Galicia aprueba la primera ley de España contra la violencia digital con servicio gratuito de borrado de huella digital

Anxo Seoane
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Galicia aprueba la primera ley de España contra la violencia digital con servicio gratuito de borrado de huella digital

El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, una norma pionera en España que incorpora un servicio gratuito de borrado de huella digital y formación obligatoria en competencia digital en todos los centros educativos no universitarios.

La decisión, anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, representa la primera respuesta legislativa autonómica a un fenómeno que ya es considerado una nueva manifestación de violencia machista. El texto será remitido al Parlamento de Galicia para su tramitación con el objetivo de que quede aprobado este mismo año.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consello de la Xunta ha aprobado la primera ley de España contra la violencia digital, que incluye un servicio gratuito de borrado de huella digital.
  • ¿Quién está detrás? La iniciativa parte del gobierno de Alfonso Rueda (PPdeG) y la Consellería de Política Social, con el respaldo de la mayoría absoluta popular en el Parlamento.
  • ¿Qué impacto tiene? Galicia se convierte en la comunidad pionera en legislar esta materia; la norma contempla medidas educativas, asesoramiento a víctimas y cooperación con plataformas digitales.

El servicio de borrado de huella digital y la educación como pilares

El corazón de la futura ley es la creación de un servicio público y gratuito de eliminación de la huella digital. Cuando contenidos —fotografías íntimas, amenazas, publicaciones humillantes— sean utilizados como herramienta de acoso y permanezcan accesibles en internet, las víctimas podrán recibir apoyo técnico de la Xunta para afrontar un proceso que exigirá siempre una resolución judicial expresa.

La norma también prevé un servicio gratuito de asesoramiento para las víctimas: orientación para proteger dispositivos, conservar pruebas digitales y actuar ante nuevas amenazas. En paralelo, la Consellería de Política Social impulsará la firma de acuerdos con plataformas y redes sociales para establecer protocolos ágiles de denuncia y retirada de contenidos.

En el ámbito educativo, el proyecto introduce contenidos obligatorios de competencia digital en todas las etapas no universitarias. Los alumnos recibirán formación sobre el uso responsable de internet, los riesgos del ciberacoso y la detección temprana de la violencia digital. Además, la Xunta deberá aprobar un plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso que refuerce la prevención la detección y la actuación en los centros.

Galicia se convierte en la primera comunidad en ofrecer un servicio público de borrado de huella digital, una medida que reconoce la dimensión estructural del acoso online.

Tramitación y reacciones en el Parlamento de Galicia

Tras el visto bueno del Consello de Goberno, el proyecto de ley inicia ahora su camino en la Cámara autonómica. La Xunta confía en que la tramitación sea ágil y que la norma entre en vigor antes de final de año. El texto, estructurado en cuatro títulos y veintiséis artículos, fue sometido a consulta pública y recibió alegaciones de nueve entidades.

Varias de esas alegaciones fueron incorporadas, en particular las dirigidas a reforzar la protección de víctimas con discapacidad y de personas trans. El ejecutivo gallego, gobernado por el PPdeG con mayoría absoluta, defiende que la violencia digital se ha convertido en una manifestación cada vez más frecuente de control e intimidación contra mujeres y menores, y que exige herramientas específicas.

Aunque los grupos de la oposición —BNG y PSdeG— aún no se han pronunciado formalmente sobre este proyecto, el debate parlamentario medirá el grado de consenso en torno a un texto que la Xunta presenta como pionero en España.

El Laboratorio Gallego

Galicia vuelve a colocarse en la vanguardia legislativa con una norma que, de aprobarse, podría servir de modelo para otras comunidades autónomas e incluso para el legislador nacional. No existe en España una ley similar que articule una respuesta integral contra el acoso digital y que ofrezca un servicio público de borrado de huella digital. La iniciativa del PPdeG, que cuenta con la holgura de una mayoría absoluta en el Parlamento gallego, demuestra la capacidad del gobierno autonómico para impulsar políticas sectoriales sin los bloqueos que suelen afectar a otros territorios.

La lectura nacional es evidente: si el modelo gallego funciona —y la Xunta insiste en la necesidad de actuar con rapidez cuando los contenidos ya circulan por internet—, no sería extraño que otras autonomías gobernadas por el PP o el PSOE replicasen la medida. De hecho, la protección frente a la violencia digital encaja en la agenda de seguridad y lucha contra la violencia machista que el PP nacional ha ido perfilando, aunque de momento no existe un compromiso expreso de Alberto Núñez Feijóo para trasladar esta ley al ámbito estatal. En cualquier caso, la experiencia gallega aporta un banco de pruebas real y cuantificable.

Desde la perspectiva estrictamente gallega, la tramitación de la ley pondrá a prueba la cohesión de la mayoría absoluta popular y la capacidad de la oposición para proponer alternativas. El Pleno del Parlamento, con sus 75 deputados, será el escenario donde se perfile el texto definitivo. Las fechas que maneja la Xunta apuntan a una aprobación antes del cierre de 2026, lo que situaría a Galicia como la primera comunidad con una normativa específica contra la violencia digital.

Ficha del Caso

  • El caso: Galicia aprueba el proyecto de la primera ley autonómica de España contra la violencia digital, con medidas pioneras de apoyo a las víctimas y educación obligatoria en competencia digital.
  • Datos importantes: La norma se estructura en 4 títulos y 26 artículos; incluye un servicio gratuito de borrado de huella digital (previa orden judicial) y otro de asesoramiento. La Xunta espera que entre en vigor este año.
  • Resumen: El ejecutivo de Alfonso Rueda coloca a Galicia como referente legislativo en la lucha contra el acoso online, con un modelo que podría ser replicado en el resto de España una vez se demuestre su eficacia.

Juez Peinado autoriza a Begoña Gómez a viajar a Londres pero le cierra las puertas de Turquía: las claves de su decisión

Alberto Ochoa
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Juez Peinado autoriza a Begoña Gómez a viajar a Londres pero le cierra las puertas de Turquía: las claves de su decisión

Hoy te cuento la decisión del juez Antonio Viejo que permite a Begoña Gómez acudir a Londres para la graduación de su hija, pero le prohíbe acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara. La esposa del presidente del Gobierno podrá volar al Reino Unido los días 8, 9 y 10 de julio, según el auto notificado este lunes 6 de julio de 2026.

El magistrado, sustituto del instructor Juan Carlos Peinado, estima parcialmente la solicitud de la defensa. Le será entregado el pasaporte que le retiraron en junio, pero solo para ese desplazamiento. A su regreso, deberá devolver el documento en el juzgado a más tardar el 13 de julio, tal y como recoge la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

Las claves del auto: Londres sí, Ankara no

El auto autoriza el viaje a la capital británica por “la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit” y por la “naturaleza del evento”: la graduación de la hija de la pareja. En cambio, el juez veta la asistencia a la cumbre de la OTAN en Turquía porque ese país no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, lo que dificultaría la cooperación policial y judicial en caso de incidencias.

Gómez había pedido viajar a Ankara en avión oficial con la delegación española y regresar desde Londres en vuelo comercial. El juez subraya que su presencia en la cumbre responde a “razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa”. La Fiscalía sí había respaldado el desplazamiento completo.

