El consumo eléctrico de los centros de datos de IA choca con el decreto: Meta y AWS amenazan con retirarse

Elena Ríos
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El consumo eléctrico de los centros de datos de IA choca con el decreto: Meta y AWS amenazan con retirarse

El consumo eléctrico de los centros de datos de IA se ha convertido en el principal obstáculo del decreto con el que el MITECO pretende regularlos, después de que Meta, AWS y Microsoft hayan amenazado con retirar sus inversiones.

El texto salió a consulta pública en verano, discretamente, y desde entonces ha ido acumulando alegaciones. Lo que hubiera sido un trámite más se convirtió en espectáculo mediático cuando los grandes promotores de centros de datos dejaron caer que tanto control era inadmisible y que se retirarían. El aviso tiene truco: quien sigue el sector sabe que España, con una de las electricidades más competitivas de Europa para el gran consumidor, no es un sitio del que se huya.

En el reparto de papeles, el MITECO hace de poli malo. Sobre el papel anuncia controles mensuales, técnicamente inviables, y penalizaciones desbocadas. A renglón seguido habilita la forma de sortearlas con una simple declaración responsable, sin fiscalización clara y bajo el paraguas de la confidencialidad y el secreto comercial. La letra pequeña manda.

Los 12 GW que el MITECO asume y los 47,7 GW que el sector tramita

El decreto reconoce que los centros de datos añadirían 12 GW adicionales de potencia al sistema. La patronal renovable y los representantes del sector hablan de bastante más: tramitaciones en curso por 47,7 GW. Para ponerlo en contexto, el consumo medio de España ronda los 30 GW y los picos se acercan a los 43 GW. Vamos a los datos.

Aquí está el detalle que lo cambia todo: un centro de datos no consume como una fábrica. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, con un factor de capacidad cercano al 100%. Esos 12 GW no son un pico ocasional, son demanda continua: alrededor de 100 TWh al año, más de un 35% del consumo eléctrico total del país. Duplicar la demanda nacional se dice pronto.

Sumar un tercio más de demanda eléctrica sin planificar la red ni publicar los costes no es transición digital: es una factura que pagará otro.

Tampoco cuadra el relato del consumo verde. Las renovables cubren alrededor del 58% del mix eléctrico español y son intermitentes, mientras que un centro de datos necesita suministro garantizado a cualquier hora. Cubrir esa demanda con contratos de suministro verde desplaza al resto de consumidores de la energía renovable disponible, y la única fuente sin intermitencia que se coloca en esa ecuación es el biogás. Alguien tendrá que explicar si compensa llenar de residuos el ámbito rural para que funcione la nube.

Un control que se firma con una declaración propia y se esconde tras el secreto comercial no es control: es un formulario con membrete verde.

La letra pequeña: control mensual esquivado con una declaración

El mecanismo dibujado en el borrador resulta, en la práctica, decorativo. Los colectivos críticos lo resumen así: se anuncia vigilancia estrecha y, dos párrafos después, se abre la puerta a esquivarla con declaraciones responsables amparadas en la confidencialidad. Las alegaciones, además, se han canalizado por por correo electrónico, sin registro público y sin respuesta conocida, según denuncia la plataforma MACROrenovablesNO. De la falsa transición a la falsa participación.

Lo que el documento no trae es, precisamente, lo que importa: ni la planificación detallada de las infraestructuras necesarias, ni su coste real. Integrar energía intermitente exige compensadores síncronos, subestaciones y refuerzos de red, y ninguna de esas obras aparece presupuestada con transparencia. Ojo con el dato: los 30 millones de consumidores acabarían pagando esos peajes.

El impacto, mientras, ya es material donde se han instalado. Los vecinos han visto subir sus facturas de luz y agua con consumos que nunca fueron transparentes, y los análisis difundidos por los colectivos críticos apuntan a un efecto de isla de calor que eleva hasta cinco grados la temperatura de las zonas próximas, además de contaminación de aguas y ruido constante.

energía e inteligencia artificial

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Demanda adicional: 12 GW reconocidos por el MITECO, frente a los 47,7 GW que el sector afirma tener en tramitación.
  • Energía al año: unos 100 TWh, más del 35% del consumo eléctrico nacional, por un factor de capacidad cercano al 100%.
  • Coste en red: 800 millones de euros en peajes solo en compensadores síncronos, según los cálculos de los colectivos críticos.
  • Equivalencia tangible: industrializar medio millón de hectáreas de suelo para los aerogeneradores que cubrirían esos 12 GW.

Quién paga la red y qué queda para la próxima generación

Conviene mirar el precedente. Los decretos de la llamada transición energética suelen aprobarse en verano o en Navidad, con la atención pública en otra parte, y este no ha sido una excepción. La diferencia es que ahora hay una cifra sobre la mesa y una infraestructura que alguien tiene que financiar. Regalar la red a los multimillonarios responsables de la nube, como si se tratara de una vivienda rural dispersa, no es política industrial: es una transferencia de rentas desde los 30 millones de consumidores.

El coste material tampoco es abstracto. Levantar los 12 GW adicionales en aerogeneradores exigiría, según las estimaciones de Thanatia recogidas por los colectivos críticos, 1,92 millones de toneladas de acero, 24.000 toneladas de cobre, 9.360 de aluminio, 1.320 de níquel y más de 1.000 toneladas de neodimio. La cuenta territorial es igual de incómoda: industrializar medio millón de hectáreas de suelo fértil. Eso es lo que se esconde detrás de la etiqueta verde.

España no decide esto en el vacío. La Comisión Europea se ha marcado que los centros de datos sean climáticamente neutros en 2030, y la electricidad competitiva es hoy el principal argumento para atraer esa inversión. Ahí está la oportunidad y ahí está el riesgo. Si el país compite regalando red, agua y territorio, la factura la pagarán los vecinos que ya vieron subir sus recibos y una generación que heredará un sistema eléctrico dimensionado para la nube y no para su industria.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Poner cifra a una demanda que hasta ahora se movía en la opacidad: 12 GW reconocidos y 47,7 GW en tramitación.
  • Modelo que cambia: La nube deja de ser un servicio virtual sin coste material y entra en la planificación eléctrica, hídrica y territorial del país.
  • Para las próximas generaciones: Decidir hoy cómo se reparte el coste de la red evita heredar una factura energética inflada y medio millón de hectáreas industrializadas.

El vidrio reciclado supone el 55% del material de los envases en España y ANFEVI afronta descarbonizar sus hornos

Elena Ríos
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El vidrio reciclado supone el 55% del material de los envases en España y ANFEVI afronta descarbonizar sus hornos

El vidrio reciclado supone ya el 55% de la materia prima de las fábricas españolas de envases, según el balance de ANFEVI, que reduce casi un 10% sus emisiones y afronta la descarbonización de sus hornos.

El vidrio reciclado ya es más de la mitad de la materia prima de los envases

Vamos a los datos. La industria española del envase de vidrio fabricó más de 2,3 millones de toneladas en 2025, el equivalente a 21,8 millones de envases al día. De ese volumen, el 55% procedió de vidrio reciclado, diez puntos más que en 2020, según el informe de economía circular de la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio (ANFEVI).

La tasa de reciclado general supera el 70% y el sector facturó más de 1.235 millones de euros, con más de 3.100 empleos directos y un 96% de contratos indefinidos. No es caridad ambiental: es un modelo que ya gana dinero.

  • Materia reciclada: el 55% del vidrio fundido, diez puntos más que en 2020.
  • Producción: más de 2,3 millones de toneladas, 21,8 millones de envases al día.
  • Reciclado general: por encima del 70% del vidrio puesto en el mercado.

Para el consumidor, el gesto es mínimo: separar la botella en el contenedor verde. Para la fábrica, ese envase vuelve convertido en calcín, la materia prima que alimenta el horno y reduce la necesidad de arena, sosa y caliza. Cuanto mayor es la tasa de recuperación, menor es la dependencia de recursos vírgenes y menor la huella del producto final.

La letra pequeña: descarbonizar el horno, no solo reciclar la botella

Aquí está la letra pequeña. Reciclar más vidrio no basta si la energía que funde ese vidrio sigue siendo fósil. En 2025 el sector bajó sus emisiones hasta 0,33 toneladas de CO2 por tonelada de vidrio fundido, casi un 10% menos de gases de efecto invernadero que en 2024. El reto ahora es el horno.

Bajar las emisiones un 10% es avance; llegar a cero exige rediseñar el horno, la pieza que aún ata al vidrio al gas natural.

La palanca es doble: electricidad de origen renovable y hornos híbridos capaces de fundir con esa electricidad. En 2025, más del 55% de la electricidad consumida por las plantas vidrieras españolas ya provenía de fuentes renovables. El consumo de agua cayó a 0,29 metros cúbicos por tonelada, un 8% menos que el año anterior.

