punto sobre Bernabé volvió a quedar sobre la mesa sin avances. “Estamos ante un veto político, algo que no había ocurrido nunca en la trayectoria de la sociedad”, remarcan en el Ministerio. La dirigente socialista será la rival del PP en las próximas elecciones municipales, lo que añade un evidente componente electoral a la maniobra. El equipo de Catalá, no obstante, replicó con un comunicado en el que acusan al Gobierno de “no haber querido ni sentarse a consensuar” el nombre del nuevo director gerente, y añaden que el Ejecutivo “deja caer” a la delegada.

La guerra política , en cambio, no es solo una cuestión de despachos. Mientras los vetos se cronifican, las decisiones sobre el túnel pasante y la integración ferroviaria de Valencia siguen necesitando un timón claro. La imposición del voto de calidad puede desatascar la gestión diaria, pero deja una herida de confianza entre las administraciones que, tarde o temprano, pasará factura a los plazos de los proyectos.

El Ejecutivo central ha impuesto su criterio para desbloquear la gerencia, pero el veto a Bernabé demuestra que la verdadera partida se juega en el tablero electoral.

El escenario Valenciano

La bronca en la Sociedad Parc Central es el reflejo local de un choque que trasciende la batalla por las infraestructuras. A nivel autonómico, el Consell que preside Carlos Mazón se alinea con el Ayuntamiento de Valencia en una pinza institucional contra la delegada del Gobierno. La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer valer el voto de calidad se lee, en las filas populares, como una interferencia en el tablero local a un año vista de las municipales. A escala nacional, el episodio enciende otro frente entre el PP y el PSOE, que ya arrastran desencuentros por la financiación autonómica y la gestión de los fondos de la DANA. El Ministerio defiende el perfil técnico de Palomo, pero la política ha inundado el órgano rector.

Lo que viene ahora es previsible: el nuevo gerente tomará posesión entre recelos, mientras Bernabé seguirá al otro lado de la puerta. La próxima Junta General de la sociedad tendrá que retomar el eterno punto del orden del día, pero con una confianza aún más resquebrajada. Y mientras los consejeros no se sienten, el túnel pasante y la integración del ferrocarril en la ciudad —proyectos de interés estatal que requieren financiación a largo plazo— permanecen a la espera de una gobernanza que esta semana ha demostrado estar rota.

Ficha del Caso

  • El caso: La Sociedad Parc Central, ente público que gestiona la integración ferroviaria de Valencia, ha vivido una sesión clave en la que el Gobierno central usó su voto de calidad para imponer a Vicente Palomo como director gerente.
  • Datos importantes: Palomo es ingeniero de caminos y exjefe de la Oficina del Corredor Mediterráneo. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sigue vetada como consejera desde febrero. El Ayuntamiento y la Generalitat, gobernados por el PP, rechazan la designación.
  • Resumen: La guerra política en la sociedad gestora del túnel pasante se ha saldado con una imposición técnica que, sin embargo, no desactiva el conflicto de fondo: el PP mantiene el bloqueo a Bernabé, candidata socialista a la alcaldía de Valencia.

El Parlamento Europeo reactiva Chat Control con enmienda de última hora que excluye a WhatsApp

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo ha devuelto al Consejo de la UE el proyecto de ley contra el abuso sexual infantil, conocido como Chat Control, con una enmienda que impide el escaneo en servicios de mensajería cifrados de extremo a extremo como WhatsApp y Signal.
  • ¿Quién está detrás? La Eurocámara, tras una votación confusa este jueves 9 de julio de 2026, que desactivó un último intento del PPE por reactivar un régimen ya rechazado en marzo.
  • ¿Qué impacto tiene? La ley vuelve a los Veintisiete: si el Consejo no acepta estos cambios, se abrirá un procedimiento de conciliación poco habitual. Mientras, las tecnológicas siguen sin base legal para rastrear material de abuso infantil, lo que afecta a plataformas como Meta y, en España, a la protección de menores en entornos cifrados.

