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El fin del teletrabajo en LinkedIn se cobra su primera baja en la cúpula. Ryan Roslansky, consejero delegado de la red social profesional, abandona Microsoft antes que mudarse a Redmond y cumplir con la presencialidad diaria que la compañía le exige.

Claves de la operación

• Una dimisión que marca precedente directivo. Roslansky deja Microsoft a final de año tras casi 18 años ocupando distintos puestos de responsabilidad en LinkedIn.
• El retorno a la oficina llega a la cúpula. Microsoft exige desde febrero tres días presenciales a quienes viven a menos de 80 kilómetros de una sede, y a algunos equipos les pide más.
• España también lo nota. El 35% de los empleados que teletrabajan cambiaría de empleo si su empresa le exige más días de oficina, según la VI Radiografía del Teletrabajo de InfoJobs.

Roslansky dirigía la red social profesional desde mayo de 2020 y cierra una etapa de casi 18 años en la compañía. Su salida llega después de un memorando interno que fijaba la presencia física a tiempo completo en la sede de Redmond y de una explicación que el propio directivo publicó en su perfil: su vida y la de su familia están ancladas en el Área de la Bahía.

El pulso entre la sede y el talento se cobra su primera baja directiva

Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, se limitó a señalar en un comunicado que Roslansky deja la organización en una posición sólida. El mensaje corporativo contrasta con el giro que la compañía dio en febrero de 2026, cuando abandonó su defensa histórica del trabajo remoto y pasó a exigir tres días semanales de oficina a quienes viven a menos de 80 kilómetros de una sede. A algunos equipos les reclama incluso más.

El discurso oficial lo resumió la jefa de personal, Amy Coleman: ‘los datos son claros: cuando las personas trabajan juntas en persona, prosperan’. El problema para Microsoft es que ese mismo argumento está empujando fuera a los perfiles que más tarda en reconstruir.

Un estudio de las universidades de Chicago y Michigan ya midió el fenómeno: los empleados con más antigüedad son los que más renuncian cuando se recortan los días de remoto, hasta el punto de reducir un 20% la antigüedad media de la plantilla. Peor todavía, buena parte de esos veteranos acaba fichando por competidores directos.

El teletrabajo no retenía a los empleados por comodidad, sino porque sustituía parte del salario emocional que ninguna subida ha igualado.

La cúpula tiene un margen de negociación que el empleado de a pie no tiene. Brian Niccol, consejero delegado de Starbucks, vive en Newport Beach, a unos 1.600 kilómetros de la sede de Seattle, y su contrato incluyó el uso de un avión privado de la compañía a cambio de tres días presenciales. No consta que a Roslansky le ofrecieran un acuerdo similar.

España también juega: el 35% cambiaría de empleo

El caso español confirma la tendencia. Según la VI Radiografía del Teletrabajo en España de InfoJobs, el 35% de quienes teletrabajan cambiaría de empleo si le exigen más días de oficina. El dato desmonta la idea de que la vuelta a la presencialidad sea una decisión neutra: tiene precio, y se paga en rotación.

En España, el debate no es exclusivo de las tecnológicas estadounidenses. Las cotizadas del IBEX 35 llevan tiempo ajustando sus modelos de presencialidad, con mensajes a los sindicatos que mezclan productividad y cultura corporativa. La diferencia es que aquí el teletrabajo sigue siendo, de media, más escaso que en el norte de Europa, de modo que la vuelta a la oficina se percibe menos como un retroceso que como la normalidad recuperada.

El riesgo que Microsoft subestima

La paradoja es evidente. Microsoft fue una de las empresas que más defendió el teletrabajo y ahora lidera el movimiento contrario, justo cuando su prioridad declarada es ganar la carrera de la IA. El talento que necesita esa carrera es el mismo que más valora la flexibilidad, y el caso de Roslansky demuestra que ni siquiera un puesto de máxima responsabilidad retiene a quien no quiere moverse de ciudad.

La lectura que hacemos desde esta redacción es que el coste se está subestimando. Repoblar la oficina no sale gratis: cada dimisión de un perfil veterano obliga a contratar, formar, y esperar entre seis y doce meses para recuperar la productividad perdida. Microsoft ya lo comprobó con las exigencias anteriores, cuando muchos de sus exempleados acabaron en competidores directos.

El próximo hito para medir el alcance real de esta política llega a final de año, cuando Roslansky abandone definitivamente Microsoft, y sobre todo con la próxima temporada de resultados. Si la rotación se dispara y el coste de contratación sube, la compañía tendrá que decidir si su apuesta por la presencialidad vale el precio que está pagando. Ahí se verá si el fin del teletrabajo es una estrategia o solo una imposición.

Los centros de datos de Amazon en Aragón no dejan un euro de IAE en los municipios que los albergan. El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han presentado una protesta formal porque AWS paga el Impuesto sobre Actividades Económicas en Madrid, no donde están las instalaciones.

La queja no es nueva, pero sí la vía elegida. Ambos consistorios, que preparan una reclamación conjunta contra la multinacional, han trasladado su malestar por escrito con la vista puesta en los campus que siguen en construcción. El alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, sostiene que ‘es verdaderamente lamentable y vergonzoso que los impuestos no se queden en el territorio’.

