Estamos realizando una investigación sobre los Españoles más influyentes en Internet.
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Estamos realizando una investigación sobre los emprendedores Españoles más influyentes.
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Estamos realizando una investigación sobre los deportistas Españoles más influyentes.
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Estamos realizando una investigación sobre los chefs Españoles más influyentes.
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Estamos realizando una investigación sobre las mujeres españolas más influyentes.
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Estamos realizando una investigación sobre los Españoles más influyentes en educación.
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Estamos realizando una investigación sobre los Españoles más influyentes en comunicación.
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Estamos realizando una investigación sobre los Españoles más influyentes en cultura.
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha empezado en los últimos días a advertir a las principales empresas españolas con intereses en el Reino Unido de la posibilidad de que se produzca una salida abrupta de este país de la Unión Europea a finales de marzo y que, por ello, se preparen para dicha eventualidad, según informaron fuentes gubernamentales a MONCLOA.COM.
En paralelo, el Gobierno ultima la puesta en marcha de una web oficial sobre el Brexit en la que los españoles se podrán informar sobre las consecuencias más inmediatas de la salida británica de la UE. Dicha página estará alojada previsiblemente en la misma web del Gobierno español (www.la-moncloa.es) y se basará en la experiencia adquirida con el buzón o ventanilla única que se abrió en la web de la Embajada española en Londres hace casi dos años.
Los asuntos que se han podido abordar hasta ahora en ese buzón oficial son los de la residencia permanente, la asistencia sanitaria, la cobertura médica privada, el sistema de pensiones y prestaciones sociales, los asuntos educativos como las tasas universitarias o la homologación de títulos, el futuro de programas y becas de ámbito científico y, por último, las consecuencias fiscales y de tipo impositivo para particulares.
Desde marzo de 2017 se pueden realizar consultas a través de dos direcciones electrónicas (emb.londres.brexit@maec.es o brexitventanillaresidentes@maec.es). Todas las preguntas van a un único buzón, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda su envío a una sola de las dos direcciones.
El Gobierno prevé adoptar a través de un real decreto, que se aprobará como muy tarde a principios de febrero, los planes de contingencia necesarios para el caso de que Reino Unido abandone la UE sin aprobar el acuerdo de salida que negoció con Bruselas.
Sánchez indicó en su última rueda de prensa de diciembre que esos planes están ya muy avanzados. Entre ellos hay medidas normativas destinadas a garantizar los derechos adquiridos de los españoles residentes en Reino Unido y los británicos residentes en España, a los que el jefe del Ejecutivo quiso trasladar un mensaje de tranquilidad. «Sus derechos se preservarán sea cual sea el escenario», subrayó.
Los planes también persiguen proteger las relaciones comerciales y, entre otras cosas, prevén las necesidades materiales y personales para, por ejemplo, establecer los controles aduaneros habituales para el comercio con un tercer país (que es lo que pasará a ser el Reino Unido a partir del próximo 30 de marzo).
También se establecerán los puntos de control críticos y las eventuales necesidades de refuerzo en la Administración. Sánchez insistió en que el Gobierno trabaja con las instituciones comunitarias en los planes de contingencia europeos y que seguirá desarrollando una labor informativa con los sectores que puedan verse afectados.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha querido lanzar una campaña de información masiva para no transmitir la sensación de que el ‘no acuerdo’ es inevitable, pero el presidente del Gobierno hizo hincapié en que está preparado. De ahí que las fuentes gubernamentales estimen que ha llegado el momento de poner este asunto más en primer plano.
En el caso de que se produzca un Brexit duro a finales de marzo, la mayoría de los analistas prevé una fuerte depreciación de la libra esterlina, por lo que afectaría de lleno a las empresas españolas con presencia en el mercado británico.
Entre las compañías españolas más expuestas destacan las del sector financiero, según recordó recientemente El Español. Tanto el Santander como el Sabadell tienen importantes posiciones en el Reino Unido. El primero a través de su filial Santander UK y el segundo a través del TSB, su última adquisición que tantos quebraderos de cabeza le ha dado últimamente.
En el caso de la entidad presidida por Ana Botín, han sido muy claros tanto respecto al impacto que tendría el Brexit, como a su vocación de permanencia en Reino Unido pase lo que pase. A principios de mes el grupo mandó un informe al organismo regulador de la bolsa de EEUU, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), en el que reconocía que el Brexit suponía un «riesgo» para su negocio y que podía impactar «significativamente» en sus resultados operativos, su estado financiero y sus previsiones.
