Mango alarga sus rebajas de verano durante julio y agosto con descuentos en estos 5 productos imperdibles

Mango ha decidido no dejar nada al azar esta temporada. La marca catalana adelantó el pistoletazo de salida de sus rebajas al 22 de junio, dos días antes que Zara, y ha confirmado que los descuentos seguirán activos durante todo julio y agosto, tanto en tienda física como online.

No es una campaña más: los datos de ventas muestran que ciertas categorías —desde el lino de oficina hasta las sandalias— se están agotando en cuestión de días. Si tienes pensado renovar el armario este verano, conviene saber qué buscar antes de que desaparezca.

Mango adelanta el calendario y la jugada le está saliendo bien

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Adelantarse dos días a Zara no es casualidad. Mango quería capturar la atención del consumidor antes de que el resto del sector entrara en la conversación, y la estrategia ha funcionado: la sección de rebajas de la web es, según la propia marca, una de las más visitadas desde finales de junio.

Entre lo más buscado están los conjuntos de lino pensados para la oficina, con descuentos de hasta el 50% en prendas que originalmente rondaban los 40-60 euros. También destacan los básicos de playa y los bikinis, que Mango ha priorizado frente al volumen de otras firmas.

Lo que dice la OCU sobre comprar bien en rebajas

Antes de lanzarte a comprar, merece la pena repasar algunas recomendaciones básicas. La OCU insiste en hacer una lista previa para evitar compras compulsivas y en comprobar que junto al precio rebajado aparece el precio anterior, un dato que Mango muestra de forma visible en cada ficha de producto.

Otro consejo útil: las tiendas físicas no están obligadas a aceptar devoluciones salvo defecto, así que conviene mirar bien la talla antes de pasar por caja. La OCU recuerda que este derecho varía según el establecimiento y la política comercial de cada marca.

Sandalias y vestidos estampados, los favoritos de la temporada

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Las sandalias se han convertido en uno de los productos estrella de esta campaña. Varios de los modelos más buscados ya aparecen con descuentos notables, especialmente en las tallas intermedias, que suelen ser las primeras en agotarse.

En paralelo, los vestidos con estampados llamativos —animal print, rayas o motivos florales— siguen ganando terreno. Mango ha apostado por cortes fluidos y cuellos halter que funcionan tanto de día como para eventos informales.

Los cinco imprescindibles de esta temporada

Comprar bien en rebajas no significa comprar más, sino elegir mejor. Estos son los productos que concentran el interés del público esta temporada en Mango, según lo que reflejan tanto la demanda online como el movimiento en tienda física.

Vestidos estampados de cuello halter

El vestido fluido sin mangas y con espalda abierta se repite entre los más comentados. Combina bien con sandalias planas para el día y con tacón para una cena, lo que lo convierte en una prenda que amortiza rápido su precio.

Vaqueros de corte versátil

Los vaqueros skinny y los de silueta recta continúan siendo un básico dentro de las rebajas de Mango, con descuentos que en algunos casos rondan el 40% sobre el precio original de temporada.

Cuatro claves para no perderte nada de las rebajas

Además de vestidos y vaqueros, hay otros detalles que marcan la diferencia a la hora de aprovechar bien la campaña:

  • Los conjuntos de lino para oficina se agotan primero en tallas M y 38.
  • Las sandalias más demandadas escasean ya en la segunda semana de julio.
  • Los mayores descuentos suelen llegar en la fase final, a costa de menos variedad.
  • Comprar en tienda con recogida online puede sumar un pequeño ahorro extra.

Lo que viene después de agosto

Todo apunta a que este modelo de rebajas escalonadas, con arranques cada vez más tempranos, ha llegado para quedarse. Mango ya ensaya fórmulas parecidas con sus ventas privadas para clientes registrados, adelantando el acceso incluso antes del inicio oficial.

Si algo queda claro esta temporada es que la paciencia ya no siempre premia: quien llega tarde encuentra estanterías más vacías. El consejo, tan simple como efectivo, es decidir con lista en mano y no dejarlo para la última semana de agosto.

Siete de cada diez menas examinados en Madrid son mayores de edad y se triplican los fraudes

La Fiscalía de Madrid confirma que siete de cada diez menas examinados en 2024 eran mayores de edad, y los fraudes se triplicaron. Las cifras, muy por encima de la media nacional del 39%, revelan una práctica creciente de falsos menores que acuden a las puertas de comisarías y centros de acogida sin pasaporte para acceder a las ventajas del sistema de protección de la Comunidad.

El tapón en el Gregorio Marañón y el retraso de hasta ocho meses

En 2024 se abrieron 848 expedientes de determinación de edad en Madrid —frente a los 482 de 2023—, pero casi la mitad, 470, se archivaron porque los jóvenes abandonaron el recurso antes de someterse a la prueba radiológica. De los 378 a los que sí se les practicó la radiografía de muñeca en el Hospital Gregorio Marañón, el único centro habilitado, solo 112 resultaron ser menores. Los otros 266 eran adultos que mentían al declarar que no habían cumplido la mayoría de edad.

El desbordamiento del sistema sanitario ha llevado a demoras de hasta ocho meses en la emisión de los informes, según denuncia el Ministerio Público. La llegada masiva de extranjeros a través del aeropuerto de Barajas —1.110 solo en 2024, sobre todo en vuelos desde Casablanca y Egipto— saturó también los recursos de acogida. A ello se suma ahora la derivación de subsaharianos llegados en pateras a los campamentos de Carabanchel y Alcalá de Henares, habilitados por Migraciones.

Los fraudes se han disparado: en 2023 se detectaron 88 casos de adultos que fingían ser menores; en 2024, 266. El triple. Mientras tanto, el Gobierno regional ha remitido ya 119 expedientes a la Delegación del Gobierno para que repatríe a jóvenes problemáticos, apelando al interés superior del menor y a su reagrupación familiar en origen. Sin embargo, fuentes policiales reconocen que la colaboración consular es mínima y que las repatriaciones efectivas son «muy complicadas de conseguir».

Solo 112 de los 378 jóvenes radiografiados eran realmente menores. El resto mintió sobre su edad para acceder al sistema de protección.

La batalla política: repatriaciones bloqueadas y acusaciones de ilegalidad

La Comunidad de Madrid sostiene que ninguna de las 119 solicitudes de retorno ha sido tramitada por la Delegación del Gobierno. Mientras, 40 de esos jóvenes ya han cumplido la mayoría de edad mientras seguían bajo tutela autonómica, y otros 29 expedientes se han convertido en denuncias penales por falsos menas. Las tres primeras detenciones, avanzadas por ABC, corresponden a ciudadanos de Malí, Marruecos y Argelia que en realidad tenían entre 20 y 22 años.

El equipo de Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo central de imponer un reparto de cupos «ilegal» que, a su juicio, no ha pasado por la conferencia sectorial y que obliga a Madrid a asumir 2.471 plazas, solo por detrás de Andalucía (3.009) y Cataluña (2.829). El portavoz regional, Miguel Ángel García, ha calificado el procedimiento de «atropello» y avanza que los servicios jurídicos autonómicos ya estudian posibles acciones legales.

En paralelo, el proceso extraordinario de regularización ha sacado a la luz peticiones de jóvenes que, al presentar ahora documentación, se ha comprobado que mintieron en su día alegando la minoría de edad. Un goteo que añade nuevas aristas a un fenómeno que, según la Fiscalía, supera con creces las cifras nacionales.

Un patrón que se repite: la crisis de los menas y el choque institucional

El colapso de 2024 no es un hecho aislado. La Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados desde 2018, y solo el año pasado llegaron 2.442. La tensión entre el gobierno autonómico y La Moncloa es una constante desde la crisis de Canarias, cuando el Ejecutivo central comenzó a derivar migrantes a la península sin pactar las capacidades con las regiones. Cataluña y País Vasco, de hecho, quedaron fuera del sistema de repartos forzosos, lo que el gobierno de Ayuso interpreta como un trato de favor político.