Convertir los hornos en híbridos es, en palabras de la secretaria general de ANFEVI, Karen Davies, la vía principal para descarbonizar: ‘aprovechando la electricidad sostenible y convirtiendo nuestros hornos en hornos híbridos’. La patronal reconoce que la tecnología aún no acompaña para alcanzar las cero emisiones y que ese es ‘el reto más grande’ del sector.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Emisiones: 0,33 toneladas de CO2 por tonelada de vidrio fundido, casi un 10% menos que en 2024.
  • Material reciclado: el 55% de la materia prima de los envases, diez puntos más que en 2020.
  • Agua: 0,29 metros cúbicos por tonelada fundida, un 8% menos que el año anterior.
  • Equivalencia: 2,3 millones de toneladas fabricadas y 21,8 millones de envases al día.

El reto tecnológico que decide si el vidrio llega a cero emisiones

El caso del vidrio no es aislado: es el mismo dilema que afrontan el cemento, la cerámica, o el acero, sectores donde la electrificación choca con procesos que exigen altas temperaturas. El vidrio juega con ventaja, porque fundir material ya usado exige menos energía que arrancar de arena, sosa y caliza. Subir del 55% hacia el 70% tendría un efecto directo sobre la factura energética y sobre las emisiones de proceso.

Cinco años marcan la diferencia: en 2020 la incorporación de vidrio reciclado rondaba el 45% y hoy supera el 55%. El ritmo es real, pero lento para un objetivo de cero emisiones. La diferencia entre promesa y hecho se mide en hornos convertidos, no en comunicados.

Europa empuja en la misma dirección con el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) y con la Taxonomía Verde, que obligan a justificar qué porcentaje del negocio es realmente circular. En España, la Ley 7/2022 de residuos y el futuro sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) añaden presión para que el vidrio recuperado vuelva al horno. El vidrio es, además, infinitamente reciclable: no pierde calidad por muchas veces que se funda, lo que lo convierte en pieza clave de la economía circular de envases.

Sin hornos descarbonizados, el 55% de materia reciclada seguirá conviviendo con emisiones difícilmente evitables. Es ahí donde el hidrógeno verde, la electricidad renovable y el almacenamiento térmico competirán por un mismo objetivo. El reciclaje pone la materia prima; la transición energética decide si el horno deja de emitir.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: el vidrio reciclado recortó casi un 10% los gases de efecto invernadero del sector en 2025 y evita extraer materia virgen.
  • Modelo que cambia: el envase fabricado con materia virgen pierde terreno frente a un circuito cerrado en el que la botella vuelve al horno como nueva materia prima.
  • Para las próximas generaciones: un vidrio fundido con electricidad renovable y hornos híbridos acercaría al sector a las cero emisiones sin renunciar a un material infinitamente reciclable.

EE. UU. retira sus bombarderos B-1 de RAF Fairford tras las detenciones por terrorismo

Alvaro Villar
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EE. UU. retira sus bombarderos B-1 de RAF Fairford tras las detenciones por terrorismo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Pentágono ha confirmado la retirada de los doce bombarderos B-1 desplegados en la base británica de RAF Fairford, una semana después de que varios hombres fueran detenidos allí por presunta preparación de actos terroristas.
  • ¿Quién está detrás? Londres asegura tener ‘fuertes indicios’ de la implicación de Irán, mientras Teherán niega cualquier vínculo y ha convocado al embajador británico en represalia.
  • ¿Qué impacto tiene? La salida deja sin su principal plataforma de ataque de largo alcance el flanco occidental del dispositivo estadounidense en Europa y tensa el pulso entre Washington, Londres y Teherán en plena crisis del estrecho de Ormuz.

El Pentágono ha retirado sus bombarderos B-1 de RAF Fairford. La confirmación llegó este domingo, un día después de que el Wall Street Journal adelantara la salida de las aeronaves, y pone punto final a una semana de silencio oficial sobre la seguridad de una de las bases más sensibles del dispositivo estadounidense en Europa.

Una docena de aparatos estaba desplegada en el aeródromo, situado al noroeste de Londres, y había participado en los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes. El B-1 Lancer es un bombardero supersónico de geometría variable diseñado para misiones de penetración a baja cota y ataques de precisión con armamento convencional. Su presencia en territorio británico no era un desplazamiento rutinario: el gobierno de Londres había autorizado su uso para golpear las baterías de misiles iraníes que atacaban buques en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Pentágono justificó el mutismo de los últimos días con un argumento que ahora suena a reconocimiento tardío. ‘Si bien la seguridad operativa nos impidió confirmar en tiempo real el movimiento de nuestros activos y fuerzas, podemos reconocer ahora que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en RAF Fairford han sido replegados a sus bases de origen en Estados Unidos’, escribió en un correo electrónico.

La secuencia es tan breve como significativa. Los arrestos se produjeron hace siete días. El pasado miércoles el primer ministro británico, Andy Burnham, aseguró que su gobierno tiene ‘fuertes indicios’ de que Irán estuvo detrás del supuesto complot. Esa misma jornada, Teherán calificó las acusaciones de infundadas y convocó al embajador británico en la capital iraní. El detalle importa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló ‘las manos de un actor extranjero’ sin nombrar a Irán. Trump, más explícito, afirmó que los implicados planeaban causar ‘un daño enorme’. Ninguno de los dos ha aportado pruebas públicas que sostengan la atribución.

Una base de la OTAN utilizada para bombardear Irán se convirtió, en cuestión de días, en objetivo. Eso cambia la ecuación de seguridad del flanco occidental.

Lo que el Pentágono no quiso confirmar en tiempo real

Conviene recordar el contexto operativo del despliegue. Los B-1 no estaban en Fairford como parte de una rotación de disuasión rutinaria. Operaban en el marco de la campaña de represalia contra Irán, lanzada tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Cada misión implicaba horas de vuelo, reabastecimiento en vuelo y coordinación con las fuerzas navales desplegadas en el Golfo.

La retirada, por tanto, no es solo la salida de doce aviones. Es la constatación de que el Pentágono considera que una base de la OTAN en Europa occidental no reúne las condiciones de seguridad necesarias para sostener ese tipo de operaciones. Un golpe de efecto silencioso, ejecutado sin comunicado oficial más allá del correo confirmatorio.

La lectura que hacemos es que Washington ha preferido perder capacidad operativa durante unos días antes que asumir el riesgo de un incidente mayor en territorio aliado. Es una decisión prudente en el plano táctico y, al mismo tiempo, un reconocimiento implícito de vulnerabilidad que no pasa desapercibido en Bruselas ni en Moscú.

Irán, en el punto de mira: de Ormuz a Fairford

La acusación británica contra Irán no es nueva. Tiene su origen en la escalada del estrecho de Ormuz, donde Teherán ha desplegado baterías costeras capaces de atacar buques que consideraba objetivos legítimos. El gobierno británico autorizó a Washington el uso de Fairford precisamente para neutralizar esas baterías. La lógica de la represalia era clara. La consecuencia también: convertirse en objetivo.

Teherán sostiene que las acusaciones no tienen fundamento. La convocatoria del embajador británico en Teherán es un gesto diplomático de protesta formal que rara vez se produce sin instrucción directa del más alto nivel. En la práctica, Irán ha pasado de la negación a la advertencia en menos de una semana, con la vista puesta en las represalias que pueda desencadenar un incidente mayor.

Equilibrio de Poder

La retirada de los B-1 deja tres lecturas. La primera es de disuasión: Estados Unidos pierde, al menos de forma temporal, su capacidad de ataque rápido de largo alcance desde suelo europeo en un momento de máxima tensión con Teherán. La segunda es de confianza. Si el Pentágono considera que RAF Fairford no es lo bastante segura, ¿qué dice eso del resto del dispositivo estadounidense en Europa, desde Rota hasta Ramstein?

La tercera afecta a la propia reciprocidad con Londres. El gobierno británico autorizó el uso de su territorio para atacar Irán y ahora ve cómo el socio estadounidense retira los activos sin una coordinación pública visible. La comunicación, en este caso, llegó por filtraciones y un correo tardío. No es la mejor señal para una alianza que se reclama sólida.

Para España la noticia llega en un momento delicado. Las bases de Rota y Morón albergan el despliegue permanente más sensible de Estados Unidos en el sur de Europa, y su valor estratégico depende exactamente del mismo principio que Fairford: que el territorio aliado sea seguro y que la coordinación funcione. Cada episodio como este refuerza las tesis de quienes en Bruselas reclaman una revisión del paraguas de seguridad estadounidense sobre el continente.

El precedente más cercano está en el uso de las bases españolas durante la guerra de Irak de 2003, cuando la autorización del gobierno de Aznar generó un debate interno que tardó años en cerrarse. La diferencia ahora es que el adversario ya no es un Estado con capacidad de respuesta simétrica, sino una constelación de actores, estatales y proxy, capaces de operar cerca de aeródromos aliados sin necesidad de una declaración de guerra formal.

La próxima ventana crítica es la reunión ministerial de Defensa de la OTAN prevista para finales de octubre en Bruselas, donde previsiblemente se abordará la seguridad de las infraestructuras críticas en territorio aliado. Habrá que ver si el caso Fairford entra en la agenda como incidente aislado o como patrón. Esa distinción definirá la respuesta de la Alianza en 2027.

