Guía para inquilinos tras el adelanto electoral: cómo afecta al calendario de ayudas al alquiler y a los contratos vigentes de los inquilinos

Ana Carina Rodríguez
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Guía para inquilinos tras el adelanto electoral: cómo afecta al calendario de ayudas al alquiler y a los contratos vigentes de los inquilinos

Si vives de alquiler en España, es bastante probable que la noticia del adelanto electoral te haya dejado con cierta intranquilidad en el cuerpo. Cuando la política se sacude de esta manera, la primera preocupación que nos entra a todos en casa tiene que ver con lo que más nos duele: el bolsillo y el techo bajo el que dormimos. Tranquilo, porque no eres el único que se está haciendo preguntas ahora mismo sobre lo que pasará con la renta del mes que viene.

Para aportarte un poco de serenidad entre tanto ruido mediático, conviene ir directo al grano y analizar el escenario real sin exageraciones ni alarmismos. La disolución del Congreso congela algunos proyectos legislativos, pero la ley vigente protege los acuerdos que ya habías suscrito previamente. A continuación te desgranamos de forma clara qué ocurre con tus derechos como inquilino y cómo queda la tramitación de las diferentes subvenciones estatales y autonómicas.

Qué pasa con tu alquiler tras el anuncio de las elecciones generales

El primer mensaje que debes grabar a fuego en tu mente para no perder la calma es la seguridad jurídica. Si tienes firmado un contrato de alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, este sigue plenamente vigente en las mismas condiciones exactas en las que lo rubricaste. Ningún adelanto electoral puede anular los compromisos pactados entre propietario e inquilino ni alterar de un día para otro la cifra que pagas a principio de mes.

La disolución de las Cortes Generales implica que las reformas de calado que estaban en fase de negociación en el Parlamento se quedan aparcadas en un cajón. Medidas como las prórrogas forzosas con indemnizaciones a cargo del arrendador o la creación de nuevos topes extraordinarios no saldrán adelante en esta legislatura. Por tanto, tu acuerdo de arrendamiento se rige por las reglas del juego que estaban activas el día que firmaste la documentación, manteniendo la duración legal mínima establecida.

Cómo afecta el adelanto electoral a tu contrato de arrendamiento

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Si tu contrato de arrendamiento vence en los próximos meses, debes prestar mucha atención a los plazos habituales de renovación. La normativa en vigor sigue marcando las pautas de las prórrogas anuales de la siguiente manera:

  • Duración mínima legal: Los acuerdos suscritos por personas físicas mantienen su vigencia garantizada de hasta 5 años, o 7 si el casero es persona jurídica.
  • Aviso de no renovación: El propietario debe avisarte con al menos 4 meses de antelación si no desea renovar el contrato de arrendamiento al finalizar el periodo legal.
  • Notificación del inquilino: Si eres tú quien prefiere mudarse, debes avisar al arrendador con un mínimo de 2 meses antes del vencimiento.
  • Actualización del precio: Las subidas anuales en la cuota de tu alquiler continuarán vinculadas a los límites legales que estuvieran fijados antes del anuncio electoral.
  • Fianza y garantías: Los depósitos entregados al inicio de la relación arrendataria se conservan intactos en los organismos oficiales autonómicos.

El estado del calendario de ayudas públicas y bonos de vivienda

La gran incógnita para miles de jóvenes y familias vulnerables se centra en el cobro de las subvenciones destinadas al pago mensual de la vivienda. Las partidas presupuestarias que ya estaban aprobadas y transferidas a las comunidades autónomas no sufren ningún parón en su ejecución. Es decir, si ya tenías concedido un bono o una ayuda para tu alquiler, la administración autonómica correspondiente debe seguir abonándote la cuantía de manera regular.

Lo que sí experimenta una ralentización notable es el diseño de las convocatorias futuras y el lanzamiento de nuevos programas presupuestarios. El Ministerio de Vivienda queda en funciones tras el 29 de noviembre, lo que limita su capacidad para aprobar nuevos fondos no consignados previamente. Si estabas esperando la apertura de una nueva línea de ayudas públicas para sostener la mensualidad de tu alquiler, lo más seguro es que los plazos de inscripción sufran retrasos significativos hasta que se forme el nuevo Gobierno.

Claves prácticas para revisar las cláusulas de tu arrendamiento

Actualización anual de la renta

Muchos inquilinos temen que la incertidumbre política sirva de excusa para incrementos abusivos al revisar el precio anual. Recuerda que el propietario solo puede aplicar las subidas que estén contempladas en el documento y siempre bajo los techos legales vigentes para cada tipo de alquiler. Ninguna cita con las urnas otorga barra libre a los arrendadores para subir la mensualidad al margen de la ley.

Gastos de suministros e IBIs

Revisa detenidamente si en tus recibos mensuales te están imputando gastos que no estaban pactados expresamente al principio. En periodos de transición política, conviene repasar cada concepto para verificar que pagas únicamente lo que te corresponde por contrato.

Qué medidas debes tomar si se aproxima el fin de tu contrato

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Ante este panorama de interinidad institucional, la anticipación se convierte en tu mejor aliada para evitar sobresaltos en tu hogar. No esperes a la última semana para hablar con la propiedad; mantén un contacto fluido y por escrito si la fecha de fin de alquiler se acerca. Enviar un burofax o un correo formal con suficiente margen te dará margen de maniobra para negociar una prórroga o buscar una alternativa sin prisas.

Asimismo, guarda a buen recaudo toda la documentación relativa al pago de fianza y a la tramitación de subvenciones en curso. Si dependes de una prestación pública para asumir la cuota de tu alquiler, comprueba periódicamente el estado de tu expediente en el portal de la comunidad autónoma. Estar atento a las notificaciones administrativas te librará de disgustos por falta de subsanación de papeles.

Tranquilidad y prudencia ante la cita con las urnas

En definitiva, la cita electoral del 29 de noviembre modifica la agenda política e interrumpe la aprobación de nuevas leyes, pero no deja desprotegido tu hogar. Los contratos vigentes continúan protegidos bajo el paraguas legal de la ley del alquiler, asegurando tu estancia y la estabilidad de las rentas acordadas. La prudencia y la información rigurosa son tus mejores herramientas para afrontar las próximas semanas con absoluta paz mental.

Mantente informado únicamente a través de canales oficiales o prensa especializada para no caer en bulos que generen alarma innecesaria sobre tu vivienda. Hablando con propiedad y conociendo de primera mano tus derechos como inquilino, nada de lo que ocurra en la campaña electoral arruinará la tranquilidad de tu día a día.

El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja de los soldados en Ceuta

Luis Miguel Montero
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El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja de los soldados en Ceuta

El Defensor del Pueblo ha abierto un expediente con las quejas de los soldados desplegados en Ceuta tras constatar que la solicitud realizada por tres asociaciones profesionales de soldados de tropa y marinería reúne los requisitos constitucionales e inicia actuaciones ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa. Las tres asociaciones profesionales mayoritarias consideran que este paso ratifica la legitimidad y urgencia de sus reiteradas quejas sobre la falta de seguridad física, jurídica y medios para el personal desplegado.

La institución del Defensor del Pueblo ha comunicado formalmente la admisión a trámite de la queja conjunta presentada el pasado 22 de septiembre por las asociaciones profesionales ASFASPRO (Asociación Profesional de Suboficiales), AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) y UMT (Unión de Militares de Tropa). Mediante escrito firmado por la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, la institución confirma la apertura del Expediente al amparo del artículo 54 de la Constitución Española y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, habiendo incoado ya las actuaciones oportunas ante la Subsecretaría del Ministerio de Defensa.

Para ASFASPRO, AUME y UMT, esta admisión supone un hito de enorme relevancia. Respaldadas por el criterio del Defensor del Pueblo, las organizaciones ven ratificadas las continuas denuncias que llevan trasladando a la Administración sobre la precaria situación en la que el personal militar se encuentra prestando servicio en las calles y perímetro fronterizo de Ceuta.

Operativa en Ceuta

En las últimas semanas, la tensión operativa en la ciudad autónoma y las intervenciones sobre el terreno han evidenciado de forma palmaria los riesgos a los que se exponen los efectivos: agresiones, falta de protocolos claros de actuación, exposición sanitaria sin medidas de prevención de riesgos laborales suficientes y ausencia de amparo para proteger los datos identificativos del personal y de sus familias frente a posibles señalamientos y represalias.