En esta redacción observamos una doble falla: la determinación de edad depende de un único hospital para toda la región y los plazos de ocho meses hacen que el fraude sea casi inevitable mientras el joven sigue tutelado. La falta de colaboración institucional —con la Delegación del Gobierno sin tramitar los expedientes de retorno y la Fiscalía desbordada— agrava la sensación de impunidad. El resultado es un dato demoledor: siete de cada diez que se hacen pasar por menores no lo son, y la cifra crece año tras año. El próximo movimiento, si la vía judicial prospera, podría acabar en el Tribunal Supremo; mientras, los centros de protección siguen recibiendo a adultos que el sistema no logra identificar a tiempo.

fraude menas

El senador Monago pregunta a Hacienda si ya investiga a David Sánchez

El senador del Partido Popular por Badajoz, José Antonio Monago, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Alta, el Senado, en la que entre otras cuestiones pide a la Agencia Tributaria conocer si, con posterioridad a la declaración de sus responsables ante la juez Beatriz Biedma, se ha iniciado alguna actuación de comprobación, verificación, investigación o inspección respecto de David Sánchez Pérez-Castejón.

Monago señala, en el documento registrado por el Grupo Popular en el Senado, que a la vista de las recientes informaciones, según las cuales la Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra la apertura de actuaciones de comprobación e investigación inspectora respecto del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno familiar y determinadas sociedades vinculadas, resulta obligado preguntar por el distinto criterio seguido en otros supuestos que afectan a personas del entorno más próximo del presidente del Gobierno.

En particular, el senador por Badajoz hace hincapié en el procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en relación con David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en el que diversos responsables de la Agencia Tributaria declararon ante la juez Beatriz Biedma, y en relación con el informe remitido sobre su situación fiscal, residencia tributaria y eventual obligación de tributar en España. Según lo conocido públicamente, que dicho informe se elaboró sin haberse practicado actuaciones de comprobación o inspección propiamente dichas, limitándose la Agencia a contrastar la información disponible en sus bases de datos.

Para el GPP la cuestión resulta especialmente relevante porque en un caso la Agencia Tributaria habría activado actuaciones inspectoras de alcance general incluso existiendo un procedimiento penal en curso, mientras que en el caso del hermano del presidente del Gobierno se habría sostenido que no existía riesgo fiscal relevante y que no procedía iniciar actuaciones de comprobación una vez judicializado el asunto.

Preguntas de Monago

Por todo, y ante las informaciones sobre la declaración ante la juez Biedma que recogen que la Agencia Tributaria de Extremadura admitió no haber realizado actuaciones de comprobación, José Antonio Monago, pregunta de forma oficial si la Agencia Tributaria ha iniciado, con posterioridad a la declaración de sus responsables ante la juez Beatriz Biedma, «alguna actuación de comprobación, verificación, investigación o inspección respecto de David Sánchez Pérez-Castejón y, en caso afirmativo, saber en qué fecha se iniciaron dichas actuaciones, qué órgano de la Agencia Tributaria las acordó, qué ejercicios fiscales comprenden y cuál es su alcance, general o parcial».

El senador por Badajoz también pregunta si se han realizado actuaciones, sobre David Sánchez, relativas a su residencia fiscal, a su tributación por IRPF o IRNR, a posibles incrementos patrimoniales, a donaciones recibidas, a adquisiciones de inmuebles o a rentas percibidas de entidades públicas españolas y, en caso negativo, que se detalle por qué razón no se han iniciado actuaciones de comprobación o inspección respecto del hermano del presidente del Gobierno, pese a las dudas trasladadas en sede judicial sobre su residencia fiscal, su relación laboral con una administración pública española y su evolución patrimonial.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. AGENCIAS
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. AGENCIAS

Asimismo, Monago pregunta si se puede entender como un delito de prevaricación aquel funcionario público que reconoce en sede judicial no perfeccionar su obligación inspectora; conocer qué criterio objetivo explica que la Agencia Tributaria sí haya iniciado actuaciones inspectoras de alcance general respecto de José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar, existiendo también una causa judicial abierta, y no lo haya hecho, si así fuera, respecto de David Sánchez Pérez-Castejón; y si considera el Gobierno que el hecho de que un asunto esté judicializado impide a la Agencia Tributaria iniciar actuaciones de comprobación o inspección, o únicamente exige coordinar dichas actuaciones con el órgano judicial competente.

Además se solicita información sobre quién ordenó, supervisó o validó el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre David Sánchez Pérez-Castejón; también por qué dicho informe fue remitido, según lo conocido públicamente, sin firma individualizada ni membrete identificativo de la Agencia Tributaria; y si se ha abierto alguna información interna para aclarar las circunstancias de elaboración, remisión y posterior ratificación de dicho informe.

Finalmente, José Antonio Monago pregunta al Gobierno si puede garantizar que la Agencia Tributaria aplica los mismos criterios técnicos, de riesgo fiscal y de comprobación tributaria a todos los contribuyentes, con independencia de su relación personal o familiar con miembros del Gobierno; si el Ejecutivo descarta que David Sánchez Pérez-Castejón haya recibido un trato singular, preferente o más favorable por parte de la Agencia Tributaria; y si va a remitir el Gobierno a las Cortes Generales, dentro de los límites legales de reserva tributaria, una explicación razonada de los criterios aplicados por la Agencia Tributaria en este caso.

La acusación popular cita a Begoña Gómez solo como testigo en un contrato con fondos europeos

Las acusaciones populares en el Caso Begoña Gómez han llamado solo como testigo para que declare a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en la pieza separada que se instruye por el contrato firmado por la empresa de Juan Carlos Barrabés con la empresa pública Red.es. Se trata de averiguar si los 4.053.500 euros adjudicados a Barrabés fueron entregados siguiendo la Ley de contratos del Estado sin intervención ajena. Begoña Gómez y su ayudante Cristina Álvarez son llamadas como testigos, pero las acusaciones populares piden la declaración como investigadas de 17 personas.

Las acusaciones, encabezadas por la asociación Hazte Oír y formadas por el particular Marco Antonio Caballero, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Politica de España, Vox, Manos Limpias y la UCM, explican en el escrito presentado ante el juzgado de Instrucción 41 de Madrid que el «expediente ha llegado al conocimiento del Juzgado por Decreto de la Fiscalía Europea de 8 de junio de 2026, que dejó sin efecto su previa avocación -tras revocarla el Juez de Garantías del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 6, por auto de 4 de junio de 2026- y dio traslado a esta Plaza del atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el contenido de las comunicaciones electrónicas obrantes en las cuentas Office 365 de trece personas».

Según las acusaciones los indicios de la investigación de la Fiscalía Europea «suponen una actuación dolosa de los técnicos evaluadores de Red.es dirigida a asegurar la adjudicación del contrato a la unión temporal en la que participaba el investigado, mediante el enmascaramiento de un defecto material de su oferta y la construcción artificiosa de las puntuaciones. Por ello, entre otras cosas, corresponde investigar por qué motivo se quiso dar este trato «de favor» a la mercantil vinculada a Barrabés; si recibieron instrucciones, y de quien».

Los licitadores no pudieron impugnar

La cuestión principal de esta pieza está en que «el propio técnico evaluador advirtió el defecto y, acto seguido, resolvió ocultarlo a los demás licitadores. Así consta en el comentario interno suscrito por don Pablo Osuna García el 30 de diciembre de 2020, incorporado a los borradores del informe de valoración y recogido tanto en el atestado de la Unidad Central Operativa como en el Decreto de la Fiscalía Europea de 8 de junio de 2026: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal […]».

El resto de licitadores no impugnaron en su momento la valoración de ese criterio porque, según el escrito de acusación, «se les hurtó, deliberadamente, el dato que habría permitido impugnarla. La falta de reacción de los competidores no es indicio de regularidad: es el resultado buscado de la ocultación».

