Mandos intermedios educativos: qué son, funciones y competencias en los centros

Los mandos intermedios educativos coordinan la vida académica de un centro: son el nexo entre el equipo directivo, el profesorado y el alumnado.

Coordinadores de etapa, jefes de departamento y responsables de ciclo ocupan una posición estratégica. Conocen mejor que nadie qué está funcionando en las aulas, qué dificultades encuentra el profesorado y qué necesita el alumnado. Su papel va más allá de la gestión y la burocracia: traducen las decisiones de la dirección a la práctica diaria.

Qué son los mandos intermedios educativos y qué papel ocupan en el centro

Un mando intermedio educativo es el docente que asume una responsabilidad de coordinación sin formar parte del equipo directivo. En un instituto, ese equipo lo integran el director, los jefes de estudios y el secretario. Los mandos intermedios se sitúan un escalón por debajo y un paso por delante del aula.

Su primera función es conectar los objetivos del centro con las acciones del aula. Implica trasladar el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el documento que define la identidad y las prioridades pedagógicas de cada centro, a actuaciones concretas, coherentes y evaluables.

A eso se suma el acompañamiento del profesorado. Los coordinadores impulsan la innovación metodológica, vigilan la coherencia curricular cuando el alumnado cambia de curso y sostienen a los docentes nuevos, sobre todo en sus primeros meses. También gestionan la convivencia: detectan conflictos antes de que se agraven y coordinan la acción tutorial y la comunicación con las familias.

Competencias, herramientas y a quién afecta este papel

coordinador educativo

El perfil del mando intermedio combina conocimiento técnico, capacidad de organización y habilidades personales. La empatía y la escucha activa son imprescindibles para mediar en conflictos y entender puntos de vista distintos. Con ellas llegan el saber delegar, la resiliencia y una gestión razonable de la frustración ante los cambios y la presión.

En lo técnico, necesitan dominar el marco normativo vigente y estar al día en evaluación competencial e inclusión educativa. En lo organizativo, gestionar tareas, personas y plazos, y saber leer datos: los resultados académicos, el absentismo o las incidencias de convivencia permiten detectar alumnado en riesgo y decidir con evidencias.

La normativa estatal define al equipo directivo, pero no regula al mando intermedio: son las comunidades autónomas las que fijan sus funciones y su horario.

La comunicación es otro pilar del puesto. Su posición les obliga a hablar con interlocutores muy distintos, con un modelo que el sector describe como de 360 grados.

Con la dirección y los jefes de estudios conviene llevar datos y propuestas, no solo quejas. Con los departamentos y el resto del profesorado, el tono ha de ser colaborativo y argumentar las decisiones por su valor pedagógico. Con estudiantes y familias, cercano y de mediación, porque suelen intervenir cuando el conflicto de aula ya ha crecido.

Para ejercer, no basta con repartir responsabilidades: hacen falta tiempo, herramientas y recursos. Las plataformas de gestión educativa ordenan el seguimiento de calificaciones, las incidencias de convivencia o el control del absentismo. Los entornos de colaboración en la nube permiten codiseñar programaciones y compartir materiales, y las herramientas de análisis centralizan métricas para comparar el rendimiento por grupos. A eso se suma una demanda recurrente: horas lectivas reducidas que permitan observar aulas, coordinar y entrevistarse.

El Marco Educativo

La referencia estatal es la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), modificada por la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). Su artículo 131 define el equipo directivo de los centros públicos como órgano ejecutivo de gobierno y su artículo 132 detalla sus competencias. El artículo 121 regula, a su vez, el Proyecto Educativo de Centro.

Ninguna de esas normas crea con rango propio la figura del coordinador de etapa o del jefe de departamento: su desarrollo corresponde a los reglamentos orgánicos, como el Real Decreto 83/1996 en el caso de los institutos, y sobre todo a la normativa de cada comunidad autónoma.

El curriculo competencial que estos mandos intermedios deben trasladar al aula se despliega, además, en los reales decretos de enseñanzas mínimas: el Real Decreto 217/2022 para la ESO y el Real Decreto 243/2022 para el bachillerato.

Las comunidades autónomas son las competentes para crear, denominar, retribuir y liberar horas de estas figuras, y de ahí las diferencias entre territorios: lo que en una región se llama coordinación de etapa, en otra aparece como jefatura de estudios adjunta o coordinación de ciclo.

Desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte se remite a ese reparto competencial. Los sindicatos docentes reclaman desde hace años que el tiempo de coordinación compute como tiempo efectivo de trabajo, una demanda que se repite en las mesas sectoriales de negociación. El Consejo Escolar del Estado ha señalado en su informe anual sobre el sistema educativo la importancia de la organización y el liderazgo pedagógico de los centros.

No hay un calendario estatal de reforma de estas figuras. Cualquier cambio pasa por los reglamentos orgánicos y por las instrucciones de inicio de curso que cada comunidad publica antes del arranque del curso, en el actual curso 2026-2027. La formación específica, el reconocimiento horario y la definición de competencias seguirán siendo el eje del debate sobre un puesto que, en la práctica, sostiene la aplicación del currículo en el aula.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: los mandos intermedios educativos —coordinadores de etapa, jefes de departamento y responsables de ciclo— son el nexo entre el equipo directivo, el profesorado y el alumnado.
  • Por qué importa: de su coordinación depende que las decisiones de la dirección y el currículo competencial lleguen al aula con coherencia y sin perder el hilo entre cursos.
  • A quién le importa: a los docentes que asumen una coordinación, a los equipos directivos que reparten esas tareas y a las familias, que tratan con ellos cuando surge un conflicto.

La Generalitat suspende las clases para 359.896 alumnos en 104 municipios por la alerta roja de lluvias en Valencia

La Generalitat ha suspendido las clases a 359.896 alumnos de 104 municipios por la alerta roja y naranja de lluvias, según la Conselleria de Educación. Los datos fueron facilitados por el departamento autonómico minutos antes de las 20:00 del jueves 1 de octubre, con la mayoría de las localidades afectadas en la provincia de Valencia y en la capital.

Qué ha confirmado la Conselleria de Educación sobre los municipios afectados

El recuento oficial sitúa la suspensión en 359.896 alumnos y 104 localidades de la Comunitat Valenciana. La mayoría de los municipios afectados se concentra en la provincia de Valencia y en la propia capital, el territorio donde el aviso por lluvias se traduce en un mayor número de centros con la actividad lectiva cancelada.

La distribución no es homogénea. La Generalitat ha decretado una alerta roja y naranja que cambia en función de la provincia y de la zona, de modo que la suspensión de las clases se aplica en unos municipios y en otros no. El nivel rojo (el máximo de la escala de avisos por riesgo meteorológico) implica riesgo extremo; el naranja (el inmediatamente inferior) supone riesgo importante. Ese reparto por zonas determina qué centros permanecen cerrados.

Más de 350.000 alumnos afectados.

Qué dice AEMET sobre los chubascos previstos en el tercio oriental

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado de chubascos muy fuertes, y persistentes en el tercio oriental peninsular, la franja en la que se sitúa la Comunitat Valenciana. El aviso se suma a la situación declarada por la Generalitat y condiciona la previsión de las próximas jornadas.

La suspensión de las clases se mantendrá en algunos municipios mientras siga activa la alerta y en otros concluirá a mediodía del viernes.

En la Comunitat Valenciana conviven estos días dos referencias meteorológicas: el aviso de AEMET, que fija la probabilidad y la intensidad de las lluvias por zonas, y la alerta decretada por la Generalitat, que determina actuaciones como la suspensión de la actividad lectiva. El recuento de alumnos afectados se cerró minutos antes de las 20:00 del jueves 1 de octubre.

El aviso sigue activo.

AEMET mantiene la vigilancia sobre el litoral y el interior del tercio oriental peninsular. La persistencia de los chubascos es el escenario que describen los avisos vigentes, y esa continuidad se traduce en que la suspensión de las clases siga aplicándose en los municipios señalados.

Cuándo se retoman las clases en los municipios afectados

La vuelta a las aulas no tiene un horario único. Según la Conselleria de Educación, la suspensión se mantendrá, en función de cada caso, mientras se mantenga la situación de alerta. En otros municipios se ha fijado su conclusión a las 12:00 del viernes 2 de octubre, la hora en la que está previsto que finalice el aviso.