Turquía no forma parte del perímetro de colaboración judicial de la UE, lo que para el juez multiplica el riesgo procesal en esta fase de la causa.

Por qué un juez distinto al instructor ha firmado el auto

El titular del Juzgado, Juan Carlos Peinado, se encuentra de vacaciones. Por eso la solicitud la ha resuelto su sustituto, Antonio Viejo, una situación que no afecta a la validez del auto. La decisión es firme salvo que se recurra expresamente.

El recurso de la defensa contra la retirada del pasaporte

El pasado 20 de junio, el juez Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. En ese mismo auto impuso a ambas mujeres la prohibición de salir de España, firmas quincenales en el juzgado y la retirada del pasaporte.

La defensa de Gómez recurrió las medidas cautelares ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no se ha pronunciado. Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, se oponen a cualquier permiso de salida porque aprecian “fundado riesgo de fuga”.

Lo que viene ahora en el proceso judicial

Con esta autorización parcial, Gómez podrá asistir a la graduación familiar, pero sigue obligada a comparecer cada quince días en sede judicial y no puede abandonar España salvo para este viaje concreto. La causa continúa en fase de preparación del juicio oral ante un tribunal del jurado, mientras la Audiencia resuelve el recurso contra las restricciones.

⚖️ Datos del caso

  • Órgano judicial: Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla (Madrid). Procedimiento ante Tribunal del Jurado.
  • Fase procesal: Abierto juicio oral el 20 de junio de 2026. Pendiente de recurso contra medidas cautelares.
  • Implicados: Begoña Gómez (investigada, procesada), Cristina Álvarez (procesada) y Juan Carlos Barrabés (procesado).
  • Cargos imputados: Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, y malversación de caudales públicos.
  • Próximos pasos: Devolución del pasaporte el 13 de julio. Resolución de la Audiencia Provincial. Señalamiento de juicio.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El juez sustituto Antonio Viejo ha autorizado a Begoña Gómez a viajar a Londres del 8 al 10 de julio, pero le ha denegado asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La esposa del presidente del Gobierno, investigada por varios delitos, y el instructor Peinado, temporalmente reemplazado.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Deberá entregar el pasaporte el 13 de julio. La Audiencia Provincial decidirá sobre el recurso contra la retirada del documento y la prohibición de salir de España.

Microsoft despide a 4.800 empleados: el mayor recorte del año golpea a Xbox y ventas

Sara Olmedo
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Microsoft despide a 4.800 empleados: el mayor recorte del año golpea a Xbox y ventas

Microsoft ha ejecutado este 6 de julio de 2026 un nuevo recorte de plantilla de 4.800 empleados, el 2,1% de su fuerza laboral global, concentrado en las divisiones de ventas comerciales y Xbox. La compañía inicia así su año fiscal con el mayor despido del ejercicio, un año después de haber eliminado cerca de 9.100 puestos. La decisión, comunicada internamente por la directora de Personas, Amy Coleman, responde a la «necesidad de reajustar recursos y roles ante un sector tecnológico en transformación acelerada por la inteligencia artificial».

Claves de la operación

  • El recorte supera los 4.800 empleados y se concentra en dos áreas. Las divisiones de ventas comerciales y Xbox absorben la mayor parte de las salidas, lo que apunta a una reorganización del músculo comercial y del negocio de videojuegos.
  • La IA se cita como causa directa del ajuste. En la nota interna, la ejecutiva vinculó los despidos a la necesidad de «ajustar recursos y formas de operar» ante un mercado dominado por la inteligencia artificial.
  • Es el segundo gran despido en poco más de un año. En 2025, Microsoft ya prescindió de unos 9.100 trabajadores, lo que eleva la cifra acumulada a casi 14.000 empleos perdidos en su plantilla global.

Ventas y Xbox, los grandes damnificados

El grueso de las salidas se sitúa en la división comercial de la empresa y en el ecosistema Xbox. La coincidencia no es casual. Microsoft lleva meses reorientando su estructura de ventas hacia soluciones basadas en la nube y la inteligencia artificial, mientras que en el terreno de los videojuegos busca rentabilizar la compra de Activision Blizzard con menos personal directo y más automatización de procesos.

La reducción de plantilla en Xbox –que fabrica las consolas, desarrolla juegos y gestiona el servicio Game Pass– sugiere que la integración de Activision está madurando y que la compañía ya no necesita mantener un equipo tan amplio de soporte. Además, la propia industria del gaming atraviesa una fase de contención de costes tras el pico inversor de 2022-2023.

El fantasma de los recortes anteriores y la reconversión hacia la IA

No es un movimiento aislado. Hace un año, Microsoft despidió a 9.100 empleados, el mayor ajuste de su historia reciente. En aquel momento, la empresa ya apuntó a la necesidad de alinear recursos con las «prioridades estratégicas». Hoy, la narrativa se repite, pero con un matiz: la inteligencia artificial ya no es solo un argumento de futuro, sino el motor que justifica la sustitución de perfiles comerciales tradicionales por otros más técnicos o directamente por sistemas automatizados.

La nota de Amy Coleman, que esta redacción ha podido consultar, insiste en que la industria ha cambiado y que «debemos ajustar la forma en que operamos». La transformación no se limita a recortar plantilla; también implica contratar nuevos perfiles especializados en IA, nube y ciberseguridad. Microsoft sigue contratando, pero en áreas muy distintas de las que ahora pierden efectivos.

Microsoft está apostando por la inteligencia artificial, pero esa misma inteligencia empieza a devorar los puestos que la venden.

De hecho, la compañía de Redmond ha sido una de las más agresivas en adoptar la IA generativa, con Copilot integrado en Office, Windows y Azure. La paradoja es que el éxito de estas herramientas vuelve prescindibles algunas funciones de soporte y venta directa.

Análisis: Microsoft ante el espejo de la eficiencia

Este ajuste se produce en un contexto de beneficios récord para el gigante de la tecnología. En su último año fiscal, Microsoft ingresó más de 211.000 millones de dólares, con un beneficio neto que rozó los 89.000 millones. La empresa no está en crisis; lo que busca es redirigir sus recursos hacia las áreas de mayor crecimiento, aunque eso suponga prescindir de miles de empleados en las divisiones tradicionales.

En España, Microsoft tiene una presencia consolidada con centros en Madrid y Barcelona, donde operan equipos de ventas, desarrollo e ingeniería. Hasta el momento, la compañía no ha detallado el impacto de este despido colectivo en sus filiales europeas, pero fuentes sindicales consultadas por esta redacción temen que una parte de las salidas afecte al mercado español, especialmente en el área de ventas comerciales.

El movimiento contrasta con la dinámica de contratación de otras grandes tecnológicas en España. Google, Amazon o SAP han ampliado sus plantillas en el país, atraídas por la disponibilidad de talento y los costes laborales competitivos. Si Microsoft opta por reducir su huella comercial en España, podría ceder cuota a rivales que sí están invirtiendo en equipos locales.

Observamos, en cualquier caso, que la inteligencia artificial está reconfigurando no solo los productos, sino la propia estructura de las empresas que los crean. El caso de Microsoft sirve de aviso para todo el sector: la eficiencia que persigue la IA no entiende de banderías corporativas.