Begoña Gómez, imputada por 4 delitos, en la comisión de investigación por la cátedra extraordinaria de la Asamblea de Madrid
Begoña Gómez en la comisión de investigación por la cátedra extraordinaria de la Asamblea de Madrid. AGENCIAS

Tratándose de un contrato financiado con fondos europeos y con un presupuesto base de licitación de 4.053.500 euros -cuantía que excede en más de ochenta veces el umbral típico de cincuenta mil euros-, «la obtención de la adjudicación mediante la ocultación dolosa de un defecto material de la oferta es indiciariamente subsumible en la modalidad de obtención indebida de fondos mediante ocultación de las condiciones que hubieran impedido su concesión: la ausencia del Libro Blanco habría impedido la máxima puntuación», añaden.

Begoña Gómez

Respecto a Begoña Gómez, sostienen los acusadores que, «en el expediente 044/20-ED no consta carta de apoyo o recomendación suscrita por Begoña Gómez Fernández, a diferencia de lo que sucede en los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, donde sí concurren tales cartas y que hoy investiga la Fiscalía Europea (…). Justamente por ello resulta necesario investigar cuál fue el origen o impulso de ese favorecimiento inicial -una indicación, una comunicación, una instrucción verbal-, extremo hoy no esclarecido; y solo del resultado de esa investigación podrá derivarse, en su caso, alguna consecuencia que ahora no cabe anticipar.

De Cristina Álvarez, la ayudante de la esposa del presidente, dicen las acusaciones que «no resulta de las actuaciones, a la fecha, elemento alguno que vincule directamente a Cristina Álvarez Rodríguez con la tramitación interna del expediente 044/20-ED ni con la confección de sus informes de valoración» y es por ello que «esta parte no interesa su imputación en esta pieza».

Las acusaciones, sin embargo, si piden la declaración como imputados del empresario Juan Carlos Barrabés y de varios funcionarios, adscritos a Red.es. Entre ellos de Luis Prieto Cuerdo, responsable del área de Economía Digital de Red.es y firmante de los informes de valoración de los tres expedientes, así como de varios técnicos que intervinieron en la evaluación y en la elaboración de los informes de valoración de los expedientes.

Asimismo, el escrito presentado el 2 de julio en el juzgado madrileño recoge la solicitud para que declaren como investigados los seis miembros de la mesa de contratación y «la persona que firmó la resolución de adjudicación del expediente 044/20-ED y, en particular, si resultare ser él, don David Cierco Jiménez de Parga, Director General de Red.es al tiempo de los hechos, quien cesó en dicho cargo en mayo de 2021″.

Todos los investigados del presidente Pedro Sánchez

Hace una semana la Audiencia Nacional, en concreto el juez Santiago Pedraz, dictaba el auto de declaración como investigada de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda. Era la última de una larga lista, relacionada con el presidente Pedro Sánchez, que además tiene aspecto de no cerrarse. El jueves hacía lo similar con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. Tras estas dos importantes imputaciones, el número de altos cargos, familiares directos, personas de confianza del presidente Sánchez o empresarios relacionados con estas personas que están siendo investigados en los juzgados en una decena de causas asciende a 126 personas. Un pesado equipaje para un gobierno que presumía de transparencia y lucha contra la corrupción.

La cabeza visible de todos ellos no es un alto cargo, precisamente, pero sí alguien muy relevante para el PSOE, su antiguo secretario general y ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Junto a él, sus hijas Laura y Alba y su secretaria personal y mujer de confianza, Gertrudis Alcázar. Pero en realidad, solo en esa causa, constan 23 imputados, en su mayor parte empresarios o particulares.

Los cargos públicos investigados o condenados son ya 26 en todas las causas que llevan el sello del PSOE. Los más importantes son el ex Secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y el ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, que ya están condenados.

Al contrario que Ábalos, el fiscal García Ortiz sí obtuvo el apoyo del Gobierno casi en pleno, al menos de la bancada socialista. Algo similar ha ocurrido con la imputación de Mercedes González, todavía directora de la Guardia Civil y de la mencionada Belén Gualda, investigadas en el Caso Leire, a quienes el Gobierno ha mostrado su apoyo.

La lista de altos cargos sigue con la imputación del ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández y el ex vicepresidente, Bartolomé Lora, ambos altos cargos de María Jesús Montero cuando dirigía la cartera de Hacienda. También, en este segundo escalón de altos cargos se encontrarían Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, Javier Herrero, ex director general de Carreteras o la presidenta de Enresa, Olga García.

Otros cargos pertenecerían a las Fuerzas Armadas, desde el DAO de la Guardia Civil, el general Manuel Llamas, hasta el comandante Rubén Villalba o el subteniente Rodríguez, entre otros.

directora general guardia civil mercedes gonzalez director adjunto Moncloa
Mercedes González y el general Llamas. AGENCIAS

El caso más grave al que se enfrenta el PSOE no es, aunque lo parezca, el Caso Plus Ultra por el rescate de la SEPI a esta compañía aérea que ha imputado a Rodríguez Zapatero, sino la pieza separada del Caso Leire que se ocupa de la investigación sobre la financiación ilegal o legal del PSOE. En este caso, hay que mirar a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, que es como el perejil de todas las salsas. Apareció en el Caso Koldo, está en el Caso Leire y en la pieza separada de financiación del PSOE. A Cerdán se le acusa de nueve delitos, entre ellos el de organización criminal.

Por debajo de ellos, están Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, imputada en el Caso Leire o Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Junta de Extremadura cuya sentencia en el Caso David Sánchez está por llegar.

Otros personajes secundarios de la trama serían Koldo García, ex mano derecha de Ábalos, Jésica Rodríguez, que fue pareja del ministro o Joseba García, todos investigados desde el viernes. A ellos se suman las imputaciones de Cristina Álvarez, secretaria de Begoña Gómez y el juicio de Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero, «hermanito» amigo de David Sánchez, junto a otros diez cargos de la Diputación provincial de Badajoz, todos en la órbita del PSOE.

La familia del presidente Pedro Sánchez

Los familiares de dos presidentes socialistas, Zapatero y Sánchez, están bajo sospecha. Al primero le afecta la imputación de sus hijas Alba y Laura, propietarias de Whathefav, en el Caso Plus Ultra. Además, su esposa Sonsoles Espinosa ha sido incluida en una investigación patrimonial anunciada por Hacienda al juez instructor.

La familia de Pedro Sánchez, parece tenerlo peor. Su hermano David aguarda desde hace semanas la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que debe pronunciarse sobre si recibió o no trato de favor de la Diputación Provincial de Badajoz en su contratación como alto cargo. La esposa del presidente, Begoña Gómez, tampoco parece tenerlo fácil con la apertura de juicio oral dictada por el juzgado instructor y a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid dicte las fechas oportunas. Algo que, previsiblemente, no sucederá antes del otoño.

Los nombres que ocupan mayor lugar, por la cantidad, son los empresarios o trabajadores de empresas particulares. Son aproximadamente unas 70 personas. A la cabeza de todos ellos destaca ahora Julio Martínez Martínez, «Julito», amigo y hombre de confianza del presidente Zapatero. Habrá que esperar a ver si Martínez se decide a colaborar con la Justicia como hizo Víctor de Aldama en el Caso Koldo o se mantiene en sus trece y niega todo. Otro «gregario» de lujo es Antxón Alonso, empresario propietario de Servinabar, imputado en todas las causas donde está Santos Cerdán y Carmen Pano, la empresaria que contó lo de las famosas bolsas de dinero entregadas en el PSOE.

A este listado habría que sumar los abogados que últimamente aparecen en las causas y no como representación procesal precisamente. Leticia de la Hoz es la más conocida por ser defensora de Koldo García, investigada en el Caso Leire, pero también están Jacobo Teijelo en el mismo caso e Ismael Oliver y Miguel Palomero, en la causa Plus Ultra, entre otros.