Esa diferencia explica que el regreso a las aulas se produzca antes en unas localidades que en otras. La referencia es la evolución del aviso meteorológico, que distingue entre provincias y zonas, y no una decisión cerrada de antemano para todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Mientras la situación de alerta se mantenga, la suspensión continuará en los municipios que así lo han establecido. El número de alumnos afectados se mantiene en 359.896, repartidos en 104 localidades, con la provincia de Valencia y la capital como los puntos de mayor concentración.

La Junta licita por casi 50 millones la redacción del nuevo hospital de Cádiz

La Junta de Andalucía ha licitado por 49.652.099 euros la redacción del nuevo hospital de Cádiz, el contrato que arranca su tramitación. Las ofertas se pueden presentar hasta el 1 de diciembre a las 15.00 horas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta ha sacado a licitación por 49.652.099 euros, IVA incluido, la redacción del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad del nuevo hospital de Cádiz.
  • ¿Dónde y quién? El complejo se levantará en la Avenida Marconi número 33, en la antigua Zona Franca del puerto de Cádiz, y las ofertas se admiten hasta el 1 de diciembre.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? El centro elevará la capacidad a 800 camas y atenderá a una población cercana a 1,4 millones de personas de Cádiz, Ceuta y Gibraltar.

Un contrato de casi 50 millones para diseñar el nuevo hospital de Cádiz

El expediente va mucho más allá de los planos. Incluye el estudio de ordenación, la dirección de obra, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad, según la documentación publicada en el perfil de licitaciones de la Junta de Andalucía. El presupuesto base de licitación se ha fijado en 49.652.099 euros, con IVA incluido.

La adjudicación se tramitará por procedimiento abierto y ordinario, sin división en lotes, para garantizar una solución arquitectónica «unitaria, racional y coordinada» entre los equipos de diseño y la obra. El plazo para presentar ofertas se cierra el 1 de diciembre.

Después, el reloj corre en días y no en promesas. El pliego establece 510 días de ejecución, 17 meses, desde la formalización del contrato: 150 días para el proyecto básico y 360 para el proyecto de ejecución. La dirección y el seguimiento de la obra se prolongarán en paralelo a los trabajos de construcción.

El centro nace con 800 camas, 68 más de las previstas inicialmente, tras la modificación del Plan Funcional y de la memoria justificativa. El reparto es el siguiente: 532 para el hospital de agudos de adultos, 50 en el área materno-infantil, 99 entre UCI, cuidados intermedios y neonatología, y 119 en el Hospital San Carlos de San Fernando, ya existentes y reservadas a cuidados paliativos, lesionados medulares y pacientes frágiles.

Cádiz llevaba años pidiendo un hospital nuevo y ahora tiene un expediente, un precio y un calendario que se puede exigir.

Un hospital para 1,4 millones de personas en la antigua Zona Franca

licitación hospital Cádiz

Los terrenos están en la Avenida Marconi número 33, en la antigua Zona Franca del área portuaria de Cádiz, sobre una parcela de 32.852 metros cuadrados. Su área de influencia se estima en cerca de 1,4 millones de personas, sumando la población de Cádiz, Ceuta y Gibraltar.

El nuevo hospital concentrará la atención al paciente agudo de Cádiz y absorberá todos los servicios que hoy presta el Hospital Puerta del Mar, incluido el área materno-infantil, mientras que el Hospital San Carlos, en San Fernando, mantendrá sus usos actuales. Habrá 334 consultas ambulatorias y de pruebas funcionales —211 para adultos y 123 en el área materno-infantil—, bloques quirúrgicos de adultos y obstétricos, unidades de reproducción asistida, radioterapia, medicina nuclear, helipuerto y aparcamiento subterráneo.

La vocación docente e investigadora también figura en el pliego, con un centro de simulación asistencial básica y avanzada, laboratorios, aulas y seminarios. Se suman admisión, mortuorio, servicios religiosos, almacenes, logística, cocina, lavandería, vestuarios y las áreas de dirección y administración general.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado la licitación de «paso decisivo» para un proyecto «para el que no hay vuelta atrás».

En su mensaje en la red social X, el consejero ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno «cumple con su palabra» con la capital gaditana y ha presentado el futuro centro como «un referente de la sanidad pública andaluza.

La Lectura Andaluza

La licitación toca el nervio de una provincia que lleva años mirando al Puerta del Mar. El hospital actual sostiene la presión asistencial de la Bahía de Cádiz y reparte pacientes con el San Carlos de San Fernando; el nuevo complejo reordenará ese mapa con 800 camas y 334 consultas. Andalucía es la comunidad más poblada de España y su litoral multiplica la población real en temporada alta, de modo que la capacidad de un hospital de referencia se mide también en cómo responde cuando la demanda se dispara por encima del padrón.

Para el ciudadano de a pie, el valor está en tres cosas concretas: menos desplazamientos para pruebas y tratamientos, un área materno-infantil integrada y una cartera de servicios que hoy obliga a derivaciones fuera de la provincia. El contrato moverá durante 17 meses a estudios de arquitectura, ingenierías y consultoras y, sobretodo, dejará trabajo a la construcción de la bahía cuando arranquen las obras.

Con el calendario en la mano, el primer hito verificable es el 1 de diciembre, fecha límite para presentar ofertas. Después llegará la adjudicación y, tras la formalización, los 150 días del proyecto básico y los 360 del de ejecución: con ese ritmo, los planos definitivos no se conocerán antes de 2027 y la fase de ejecución se iría ya a 2028. La Junta ha puesto el precio y el plazo por escrito, y eso es exactamente lo que permite exigir. Un hospital no se mide en titulares, sino en camas abiertas y quirófanos funcionando. Ese es el listón que Cádiz ya puede apretar.

La International University Fair 2026 reúne el 4 de noviembre en Madrid a universidades internacionales

La International University Fair 2026 reunirá el 4 de noviembre en Madrid a universidades internacionales para orientar al alumnado de 2.º de Bachillerato sobre sus programas y sus requisitos de acceso en el extranjero.

Qué ofrece la feria: universidades internacionales, cara a cara

La jornada, de carácter gratuito, pondrá en contacto directo con universidades internacionales a estudiantes de colegios e institutos. Estudiar en otro país permite, además de cursar una titulación concreta, conocer otras culturas, mejorar el dominio de un idioma y ganar autonomía.

Durante la feria, el alumnado podrá conocer los programas académicos y resolver dudas sobre la admisión, los idiomas, el alojamiento o la vida universitaria. Entre las participantes habrá universidades públicas, con opciones parcialmente subvencionadas o subvencionadas al 100% según la institución y el programa.

También acudirán universidades situadas en el top 100 mundial de distintos rankings internacionales, lo que permitirá conocer propuestas académicas de varios países sin recurrir únicamente a la búsqueda por Internet. No es necesario llegar con una decisión tomada: la cita está abierta tanto a quienes ya tienen claro un país o una titulación como a quienes todavía exploran posibilidades fuera de España.

Cómo aprovechar la visita y a quién va dirigida

La visita resulta más útil si el estudiante acude con alguna referencia previa: una carrera de interés, dos o tres destinos que quiera conocer mejor o una duda concreta sobre el acceso a una universidad extranjera. Preguntas como qué requisitos exige cada institución, cuándo comienza el proceso de admisión o qué nivel de idioma se necesita ayudan a concretar una decisión amplia de partida.

La actividad encaja en el trabajo de orientación académica y profesional que ya se realiza durante el Bachillerato. Los centros pueden animar a cada alumno a investigar alternativas y a acudir con un objetivo concreto; después, la información recopilada puede seguir trabajándose en tutorías o junto al departamento de orientación.

La feria reúne universidades del top 100 mundial y universidades públicas con programas subvencionados, una oferta que los estudiantes pueden comparar en una sola jornada.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de 2.º de Bachillerato, aunque también resultará útil a quienes todavía no tienen claro si quieren salir fuera: conocer las alternativas no implica elegirlas. Preparar la visita con antelación y acudir con algunas preguntas apuntadas mejora el aprovechamiento de la jornada.

El Marco Educativo

El acceso a la universidad en España se rige por la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) y por la EBAU (la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, el examen que ordena el ingreso en los grados). Para las universidades extranjeras, en cambio, no existe una norma común de acceso: cada institución fija sus propios requisitos, sus niveles de idioma y su calendario de admisión, que varían según el país.

