La grave intoxicación alimentaria que sacude a la UME desata una investigación en Defensa

Antonio Olalla
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La grave intoxicación alimentaria que sacude a la UME desata una investigación en Defensa

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está siendo noticia estos días por su impecable labor de ayuda en el reciente terremoto sucedido en Venezuela. Esta unidad vuelve a convertirse en orgullo para nuestro país y el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles saca nuevamente pecho gracias a la impecable acción de esta prestigiosa unidad militar.

Sin embargo, los reconocimientos chocan de nuevo con la realidad cotidiana de estos efectivos. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se sitúa otra vez en el centro de la polémica tras las denuncias por una presunta intoxicación alimentaria masiva que habría afectado a integrantes del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), sumada a las críticas por el estado de las instalaciones donde reside parte de la tropa. Según la información difundida por sus representantes, el incidente habría perjudicado a decenas de militares de esta unidad de respuesta inmediata ante catástrofes en España. Los hechos han sido expuestos por el canal Ciudadanos de Uniforme, vinculado a la Asociación Militares con Futuro.

La denuncia sostiene que el episodio se produjo el pasado 26 de junio tras consumir alimentos servidos en el denominado Bar UME, provocando problemas gastrointestinales de diversa consideración entre numerosos militares que se encontraban de servicio. La gravedad de lo ocurrido, siempre según esta versión, habría obligado incluso al traslado hospitalario de al menos un efectivo, mientras otros compañeros presentaban síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria, como deshidratación, debilidad muscular y fuertes molestias digestivas.

El caso ha generado una profunda preocupación porque afecta directamente a una unidad cuya misión consiste en intervenir con rapidez en incendios forestales, inundaciones, terremotos y otras emergencias de gran magnitud.

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Un policía indica a un militar de la UME cómo entrar con el camión por la puerta de la Comisaría de Distrito Madrid Moratalaz (Foto: Europa Press)

Una intoxicación que pone en cuestión la operatividad de la UME

Más allá del problema sanitario, las denuncias ponen el foco en el impacto que una situación de este tipo puede tener sobre la capacidad operativa de la UME. Según los denunciantes, parte del personal afectado se encontraba de guardia cuando sufrió los síntomas derivados de la supuesta intoxicación.

Este aspecto resulta especialmente sensible al tratarse de una fuerza que debe mantener un elevado grado de disponibilidad durante las veinticuatro horas del día para responder a cualquier emergencia que pueda surgir en el territorio nacional.

Las críticas aseguran que una situación así compromete la preparación inmediata de la unidad, ya que numerosos militares habrían quedado temporalmente incapacitados para desempeñar sus funciones. En este contexto, consideran que un problema relacionado con la alimentación trasciende el ámbito sanitario y puede convertirse en una cuestión directamente relacionada con la seguridad y la eficacia del servicio.

La polémica aumentó un día después del presunto episodio. Según la denuncia difundida, el servicio de restauración ofreció una dieta blanda destinada a los militares enfermos en la que se habría servido pollo poco hecho, una circunstancia que ha provocado nuevas críticas por entender que no respetaría los protocolos básicos de seguridad alimentaria para personas con problemas gastrointestinales.

Los denunciantes califican esta actuación como una muestra de una gestión inadecuada y reclaman que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo tanto la intoxicación como la posterior atención alimentaria a los afectados.

Piden una investigación sanitaria y responsabilidades

Ante la gravedad de los hechos denunciados, se reclama la intervención de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) para que investigue lo ocurrido.

Entre las medidas solicitadas figura la realización de una inspección de las cocinas, cámaras frigoríficas e instalaciones donde se preparan los alimentos destinados al personal del BIEM I, así como una auditoría sobre los protocolos de seguridad alimentaria que se aplican en la base.

Los representantes de los militares consideran imprescindible determinar el origen de la supuesta intoxicación y depurar responsabilidades si finalmente se confirma que existieron deficiencias en la manipulación o conservación de los alimentos.

La denuncia también vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente sobre las condiciones de vida del personal militar y la necesidad de garantizar servicios básicos adecuados para quienes desempeñan misiones consideradas esenciales para la seguridad nacional.