Los números que manejan los ayuntamientos salen de la documentación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA). La estimación anual de la primera ampliación asciende a 522.777 euros, de los que 384.503 corresponderían a Zaragoza, 90.817 a Huesca, 33.400 a Villanueva de Gállego y 14.056 a El Burgo de Ebro. En conjunto, los dos municipios en disputa recibirían menos del 10% del total, y la reclamación abarca tanto lo dejado de ingresar desde 2022 como los campus ya proyectados.

Claves de la operación

• Cientos de miles de euros desde 2022. Los dos ayuntamientos calculan que han dejado de ingresar esa cantidad y exigen una compensación económica antes de respaldar las ampliaciones previstas.
• El reparto deja migajas a los municipios. Sobre los 522.777 euros anuales estimados en el PIGA, Villanueva de Gállego recibiría 33.400 y El Burgo de Ebro, 14.056.
• AWS concentra su tributación en Madrid. La instrucción del impuesto permite optar por la cuota nacional, y la compañía habría escogido esa vía frente a la municipal.

El pulso fiscal que enfrenta a dos pueblos con AWS

El origen del conflicto está en cómo se tramitó el proyecto. Al declararse Plan de Interés General de Aragón, la aprobación dependió del Gobierno autonómico y los ayuntamientos se quedaron sin el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Royo ha anunciado que no firmará el convenio recogido en en el PIGA hasta que exista un acuerdo económico que cubra el IAE y esa compensación.

La clave jurídica está en la instrucción del impuesto, que permite al contribuyente elegir entre cuota municipal, provincial o nacional cuando la tarifa de su actividad contempla varias modalidades. AWS habría optado por la de ámbito nacional, lo que traslada el pago a Madrid. El diseño del Impuesto sobre Actividades Económicas arrastra esa flexibilidad desde la reforma de las haciendas locales y deja en manos de la empresa una decisión con efecto directo sobre las arcas municipales.

Aragón aporta el suelo, el agua y la energía; el impuesto se queda a 300 kilómetros, en el domicilio fiscal de la compañía.

Aragón es, en la práctica, uno de los mayores polos de datos del norte de España. AWS opera en Zaragoza y Huesca desde noviembre de 2022 y la inversión declarada en España asciende a 33.700 millones de euros, tras elevar su compromiso en marzo de 2026 desde los 15.700 millones iniciales, con una aportación prevista al PIB de 31.700 millones hasta 2035. Son estimaciones de la propia empresa, sin verificación independiente.

Aragón pone los recursos, Madrid se queda el impuesto

El consumo eléctrico de Aragón creció un 7,1% en 2025, frente al 2,7% de la media nacional, un salto que la prensa aragonesa atribuye al despegue de los complejos de AWS. Con las ampliaciones completas —32 edificios y once fases repartidas en una década—, la demanda prevista supera el consumo anual de toda la comunidad: rondará los 10.800 GWh, por encima de los 10.543 GWh que consumió Aragón entero en 2024.

El agua es el otro frente abierto. El plan autonómico estima un consumo proyectado de 755.000 metros cúbicos anuales para refrigeración, mientras cada centro tiene hoy un tope autorizado de 36.461 metros cúbicos al año. AWS pidió elevarlo un 48%, hasta 53.961, a finales de 2024. La compañía sostiene que sus instalaciones aragonesas usaron unos 68 millones de litros en 2025, el 0,03% de la demanda industrial de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

La contestación local no se limita al impuesto. En Cuarte, la presión vecinal logró que Amazon desviara una línea de alta tensión. En Zaragoza, la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha registrado 349 alegaciones contra el centro de Microsoft. En Teruel, la comunidad de regantes de Gaén mantiene bloqueada la negociación del agua. Las alegaciones vecinales se han multiplicado en cuatro frentes abiertos, mientras Amazon aporta 13,8 millones a un plan antiinundaciones en la zona.

La factura invisible que Aragón asume por ser el hub de datos del norte

El marco actual viene de una norma pensada para otro modelo económico. La reforma de las haciendas locales de finales de los ochenta articuló el IAE con tres tipos de cuota y dejó la elección en manos del contribuyente para no penalizar a las empresas con actividad en varios territorios. Cuatro décadas después, esa flexibilidad se ha convertido en un incentivo para concentrar la tributación en la sede social y no donde se opera. El PIGA, al sustraer la tramitación del ámbito municipal, ya había dejado a los ayuntamientos sin el ICIO.

El riesgo no es que los centros de datos lleguen, sino que lleguen sin contrapartida fiscal. Blackstone prepara en Calatorao un campus de hasta ocho instalaciones, 650 MW y 11.800 millones de euros. Microsoft proyecta otro junto a Puerto Venecia, en Zaragoza, y AWS ha elegido La Puebla de Híjar, un pueblo de 935 habitantes, para su primer centro en Teruel, con 100 MW garantizados. La próxima década multiplicará la capacidad instalada sin mover la balanza fiscal si nada cambia.

Observamos que el conflicto trasciende el ámbito local. Varias comunidades han presentado alegaciones al borrador de decreto estatal que exigiría operar desde la UE y cubrir al menos el 80% de la demanda con renovables; esa norma sigue en tramitación sin fecha de aprobación confirmada y puede alterar el calendario de los campus previstos. Mientras tanto, el convenio del PIGA sigue sin firma en El Burgo de Ebro, y en Villanueva de Gállego esperan que la reclamación conjunta abra una negociación directa con la compañía. El próximo movimiento es de AWS.