Las asociaciones recuerdan que «no es admisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione: Seguridad jurídica e instrucciones claras: Reglas operativas que otorguen plena cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo. Seguridad física y prevención de riesgos: Dotación de medios de protección individual adecuados ante ataques físicos y protocolos preventivos frente al contacto con enfermedades transmisibles. Protección de datos identificativos: Medidas contundentes para impedir la identificación y localización personal de los militares desplegados y la de sus familias».

Resulta incomprensible que «las Fuerzas Armadas deban recurrir a la máxima institución de garantías constitucionales para reclamar unas condiciones laborales dignas, seguras y protegidas. ASFASPRO, AUME y UMT seguirán con máxima atención el curso del expediente abierto y la información que el Ministerio de Defensa está obligado a remitir al Defensor del Pueblo, exigiendo soluciones inmediatas y reales para todos los compañeros destinados o comisionados en Ceuta», añaden en un comunicado conjunto.

La Audiencia Nacional permite acceder a los móviles de la empresa del Caso Koldo

Luis Miguel Montero
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La Audiencia Nacional permite acceder a los móviles de la empresa del Caso Koldo

El pasado 29 de septiembre de 2026 el fiscal Anticorrupción remitió su dictamen al juez Ismael Moreno, instructor del Caso Koldo o Caso Mascarillas en el Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) su dictamen favorable para liberar los teléfonos móviles de Juan Carlos Cueto, empresario propietario de Soluciones de Gestión, empresa que vendió las mascarillas al MITMA que dieron origen al Caso Koldo y de Íñigo Rotaeche, que fue director de la misma empresa. Así, dos años después las defensas de Cueto y Rotaeche pueden preparar el próximo juicio sobre este asunto.

Las defensas siempre han tenido acceso a todas las actuaciones, incluidas las ejercidas sobre los ordenadores y terminales móviles de sus defendidos por parte de la UCO. Ahora pretenden incluir como prueba esas conversaciones, que creen sacadas de contexto en muchos de los informes presentados por la UCO.

En un auto dictado el pasado 1 de octubre el juez estima que «así, solo se puede entregar a las partes la copia de las grabaciones y transcripciones de los fragmentos que no afecten a la intimidad personal o familiar de los interlocutores, a menos que dichos fragmentos posean una relación directa con el delito investigado, quedando excluidas las conversaciones puramente privadas o banales, así como aquellas conversaciones en las que no interviene el investigado».

En consecuencia, «sólo se deberá facilitar el contenido de las grabaciones derivadas de la interceptación de los números de teléfono, IMEI e IMSI de los que sea titular cada investigado a fin de evitar que puedan tener acceso a conversaciones de carácter intimo personal o familiar de otros investigados. Por la representación procesal de D. Iñigo Rotaeche su solicitud de acceso se limita a “las grabaciones completas de las conversaciones telefónicas intervenidas en las que habría participado” este investigado, por lo tanto, dentro de los límites indicados», añade el juez instructor.

Las grabaciones del Caso Koldo

Par evitar el acceso a aquellas grabaciones «que puedan afectar a la intimidad personal o familiar de otros investigados, el acceso ha de limitarse al contenido de las grabaciones efectuadas respecto de los terminales telefónicos de los investigados D. Juan Carlos Cueto Martín y D. Iñigo Roateche, cuya ubicación se indica en los siguientes apartados de este informe», añadía.

El soporte digital donde se recogen esas conversaciones y las transcripciones «relativas a las grabaciones e intervenciones efectuadas en el período 25.09.2023 al 29.10.2023, indicándose mediante nota a pie de página del primero de los oficios -la número 2- que el soporte digital en el que se recogen es un disco externo marca Toshiba de 1 Tb de capacidad».

Entre las evidencias legales existía el «conteniendo grabación de comunicaciones orales producidas el día 26 de septiembre de 2023
entre Juan Carlos Cueto y José Ángel Escorial y el 17 de octubre de 2023 entre Juan Carlos Cueto y Koldo García».

Por tanto, el fiscal añadió en su informe que «se considera procedente facilitar el acceso a las representaciones procesales de D. Juan Carlos Cueto Martín y D. Iñigo Rotaeche Lachiondo, a las evidencias legales remitidas mediante los oficios policiales que obran en los acontecimientos (…) y que son detallados en los seis apartados del presente informe, limitándose en el caso del Sr. Cueto a aquellos archivos que contengan las grabaciones de sus IMEI (…) e IMSI (…), así como a sus transcripciones y, en el caso del Sr. Rotaeche aquellos archivos que contengan las grabaciones de sus IMEI (…) y números de teléfono (…) y (…), así como a sus transcripciones».

La investigación por la financiación del PSOE amenaza con irrumpir en plena campaña electoral

Luis Miguel Montero
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La investigación por la financiación del PSOE amenaza con irrumpir en plena campaña electoral

La lista de imputados relacionados con el PSOE es interminable. Este asunto cobra ahora mayor interés por la convocatoria de elecciones generales Hay dirigentes o ex dirigentes socialistas en el Caso Zapatero o Caso Plus Ultra, financiación del PSOE, Caso Leire, Caso Cerdán, SEPI, Begoña Gómez y lo que queda del Caso Koldo en la Audiencia Nacional. Históricamente los jueces han procurado que los casos mediáticos que incluían políticos en los sumarios quedasen paralizados o se resolviesen antes de manera que sus resoluciones no coincidiesen en el tiempo con la celebración de elecciones. Habrá que esperar a ver qué ocurre en cada uno de estos casos.

El caso que más daño puede hacer es una causa desgajada como pieza extra dentro del Caso Leire y que afecta a la financiación del PSOE. De momento es una pieza secreta que el juez Pedraz podría alargar porque todavía no ha cumplido los dos años. El pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordaba abrir una «pieza separada económica» para recabar determinada información bancaria en relación con los posibles pagos efectuados por la trama investigada por supuestamente intentar desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, dentro del llamado Caso Leire.

En concreto, el magistrado pidió información a 12 entidades bancarias de alrededor de 80 cuentas bancarias en las que figuran como intervinientes el PSOE y los investigados Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo, entre otros.

En su auto, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia atendía así la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir la pieza separada a raíz de un oficio presentado por la UCO.

En su resolución, el instructor ordenaba que los datos sensibles económicos recabados fueran utilizados por la UCO para hacer un informe, pero «evitando que el traslado abierto y su integro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)». El instructor trataba así, en la medida de lo posible, evitar efectos indeseados en la opinión pública por la difusión de los datos contables de un partido político.

Además, una vez elaborado el oportuno informe, indicaba Pedraz, se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa. Una vez finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones. “Ninguna vulneración al derecho a la defensa de las partes puede suponer esta forma de proceder puesto que cada uno de los afectados por esta medida tienen perfecto conocimiento de la información de sus propias cuentas bancarias y podrá discutir el informe que se elabore por la UCO sin lesión alguna a su legítimo derecho a la defensa”, añadía en su auto.

Dice Pedraz que «se requirió a la unidad para que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. (solicitud inicial obra en el oficio de fecha 01.06.2026 nº 3643/2026 de fecha 01.06.2026).

En el citado oficio se dejaba constancia de que Leire Díez habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes a dos letrados: Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova. «El primero de ellos habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propio Leire Díez a través de Oliver Gruppe SL. El segundo, Jacobo Teijelo Casanova, habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal», explicaba Pedraz en un auto.

Sin embargo, el futuro judicial del PSOE, que amenaza con irrumpir en mitad de la campaña electoral se ha complicado tras la declaración de Ana María Fuentes, actual gerente del partido, ante el juez Pedraz. Lo que comenzó siendo un interrogatorio dirigido a determinar la posible responsabilidad de la gerente por la presunta emisión de facturas falsas en favor de estos abogados puede convertirse en el hilo del que Pedraz tire para imputar al partido socialista.

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Ana María Fuentes compareciendo en el Senado. Agencias.

Sobre Ana María Fuentes Pacheco, directora Gerente Federal del PSOE, ya decía la UCO que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos (Cerdán), de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero y otra con Jacobo Teijelo Casanova. De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados».

Pero durante su interrogatorio Fuentes optó por señalar a Santos Cerdán, su superior jerárquico como secretario de organización del partido, como responsable de ordenar todos los movimientos de dinero.