El Gobierno eleva al 4% la regla de gasto de las CCAA para 2027 y fija el objetivo de déficit en el 0,1%

Angie Rivas
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El Gobierno eleva al 4% la regla de gasto de las CCAA para 2027 y fija el objetivo de déficit en el 0,1%

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Hacienda ha aprobado una regla de gasto autonómico del 4% para 2027 y un objetivo de déficit del 0,1%, en el marco del semestre europeo de supervisión presupuestaria.
  • ¿Quién está detrás? El ministro Arcadi España, con el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y bajo los límites de gasto que permite la Comisión Europea.
  • ¿Qué impacto tiene? Las comunidades autónomas ganan 5.894 millones de euros de margen, pero rechazar la senda implicaría un ajuste inmediato de esa misma cantidad. La maniobra busca apoyos parlamentarios y allana el techo de gasto récord para los Presupuestos de 2027.

Este lunes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado luz verde a una revisión al alza de la regla de gasto para las comunidades autónomas: en 2027 podrán incrementar su gasto un 4%, medio punto más de lo inicialmente previsto, y cerrar el ejercicio con un déficit del 0,1%. La cifra se alinea con los objetivos de estabilidad que España ha remitido a Bruselas en el actual ciclo del semestre europeo y, en paralelo, sirve al Gobierno para desactivar el frente territorial en un año cargado de elecciones.

La letra pequeña de la nueva senda y su encaje europeo

La horquilla de gasto que maneja Hacienda se inserta en la nueva arquitectura fiscal comunitaria. Desde la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2024, cada Estado miembro recibe de la Comisión Europea una tasa de referencia para el crecimiento del gasto neto. En el caso de España, el margen se sitúa en torno al 4,2% para 2027, según los cálculos que manejan fuentes del Ministerio. Así, los 4,0 puntos que se otorgan a las regiones dejan un colchón mínimo pero suficiente para no chocar con el expediente del procedimiento de déficit excesivo.

La senda no es aislada. Hacienda ha fijado límites decrecientes para los dos ejercicios siguientes: 3,8% en 2028 y 3,6% en 2029. De esta forma, el Gobierno pretende mostrar a Bruselas una trayectoria de consolidación gradual, acompasada a la reducción del déficit global. De hecho, el objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas se mantiene en el 1,5% en 2027, bajará al 1,4% en 2028 y al 1,3% en 2029. El margen para las CCAA es prácticamente simbólico: un 0,1% que, traducido a euros, son 5.894 millones de euros.

El forcejeo político y el ultimátum a los gobiernos del PP

El Ejecutivo no oculta que este margen fiscal es también un anzuelo parlamentario. “Votar en contra de los objetivos implicaría realizar un ajuste de 5.849 millones”, argumentan desde el equipo de Arcadi España. La advertencia va dirigida a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que controlan la mayoría de los territorios y que han calificado el CPFF de “paripé” ante la debilidad del Gobierno. Sin embargo, el planteamiento de Hacienda tiene una lectura invertida: si los barones populares tumban la senda, asumirán el coste político de un recorte inmediato en sanidad, educación o servicios sociales.

La presión se produce en un escenario de elecciones generales sin fecha definida pero con una legislatura que ya muestra síntomas de agotamiento. Pedro Sánchez necesita que los Presupuestos de 2027 salgan adelante y para ello los votos de sus aliados son tan imprescindibles como la neutralización de los gobiernos autonómicos. La receta es un techo de gasto que se prevé récord –170.000 millones de euros en entregas a cuenta, un 8% más que en 2026– y que incluye un incremento notable de las partidas sociales.

A la negociación de las cuentas se suma la patata caliente de la reforma de la financiación autonómica. Los consejeros populares exigieron que el asunto figurara en el orden del día del CPFF, pero Hacienda lo ha aplazado a una reunión monográfica antes de que acabe julio. Los ayuntamientos también han alzado la voz: la alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, advirtió que los consistorios no piensan “quedarse con las migajas resultantes” de la reforma. La reivindicación municipal añade un nuevo flanco a una arquitectura fiscal que, en el fondo, depende de la sintonía entre Moncloa y la Comisión Europea.

objetivo déficit 0,1%

La flexibilidad de Hacienda esconde una pinza fiscal: si los gobiernos del PP rechazan la senda, se exponen a un ajuste inmediato de casi 6.000 millones de euros.

El Eje del Poder Europeo

La decisión del Gobierno español no se lee sin el mapa de fondo que dibuja Bruselas. La nueva regla de gasto autonómico es la concreción doméstica de un marco en el que los países del sur europeo –España, Italia, Portugal– han logrado ensanchar los límites frente a las posiciones más estrictas del norte. Los llamados frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia) mantienen que una relajación excesiva puede reavivar el fantasma de la deuda pública disparada, pero la autoridad de la Comisión ha preferido una vigilancia graduada. El resultado es que Estados como España pueden presentar una senda con incrementos del gasto más generosos, siempre que no se alejen del crecimiento potencial.

Esta tensión repite un patrón que la UE arrastra desde la crisis de 2010-2012. Entonces, los recortes lineales impuestos a las administraciones territoriales estrangularon servicios públicos. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez intenta evitar esa asfixia y, al mismo tiempo, no despertar el recelo de un norte europeo que observa con lupa cualquier desviación. Las próximas semanas serán decisivas: el programa de estabilidad que España debe enviar a la Comisión en octubre definirá si esta carta de márgenes resiste el escrutinio. Lo que parece claro es que, sin el respaldo autonómico, la viabilidad de los Presupuestos y, con ellos, la estabilidad del Gobierno, quedarían en el aire.

Protestas cerealistas en Castilla y León: las claves de la amenaza de ASAJA, UCCL y UPA-COAG al nuevo consejero

Diego Prados
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Protestas cerealistas en Castilla y León: las claves de la amenaza de ASAJA, UCCL y UPA-COAG al nuevo consejero

Te cuento: ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG han lanzado un ultimátum al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, nada más tomar posesión: o activa de forma inmediata una línea de ayudas extraordinarias para los cerealistas o las movilizaciones volverán a las carreteras de la comunidad.

He revisado los comunicados que las tres organizaciones han difundido esta misma semana y la amenaza es explícita. Sin un paquete de ayudas directas que complemente las ya anunciadas —y que consideran insuficientes—, las tractoradas están servidas. No es un aviso nuevo, pero el momento y el tono lo convierten en un mensaje contundente para el equipo recién nombrado.

Lo que las organizaciones agrarias exigen al nuevo consejero

Las peticiones se resumen en un punto: una línea de ayudas extraordinarias que llegue de forma urgente a los productores de cereal. Según los comunicados de ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG, los precios en origen no cubren los costes de producción y la última cosecha ha dejado márgenes negativos en la mayoría de las explotaciones.

En concreto, reclaman una ayuda directa que complemente los apoyos que la Administración ya había comprometido para paliar los efectos de la sequía y la subida de insumos. Esas ayudas anteriores, publicadas en los últimos meses, no han bastado para equilibrar las cuentas de los cerealistas, según insisten las organizaciones.