Sysdig alerta: primer ransomware IA agéntico de JadePuffer ejecuta 600 payloads autónomos

Sysdig ha documentado el primer ataque de ransomware gestionado de extremo a extremo por un agente de inteligencia artificial. El grupo JadePuffer, rastreado por la empresa de ciberseguridad, utilizó un modelo de IA agéntico para penetrar, moverse lateralmente, robar credenciales, cifrar sistemas y hasta entregar la nota de rescate. La operación, detectada a finales de junio de 2026, lanzó más de 600 payloads distintos en cuestión de segundos y corrigió un error en pleno vuelo sin intervención humana.

La intrusión aprovechó una vulnerabilidad pública en Langflow (CVE-2025-3248) para conseguir el acceso inicial. Desde allí, el agente se movió hacia el objetivo real: un servidor de producción que ejecutaba MySQL y Alibaba Nacos. Lo que diferencia este incidente de todos los anteriores es la autonomía táctica demostrada por el modelo. No se limitó a seguir un script preprogramado; tomó decisiones, leyó errores y replanteó su estrategia sobre la marcha.

Anatomía del ataque: el agente que se corrigió a sí mismo en 31 segundos

El dato más revelador del informe de Sysdig es el bucle de error y corrección. En un momento de la operación, el agente se topó con un fallo al intentar desplegar una puerta trasera en el servicio Nacos. Treinta y un segundos después de recibir el mensaje de error, redirigió la ejecución a través de importaciones de librerías nativas y completó la carga útil sin ayuda de un operador humano. Ese tiempo de reacción está muy por debajo de lo que cualquier atacante experimentado podría lograr con un teclado.

El agente no improvisó a ciegas. Sysdig encontró evidencia de que la IA accedió a claves de API de OpenAI, Anthropic, DeepSeek y Gemini. En otras palabras, el ransomware combinó varios modelos de lenguaje para mapear la arquitectura de la víctima, leer la configuración del sistema y traducirla en acciones concretas. Los payloads incluían anotaciones en lenguaje natural explicando qué hacía cada uno —una herencia directa de los grandes modelos de lenguaje—, lo que facilitó a los investigadores reconstruir la cadena de ataque.

La operación pasó por todas las fases de un ataque de doble extorsión: reconocimiento, recolección de credenciales, movimiento lateral, persistencia, cifrado, destrucción de respaldos y entrega automática de la nota de rescate. Sólo un paso —la exfiltración de datos— no fue ejecutado por el agente, aunque los servidores de staging estaban preparados para ello.

Reconozco que, cuando leí el informe, me recorrió un escalofrío técnico. Llevo años diciendo en esta redacción que la verdadera amenaza de la IA no está en que escriba malware mejor, sino en que ejecute campañas enteras sin cansarse ni equivocarse como una persona. El incidente de JadePuffer es la primera prueba fehaciente de que esa barrera ya se ha superado.

El agente no ejecutó un ataque guionizado: tomó decisiones tácticas, diagnosticó fallos y corrigió en 31 segundos lo que a un humano le habría llevado minutos.

JadePuffer: un actor desconocido que baja la barrera de entrada al ransomware

Sysdig no ha atribuido a JadePuffer a ningún grupo establecido ni a un Estado. Es un actor con motivación económica, sin solapamiento con los mayores operadores de ransomware conocidos. Su procedencia sigue siendo un misterio. La gran novedad no es quién lo hizo, sino cómo bajó el umbral de complejidad de un ataque completo de ransomware.

El propio Michael Clark, director sénior de investigación de amenazas en Sysdig, lo resumió de forma lapidaria: «El suelo de habilidad para ejecutar una operación de ransomware acaba de caer hasta lo que cuesta alquilar un agente». Este comentario me recordó algo que escribí en El quinto elemento: «el próximo 11S empezará con un clic». Y añado hoy: ese clic ya no lo tiene que dar un programador sofisticado; lo puede dar cualquiera con acceso a un agente de IA lo bastante determinado.

No obstante, el factor humano no desaparece del todo. El ataque requirió que una persona real aprovisionase la infraestructura de mando y control, eligiera a la víctima y, crucialmente, proporcionase las credenciales de root de MySQL. Esas credenciales no fueron obtenidas del entorno comprometido, lo que sugiere una filtración previa o una compra en mercados clandestinos. El agente fue el brazo ejecutor, pero el cerebro estratégico sigue siendo humano, al menos en esta primera iteración.

Si usted es responsable de seguridad en una organización, este incidente debería hacerle repensar sus planes de respuesta. El ataque no vino de un APT patrocinado por un Estado, sino de un grupo oportunista que, armado con unos pocos modelos de lenguaje, automatizó la parte más costosa de cualquier intrusión: la adaptación al entorno. No hay parche para un adversario que aprende y corrige en tiempo real.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza. Estamos ante un salto cualitativo en el oficio del ciberdelito: el ransomware agéntico. No es un simple script que lanza exploits predefinidos; es un agente de IA capaz de tomar decisiones en el contexto de la víctima, diagnosticar errores y modificar su propia cadena de ataque. La combinación de múltiples LLM —OpenAI, Anthropic, DeepSeek y Gemini— demuestra una capacidad de orquestación que hasta ahora estaba reservada a equipos humanos muy coordinados.

Agencias implicadas. El atacante es JadePuffer, un actor criminal sin filiación estatal conocido. La defensora inmediata ha sido Sysdig, que actuó como investigador externo; la víctima permanece anónima. En el tablero observan, con lógica preocupación, todos los centros de ciberseguridad nacionales —incluido nuestro CCN-CERT—, porque lo que ha hecho JadePuffer es replicable mañana por cualquier grupo con 200 euros para alquilar capacidad de cómputo.

Nivel de clasificación estimado. El material técnico extraído por Sysdig no está clasificado en sí mismo, pero a juzgar por la naturaleza del incidente —el primer caso documentado de ransomware agéntico— estimo que los informes internos de las agencias de inteligencia occidentales ya lo tratan como material reservado o confidencial. La pregunta que sobrevuela el sector no es si veremos más ataques así, sino cuánto tardará el ransomware agéntico en convertirse en un servicio más del ecosistema cibercriminal.

Me consta, por fuentes cercanas al CCN-CERT, que los equipos de respuesta a incidentes llevan meses preparando escenarios con IA ofensiva. El caso JadePuffer valida esos temores y convierte en urgente lo que hasta ahora era un ejercicio de mesa. Lo que antes requería un equipo de cinco atacantes con experiencia en redes, administración de sistemas y desarrollo de exploits ahora puede intentarlo una sola persona con el agente adecuado. Esa es la verdadera disrupción.

Como precedente histórico, este incidente recuerda al momento en que Stuxnet demostró que un malware podía causar daños físicos. No porque el ransomware de JadePuffer sea comparable en sofisticación —no lo es—, sino porque ha abierto una categoría nueva de amenaza. Y como toda categoría nueva, llega sin manual de respuesta y sin legislación que la contemple. La próxima reunión del Comité de Seguridad de la Información, prevista para el otoño, deberá colocar este vector en el primer punto del orden del día.

Turismo España 2026: 100 millones de turistas y el récord que afianza su liderazgo mundial

España alcanzará los 100 millones de turistas en 2026, un récord que consolida su liderazgo mundial. La cifra, adelantada por el ministro de Turismo, Jordi Hereu, supera los 96,8 millones de visitantes de 2025 y confirma la fortaleza de un sector que este verano moverá más de 73.000 millones de dólares en apenas cuatro meses.

El segundo país más visitado del planeta —solo por detrás de Francia— recibió 96,8 millones de turistas en 2025, un máximo histórico que entonces ya parecía difícil de superar. Pero el Gobierno confía en que la tendencia se mantenga. «Será probable que lleguemos si seguimos así. Lo normal es que lleguemos», declaró Jordi Hereu a la prensa esta semana.

La temporada alta de 2026 será el termómetro definitivo. Entre junio y septiembre se esperan 43 millones de llegadas internacionales, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. Esos visitantes dejarán en la economía española unos 73.000 millones de dólares, un 10% más que en el verano de 2025. En un contexto de desaceleración en otras economías europeas, el turismo se reafirma como uno de los principales motores del PIB español.