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Dos miembros de la UME participan en tareas de desinfección (Foto: Europa Press)

Las denuncias se extienden a las condiciones de vida en la UME de Bétera

Las críticas no se limitan únicamente al episodio registrado en el Primer Batallón de Intervención en Emergencias. Paralelamente, también se han difundido denuncias sobre el estado de la residencia de tropa del Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III), ubicado en Bétera (Valencia).

Según estas informaciones, los militares conviven con unas instalaciones que presentan importantes deficiencias de mantenimiento. Entre las situaciones denunciadas figuran la presencia de cucarachas, ratas, gatos callejeros y garrapatas, además de problemas estructurales que, según aseguran, afectan al estado general de los edificios.

A ello se sumarían otras incidencias relacionadas con los servicios básicos. Los denunciantes sostienen que durante más de un año parte del personal habría sufrido problemas para disponer de agua caliente durante el invierno y denuncian también diferencias en la climatización de los edificios, asegurando que la tropa carece de aire acondicionado mientras otras dependencias sí cuentan con sistemas de refrigeración.

Todas estas circunstancias han reabierto el debate sobre las condiciones en las que desarrolla su trabajo el personal de la UME, una unidad que se ha convertido en uno de los principales referentes durante incendios, inundaciones, temporales y otras grandes emergencias que afectan periódicamente a España.

Las denuncias realizadas reclaman una actuación inmediata de las autoridades competentes para verificar el estado de las instalaciones, garantizar la seguridad alimentaria de los militares y asegurar unas condiciones de habitabilidad acordes con la importancia estratégica de una unidad cuya misión consiste, precisamente, en proteger a la población cuando se producen las situaciones más críticas. Mientras tanto, los hechos denunciados han provocado una fuerte inquietud entre el personal afectado y sitúan de nuevo bajo el foco las condiciones de vida y trabajo de quienes integran uno de los cuerpos más valorados de las Fuerzas Armadas españolas.

La Fiscalía Europea da la razón 2 años después a los primeros denunciantes de Begoña Gómez

Luis Miguel Montero
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La Fiscalía Europea da la razón 2 años después a los primeros denunciantes de Begoña Gómez

Los primeros denunciantes del Caso Begoña Gómez, el sindicato de funcionarios Manos Limpias, adjuntó un informe, de 15 de julio de 2024, ante la Fiscalía Europea donde analizaba con detalle el primer informe de la UCO en el caso Begoña Gómez en relación con los tres contratos por 10,2 millones de euros, que adjudicó la empresa pública Red.es a la empresa de Juan Carlos Barrabés. Ese primer informe de la UCO, más que light, sirvió «para desacreditarnos ante toda España, ya que según todos los tertulianos de TV y radio nuestra denuncia estaba basada en recortes de prensa y noticias falsas», recuerdan desde el sindicato. Ahora, dos años después, la Fiscalía europea reconoce que lo aportado por los primeros denunciantes era cierto.

Cuando la UCO realizó ese primer informe, el sindicato Manos Limpias acusó a la UCO de «ponerse de perfil». Ahora, los mismos denunciantes, reivindican que «sabemos de algunas de las reuniones de Leire Diez con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, fueron para que los agentes de la UCO, que investigaban a la mujer del presidente, no fuesen proactivos».

Aquel primer informe de 14 de mayo de 2024 se entiende mejor ahora tras conocer las supuestas intervenciones de la Directora General de la Guardia Civil y del DAO, general Llamas, frente a los hombres y mujeres de la UCO que elaboran estos informes de manera totalmente objetiva.

La denuncia contra Begoña Gómez

El análisis de Manos Limpias comenzaba diciendo que «está siendo muy controvertido el informe de la UCO de 14 de mayo de 2024, presentado ante el J. I. No 41 de Madrid, que para todo el aparato mediático demuestra que Begoña Gómez no ha influido en las adjudicaciones del organismo Red.es a la empresa de su amigo Carlos Barrabés, Innova Next; mientras que para las partes que acusan a la mujer del presidente del gobierno de tráfico de influencias, lo tachan de muy light y de parecer hecho de parte. Pretendemos con este informe aportar luz sobre las irregularidades, o no, de los tres contratos que Red.es Exp. 014/20, Lotes 1 y 3 y Exp. 016/20, Lote 1, adjudicó a la UTE formada por Innova Next y The Valley Digital Business Scholl, que sumaron más de diez millones de euros, impuestos incluidos».