El mensaje al nuevo consejero es nítido: o se sienta a negociar y activa ya esa línea extraordinaria o la paz social en el campo se rompe. La referencia a las protestas de años anteriores —las tractoradas que cortaron carreteras y llegaron hasta las puertas de las delegaciones territoriales— está en cada comunicado.

La campaña cerealista que no cierra las cuentas

Para entender la presión hay que mirar los datos que manejan las organizaciones agrarias. La campaña 2025-2026 ha estado marcada por unos costes de producción disparados y una sequía persistente en amplias zonas de la cuenca del Duero. Los rendimientos han sido irregulares y, en muchas comarcas, inferiores a la media de los últimos cinco años.

Mientras tanto, los precios del cereal en lonja llevan meses estancados en niveles que no permiten cubrir los gastos de siembra, fertilizantes y maquinaria. Las cuentas, a pie de campo, arrojan pérdidas en buena parte de las explotaciones de las provincias de Zamora, Salamanca, Valladolid y Burgos, las más cerealistas de la comunidad.

Las ayudas autonómicas anteriores, aunque bien recibidas, se quedaron cortas para enderezar esta situación. De ahí que las organizaciones agrarias hayan puesto sobre la mesa una exigencia clara: el nuevo Gobierno debe actuar ya.

Qué implicaría una nueva ola de tractoradas en la comunidad

Castilla y León es la principal región productora de cereal de España. Cualquier movilización en este sector no solo afecta a los agricultores, sino que tensa las relaciones de la administración autonómica con el medio rural en su conjunto. La última gran protesta agraria en la comunidad, en 2024, paralizó durante días los accesos a capitales de provincia y forzó reuniones urgentes con la entonces consejera.

Ahora, con un equipo acabado de estrenar, la amenaza de volver a las carreteras pone a prueba la capacidad de respuesta del nuevo Gobierno. Fuentes del sector consultadas coinciden en que la pelota está en el tejado de la Consejería: si no hay movimiento en los próximos días, la convocatoria de movilizaciones podría ser inminente.

El ultimátum es claro: sin ayudas directas, las tractoradas están servidas. La pelota está en el tejado de la administración autonómica.

🚜 Ficha de la convocatoria

  • Convocan: ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG.
  • Fecha y lugar: Pendiente de confirmación oficial. Las organizaciones no han cerrado aún el calendario de movilizaciones.
  • Reivindicaciones principales: Puesta en marcha inmediata de una línea extraordinaria de ayudas directas para cerealistas, complementaria a las ya anunciadas.
  • Respuesta de la administración: El nuevo consejero, Joaquín Antonio Pino, no se ha pronunciado aún sobre el ultimátum.
  • Próximos pasos: Las organizaciones agrarias esperan una reunión urgente con la Consejería en los próximos días; de no producirse, se activará la maquinaria de las protestas.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: Las organizaciones agrarias exigen ayudas directas a los cerealistas o retoman las tractoradas en Castilla y León.
  • 👥 A quién afecta: A los productores de cereal de Castilla y León, principal región cerealista del país.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: La vuelta de las protestas podría tensar aún más la relación del nuevo Gobierno autonómico con el campo.

El estudio que acelera la regulación de Snapchat: expone a menores a contenido violento en el primer minuto

Jack Williams
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El estudio que acelera la regulación de Snapchat: expone a menores a contenido violento en el primer minuto

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un estudio de ParentsTogether Action y Heat Initiative revela que Snapchat recomendó 739 vídeos sexuales o violentos a cuentas de 13 años en una hora de navegación.
  • ¿Quién está detrás? Dos organizaciones de protección infantil en EE.UU., que denuncian un fallo sistémico de la plataforma.
  • ¿Qué impacto tiene? El informe presiona al Congreso americano y a la UE para endurecer la regulación de algoritmos, con potencial efecto sobre la operativa de Snapchat en España.

Un grupo de investigadores adultos creó cuentas de Snapchat para supuestos adolescentes de 13 años y, en menos de un minuto, la plataforma empezó a recomendarles contenido sexual y violento. Esa es la conclusión demoledora de un estudio de ParentsTogether Action y Heat Initiative que amenaza con acelerar la regulación de los algoritmos de recomendación en Estados Unidos.

El estudio: 739 vídeos inapropiados en una hora de navegación

Los investigadores, haciéndose pasar por menores sin contactos previos, pasaron una hora viendo vídeos recomendados en ‘Spotlight’ y en las historias de Snapchat. El resultado: 739 contenidos calificados como inseguros, entre ellos 244 vídeos con material sexual y 257 sobre drogas o alcohol. En apenas sesenta segundos aparecieron las primeras recomendaciones de escenas de suicidio, consumo de marihuana o chicas jóvenes bailando con poca ropa.

El informe detalla que muchos comentarios sexualizaban a niñas aparentemente menores usando emojis de pizza, un símbolo encubierto de pedofilia. Además, la plataforma promocionaba cuentas de adultos que vendían lencería erótica y espectáculos de burlesque. “Los sistemas de recomendación de Snapchat ponen a los niños en peligro a veces en cuestión de minutos”, denunció Brooke Istook, presidenta de Heat Initiative.

Snapchat se defiende: “no es una evaluación equilibrada”

La compañía replicó que el estudio se basa en unas pocas cuentas falsas y “no refleja una evaluación realista de la seguridad adolescente en la plataforma”. Snapchat asegura que las cuentas de menores son privadas por defecto y que los adultos sin tres contactos comunes no pueden interactuar con ellas. “Ninguna política elimina todos los riesgos, pero invertimos en nuevas protecciones y trabajamos con expertos”, indicó un portavoz.

Sin embargo, Shelby Knox, directora de seguridad digital de ParentsTogether Action, calificó los resultados como “un fallo sistémico”. La organización pide rediseñar los algoritmos con opciones más seguras por defecto. Mientras, los jóvenes entrevistados por la cadena NBC confiesan que es “normal” toparse con contenido “extremadamente hipersexual” y violento a diario en la app.

El algoritmo de Snapchat introdujo a menores de 13 años en un flujo de contenido sexual y violento en menos de 60 segundos. No es un error: es una decisión de diseño.

La Lógica de Washington

En el Capitolio, la protección infantil en internet se ha convertido en una de las pocas causas bipartidistas. El Kids Online Safety Act (KOSA) y la propuesta KIDS Act —que exigiría verificar la edad y limitar las recomendaciones algorítmicas— llevan meses acumulando apoyos en el Congreso de Estados Unidos. La presión conservadora por frenar el acceso de menores a contenidos explícitos se alinea ahora con las voces demócratas que llevan años reclamando responsabilidad a las Big Tech. El estudio de ParentsTogether va a alimentar las audiencias del Comité de Comercio del Senado y puede acelerar la votación de una ley que ya cuenta con respaldo republicano y de la administración.