La feria está organizada por educoWay, entidad especializada en orientación educativa y estudios en el extranjero. En el sistema español, las comunidades autónomas tienen competencia sobre el currículo del Bachillerato y sobre la orientación académica, mientras que el acceso a la universidad se coordina a través de la EBAU. Para el estudiante, cursar un grado fuera de España depende, por tanto, de la oferta y de los requisitos de cada universidad de destino.

Tras la cita de Madrid, prevista para el 4 de noviembre de 2026, se celebrará una segunda jornada en Valencia el 6 de noviembre, con las mismas características. La participación es gratuita con registro previo, y los colegios e institutos deben coordinar su visita con antelación; el organizador mantiene plazas disponibles para los centros que quieran acudir con grupos de estudiantes.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La International University Fair 2026 reúne el 4 de noviembre en Madrid a universidades internacionales para que los alumnos conozcan sus programas y requisitos de acceso.
  • Por qué importa: Estudiar en el extranjero obliga a comparar oferta académica, idiomas, admisión y costes, sin una normativa común entre países.
  • A quién le importa: A los estudiantes de 2.º de Bachillerato y a los departamentos de orientación de colegios e institutos que preparan su futuro académico.

Dos guardias civiles heridos por arma de fuego en un tiroteo en Terrassa

Dos guardias civiles han resultado heridos por arma de fuego en un tiroteo ocurrido la noche del jueves en Terrassa, durante una persecución policial. Uno de los agentes ha sido alcanzado por cuatro proyectiles y evoluciona favorablemente dentro de la gravedad, sin que su vida corra peligro, según las fuentes próximas al caso. El suceso se produjo en el barrio de Can Perallada, en el extremo sur del municipio.

El seguimiento a un grupo de ‘teloneros’ que acabó a tiros

Los agentes seguían la pista de un grupo de ‘teloneros’, bandas dedicadas a asaltar vehículos de transporte de mercancías en ruta. El dispositivo se activó cerca de la AP-7, en el entorno del área metropolitana de Barcelona, y se prolongó durante varios kilómetros por carretera.

En el argot policial, el ‘telonero’ es el miembro de una banda que intercepta camiones, y furgonetas en marcha para robar la mercancía. Estas bandas operan, por lo general, en los corredores de largo recorrido y aprovechan los tramos de autovía con menos vigilancia para actuar.

El seguimiento derivó en un rastreo por carretera que culminó de forma violenta ya en la trama urbana. Al adentrarse en el barrio de Can Perallada, los ocupantes del vehículo perseguido arremetieron a balazos contra la patrulla, según la información difundida sobre el operativo. El tiroteo se desencadenó en ese punto y obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

Los Mossos d’Esquadra han evitado concretar los pormenores del suceso a la espera de avanzar en el atestado (el documento policial que recoge las primeras diligencias), y se han limitado a certificar la existencia del operativo. No hay detenciones confirmadas por fuentes oficiales.

La División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra ha asumido las pesquisas del tiroteo de Terrassa.

El estado de los dos agentes hospitalizados

Los dos efectivos permanecen ingresados por heridas de bala. Uno de ellos evoluciona favorablemente dentro de la gravedad tras recibir cuatro impactos, sin que su vida corra peligro por el momento. El estado del segundo herido no ha trascendido por ahora.

Los dos agentes heridos fueron trasladados a centros sanitarios, donde permanecen bajo observación. Uno de ellos presentaba cuatro heridas por arma de fuego, el cuadro más delicado de los dos, según las fuentes próximas al caso.

No hay más heridos.

En qué fase está la investigación del tiroteo

La División de Investigación Criminal (DIC) ha asumido las pesquisas y ha desplegado efectivos sobre el terreno. El cuerpo autonómico trabaja con el atestado abierto y no ha ofrecido datos sobre los ocupantes del vehículo perseguido.

La DIC es la unidad de los Mossos especializada en las investigaciones de mayor complejidad. Los investigadores tratan de reconstruir la ruta que siguió el grupo y de esclarecer cómo se produjo el ataque contra la patrulla.

La Guardia Civil mantiene abierta su investigación por los disparos contra sus agentes. El atestado sigue en elaboración y no se ha detallado por ahora ninguna línea concreta ni el número de personas que viajaban en el vehículo.

El operativo se mantiene activo en la zona mientras se reúnen más indicios sobre lo ocurrido. La investigación continúa abierta y, por el momento, no hay ningún detenido. Los Mossos no han concretado cuántas personas integraban el grupo seguido.

Puente del Pilar cerca de Madrid: 3 pueblos con alojamiento por menos de 40€ antes de que se agote el stock de septiembre.

Patones de Arriba: alojamientos por menos de 40 € y el primero en agotarse para el Puente del Pilar

Puente de Piedra over a river leading to a large building with towers

Patones de Arriba es, para buena parte de la prensa de viajes, el pueblo más bonito de la Comunidad de Madrid, y ese cartel lo coloca en cabeza de cualquier lista de escapadas para el Puente del Pilar. Declarado Bien de Interés Cultural en 1999 en la categoría de Conjunto Histórico, es el mejor ejemplo madrileño de arquitectura negra de pizarra: casas bajas, tejados oscuros y calles empedradas en cuesta, con el caserío colgado a más de 832 metros de altitud. Queda a unos 60 kilómetros de la capital, poco más de una hora en coche, pero el vehículo se queda abajo. El acceso al casco histórico está restringido, así que toca aparcar en Patones de Abajo y subir andando por la Senda del Barranco —apenas un kilómetro, unos 20 minutos— o en el minibús de la línea 913.

Esa fama, unida a una oferta de camas muy corta, explica por qué aquí es donde antes se agotan las plazas. En el núcleo histórico apenas hay un puñado de alojamientos y varios caben en la franja de los 40 euros por persona y noche. El Hotel Rural La Fuente (calle del Despeñadero, 7; registro TR-161) anuncia tarifas desde 35 euros por persona y noche en cuatro habitaciones con vistas a la sierra, chimenea y bañera de hidromasaje. El Bulín de Patones, en la calle de las Escuelas, reparte cuatro apartamentos —Granito, Pizarra, Mica y Cuarzo— de 2 a 4 plazas desde 25-26 euros por persona, y La Cata Country House alquila la casa completa para ocho huéspedes desde 300 euros. Con el puente fijado del sábado 10 al lunes 12 de octubre de 2026, conviene asegurar la reserva en septiembre: los precios varían según la temporada y el número de noches.

Buitrago de Lozoya: habitaciones por debajo de 40 € y a menos de una hora de Madrid

a large building with a statue in front of it with Plaza Mayor, Madrid in the background

Buitrago del Lozoya es la parada más cercana de la lista y, por eso, la primera en llenarse. Según Google Maps, de la Puerta del Sol al casco histórico hay unos 59 minutos en coche, con una distancia por carretera que ronda los 75-80 kilómetros por la A-1, y también existe conexión en transporte público. A eso se suma el inventario de camas más barato de toda la Sierra Norte: el Hostal Madrid Paris (avenida de Madrid, 37), con 12 habitaciones dobles y capacidad para 24 personas, arranca en torno a 49,50 euros por habitación y noche, lo que sale a unos 25 euros por persona en habitación doble, aunque con valoraciones de usuario mediocres; El Esquileo, complejo de apartamentos, anuncia plazas desde unos 13 euros por persona y noche y apartamentos familiares para cuatro desde 38 euros por persona. Para el puente del Pilar de 2026, que cae en sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, esos precios son los primeros en desaparecer.

El patrimonio justifica que las habitaciones económicas vuelen. Buitrago conserva íntegro el único recinto amurallado de la Comunidad de Madrid, de unos 800 metros de perímetro, declarado Monumento Nacional en 1931 y protegido como conjunto histórico desde 1993. Dentro se visita el Castillo de los Mendoza, de traza gótico-mudéjar y siete torres, que fue residencia de Juana la Beltraneja; la iglesia de Santa María del Castillo; la Torre del Reloj, de unos 16 metros, y el Museo Picasso, con la colección que su barbero, Eugenio Arias, donó a su pueblo natal y que fue el primer museo abierto en la región, en 1985. A los pies de la muralla, el río Lozoya y el Puente del Arrabal, conocido como Puente Viejo, cierran un plan de paseo, senderismo y mesón sin apenas desplazamientos.