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El primer informe de la UCO del caso Begoña Gómez. MONCLOA

El «contrainforme» elaborado entonces por los expertos de Manos Limpias explicaba que «los tres contratos de los que informa la UCO y que están financiados por la Unión Europea: Exp. 014/20, Lotes 1 y 3 y Exp. 016/20, Lote 1, trasladados desde el Juzgado de Instrucción No 41 a la Fiscalía Europea, por ser esta competente, siguen en su estudio un mismo patrón, esta parte va a analizarlos de forma general con objeto de no resultar nuestro informe demasiado extenso y repetitivo».

El sindicato criticaba también que «en una primera parte de su informe, la UCO se limita a repetir determinada información que se refiere en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas de dichos expedientes, sin aportar ningún otro dato de interés».

Tras la introducción pasa a referir los diferentes informes de valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor elaborados por el técnico de Red.es, Luis Prieto Cuerdo, «sin entrar a analizar, por ejemplo, el por qué se elimina un total de 28 ofertas por no alcanzar un determinado umbral mínimo de 5 Puntos sobre 10: En el Exp. 014/20, Lote 1 a 10 licitadores sobre 18; a 5 licitadores de 12 en el Exp. 014/20, Lote 3 y a 13 de 20 en el Exp. 016/20, Lote 1», añadían.

El mismo documento advertía que «establecer en el PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) un umbral mínimo de 5 puntos, valorado de forma totalmente subjetiva por el técnico, solo puede ser con objeto de eliminarle al que va a resultar adjudicatario, de potenciales competidores que pudieran obtener una mayor puntuación final al presentar ofertas muy ventajosas económicamente. Resulta desconcertante que la UCO no repare en ello y solo se limite a señalarlo de pasada. El técnico no debería eliminar a ninguna empresa a través del umbral mínimo, ya que tenía argumentos suficientes para que todos los licitadores hubieran presentado una oferta de suficiente calidad técnica con solo si hubiera elaborado un Pliego de Prescripciones Técnicas donde se aclarasen y exigiesen los requisitos mínimos técnicos que debieran tener cada oferta a presentar».

Respecto a la reunión de la Mesa de Contratación en abril de 2021 advertían que «conocer que todos los miembros de la Mesa no toman en consideración a las 28 ofertas que no llegan a los 5 puntos, es gravísimo cuando conocemos que a esa reunión no asistió el propio técnico que hizo los informes de exclusión, Se. Prieto Cuerdo, tal como comprobamos en el acta de esa fecha, que afectaba a los Lotes 1 y 3, del Exp. 014/20».

Pero ¿cómo fue posible que el técnico que hizo los informes de exclusión de las licitaciones a un total de 28 ofertas no compareciese en la reunión de la mesa de contratación para analizar y defender sus propios informes de valoración para incluso poder aclarar dudas a la mesa? A esa pregunta los denunciantes afirmaban que «creemos que el sr. Prieto no acudió por las consecuencias que le pudieran acarrear a futuro, pero, de nuevo, la UCO no reparaba en tal irregularidad».

De hecho, la UCO informaba de que el 14 de abril, se volvía a reunir la Mesa de Contratación para valorar los criterios cuantificables una vez rechazadas las 28 ofertas, sin que estuviese presente de nuevo el técnico Prieto Cuerdo.

El acta de ese 14 de abril solo recogió las empresas que superaron el umbral de los 5 puntos «en los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, exponiendo los puntos obtenidos por cada licitador en dos columnas; puntuación total ponderada y puntuación total normalizada», explicaban los denunciantes del Caso Begoña Gómez.

Y añadían que «para pasar de la puntuación ponderada a la puntuación normalizada, en los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor -sería mejor denominarlos criterios subjetivos-, Red.es se vale de una fórmula con la que va a conseguir que se abra mucho más la brecha en puntos entre la mejor oferta técnica (siempre Innova-The Valley) y el resto de ellas».