Para España, el impacto regulatorio es aún más directo. La Ley de Servicios Digitales (DSA) ya obliga a plataformas como Snapchat a evaluar riesgos para los menores y a mitigarlos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido pionera en sanciones a TikTok y otras apps por fallos en la protección de la infancia. Si el estudio demuestra que los algoritmos exponen a adolescentes a material dañino de forma inmediata, la AEPD podría abrir una investigación propia y endurecer las exigencias a la compañía, que cuenta con millones de usuarios jóvenes en el país. El debate sobre la futura Ley de protección de menores en el entorno digital que prepara La Moncloa encontrará en este informe munición para imponer obligaciones más estrictas a las plataformas. Washington y Bruselas se mueven ya en la misma dirección, y España quiere estar en la vanguardia.

Ficha del Caso

  • El caso: Un estudio de dos ONG americanas demuestra que Snapchat recomienda automáticamente contenido sexual y violento a cuentas de menores de 13 años, incluso en los primeros sesenta segundos tras el registro.
  • Datos clave: 739 vídeos inseguros detectados en una hora de navegación; 244 de contenido sexual y 257 sobre drogas o alcohol. La plataforma replica que las pruebas se hicieron con cuentas falsas y no representan la experiencia real.
  • Para España: El informe refuerza las exigencias de la DSA europea y puede empujar a la AEPD a investigar a Snapchat. La futura ley española de protección de menores en internet ganará argumentos para endurecer los controles algorítmicos en todas las plataformas.

Turquía capitaliza la cumbre OTAN en Ankara para disparar su influencia en la Alianza

Alvaro Villar
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Turquía capitaliza la cumbre OTAN en Ankara para disparar su influencia en la Alianza

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La OTAN celebra su cumbre en Ankara los días 7 y 8 de julio, con carácter de punto de inflexión estratégico.
  • ¿Quién está detrás? Turquía, anfitriona, capitaliza la cita para impulsar su influencia en la Alianza.
  • ¿Qué impacto tiene? El foro refuerza el peso de la industria de defensa turca y la posición geopolítica de Ankara entre Europa, Oriente Medio y Rusia.

La OTAN se da cita en Ankara desde este 7 de julio en una cumbre que trasciende los rituales diplomáticos. Con una guerra en Ucrania que se adentra en su quinto año y Oriente Medio en llamas, el país anfitrión despliega sus cartas: una industria de defensa pujante, una diplomacia que habla tanto con Washington como con Moscú, y una posición geográfica que la convierte en bisagra insustituible entre tres continentes.

Según el ministro de Defensa turco, Yaşar Güler, la cumbre ‘demostrará la determinación de la OTAN para adaptarse al cambiante entorno de seguridad y marcará su futura dirección estratégica’. Y añadió: ‘Con su sólido poder militar, su avanzada industria de defensa, su diplomacia eficaz y su visión estrategica, Turquía seguirá siendo un actor clave en la OTAN, la seguridad euroatlántica y la estabilidad regional’.

El Foro de la Industria de Defensa, que se celebra en el marco de la cumbre, es el escaparate elegido por Ankara para exhibir músculo. La cita reúne a los principales contratistas aliados y busca impulsar la cooperación industrial, un ámbito en el que Turquía ha dado pasos de gigante. Plataformas como el Bayraktar TB2, el dron que ha cambiado las reglas del campo de batalla en Ucrania, o la ambición de desarrollar un caza de quinta generación propio, el TF-X Kaan, hablan de un país que ya no solo compra tecnología, sino que la exporta y condiciona el equilibrio de fuerzas.

La reestructuración militar de Estados Unidos en Europa —con el foco puesto en el Indo-Pacífico— exige a los aliados europeos aumentar su gasto y colmar las carencias. En Moncloa.com hemos detectado que Güler vincula directamente ese vacío con la oportunidad turca: ‘Creemos que el Foro hará una contribución importante a la cooperación industrial entre aliados’, dijo. La lectura es nítida: si Europa necesita rearmarse, Turquía quiere ser el proveedor de referencia.

Serhat Süha Çubukçuoğlu, investigador del centro TRENDS de Abu Dhabi, confirma el análisis: ‘El desarrollo de la industria de defensa turca aumenta el peso de Turquía en la OTAN’. Pero advierte de las fricciones políticas. La exclusión de Ankara del programa SAFE (el proyecto europeo de caza de sexta generación), pese a ser un aliado OTAN, es una herida abierta. ‘Los vetos de Grecia y Chipre muestran claramente esa realidad’, apunta Çubukçuoğlu. Turquía es indispensable en la defensa colectiva, pero los recelos con la Unión Europea frenan su integración en la arquitectura industrial del continente.

La cumbre de Ankara no es solo una reunión de líderes; es la proyección de una Turquía que busca ser el puente industrial y estratégico de la OTAN.

La carta geopolítica: entre Rusia, Oriente Medio y el Mediterráneo

Megan Elizabeth Gisclon, del Istanbul Policy Center, subraya otro vector decisivo: el tamaño del ejército turco y las relaciones diplomáticas que mantiene con Oriente Medio y Rusia. Ankara ha sabido moverse con calculada ambigüedad. Compra sistemas S-400 a Moscú, pero suministra drones a Ucrania; negocia grano en el mar Negro y, al mismo tiempo, despliega tropas en Libia y Somalia. En la OTAN actual, desgarrada entre el flanco este y la amenaza terrorista al sur, ese perfil le confiere una centralidad difícil de replicar.

Equilibrio de Poder

El giro que escenifica Ankara no puede leerse sin el telón de fondo de una Alianza Atlántica en plena redefinición. La administración estadounidense mantiene su demanda de que los europeos asuman más carga, mientras Rusia continúa la guerra de desgaste en Ucrania y la tensión en Oriente Próximo no remite. En ese triángulo, Turquía emerge como el socio que habla con todos los bandos. Para Bruselas, esto supone un dilema: necesita su contribución militar e industrial, pero las disputas en el Mediterráneo oriental y los derechos humanos encallan cualquier avance institucional con la UE.

España observa este tablero con intereses contrapuestos. Por un lado, la industria de defensa nacional compite con la turca en segmentos como los drones tácticos y los vehículos blindados, y tiene puestos los ojos en contratos con países del Golfo y el Magreb donde Ankara ya es un actor dominante. Por otro, la estabilidad del Mediterráneo y del Sahel —prioridades marcadas en la Estrategia de Seguridad Nacional— pasa por contar con Turquía como aliado en la contención de Rusia y en la gestión de flujos migratorios. La Cumbre de Ankara, con su Foro de Defensa, es el momento en que esos equilibrios se tensan y se negocian.

Desde Moncloa.com analizamos este movimiento como la consolidación de una tendencia de largo plazo. Turquía ya no es el socio incómodo al que se tolera por su valor geoestratégico. Ahora es, además, un actor industrial con capacidad de influir en la doctrina y en la cadena de suministro militar de la Alianza. El precedente de la crisis de los misiles de Cuba nos recuerda cómo una potencia media, situada en un punto de fricción, puede alterar el equilibrio global; mutatis mutandis, Ankara maneja hoy cartas similares en el mar Negro y el Mediterráneo oriental. La próxima ventana crítica será el Consejo Europeo de otoño, donde la relación con Turquía volverá a poner a prueba la cohesión de los Veintisiete. La cumbre de Ankara se cierra, pero el verdadero regateo acaba de empezar.

influencia turca

El TSJ de Baleares ratifica el despido por redes sociales: la sentencia que marca los límites de la libertad de expresión

Alberto Ochoa
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El TSJ de Baleares ratifica el despido por redes sociales: la sentencia que marca los límites de la libertad de expresión

El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) ha ratificado en una sentencia reciente el despido disciplinario de un camarero de hotel que publicó un vídeo en TikTok criticando los precios y salarios de la empresa, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este medio. La Sala de lo Social considera que la conducta del trabajador quebrantó la confianza y dañó la reputación corporativa, confirmando la extinción de la relación laboral comunicada el 14 de mayo de 2024.