El Parlamento Europeo ha enviado este jueves de vuelta al Consejo de la UE el controvertido proyecto de ley sobre escaneo de mensajes para combatir el abuso sexual infantil, con una enmienda clave que excluye a los servicios con cifrado de extremo a extremo del alcance de la norma. La votación, marcada por la confusión y una maniobra de última hora del Partido Popular Europeo, significa que WhatsApp y Signal se mantienen fuera del perímetro de vigilancia que Bruselas intenta restaurar.

La sesión en Estrasburgo utilizó un procedimiento poco frecuente, activado a petición de los populares europeos para intentar salvar un régimen que la propia Eurocámara había tumbado ya en marzo. Esta vez bastaba con una mayoría simple para aprobar el texto, pero el mecanismo generó tal desconcierto que una eurodiputada llegó a dirigirse a la vicepresidenta de la Cámara, Sophie Wilmès, con un ‘no sabemos qué estamos votando’.

Una enmienda a última hora para salvar el cifrado

El Parlamento Europeo ha incluido cambios que garantizan que el escaneo no se aplique a los servicios con cifrado de extremo a extremo. Esta modificación se produjo en el último minuto, antes de que el texto volviera al Consejo, y responde a una de las principales líneas rojas de los defensores de la privacidad digital: la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Para WhatsApp, Signal y otras plataformas similares, la enmienda supone una victoria temporal, aunque la batalla legislativa no ha terminado.

La ley, conocida como Chat Control, se ha convertido en uno de los expedientes más divisivos del mandato europeo. Bruselas insiste en que es necesaria para que las empresas tecnológicas puedan detectar material de abuso sexual infantil (CSAM) de forma voluntaria, algo que ahora carece de base jurídica desde que expiró en abril la ley temporal anterior. De hecho, la situación actual ha generado un vacío legal que preocupa a las asociaciones de protección de menores.

Votación caótica y el fantasma de la conciliación

El procedimiento escogido por el PPE obligó a una mayoría simple de los eurodiputados presentes para validar el texto. La confusión reinante durante el recuento deslució el resultado final y dejó en evidencia las profundas divisiones internas sobre el equilibrio entre la protección de la infancia y la privacidad digital.

Ahora el balón está en el tejado del Consejo. Si los Veintisiete no aceptan los cambios introducidos por el Parlamento, la ley entrará en un procedimiento de conciliación entre ambas instituciones, un mecanismo complejo y muy poco utilizado —solo se recurrió a él a principios de 2026 para desbloquear una ley sobre derechos de los pasajeros aéreos, y antes de eso no se activaba desde 2013.

El Chat Control navega ahora entre dos aguas: el miedo a la conciliación y la urgencia de tapar un vacío legal que deja sin herramientas a las plataformas para colaborar contra el material de abuso infantil.

El Eje del Poder Europeo

La enmienda que salva a WhatsApp refuerza la posición del eje más garantista —con países como Alemania, Países Bajos o los nórdicos— frente a un grupo de Estados, entre los que se incluye España, más proclives a dotar de instrumentos de vigilancia a las autoridades. Moncloa ha expresado en varias ocasiones la importancia de combatir el abuso infantil en todas sus formas, pero sin llegar a respaldar un acceso generalizado a las conversaciones cifradas. La postura española se alinea ahora con la necesidad de buscar una solución de compromiso que evite el bloqueo definitivo de la ley.

Para las tecnológicas, la incertidumbre regulatoria sigue siendo total. Si el Consejo rechaza las enmiendas y se entra en conciliación, el proceso podría alargarse durante meses. Mientras tanto, empresas como Meta —matriz de WhatsApp— se quedan sin un marco claro para colaborar con las autoridades en la detección de contenido ilegal. En un contexto como el español, donde el abuso sexual infantil online es una preocupación creciente, la falta de bases legales para el escaneo voluntario se traduce en una parálisis que puede tener consecuencias directas en la seguridad de los menores.

La Comisión Europea, impulsora del proyecto, verá ahora cómo su propuesta se desdibuja entre los intereses contrapuestos de los Estados miembros. Cabe recordar que el precedente histórico de las tensiones entre privacidad y seguridad en la UE —desde el debate del Passenger Name Record hasta la anulación del Safe Harbour por el TJUE— muestra que los desenlaces suelen llegar tras largos tiras y aflojas. El riesgo de que la ley quede definitivamente descafeinada es real, y la próxima ventana crítica se abrirá cuando el Consejo examine el texto devuelto por la Eurocámara, previsiblemente antes de que termine el verano.

Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la UE observa: cualquier solución legislativa que se adopte podría ser impugnada por vulnerar la Carta de Derechos Fundamentales, lo que añade otra capa de incertidumbre a un expediente que va camino de convertirse en uno de los pulos más enconados de la legislatura europea.

El Gobierno Vasco concede el tercer grado y semilibertad a dos presos de ETA

El Gobierno Vasco ha concedido este miércoles el tercer grado penitenciario a Arkaitz Agirregabiria y la semilibertad a Juan Luis Rubenach mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Así lo han confirmado fuentes del Departamento de Justicia al diario El Mundo.

Los dos reclusos y sus condenas por asesinato

Arkaitz Agirregabiria, condenado por el asesinato del policía francés Serge Nerin en 2010, accede al tercer grado. Ese crimen fue el último atentado mortal de ETA, cometido durante un tiroteo en Dammarie-lès-Lys, en las afueras de París.

Juan Luis Rubenach, por su parte, ha sido clasificado en el régimen de semilibertad que contempla el artículo 100.2. Esta figura le permite salir del centro penitenciario de lunes a viernes para trabajar o realizar actividades de voluntariado. Rubenach es el autor material del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid en enero de 2000, un atentado que puso fin a la tregua que la banda terrorista había declarado quince meses antes.

Qué supone el tercer grado y el artículo 100.2

El tercer grado penitenciario, regulado en el artículo 100 del Reglamento Penitenciario, supone un régimen de semilibertad que permite al interno salir del centro durante el día y pernoctar en él, siempre que se cumplan determinados requisitos de reinserción. La clasificación en este grado no extingue la pena, pero sí flexibiliza su cumplimiento.

El artículo 100.2 es una medida aún más flexible que puede aplicarse de forma excepcional. Se otorga cuando, sin reunir los requisitos para el tercer grado, el interno presenta un buen pronóstico de reinserción. En el caso de Rubenach, le permite disfrutar de salidas laborales o formativas los días laborables.

Ambos beneficios son revisables y se conceden bajo la supervisión de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Según fuentes del Departamento de Justicia, la decisión responde a los informes técnicos favorables emitidos por los equipos de tratamiento.

La legislación penitenciaria permite la flexibilización progresiva de las penas, y el Gobierno Vasco la aplica desde que asumió la competencia de prisiones en 2021.

La competencia penitenciaria transferida al País Vasco en 2021

La gestión de los centros penitenciarios vascos fue traspasada a la Comunidad Autónoma del País Vasco en octubre de 2021, mediante el Real Decreto 914/2021. Desde entonces, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco es el responsable de la clasificación de los presos que cumplen condena en las cárceles de Euskadi.

Anteriormente, estas decisiones recaían en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. La transferencia de la competencia fue uno de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el PNV durante la legislatura, en el marco de los pactos presupuestarios.

Desde la asunción de la competencia, se han aplicado diversos grados de flexibilización a internos condenados por terrorismo, siempre dentro de los márgenes que fija la ley. La concesión de estas dos nuevas medidas se produce en un contexto en el que continúa el debate sobre la política penitenciaria y la dispersión de los presos de ETA.

Euskadi reservará el 30% de la vivienda protegida para rentas de hasta 46.000 euros en su reforma de 2027

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció este jueves que el registro de demandantes Etxebide reservará un cupo del 30% de las viviendas protegidas para unidades convivenciales con ingresos entre 20.000 y 46.000 euros anuales. La medida, que se materializará en la reforma de la normativa de acceso a la VPO prevista para 2027, busca abrir la vivienda protegida a las denominadas «clases medias».

Un nuevo cupo para rentas medias

Según los datos proporcionados por el Gobierno Vasco, de las 109.033 unidades convivenciales inscritas en Etxebide, aproximadamente 34.148 se sitúan en ese tramo de ingresos. De ellas, 16.564 corresponden a Bizkaia, 12.930 a Gipuzkoa y 4.654 a Álava. El consejero defendió que «el problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema: afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que el mercado ha dejado fuera».