Administrativas del PSOE

En similares términos se recogía en el informe policial la situación de dos administrativas del partido: «Covadonga San Pedro Pascual en calidad de secretaría y administración del PSOE. Habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada. Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político. Y por otro lado, llevando a cabo gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización». De manera similar la UCO pone el acento sobre Celia Rodríguez «con rol y funciones similares a las de Covadonga». Sin embargo, éstas han declarado como testigos ante Pedraz.

La UCO resumía que «en lo que respecta a estas tres personas, su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE, siendo el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado».

Además, «todo ello además teniendo en cuenta que de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles».

La versión de Fuentes siempre ha sido que estos pagos fueron encargados por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y por tanto, su jefe directo. Todos los contratos eran supervisados por el letrado Alberto Cachinero, jefe de la asesoría jurídica del partido.

Habrá que esperar a ver si la Fiscalía Anticorrupción, presente en el interrogatorio, decide interponer una nueva querella o solicita algún informe cuando la UCO entregue su estudio sobre las cuentas del partido socialista.

Sánchez aprieta a la izquierda: el adelanto electoral deja a Sumar sin tiempo para construir el Frente Amplio

Antonio Olalla
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Sánchez aprieta a la izquierda: el adelanto electoral deja a Sumar sin tiempo para construir el Frente Amplio

Pedro Sánchez prepara una nueva batalla política en el espacio progresista. El presidente busca consolidar la hegemonía del PSOE, aprovechar la debilidad de sus socios y obligar a Sumar a negociar desde una posición de inferioridad. La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada ayer lunes, eleva la presión sobre una izquierda alternativa que llega a la cita electoral dividida y sin un liderazgo consolidado. Y, tal vez, de lo que es peor: sin tiempo para organizarse y buscar un candidato creíble y no quemado.

La estrategia de Pedro Sánchez pasa por una premisa que amenaza directamente la supervivencia política de Sumar: el PSOE quiere volver a ser la fuerza indiscutible de toda la izquierda, reduciendo el margen de maniobra de las formaciones que durante los últimos años han condicionado la acción del Gobierno. El objetivo no consiste únicamente en conservar el poder, sino también en recuperar los votos que el socialismo perdió frente a Podemos y otras fuerzas progresistas.

Los movimientos en este sentido desde las filas socialistas ya apuntaban precisamente a esa posibilidad: Sánchez podría aprovechar la crisis política y electoral de sus socios para construir un PSOE hegemónico dentro de su propio bloque. Y, de esta forma, devolver a la izquierda alternativa el golpe dado a través del proxy de Sumar como es el Sindicato de Inquilinos y el ‘Caso Maricarmen’. La cuestión de fondo es si el presidente está en condiciones de transformar la debilidad de Sumar en una oportunidad para reforzar su liderazgo.

Para Moncloa, el problema de la izquierda alternativa es también una oportunidad. Las discrepancias internas, la incertidumbre sobre quién encabezará el proyecto y la dificultad para articular una candidatura común debilitan la capacidad negociadora de Sumar frente a los socialistas. El nuevo proyecto trabaja bajo el nombre de ‘Frente Amplio’ y todavía no tiene un candidato elegido, y lo que es más importante, creíble y que unifique a las diferentes corrientes e ideas dentro de ese espectro político. Tarea difícil a pesar de l ofrecimiento de Podemos para compartir lista con la nueva confluencia de Sumar.

En este sentido, Sánchez necesita a la izquierda para sumar una mayoría parlamentaria, pero no necesariamente quiere compartir con ella el protagonismo político. Esa es la contradicción que atraviesa la relación entre los dos socios: mientras Sumar reivindica su influencia en las políticas sociales, el PSOE tiene incentivos para recuperar el voto progresista que considera imprescindible para continuar gobernando. Y más tras el efecto supuestamente positivo para Sánchez la guerra con Junts por los decretos de la vivienda.

Mónica García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns. Foto: Agencias
Mónica García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns. Foto: Agencias

La debilidad de Sumar abre una ventana al PSOE

El espacio político situado a la izquierda del socialismo atraviesa una etapa especialmente complicada. La salida de Yolanda Díaz de la primera línea del liderazgo electoral, las diferencias entre las organizaciones que integran la coalición y la competencia de Podemos han dificultado la construcción de una alternativa reconocible, a pesar de los últimos movimientos exprés que se están realizando para cuadrar ‘Frente Amplio’

Sumar necesita definir su identidad y demostrar que su presencia en el Gobierno produce resultados que no podrían atribuirse exclusivamente al PSOE, como ha sido el caso de meter el problema de la vivienda en primera plana de la actualidad de la sociedad española. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un socio subordinado, obligado a respaldar las decisiones de Sánchez para evitar una ruptura que pudiera perjudicar todavía más sus expectativas electorales. Como ha pasado hasta ahora en esta legislatura, que incluso desde sus filas se ha visto con cierto seguidismo hacia Sánchez temas como la cuestión del Sáhara o el propio problema de vivienda.

El problema es que esa dependencia ha tenido un coste político. La permanencia de Sumar en el Ejecutivo obliga a los de Yolanda Díaz a explicar a sus votantes por qué acepta decisiones que no comparte. Por este motivo, desde la confluencia siempre se ha explicado que romper con los socialistas, les hacía perder capacidad de influencia institucional y dejar al PSOE libre para presentarse como la única opción útil del electorado progresista, además de «entregar las armas a las derechas».

Con estas circunstancias, la reorganización de la izquierda tampoco resulta sencilla. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns han explorado fórmulas para articular una candidatura conjunta, pero la definición del liderazgo y del proyecto común sigue siendo un desafío. El próximo 17 de octubre se presenta la nueva marca, Frente Amplio, que parece que también contará con la presencia de Podemos, aunque esto no está confirmado, y de momento la participación de Gabriel Rufián queda a la espera de la decisión personal del político catalán que no vive sus mejores horas dentro de ERC.

En ese escenario, el PSOE dispone de una ventaja evidente: cuenta con una estructura nacional consolidada y con Sánchez como principal referencia electoral, mientras sus potenciales competidores a la izquierda todavía deben resolver quiénes son, qué ofrecen y cómo se presentarán ante los ciudadanos. Además, del miedo de los progresistas a dividir su voto, tomando la opción de Sánchez como «la menos mala».

La convocatoria electoral cambia las reglas del pulso

El adelanto electoral anunciado por Sánchez para el 29 de noviembre convierte esta disputa interna en una carrera contrarreloj. El presidente ha justificado la convocatoria con la necesidad de obtener una mayoría progresista más amplia, después de las dificultades parlamentarias y de los recientes reveses sufridos por el Gobierno.

La decisión coloca a Sumar y su nueva marca ante una disyuntiva inmediata: aceptar una negociación acelerada con el PSOE desde una posición de debilidad o intentar reforzar su autonomía electoral en un tiempo muy limitado, ahí va a estar parte del éxito para el actual bloque de gobierno pueda repetir mandato.

Sánchez, por su parte, ya ha movido ficha y ha presentado la convocatoria como una apelación directa a los votantes progresistas. El mensaje implícito es que, ante el riesgo de un Gobierno de derechas, concentrar el voto en el PSOE sería la opción más eficaz para frenar a PP y Vox. Esa lógica puede beneficiar a los socialistas, pero también amenaza con dejar a la izquierda alternativa a reducido a un papel secundario, sin capacidad de influencia.

La convocatoria no demuestra por sí sola que Moncloa pretenda imponer una determinada fórmula electoral a sus socios. Sin embargo, sí altera el equilibrio negociador y aumenta la presión para que la izquierda alternativa resuelva sus divisiones antes de acudir a las urnas.

Tiendas de camapaña durante la acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol. Foto: Agencias
Tiendas de camapaña durante la acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol. Foto: Agencias

El riesgo de una izquierda subordinada a Sánchez

La batalla por el espacio progresista no se limita a las listas electorales. También afecta a la capacidad de decidir la agenda política, desde la vivienda hasta las políticas laborales y sociales. Sumar necesita demostrar que puede condicionar al PSOE y evitar que sus propuestas queden diluidas en la estrategia general de Moncloa.

Para Sánchez, en cambio, la prioridad es llegar a las elecciones con una imagen de liderazgo y con la capacidad de movilizar a los votantes que temen una victoria de la derecha. Si consigue que el debate se centre en la disyuntiva entre un Gobierno socialista y uno de PP y Vox, las formaciones situadas a su izquierda tendrán más dificultades para reivindicar un espacio propio.