Finalmente, tras 14 meses de investigación la Fiscalía Europea (EPPO) daba la razón a Manos Limpias, al concluir que los tres contratos otorgados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés cuyas cartas de recomendación firmó Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tenían base suficiente para a Barrabés y a un directivo de la empresa pública Red.es, Luis Prieto Cuerdo, por apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación.

Durante estos meses, la Fiscalía Europea revisó la adjudicación de varios contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiados por el Fondo Social Europeo. Este tiempo sirivió para que los tres fiscales españoles adscritos a la Fiscalía Europea trabajasen en tomar declaraciones a testigos y analizar documentos recabados en diferentes instituciones y organismos españoles y comunitarios.

Hacienda miró con lupa los contratos de Juan Carlos Barrabés, el empresario vinculado a Begoña Gómez. AGENCIAS
Hacienda miró con lupa los contratos de Juan Carlos Barrabés, el empresario vinculado a Begoña Gómez. AGENCIAS

El pasado 30 de mayo se levantó el secreto de sumario y la Fiscalía llamó a declarar a Barrabés y al directivo de Red.es como imputados. Estos tres contratos, sobre los que alertaban los primeros denunciantes, quedaron fuera de la investigación llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid al decretar que los contratos adjudicados para la capacitación en economía digital, en formato de cursillos a jóvenes desempleados, habían sido financiados en su totalidad con fondos de la UE y que por tanto eran competencia de Bruselas decidir sobre las denuncias respecto a ellos.

Todo comenzó en abril de 2024, cuando se conoció que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había firmado dos cartas de recomendación a una UTE de la que formaba parte el Grupo Barrabés, que se había adjudicado tres lotes de un contrato por 10,2 millones de euros de Red.es, tras superar al resto de licitadores en los criterios subjetivos.

Hace aproximadamente un mes Hacienda dijo al juez de Instrucción número 41, instructor de la causa Begoña Gómez, que la licitadora Red.es infló los criterios subjetivos en estos contratos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destacaba que la valoración que hizo de cada empresa aspirante en principio otorgaba un 60% al precio ofrecido y un 40% a «criterios dependientes de un juicio de valor». Sin embargo, al analizar la fórmula que utilizaron para fijar esos porcentajes, concluía que los criterios subjetivos en realidad tenían mayor peso que el precio.

Trump exige la lista maestra de espionaje de la inteligencia de EE.UU. y nombra a una operadora republicana en la CIA

Alejandro Suárez
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Trump exige la lista maestra de espionaje de la inteligencia de EE.UU. y nombra a una operadora republicana en la CIA

Es 5 de julio de 2026. Cumplido un año y medio de su segundo mandato, Donald Trump acaba de empujar a la comunidad de inteligencia estadounidense a un precipicio que pocos creían posible. El presidente ha exigido al Director de Inteligencia Nacional la entrega de la lista maestra de objetivos de espionaje —el censo completo de individuos, redes y Estados sometidos a vigilancia HUMINT y SIGINT— y, en paralelo, ha nombrado directora de una de las grandes agencias de espionaje a Christina Norton, una operadora electoral republicana sin una sola hora de experiencia en seguridad nacional.

La exigencia de la lista maestra no tiene precedentes públicos desde la reforma de los servicios tras el escándalo Watergate. Según los informes adelantados por The New York Times, The New Republic y FCW/NextGov y recogidos por SpyTalk, Trump quiere ese documento —con toda probabilidad clasificado Top Secret— para su consumo directo, sin la mediación de los filtros que tradicionalmente protegen fuentes y métodos. Le adelanto que, si la información se confirma, hablamos de una decisión que pondría en riesgo décadas de oficio clandestino.

No es la primera vez que un presidente intenta controlar el espionaje con fines políticos, pero sí es la primera desde los años setenta en que se hace de forma tan explícita y sin cobertura legal aparente. La diferencia, me temo, es que ahora el destinatario de esa lista tiene un historial documentado de desprecio por las normas de clasificación y un director de Inteligencia —Bill Pulte— al que ha autorizado a desclasificar “lo que quiera”.