La Hiruela: casas rurales por menos de 40 € con cancelación gratuita y entorno de sierra

a view of a village with mountains in the background

La Hiruela no es un pueblo más de la Sierra Norte: forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, reconocida por la UNESCO en 2005, y su casco, con casas de piedra, adobe y pizarra apenas alteradas desde su construcción, es uno de los mejor conservados de la Comunidad de Madrid. Está a 1.257 metros de altitud, a unos 100 kilómetros de la capital por la A-1 (salida 76) y la M-137, y el otoño es su mejor baza para el puente: los robledales de melojo que lo rodean se tiñen de ocres y dorados y el Hayedo de Montejo, el más meridional de Europa, queda a un paso, con acceso regulado y reserva previa. Desde el casco parten sendas de dificultad baja bien señalizadas, como la de los Oficios de la Vida (2,7 kilómetros, entre molino harinero, carbonera y colmenar de corcho) o la de la Fuente Lugar (1,5 kilómetros); la ruta De molino a molino, junto al Jarama, sigue cerrada por seguridad.

Ese aislamiento tiene una consecuencia práctica para quien busca alojamiento barato: la oferta es minúscula. Hay un puñado de casas de alquiler íntegro y todas están en el casco. Casa La Fragua (calle Pilón, 22), de dos plantas y cuatro plazas, anuncia tarifas desde 22 euros por persona y noche; Casa Clemente I y II, con dos dormitorios y dos baños cada una, rondan los 120 euros la noche, unos 30 euros por cabeza si se va en grupo de cuatro. La mayoría de alojamientos de la comarca en Booking admiten cancelación gratuita, y La Fragua detalla una política de anulación de siete días. Conviene tenerlo en cuenta porque el único bar del pueblo, instalado en la antigua escuela, es también el único sitio donde comer sin reserva, y los lunes y martes no hay nada abierto: la cocina equipada y la chimenea de leña de estas casas no son un extra, son la cena. Con tan pocas plazas, el stock para el puente se mueve rápido.

Calendario crítico: cuándo se agotan las plazas de septiembre para el Puente del Pilar

people walking at gray concrete arch during daytime

El calendario manda y este otoño juega a favor de la demanda. El 12 de octubre de 2026 cae en lunes, así que el puente del Pilar ofrece tres días corridos —sábado 10, domingo 11 y lunes 12— sin gastar vacaciones; el viernes 9 solo es festivo en la Comunitat Valenciana. Y como el 1 de noviembre cae en domingo y no genera puente, el Pilar queda como la única ventana larga del otoño, absorbiendo la demanda que otros años se repartía entre octubre y noviembre. El resultado es un calendario de reservas muy comprimido: según EscapadaRural, conviven dos perfiles de viajero, el que reserva con ocho o diez meses de antelación y el que decide a última hora, hasta el punto de que buena parte de las reservas que se registran son para el mismo mes en curso. Septiembre, ya sin las vacaciones de verano, es cuando entra el grueso de las peticiones para el puente.

Los datos apuntan a que ese calendario crítico se adelanta cada año. En un destino de alta demanda como Zaragoza, Booking mostraba a mediados de agosto que el 78% de los alojamientos ya no estaban disponibles para el fin de semana del Pilar, y este 2026 las reservas en la capital aragonesa se han multiplicado por 18 respecto a un fin de semana otoñal sin festivo. En turismo rural, Madrid es uno de los grandes mercados emisores hacia la sierra y hacia Ávila: en ediciones en que el Pilar no cuajó en puente, los municipios más solicitados fueron El Berrueco, Fuentidueña de Tajo y Alpedrete, en Madrid, y Navaluenga y Burgohondo, en Ávila, según Clubrural. Con un gasto medio que el Observatorio del Turismo Rural de EscapadaRural sitúa en torno a 29 euros por persona y noche, la plaza por debajo de 40 euros es la más escasa del mercado y, por tanto, la primera en desaparecer.

Los extras que rompen el límite de 40 €: limpieza, tasas y mínimos de estancia

Vista interior de una habitación en renovación, mostrando una aspiradora y suelo de parquet.

El cartel de «desde 40 €» rara vez es lo que se acaba pagando. En la Sierra Norte de Madrid la mayoría de las fichas se publican por persona y noche, con anuncios desde 20 €, 26 €, 30 € o 35 € por persona, de manera que una casa para cuatro pasa a 80-160 € la noche. Encima va la limpieza, que es un cargo único por estancia y no por noche: en España se cobra al huésped entre 35 y 50 € por un estudio, 60 y 90 € por un apartamento de dos dormitorios y 90 y 150 € por una casa de tres o más habitaciones, con un 20-30% menos en pueblos y zonas rurales. Una casa serrana de dos dormitorios puede rondar los 42-63 € de limpieza, así que en una sola noche duplica el presupuesto y solo empieza a diluirse a partir de la segunda.

El segundo golpe son los mínimos de estancia y las fianzas. Los fines de semana y los puentes, las casas de la sierra se comercializan casi siempre en paquetes de dos noches, lo que encaja con la estancia media de 1,79 días que el INE registra en el turismo rural madrileño y con la subida del 8,8% que acumuló ese segmento en 2025. En la Comunidad de Madrid no existe impuesto turístico —el Ejecutivo autonómico rechaza crear tributos propios y serían los ayuntamientos quienes podrían implantarlo—, así que lo que rompe el límite no es una tasa por pernoctación sino partidas sueltas: fianza, que varias fichas solicitan, cuna a 15 € por estancia, mascotas a 30 € por animal, leña o desayuno. Las plataformas ya muestran el total con limpieza, pero sin impuestos, y aplican comisiones del 15-20%.

Ikea rebaja a 9,99 euros Lennart, su cajonera con ruedas superventas para despejar la mesa de trabajo

Ikea vuelve a dar en el clavo con una rebaja que está generando colas en sus tiendas de toda España. La cajonera Lennart, uno de sus muebles con ruedas más vendidos, se puede llevar ahora a casa por solo 9,99 euros.

Si tu mesa de trabajo parece siempre un campo de batalla de papeles, cables y bolígrafos sueltos, este mueble se ha convertido en la solución low cost que medio país está comentando estos días.

Qué cambia exactamente con la rebaja de Ikea

La oferta es sencilla pero contundente: la cajonera Lennart, que normalmente cuesta 19,99 euros, se queda en 9,99 euros, un 50% menos. El descuento está activo desde el 1 de septiembre y, según la propia ficha del producto, se mantendrá hasta el 31 de diciembre o hasta fin de existencias.

Esto quiere decir que no es una rebaja relámpago de 24 horas, pero tampoco es eterna. Ikea suele agotar stock de estos «chollos» con etiqueta amarilla bastante antes de lo previsto, así que quien lo tenga en mente mejor que no se duerma.

Cómo te ayuda a organizar el escritorio en el teletrabajo

Quien pasa muchas horas delante del ordenador sabe que organizar el escritorio en el teletrabajo no es un capricho estético, es cuestión de concentración. Un espacio despejado reduce las distracciones y, según explican varios especialistas en ergonomía, también ayuda a rendir mejor durante la jornada.

Tips para tener un espacio adecuado para el teletrabajo

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La gracia de esta cajonera está en que resuelve ese problema sin obras ni grandes inversiones. Estas son las claves que explican su éxito entre quienes trabajan o estudian desde casa:

  • Tiene tres cajones de rejilla transparente que dejan ver el contenido sin necesidad de abrirlos.
  • Incorpora dos ruedas traseras para moverla de un lado a otro sin esfuerzo.
  • Su tablero superior sirve para dejar objetos de uso diario a mano.
  • Cabe prácticamente en cualquier rincón gracias a sus 30 x 34 x 56 cm.
  • Cada cajón aguanta hasta 5 kilos, suficiente para carpetas, folios A4 o material de oficina.

Por qué Ikea rebaja ahora esta cajonera

La pregunta que muchos se hacen es por qué justo ahora. La explicación tiene que ver con el calendario: septiembre y octubre son los meses en los que miles de personas retoman la rutina de oficina en casa tras el verano y buscan renovar su rincón de trabajo.

Ikea lleva años aplicando este tipo de rebajas estacionales en productos de almacenaje para captar justo esa demanda. No es casualidad que, según la propia cadena, la Lennart figure entre los artículos más vendidos de su categoría desde hace tiempo, lo que explica que ahora apueste fuerte por ella con un precio de derribo.

Las claves que debes tener en cuenta

Antes de sumarte a la fiebre por esta cajonera, conviene conocer un par de detalles prácticos que marcan la diferencia a la hora de decidir si te conviene o no.