Alemania crea su primer regimiento de drones en 2027 con las lecciones de Ucrania

Alvaro Villar
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Alemania crea su primer regimiento de drones en 2027 con las lecciones de Ucrania

El primer regimiento de drones de Alemania empezará a formarse en 2027 y aspira a la capacidad operativa plena en 2029. La decisión la anunció el ministro de Defensa, Boris Pistorius, el pasado 1 de octubre en el campo de maniobras de Bergen, y no es un gesto menor: Berlín convierte en estructura permanente lo que hasta ahora era experimentación dispersa.

Por qué Berlín ha tardado cuatro años en mover ficha

Pistorius habló delante de prototipos. Durante los ensayos de la Experimentalserie Land, el Ejército alemán puso a rodar sistemas aéreos no tripulados y vehículos terrestres sin tripulación, y lo hizo después de meses de intercambios operativos directos con unidades ucranianas desplegadas en el frente. Esa es la diferencia con los planes anteriores: la doctrina no sale de un informe de laboratorio, sale de cuatro años de guerra real.

Ahí está la clave. Los sistemas no tripulados causan la inmensa mayoría de las bajas en el campo de batalla ucraniano, y esa cifra ha reordenado las prioridades de la Bundeswehr. El regimiento concentrará bajo un mando único el reconocimiento, el ataque en profundidad, los vehículos terrestres no tripulados, la guerra electrónica y la defensa antidrón. La robótica terrestre, subrayó el ministro, deja de ser un complemento y pasa a ser un pilar operativo con el mismo rango que los sistemas aéreos.

La estructura que se perfila es ambiciosa. Entre cinco y seis compañías, con una compañía interna de ensayos pensada para meter prototipos en servicio a velocidad de guerra y no a velocidad de expediente. El alcance de las misiones de ataque profundo depende, admiten desde el Ejército, de la disponibilidad de equipos comerciales: hasta 500 kilómetros, aproximadamente la distancia en línea recta entre Madrid y Barcelona. La unidad arrancará con 300 o 350 efectivos y podrá crecer hasta los 600, el tamaño de un batallón reforzado.

Para Alemania, el salto es de fondo. El país que debatió durante una década en el Parlamento si debía armar los Heron TP israelíes —y que solo los recibió armados en 2022— pone ahora el dron en el centro de su Ejército. La Zeitenwende que Olaf Scholz proclamó en febrero de 2022 tardó en traducirse en acero y doctrina. Este regimiento es la primera pieza que se parece a una respuesta institucional y no a un discurso.

Alemania no está comprando drones: está comprando una doctrina de guerra que no ha librado y que se ha escrito, con sangre ajena, en Ucrania.

El regimiento que Alemania cuelga de la 10ª División Panzer

El nuevo regimiento será un activo divisionario asignado a la 10ª División Panzer, la gran unidad que Berlín mantiene en alta disponibilidad como compromiso con la OTAN y de la que también depende la Panzerbrigade 45 desplegada en Lituania. La elección no es neutral. Alemania cuelga su unidad de drones de la formación con mayor exigencia de alistamiento, la que tendría que moverse primero si se activara el artículo 5 del Tratado de Washington.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Christian Freuding, ha explicado la estrategia de doble vía: formaciones dedicadas por un lado, institucionalización del dron en toda la fuerza por otro. Al cambio de año, la Bundeswehr empezará a desplegar sistemas tácticos no tripulados en tres ramas de combate —infantería ligera, reconocimiento, y unidades acorazadas— en paralelo a la creación del regimiento. Las municiones merodeadoras, esas que orbitan hasta encontrar objetivo, están en evaluación y deberían llegar a la tropa en 2027.

Quedan flecos que no son menores. El Ministerio de Defensa alemán no ha decidido la ubicación permanente de la unidad ni ha adjudicado los contratos de las plataformas de largo alcance. Sin base y sin proveedor, la capacidad operativa plena de 2029 es un calendario, no un hecho. Y hay una dependencia incómoda en el horizonte: buena parte de los componentes críticos de los drones occidentales siguen saliendo de cadenas de suministro asiáticas.

Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

Equilibrio de Poder

La lectura desde Washington es sencilla. La administración Trump lleva dos años repitiendo que Europa debe financiar su propia disuasión, y cada anuncio como este le sirve de argumento para no reforzar el flanco este con medios estadounidenses. Moscú, por su parte, tiene motivos para mirar con atención: un regimiento no cambia un balance estratégico, pero una Bundeswehr que institucionaliza el dron en toda su fuerza sí modifica el cálculo a medio plazo en el flanco nordeste, el mismo donde ya opera la brigada alemana en Lituania. Bruselas, mientras tanto, ve en Berlín al pagador que su industria necesitaba.

Para España hay dos lecturas. La primera es industrial: Berlín y Madrid compiten por los mismos contratos europeos en sistemas no tripulados, desde el Eurodrone hasta las municiones merodeadoras, y quien tenga antes una unidad operativa tendrá mejor argumento a la hora de reclamar producción. La segunda es de flanco sur. Mientras Alemania orienta su esfuerzo al este, Marruecos y Argelia siguen acumulando drones de combate en el Magreb y el Sahel, un teatro donde Madrid tiene intereses directos y una capacidad no tripulada todavía limitada. El Ejército de Tierra español lleva dos años empujando la Brigada Experimental 2035 y el Ministerio de Defensa ha situado los sistemas no tripulados entre sus prioridades, según fuentes de Defensa consultadas, pero el volumen es incomparable.

Merece la pena mirar el precedente. Alemania tardó casi una década en aceptar que un dron puede llevar una bomba, atenazada por un debate moral que París, Londres y Washington habían cerrado mucho antes. Ahora llega tarde en número, pero llega con estructura. La duda real es si un regimiento de 600 hombres y cinco compañías basta para una guerra donde un solo operador con una consola mueve más letalidad que un pelotón entero.

El primer examen será el cambio de año, cuando los sistemas tácticos empiecen a llegar a la infantería ligera, el reconocimiento y los acorazados. El segundo, en 2027, con la munición merodeadora ya en manos de la tropa. Para cuando la OTAN vuelva a revisar sus planes de defensa, el regimiento alemán habrá dejado de ser un anuncio. Para España, la pregunta no es si el modelo funciona: es cuánto tardará Madrid en copiarlo.

La Moncloa re-aprueba los decretos de vivienda y los convalidará en la Diputación Permanente

Juan Vicente
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La Moncloa re-aprueba los decretos de vivienda y los convalidará en la Diputación Permanente

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros de este martes, 6 de octubre, vuelve a aprobar los dos decretos de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó el viernes, con retoques técnicos y una hoja de ruta distinta: la convalidación ante la Diputación Permanente.
  • ¿Quién está detrás? El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Vivienda, y el Grupo Parlamentario Socialista, que busca rehacer la mayoría sin depender del voto de Junts y con el PNV como socio decisivo.
  • ¿Qué impacto tiene? El primero de los decretos, el que impide los desahucios de personas vulnerables, podría salir adelante; el que haría permanentes los contratos de alquiler no tiene hoy los apoyos suficientes.

El Consejo de Ministros aprobará este martes los decretos de vivienda con retoques técnicos tras el rechazo del Congreso. Serán casi idénticos a los que cayeron el viernes, pero el escenario de la votación cambia por completo: el Gobierno quiere convalidarlos en la Diputación Permanente, donde el ‘no’ de Junts deja de ser decisivo.

La decisión se adoptará en la reunión ordinaria del Gabinete de este martes, 6 de octubre, según las fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio. Los textos no serán exactamente los mismos que tumbó el Pleno: habrá ajustes técnicos, correcciones de articulado y algún encaje jurídico de última hora. La arquitectura de las dos normas no se toca.

Porque en realidad son dos decretos y dos suertes muy distintas. El primero es el que impide los desahucios de personas vulnerables, conocido en los pasillos del Congreso como el ‘decreto Maricarmen’. El segundo es el que haría permanentes los contratos de alquiler, una medida que acumula meses de atasco entre enmiendas y votaciones perdidas.

Qué se vota, con qué mayoría y en qué órgano

La clave está en el procedimiento. Un Real Decreto-Ley es una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba sin pasar antes por las Cortes, y que el Congreso debe convalidar o derogar en el plazo de 30 días, tal y como fija el artículo 86.2 de la Constitución. Si nadie lo tumba, sigue vigente; si el Pleno lo rechaza, decae al instante.

Hasta aquí, el trámite habitual. La novedad es dónde se dirime esa votación. El Ejecutivo quiere que la convalidación se produzca en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano de composición reducida y proporcional —68 diputados en la actual legislatura— que asume las funciones del Pleno cuando la Cámara no está reunida o entre periodos de sesiones.

El movimiento tiene una consecuencia práctica: los grupos con menos peso en ese órgano pierden capacidad de bloqueo, y el voto de Junts pasa a ser irrelevante. Lo que se decide allí se decide rápido. Y con menos ruido.

Cambiar de escenario no es un truco formal: es la constatación de que el Gobierno deja de negociar cada decreto social con quien vota en contra por sistema.