La lista de los deseos de Trump

La petición de Trump va mucho más allá de un briefing ejecutivo. Solicita el mapa completo de la actividad clandestina estadounidense: nombres de agentes reclutados, operaciones en curso, estaciones de escucha y, crucialmente, los objetivos prioritarios de las distintas agencias. Poner ese documento en manos de un presidente que ha filtrado datos clasificados por capricho es como regalarle una llave maestra a un pirómano.

Veteranos del oficio consultados por esta redacción hablan de “quiebra de confianza” entre la Casa Blanca y Langley. “Es la peor pesadilla de cualquier jefe de estación”, me dice un antiguo oficial de la CIA que prefiere mantener el anonimato. “Si tus fuentes sospechan que el presidente puede manejar sus nombres con la misma ligereza con la que tuitea, dejarán de hablarte”. Usted, que ha seguido la evolución del espionaje moderno, sabe que la confidencialidad es el único capital que tienen los servicios. Sin él, no hay HUMINT que valga.

De hecho, ya hay señales de alarma. Un tribunal federal acaba de ordenar a la administración que readmita a 19 oficiales de la CIA y del ODNI despedidos por su asignación a programas de diversidad. La sentencia, aún no ejecutada, subraya que la purga fue ilegal y añade un nuevo frente de tensión entre la comunidad de inteligencia y el poder político.

Christina Norton: una leal sin oficio de inteligencia

Mientras los despachos de Langley hierven, Trump ha decidido poner al frente de una de las agencias de espionaje estadounidenses a Christina Norton. La nueva directora —cuyo nombramiento aún no especifica si recae sobre la CIA, la DIA o la NSA, aunque fuentes cercanas apuntan a la primera— llega directamente desde el aparato electoral republicano. Ha sido monitora de elecciones y operadora política, pero su currículum no registra ni un solo día en el ámbito de la seguridad, la inteligencia o la defensa.

“El próximo 11S no se anunciará con un avión, sino con un clic. Pero si el mapa de nuestros secretos cae en manos del adversario, ni siquiera hará falta un ataque: el daño ya estará hecho”.

Norton encarna, según fuentes de la Casa de Castelló —eufemismo que usamos en este oficio para referirnos al CNI—, “el triunfo de la lealtad personal sobre la competencia técnica”. En otras palabras: el acceso a los secretos más sensibles del mundo se decide ahora por fidelidad partidista, no por aptitud para manejarlos. Usted y yo sabemos que en inteligencia la falta de pericia no se sustituye con doctrina política; se paga con vidas.

El paralelismo con la Rusia de Putin —otro antiguo oficial del KGB que colonizó los servicios con gente de su círculo— es tentador pero inexacto. Trump no viene del oficio, y eso lo hace más imprevisible. Donde Putin entiende el valor del silencio, Trump entiende el valor del espectáculo. La diferencia puede ser letal para los agentes que operan en territorio hostil.

CIA

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Lo que está ocurriendo en Washington trasciende las fronteras estadounidenses. Cuando la mayor potencia de inteligencia del planeta se sumerge en una crisis de esta magnitud, los servicios aliados —incluido el CNI— se ven obligados a recalibrar sus protocolos de intercambio de información. Si la Casa Blanca puede desclasificar por capricho, ninguna agencia extranjera compartirá material sensible sin un seguro de que su origen quedará protegido.

El vector de amenaza que identifico aquí no es técnico, sino estructural: una politización extrema de los canales de mando que sustituye los criterios de oficio por lealtades personales. El atacante, en este caso, no es un Estado extranjero sino la propia presidencia de Estados Unidos, que al exigir la lista maestra y colocar a una operadora sin experiencia al frente de una agencia clave erosiona el blindaje que separa la inteligencia de la política. La defensora sería la comunidad de inteligencia estadounidense —la CIA, la NSA, el ODNI—, que por ahora resiste a través de filtraciones calculadas y recursos judiciales. Y los terceros interesados, cómo no, son Pekín, Moscú y, en menor medida, Rabat y Tel Aviv, que observan atentamente cada resquicio por el que pueda escaparse información clasificada.

A juzgar por la naturaleza del material —un listado de objetivos de espionaje que inevitablemente incluye identidades de fuentes, métodos de reclutamiento y ubicaciones de estaciones clandestinas—, estimo que la clasificación de la lista es Top Secret / SCI (Sensitive Compartmented Information). El daño potencial de una fuga o un manejo negligente podría tardar una década en repararse, si es que se repara.