El montaje y la resistencia

El montaje es rápido, apenas requiere herramientas más allá de las que trae incluidas. Eso sí, varias opiniones de clientes apuntan a que conviene apretar los tornillos a las dos semanas de armarla para ganar estabilidad, tal y como recomienda el propio fabricante.

Para qué usos encaja mejor

Por su peso máximo de 5 kilos por cajón, no está pensada para cargas pesadas como herramientas o libros gruesos. Funciona mejor para papeles, material de oficina, maquillaje o pequeños accesorios de cocina, tal y como demuestra su versatilidad fuera del escritorio.

Qué dice la ficha técnica de Ikea

Según la información oficial, la estructura está fabricada en acero con revestimiento epoxi y poliéster en polvo, mientras que los conectores son de plástico de poliamida reforzada. Es un material resistente pensado para aguantar el uso diario sin apenas mantenimiento.

Entre las ofertas de Ikea de esta temporada, la firma sueca también ha apostado por otras soluciones de almacenaje a precios reducidos, una estrategia que confirma que el orden en casa sigue siendo uno de sus reclamos más potentes de cara al otoño.

Qué puedes esperar en los próximos días

Si te has quedado con ganas de hacerte con ella, lo lógico es moverse pronto. Ikea no suele avisar cuando el stock de sus «chollos de temporada» empieza a agotarse en tiendas físicas, así que conviene comprobar disponibilidad antes de hacer el viaje.

Para quienes trabajan desde casa, vale la pena recordar que entender qué es el teletrabajo y sus necesidades reales de espacio ayuda a elegir mejor el mobiliario. No siempre hace falta gastar mucho para transformar un rincón de la casa en una zona de trabajo decente.

Lo más importante que debes recordar

En resumen, Ikea ha puesto a 9,99 euros una de sus cajoneras con ruedas más populares, pensada para quienes necesitan despejar la mesa de trabajo sin complicarse la vida ni el bolsillo. La oferta estará disponible, salvo agotamiento de existencias, hasta finales de diciembre.

Si tu objetivo es organizar el escritorio en el teletrabajo de una vez por todas, esta cajonera Lennart es de esas soluciones sencillas que cumplen su función sin dramas: barata, compacta y con ruedas para moverla donde más falta hace.

¿Cuándo exigirá la DGT el casco homologado en patinete? Las fechas exactas del BOE

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La DGT ya exige casco a cualquiera que se suba a un patinete: desde hoy, jueves 1 de octubre de 2026, circular sin él es infracción grave y cuesta 200 euros. Para este punto no hay periodo transitorio, así que la norma te alcanza desde la próxima vez que salgas a la calle.

Lo que muchos esperaban ver en el BOE ya está en vigor: el Real Decreto 518/2026, que el Consejo de Ministros aprobó el 23 de junio, reforma el Reglamento General de Circulación. El casco homologado llega ya; lo único que se aplaza un año es otra cosa, y te explico cuál más abajo.

Qué cambia hoy con la DGT y el casco en el patinete

Desde hoy, el casco de protección, homologado o certificado y bien abrochado, es obligatorio para todos los conductores de patinete en España. No hay excepciones por edad ni por tipo de vía: da igual que vayas por el centro o por un carril bici. Vale tanto para el trayecto corto al trabajo como para el paseo del domingo.

El paquete de la DGT trae más novedades: 15 años como edad mínima, señalizar las maniobras con el brazo y llevar chaleco o prenda reflectante de noche o con poca visibilidad. Si tienes menos de 15, ya no puedes conducir un patinete, lleves casco o no, y si tienes más, el casco es innegociable.

Cómo te afecta si usas un vehículo de movilidad personal

Youtube video

Con la reforma, el patinete deja de depender de ordenanzas sueltas y pasa a tener reglas estatales. La norma coloca bajo el mismo paraguas a todos los vehículos de movilidad personal: los de una sola plaza, con motor eléctrico y velocidad de diseño de entre 6 y 25 km/h. En la práctica, afecta igual al estudiante que al repartidor.

  • Casco homologado o certificado y bien abrochado, en cualquier trayecto y a cualquier edad.
  • Edad mínima de 15 años para conducir, sin excepciones.
  • Chaleco reflectante de noche o con poca visibilidad; permanente para profesionales.
  • Nada de aceras, que quedan reservadas al peatón.
  • Fuera de la ciudad, solo por vías segregadas del tráfico, como los carriles bici.

Por qué la DGT da este paso ahora

El motivo es de fondo: el reglamento deja de mirar solo al coche y se fija en quien va a pie, en bici o en patinete, que ya suman la mitad de las víctimas mortales, según recoge Motor16. Por primera vez, la norma define al «usuario vulnerable de la vía». Los patinetes entran de lleno en ese cambio de enfoque.

Hasta ahora mandaba cada ayuntamiento: Barcelona, por ejemplo, ya exigía casco y luces desde noviembre de 2024, mientras en otras ciudades era solo una recomendación. La DGT ha preferido unificar el criterio en lugar de mantener un mosaico de normas locales. Eso sí, no habrá curso ni permiso para conducir uno: prefiere concienciar antes que obligar.

Las claves que debes tener en cuenta: qué se aplaza y qué no

Ojo con no mezclar fechas, porque la reforma tiene dos calendarios. La mayoría de medidas arrancan hoy, pero dos se retrasan hasta el 1 de octubre de 2027, y ninguna es el casco del patinete.

Lo que sí se aplaza hasta octubre de 2027

Lo que espera un año es el alumbrado permanente de los patinetes y el casco homologado para motoristas y usuarios de ciclomotor. Conviene saberlo para no confundir lo que ya te pueden multar con lo que todavía no es exigible. El casco del patinete, en cambio, no tiene prórroga: corre desde hoy.

Si tienes hijos adolescentes o trabajas con el patinete

Entre los 15 y los 17 años se puede conducir si se cumple todo lo demás, con casco incluido. Por debajo de los 15, no. Y si trabajas con el patinete, el chaleco reflectante te acompaña a todas horas, también de día, no solo por la noche.

Qué dice la normativa de la DGT sobre multas y control

Circular sin casco es una infracción grave para la DGT y se sanciona con 200 euros, la misma cifra que cuesta no llevar el chaleco cuando toca. La multa va contra ti como conductor del patinete y, según Motor16, no conlleva pérdida de puntos del carnet.

La base legal es el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 23 de junio, con el casco obligatorio en patinete como una de sus medidas más visibles. Ya está publicado en el BOE y fija un mínimo común para toda España, aunque conviene mirar también la ordenanza de tu ciudad.

Qué debes hacer ahora si te subes a un patinete

Lo primero, revisa tu casco: que sea homologado o certificado, que traiga indicada su homologación o certificación y que se ajuste bien a la cabeza. Si todavía no tienes uno, cómpralo antes de volver a salir, porque desde hoy la DGT lo considera infracción grave.

Después, repasa el resto: chaleco o prenda reflectante para la noche, nada de aceras y, si en casa hay alguien de 14 años con patinete, toca guardarlo hasta que cumpla los 15. Registro y seguro son obligaciones aparte, con sus propios plazos, así que no las mezcles con el casco.

Lo más importante que debes recordar

Con la norma de la DGT ya en vigor, la regla de oro es sencilla: si te subes a un patinete, ponte el casco homologado y abróchalo, a cualquier hora y en cualquier ciudad. Son 200 euros de multa que se evitan con un gesto de dos segundos.

Y recuerda el calendario: casco, edad mínima de 15 años y chaleco reflectante rigen desde hoy; el alumbrado permanente y el casco homologado para motoristas esperan a 2027. Cuando alguien te pregunte si el vehículo de movilidad personal ya exige casco, tienes la respuesta: sí, desde el 1 de octubre de 2026.

Denuncian al presidente de La Liga ante el CSD por publicar datos bancarios del Real Madrid

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (ATDD) ha denunciado a Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, por «quebrantamiento del deber de secreto e incumplimiento de normas estatutarias y reglamentarias, y por actos notorios y públicos contrarios a la dignidad y al decoro deportivos» ante el Consejo Superior de Deportes (CSD). El denunciante, la asociación de Miguel Galán, pide al CSD que eleve la denuncia al Tribunal Administrativo del Deportes (TAD) y la inhabilitación de Tebas.

Los hechos que aprecia la ATDD en su denuncia contra Tebas son: «Una infracción muy grave de incumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias, tipificada en el artículo 76.2.a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y en el artículo 15.a) del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, por quebrantamiento del deber de secreto que impone el artículo 59.1.b) de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, en relación con el artículo 33.a) de los Estatutos Sociales de LaLiga (conducta hoy también tipificada en el artículo 104.2.a) de la Ley 39/2022)».