La incógnita es si esa estrategia permitirá ampliar la mayoría progresista o si terminará debilitando todavía más a sus aliados. Una izquierda alternativa demasiado pequeña podría restar posibilidades a una eventual mayoría parlamentaria, mientras que un PSOE reforzado podría exigir condiciones más duras en cualquier negociación posterior.

Sánchez quiere llegar a las urnas como el líder indiscutible de la izquierda; Sumar y sus aliados necesitan demostrar que todavía puede imponer condiciones. La convocatoria del 29 de noviembre acelera ese enfrentamiento y deja a sus socios ante una decisión crucial: reorganizarse para negociar de igual a igual o aceptar que el PSOE marque las reglas de la próxima etapa política. El objetivo de ambos reducir la convocatoria a electoral a una lucha entre rentistas e inquilinos, sin profundizar mucho.

El consumo eléctrico de los centros de datos de IA choca con el decreto: Meta y AWS amenazan con retirarse

Elena Ríos
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El consumo eléctrico de los centros de datos de IA choca con el decreto: Meta y AWS amenazan con retirarse

El consumo eléctrico de los centros de datos de IA se ha convertido en el principal obstáculo del decreto con el que el MITECO pretende regularlos, después de que Meta, AWS y Microsoft hayan amenazado con retirar sus inversiones.

El texto salió a consulta pública en verano, discretamente, y desde entonces ha ido acumulando alegaciones. Lo que hubiera sido un trámite más se convirtió en espectáculo mediático cuando los grandes promotores de centros de datos dejaron caer que tanto control era inadmisible y que se retirarían. El aviso tiene truco: quien sigue el sector sabe que España, con una de las electricidades más competitivas de Europa para el gran consumidor, no es un sitio del que se huya.

En el reparto de papeles, el MITECO hace de poli malo. Sobre el papel anuncia controles mensuales, técnicamente inviables, y penalizaciones desbocadas. A renglón seguido habilita la forma de sortearlas con una simple declaración responsable, sin fiscalización clara y bajo el paraguas de la confidencialidad y el secreto comercial. La letra pequeña manda.

Los 12 GW que el MITECO asume y los 47,7 GW que el sector tramita

El decreto reconoce que los centros de datos añadirían 12 GW adicionales de potencia al sistema. La patronal renovable y los representantes del sector hablan de bastante más: tramitaciones en curso por 47,7 GW. Para ponerlo en contexto, el consumo medio de España ronda los 30 GW y los picos se acercan a los 43 GW. Vamos a los datos.

Aquí está el detalle que lo cambia todo: un centro de datos no consume como una fábrica. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, con un factor de capacidad cercano al 100%. Esos 12 GW no son un pico ocasional, son demanda continua: alrededor de 100 TWh al año, más de un 35% del consumo eléctrico total del país. Duplicar la demanda nacional se dice pronto.

Sumar un tercio más de demanda eléctrica sin planificar la red ni publicar los costes no es transición digital: es una factura que pagará otro.

Tampoco cuadra el relato del consumo verde. Las renovables cubren alrededor del 58% del mix eléctrico español y son intermitentes, mientras que un centro de datos necesita suministro garantizado a cualquier hora. Cubrir esa demanda con contratos de suministro verde desplaza al resto de consumidores de la energía renovable disponible, y la única fuente sin intermitencia que se coloca en esa ecuación es el biogás. Alguien tendrá que explicar si compensa llenar de residuos el ámbito rural para que funcione la nube.

Un control que se firma con una declaración propia y se esconde tras el secreto comercial no es control: es un formulario con membrete verde.

La letra pequeña: control mensual esquivado con una declaración

El mecanismo dibujado en el borrador resulta, en la práctica, decorativo. Los colectivos críticos lo resumen así: se anuncia vigilancia estrecha y, dos párrafos después, se abre la puerta a esquivarla con declaraciones responsables amparadas en la confidencialidad. Las alegaciones, además, se han canalizado por por correo electrónico, sin registro público y sin respuesta conocida, según denuncia la plataforma MACROrenovablesNO. De la falsa transición a la falsa participación.

Lo que el documento no trae es, precisamente, lo que importa: ni la planificación detallada de las infraestructuras necesarias, ni su coste real. Integrar energía intermitente exige compensadores síncronos, subestaciones y refuerzos de red, y ninguna de esas obras aparece presupuestada con transparencia. Ojo con el dato: los 30 millones de consumidores acabarían pagando esos peajes.

El impacto, mientras, ya es material donde se han instalado. Los vecinos han visto subir sus facturas de luz y agua con consumos que nunca fueron transparentes, y los análisis difundidos por los colectivos críticos apuntan a un efecto de isla de calor que eleva hasta cinco grados la temperatura de las zonas próximas, además de contaminación de aguas y ruido constante.

energía e inteligencia artificial

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Demanda adicional: 12 GW reconocidos por el MITECO, frente a los 47,7 GW que el sector afirma tener en tramitación.
  • Energía al año: unos 100 TWh, más del 35% del consumo eléctrico nacional, por un factor de capacidad cercano al 100%.
  • Coste en red: 800 millones de euros en peajes solo en compensadores síncronos, según los cálculos de los colectivos críticos.
  • Equivalencia tangible: industrializar medio millón de hectáreas de suelo para los aerogeneradores que cubrirían esos 12 GW.

Quién paga la red y qué queda para la próxima generación

Conviene mirar el precedente. Los decretos de la llamada transición energética suelen aprobarse en verano o en Navidad, con la atención pública en otra parte, y este no ha sido una excepción. La diferencia es que ahora hay una cifra sobre la mesa y una infraestructura que alguien tiene que financiar. Regalar la red a los multimillonarios responsables de la nube, como si se tratara de una vivienda rural dispersa, no es política industrial: es una transferencia de rentas desde los 30 millones de consumidores.

El coste material tampoco es abstracto. Levantar los 12 GW adicionales en aerogeneradores exigiría, según las estimaciones de Thanatia recogidas por los colectivos críticos, 1,92 millones de toneladas de acero, 24.000 toneladas de cobre, 9.360 de aluminio, 1.320 de níquel y más de 1.000 toneladas de neodimio. La cuenta territorial es igual de incómoda: industrializar medio millón de hectáreas de suelo fértil. Eso es lo que se esconde detrás de la etiqueta verde.

España no decide esto en el vacío. La Comisión Europea se ha marcado que los centros de datos sean climáticamente neutros en 2030, y la electricidad competitiva es hoy el principal argumento para atraer esa inversión. Ahí está la oportunidad y ahí está el riesgo. Si el país compite regalando red, agua y territorio, la factura la pagarán los vecinos que ya vieron subir sus recibos y una generación que heredará un sistema eléctrico dimensionado para la nube y no para su industria.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Poner cifra a una demanda que hasta ahora se movía en la opacidad: 12 GW reconocidos y 47,7 GW en tramitación.
  • Modelo que cambia: La nube deja de ser un servicio virtual sin coste material y entra en la planificación eléctrica, hídrica y territorial del país.
  • Para las próximas generaciones: Decidir hoy cómo se reparte el coste de la red evita heredar una factura energética inflada y medio millón de hectáreas industrializadas.

El vidrio reciclado supone el 55% del material de los envases en España y ANFEVI afronta descarbonizar sus hornos

Elena Ríos
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El vidrio reciclado supone el 55% del material de los envases en España y ANFEVI afronta descarbonizar sus hornos

El vidrio reciclado supone ya el 55% de la materia prima de las fábricas españolas de envases, según el balance de ANFEVI, que reduce casi un 10% sus emisiones y afronta la descarbonización de sus hornos.

El vidrio reciclado ya es más de la mitad de la materia prima de los envases

Vamos a los datos. La industria española del envase de vidrio fabricó más de 2,3 millones de toneladas en 2025, el equivalente a 21,8 millones de envases al día. De ese volumen, el 55% procedió de vidrio reciclado, diez puntos más que en 2020, según el informe de economía circular de la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio (ANFEVI).

La tasa de reciclado general supera el 70% y el sector facturó más de 1.235 millones de euros, con más de 3.100 empleos directos y un 96% de contratos indefinidos. No es caridad ambiental: es un modelo que ya gana dinero.

  • Materia reciclada: el 55% del vidrio fundido, diez puntos más que en 2020.
  • Producción: más de 2,3 millones de toneladas, 21,8 millones de envases al día.
  • Reciclado general: por encima del 70% del vidrio puesto en el mercado.