El vídeo que acabó en despido: críticas, precios y un sistema interno al descubierto

El empleado grabó y subió a la red social TikTok un vídeo durante su jornada laboral en un establecimiento hotelero. En la grabación, mostró el sistema interno de ventas (TPV) y desveló que el café costaba 0,20 euros mientras se vendía a 5 euros. Además, se quejó de recibir un salario de 1.400 euros, una cantidad que calificó como «precaria». La empresa le notificó la carta de despido el 14 de mayo de 2024, alegando un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones contractuales.

El trabajador alegó en vía judicial que no había identificado expresamente a la empresa en el vídeo y que el despido era desproporcionado. Sostenía que, aun existiendo una conducta reprochable, la compañía había obviado la graduación de faltas al imponer la sanción más gravosa sin considerar las circunstancias.

La Sala confirma el daño reputacional y la pérdida de confianza

El TSJIB desarma la argumentación del demandante. Los magistrados subrayan que el tribunal de primera instancia acreditó que el vídeo causó un daño real a la imagen externa y comercial de la empresa, perjudicando su prestigio y credibilidad. “No se aplicó un castigo automático”, recoge la sentencia, que analiza la falta en el marco del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

Según la Sala, publicar un contenido despectivo durante el horario laboral y exhibir herramientas internas supone una quiebra de la confianza que justifica la sanción más severa. El hecho de que el empleado no esté de acuerdo con el fallo “no significa que la decisión no esté argumentada”, precisa el texto.

La Sala sostiene que publicar un video despectivo en redes sociales durante el horario de trabajo y mostrando herramientas internas de la empresa rompe la confianza laboral.

El caso plantea un equilibrio complejo entre el derecho a la libertad de expresión y las obligaciones de buena fe contractual. No es el primer conflicto que llega a los tribunales por publicaciones en redes sociales, pero sí uno de los pocos en los que el daño reputacional se convierte en el eje del fallo. La sentencia del TSJIB refuerza la doctrina de que el trabajador no puede ampararse en la crítica para divulgar información interna que perjudique la imagen de la empresa.

¿Es firme la sentencia? El recurso de casación y el largo debate sobre la libertad de expresión en el trabajo

La resolución no es definitiva. El trabajador dispone de 20 días para interponer recurso de casación (el mecanismo para impugnar una sentencia ante el Tribunal Supremo) tras su notificación, un paso que su defensa ya ha anunciado que que valorará. De no recurrirse, el fallo adquirirá firmeza y la extinción del contrato quedará consolidada.

⚖️ Datos del caso

  • Órgano judicial: Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears.
  • Fase procesal: Sentencia que confirma la decisión del Juzgado de lo Social. No es firme.
  • Implicados: Un camarero de hotel (demandante) y la empresa hotelera (demandada). No se revelan nombres.
  • Cargo imputado: Despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual (art. 54 del Estatuto de los Trabajadores), con daño reputacional.
  • Próximos pasos: La defensa del trabajador puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 20 días hábiles.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El TSJ de Baleares ha confirmado el despido de un camarero que publicó un vídeo en TikTok mostrando el sistema interno de cobro y criticando precios y salarios.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El empleado, que alegó un despido desproporcionado, y la empresa hotelera, que demostró un daño reputacional.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La sentencia no es firme: el trabajador puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 20 días.

Feijóo defiende el pacto con Vox y anuncia una ley nacional del concebido no nacido

Rodrigo Casado
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Feijóo defiende el pacto con Vox y anuncia una ley nacional del concebido no nacido

Alberto Núñez Feijóo ha defendido este lunes sin matices el pacto de gobierno del PP con Vox en Andalucía y ha anunciado que, si llega a la Moncloa, impulsará una ley nacional del concebido no nacido que siga el modelo aprobado en Madrid por Isabel Díaz Ayuso. La doble maniobra, expuesta en una entrevista en Antena 3, consolida el giro del líder popular hacia los postulados que defiende la formación de Santiago Abascal en materia de familia y natalidad.

Qué recoge la futura ley nacional y cómo encaja con la exigencia de Vox

Feijóo ha asegurado que la futura norma, inspirada en la que él mismo impulsó en Galicia en 2011 y en la aprobada la semana pasada en la Asamblea de Madrid, buscará que el concebido no nacido tenga repercusión económica y social desde el momento en que se acredite el embarazo. «Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público», ha subrayado el líder del PP.

La Ley madrileña, que contó con el voto favorable de Vox, reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar sin exigir una semana mínima de gestación y permite solicitar beneficios fiscales y ayudas desde la acreditación del embarazo. Además, incorpora la prioridad nacional, la figura que Vox ha impuesto en los acuerdos de gobierno de Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora en Andalucía para blindar que las políticas autonómicas respeten un «interés nacional» fijado por el partido de Abascal.

Por tanto, el anuncio de Feijóo no es un gesto menor: implica trasladar al ámbito estatal unos principios que hasta ahora Vox solo había conseguido plasmar mediante pactos autonómicos. La dirección de Vox, que ya respaldó la norma madrileña como un primer paso, ve en la propuesta nacional una oportunidad para generalizar un modelo de protección al no nacido con impacto en toda la política de prestaciones.

El aval cerrado de Feijóo a la coalición con Vox en Andalucía

En paralelo, Feijóo ha reivindicado como un «ejercicio de responsabilidad» el pacto alcanzado por Juanma Moreno con Vox tras perder la mayoría absoluta. «La política es la gestión de la realidad», ha argumentado, recordando que el 55 % de los andaluces votó al PP y a Vox. Para el presidente del PP, gobernar en coalición era la única salida para dotar de estabilidad a la Junta de Andalucía.

Feijóo ha negado que Moreno hubiera prometido no gobernar con Vox durante la campaña y ha quitado hierro a la incorporación de la prioridad nacional a las políticas del ejecutivo andaluz. La defensa del pacto llega después de que el propio líder del PP no acudiera a la toma de posesión de Moreno, una ausencia que ha justificado por problemas de agenda y que, según ha recordado, se repite con todos los presidentes autonómicos apoyados por Vox.

La defensa del pacto andaluz y la futura ley del concebido no nacido colocan al PP en una senda donde la agenda de Vox suma un peso determinante.

Lectura estratégica: Vox consolida su influencia y marca el paso al PP

El doble movimiento de Feijóo tiene una lectura clara desde el prisma de Vox: el principal partido de centro-derecha asume como propia una reivindicación que durante años ha sido bandera exclusiva de la formación de Abascal. La futura ley del concebido no nacido, unida a la defensa sin reservas de los gobiernos de coalición autonómicos, refuerza la posición de Vox como socio necesario para cualquier mayoría alternativa en España.