El nuevo cupo, que se aplicará tanto en régimen de alquiler como de compra, se concederá sin ponderar las cargas familiares ni el número de hijos, a diferencia de los baremos actuales. Itxaso subrayó que la mayoría de los actuales adjudicatarios apenas declaran 11.000 euros anuales, una cifra que «se parece poco a la radiografía real de los demandantes».

Apartamentos intergeneracionales y otras novedades

El futuro decreto incluye también la creación de apartamentos dotacionales intergeneracionales, que combinarán alojamientos para jóvenes menores de 36 años y para personas mayores de 65 —rebajando la edad previa, fijada en 70—. En el caso de los jóvenes, se exigirán unos ingresos de al menos el salario mínimo interprofesional y un máximo de 46.000 euros. Además, cuando una persona mayor disponga de vivienda en propiedad, el acceso a estos apartamentos podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, con el fin de movilizar más inmuebles hacia el alquiler social.

Otra novedad permite adjudicar vivienda protegida a unidades que ya poseen una en propiedad cuando esta ha dejado de ajustarse a sus necesidades, condicionando la adjudicación a la entrega o cesión de la vivienda anterior. Asimismo, se revisa el sistema de puntos de Etxebide: se aumentará la valoración de la antigüedad en el registro y se evitará que un cambio de preferencia —de alquiler a compra o viceversa— suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados, siempre que se mantenga la nueva modalidad durante un mínimo de tres años.

El 30% de las VPO se destinará a hogares con ingresos de entre 20.000 y 46.000 euros, con independencia de la modalidad de alquiler o compra y sin pesos correctores.

Un calendario que apunta a 2027

El texto entrará en exposición pública tras el anuncio de este jueves, pero desde el propio Departamento de Vivienda se admite que la tramitación se alargará alrededor de un año. «Nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy», afirmó Itxaso, quien insistió en que no se trata de sustituir la protección a las rentas más bajas, sino de «ampliar la capacidad de respuesta del sistema».

La reforma se enmarca en un escenario en el que la vivienda protegida se ha convertido en un reto social de primer orden. En los últimos años, el Parlamento Vasco ha aprobado medidas urgentes —como el decreto de 2025 que modificó los programas Gaztelagun y Bizigune— y la propia ley estatal de vivienda de 2023 ha proporcionado un nuevo marco. Con esta nueva vuelta de tuerca, el Gobierno autonómico pretende responder a una demanda que, según sus datos, supera con creces las adjudicaciones actuales.

La Policía Nacional libera a 26 mujeres explotadas por la mafia china en 11 prostíbulos

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han liberado a 26 mujeres que eran explotadas sexualmente en 11 prostíbulos de varias localidades españolas, según el comunicado difundido este jueves. La operación, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, se ha saldado con la detención de 16 personas vinculadas a una organización criminal de origen chino que sometía a las víctimas a un régimen de esclavitud.

Los 16 arrestados son considerados presuntos integrantes de la red (esto es, a quienes se atribuyen los hechos sin que exista aún condena firme) y la cabecilla ha ingresado en prisión provisional (medida cautelar durante la investigación). La investigación se inició en Zaragoza al detectarse un piso donde mujeres chinas ejercían la prostitución, y se extendió a Madrid, Valencia, Barcelona, Tarragona y Figueres.

Cómo funcionaba la red de explotación, según la investigación

Las víctimas, de origen chino y latinoamericano, eran captadas mediante anuncios en redes sociales y aplicaciones de mensajería chinas. La organización ofertaba empleos como masajistas o estilistas en España. Muchas de las mujeres, en situación de necesidad económica y a menudo en situación irregular, aceptaban sin saber que acabarían prostituyéndose.

Una vez en España, la red criminal alojaba a las víctimas en los prostíbulos y las sometía a un control absoluto: debían ejercer la prostitución las 24 horas del día, siete días a la semana, sin posibilidad de rechazar a ningún cliente y con jornadas extenuantes. Además, eran vigiladas permanentemente por cámaras de videovigilancia y forzadas a realizar servicios sexuales a domicilio, en ocasiones sin protección profiláctica.