El Reino Unido fue en 2017 el cuarto mercado del grupo. El negocio realizado en el país supuso un 13% de su beneficio. Un porcentaje significativo que hace que la compañía siga apostando por el territorio pase lo que pase.
En el caso de Telefónica, el Reino Unido supone cerca de un 15% de sus ingresos. La compañía está viendo ya cómo su filial O2 está reportando menos ingresos que en el pasado. Algunos informes señalan que el efecto del negocio en el Reino Unido ya habría provocado de una caída del 25% del negocio.
Al ser el consumidor final la principal vía de ingresos de la operadora de telecomunicaciones en el Reino Unido, tanto la bajada de la libra como la pérdida de capacidad adquisitiva de los ciudadanos le afectaría mucho. Los 25 millones de clientes de O2 tienen un impacto importante en las cuentas de la empresa que dirige José María Álvarez-Pallete.
Otra de las compañías más afectadas por el Brexit sería IAG, conglomerado que incluye a Iberia. La situación accionarial de la aerolínea podría traerle problemas ante un Brexit duro. En el caso de que menos de la mitad de sus accionistas no fueran europeos, el grupo se vería en un importante problemas ya que modificaría totalmente las condiciones en las que trabaja hasta el momento en Europa.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no levanta cabeza desde que se publicaron los audios del comisario José Manuel Villarejo con ella a finales de septiembre. En una encuesta realizada por internet para MONCLOA.COM, un 73% de los consultados considera que tiene que dejar su cargo público tras la polémica generada entonces.
Sólo un 18% de los encuestados estima que debe seguir como ministra de Justicia, mientras que un 9% prefiere no terciar entre las dos opciones. El alto porcentaje de gente que reclama la dimisión de Delgado es prácticamente el mismo entre hombre y mujeres. Por edades, los más críticos son los de 45 a 55 años. En todas las franjas se supera el porcentaje del 70%, salvo en la de más de 65 años que desciende al 60%.
Por Comunidades Autonómas, las más críticas con la actuación de la titular de Justicia son Aragón, donde sólo el 13% absuelve a la ministra, seguida de Cantabria (14%) y Castilla y León (15%). En el lado contrario, Navarra y Galicia son las regiones en las que más gente prefiere que siga en su puesto.
En dicha encuesta también se preguntó por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, tras su polémica fiscal con una de sus viviendas. En su caso, el 57% ve motivos suficientes para que dimita, mientras que un 35% opina lo contrario y un 8% prefiere no opinar.
El exastronauta tiene en las dos Castillas a sus principales detractores, mientras que en el País Vasco y Galicia hay una mayoría que se inclina por dejarle que siga de ministro en el Ejecutivo de Sánchez.
El sondeo para MONCLOA.COM fue realizado entre el 20 y el 28 de noviembre por internet y en él participaron 4.306 personas de toda España. El margen de error es del 1,5 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento.
La debilidad de Delgado se plasmó también en una encuesta de Sigma Dos para El Mundo, que se publicó el pasado 31 de diciembre con un sondeo realizado entre el 21 y 27 de diciembre a partir de un millar de entrevistas.
En dicha encuesta, ninguno de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez llegó al aprobado en una puntuación del 1 al 10, siendo la titular de Justicia, Dolores Delgado, la que consiguió la nota más baja (3,7). Por contra, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, fue el que logró la mas alta, un 4,69; seguido por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con un 4,53 sobre 10.
Los propios votantes socialistas suspendieron a Delgado -junto a Reyes Maroto e Isabel Celaá-. La ministra de Justicia es también la más castigada por los electores de PP y Cs (no llega ni al 3 en ambos casos) y los votantes de Podemos, socio principal del Gobierno, sólo salvan a Duque y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En los dos años y medio que dura ya la actual legislatura en España, primero con Mariano Rajoy en la Moncloa y desde hace seis meses con Pedro Sánchez como presidente, la actividad parlamentaria de Ciudadanos ha sido intensa.
Además de promover cientos de proposiciones no de ley, preguntas al Gobierno, interpelaciones a ministros y mociones, la formación naranja ha registrado 31 proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados desde julio de 2016. Este último tipo de iniciativas tienen una mayor relevancia porque una vez que se aprueban, se convierten en ley.