Por qué el voto de Junts deja de ser decisivo

El viernes, el Pleno del Congreso tumbó los decretos con el ‘no’ de Junts como voto decisivo. En la Diputación Permanente la aritmética es otra, y no por casualidad: es un órgano más pequeño, con menos escaños en juego y con una proporcionalidad que reparte el peso de manera distinta.

El socio decisivo pasa a ser el PNV. Si mantiene su voto favorable, el decreto que impide los desahucios de personas vulnerables podría salir adelante. El segundo, el que haría permanentes los contratos de alquiler, no tiene hoy los apoyos suficientes. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio admiten que el Ejecutivo asume ese escenario: mejor salvar una norma que perder las dos.

La lectura política no es menor. Ferraz y La Moncloa han decidido dejar de jugar la partida en el tablero donde la mayoría es más frágil. La convalidación en la Diputación Permanente no esquiva el control parlamentario, pero lo traslada a un órgano constitucional con reglas propias y, sobre todo, obliga a rehacer la mayoría con menos actores y más disciplina.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la lectura es serena, aunque no exenta de tensión. La dirección federal entiende que el rechazo del viernes fue un accidente evitable y asume que la negociación con los socios ha entrado en otra fase: menos foto conjunta, más acuerdo puntual. El Grupo Parlamentario Socialista trabaja ya con el escenario de la Diputación Permanente, y el PNV sabe que tiene la llave.

El aterrizaje territorial es inmediato. El escudo frente al desahucio protege a familias vulnerables en toda España, vivan donde vivan, y son los gobiernos autonómicos del PSOE los que llevan meses reclamando un marco estable para aplicarlo sin sobresaltos. Lo que se decida en Madrid estos días se traduce en juzgados, en servicios sociales, y en familias que no saben si el próximo mes seguirán en su casa.

Hay además un precedente que conviene recordar. La Ley de Vivienda de mayo de 2023, la primera norma estatal de la materia en más de cuatro décadas, costó dos años de negociación y llegó al BOE con el apoyo justo. El escudo anti-desahucios nació antes, en la pandemia, con el real decreto-ley de 2020 que suspendió los desalojos de los hogares más frágiles. Ningún gobierno ha querido dejarlo caer desde entonces. Tampoco este.

El riesgo está en el calendario. Si los nuevos decretos se publican en el BOE esta misma semana, la Diputación Permanente tendrá por delante el plazo constitucional de 30 días para pronunciarse, y cualquier desajuste en la mayoría devuelve las dos normas al aire. El bloque que tumbó los decretos el viernes no tiene, a priori, muchos incentivos para facilitar la segunda intentona.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Blindaje del escudo frente al desahucio y de los derechos de los inquilinos frente a quienes prefieren tumbar la norma antes que negociarla.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: El Consejo de Ministros de este martes 6 de octubre y la posterior convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.

Mínguez exige a Feijóo desautorizar a Abascal y Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N

Juan Vicente
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Mínguez exige a Feijóo desautorizar a Abascal y Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Santiago Abascal y a Isabel Díaz Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N, que podrá solicitarse desde este martes.
  • ¿Quién está detrás? Mínguez ha lanzado el mensaje a las puertas de Ferraz, minutos antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.
  • ¿Qué impacto tiene? El voto por correo entra en el centro de la precampaña y sitúa a la Junta Electoral Central como árbitro ante cualquier intento de cuestionar el procedimiento.

El PSOE exige a Feijóo que desautorice a Abascal y a Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha reclamado al líder del PP que rompa su silencio antes de que se abra el plazo de solicitud.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ya tienen su primer frente abierto. El voto por correo, que podrá pedirse desde este martes, ha dejado de ser un trámite para convertirse en asunto político de primera magnitud.

Mínguez ha atendido a los medios a las puertas de Ferraz, antes de entrar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. Su intervención ha tenido dos destinatarios y un mismo hilo: el sistema electoral no se toca con sospechas.

La señora Ayuso y el señor Abascal han salido ya cuestionando nuestro sistema democrático, han criticado el voto por correo, han insistido a la gente que no vaya ni tan siquiera a votar’, ha trasladado la portavoz socialista. Mínguez ha calificado esas palabras de ‘extremadamente grave’ y ha pedido a Feijóo que las desautorice de forma expresa.

La pelota, ahora, es de Feijóo.

El voto por correo abre este martes: plazos y cómo se solicita

El procedimiento se activa este martes 6 de octubre. Cualquier elector puede pedir el voto por correo sin justificar su ausencia: basta con acreditar la identidad en una oficina de Correos o hacerlo por vía telemática con certificado digital. La normativa electoral recogida en el Boletín Oficial del Estado fija el límite de la solicitud en el décimo día anterior a la jornada electoral, esto es, hasta el 19 de noviembre.

Cuestionar el voto por correo no es discutir un papel: es sembrar la sospecha sobre el derecho de quien no puede acudir a su colegio electoral.

Desde ese momento, la Oficina del Censo Electoral remite al domicilio la documentación completa —papeletas, sobres y acta— y el votante devuelve el sobre por correo certificado a su mesa. También puede entregarlo en mano en cualquier oficina de Correos dentro de plazo. El circuito queda bajo custodia del operador postal público y a a disposición de la administración electoral.

El voto por correo tiene usuarios muy concretos. En los últimos procesos generales ha funcionado como válvula de escape para quienes trabajan lejos de su municipio, para las personas mayores o con movilidad reducida y para los electores desplazados el día de la votación. Los residentes en el exterior disponen de su propio procedimiento, el voto CERA.

Cosas que pasan en cualquier precampaña.

El silencio de Feijóo y la presión que no cesa

Montse Mínguez

Ferraz espera una respuesta que, por el momento, no ha llegado. Al cierre de esta edición, el PP no había aclarado si marcará distancia con unas palabras que la dirección socialista considera una línea roja. Nadie ha desautorizado nada todavía.

El argumentario socialista es nítido. Cuestionar el voto por correo no es discutir un procedimiento administrativo: es poner bajo sospecha el mecanismo que garantiza el sufragio de quienes no estarán en su colegio electoral el 29 de noviembre. Y hay precedente: durante la campaña de las generales del 23 de julio de 2023, el PP reclamó explicaciones a Correos por el dispositivo del voto por correo y el asunto ocupó varios días de debate público.

En Ferraz recuerdan que el marco institucional es el que es. La Junta Electoral Central —el órgano que arbitra el proceso y resuelve las reclamaciones de todos los partidos— vigila cada fase, y la Oficina del Censo Electoral responde ante ella. Cuestionar el sistema sin prueba ante ese árbitro tiene un coste político evidente.

Madrid añade otra capa. Isabel Díaz Ayuso es la dirigente territorial de más proyección del PP y su discurso no cae en un vacío: cae en una federación socialista que se juega mucho en la Comunidad de Madrid y en un electorado de centro-derecha al que Ferraz quiere disputar la moderación institucional.

El Eje del Poder Socialista

El movimiento de Mínguez no es un exabrupto de portavoz. Es la primera pieza de una estrategia activada con la maquinaria electoral recién engrasada. Pedro Sánchez, María Jesús Montero y el conjunto de la Ejecutiva Federal han pasado de la gestión de Gobierno a la lógica de campaña con un mensaje sencillo de comunicar y difícil de rebatir: el PSOE defiende las reglas; la derecha, cuando le conviene, las pone en duda.

El aterrizaje territorial es inmediato. Los presidentes autonómicos socialistas —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra o Salvador Illa desde la Generalitat de Catalunya— sostendrán el mismo argumento en sus federaciones. El voto por correo afecta, sobre todo, a quien no puede permitirse perder un día de trabajo, y ese perfil tiene dirección postal concreta en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

La lectura a corto plazo es de riesgo controlado, pero existe. El precedente de 2020, con comicios en plena pandemia y un voto postal histórico, y la resaca del 23-J dejaron una lección que en Ferraz repiten en privado: cuanto antes se desactiva la sospecha, menos se judicializa la noche electoral. Por eso el primer aviso llega con el plazo recién abierto y no en el tramo final de la campaña.

Y queda campaña por delante.

Ferraz tiene dos fechas marcadas: el arranque formal de la campaña, el 14 de noviembre, y el cierre del plazo de solicitud, el 19 de noviembre. Antes de la primera, el PP deberá elegir entre su discurso institucional y la agenda de Vox. Es la apuesta socialista: convertir la defensa del voto por correo en una cuestión de Estado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El PSOE defiende las reglas y el derecho al sufragio de quien no puede acudir a las urnas; la sospecha sin prueba debilita al sistema.
  • Protagonista: Montse Mínguez (portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE), con Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el plano de fondo de la maquinaria electoral.
  • Próximo hito: Apertura del plazo de solicitud del voto por correo este martes 6 de octubre y respuesta pendiente de Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE afronta el 29-N con causas judiciales abiertas: Koldo, Leire Díez y las hijas de Zapatero

Juan Vicente
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El PSOE afronta el 29-N con causas judiciales abiertas: Koldo, Leire Díez y las hijas de Zapatero

El PSOE afronta las elecciones del 29 de noviembre con causas judiciales abiertas, aunque sin ninguna imputación formal contra el partido. Pedro Sánchez adelantó casi un año la cita con las urnas y su equipo ha decidido convertir la campaña en una defensa cerrada de la gestión frente a lo que Ferraz describe como una acumulación de ruido judicial.