La organización sometía a las víctimas a un régimen de esclavitud, con jornadas de 24 horas y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente, según la Policía Nacional.

Otra forma de coacción era la deuda que la organización les imponía desde el principio, y solo cuando consideraban que la habían saldado les entregaban el 50% de los beneficios generados; hasta entonces, todas las ganancias iban íntegramente a la red. Para dificultar los controles, facilitaban documentación falsa e incluso suplantaban identidades de mujeres con residencia regular.

Once prostíbulos clausurados y 16 detenidos en seis provincias

La organización gestionaba al menos once prostíbulos en Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y Figueres (1). Las detenciones se repartieron en esas mismas localidades, según los datos facilitados por la Policía. Todos los locales han sido clausurados.

En los registros, los agentes se incautaron de 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas tipo katana, sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, 24 terminales móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación sobre la actividad delictiva.

El blanqueo de capitales y los bienes embargados

Las pesquisas del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria destaparon un sistema estructurado para ocultar y dispersar fondos, destinado a integrar los beneficios ilícitos en el circuito económico legal. Por ello, la autoridad judicial acordó el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y ocho cuentas bancarias.

La principal responsable, en prisión provisional

Entre los 16 detenidos figura la presunta cabecilla de la red, que ha ingresado en prisión provisional por orden del juzgado de instrucción. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones. La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera continúan analizando la documentación intervenida para identificar a otros posibles responsables y a más víctimas.

Sumar y BNG marcan el paso en la reforma de la AP-9 tras las enmiendas del PP en el Senado

La reforma de la AP-9 ha entrado en la recta final más ajustada de su dilatada historia parlamentaria, y en ese sprint los votos de Sumar y del BNG van a decidir qué blindajes económicos acompañarán al traspaso de la autopista gallega. El Senado aprobó ayer siete enmiendas del Partido Popular que devuelven al Congreso el pulso por el reparto de los riesgos millonarios de la concesión, pero la mayoría de izquierdas que forman PSOE, Sumar y los nacionalistas gallegos tiene la llave para tumbar esos cambios y mantener el texto que ya salió de la Cámara Baja.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, ha introducido siete enmiendas para recuperar el acuerdo unánime del Parlamento gallego sobre la transferencia de la AP-9, frente a la versión que PSOE, Sumar y BNG pactaron en el Congreso.
  • ¿Quién interviene? Sumar y el BNG junto al PSOE defienden un texto que remite parte de las condiciones económicas a la Comisión Mixta de Transferencias; el PP y la Xunta cifran en 4.000 millones el riesgo si el Estado no asume todas las responsabilidades heredadas.
  • ¿Qué importa? La vuelta al Congreso convertirá la votación definitiva en un test para la cohesión del gobierno de coalición y la capacidad de Sumar de sostener su perfil propio sin desgastar la relación con el PSOE.

El choque reproduce con fidelidad la fractura que ya se vivió durante la tramitación inicial en el Congreso de los Diputados. Entonces, Sumar apoyó junto al PSOE y el BNG una redacción que mantiene el objetivo de transferir tanto la titularidad como la gestión de la vía, pero deja para una negociación posterior —en la Comisión Mixta de Transferencias— la concreción de quién asume las contingencias económicas derivadas de la larga historia de la concesión. La enmiendas del PP intentan devolver a la ley las cautelas que figuraban en el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que, según el Gobierno gallego, impedían que la comunidad tuviera que cargar con el eventual coste de una anulación judicial de la prórroga a Audasa, futuras bonificaciones o el recargo del 1% sobre los peajes.

Durante el debate en el Senado, la popular Nidia Arévalo tachó la versión del Congreso de «chapuza legislativa» y acusó al PSOE y al BNG de haber «empeorado» un texto que había unido a todas las fuerzas políticas gallegas. Su compañero José Manuel Barreiro reprochó a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, haber «falseado» el contenido del informe de la letrada del Senado. Sumar, que no cuenta con senadores propios pero sí con presencia indirecta a través de los designados por las comunidades autónomas, mantuvo un perfil discreto en la votación de la Cámara Alta, aunque fuentes del grupo parlamentario confirman a Moncloa.com que la formación respalda el texto del Congreso y lo defenderá sin fisuras en la última vuelta.