Parte de ese empuje adicional llega del desvío de viajeros desde Oriente Medio. La inestabilidad en la región, con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha hecho que muchos turistas que antes viajaban al Mediterráneo oriental opten ahora por España, Italia o Grecia. «Hace tres meses pensábamos que el conflicto provocaría una moderación, pero los datos muestran una fortaleza a pesar del entorno», admitió el ministro.

Un motor económico que acelera

El turismo supone alrededor del 12% del PIB español y da empleo a más de 2,5 millones de personas, según los últimos datos de la Cuenta Satélite del Turismo. La previsión de 100 millones de visitantes no es solo una cuestión de prestigio: cada punto porcentual extra en llegadas se traduce en miles de puestos de trabajo, especialmente en la hostelería y el transporte. Para la economía nacional, esta cifra ayuda a compensar el déficit comercial energético y a mantener la balanza por cuenta corriente en superávit.

Además, el verano de 2026 contará con un aliciente astronómico. El eclipse solar total del 12 de agosto recorrerá una franja de la España rural y del norte, lo que ha disparado las reservas en alojamientos de interior. «Muchos alojamientos rurales están completamente llenos ya por el interés del eclipse», apuntó Jordi Hereu. El Gobierno ve en este fenómeno un escaparate para que el turista descubra una España menos masificada, más allá de las costas mediterráneas.

Los 100 millones de turistas previstos para 2026 suponen un salto cualitativo para España, que consolida un modelo capaz de atraer visitantes incluso en un entorno geopolítico incierto.

El reto de la masificación y la apuesta por el interior

El récord turístico también aviva el debate sobre la masificación. Las protestas vecinales en Barcelona, Mallorca o Canarias han puesto el foco en la necesidad de gestionar la demanda. El ministro Hereu ha instado a los gobiernos autonómicos a tomar medidas, subrayando que «la demanda va a seguir creciendo» y que la clave está en diversificar la oferta.

Precisamente, las regiones del interior y del norte se perfilan como las grandes beneficiadas del verano de 2026. El eclipse solar ya ha saturado los alojamientos rurales, y el Ejecutivo confía en que ese interés se mantenga. Castilla y León, Aragón, La Rioja o la Galicia interior esperan cifras récord de visitantes, lo que podría aliviar la presión sobre los destinos de sol y playa más congestionados.

Lo que la historia del turismo español enseña ante este nuevo récord

Conviene recordar que España ya había superado los 83 millones de turistas en 2019, antes de la pandemia. La crisis sanitaria hundió las llegadas a 19 millones en 2020, pero la recuperación fue fulgurante: en 2023 se rozaron los 85 millones y en 2025 se llegó a casi 97 millones. Alcanzar los 100 millones en 2026 no es un hecho aislado, sino la consolidación de un modelo turístico que ha sabido adaptarse a los vaivenes geopolíticos y sanitarios. La clave, según los analistas, está en la diversidad de la oferta, la seguridad y la buena relación calidad-precio.

Este nuevo hito también refuerza la imagen internacional de España. En un momento en que otros competidores mediterráneos sufren inestabilidad, España se percibe como un destino seguro y atractivo. El reto ahora será gestionar el éxito sin erosionar la calidad de vida de los residentes ni el entorno natural. Las próximas medidas de ordenación turística que adopten las comunidades autónomas y el propio Gobierno marcarán si el país puede sostener este liderazgo a largo plazo.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: España se encamina a recibir 100 millones de turistas en 2026, superando su récord de 2025 y consolidándose como el segundo destino mundial por detrás de Francia.
  • Datos importantes: 96,8 millones de turistas en 2025; 43 millones esperados entre junio y septiembre de 2026; impacto de 73.000 millones de dólares en verano; eclipse solar del 12 de agosto que impulsa el turismo rural.
  • Resumen: El turismo español bate marcas y afianza la imagen de España como destino seguro y competitivo, aunque el desafío de la masificación exige políticas de ordenación urgentes.

Madrid pide donar sangre con urgencia: alerta roja por reservas al 35%

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A todos los madrileños, especialmente a los que necesitan transfusiones (pacientes oncológicos, quirúrgicos, trasplantados y urgencias). La falta de donaciones pone en riesgo miles de tratamientos diarios.
  • ¿Cuándo ocurre? La alerta roja está activa desde este 6 de julio de 2026 y se mantendrá hasta que las reservas se estabilicen. La necesidad es inmediata.
  • ¿Qué cambia hoy? Puedes donar en 30 hospitales, unidades móviles y centros fijos (Valdebernardo y Cruz Roja en Juan Montalvo, 3). Tu donación hoy evita que se cancelen cirugías mañana.

La Comunidad de Madrid ha lanzado un aviso urgente de alerta roja por la escasez de sangre en todos los grupos sanguíneos. Las reservas apenas alcanzan el 35 %, un nivel que solo permite cubrir las necesidades hospitalarias durante un día y medio. Es la cifra más baja desde que comenzaron los registros estivales comparables, muy lejos del 88 % que se contabilizaba por estas mismas fechas en 2025. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha pedido a los madrileños que acudan a donar porque la actividad hospitalaria no se detiene: trasplantes, cirugías, tratamientos oncológicos y urgencias mantienen una demanda estable de 1.000 donaciones diarias.

El desplome de las reservas no ha sido sorpresivo, aunque sí más acusado que en años anteriores. La concatenación de olas de calor durante junio ha vaciado los puntos de donación, según confirman fuentes del Centro de Transfusión. Las altas temperaturas desaniman a los donantes habituales, que posponen la visita o la olvidan entre las vacaciones. Pero la sangre no espera: sus componentes caducan (las plaquetas, por ejemplo, solo duran cinco días) y no existe terapia sustitutiva.

Las cifras que explican la urgencia: ¿qué significa estar al 35 %?

Cuando el nivel de reservas cae por debajo del 50 %, los responsables ya encienden las alarmas. Estar al 35 % supone que hay existencias para apenas 36 horas de actividad normal. Y lo que es peor: algunos grupos están peor que otros, aunque el aviso es general porque la redistribución interna no basta si la entrada de bolsas se frena. La web de donación de la Comunidad de Madrid actualiza a diario la situación por grupos, pero hoy todos figuran en rojo.

La demanda diaria en la región ronda las 900-1.000 bolsas, un ritmo que en junio no se ha cumplido. Para hacerse una idea: un trasplante de hígado consume entre 30 y 200 unidades; en enfermedades hematológicas graves se pueden necesitar hasta 250. Cada año, los hospitales madrileños requieren unas 38.000 unidades solo para intervenciones de alta complejidad.

Madrid necesita que 1.000 personas donen hoy mismo para que mañana ningún paciente se quede sin la sangre que precisa.

Dónde pincharse: la red de donación que este verano se refuerza

La buena noticia es que donar en Madrid es relativamente fácil incluso cuando los móviles reducen su presencia por las vacaciones. Hay 30 hospitales públicos y concertados con puntos fijos de extracción, unidades móviles que siguen recorriendo la región, los centros de la Cruz Roja y dos sedes abiertas todo el año en la capital: el Centro de Transfusión de Valdebernardo y el local de la calle Juan Montalvo, 3.

Los horarios varían, pero el mensaje de la Consejería es unánime: cualquiera que esté sano, tenga entre 18 y 65 años y pese más de 50 kilos puede presentarse sin cita previa en la mayoría de ellos. El proceso completo no llega a 20 minutos. De hecho, el año pasado el 30 % de los nuevos donantes acudió precisamente por campañas de urgencia como esta.

Precedentes y el desafío del verano: por qué este año es distinto

En 2025, por estas fechas, el nivel de reservas superaba el 80 %. La diferencia se explica en parte por el calendario de olas de calor —este junio ha sido el más cálido desde que hay registros en la Aemet— y en parte por un efecto de fatiga post-pandemia que siguen estudiando los expertos del Banco de Sangre. El verano siempre es complicado, pero nunca se había rozado la alerta roja sistemática en todos los grupos con tanto margen.