Además, la aceptación explícita de la prioridad nacional en Andalucía aleja el fantasma de una ruptura futura: el PP no solo gobierna con Vox, sino que incorpora el mecanismo que permite a la dirección nacional de Vox condicionar ciertas políticas autonómicas. En Extremadura y Aragón ese mismo condicionante ya ha modelado decisiones presupuestarias y normativas; ahora Andalucía, la comunidad más poblada con un ejecutivo de coalición de derechas, se suma a una dinámica que Vox pretende proyectar hacia la próxima etapa electoral.

El precedente gallego y valenciano demuestra que este tipo de normas no siempre se traduce en un aluvión de ayudas —en Galicia apenas se reconocieron 400 nasciturus en ocho años—, pero el valor simbólico y el anclaje legal que persigue Vox son evidentes. Con el anuncio de Feijóo, la dirección de Abascal consigue elevar a rango de promesa nacional un principio que ya opera en cinco comunidades y que, de materializarse, daría cobertura estatal a la tutela económica del concebido no nacido. La presión por la derecha que Vox ejerce sobre el PP gana así un nuevo capítulo con horizonte legislativo.

El PP exige en el Senado una inspección fiscal al hermano de Pedro Sánchez

Jaume Mónica
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El PP exige en el Senado una inspección fiscal al hermano de Pedro Sánchez

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El GPP del Senado ha registrado una batería de preguntas oficiales exigiendo a la Agencia Tributaria que investigue a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por posible trato fiscal favorable.
  • ¿Quién está detrás? El senador por Badajoz José Antonio Monago, siguiendo la estrategia de Génova de fiscalizar al entorno del Ejecutivo.
  • ¿Qué impacto tiene? Se abre un nuevo frente parlamentario que obliga al Gobierno a aclarar si ha protegido al hermano de Pedro Sánchez mientras se inspecciona al ex presidente Zapatero.

<pEl Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado este lunes una batería de preguntas oficiales para que la Agencia Tributaria inicie una inspección fiscal completa sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. La iniciativa llega apenas un día después de que se conociera que Hacienda ha abierto actuaciones de comprobación sobre el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo que el PP utiliza para denunciar un trato de favor hacia el entorno más próximo de Pedro Sánchez.

La batería de preguntas y el contraste con Zapatero

La iniciativa del senador por Badajoz, José Antonio Monago, se ampara en la reciente apertura de actuaciones de comprobación a Zapatero, su entorno familiar y sociedades vinculadas, comunicada por la Agencia Tributaria al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. “Resulta obligado preguntar por el distinto criterio seguido en otros supuestos que afectan a personas del entorno más próximo del presidente del Gobierno”, argumenta Monago en el texto registrado en la Cámara Alta.

Las preguntas son explícitas y abarcan todos los ángulos fiscales. El PP exige saber si, con posterioridad a la declaración de los responsables de la Agencia en Extremadura ante la juez Biedma, se ha iniciado alguna comprobación o inspección sobre David Sánchez; en qué fecha y qué órgano la habría acordado; qué ejercicios fiscales comprende y si es de alcance general o parcial. En concreto, Monago pregunta si se ha investigado su residencia fiscal —el hermano del presidente tenía fijada su residencia en Elvas (Portugal)—, su tributación por IRPF o impuesto de no residentes, los posibles incrementos patrimoniales, las donaciones recibidas y las rentas percibidas de entidades públicas españolas. En caso de que no se haya hecho, el senador por Badajoz reclama “que se detalle por qué razón no se han iniciado actuaciones de comprobación o inspección” pese a las dudas judiciales. También inquiere si se puede entender como prevaricación que un funcionario reconozca en sede judicial no haber perfeccionado su obligación inspectora, y pregunta qué criterio explica el distinto trato entre el hermano del presidente y el ex presidente Zapatero.

Un informe sin firma que sembró dudas

El PP recuerda que el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado de Badajoz se elaboró sin actuaciones de comprobación o inspección propiamente dichas. Se limitó, según los populares, a contrastar datos de las bases de la Agencia y la información aportada por el propio afectado. Pero lo más llamativo fue su forma: carecía de firma individualizada y de membrete oficial. La juez Beatriz Biedma, en la comparecencia de los responsables de Hacienda en Extremadura, les afeó esa circunstancia y afirmó que en su larga trayectoria como magistrada nunca había visto un informe así. La explicación ofrecida —“por una cuestión de prisas”— no hizo sino ahondar las sospechas.

Mientras la Agencia Tributaria moviliza recursos para inspeccionar a Zapatero, al hermano del presidente se le dispensó un trato que rozó la omisión: informe sin firma y sin membrete.

El senador Monago ha ido más allá y pregunta ahora quién ordenó, supervisó o validó aquel documento, y si se ha abierto alguna investigación interna para esclarecer lo sucedido. Asimismo, emplaza al Gobierno a garantizar que la Agencia Tributaria aplica los mismos criterios a todos los contribuyentes, independientemente de su vínculo con miembros del Ejecutivo, y a descartar que David Sánchez haya recibido un trato singular o preferente.

El Eje del Poder Popular

El movimiento del Senado se enmarca en la estrategia de Génova de utilizar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para fiscalizar al Gobierno y, en particular, para exponer las presuntas dobles varas de medir en la Agencia Tributaria. La comparación con Zapatero —cuya inspección se activó con plena colaboración— permite al PP instalar la narrativa de que el entorno del actual presidente disfruta de una protección inaceptable. Fuentes populares consultadas por esta redacción confirman que la ofensiva no se limita a lo parlamentario: buscan que el Ejecutivo se vea obligado a dar explicaciones detalladas, lo que podría tener costes políticos en un momento de debilidad gubernamental.

En el plano territorial, la figura de Monago, ex presidente de la Junta de Extremadura, refuerza la credibilidad del ataque en una comunidad donde David Sánchez desarrolló su controvertida carrera en la Diputación de Badajoz. Además, el PP extremeño lleva meses reclamando transparencia en el caso, que consideran un ejemplo de clientelismo. La estrategia conecta así la agenda local con la nacional, un recurso habitual de Génova.

El riesgo para el Gobierno es doble: si no responde con contundencia, alimentará la imagen de impunidad familiar; si admite que no se han hecho las comprobaciones necesarias, podría quedar señalado por omisión. El PP, por su parte, confía en que la presión parlamentaria sirva para acelerar una inspección que la justicia ya ha puesto en entredicho. La próxima comparecencia del director de la Agencia Tributaria en el Senado, previsiblemente en septiembre, será la cita clave para evaluar el alcance real de esta ofensiva.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: “El Gobierno no puede tratar a su propia familia con un rasero distinto al que aplica a otros ex presidentes”.
  • Protagonista: José Antonio Monago (senador del PP por Badajoz).
  • Próximo hito: La respuesta oficial del Gobierno a las preguntas registradas, que debe llegar en las próximas semanas, y el seguimiento de la causa judicial en Badajoz.