El verdadero campo de batalla no está en el Senado, sino en la geometría parlamentaria que Sumar, el BNG y el PSOE tendrán que revalidar en el Congreso sin que el socio minoritario quede arrinconado.

Para el Ejecutivo gallego, las modificaciones introducidas por las izquierdas eliminan las «principales garantías económicas del traspaso» y abren la puerta a que Galicia asuma obligaciones por decisiones que el Estado adoptó durante décadas. El cálculo que maneja la Xunta —y que ha repetido en los últimos días— eleva ese pasivo potencial a 4.000 millones de euros. La lectura que hace Sumar es radicalmente opuesta: la ley, sostienen en el grupo parlamentario, «blinda las obligaciones económicas ya asumidas por el Estado antes del traspaso y garantiza que cualquier responsabilidad derivada de esas decisiones siga correspondiendo a la Administración central».

El dato clave está en la aritmética del Congreso. La mayoría de investidura que sostiene al GobiernoPSOE, Sumar y los aliados nacionalistas, entre ellos el BNG— suma 172 escaños, más que suficientes para rechazar las enmiendas del PP siempre que todos los diputados de ese bloque voten en el mismo sentido. En las cinco ocasiones anteriores en que el Parlamento de Galicia había aprobado por unanimidad la reclamación del traspaso, el PSOE y el BNG coincidían en la redacción. Ahora, sin embargo, la versión que salió del Congreso ha roto ese consenso autonómico y ha recolocado a Sumar en un lugar incómodo pero estratégico: el de socio necesario para convertir la ley en una realidad sin arrinconar a su confluente gallega.

La Dinámica de Coalición

El pulso de la AP-9 se lee en clave interna de Sumar como un ensayo de la relación con el PSOE cuando hay que gestionar reivindicaciones territoriales en las que el socio mayoritario del Gobierno tiene un pie en la defensa de los intereses del Estado. Galicia en Común, el confluente de Sumar en la comunidad, ha sido históricamente muy beligerante con la gestión de la autopista por parte de la Xunta y del Gobierno central, pero ahora necesita que la ley final no descargue todos los riesgos sobre la hacienda autonómica sin que el Estado asuma su parte. Las mismas fuentes del grupo parlamentario admiten que el equilibrio es «delicado»: si Sumar fuerza una redacción que el PSOE interprete como una concesión excesiva, el debate se encasquillaría; si se pliega sin matices, Galicia en Común podría sentirse desautorizada.

Lo que observamos en la trayectoria de esta proposición de ley es que la coalición PSOESumar ha funcionado como un engranaje alineado en el Congreso, pero las discrepancias se han gestionado en los márgenes. El BNG, que no forma parte de Sumar pero comparte espacio electoral y sensibilidad con la izquierda gallega, ha actuado como un acelerador del consenso, obligando a todos a moverse rápido. La Xunta, mientras tanto, intenta llevar el debate al terreno del relato de «agravio a Galicia», en el que el PSOE es particularmente sensible. La proyección inmediata es la votación en el Congreso, que debería producirse antes del paréntesis vacacional de agosto; de ahí saldrá, salvo sorpresa, un texto muy similar al que ya aprobó la Cámara Baja, con los 180 votos que necesita para superar las enmiendas del PP.

Ficha del Caso

  • El caso: La reforma legal para transferir la AP-9 a Galicia regresa al Congreso después de que el PP introdujera en el Senado enmiendas que recuperan las garantías económicas acordadas unánimemente por el Parlamento gallego.
  • Datos importantes: La Xunta cifra en 4.000 millones de euros el riesgo económico si el Estado no asume las responsabilidades históricas. El PSOE, Sumar y el BNG suman 172 escaños en el Congreso, suficientes para tumbar las enmiendas del PP.
  • Resumen: La votación definitiva medirá la cohesión del gobierno de coalición en una ley de alto voltaje territorial. Sumar buscará mantener el equilibrio entre sus aliados parlamentarios y la sensibilidad de su confluente gallega, Galicia en Común.