En segundo lugar, «una infracción muy grave por actos notorios y públicos que atentan a la dignidad o decoro deportivos revestidos de especial gravedad, tipificada en el artículo 14.h) del Real Decreto 1591/1992 y, subsidiariamente, infracción grave de los artículos 76.4.b) de la Ley 10/1990 y 18.b) del Real Decreto 1591/1992 (conducta que el artículo 104.1.i) de la Ley 39/2022 califica en todo caso como muy grave)».

Además y de manera subsidiaria los denunciantes aprecian «una infracción muy grave de abuso de autoridad, de los artículos 76.1.a) de la Ley 10/1990 y 14.a) del Real Decreto 1591/1992 (artículos 104.1.j) y 104.2.c) de la Ley 39/2022)».

Los hechos se remontan al 29 de septiembre de 2026 cuando un usuario de internet difundió en la red social X un vídeo de Real Madrid TV relativo a un préstamo de 4,5 millones de euros concedido por el FC Barcelona a Audiovisual New Aged, A.I.E., sociedad a la que dicho vídeo vinculaba con Javier Tebas.

Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia en el Deporte. CEDIDA
Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia en el Deporte. CEDIDA

Según la denuncia, el presidente de La Liga respondió a esta publicación al día siguiente: «Contesto a @AdriiRM33, que publica un vídeo de Real Madrid TV que miente, tergiversa y oculta el motivo y la finalidad de Audiovisual New Aged, además de ignorar las decenas de veces que se ha explicado este asunto. Y citan como fuente a La Galerna, otro portaCOZ del mismo relato. Adjunto dos ejemplos de transferencias del Real Madrid a Audiovisual New Aged. Entre 2011 y 2013, las transferencias del club a esta sociedad sumaron 7.513.333,55 euros. Sí, a la misma sociedad a la que aportaba el FC Barcelona. ¡Qué sorpresa! Pregunten a JAS y a Chitín del Valle por qué se hicieron esas transferencias y cuál era su finalidad. Y que Chitín explique también el correo del 9 de mayo de 2018 y quien le dio las instrucciones para ese correo. Hazles llegar los documentos, @AdriiRM33, y que hagan otro vídeo. Esta vez explicando lo que ahora ocultan. Continuará… basta de mentir, manipular…».

El problema, siguen los denunciantes, es que además Tebas (@Tebasjavier) subió a X la «imagen de dos justificantes bancarios de Banco de Sabadell, S.A. («Abono transferencia», documentos «obtenidos electrónicamente»), de fechas 3 de agosto de 2012 (497.816,54 euros) y 1 de febrero de 2013 (277.904,79 euros). En ellos figura como ordenante el Real Madrid C.F., con el código IBAN completo de su cuenta, y como beneficiaria Audiovisual New Aged, A.I.E., con el número completo de su cuenta, así como las referencias internas de cada operación. En el momento de la certificación la publicación acumulaba un millón de visualizaciones. Su contenido ha sido certificado por el tercero de confianza eGarante, S.L. el 30 de septiembre de 2026 a las 23:09:14 horas, mediante certificación firmada electrónicamente y con sellado de tiempo, que se aporta como Documento nº 1″.

Segundo texto del presidente de La Liga

La denuncia añade que «Tebas publicó un nuevo texto con fotografías el mismo 30 de septiembre a las 16:08 horas: «Te contesto a ti @AdriRM33, ya que observo que muchos portaCOCES, te siguen y leen, casi como una cuenta «oficial». Preguntad a JAS por las aportaciones del Real Madrid a Audiovisual New Aged, A.I.E.: 2.136.833,71 € en 2014 y 541.277,23 € en 2016. Anda, si en ambos años yo ya era presidente de LaLiga. Que os explique cuánto transfirió el Real Madrid en esos años y en los siguientes, que también suman cantidades importantes. Y, ya puestos, que os cuente lo que el propio club facturó y cobró de la AIE entre 2014 y 2018. Porque la relación económica funcionaba en ambos sentidos. (…) En las imágenes aparecen facturas del propio Real Madrid a la AIE por la formalización de un aval ante la AEAT en 2018 y hacia el Real Madrid por gastos de gestión».

«A esta segunda publicación acompañó la imagen de dos facturas. La primera, la factura nº AIE 34, de 3 de diciembre de 2018, emitida por Audiovisual New Aged, A.I.E. al Real Madrid C.F. por «participación en gastos de funcionamiento» de la temporada 2017/18, por importe total de 68.293,63 euros, con indicación del IBAN completo de la agrupación y del nombre de un empleado del club a cuya atención se dirige. La segunda, la factura nº 1801G258, de 17 de enero de 2018, emitida por el Real Madrid C.F. a la agrupación por la «comisión trimestral y de formalización del Aval frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria» del periodo 15 de diciembre de 2017 a 14 de marzo de 2018, por importe de 5.243,31 euros, con el número completo de la cuenta bancaria del Real Madrid C.F. Esta última presenta además una anotación manuscrita («155») propia de la foliación de un expediente. En el momento de la certificación la publicación acumulaba 863.100 visualizaciones», añade la denuncia.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. EP
Javier Tebas, presidente de LaLiga. Foto: AGENCIAS

Cree la asociación de Galán que «lo divulgado no es información pública. Se trata de documentación contable, bancaria y fiscal interna de un club afiliado a La Liga y de una agrupación de interés económico participada por clubes: justificantes bancarios con códigos de cuenta completos, facturas entre partes, importes al céntimo de aportaciones anuales, la existencia de un aval ante la Agencia Tributaria, la formalización de préstamos por los clubes para atender liquidaciones tributarias y la situación de procedimientos contencioso-administrativos pendientes. A ello se añade la referencia a un correo electrónico de 9 de mayo de 2018 y a otros «correos», cuyo contenido el denunciado insinúa conocer. Ni el Real Madrid C.F. ni la agrupación han hecho pública esta documentación».

La denuncia también recoge que «las dos publicaciones, certificadas, acumulaban cerca de dos millones de visualizaciones en el día de su difusión. No existe finalidad institucional alguna que las justifique: no se trata de un comunicado de La Liga ni del ejercicio de una función de control económico, sino de una respuesta personal a una cuenta de aficionados en el marco de una polémica en la que el propio denunciado se considera aludido».

Por tanto, la ATDD solicita que se «formule petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte para la incoación de expediente disciplinario contra D. Javier Tebas Medrano».

Las acusaciones contra Tebas son por «una infracción muy grave del artículo 76.2.a) de la Ley 10/1990 y del artículo 15.a) del Real Decreto 1591/1992, en relación con el artículo 59.1.b) de la Ley 39/2022 y el artículo 33.a) de los Estatutos Sociales de LaLiga; una infracción muy grave del artículo 14.h) del Real Decreto 1591/1992 y, subsidiariamente, grave de los artículos 76.4.b) de la Ley 10/1990 y 18.b) del Real Decreto 1591/1992; y subsidiariamente, una infracción muy grave de abuso de autoridad de los artículos 76.1.a) de la Ley 10/1990 y 14.a) del Real Decreto 1591/1992».

Además, ya adelantan los denunciantes que «en dicha petición se interesará la imposición de la sanción de inhabilitación».

El socio de Santos Cerdán no puede pagar la minuta de su abogado por las cuentas bloqueadas

El empresario de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán e imputado junto a él en la pieza separada llamada «contratos de obra pública», corre el riesgo de quedarse sin abogado porque no puede pagar los 60.500 euros necesarios para su defensa. La Audiencia Nacional tiene bloqueadas las cuentas de la empresa de donde pensaba sacar ese dinero y no levanta el bloqueo, según una providencia el juez Moreno dictada el 30 de septiembre.

Antonio Jesús Rubio Martínez defendió a Antxon Alonso hasta primero de julio de este año, cuando el empresario decidió cambiar de abogado. Se desconoce si la reclamación de pago es de este abogado o del nuevo letrado de Alonso. La lógica impone que la reclamación sea del anterior, para lo que Antxon Alonso habría pedido el desbloqueo de 60.500 euros de una cuenta a nombre de Next Generation Caliope Innova. Alonso fue administrador único de esta sociedad entre septiembre de 2022 y noviembre de 2025.