El calendario de los próximos dos meses no debería ser, en teoría, incómodo para los socialistas. Los tribunales evitan adoptar decisiones de calado sobre asuntos que afectan a partidos en plena precampaña y campaña, una ley no escrita que la dirección federal conoce bien. Eso sí, el horizonte incluye comparecencias de terceros que seguirán alimentando titulares.

El calendario judicial que marca los dos meses de campaña

La más próxima es la declaración de la jueza Beatriz Biedma, citada este jueves como perjudicada por el magistrado Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional. Biedma es la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que denunció una supuesta campaña orquestada para desacreditarla. En su escrito describió actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, promover denuncias contra ella y apartarla de procedimientos concretos.

La causa sitúa en el foco a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y una pieza separada sobre los pagos presuntamente realizados a la exmilitante Leire Díez. Pedraz ha reclamado a varios bancos los movimientos de cuentas vinculadas al partido, una línea de trabajo que Ferraz sigue con atención y sobre la que mantiene silencio público.

En paralelo, el juez Ismael Moreno conserva declarada secreta una pieza separada del caso Koldo. La investigación examina los pagos en metálico del partido entre 2017 y 2024 bajo la sospecha de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, condenados por el Tribunal Supremo, pudieron aprovechar la falta de controles internos para blanquear dinero. Esa hipótesis apunta más a un fallo de vigilancia que a una complicidad orgánica. Cosas que pasan en política.

El plato fuerte llegará, no obstante, el día después de las urnas. Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, están citadas como investigadas el 30 de noviembre en el caso Plus Ultra, apenas unas horas después de que se cierre el colegio electoral.

La campaña no se jugará en los juzgados, pero cada fecha del calendario judicial llegará puntual a la conversación pública.

Por qué el caso Plus Ultra y las joyas de Zapatero pesan en el relato

Las pesquisas sitúan a las hijas del expresidente como administradoras de la empresa What The Fav, vinculada indiciariamente al entramado investigado y señalada como supuesto centro de redistribución de flujos financieros. El juez José Luis Calama apunta que Análisis Relevante, sociedad del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, les abonó 239.755 euros.

Zapatero, principal imputado de la causa, declaró el pasado junio que la empresa de sus hijas operaba realmente y cobraba por trabajos de márketing. Negó cualquier irregularidad. Sánchez ha repetido que mantiene su confianza en el expresidente y ha pedido respetar la presunción de inocencia, la última vez el pasado 23 de septiembre. Sobre las joyas intervenidas, valoradas en 1,3 millones de euros y que Zapatero atribuye a un regalo de Arabia Saudí recibido en Moncloa, el presidente optó por la prudencia: ‘Vamos a ver en qué se traduce esto, y luego cuando ya tengamos esos datos le daré respuesta a esa pregunta’.

El calendario suma además la comparecencia como investigado del financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven el 16 de octubre, señalado como presunto cerebro financiero del caso, y dos testificales previstas para el 19 de noviembre. Nada nuevo bajo el sol judicial.

El Eje del Poder Socialista

Ferraz ha hecho de la prudencia su línea oficial. La dirección federal no comenta causas en curso, delega cualquier valoración en los servicios jurídicos y concentra el mensaje en lo que considera terreno propio: la gestión. El Grupo Parlamentario Socialista mantiene la disciplina y los barones —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra, Salvador Illa en la Generalitat— evitan alimentar el ruido. PP y Vox han intentado convertir cada fecha judicial en munición electoral, pero el argumentario socialista responde con un dato: no hay imputación formal contra el partido.

El aterrizaje territorial es clave. En las comunidades donde el PSOE gobierna o cogobierna, la campaña se libra sobre sanidad, educación, y vivienda, no sobre expedientes judiciales. Ahí la dirección confía en que el votante de centro-izquierda priorice la gestión del Estado del bienestar frente a lo que considera una operación de desgaste.

Cabe recordar que el PSOE ya atravesó escenarios de presión judicial en legislaturas anteriores y que su respuesta histórica ha sido siempre la misma: separar la responsabilidad individual, colaborar con la justicia y no gobernar desde el atril del juzgado. El reto ahora es que esa estrategia aguante un calendario que sitúa una cita clave apenas 24 horas después de las urnas. La próxima ventana crítica será, precisamente, ese interrogatorio del 30 de noviembre.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Separar la responsabilidad individual de la institucional y anteponer la gestión al ruido judicial.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: Declaración como investigadas de las hijas de Zapatero el 30 de noviembre, un día después de las elecciones.

El PP exige a la JEC frenar el 29-N el voto exterior de los inscritos por la ‘ley de nietos’

Jaume Mónica
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El PP exige a la JEC frenar el 29-N el voto exterior de los inscritos por la ‘ley de nietos’

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP registra este lunes un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir que no voten el 29-N los inscritos en el CERA por la ‘ley de nietos’ con la inscripción suspendida por el Tribunal Supremo.
  • ¿Quién está detrás? Francisco Galeote, representante general del Partido Popular, firma el documento ante el órgano arbitral, con el respaldo del área jurídica de Génova.
  • ¿Qué impacto tiene? La convocatoria se publica este martes en el BOE y el envío de la documentación electoral arranca en el día decimoctavo: sin desglose previo, la cautelar quedaría sin efecto.

El PP exige a la JEC que impida votar el 29-N a los inscritos por la ‘ley de nietos’ con inscripción suspendida. El escrito, firmado este lunes por el representante general del partido, Francisco Galeote, reclama garantías para el voto exterior en un proceso que arranca este martes con la publicación de la convocatoria en el BOE.

Qué exige el PP a la JEC y con qué plazo compite

El texto recuerda que el Supremo acordó el pasado 10 de septiembre suspender de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la instrucción del Ministerio de Justicia que aplica la conocida como ley de nietos. Esa suspensión no alcanza a los nacionalizados cuyos cónsules certifiquen que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse y renunciar a la nacionalidad por motivos políticos o ideológicos.

La instrucción que ha revuelto el censo del voto exterior amplió la previsión legal al presumir la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En ejecución de lo resuelto por el Supremo, la Junta Electoral Central ordenó el 14 de septiembre a los registros consulares desglosar las inscripciones hechas por aplicación directa de la Ley de Memoria Democrática y las practicadas al amparo de la instrucción ministerial, y pidió suspender el derecho al voto de los ya inscritos salvo certificación acreditativa.

El PP sostiene que no tiene noticia del resultado de esas actuaciones. Ni del número de certificaciones expedidas, ni del desglose practicado, ni de la forma en que la Oficina del Censo Electoral ha dado cumplimiento a la suspensión. La cautelar se aplica, además, sobre un censo cerrado el pasado 1 de agosto y dentro de un calendario que empieza a correr este martes.

La clave está en la coordinación. Tres órganos intervienen en el voto de los inscritos en el CERA: la Oficina del Censo Electoral, que remite la documentación; las oficinas consulares, que la reciben y custodian los votos, y las juntas electorales provinciales, que los incorporan al escrutinio. Los tres deben manejar antes del inicio de los trámites una misma relación de electores afectados y las mismas instrucciones de la JEC. ‘Sin esa coordinación, la suspensión acordada por el Tribunal Supremo quedará materialmente sin efecto en el primer proceso electoral al que estaba llamada a aplicarse’, advierte el partido.

El escrito discute también el reparto de cargas. Para el PP, la Oficina del Censo Electoral no puede condicionar la suspensión al resultado del desglose ni mantener provisionalmente los efectos electorales de las inscripciones no clasificadas, porque ‘la situación de partida de todas ellas es la suspensión’. Acreditar el supuesto de la Ley de Memoria Democrática corresponde a quien lo invoca y al cónsul que certifica, no a la Administración electoral.

La cautelar del Supremo no se decide en los tribunales, sino en si el desglose está listo antes de que arranquen los envíos.

El Supremo, el CERA y el reloj que empieza a correr este martes

Publicada la convocatoria, la Oficina del Censo Electoral debe remitir la documentación a los inscritos en el CERA entre el día decimoctavo y el vigesimoquinto posterior. El PP pide que, antes tenga identificadas las inscripciones suspendidas, las excluya de la remisión y de las listas del censo y comunique a cada oficina consular y a cada junta provincial la relación de electores afectados.

La transparencia es el segundo eje. Sin saber qué inscripciones tienen suspendidos sus efectos y qué tratamiento reciben en la urna consular y en el escrutinio, las formaciones no pueden ejercer las facultades de reclamación e impugnación del censo que les otorga la ley electoral. De ahí la batería de preguntas: el desglose numérico por circunscripciones, cuántas certificaciones han emitido los consulados y cómo se aplica la suspensión sobre el censo cerrado a 1 de agosto. El partido reclama además que la JEC requiera a Exteriores instrucciones y medios para las oficinas consulares.