Para el consumidor, el gesto es mínimo: separar la botella en el contenedor verde. Para la fábrica, ese envase vuelve convertido en calcín, la materia prima que alimenta el horno y reduce la necesidad de arena, sosa y caliza. Cuanto mayor es la tasa de recuperación, menor es la dependencia de recursos vírgenes y menor la huella del producto final.

La letra pequeña: descarbonizar el horno, no solo reciclar la botella

Aquí está la letra pequeña. Reciclar más vidrio no basta si la energía que funde ese vidrio sigue siendo fósil. En 2025 el sector bajó sus emisiones hasta 0,33 toneladas de CO2 por tonelada de vidrio fundido, casi un 10% menos de gases de efecto invernadero que en 2024. El reto ahora es el horno.

Bajar las emisiones un 10% es avance; llegar a cero exige rediseñar el horno, la pieza que aún ata al vidrio al gas natural.

La palanca es doble: electricidad de origen renovable y hornos híbridos capaces de fundir con esa electricidad. En 2025, más del 55% de la electricidad consumida por las plantas vidrieras españolas ya provenía de fuentes renovables. El consumo de agua cayó a 0,29 metros cúbicos por tonelada, un 8% menos que el año anterior.

Convertir los hornos en híbridos es, en palabras de la secretaria general de ANFEVI, Karen Davies, la vía principal para descarbonizar: ‘aprovechando la electricidad sostenible y convirtiendo nuestros hornos en hornos híbridos’. La patronal reconoce que la tecnología aún no acompaña para alcanzar las cero emisiones y que ese es ‘el reto más grande’ del sector.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Emisiones: 0,33 toneladas de CO2 por tonelada de vidrio fundido, casi un 10% menos que en 2024.
  • Material reciclado: el 55% de la materia prima de los envases, diez puntos más que en 2020.
  • Agua: 0,29 metros cúbicos por tonelada fundida, un 8% menos que el año anterior.
  • Equivalencia: 2,3 millones de toneladas fabricadas y 21,8 millones de envases al día.

El reto tecnológico que decide si el vidrio llega a cero emisiones

El caso del vidrio no es aislado: es el mismo dilema que afrontan el cemento, la cerámica, o el acero, sectores donde la electrificación choca con procesos que exigen altas temperaturas. El vidrio juega con ventaja, porque fundir material ya usado exige menos energía que arrancar de arena, sosa y caliza. Subir del 55% hacia el 70% tendría un efecto directo sobre la factura energética y sobre las emisiones de proceso.

Cinco años marcan la diferencia: en 2020 la incorporación de vidrio reciclado rondaba el 45% y hoy supera el 55%. El ritmo es real, pero lento para un objetivo de cero emisiones. La diferencia entre promesa y hecho se mide en hornos convertidos, no en comunicados.

Europa empuja en la misma dirección con el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) y con la Taxonomía Verde, que obligan a justificar qué porcentaje del negocio es realmente circular. En España, la Ley 7/2022 de residuos y el futuro sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) añaden presión para que el vidrio recuperado vuelva al horno. El vidrio es, además, infinitamente reciclable: no pierde calidad por muchas veces que se funda, lo que lo convierte en pieza clave de la economía circular de envases.

Sin hornos descarbonizados, el 55% de materia reciclada seguirá conviviendo con emisiones difícilmente evitables. Es ahí donde el hidrógeno verde, la electricidad renovable y el almacenamiento térmico competirán por un mismo objetivo. El reciclaje pone la materia prima; la transición energética decide si el horno deja de emitir.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: el vidrio reciclado recortó casi un 10% los gases de efecto invernadero del sector en 2025 y evita extraer materia virgen.
  • Modelo que cambia: el envase fabricado con materia virgen pierde terreno frente a un circuito cerrado en el que la botella vuelve al horno como nueva materia prima.
  • Para las próximas generaciones: un vidrio fundido con electricidad renovable y hornos híbridos acercaría al sector a las cero emisiones sin renunciar a un material infinitamente reciclable.

EE. UU. retira sus bombarderos B-1 de RAF Fairford tras las detenciones por terrorismo

Alvaro Villar
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EE. UU. retira sus bombarderos B-1 de RAF Fairford tras las detenciones por terrorismo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Pentágono ha confirmado la retirada de los doce bombarderos B-1 desplegados en la base británica de RAF Fairford, una semana después de que varios hombres fueran detenidos allí por presunta preparación de actos terroristas.
  • ¿Quién está detrás? Londres asegura tener ‘fuertes indicios’ de la implicación de Irán, mientras Teherán niega cualquier vínculo y ha convocado al embajador británico en represalia.
  • ¿Qué impacto tiene? La salida deja sin su principal plataforma de ataque de largo alcance el flanco occidental del dispositivo estadounidense en Europa y tensa el pulso entre Washington, Londres y Teherán en plena crisis del estrecho de Ormuz.

El Pentágono ha retirado sus bombarderos B-1 de RAF Fairford. La confirmación llegó este domingo, un día después de que el Wall Street Journal adelantara la salida de las aeronaves, y pone punto final a una semana de silencio oficial sobre la seguridad de una de las bases más sensibles del dispositivo estadounidense en Europa.

Una docena de aparatos estaba desplegada en el aeródromo, situado al noroeste de Londres, y había participado en los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes. El B-1 Lancer es un bombardero supersónico de geometría variable diseñado para misiones de penetración a baja cota y ataques de precisión con armamento convencional. Su presencia en territorio británico no era un desplazamiento rutinario: el gobierno de Londres había autorizado su uso para golpear las baterías de misiles iraníes que atacaban buques en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Pentágono justificó el mutismo de los últimos días con un argumento que ahora suena a reconocimiento tardío. ‘Si bien la seguridad operativa nos impidió confirmar en tiempo real el movimiento de nuestros activos y fuerzas, podemos reconocer ahora que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en RAF Fairford han sido replegados a sus bases de origen en Estados Unidos’, escribió en un correo electrónico.

La secuencia es tan breve como significativa. Los arrestos se produjeron hace siete días. El pasado miércoles el primer ministro británico, Andy Burnham, aseguró que su gobierno tiene ‘fuertes indicios’ de que Irán estuvo detrás del supuesto complot. Esa misma jornada, Teherán calificó las acusaciones de infundadas y convocó al embajador británico en la capital iraní. El detalle importa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló ‘las manos de un actor extranjero’ sin nombrar a Irán. Trump, más explícito, afirmó que los implicados planeaban causar ‘un daño enorme’. Ninguno de los dos ha aportado pruebas públicas que sostengan la atribución.

Una base de la OTAN utilizada para bombardear Irán se convirtió, en cuestión de días, en objetivo. Eso cambia la ecuación de seguridad del flanco occidental.

Lo que el Pentágono no quiso confirmar en tiempo real

Conviene recordar el contexto operativo del despliegue. Los B-1 no estaban en Fairford como parte de una rotación de disuasión rutinaria. Operaban en el marco de la campaña de represalia contra Irán, lanzada tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Cada misión implicaba horas de vuelo, reabastecimiento en vuelo y coordinación con las fuerzas navales desplegadas en el Golfo.

La retirada, por tanto, no es solo la salida de doce aviones. Es la constatación de que el Pentágono considera que una base de la OTAN en Europa occidental no reúne las condiciones de seguridad necesarias para sostener ese tipo de operaciones. Un golpe de efecto silencioso, ejecutado sin comunicado oficial más allá del correo confirmatorio.

La lectura que hacemos es que Washington ha preferido perder capacidad operativa durante unos días antes que asumir el riesgo de un incidente mayor en territorio aliado. Es una decisión prudente en el plano táctico y, al mismo tiempo, un reconocimiento implícito de vulnerabilidad que no pasa desapercibido en Bruselas ni en Moscú.

Irán, en el punto de mira: de Ormuz a Fairford

La acusación británica contra Irán no es nueva. Tiene su origen en la escalada del estrecho de Ormuz, donde Teherán ha desplegado baterías costeras capaces de atacar buques que consideraba objetivos legítimos. El gobierno británico autorizó a Washington el uso de Fairford precisamente para neutralizar esas baterías. La lógica de la represalia era clara. La consecuencia también: convertirse en objetivo.