Sin embargo, el análisis del proceso seguido por esas 31 iniciativas muestra que solo dos de ellas han sido aprobadas. El balance es el mismo si se tienen en cuenta los tres años que Ciudadanos lleva en el Congreso, ya que en la breve legislatura anterior solo se aprobaron siete leyes y ninguna era de este partido.
El primer gran éxito de Cs fue la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que, tras incorporar una serie de modificaciones planteadas por otros partidos y recibir el visto bueno de la Cámara Baja y del Senado, está en vigor desde octubre de 2017.
En la votación de toma en consideración en el Congreso, donde se decide si puede comenzar la tramitación parlamentaria o no, recibió el respaldo de 323 diputados y ninguno votó en contra, aunque hubo doce abstenciones. Posteriormente, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras.
Gracias a ello, esta iniciativa sirvió a Albert Rivera y los suyos para sacar pecho por su capacidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas y mejorar las condiciones de los autónomos, uno de los colectivos a los que el partido naranja presta más atención.
La ley incluye medidas como la eliminación de trabas administrativas, la ampliación a un año de la tarifa reducida, la posibilidad de darse de alta y de baja en el Régimen Especial hasta tres veces al año, la protección del accidente in itinere, nuevas ventajas fiscales y el derecho a baja de maternidad y paternidad.
La otra ley de Ciudadanos que ha prosperado en el Congreso es la de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, más conocida como Ley de Muerte Digna. Aunque todavía está pendiente de entrar en la Cámara Alta, lo previsible es que también salga adelante.
En este caso, el grado de consenso en el Congreso fue alto –315 votos a favor de la toma en consideración–, aunque no tanto como en la ley de los autónomos En la votación final del pasado 20 de diciembre, una vez consideradas las enmiendas, recibió 23 votos en contra, los de UPN y los nacionalistas vascos y catalanes.
Sin embargo, de las 31 proposiciones de ley impulsadas por Ciudadanos durante esta legislatura, solo diez han sido debatidas y sometidas a votación en la Cámara Baja, aunque esto tiene una sencilla explicación.
Puesto que el tamaño de cada grupo determina el número de iniciativas que puede llevar al Pleno, en el caso de Cs, cuarta fuerza parlamentaria y con muchos menos diputados que el PP, el PSOE o Unidos Podemos, el cupo es relativamente pequeño. Aun así, ha conseguido que tres de sus proposiciones hayan iniciado su tramitación.
Se trata de la Ley de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, la Ley para Garantizar la Independencia de los Nombramientos en los Organismos Reguladores y la de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, que se unió después a una iniciativa similar del PDeCAT.
Por contra, el Congreso ha rechazado la toma en consideración de cinco leyes planteadas por Ciudadanos. La que ha encontrado una mayor oposición en el hemiciclo ha sido la de Lucha contra la Precariedad Laboral, para establecer un modelo de contrato único, que solo convenció a los dos diputados de UPN y recibió 302 noes.
El partido de Albert Rivera tampoco logró sumar muchos apoyos a su propuesta de reforma de la Fiscalía General del Estado, con la que buscaba “garantizar la independencia” de este órgano estableciendo que el fiscal general fuese elegido por una mayoría parlamentaria reforzada en vez de por el Gobierno. Votaron a favor Unidos Podemos y Compromís.
Mucho más ajustados fueron los resultados de las votaciones en el caso de la ley para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, la que pretendía eliminar el requisito de conocer la lengua cooficial para acceder a un empleo público y la que apostaba por desarrollar la Alta Inspección educativa mediante la creación de una agencia independiente.
Estas dos últimas se enmarcan en la lucha de Ciudadanos contra los partidos nacionalistas; concretamente, contra el “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas y los intentos de “discriminar” a los ciudadanos que no hablan catalán o euskera.
Aunque la formación naranja sabe de antemano que algunas de estas propuestas no van a prosperar en el Congreso, en ocasiones las impulsa con el objetivo principal de que ciertos partidos queden retratados en la votación, por ejemplo el PSOE ante la iniciativa de la Alta Inspección educativa.
El nuevo año comienza con una subida sin precedentes del salario mínimo interprofesional (SMI). Este incremento no sólo beneficiará a las retribuciones más bajas, sino que afectará indirectamente a los cargos públicos de Podemos, que tenían limitados sus ingresos a un máximo de tres veces el salario mínimo. El resto deben donarlo.
La subida del SMI supone que los miembros de Podemos que reciben un sueldo público por el cargo que ostentan verán incrementados sus ingresos reales un 22,3%. Este es el porcentaje que sube el SMI, que en 2019 será de 900 euros al mes.