En paralelo, el frente judicial sigue abierto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto debatir el emplazamiento como interesados de los nuevos nacionalizados, que podría hacerse por edictos publicados por las oficinas consulares. Sigue pendiente el recurso de la Abogacía del Estado contra la cautelar del 10 de septiembre. Los dos recurrentes iniciales, Iustitia Europa y Vox, han presentado este lunes escritos para exigir su plena efectividad durante el proceso.

Ahí está el nudo.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos es un movimiento de Estado más que un gesto táctico. Génova lleva la pelea al terreno donde el Gobierno no puede responder con una rueda de prensa: el arbitraje de la Administración electoral. La JEC, los consulados y las juntas provinciales parecen piezas administrativas, pero el resultado mueve escaños.

El argumentario popular es el de la igualdad del voto: un elector, un derecho, una certificación. En los territorios donde gobierna el PP la reclamación se sigue con lupa, porque el voto exterior se incorpora al escrutinio por circunscripciones y cualquier desajuste acaba dirimiéndose en las juntas electorales provinciales. Génova ha convertido el calendario institucional en su palanca preferente: el Senado, los tribunales y ahora la JEC.

El riesgo es de doble filo. Si la JEC responde y ordena el desglose, el partido blinda su reclamación y deja al Gobierno explicando por qué el censo se amplió por instrucción y no por ley. Si no responde a tiempo, tendrá argumento para impugnar. En ambos escenarios queda retratado el Ministerio de Justicia, autor de la instrucción que el Supremo puso en cuarentena.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Igualdad del voto y rigor en el censo: el PP no discute el derecho, exige que se acredite uno por uno.
  • Protagonista: Francisco Galeote (representante general del Partido Popular ante la Junta Electoral Central).
  • Próximo hito: Publicación de la convocatoria en el BOE este martes y respuesta de la JEC al escrito; los envíos del CERA arrancan en el día decimoctavo.

MI5 señala al MSS: 100 académicos de universidades británicas investigaron sin saberlo

Alejandro Suárez
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MI5 señala al MSS: 100 académicos de universidades británicas investigaron sin saberlo

El MI5 ha puesto nombre al dinero que financiaba la investigación académica británica: el China General Technology Research Institute. La agencia sostiene que ese instituto existe, esencialmente, para comprar la ciencia que mejora la capacidad técnica de espionaje del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS).

La advertencia publicada por el MI5 lleva fecha del 30 de septiembre y no es un aviso genérico de contrainteligencia. Es una evaluación formal: financiar investigación académica que mejora directamente la capacidad técnica de espionaje del MSS. El texto sitúa el foco en las universidades británicas y nombra al CGTRI, denominado CAGT en algunas traducciones.

Más de cien académicos y una cadena de financiación diseñada para no verse

Más de cien académicos vinculados al Reino Unido han contribuido a proyectos financiados por el MSS a través del CGTRI, según la alerta. En algunos casos, los investigadores no sabían quién pagaba. La cadena estaba lo bastante difuminada como para que la buena fe fuera perfectamente compatible con trabajar, sin saberlo, para un servicio extranjero.

Los temas financiados se leen como la lista de la compra de una agencia. Inteligencia artificial. Ciberseguridad. Sistemas de comunicaciones encubiertas. Y esteganografía, la disciplina de esconder datos dentro de otros datos. Ninguna de esas materias es una curiosidad académica para el MSS: son piezas de construcción de capacidad operativa. Y no se equivoque conmigo: eso no es divulgar ciencia, es fabricar herramientas.

El CGTRI aparece en la alerta con personal compartido con la Universidad de Relaciones Internacionales de Pekín, históricamente vinculada al MSS. El think tank UK China Transparency ya había documentado ese solapamiento y la coincidencia entre las áreas de trabajo del instituto y las capacidades ciber que el MSS ha empleado contra empresas, universidades e infraestructura crítica británicas.

La alerta pide revisar de inmediato cualquier colaboración en curso o prevista con el CGTRI y verificar quién está detrás del dinero antes de firmar. Apunta también a la National Protective Security Authority y al equipo gubernamental de asesoramiento sobre colaboración investigadora, y recomienda asistencia jurídica independiente.

La ignorancia del investigador era una defensa razonable el 29 de septiembre. Desde el 30, el MI5 la considera una coartada muy débil.

Pekín rechazó la acusación como ‘imaginaria y puramente fabricada’. Un portavoz de la embajada china sostuvo que los intercambios entre universidades son voluntarios, legales y mutuamente beneficiosos, y confirmó que se han presentado ‘representaciones solemnes’ ante el Gobierno británico para que deje de difundir ‘falsedades’ sobre la cooperación educativa.

El marco legal convierte el aviso en un problema tangible. La Ley de Seguridad Nacional británica de 2023 tipifica en su sección 3 la asistencia material a un servicio de inteligencia extranjero y, en la 17, la obtención de beneficio material de ese servicio. No exige saber con certeza que se colabora con un espía, sino que un tribunal pueda considerar que la persona debería saberlo razonablemente. La alerta redefine, de facto, qué es razonable saber.

Una década comprando capacidad, no agentes

Este es el modelo que Pekín perfeccionó desde los planes de captación de talento de la década pasada: en lugar de reclutar espías, se contrata investigación. El caso del químico de Harvard Charles Lieber, condenado por ocultar sus vínculos con la Universidad de Tecnología de Wuhan, y las advertencias alemanas sobre los institutos Confucio responden a la misma lógica.

Lo que cambia aquí es la capa intermedia. El dinero no llega desde un ministerio: llega desde un instituto con fachada académica, en proyectos internacionales firmados por universidades respetables. Ese diseño convierte al investigador en proveedor de capacidades sin que lo sepa. Tengo claro que el problema no es Pekín; es la opacidad de la cadena.

Desde España, la lectura no es teórica. La mayoría de los convenios entre universidades españolas y centros chinos se ha multiplicado en la última década en inteligencia artificial, computación cuántica y materiales avanzados, con financiación mixta y trazabilidad opaca. El CNI y el CCN-CERT vienen señalando en foros técnicos y en sus informes anuales que la transferencia no declarada de conocimiento es el vector más limpio que tiene Pekín en Europa.

Aquí no consta una alerta pública equivalente. Eso deja a los vicerrectorados españoles sin el documento que sus colegas británicos tienen desde el 30 de septiembre: un nombre, una lista y una consecuencia jurídica. Y sin eso, la trazabilidad del último tramo de una cátedra financiada desde el extranjero sigue siendo, en la práctica, voluntaria.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza: infiltración HUMINT por vía académica, con una particularidad que la hace más incómoda que un caso clásico de espionaje. No hay reclutamiento, ni encuentro de roce, ni dead drop. Hay un convenio de investigación, una beca doctoral y una firma al pie de un informe. El CGTRI actúa como pantalla del MSS y compra capacidades —inteligencia artificial aplicada, criptografía, esteganografía, comunicaciones encubiertas— sin necesidad de colocar un solo agente en suelo británico.

Agencias implicadas: el MSS financia, el CGTRI ejecuta, el MI5 alerta. En el lado atacante, el Ministerio de Seguridad del Estado chino y su vehículo universitario. En el defensor, el MI5, la National Protective Security Authority y los departamentos de cumplimiento normativo de las universidades, que hasta ahora no tenían ni un nombre al que apuntar. Como terceros interesados, los Cinco Ojos -el GCHQ mira el flanco técnico, el FBI y el ODNI toman nota- y, en Bruselas, el INTCEN. En España, el CNI y el CCN-CERT observan sin alerta pública equivalente.

A juzgar por la naturaleza del material, estimo el nivel de clasificación de la evaluación subyacente como Confidencial: lo publicado es la alerta, no el expediente. El listado nominal de los más de cien académicos y los proyectos concretos no están en la nota. Y ahí está el punto débil: aquí no hay atribución técnica, hay una evaluación de servicio. No hay muestras de malware enlazadas a un dominio del CGTRI ni un exploit trazado hasta un contrato de investigación. Es un juicio institucional, publicado con nombre y apellidos, lo cual es mucho en el oficio, pero no es una prueba judicial.

Conviene recordar cómo acaban estas cosas. Los Cinco de Cambridge enseñaron al Reino Unido que la penetración más destructiva no llega por la ventana, sino por la escalera de la propia institución. Lo de ahora es el espejo invertido: Londres ya no es el que recluta dentro de la élite ajena, sino el que descubre que su élite académica trabajó para otro servicio sin enterarse. Y quien dice Londres dice Berlín, París, Ámsterdam o Madrid.

Que no haya cargos no significa que no haya daño. Significa que el daño es de capacidad: patentes, líneas de investigación, algoritmos entrenados con datos que ahora están al otro lado. Le adelanto que el próximo movimiento será de Pekín, y llegará en forma de protesta diplomática cuando la primera universidad británica rescinda un convenio con el CGTRI. Ese día la pregunta dejará de ser académica.

Un tercero con acceso legal expone la brecha del registro de Dinamarca: 8,8 millones de CPR

Alejandro Suárez
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Un tercero con acceso legal expone la brecha del registro de Dinamarca: 8,8 millones de CPR

La brecha del registro de Dinamarca expone los datos de 8,8 millones de personas mediante un tercero con acceso legal.