Teherán sostiene que las acusaciones no tienen fundamento. La convocatoria del embajador británico en Teherán es un gesto diplomático de protesta formal que rara vez se produce sin instrucción directa del más alto nivel. En la práctica, Irán ha pasado de la negación a la advertencia en menos de una semana, con la vista puesta en las represalias que pueda desencadenar un incidente mayor.

Equilibrio de Poder

La retirada de los B-1 deja tres lecturas. La primera es de disuasión: Estados Unidos pierde, al menos de forma temporal, su capacidad de ataque rápido de largo alcance desde suelo europeo en un momento de máxima tensión con Teherán. La segunda es de confianza. Si el Pentágono considera que RAF Fairford no es lo bastante segura, ¿qué dice eso del resto del dispositivo estadounidense en Europa, desde Rota hasta Ramstein?

La tercera afecta a la propia reciprocidad con Londres. El gobierno británico autorizó el uso de su territorio para atacar Irán y ahora ve cómo el socio estadounidense retira los activos sin una coordinación pública visible. La comunicación, en este caso, llegó por filtraciones y un correo tardío. No es la mejor señal para una alianza que se reclama sólida.

Para España la noticia llega en un momento delicado. Las bases de Rota y Morón albergan el despliegue permanente más sensible de Estados Unidos en el sur de Europa, y su valor estratégico depende exactamente del mismo principio que Fairford: que el territorio aliado sea seguro y que la coordinación funcione. Cada episodio como este refuerza las tesis de quienes en Bruselas reclaman una revisión del paraguas de seguridad estadounidense sobre el continente.

El precedente más cercano está en el uso de las bases españolas durante la guerra de Irak de 2003, cuando la autorización del gobierno de Aznar generó un debate interno que tardó años en cerrarse. La diferencia ahora es que el adversario ya no es un Estado con capacidad de respuesta simétrica, sino una constelación de actores, estatales y proxy, capaces de operar cerca de aeródromos aliados sin necesidad de una declaración de guerra formal.

La próxima ventana crítica es la reunión ministerial de Defensa de la OTAN prevista para finales de octubre en Bruselas, donde previsiblemente se abordará la seguridad de las infraestructuras críticas en territorio aliado. Habrá que ver si el caso Fairford entra en la agenda como incidente aislado o como patrón. Esa distinción definirá la respuesta de la Alianza en 2027.

Alemania crea su primer regimiento de drones en 2027 con las lecciones de Ucrania

Alvaro Villar
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Alemania crea su primer regimiento de drones en 2027 con las lecciones de Ucrania

El primer regimiento de drones de Alemania empezará a formarse en 2027 y aspira a la capacidad operativa plena en 2029. La decisión la anunció el ministro de Defensa, Boris Pistorius, el pasado 1 de octubre en el campo de maniobras de Bergen, y no es un gesto menor: Berlín convierte en estructura permanente lo que hasta ahora era experimentación dispersa.

Por qué Berlín ha tardado cuatro años en mover ficha

Pistorius habló delante de prototipos. Durante los ensayos de la Experimentalserie Land, el Ejército alemán puso a rodar sistemas aéreos no tripulados y vehículos terrestres sin tripulación, y lo hizo después de meses de intercambios operativos directos con unidades ucranianas desplegadas en el frente. Esa es la diferencia con los planes anteriores: la doctrina no sale de un informe de laboratorio, sale de cuatro años de guerra real.

Ahí está la clave. Los sistemas no tripulados causan la inmensa mayoría de las bajas en el campo de batalla ucraniano, y esa cifra ha reordenado las prioridades de la Bundeswehr. El regimiento concentrará bajo un mando único el reconocimiento, el ataque en profundidad, los vehículos terrestres no tripulados, la guerra electrónica y la defensa antidrón. La robótica terrestre, subrayó el ministro, deja de ser un complemento y pasa a ser un pilar operativo con el mismo rango que los sistemas aéreos.

La estructura que se perfila es ambiciosa. Entre cinco y seis compañías, con una compañía interna de ensayos pensada para meter prototipos en servicio a velocidad de guerra y no a velocidad de expediente. El alcance de las misiones de ataque profundo depende, admiten desde el Ejército, de la disponibilidad de equipos comerciales: hasta 500 kilómetros, aproximadamente la distancia en línea recta entre Madrid y Barcelona. La unidad arrancará con 300 o 350 efectivos y podrá crecer hasta los 600, el tamaño de un batallón reforzado.

Para Alemania, el salto es de fondo. El país que debatió durante una década en el Parlamento si debía armar los Heron TP israelíes —y que solo los recibió armados en 2022— pone ahora el dron en el centro de su Ejército. La Zeitenwende que Olaf Scholz proclamó en febrero de 2022 tardó en traducirse en acero y doctrina. Este regimiento es la primera pieza que se parece a una respuesta institucional y no a un discurso.

Alemania no está comprando drones: está comprando una doctrina de guerra que no ha librado y que se ha escrito, con sangre ajena, en Ucrania.

El regimiento que Alemania cuelga de la 10ª División Panzer

El nuevo regimiento será un activo divisionario asignado a la 10ª División Panzer, la gran unidad que Berlín mantiene en alta disponibilidad como compromiso con la OTAN y de la que también depende la Panzerbrigade 45 desplegada en Lituania. La elección no es neutral. Alemania cuelga su unidad de drones de la formación con mayor exigencia de alistamiento, la que tendría que moverse primero si se activara el artículo 5 del Tratado de Washington.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Christian Freuding, ha explicado la estrategia de doble vía: formaciones dedicadas por un lado, institucionalización del dron en toda la fuerza por otro. Al cambio de año, la Bundeswehr empezará a desplegar sistemas tácticos no tripulados en tres ramas de combate —infantería ligera, reconocimiento, y unidades acorazadas— en paralelo a la creación del regimiento. Las municiones merodeadoras, esas que orbitan hasta encontrar objetivo, están en evaluación y deberían llegar a la tropa en 2027.

Quedan flecos que no son menores. El Ministerio de Defensa alemán no ha decidido la ubicación permanente de la unidad ni ha adjudicado los contratos de las plataformas de largo alcance. Sin base y sin proveedor, la capacidad operativa plena de 2029 es un calendario, no un hecho. Y hay una dependencia incómoda en el horizonte: buena parte de los componentes críticos de los drones occidentales siguen saliendo de cadenas de suministro asiáticas.

Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

Equilibrio de Poder

La lectura desde Washington es sencilla. La administración Trump lleva dos años repitiendo que Europa debe financiar su propia disuasión, y cada anuncio como este le sirve de argumento para no reforzar el flanco este con medios estadounidenses. Moscú, por su parte, tiene motivos para mirar con atención: un regimiento no cambia un balance estratégico, pero una Bundeswehr que institucionaliza el dron en toda su fuerza sí modifica el cálculo a medio plazo en el flanco nordeste, el mismo donde ya opera la brigada alemana en Lituania. Bruselas, mientras tanto, ve en Berlín al pagador que su industria necesitaba.

Para España hay dos lecturas. La primera es industrial: Berlín y Madrid compiten por los mismos contratos europeos en sistemas no tripulados, desde el Eurodrone hasta las municiones merodeadoras, y quien tenga antes una unidad operativa tendrá mejor argumento a la hora de reclamar producción. La segunda es de flanco sur. Mientras Alemania orienta su esfuerzo al este, Marruecos y Argelia siguen acumulando drones de combate en el Magreb y el Sahel, un teatro donde Madrid tiene intereses directos y una capacidad no tripulada todavía limitada. El Ejército de Tierra español lleva dos años empujando la Brigada Experimental 2035 y el Ministerio de Defensa ha situado los sistemas no tripulados entre sus prioridades, según fuentes de Defensa consultadas, pero el volumen es incomparable.

Merece la pena mirar el precedente. Alemania tardó casi una década en aceptar que un dron puede llevar una bomba, atenazada por un debate moral que París, Londres y Washington habían cerrado mucho antes. Ahora llega tarde en número, pero llega con estructura. La duda real es si un regimiento de 600 hombres y cinco compañías basta para una guerra donde un solo operador con una consola mueve más letalidad que un pelotón entero.

El primer examen será el cambio de año, cuando los sistemas tácticos empiecen a llegar a la infantería ligera, el reconocimiento y los acorazados. El segundo, en 2027, con la munición merodeadora ya en manos de la tropa. Para cuando la OTAN vuelva a revisar sus planes de defensa, el regimiento alemán habrá dejado de ser un anuncio. Para España, la pregunta no es si el modelo funciona: es cuánto tardará Madrid en copiarlo.