Las ayudas de fertilizantes para 425.000 agricultores: el plan de Sánchez y las claves que afectan al campo

Diego Prados
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Las ayudas de fertilizantes para 425.000 agricultores: el plan de Sánchez y las claves que afectan al campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan Estatal de Fertilizantes, una iniciativa que incluye una línea de ayudas directas para la compra de estos insumos y cuyo primer listado de beneficiarios ya se ha publicado con 425.000 agricultores y ganaderos.

Los tres objetivos del Plan Estatal de Fertilizantes

El plan persigue, según el anuncio del Ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes. La medida busca que el sector aplique estos productos de forma más precisa, ajustando las dosis a las necesidades reales de los cultivos y evitando excesos que encarezcan la producción.

El segundo eje es reducir la dependencia del exterior. España importa una parte muy significativa de los fertilizantes que consume, una vulnerabilidad que el Gobierno quiere mitigar fomentando alternativas nacionales y una mejor gestión de los recursos disponibles.

El tercer pilar es aumentar la transparencia del mercado, lo que en la práctica supone reforzar los mecanismos de información sobre precios y operaciones comerciales para que los productores puedan tomar decisiones más informadas.

Las ayudas fertilizantes: lo que sabemos hasta ahora

De forma paralela al plan, se ha hecho público el primer listado de 425.000 beneficiarios de las ayudas para la compra de fertilizantes. La cifra, confirmada por el propio presidente, demuestra la dimensión de la convocatoria y el amplio alcance territorial de la medida.

Aunque el detalle de las cuantías individuales y el presupuesto total no se ha precisado en el anuncio, el objetivo declarado es compensar parte del coste de los fertilizantes adquiridos por las explotaciones agrarias, en un contexto de precios que han lastrado los márgenes de muchas producciones.

La publicación del listado confirma que la ayuda llegará directamente a las cuentas de los agricultores, un alivio para miles de explotaciones que arrastran una campaña de costes disparados.

Qué impacto puede tener en el campo y en la dependencia exterior

El principal efecto práctico del plan es que 425.000 productores del medio rural español recibirán un respaldo económico para afrontar la compra de fertilizantes. Esto puede frenar el abandono de cultivos que requieren un uso significativo de estos insumos, como los cereales o el olivar, y mantener la actividad en zonas donde la rentabilidad es más ajustada.

Además, la apuesta por reducir la dependencia de terceros países —en particular de mercados extracomunitarios— podría tener consecuencias a largo plazo sobre la soberanía alimentaria y la estabilidad de precios para el productor. La medida se alinea con la línea de otras políticas europeas que buscan reforzar la autonomía estratégica en insumos clave.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: El Gobierno ha presentado el Plan Estatal de Fertilizantes y ha publicado el primer listado de 425.000 beneficiarios de las ayudas para su compra.
  • 👥 A quién afecta: A los agricultores y ganaderos españoles que hayan solicitado la ayuda, con especial incidencia en las explotaciones familiares y de secano.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Un alivio temporal en los costes de producción y una posible reducción de la dependencia exterior si el plan se consolida en el tiempo.

Los trabajadores extranjeros ocuparon el 42% de los nuevos puestos de trabajo creados en España en 2025

Ana Carina Rodríguez
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Los trabajadores extranjeros ocuparon el 42% de los nuevos puestos de trabajo creados en España en 2025

Si trabajas en España, tu compañero de al lado tiene cada vez más papeletas de haber nacido fuera. Los trabajadores extranjeros cerraron 2025 acaparando en torno al 42% del empleo neto creado durante el año, según los datos de la Encuesta de Población Activa que recoge el propio SEPE en su informe de tendencias.

No es un dato aislado ni una anécdota estadística. Es la confirmación de una tendencia que lleva años consolidándose: el mercado laboral español depende, cada vez más, de la llegada de mano de obra de fuera. Y el informe oficial pone cifras y nombres propios a ese fenómeno.

Trabajadores extranjeros: la cifra que sostiene el empleo

De los 605.400 nuevos empleos que se registraron en España en 2025, unos 258.000 fueron ocupados por personas de nacionalidad extranjera. Eso deja el porcentaje en cifras que rondan el 42-43%, un peso muy superior al que este colectivo representa sobre el total de la población ocupada, que se sitúa alrededor del 16%.

La razón principal está en la demografía. La población activa española envejece y no se renueva al ritmo necesario, mientras que los trabajadores extranjeros presentan tasas de actividad muy superiores, cercanas al 70%, frente al 57% de los nacidos en España. Ese contraste explica buena parte del tirón migratorio en el empleo.

Seguridad Social y el reflejo de una tendencia estructural

La Seguridad Social certificó en 2026 un nuevo récord de afiliados extranjeros, superando los 3,3 millones de cotizantes. El propio Ministerio de Inclusión, a través de moncloa.com, ha subrayado que más del 43% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a este colectivo.

Además, la calidad del empleo también ha mejorado sensiblemente: el 88,5% de los afiliados extranjeros tiene ya contrato indefinido, un salto de casi 30 puntos respecto al periodo 2017-2021. La temporalidad entre los trabajadores extranjeros ha caído incluso por debajo de la media nacional, algo impensable hace apenas un lustro.

Sectores que ya no se entienden sin mano de obra foránea

Youtube video

El informe del SEPE detalla que la dependencia no es uniforme. Hostelería, construcción y el sector agrario siguen siendo los más intensivos en contratación de personas extranjeras, aunque su presencia crece en prácticamente todas las ramas de actividad, incluidas la informática y las telecomunicaciones.

Este avance también tiene un componente de emprendimiento. Cada vez hay más trabajadores extranjeros dados de alta como autónomos, muchos de ellos generando empleo en sectores de alto valor añadido. La ministra Elma Saiz ha insistido en que este colectivo es «gran parte del motor del crecimiento» del país.

Un mercado laboral que ya no se sostiene sin inmigración

El propio Gobierno ha puesto cifras al riesgo de no contar con esta mano de obra. Sin inmigración, según las proyecciones oficiales presentadas este año, España podría perder hasta un 19% de su PIB en 2050, con el cierre de miles de bares, explotaciones agrícolas y aulas por falta de relevo generacional.

Los trabajadores extranjeros no solo tapan un agujero demográfico: sostienen buena parte del crecimiento económico reciente. De hecho, se calcula que la mitad del avance del PIB español de los últimos años se explica por la llegada de población inmigrante en edad de trabajar.

Entre las razones que explican este fenómeno destacan:

  • El envejecimiento acelerado de la población activa nacida en España.
  • Las tasas de actividad muy superiores entre la población extranjera.
  • La escasez de relevo generacional en sectores como la construcción o la hostelería.
  • El impulso del emprendimiento extranjero en sectores tecnológicos.

Lo que viene: más dependencia, pero también más oportunidades

El propio informe del SEPE proyecta que esta tendencia se mantendrá, al menos, hasta 2028. La desaceleración económica no frenará la creación de empleo, y buena parte de ese empleo seguirá recayendo en trabajadores extranjeros, especialmente en sectores tecnológicos, sanitarios y de la construcción.

La buena noticia es que el debate empieza a centrarse menos en el «si» y más en el «cómo». Regularizar situaciones, mejorar la formación y facilitar la integración laboral parecen ser las claves para que esta dependencia se traduzca en una ventaja competitiva real, y no solo en un parche demográfico.

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