Los atacantes no forzaron la puerta del Estado. Entraron por la puerta lateral de una empresa privada que tenía llave legal al registro nacional danés y salieron con nombres, direcciones y números de identificación de casi nueve millones de personas. La ministra de Asuntos Digitales, Christina Egelund, confirmó el lunes la intrusión y no suavizó el lenguaje: la calificó de ‘un incidente extremadamente grave’.

Conviene fijar la escala. Dinamarca tiene unos seis millones de habitantes. El registro cubre 8,8 millones de personas porque incluye a fallecidos y a quienes emigraron. En total, la base acumula alrededor de once millones de expedientes. Le pongo en contexto: hablamos de la columna vertebral administrativa de un país entero.

El número CPR no es un identificador cualquiera. El Det Centrale Personregister sostiene la banca, la sanidad y la hacienda danesas. Cruzado con nombre y dirección, abre la puerta al fraude de identidad a escala industrial.

La ministra añadió que, junto a todas las autoridades competentes, el Gobierno está ‘en proceso de mapear el alcance completo del incidente. Traducción para el lector: han confirmado la entrada, pero todavía no saben cuánto se llevaron.

Nadie ataca la caja fuerte cuando puede convencer al que tiene la llave. El eslabón débil no es el Estado: es su proveedor.

Fíjese usted en un detalle que, en mi lectura, es el más grave de toda la nota. El Ministerio reconoció que el acceso de de esa empresa al registro no ha sido revocado. El mismo conducto que usaron los atacantes sigue abierto mientras se investiga.

Once millones de registros con nombre, dirección y número de identidad no son un problema de privacidad. Son materia prima de inteligencia.

Nadie parchea un contrato.

El punto de entrada: el tercero con la llave legal

La investigación danesa sitúa el origen en una compañía local que disponía de acceso autorizado al registro para fines de negocio. No hubo vulneración directa de los sistemas del Estado. Hubo un salto a través del proveedor. Es el relato más viejo del oficio y sigue funcionando cada vez que se intenta.

Permítame la comparación con la cadena de suministro clásica. Cuando hablamos de supply chain pensamos en software comprometido: SolarWinds en 2020, con atribución técnica al SVR, o NotPetya colado por la actualización de un programa de contabilidad ucraniano en 2017, con el GRU detrás. Aquí el vector es más limpio y más difícil de detectar: la credencial es legítima, el tráfico también. Solo el propósito es delictivo.

Por eso el enfoque de perímetro falla. Un Estado puede blindar sus servidores y, aun así, quedar desnudo porque el porcentaje de accesos que entran por integraciones de terceros crece cada año.

El historial: de la OPM a la nómina de proveedores

He seguido durante años este tipo de incidentes y el patrón se repite. En 2015, la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM) perdió los expedientes de más de 21 millones de personas, incluidos datos de familiares de empleados con habilitación de seguridad. La atribución apuntó a actores estatales chinos. Durante meses, medio Washington vivió con la certeza de que su biografía completa estaba en un servidor ajeno.

La diferencia con Copenhague es de grado, no de naturaleza. En Dinamarca, el registro no contiene huellas dactilares, pero contiene algo igual de peligroso: la combinación exacta que cualquier departamento de social engineering necesita para construir un perfil creíble.

Aquí entra la parte que no suele contarse. Un registro de población no vale solo por el fraude económico que habilita. Vale por lo que permite después: suplantaciones dirigidas a funcionarios, acceso a cuentas bancarias de cargos públicos, campañas de desinformación con datos verificables, ingeniería social contra empresas estratégicas.

Once millones de expedientes y una puerta. Ya veremos cuánto tarda en cerrarse.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza. Estamos ante una brecha de datos por infiltración a través de tercero con acceso legal, no ante un ataque de ransomware ni ante la explotación de un zero-day. La distinción importa: no hay código malicioso que buscar en el perímetro, no hay firma que detectar. Hay una credencial legítima usada con fines ilegítimos. La investigación danesa, según las autoridades, seguía sin atribución el lunes.

Agencias implicadas. En el lado atacante no hay nombre. Y lo digo con claridad: quien afirme hoy que detrás está el SVR, el GRU, el MSS chino o un grupo criminal lo está inventando. La única hipótesis razonable, a estas horas, es que el actor tenía capacidad de operar dentro de una empresa danesa con acceso al registro, y eso no distingue entre un Estado y una banda organizada.

En el lado defensor están las autoridades danesas, con el Centro de Ciberseguridad danés (CFCS) y la Agencia de Protección de Datos en primera línea. Como terceros interesados, el CCN-CERT y el CNI español observan con atención un modelo de intrusión que también les afecta. Y Five Eyes, como es habitual, mira de reojo.

Nivel de clasificación estimado. Los datos del registro, en origen, no son material clasificado: son ‘Sin Clasificar pero Sensible’. Ahora bien, el expediente que se abre en Dinamarca sí lo será, presumiblemente en grado Reservado o Confidencial. La paradoja del oficio es que datos sin clasificar, agregados en volumen suficiente, producen inteligencia de valor estratégico.

Mi posición es sencilla y la sostengo desde hace tiempo. El acceso de terceros debería ser perímetro de seguridad nacional. Ya advertí en El quinto elemento que el próximo 11S empezará con un clic, y añado ahora que muchos de esos clics llegarán desde dentro de la cadena de suministro. En España hay 8.000 infraestructuras críticas y atacables a través de internet, y no pocas cuelgan de proveedores externos.

El punto débil del análisis es evidente: sin atribución, no hay doctrina que aplicar. Si detrás hay un actor estatal, Dinamarca acaba de sufrir una operación de inteligencia. Si es crimen organizado, hablamos de fraude. La diferencia lo cambia todo, y las autoridades danesas aún no la han establecido.

Toque de atención para Madrid. El calendario europeo aprieta: la directiva NIS2 y su traslación a las legislaciones nacionales obligan a revisar precisamente esto, la seguridad de la cadena de suministro. Lo que ha pasado en Copenhague es un recordatorio de que la norma llega tarde a un problema que ya está dentro de casa. Habrá que seguir el próximo informe del CFCS y el expediente que abra la Agencia de Protección de Datos danesa. Ahí se verá si alguien aprendió algo.

Moreno y Feijóo en campaña: el PP andaluz se alinea con Génova y descarta irse a Madrid

Jaume Mónica
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Moreno y Feijóo en campaña: el PP andaluz se alinea con Génova y descarta irse a Madrid

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre y los presidentes autonómicos del PP han celebrado el adelanto como la oportunidad de cerrar su etapa.
  • ¿Quién está detrás? Juanma Moreno, que se implica a fondo en la campaña de Feijóo y descarta un salto a Madrid: ‘Mi compromiso es Andalucía’.
  • ¿Qué impacto tiene? El PP-A cierra filas sin ruido interno y los barones se ponen al frente de una campaña que Génova quiere convertir en un juicio a la gestión del Gobierno.

Juanma Moreno se implica a fondo en la campaña de Feijóo para el 29-N y descarta irse a Madrid. El presidente andaluz despeja cualquier duda sobre su futuro y alinea el PP-A con la estrategia de Génova de cara a unas generales que los populares leen como el principio del fin del ciclo de Sánchez.

La convocatoria del adelanto electoral para el 29 de noviembre, anunciada por el presidente del Gobierno en una declaración institucional desde Moncloa, ha activado en cuestión de horas toda la maquinaria del Partido Popular. La mayoría de los presidentes autonómicos populares celebró la decisión y coincidió en una idea fuerza: los comicios son la ocasión de poner fin a la etapa del Ejecutivo central.

Por qué Moreno descarta el salto a Madrid

El presidente andaluz fue tajante al despejar cualquier sospecha sobre su futuro político. ‘Mi compromiso es Andalucía’, subrayó Moreno, en una intervención que zanja las especulaciones sobre un posible salto a Madrid, ya fuera a las listas del PP al Congreso o a un futuro gabinete de Feijóo.

Más allá de la declaración personal, el PP andaluz proyecta una imagen de unidad que contrasta con los ruidos internos que otras federaciones arrastran. No hay fisuras visibles, ni gestos públicos de distanciamiento con Génova. La federación andaluza, la más numerosa del partido, se alinea sin reservas con la dirección nacional en el arranque de la precampaña. Moreno no se mueve.

El presidente andaluz calificó los comicios como ‘muy importantes’ porque, a su juicio, están en juego la defensa y la protección de la democracia. Y añadió una idea que Génova quiere convertir en argumento central: no hay que tener miedo a la alternancia.

Moreno no solo se suma a la campaña: la ordena. Aporta a Génova la federación más potente del partido y la palanca territorial clave del 29-N.

Los barones toman la palabra: del ‘por fin’ al fin del sanchismo

PP Andalucía

La reacción de los presidentes autonómicos populares fue coral. Marga Prohens lo resumió con un ‘por fin’, mientras que Fernando López Miras insistió en que los españoles tienen la palabra. Jorge Azcón consideró la convocatoria ‘una buena noticia’, convencido de que da a los ciudadanos la oportunidad de hablar.

Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco festejó unos comicios que, dijo, servirán para poner fin a un Gobierno ‘nefasto para España’. María José Sáenz de Buruaga habló de ‘un día ilusionante’ y se mostró convencida de que ‘el sanchismo llega a su final’. Alfonso Rueda defendió que a Galicia lo que más le interesa es un cambio en el Ejecutivo estatal.

Isabel Díaz Ayuso fue la más incisiva. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que Sánchez ‘no puede más’ y que las elecciones abren una ‘gran oportunidad’ para que deje de pisotear España. ‘Estamos preparados’, sentenció. María Guardiola, desde Extremadura, reclamó un gobierno responsable y capaz, con estabilidad y rumbo claro.

Enfrente, los dirigentes socialistas respaldaron la convocatoria y llamaron a movilizar a su electorado. Emiliano García-Page celebró que las generales se celebren antes que las municipales y autonómicas, mientras que Salvador Illa trasladó su apoyo a Sánchez. La campaña se dibuja, ya desde el primer día, como un pulso entre dos modelos de país.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos es una operación bien engrasada. Génova ha logrado que la respuesta al adelanto electoral fuera unánime, sin voces discordantes y con los barones como altavoces de un mismo mensaje. Moreno aporta el peso de la federación más potente del partido y la gestión de un gobierno autonómico que presume de estabilidad. El PP andaluz, sin ruido interno, se convierte en el ariete territorial de la campaña.

El aterrizaje en los territorios resulta decisivo. Las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, que suman cerca del 60% del PIB nacional, entran en modo campaña con la vista puesta en el 29-N. Los ejecutivos autonómicos populares quieren rentabilizar su gestión —rebajas fiscales, políticas de vivienda y sanidad— frente al desgaste del Ejecutivo central. Y la federación andaluza, con Moreno a la cabeza, es la pieza que más puede movilizar.

No es la primera vez que el PP afronta unas generales con los barones como locomotora. En 2011, con un Gobierno socialista desgastado por la crisis, las federaciones territoriales empujaron hacia una mayoría absoluta histórica. Génova busca ahora un efecto parecido: convertir el 29-N en un plebiscito sobre el ciclo de Sánchez y capitalizar el descontento territorial. El reto, como entonces, es mantener la cohesión interna y no reabrir viejas tensiones entre la dirección nacional y los presidentes autonómicos.

La maquinaria popular ya está en marcha. El partido despliega su argumentario y su calendario de actos desde la web oficial del Partido Popular y desde las sedes territoriales, con los presidentes autonómicos como principales altavoces. Moreno, desde Andalucía, tiene por delante dos meses de campaña intensa con un mensaje central: gestión frente a desgaste.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Unidad de los barones frente al sanchismo y alternativa solvente de gestión.
  • Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Arranque de la precampaña del 29-N con los presidentes autonómicos en primera línea.

Bruselas aplaza sin fecha la votación clave del motor de combustión en 2035

Angie Rivas
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Bruselas aplaza sin fecha la votación clave del motor de combustión en 2035

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo aplaza el voto previsto para este lunes sobre la revisión del reglamento de CO2, que debía rebajar del 100% al 90% el recorte de emisiones exigido a los turismos nuevos en 2035.
  • ¿Quién está detrás? El PPE de Manfred Weber empuja una flexibilización mayor, los socialdemócratas y los liberales condicionan su apoyo y la propuesta de partida es de la Comisión Europea.
  • ¿Qué impacto tiene? España, segundo productor de automóviles de la UE, prolonga la incertidumbre sobre sus plantas, su industria auxiliar y las inversiones del vehículo eléctrico.

La votación decisiva sobre el motor de combustión en 2035 no se celebrará este lunes. La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha suspendido el voto previsto para hoy ante las diferencias entre los grupos políticos sobre cuánto debe flexibilizarse la norma, según han confirmado un portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) y la oficina del eurodiputado alemán Jens Gieseke.

El retraso, que las mismas fuentes sitúan en torno a dos semanas, deja en el aire una de las primeras votaciones serias de la legislatura sobre el Fit for 55, el paquete legislativo con el que Bruselas quiere recortar un 55% las emisiones de la UE en 2030 respecto a 1990. Dos semanas, sobre el papel.

Del 100% al 90%: el cambio que lo altera todo

El debate arranca de la propuesta de la Comisión Europea para modificar el objetivo fijado para 2035. La norma vigente exige una reducción del 100% de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos respecto a los niveles de 2021. En la práctica, ese porcentaje deja fuera a cualquier vehículo nuevo que emita CO2 durante su utilización.

La propuesta oficial rebaja el listón al 90% y permite compensar el 10% restante con créditos asociados al uso de combustibles sostenibles y al acero de bajas emisiones producido dentro de la Unión. Traducido a la vida real: híbridos enchufables, eléctricos con extensor de autonomía y hasta mecánicas convencionales podrían seguir vendiéndose después de 2035 si encajan en los mecanismos de compensación que finalmente se aprueben.

El PPE, primera fuerza de la Eurocámara, quiere ir más lejos en la flexibilización, pero no tiene la mayoría garantizada: necesita a los socialdemócratas y a los liberales de Renew Europe, que aceptan dar más tiempo a la industria pero no tocar el objetivo de fondo. Manfred Weber, presidente del grupo popular, lo resumió así: ‘Necesitamos un marco que combine la protección del clima y la competitividad de la industria automovilística. Deseo un acuerdo estable y claro en el centro político’.

El aplazamiento no resuelve nada: solo confirma que en la Eurocámara nadie tiene todavía los votos para decidir qué coche se venderá en 2035.

La socialdemócrata Vivien Costanzo admite margen para los fabricantes, pero no un cambio de rumbo: ‘Queremos dar más tiempo a la industria automovilística, pero sin cuestionar el objetivo de que Europa esté a la cabeza de los automóviles de cero emisiones. Su argumento es de mercado. Quien quiera competir en Asia o en Canadá tendrá que electrificar su gama de todas formas.

Tres comisiones, un pleno en noviembre y la presión de las fábricas

La votación suspendida no decidía por sí sola el futuro de la normativa. Tres comisiones del Parlamento Europeo deben fijar sus posiciones en las próximas semanas y después será el pleno de Estrasburgo el que vote el texto; los documentos comunitarios manejan una votación en noviembre de 2026. El texto de la norma vigente puede consultarse en la base de datos oficial de legislación europea. A partir de ahí llega el trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión definitiva de cada ley europea) y la adopción final.

El contexto industrial aprieta por los dos lados. Los fabricantes europeos compiten con los eléctricos chinos, soportan costes energéticos elevados y pierden cuota en mercados estratégicos. En Alemania, la infrautilización de plantas y los recortes de empleo han convertido el expediente en un asunto político de primer orden.

El Eje del Poder Europeo

El pulso no es tecnológico, es de geometría política. Berlín llega dividido: su industria reclama aire para los híbridos mientras los socialdemócratas alemanes defienden el umbral de 2035. París, que ha construido buena parte de su política industrial alrededor del coche eléctrico y de los aranceles a los vehículos chinos, viene resistiéndose a reabrir el calendario. Y el bloque del motor del este, con Eslovaquia, Chequia y Hungría a la cabeza y Polonia y Rumanía cerca, empuja en la dirección contraria porque sus plantas dependen de la combustión y de la hibridación.

Para España, segundo productor de automóviles de la UE por detrás de Alemania y con más de dos millones de vehículos anuales, la pelota cae en terreno propio. El sector representa en torno al 10% del PIB y cerca del 9% del empleo si se cuenta toda la cadena, según las patronales, y las plantas de Martorell, Figueruelas, Almussafes, Vigo, Palencia, y Valladolid producen hoy una mezcla de modelos térmicos, híbridos y eléctricos que depende del marco regulatorio europeo.

El doble filo es evidente. Si la flexibilización avanza, los híbridos fabricados en España ganan años de vida comercial y las inversiones públicas del PERTE VEC disponen de más tiempo para madurar; si el objetivo se endurece, la electrificación de las líneas españolas tiene que correr más rápido y con la demanda todavía floja. A eso se suma el guiño al acero de bajas emisiones, que interesa a las siderúrgicas del norte peninsular.

La política española viene alineándose con la neutralidad tecnológica en los consejos de Competitividad, en compañía de Italia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. No es una posición nueva. En marzo de 2023, Berlín bloqueó en el último minuto el voto final del reglamento de CO2 hasta arrancar a la Comisión un compromiso por escrito sobre los combustibles sintéticos, y el episodio dejó una lección que nadie ha olvidado en Bruselas: cuando la industria alemana se mueve, el calendario europeo se mueve con ella.

En el Consejo no hace falta unanimidad, basta la mayoría cualificada, así que el veto formal no existe. Lo que existe es una masa crítica de países con fábricas de combustión capaz de condicionar cualquier acuerdo, y una Eurocámara donde el centro político todavía no ha cerrado la ecuación. La próxima cita está a la vuelta de la esquina: la Comisión de Transportes volverá a intentar la votación en unas dos semanas y el pleno de Estrasburgo tiene la pelota en noviembre.

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