La Moncloa re-aprueba los decretos de vivienda y los convalidará en la Diputación Permanente

Juan Vicente
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La Moncloa re-aprueba los decretos de vivienda y los convalidará en la Diputación Permanente

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros de este martes, 6 de octubre, vuelve a aprobar los dos decretos de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó el viernes, con retoques técnicos y una hoja de ruta distinta: la convalidación ante la Diputación Permanente.
  • ¿Quién está detrás? El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Vivienda, y el Grupo Parlamentario Socialista, que busca rehacer la mayoría sin depender del voto de Junts y con el PNV como socio decisivo.
  • ¿Qué impacto tiene? El primero de los decretos, el que impide los desahucios de personas vulnerables, podría salir adelante; el que haría permanentes los contratos de alquiler no tiene hoy los apoyos suficientes.

El Consejo de Ministros aprobará este martes los decretos de vivienda con retoques técnicos tras el rechazo del Congreso. Serán casi idénticos a los que cayeron el viernes, pero el escenario de la votación cambia por completo: el Gobierno quiere convalidarlos en la Diputación Permanente, donde el ‘no’ de Junts deja de ser decisivo.

La decisión se adoptará en la reunión ordinaria del Gabinete de este martes, 6 de octubre, según las fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio. Los textos no serán exactamente los mismos que tumbó el Pleno: habrá ajustes técnicos, correcciones de articulado y algún encaje jurídico de última hora. La arquitectura de las dos normas no se toca.

Porque en realidad son dos decretos y dos suertes muy distintas. El primero es el que impide los desahucios de personas vulnerables, conocido en los pasillos del Congreso como el ‘decreto Maricarmen’. El segundo es el que haría permanentes los contratos de alquiler, una medida que acumula meses de atasco entre enmiendas y votaciones perdidas.

Qué se vota, con qué mayoría y en qué órgano

La clave está en el procedimiento. Un Real Decreto-Ley es una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba sin pasar antes por las Cortes, y que el Congreso debe convalidar o derogar en el plazo de 30 días, tal y como fija el artículo 86.2 de la Constitución. Si nadie lo tumba, sigue vigente; si el Pleno lo rechaza, decae al instante.

Hasta aquí, el trámite habitual. La novedad es dónde se dirime esa votación. El Ejecutivo quiere que la convalidación se produzca en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano de composición reducida y proporcional —68 diputados en la actual legislatura— que asume las funciones del Pleno cuando la Cámara no está reunida o entre periodos de sesiones.

El movimiento tiene una consecuencia práctica: los grupos con menos peso en ese órgano pierden capacidad de bloqueo, y el voto de Junts pasa a ser irrelevante. Lo que se decide allí se decide rápido. Y con menos ruido.

Cambiar de escenario no es un truco formal: es la constatación de que el Gobierno deja de negociar cada decreto social con quien vota en contra por sistema.

Por qué el voto de Junts deja de ser decisivo

El viernes, el Pleno del Congreso tumbó los decretos con el ‘no’ de Junts como voto decisivo. En la Diputación Permanente la aritmética es otra, y no por casualidad: es un órgano más pequeño, con menos escaños en juego y con una proporcionalidad que reparte el peso de manera distinta.

El socio decisivo pasa a ser el PNV. Si mantiene su voto favorable, el decreto que impide los desahucios de personas vulnerables podría salir adelante. El segundo, el que haría permanentes los contratos de alquiler, no tiene hoy los apoyos suficientes. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio admiten que el Ejecutivo asume ese escenario: mejor salvar una norma que perder las dos.

La lectura política no es menor. Ferraz y La Moncloa han decidido dejar de jugar la partida en el tablero donde la mayoría es más frágil. La convalidación en la Diputación Permanente no esquiva el control parlamentario, pero lo traslada a un órgano constitucional con reglas propias y, sobre todo, obliga a rehacer la mayoría con menos actores y más disciplina.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la lectura es serena, aunque no exenta de tensión. La dirección federal entiende que el rechazo del viernes fue un accidente evitable y asume que la negociación con los socios ha entrado en otra fase: menos foto conjunta, más acuerdo puntual. El Grupo Parlamentario Socialista trabaja ya con el escenario de la Diputación Permanente, y el PNV sabe que tiene la llave.

El aterrizaje territorial es inmediato. El escudo frente al desahucio protege a familias vulnerables en toda España, vivan donde vivan, y son los gobiernos autonómicos del PSOE los que llevan meses reclamando un marco estable para aplicarlo sin sobresaltos. Lo que se decida en Madrid estos días se traduce en juzgados, en servicios sociales, y en familias que no saben si el próximo mes seguirán en su casa.

Hay además un precedente que conviene recordar. La Ley de Vivienda de mayo de 2023, la primera norma estatal de la materia en más de cuatro décadas, costó dos años de negociación y llegó al BOE con el apoyo justo. El escudo anti-desahucios nació antes, en la pandemia, con el real decreto-ley de 2020 que suspendió los desalojos de los hogares más frágiles. Ningún gobierno ha querido dejarlo caer desde entonces. Tampoco este.

El riesgo está en el calendario. Si los nuevos decretos se publican en el BOE esta misma semana, la Diputación Permanente tendrá por delante el plazo constitucional de 30 días para pronunciarse, y cualquier desajuste en la mayoría devuelve las dos normas al aire. El bloque que tumbó los decretos el viernes no tiene, a priori, muchos incentivos para facilitar la segunda intentona.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Blindaje del escudo frente al desahucio y de los derechos de los inquilinos frente a quienes prefieren tumbar la norma antes que negociarla.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: El Consejo de Ministros de este martes 6 de octubre y la posterior convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.

Mínguez exige a Feijóo desautorizar a Abascal y Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N

Juan Vicente
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Mínguez exige a Feijóo desautorizar a Abascal y Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Santiago Abascal y a Isabel Díaz Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N, que podrá solicitarse desde este martes.
  • ¿Quién está detrás? Mínguez ha lanzado el mensaje a las puertas de Ferraz, minutos antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.
  • ¿Qué impacto tiene? El voto por correo entra en el centro de la precampaña y sitúa a la Junta Electoral Central como árbitro ante cualquier intento de cuestionar el procedimiento.

El PSOE exige a Feijóo que desautorice a Abascal y a Ayuso por cuestionar el voto por correo del 29-N. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, ha reclamado al líder del PP que rompa su silencio antes de que se abra el plazo de solicitud.

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ya tienen su primer frente abierto. El voto por correo, que podrá pedirse desde este martes, ha dejado de ser un trámite para convertirse en asunto político de primera magnitud.

Mínguez ha atendido a los medios a las puertas de Ferraz, antes de entrar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. Su intervención ha tenido dos destinatarios y un mismo hilo: el sistema electoral no se toca con sospechas.

La señora Ayuso y el señor Abascal han salido ya cuestionando nuestro sistema democrático, han criticado el voto por correo, han insistido a la gente que no vaya ni tan siquiera a votar’, ha trasladado la portavoz socialista. Mínguez ha calificado esas palabras de ‘extremadamente grave’ y ha pedido a Feijóo que las desautorice de forma expresa.

La pelota, ahora, es de Feijóo.

El voto por correo abre este martes: plazos y cómo se solicita

El procedimiento se activa este martes 6 de octubre. Cualquier elector puede pedir el voto por correo sin justificar su ausencia: basta con acreditar la identidad en una oficina de Correos o hacerlo por vía telemática con certificado digital. La normativa electoral recogida en el Boletín Oficial del Estado fija el límite de la solicitud en el décimo día anterior a la jornada electoral, esto es, hasta el 19 de noviembre.

Cuestionar el voto por correo no es discutir un papel: es sembrar la sospecha sobre el derecho de quien no puede acudir a su colegio electoral.

Desde ese momento, la Oficina del Censo Electoral remite al domicilio la documentación completa —papeletas, sobres y acta— y el votante devuelve el sobre por correo certificado a su mesa. También puede entregarlo en mano en cualquier oficina de Correos dentro de plazo. El circuito queda bajo custodia del operador postal público y a a disposición de la administración electoral.

El voto por correo tiene usuarios muy concretos. En los últimos procesos generales ha funcionado como válvula de escape para quienes trabajan lejos de su municipio, para las personas mayores o con movilidad reducida y para los electores desplazados el día de la votación. Los residentes en el exterior disponen de su propio procedimiento, el voto CERA.