En esta redacción hemos consultado con el Centro de Transfusión y coincidimos en que el riesgo no está solo en el día a día de los hospitales, sino en la imprevisibilidad de un accidente de tráfico múltiple o un gran incendio que dispare la demanda de golpe. Con el 35 % de existencias, el colchón no existe. Por eso el mensaje de la consejera Matute es claro:

“Donar sangre salva vidas. Ahora es más necesario que nunca”.

El llamamiento va a mantenerse mientras las donaciones no alcancen el ritmo necesario. Desde la Comunidad se estudia ampliar el horario de las unidades móviles en zonas costeras de interior —como los embalses de San Juan o Valmayor, muy frecuentados en julio— y reforzar la presencia en festivales y eventos multitudinarios. Mientras tanto, la solución pasa por un gesto sencillo: buscar el punto más cercano, acudir y donar.

Cosas que pasan en 2026: un verano en el que regalar vida cabe en una mochila de 20 minutos.

Zelensky pide a la OTAN ‘decisiones fuertes’ antes de reunirse con Trump en la cumbre de Ankara

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha reclamado a la OTAN «decisiones fuertes» sobre el envío de misiles antiaéreos Patriot, antes de la cumbre de la Alianza en Ankara.
  • ¿Quién está detrás? Zelensky busca arrancar compromisos a los aliados y prepara su reunión con Donald Trump, marcada por la exigencia estadounidense de que Europa aumente su gasto en defensa.
  • ¿Qué impacto tiene? Para España, la cumbre puede acelerar la presión de Washington para elevar el presupuesto militar y redefinir el papel de las tropas españolas en el flanco este de la Alianza.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha lanzado un mensaje directo a los 32 miembros de la OTAN antes de que este martes arranque la cumbre de la Alianza en Ankara. «Necesitamos decisiones fuertes», afirmó en un comunicado, mientras ultima su encuentro con Donald Trump, el primer cara a cara entre ambos desde que el republicano regresó a la Casa Blanca.

La cuenta atrás de los Patriot: Zelensky aprieta a la OTAN

El eje de la petición ucraniana son los sistemas antimisiles Patriot, los únicos capaces de interceptar los misiles balísticos que Rusia lanza casi a diario sobre ciudades como Kiev. En la madrugada de este lunes, un nuevo bombardeo combinado de drones y misiles dejó 14 muertos en la capital. Las defensas ucranianas derribaron los drones y los misiles de crucero, pero los proyectiles balísticos —que ascienden al espacio y caen a velocidad hipersónica— volvieron a colarse. La falta de interceptores es el verdadero cuello de botella, no la ausencia de baterías.

Zelensky fue explícito: «Los misiles para los Patriot no se necesitan en los almacenes, sino en las unidades Patriot en Ucrania». Su ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, añadió que «el tiempo de los pasos débiles ha terminado». La petición se produce apenas dos días después de una de las oleadas más mortíferas de la guerra, que evidenció que Rusia puede saturar las baterías defensivas simplemente lanzando más misiles de los que hay misiles para derribarlos.

El mensaje caló con fuerza en las delegaciones que ya estaban en la capital turca. Turquía, anfitriona de la cumbre, se mueve en un equilibrio incómodo: es el socio de la OTAN más cercano a Moscú, pero al mismo tiempo aspira a comprar los cazas F-35 estadounidenses que Washington le ha bloqueado durante años. La necesidad de mostrar avances en el flanco este presionará al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Trump en Ankara: gasto militar y el futuro de la ayuda a Ucrania

Donald Trump aterriza en Ankara con una agenda que va mucho más allá de la guerra. Su prioridad es dejar claro a los europeos que el gasto en defensa debe subir de forma inmediata. Trump ya ha mantenido llamadas separadas durante el fin de semana con Zelensky y con Vladimir Putin, una coreografía que busca posicionarle como el único mediador capaz de forzar un alto el fuego.

El encuentro bilateral con Zelensky, previsto para el primer día de la cumbre, será la prueba de fuego. El ucraniano necesita garantías de que la ayuda militar estadounidense no se congelará mientras Washington negocia con Moscú. Trump, por su parte, quiere que Ucrania acepte que la factura de la reconstrucción la paguen los europeos. Cada batería Patriot cuesta más de mil millones de dólares; los misiles interceptores rondan los cuatro millones por unidad, y Europa sigue muy lejos de los arsenales necesarios para relevar a Estados Unidos.

La situación es especialmente incómoda para el Reino Unido, que llega a la cumbre con su capacidad militar muy mermada tras meses de recortes y fallos de preparación. En Washington se interpreta como el síntoma definitivo de que la mentalidad del «dividendo de la paz» —estados de bienestar grandes y ejércitos pequeños— ha dejado de ser viable.

La exigencia de misiles Patriot no es solo una súplica militar: es el intento de Zelensky de fijar la posición de la OTAN antes de que Trump imponga su propio guion negociador.

La lógica de Washington

La presión de Trump sobre los aliados europeos no es un capricho electoral. Responde a un cálculo estratégico que hunde sus raíces en la política exterior republicana desde Reagan: la Alianza no puede sostenerse si Estados Unidos pone los misiles y Europa pone los discursos. Trump quiere replicar el manual de 2018, cuando forzó a los miembros a firmar un compromiso de gasto del 2% del PIB. La diferencia es que ahora hay una guerra activa que eleva la urgencia.

Para España, el escenario es delicado. El país cerró 2025 con un gasto en defensa en torno al 1,3% del PIB, según datos del Banco de España, lejos del umbral que Washington considera mínimo. La presión para elevarlo llegará en forma de peticiones de más capacidades antiaéreas y de mayor contribución al flanco este. Empresas como Indra, Navantia o Tess Defence podrían beneficiarse a medio plazo si el Gobierno de Pedro Sánchez accelera las compras de sistemas antimisiles, pero el coste político de anunciar un aumento del presupuesto militar en plena precampaña electoral sería alto.

La proyección inmediata es que la cumbre de Ankara se cierre sin grandes anuncios de despliegue de Patriot en suelo ucraniano. Lo que sí cabe esperar es un lenguaje más contundente sobre la necesidad de compartir la carga financiera. Washington no se opone a que Ucrania reciba ayuda, pero insiste en que la cuenta la paguen los europeos, un mensaje que Zelensky recibe con la angustia de quien sabe que, sin misiles, las ciudades ucranianas seguirán siendo vulnerables a los ataques de Putin. La próxima ventana será la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en octubre, donde se medirá si las «decisiones fuertes» reclamadas por Zelensky se han traducido en contratos de misiles o en más promesas vacías.

Ficha del Caso

  • El caso: En la cumbre de la OTAN en Ankara, Zelensky presiona para obtener misiles Patriot y Trump exige a Europa que eleve el gasto militar antes de negociar con Putin.
  • Datos clave: Zelensky denuncia falta de interceptores; Rusia lanzó un gran ataque el fin de semana con 14 muertos en Kiev. Las baterías Patriot cuestan más de 1.000 millones de dólares; cada misil interceptor, 4 millones.
  • Para España: Aumentará la presión de Washington para subir el gasto en defensa; empresas como Indra, Navantia o Tess Defence podrían captar contratos si el Gobierno acelera la modernización antiaérea.

Carrera espacial China: la NASA advierte que EE.UU. debe regresar a la Luna antes de 2028

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha confirmado que Estados Unidos y China compiten por regresar a la Luna, con aterrizajes previstos para 2028 y 2029, respectivamente.
  • ¿Quién está detrás? La NASA lidera la misión Artemis para devolver humanos a la superficie lunar, mientras Pekín avanza con su programa de exploración y su alianza con Rusia (ILRS).
  • ¿Qué impacto tiene? La Luna se convierte en el nuevo tablero geoestratégico: el país que establezca primero una base permanente dictará las reglas de la minería espacial y de las comunicaciones en el espacio profundo, con enormes implicaciones económicas y de defensa.