Con estos datos, el salario mensual de un cargo público de Podemos alcanzará los 2.700 euros en 2019. La subida percibida será de 493 euros, puesto que durante 2018 sólo pudieron cobrar como máximo 2.207 euros al mes.
El salario mínimo se ha mantenido prácticamente estancado durante años, hasta que en 2017 se incrementó un 8% y alcanzó los 707,6 euros mensuales. El año pasado experimentó otra subida del 4%, lo que lo llevó a los 735,9 euros. Por lo tanto, desde 2016, el SMI ha subido un 37,3%.
Estos cambios han supuesto para los cargos públicos de Podemos pasar de cobrar un máximo de 1.965 euros mensuales en 2016 a los 2.700 euros de 2019. Esto supone una subida de 734 euros en tres años.
La subida también tiene un efecto colateral, pero en este caso negativo. Los cargos públicos de Podemos deben donar todo lo que cobren por encima de este máximo. Como el incremento del salario mínimo ha sido muy superior al de los emolumentos recibidos, la consecuencia es que la cuantía de las donaciones que realizan se ha visto reducida.
En el caso de los diputados y senadores, su retribución se ha mantenido prácticamente congelada, por lo que el incremento del salario mínimo interprofesional ha supuesto que los miembros de Podemos que ocupan estos cargos electos aporten menos fondos en donaciones. Estas se dedican al propio partido y a financiar proyectos de interés social patrocinados por su formación a través de la plataforma “Impulsa”.
El programa Impulsa desarrolla proyectos innovadores con proyección social, según señala en su página web, y se financia “gracias al excedente de los cargos públicos electos de Podemos, quienes entienden que hacer política debe ser un servicio para la sociedad y no una forma de hacer dinero”.
Los últimos proyectos ganadores de Impulsa han sido una “cooperativa social, por la Igualdad e integración, en busca de una ciudad libre de humos”, una “unidad de convivencia tecnológica”, un programa para “promover derechos de ciudadanía” y, por último, un programa llamado “¡En mi clase no! Coalición de Centros Educativos contra el acoso LGTB”.
La limitación de las cantidades máximas que podrían cobrar los cargos públicos del partido quedó establecida en el Consejo Ciudadano Estatal de enero de 2016, cuando el SMI era de 655 euros y, por lo tanto, la retribución máxima quedó en 1.965 euros mensuales.
Las normas establecidas en Podemos indican que el resto deberá ser donado por estos cargos públicos, aunque para que no tengan que tributar por los emolumentos de los que no disfrutan es el partido quien compensa los impuestos pagados por estas donaciones.
El reglamento del partido incluye diferencias en razón de la situación personal de los cargos que reciben salarios públicos. De esta manera, podrán cobrar medio salario mínimo más por cada persona a cargo. Así que, por ejemplo, según esta regla, la diputada Carolina Bescansa puede cobrar 900 euros más que su compañero de filas, Íñigo Errejón, puesto que tiene dos hijos a su cargo.
El incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros mensuales en 2019 es el resultado del acuerdo entre el Gobierno socialista y Unidos Podemos. Se trataba de uno de los puntos clave para garantizar el apoyo de estos últimos a los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe conseguir aprobar en las Cortes.
De hecho, el propio Pablo Iglesias reflejó este logro en un reciente mensaje a través de Twitter, donde señaló: “Hemos conquistado la mayor subida del salario mínimo de la democracia. Hoy millones de familias tienen 900 razones para empezar un año un poco mejor. Feliz 2019. Sí se puede”.
La subida del salario mínimo interprofesional afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores y el incremento establecido para el año 2019 ha supuesto la mayor subida registrada en cuatro décadas. Según el Gobierno, este incremento contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y reduce la brecha salarial de género, ya que afecta a un 56,7% de mujeres frente a un 43,2% de hombres.
La decisión del Gobierno deja al salario mínimo interprofesional diario en 30 euros y en 12.600 euros el SMI anual. El que cobran los empleados del hogar por hora ascenderá hasta los 7,04 euros. La subida mejora sustancialmente el acuerdo al que habían llegado los interlocutores sociales y el Gobierno del Partido Popular, que pactaron que el salario mínimo alcanzara los 850 euros mensuales en 2020. Los sindicatos y la patronal preveían, por su parte, que este alcanzara los mil euros.