Cosas que pasan en cualquier precampaña.

El silencio de Feijóo y la presión que no cesa

Montse Mínguez

Ferraz espera una respuesta que, por el momento, no ha llegado. Al cierre de esta edición, el PP no había aclarado si marcará distancia con unas palabras que la dirección socialista considera una línea roja. Nadie ha desautorizado nada todavía.

El argumentario socialista es nítido. Cuestionar el voto por correo no es discutir un procedimiento administrativo: es poner bajo sospecha el mecanismo que garantiza el sufragio de quienes no estarán en su colegio electoral el 29 de noviembre. Y hay precedente: durante la campaña de las generales del 23 de julio de 2023, el PP reclamó explicaciones a Correos por el dispositivo del voto por correo y el asunto ocupó varios días de debate público.

En Ferraz recuerdan que el marco institucional es el que es. La Junta Electoral Central —el órgano que arbitra el proceso y resuelve las reclamaciones de todos los partidos— vigila cada fase, y la Oficina del Censo Electoral responde ante ella. Cuestionar el sistema sin prueba ante ese árbitro tiene un coste político evidente.

Madrid añade otra capa. Isabel Díaz Ayuso es la dirigente territorial de más proyección del PP y su discurso no cae en un vacío: cae en una federación socialista que se juega mucho en la Comunidad de Madrid y en un electorado de centro-derecha al que Ferraz quiere disputar la moderación institucional.

El Eje del Poder Socialista

El movimiento de Mínguez no es un exabrupto de portavoz. Es la primera pieza de una estrategia activada con la maquinaria electoral recién engrasada. Pedro Sánchez, María Jesús Montero y el conjunto de la Ejecutiva Federal han pasado de la gestión de Gobierno a la lógica de campaña con un mensaje sencillo de comunicar y difícil de rebatir: el PSOE defiende las reglas; la derecha, cuando le conviene, las pone en duda.

El aterrizaje territorial es inmediato. Los presidentes autonómicos socialistas —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra o Salvador Illa desde la Generalitat de Catalunya— sostendrán el mismo argumento en sus federaciones. El voto por correo afecta, sobre todo, a quien no puede permitirse perder un día de trabajo, y ese perfil tiene dirección postal concreta en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

La lectura a corto plazo es de riesgo controlado, pero existe. El precedente de 2020, con comicios en plena pandemia y un voto postal histórico, y la resaca del 23-J dejaron una lección que en Ferraz repiten en privado: cuanto antes se desactiva la sospecha, menos se judicializa la noche electoral. Por eso el primer aviso llega con el plazo recién abierto y no en el tramo final de la campaña.

Y queda campaña por delante.

Ferraz tiene dos fechas marcadas: el arranque formal de la campaña, el 14 de noviembre, y el cierre del plazo de solicitud, el 19 de noviembre. Antes de la primera, el PP deberá elegir entre su discurso institucional y la agenda de Vox. Es la apuesta socialista: convertir la defensa del voto por correo en una cuestión de Estado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El PSOE defiende las reglas y el derecho al sufragio de quien no puede acudir a las urnas; la sospecha sin prueba debilita al sistema.
  • Protagonista: Montse Mínguez (portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE), con Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el plano de fondo de la maquinaria electoral.
  • Próximo hito: Apertura del plazo de solicitud del voto por correo este martes 6 de octubre y respuesta pendiente de Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE afronta el 29-N con causas judiciales abiertas: Koldo, Leire Díez y las hijas de Zapatero

Juan Vicente
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El PSOE afronta el 29-N con causas judiciales abiertas: Koldo, Leire Díez y las hijas de Zapatero

El PSOE afronta las elecciones del 29 de noviembre con causas judiciales abiertas, aunque sin ninguna imputación formal contra el partido. Pedro Sánchez adelantó casi un año la cita con las urnas y su equipo ha decidido convertir la campaña en una defensa cerrada de la gestión frente a lo que Ferraz describe como una acumulación de ruido judicial.

El calendario de los próximos dos meses no debería ser, en teoría, incómodo para los socialistas. Los tribunales evitan adoptar decisiones de calado sobre asuntos que afectan a partidos en plena precampaña y campaña, una ley no escrita que la dirección federal conoce bien. Eso sí, el horizonte incluye comparecencias de terceros que seguirán alimentando titulares.

El calendario judicial que marca los dos meses de campaña

La más próxima es la declaración de la jueza Beatriz Biedma, citada este jueves como perjudicada por el magistrado Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional. Biedma es la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que denunció una supuesta campaña orquestada para desacreditarla. En su escrito describió actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, promover denuncias contra ella y apartarla de procedimientos concretos.

La causa sitúa en el foco a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y una pieza separada sobre los pagos presuntamente realizados a la exmilitante Leire Díez. Pedraz ha reclamado a varios bancos los movimientos de cuentas vinculadas al partido, una línea de trabajo que Ferraz sigue con atención y sobre la que mantiene silencio público.

En paralelo, el juez Ismael Moreno conserva declarada secreta una pieza separada del caso Koldo. La investigación examina los pagos en metálico del partido entre 2017 y 2024 bajo la sospecha de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, condenados por el Tribunal Supremo, pudieron aprovechar la falta de controles internos para blanquear dinero. Esa hipótesis apunta más a un fallo de vigilancia que a una complicidad orgánica. Cosas que pasan en política.

El plato fuerte llegará, no obstante, el día después de las urnas. Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, están citadas como investigadas el 30 de noviembre en el caso Plus Ultra, apenas unas horas después de que se cierre el colegio electoral.

La campaña no se jugará en los juzgados, pero cada fecha del calendario judicial llegará puntual a la conversación pública.

Por qué el caso Plus Ultra y las joyas de Zapatero pesan en el relato

Las pesquisas sitúan a las hijas del expresidente como administradoras de la empresa What The Fav, vinculada indiciariamente al entramado investigado y señalada como supuesto centro de redistribución de flujos financieros. El juez José Luis Calama apunta que Análisis Relevante, sociedad del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, les abonó 239.755 euros.

Zapatero, principal imputado de la causa, declaró el pasado junio que la empresa de sus hijas operaba realmente y cobraba por trabajos de márketing. Negó cualquier irregularidad. Sánchez ha repetido que mantiene su confianza en el expresidente y ha pedido respetar la presunción de inocencia, la última vez el pasado 23 de septiembre. Sobre las joyas intervenidas, valoradas en 1,3 millones de euros y que Zapatero atribuye a un regalo de Arabia Saudí recibido en Moncloa, el presidente optó por la prudencia: ‘Vamos a ver en qué se traduce esto, y luego cuando ya tengamos esos datos le daré respuesta a esa pregunta’.

El calendario suma además la comparecencia como investigado del financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven el 16 de octubre, señalado como presunto cerebro financiero del caso, y dos testificales previstas para el 19 de noviembre. Nada nuevo bajo el sol judicial.

El Eje del Poder Socialista

Ferraz ha hecho de la prudencia su línea oficial. La dirección federal no comenta causas en curso, delega cualquier valoración en los servicios jurídicos y concentra el mensaje en lo que considera terreno propio: la gestión. El Grupo Parlamentario Socialista mantiene la disciplina y los barones —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra, Salvador Illa en la Generalitat— evitan alimentar el ruido. PP y Vox han intentado convertir cada fecha judicial en munición electoral, pero el argumentario socialista responde con un dato: no hay imputación formal contra el partido.

El aterrizaje territorial es clave. En las comunidades donde el PSOE gobierna o cogobierna, la campaña se libra sobre sanidad, educación, y vivienda, no sobre expedientes judiciales. Ahí la dirección confía en que el votante de centro-izquierda priorice la gestión del Estado del bienestar frente a lo que considera una operación de desgaste.

Cabe recordar que el PSOE ya atravesó escenarios de presión judicial en legislaturas anteriores y que su respuesta histórica ha sido siempre la misma: separar la responsabilidad individual, colaborar con la justicia y no gobernar desde el atril del juzgado. El reto ahora es que esa estrategia aguante un calendario que sitúa una cita clave apenas 24 horas después de las urnas. La próxima ventana crítica será, precisamente, ese interrogatorio del 30 de noviembre.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Separar la responsabilidad individual de la institucional y anteponer la gestión al ruido judicial.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: Declaración como investigadas de las hijas de Zapatero el 30 de noviembre, un día después de las elecciones.
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