La nueva carrera espacial ya está en marcha, y no es ciencia ficción. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, lo ha dejado claro en una entrevista con el programa ‘Face the Nation’ de la CBS: Estados Unidos y China compiten por ser los primeros en pisar la Luna dos décadas después de que el último astronauta del programa Apolo abandonara el satélite. Isaacman fija el aterrizaje estadounidense para finales de 2028 y el chino para 2029, apenas meses de diferencia. “Eso son meses, no años”, subrayó.

Lo que está en juego va mucho más allá de una huella en el polvo lunar. La Casa Blanca quiere establecer una base permanente antes de que termine la década, y Pekín, aunque oficialmente rechace la idea de una contienda, mueve sus piezas a velocidad de vértigo. El propio Isaacman admite que el programa chino avanza “a velocidades increíbles” y que el aterrizaje de sus taikonautas “no hay duda de que ocurrirá”. La pregunta es si Washington llegará antes y, sobre todo, si lo hará con capacidad de permanecer.

Los plazos que barajan Washington y Pekín

La misión Artemis ya logró un vuelo tripulado alrededor de la Luna en abril de 2026, y la NASA planea completar el aterrizaje tripulado en 2028. Para entonces, la agencia quiere tener sobre el terreno una infraestructura básica: un vehículo todoterreno lunar y el embrión de lo que será la base. “A principios de la década de 2030, la Luna se parecerá a la Estación Espacial Internacional”, vaticinó Isaacman, “con tripulaciones pasando periodos prolongados mientras aprendemos en ese entorno y nos preparamos para Marte”.

China, por su parte, ha fijado el horizonte de 2029 para su primer alunizaje tripulado. Pero la gran baza de Pekín es el proyecto ILRS (International Lunar Research Station), firmado con Rusia en 2021. Ambos países planean construir una central eléctrica en la Luna durante los próximos diez años que alimente una base permanente. Mientras la NASA está legalmente impedida de colaborar con China por la Enmienda Wolf de 2011, el eje Moscú-Pekín avanza sin las ataduras legislativas que frenan a Washington.

La paradoja es evidente. El único país que ha llevado humanos a la Luna seis veces ve cómo su ventaja histórica se diluye ante un competidor que apenas empezó su programa tripulado en 2003. Isaacman lo verbaliza con crudeza: “Estados Unidos está muy metido en una carrera espacial contra China”. Y los calendarios no dejan margen para el error.

De hecho, la diferencia de unos pocos meses podría determinar quién dicta las reglas de uso de los recursos lunares. Helio-3, minerales raros y agua congelada en los polos son algunos de los premios sobre la mesa. La potencia que instale primero una base con capacidad de extracción y procesamiento tendrá una ventaja económica y militar difícil de remontar.

Controlar el satélite no es un capricho: es la llave para la minería espacial y el nodo de comunicaciones del espacio profundo durante las próximas décadas.

Mientras tanto, Bruselas observa la competición con cierta impotencia. La Agencia Espacial Europea (ESA) participa en Artemis como socio, pero carece de un programa lunar independiente. Para Europa, y especialmente para España, el resultado de esta pugna definirá dónde se coloca la próxima generación de contratos industriales. Empresas como Airbus Defence and Space o la española GMV dependen de que la colaboración transatlántica se mantenga sólida.

La administración Trump, con su enfoque transaccional, exige resultados rápidos. Si Artemis se retrasara más allá de 2028, podría reasignar fondos hacia otros teatros, como el Indo-Pacífico. Isaacman, que responde directamente a la Casa Blanca, sabe que el reloj corre y que cualquier tropiezo será interpretado por Pekín como una ventana de oportunidad.

Equilibrio de Poder

La nueva carrera lunar reedita, con actores distintos, la pugna que enfrentó a soviéticos y estadounidenses en los años sesenta. Pero ahora el tablero es mucho más complejo. Entonces se trataba de prestigio e ingeniería; hoy están en juego materias primas críticas, comunicaciones cuánticas y la capacidad de proyectar fuerza más allá de la órbita terrestre. Washington, Moscú y Pekín entienden que quien controle la Luna podrá negar el acceso a un rival, y ese es un escenario que la OTAN no ha contemplado en su doctrina de defensa espacial.

Para España, el impacto es directo. Nuestro país alberga uno de los centros de la ESA más activos en navegación por satélite (ESAC, en Villanueva de la Cañada) y cuenta con un tejido de pymes aeroespaciales que dependen de la continuidad de Artemis y de los programas europeos. Si Estados Unidos se impone, la industria española se beneficiará de la inercia transatlántica; si China toma la delantera, Bruselas podría verse forzada a acelerar su propio programa lunar, algo para lo que hoy no tiene presupuesto ni consenso político.

La alianza Moscú-Pekín en el ILRS añade una capa de incertidumbre. Rusia aporta décadas de experiencia en estaciones espaciales, mientras China pone la capacidad financiera e industrial. Aunque la guerra en Ucrania ha mermado los recursos rusos, su implicación en el programa lunar sigue siendo firme. Si el eje euroasiático logra instalar una base operativa antes que Artemis, la posición negociadora de la UE en futuros tratados sobre el espacio se debilitará drásticamente.

Desde Moncloa y el Ministerio de Defensa se observa la situación con atención, aunque sin capacidad de influir directamente. El gasto en defensa espacial en España sigue siendo residual comparado con los grandes actores. Pero la decisión de Trump de fijar el 5% del PIB en defensa puede arrastrar a los socios de la OTAN a invertir más en vigilancia y comunicaciones satelitales, un área donde nuestro país tiene margen de crecimiento si se priorizan los fondos adecuados.

La historia reciente ofrece un precedente inquietante. En 2019, la India destruyó uno de sus propios satélites con un misil antisatélite, demostrando que el espacio ya no es un santuario. Si la Luna se convierte en un escenario de tensión militar, los acuerdos Artemis que Washington está impulsando podrían fracturarse. La Enmienda Wolf, que prohíbe la colaboración bilateral con China, es un lastre diplomático que Isaacman no menciona pero que condiciona cada movimiento. Mientras, Pekín repite que “el espacio no es un escenario para la competencia entre grandes potencias”, pero sus hechos desmienten el discurso.

El próximo hito será el lanzamiento de la misión Artemis III, previsto para 2027. Si la NASA no cumple el calendario, el título de “primera base lunar” podría llevar bandera china. Y eso, en la geopolítica del siglo XXI, cambiaría todas las ecuaciones.

Qué es el edadismo de género: así afecta la invisibilidad a las mujeres mayores de 50 en educación y trabajo

El edadismo de género describe la ivisibilidad social que experimentan las mujeres a partir de los 50 años, un fenómeno ampliamente documentado por la investigación académica y presente en el debate público. El término gendered ageism acuña una forma específica de discriminación que combina la edad y el género, y que la socióloga Susan Sontag conceptualizó en 1972 como el doble estándar del envejecimiento. Mientras la madurez masculina se interpreta como acumulación de autoridad y experiencia, en las mujeres la pérdida del capital estético o reproductivo las empuja a una invisibilidad social punitiva.

Qué es el edadismo de género

La profesora Sue Westwood, de la York Law School, demostró en un estudio cualitativo con mujeres de 50 a 89 años que esta invisibilidad no es una percepción subjetiva, sino una realidad con cinco dimensiones precisas: infrarrepresentación en los medios, ser ignoradas en espacios de consumo, desexualización completa y el fenómeno de la «abuelización», un reduccionismo que reduce a la mujer mayor al rol exclusivo de cuidadora familiar. El trabajo, titulado “It’s the not being seen that is most tiresome”: Older women, invisibility and social (in)justice (2023), evidencia que la marginación cultural es estructural.

Una consecuencia directa de esta penalización es el trabajo de belleza (beauty work), concepto desarrollado por Laura Hurd Clarke y Meridith Griffin, de la University of Cambridge. En su investigación con mujeres de 50 a 70 años, publicada en 2008, las participantes recurrían al tinte, el maquillaje o la cirugía estética con el objetivo de luchar contra la invisibilidad y el edadismo laboral. Las autoras subrayan que la presión por ocultar los signos visibles del envejecimiento las sitúa en una tensión entre ser visibles gracias a una apariencia juvenil y asumir las realidades de la edad cronológica.