Antxon Alonso cedió la administración de esta sociedad a otra persona, Javier Alonso Jiménez, el mismo día que Santos Cerdán era puesto en libertad tras haber ingresado en prisión provisional después de su detención. Por lo tanto, no figura como cargo en la misma y se desconocer en calidad de qué pidió que se pagase al abogado desde esa sociedad. Alonso Jiménez presenta actualmente 16 cargos activos en una docena de empresas, según el registro mercantil.

El juez Ismael Moreno, titular del Tribunal Central de Instancia e Instrucción 2 decidió no levantar el bloqueo parcial de la cuenta de Next Generation Caliope Innova tras el informe del fiscal Luis Pastor desfavorable. El fiscal dice que «no procede acceder a tal petición, en tanto que no consta que el investigado no disponga de medios suficientes para sufragar los gastos derivados de su defensa, además de pretender que los mismos sean sufragados con los fondos bloqueados para atender a las eventuales responsabilidades patrimoniales que pudieran derivar del procedimiento».

Los investigadores de la UCO rastrea todas las sociedades en las que figura Antxon Alonso, entre ellas Next Generation Caliope Innova, que tenía muy poca actividad. Next Generation Caliope fue constituida después de que Joseba Antxon Alonso fundara Servinabar, la constructora centro de la investigación, que se adjudicó diferentes obras en Navarra o Sevilla a cambio de presuntas mordidas, entre ellas el túnel de Belate, la última que investiga la Audiencia Nacional.

La relación con Santos Cerdán

La primera pista de Antxón Alonso en la causa data del 25 de noviembre de 2015, cuando Servinabar 2000, propiedad de Antxón constituía junto a Acciona Infraestructuras la UTE Sangüesa/Zangona Services. Pero según el informe de la UCO, «ahondando en la relación entre Koldo y Antxón, el 26 de junio de 2015 ambos constituyeron la sociedad cooperativa Noran Coop. A este respecto, cabe destacar que la creación de esta cooperativa se produjo en el mismo mes que se firmó la encomienda para la tramitación administrativa de las concesiones de explotación minera, y menos de tres meses antes de la constitución de Servinabar y el inicio de colaboración de ésta con Acciona».

Una de las primeras preguntas durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional a Santos Cerdán, por parte de su abogado, fue sobre su relación con Joseba Antxón Alonso. Santos Cerdán explicó que lo conocía de «haber estado con él en 2006, pero cuando tuve relación es 2011-2012, cuando empecé una relación muy intensa, hablamos mucho de política, hablamos de la relación entre partidos para que no participara la derecha de Navarra». Es decir, que su relación comenzó mucho antes de que la Guardia Civil lo detectase en conversaciones o documentos.

El informe inicial de la UCO de la Guardia Civil recoge tres obras en concreto que podrían tener relación con Antxon Alonso y la influencia de la trama Koldo. Son las denominadas «la mina Sangüesa», «el Panadero» y «Navarra Arena». Durante su primer interrogatorio Cerdán solo respondió a su abogado y dijo que «me sorprende porque en ese tiempo estaba en la oposición y no hice ninguna gestión. Estamos hablando de empresas privadas. Panadero es privada, La mina es privada y ninguna gestión hice con empresas privadas ni con la administración. La obra del Navarra Arena durante el mandato de Bildu no pintábamos nada, así que difícilmente podrían hacer alguna gestión».

Pero hace algunos meses el juez decidió sumar a estas tres la obra de 76 millones del túnel de Belate, que fue adjudicada a Servinabar y Acciona ya con la socialista María Chivite en el poder en Navarra.

Las peticiones de asilo en Ceuta colapsan los tribunales y alejan la normalidad para la ciudad

El tiempo se acababa y la ciudad de Ceuta no puede esperar más. La frontera de la ciudad autónoma se ha convertido en el Rubicón de un desafío legal y logístico sin precedentes en la historia reciente de España. Tras la invasión migratoria desde Marruecos que sacudió la vida cotidiana de los ceutíes, la resaca administrativa ha dejado un panorama desolador: miles de solicitudes de asilo acumuladas que amenazan con colapsar el siempre complicado funcionamiento de la Audiencia Nacional y de Ceuta.

Aunque la maquinaria del Estado y las fuerzas de seguridad lograron el retorno de la inmensa mayoría de las personas que cruzaron el espigón, el limbo jurídico en el que se encuentran los miles de migrantes que permanecen en suelo español ha obligado al Gobierno a diseñar un plan de contingencia a la desesperada que ya está encontrando serias resistencias en los tribunales y entre sus propios socios de coalición.

La presión sobre el sistema judicial es tan severa que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el órgano competente para revisar de forma definitiva las denegaciones de protección internacional, ha tenido que reestructurarse por completo. Un total de cuarenta y tres magistrados de las ocho secciones de la Sala han sido movilizados en un plan de choque histórico que incluye guardias permanentes durante al menos seis meses.

El objetivo del Ministerio del Interior es tramitar con carácter preferente y por la vía de urgencia una avalancha de recursos que, de lo contrario, tardaría años en resolverse. La intención del Ejecutivo es emular los procedimientos rápidos contemplados en el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, reduciendo los plazos de resolución a un máximo de doce semanas. Sin embargo, este intento de acelerar la burocracia ha encendido las alarmas de la Abogacía del Estado y de colectivos humanitarios, quienes advierten que la aplicación de notificaciones exprés y plazos de recurso de apenas cinco días roza la ilegalidad y atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva.

Inmigrantes en el exterior del CETI de Ceuta. EP
Inmigrantes en el exterior del CETI de Ceuta. EP

El nuevo mapa de las solicitudes

Para entender la dimensión del problema que afronta la Oficina de Asilo y Refugio es necesario analizar la procedencia de quienes hoy llenan los expedientes. Históricamente, las estadísticas españolas de protección internacional han estado monopolizadas por ciudadanos de origen latinoamericano, principalmente de Venezuela y Colombia.

La crisis de Ceuta ha subvertido por completo esta dinámica, concentrando de golpe un aluvión de peticiones firmadas por nacionales de países subsaharianos y de zonas en conflicto de Oriente Medio, con un peso muy significativo de solicitantes procedentes de Sudán, Yemen, Eritrea, además de ciudadanos palestinos y afganos.

Este cambio de perfil introduce una enorme complejidad jurídica. Al provenir de estados que sufren guerras civiles activas o dictaduras feroces con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sus solicitudes cuentan, sobre el papel, con un alto grado de idoneidad. La legislación internacional y la propia Convención de Ginebra otorgan a estos perfiles una sólida base para acceder al estatuto de refugiado o a la protección subsidiaria, lo que dificulta enormemente una expulsión rápida por parte de las autoridades españolas sin incurrir en el principio de no devolución. A este contingente se suma un volumen alarmante de menores de edad no acompañados cuya vulnerabilidad obliga a la Administración a realizar exámenes pormenorizados antes de determinar cualquier retorno a sus países de origen.

La grieta del país seguro

El caso más complejo y políticamente sensible es el de los miles de ciudadanos originarios de Marruecos que consiguieron esquivar las devoluciones inmediatas en la frontera y han invocado el derecho de asilo. A diferencia de los refugiados procedentes de zonas de guerra, la Unión Europea clasifica al reino alauí como un país de origen seguro. Esta etiqueta permite al Ministerio del Interior activar procedimientos de inadmisión a trámite de forma automática, presumiendo que el Estado marroquí protege a sus ciudadanos.

Por ello, para esquivar la expulsión exprés, los solicitantes marroquíes no pueden argumentar la falta de oportunidades económicas o el desempleo juvenil que asola el norte de África; deben demostrar una persecución individualizada y un peligro de muerte inminente si regresan a su país.

Las alegaciones presentadas por los ciudadanos marroquíes en las oficinas fronterizas se centran en motivos muy específicos de vulneración de libertades. Una de las causas más recurrentes es la persecución por orientación sexual e identidad de género, dado que la homosexualidad sigue estando explícitamente tipificada y castigada con penas de cárcel en el Código Penal marroquí.

Quienes solicitan protección denuncian un entorno de acoso social y violencia familiar frente al cual las autoridades de su país no les ofrecen amparo. Asimismo, se acumulan expedientes que alegan disidencia política y persecución ideológica, principalmente de jóvenes activistas vinculados a las protestas sociales de la región del Rif que aseguran temer detenciones arbitrarias. Por último, emergen casos de persecución por motivos de conciencia o apostasía religiosa, un colectivo socialmente estigmatizado en el entorno de origen.