El impacto en la educación y el trabajo

El ámbitolaboral y educativo es donde el edadismo de género se torna más tóxico. Un estudio liderado por Jasmin Tahmaseb‑McConatha, de la West Chester University of Pennsylvania, y publicado en 2023 bajo el título The Gendered Face of Ageism in the Workplace, alerta de que la intersección entre género y edad genera un clima que mina el bienestar y la confianza profesional de las mujeres. Las entrevistadas reportaron amenazas a su sentimiento de competencia, dudas sobre sí mismas, “maternalismo” (infantilización), aislamiento y desvinculación progresiva del trabajo.

Las narrativas gráficas aportan un reflejo íntimo de esta realidad. La novela Marcie. Punto de inflexión (Cati Baur, 2025) relata el periplo de una psicóloga despedida a los 49 años que, pese a su máster y experiencia como gestora de proyectos, acaba como encuestadora callejera sufriendo la invisibilidad acentuada del gentío. Su determinación la lleva a ofrecer esa ocultación como una ventaja para el mundo de la investigación privada, transformando un agravio en una herramienta. Por su parte, Mis rollos de cuarentona (Aude Picault, 2025) expone, con humor benevolente y viñetas de la vida cotidiana, la carga mental de una mujer de 44 años atrapada entre la conciliación, las crisis de pareja y la precariedad laboral, justo antes de atravesar el umbral de los 50.

La invisibilidad social se manifiesta en cinco formas concretas, desde la infrarrepresentación mediática hasta la “abuelización”, como documenta el estudio de Sue Westwood (2023).

El Marco Educativo

La investigación sobre el edadismo de género tiene implicaciones educativas que van más allá del ámbito académico. Los hallazgos de Westwood o Tahmaseb‑McConatha interpelan a las políticas de formación a lo largo de la vida y a la necesidad de combatir los estereotipos en los programas de inserción laboral. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya advierte en sus informes que las tasas de participación en educación de adultos caen entre las mujeres mayores de 55 años, perpetuando un círculo de exclusión competencial precisamente cuando más herramientas necesitan para reincorporarse o mantenerse en un mercado de trabajo cambiante.

Las universidades y los centros de investigación, como los citados York Law School, University of Cambridge y West Chester University, desempeñan un papel clave al documentar empíricamente este borrado. Igualmente, las novelas gráficas mencionadas amplifican el debate y lo trasladan al público general, dotando de rostros y vivencias a un problema estructural. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aún no ha emitido un posicionamiento específico sobre el gendered ageism, pero los resultados de estas investigaciones podrían inspirar futuras directrices para combatir la discriminación en los campus y en la formación continua.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: El edadismo de género explica el borrado social de las mujeres a partir de los 50 años, un proceso documentado con evidencias cualitativas y cuantitativas procedentes de la investigación académica internacional.
  • Por qué importa: La discriminación laboral y educativa que sufren estas mujeres agrava su vulnerabilidad económica y psicológica, y las excluye de los planes de innovación y formación continua en un mercado cada vez más competitivo.
  • A quién le importa: A las propias mujeres maduras, pero también a las instituciones educativas y a los responsables de políticas de empleo que necesitan diseñar entornos inclusivos libres de sesgos por edad y género.

Las 134 antenas telefónicas de Ourense: el negocio en la azotea que mueve miles de euros con contratos obsoletos

Las 134 estaciones base de telefonía móvil que se reparten por los tejados de Ourense no solo aseguran la cobertura y la llegada del 5G: generan un negocio silencioso que mueve miles de euros al año en alquileres de azoteas, a menudo lastrado por contratos obsoletos que las comunidades de vecinos apenas revisan.

La telaraña urbana de Ourense

Según datos del Ministerio de Industria recopilados por la plataforma Antenasgsm, la ciudad cuenta con 134 emplazamientos activos. La mayoría se concentran en el centro —calles como Progreso, Santo Domingo, Concordia o Pizarro— y la presencia se diluye en barrios periféricos como Barrocás o Mariñamansa. El 93 % de las estaciones (124) ofrece tecnología 4G y casi la mitad (65) ya incorpora 5G, un despliegue que avanza a buen ritmo en la capital ourensana.

El mercado se reparte entre los cuatro grandes operadores del país, que compiten por situar sus equipos en los puntos más altos. Detrás de cada instalación hay una comunidad de vecinos que percibe una renta mensual o anual por ceder la azotea. Pero la letra pequeña de esos contratos, firmados hace años o incluso décadas, rara vez se ha actualizado al ritmo del mercado inmobiliario ni de la propia tecnología.

Contratos obsoletos y la letra pequeña

La práctica habitual, según explica Alfonso Ramírez, de la consultora Civic Consultores, es que las operadoras agoten los plazos de vigencia sin renegociar y dejen la instalación en situación de «precario». Así, cuando el contrato vence, la comunidad se encuentra con una antena que sigue funcionando pero con unas condiciones económicas muy por debajo de las actuales.

«La estrategia de las compañías consiste en agotar el plazo y dilatar el acuerdo. Después, la comunidad se enfrenta a la disyuntiva de aceptar lo que hay o demandar un desahucio», detalla Ramírez. La abogada Miriam Sáez, que ha llevado varios litigios similares, confirma que los operadores no temen acudir a los tribunales porque «cada día que pasa, ellos ganan económicamente», aunque añade que la balanza judicial suele inclinarse del lado de los propietarios.

Las actualizaciones de renta pueden alcanzar incrementos del 150 %, según la consultora, un dato que anima a cada vez más comunidades a sentarse a negociar.

El Laboratorio Gallego

Ourense, con sus 134 azoteas, refleja una realidad que se repite en otras ciudades gallegas y del resto de España. El despliegue del 5G —que requiere una mayor densidad de antenas— está forzando a miles de comunidades a revisar contratos que, en muchos casos, se remontan a la era del 2G o del 3G. En Galicia, el fenómeno adquiere especial relevancia por la dispersión poblacional y la necesidad de garantizar cobertura en zonas donde la rentabilidad es baja, lo que hace que los operadores se aferren a las ubicaciones consolidadas.

A nivel normativo, la Ley General de Telecomunicaciones ampara a las operadoras, pero en las comunidades de propietarios la decisión de mantener o instalar una antena requiere el voto favorable de tres quintas partes de los dueños que representen, a su vez, tres quintas partes de las cuotas de participación. Este quórum refuerza la posición negociadora de los vecinos, sobre todo cuando se asesoran antes de firmar renovaciones automáticas. En los últimos meses, según fuentes del sector, los nuevos acuerdos están elevando las rentas entre un 50 % y un 150 %, una revalorización que transforma el ruido de las antenas en una fuente de ingresos notable para las comunidades.

El debate sobre la salud, aunque recurrente, carece de respaldo científico. La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que las emisiones de estas estaciones, incluidas las de 5G, operan muy por debajo de los límites de seguridad y que, además, las antenas proyectan la señal hacia el exterior, no hacia el interior del edificio donde se asientan. El verdadero riesgo para los vecinos no está en las ondas, sino en dejar pasar la oportunidad de actualizar un contrato que, con los años, ha quedado muy lejos del precio de mercado.

Ficha del Caso

  • El caso: Ourense alberga 134 antenas de telefonía en azoteas con contratos de alquiler que, en su mayoría, no se han revisado en años y que las comunidades empiezan a renegociar ante el despliegue del 5G.
  • Datos importantes: 124 estaciones ofrecen 4G, 65 ya tienen 5G. Los contratos suelen vencer sin renovación automática y las actualizaciones de renta pueden llegar al 150 %. La normativa exige un quórum de 3/5 de los propietarios para instalar o mantener la antena.
  • Resumen: La historia de Ourense es un ejemplo de cómo la digitalización está convirtiendo un conflicto inmobiliario en una oportunidad económica, con implicaciones que van más allá de Galicia y se repiten en toda España.