El limbo humanitario en el Estrecho

Las consecuencias de este atasco legal son ya plenamente visibles en el tejido social y económico de Ceuta. La ciudad autónoma vive atrapada en una saturación permanente, al albergar a miles de migrantes que se encuentran en un limbo logístico mientras aguardan que sus peticiones sean admitidas o denegadas.

Los centros de acogida temporal están desbordados y la acumulación de personas en asentamientos improvisados genera tensiones de convivencia que el gobierno local no puede gestionar en solitario. La parálisis administrativa para realizar los traslados a la Península perpetúa el hacinamiento y satura los servicios sanitarios y de asistencia social de la ciudad.

El punto de mayor fricción política interna en España se concentra en la gestión de la infancia. Con casi la mitad de la población flotante en Ceuta compuesta por menores no acompañados, el reparto autonómico se ha transformado en una batalla territorial. Las comunidades autónomas han mostrado una férrea resistencia a aceptar las cuotas de traslado obligatorio propuestas por el Ejecutivo central, alegando falta de recursos y saturación de sus propias redes de menores. Esta parálisis política condena a los adolescentes a permanecer en infraestructuras saturadas, tensando las costuras del Estado de las Autonomías.

Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. Foto: Europa Press.
Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. Fuente: Agencias.

El desgaste en la escena europea

A nivel internacional, el impacto de la crisis ha deteriorado la posición estratégica de España ante sus socios del bloque comunitario. El flujo descontrolado en la frontera sur ha provocado suspicacias en las capitales europeas, que temen que la debilidad en el control fronterizo termine afectando a la seguridad interior del espacio Schengen.

Países como Italia lideraron las críticas más duras en las reuniones de ministros de Interior de la Unión Europea, llegando a sugerir restricciones de movilidad interna ante el temor de que las solicitudes de asilo masivas en España actúen como un efecto llamada hacia el resto del continente.

Para contener este desgaste de credibilidad y garantizar que los demandantes de asilo no utilicen la vía ceutí para dar el salto al centro de Europa, España se ha visto obligada a solicitar el despliegue permanente de la agencia Frontex en el perímetro fronterizo y a blindar los controles policiales en los puertos y aeropuertos que conectan la ciudad autónoma con la Península.

La resolución de estos recursos no es solo un reto legal para la Audiencia Nacional, sino un examen decisivo que medirá la capacidad de España para salvaguardar la frontera exterior de Europa sin quebrar los derechos fundamentales. Y sobre todo la capacidad del estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, algo que por el momento ha fallado en la ciudad autónoma, que previsiblemente no recuperará la normalidad hasta dentro de unos meses, según las previsiones más optimistas. Otros, los menos optimistas auguran un negro futuro para Ceuta.

Junts tumba los dos decretos sobre la vivienda sin decir que votará no

El Congreso de los Diputados se ha blindado ante la votación prevista para hoy, que se antoja complicada, sobre los dos decretos aprobados por el Consejo de ministros el pasado martes sobre la política de alquileres de viviendas en España. A última hora del jueves Junts ha dicho en un comunicado que el Gobierno debe retirar estos decretos y redactar uno nuevo que contente a todas las partes.

Eso es lo mismo que decir que votará no, pero sin decir que no. Es la nueva política, decir no pero sin decir no. Porque Junts sabe, como todos los partidos políticos, que una vez presentado un decreto ley al a Mesa del Congreso no puede ser retirado sin ser votado, siempre y cuando se haya hecho en el plazo legalmente establecido de un mes tras su publicación en el BOE, algo que claramente ha ocurrido pues ambos fueron publicados en el BOE este miércoles y jueves.

Los dos decretos, que aparentemente no van a ser votados en positivo, se llaman decretos «Maricarmen» por el desalojo de una anciana en el barrio de Retiro de Madrid que movilizó a toda la izquierda en torno al sindicato de Inquilinas a favor de la desahuciada. Posteriormente, cientos de personas iniciaron una acampada en la Puerta del Sol y amenazan con no dejar las movilizaciones hasta que se aprueben los decretos planteados por el Gobierno, en concreto el segundo, cuyas medidas estrellas eran los contratos de alquiler indefinidos y la indemnización de un año a favor del inquilino en caso de rescisión del contrato. Imposible para la mayoría del arco parlamentario.

El principal escollo para el Gobierno siempre fue sacar adelante el primer decreto, puesto que el segundo quedó claro que iba a decaer tras anunciar el PNV su voto en contra. El problema es que Junts no ha dicho claramente cómo va a votar al segundo decreto y se reunió a las 9 de la noche del jueves, con lo que es toda una incógnita. A las 10 de la noche Junts seguía sin decir, claramente, que no, pero proponía a la mesa de la Cámara la retirada de los dos y rehacer un nuevo texto.

El problema para Junts, que durante un siglo ha representado a la burguesía catalana, es que no quiere quedar como el «malo» de esta historia, pero que si quiere ser fiel a sus bases debe oponerse a estos intentos apresurados de regular el mercado de la vivienda. Además, Junts siente el aliento en la nuca de Aliança Catalana, de Silvia Orriols, que se opone claramente a estos decretos y ya se perfila como firme candidata a ocupar el espacio electoral de Junts y de Puigdemont.

Los dos decretos que tumba Junts

Las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministro en el primer decreto incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Asimismo, se ha alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que va en un segundo real decreto, entre otras cuestiones.

El primero en protestar fue el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que ha visto como los acampados vandalizaban la estatua de la Osa y el madroño que está en la Puerta del Sol. El Gobierno madrileño mantiene que estos dos decretos equivalen a «expropiar», y se pregunta si es durante «dos años» o «de por vida».

Al mismo tiempo, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que las medidas sobre vivienda que incluyen los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros van orientadas a «destruir todavía más el mercado».

Mientras tanto y en previsión de posibles altercados este viernes, la Policía Nacional ya ha diseñado un dispositivo de seguridad en su perímetro exterior y las calles aledañas ante la votación de este viernes, momento en el que está convocada frente al edificio una concentración de los acampados en la Puerta del Sol.

El Sindicato de Inquilinas ha fijado este día como uno de los momentos más importantes dentro de sus movilizaciones por el derecho a la vivienda, ya que se prevé que a las once de la mañana comience el pleno en el que se someterán a convalidación los citados decretos aprobados por el Gobierno.

Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, el dispositivo previsto se pondrá en marcha en principio a partir de las diez de la mañana, con restricciones de movimiento en los accesos al Palacio del Congreso y su ampliación tanto por la Carrera de San Jerónimo como por las calles Cedaceros y Zorrilla.

El sindicato de Inquilinas

Mientras tanto, la portavoz del sindicato de Inquilinas tacha de «vergonzosa» la división de las medidas de vivienda en dos decretos. Valeria Racu, ha criticado que el decreto ‘Maricarmen’ se haya dividido en dos textos y lo ha tachado de vergonzoso. Racu ha exigido que el decreto salga de una pieza «sin una sola coma cambiada» y que, de lo contrario, el PSOE y Sumar estarían de nuevo jugando a «las campañas políticas» y no lograrían cambiar nada. Su petición es técnicamente imposible de realizar una vez que se ha aprobado la existencia de los dos decretos de esta manera en el Consejo de ministros.

Sumar, socios de gobierno, ha reivindicado que las medidas de vivienda aprobadas son una «conquista» para la ciudadanía. Al mismo tiempo, Sumar avanzaba que el PSOE forzó separar en otro decreto la prórroga automática de alquiler y mandaba un mensaje a los socios parlamentarios, como pueden ser Junts y Podemos, del coste que supondría oponerse a la convalidación en el Congreso. Pues Junts parece claro que se va a oponer.

Las posiciones de Junts, Podemos y PNV siempre han sido muy distintas. Podemos ya ha avanzado que votará a favor de ambos decretos a petición del sindicato de Inquilinas. PNV ya ha anunciado que votará a favor del primero y en contra del segundo, el que amplía indefinidamente los contratos y obliga a indemnizar al inquilino. Por su parte, Junts adelantaba que quizás votara en contra de los dos, lo que haría decaer toda la operación del PSOE y generaría una grave crisis en el Gobierno. Los líderes de Junts se reunieron a las nueve de la noche para decidir su posición y ya se sabe que votarán en contra del segundo y técnicamente también del primero al haber anunciado que proponen su retirada, eso sí, sin decir la palabra «no».