El precedente histórico más cercano lo encontramos en los abusos de la era Nixon, que llevaron al Congreso a crear el Comité Church y a imponer las primeras barreras legales entre la Casa Blanca y el espionaje doméstico. Hoy estamos ante una reedición acelerada de aquel capítulo negro, solo que sin un Congreso dispuesto a investigar.

Escribí hace años en El quinto elemento que “los primeros que atacamos nuestra intimidad somos nosotros mismos”. Trump, sin embargo, no ataca su intimidad: ataca la de sus propios servicios. Y eso, en el juego más antiguo entre Estados, es como volarse uno mismo el puente antes de que lo cruce el enemigo.

Nace el Foro Jurídico Valenciano para defender la independencia judicial y estudiar los nuevos tribunales de instancia

Carlos V Vega
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Nace el Foro Jurídico Valenciano para defender la independencia judicial y estudiar los nuevos tribunales de instancia

El Foro Jurídico Valenciano, asociación de juristas presidida por la magistrada María Begoña Tárrega Cervera, se presentó el pasado 1 de julio en el Casino de Agricultura de Valencia con la defensa de la independencia judicial y el análisis de la Ley Orgánica 1/2025 como ejes fundacionales. La cita congregó a una nutrida representación institucional: secretario autonómico de Justicia, subsecretario de Presidencia, vicepresidente del Consejo Jurídico Consultivo, decanos de las facultades de Derecho, magistrados del TSJ de la Comunidad Valenciana, de la Audiencia Provincial de Valencia y representantes de los colegios de abogados, procuradores y registradores.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El 1 de julio se presentó en Valencia el Foro Jurídico Valenciano, una asociación de magistrados, registradores y letrados.
  • ¿Cuál es su objetivo? Defender la independencia judicial y promover el debate jurídico, con la primera ponencia sobre los nuevos tribunales de instancia.
  • ¿Qué impacto tiene? La reforma de la Ley Orgánica 1/2025 sustituye 3.900 juzgados por 431 tribunales de instancia, la mayor reorganización de la planta judicial en décadas.

La fundación del Foro Jurídico Valenciano y su declaración de principios

La junta directiva del foro está integrada por ocho profesionales. La presidenta, María Begoña Tárrega Cervera, es magistrada de la sección civil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana. La acompañan como vicepresidentas la registradora y expresidenta del Colegio de Registradores María Emilia Adán García y la letrada del Cuerpo Superior Jurídico de la Administración de Justicia Cristina Gil Fabregat. Como vocales figuran Silvia Moya Cebriá, Antonio Cano Santana, el catedrático de Derecho Civil Javier Plaza Penades y José Salvador Tárrega Cervera, director general de Participación Ciudadana de la Generalitat.

Durante el acto, la presidenta rememoró los orígenes del derecho desde el Código de Ur-Nammu para enlazar con los preceptos clásicos de Ulpiano. En esa misma intervención calificó el término lawfare de concepto “antidemocrático” e “inexistente” en España, en una inequívoca defensa de la independencia de jueces y magistrados frente a lo que definió como intentos de deslegitimar la función judicial desde las instituciones.

El salón de actos del Casino de Valencia registró un lleno casi completo. La presencia masiva de operadores jurídicos confirmó el interés que una asociación de este perfil despierta en la Comunidad Valenciana, máxime cuando anuncia actividades mensuales con ponentes de primer nivel hasta final de año.

Análisis de la Ley Orgánica 1/2025: los tribunales de instancia

La primera ponencia técnica corrió a cargo de María Dolores Hernández Rueda, jefa del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Con 33 años de carrera judicial, Hernández Rueda analizó el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 tribunales de instancia, implantados de forma escalonada en tres fases durante 2025.

La reforma, la mayor reorganización de la planta judicial en décadas, supone un rediseño completo del mapa judicial. Los nuevos tribunales permitirán una especialización funcional y una gestión colegiada de los asuntos, aunque también plantean retos en la adaptación de las oficinas judiciales y en la distribución de competencias entre secciones.

La sustitución de casi 3.900 juzgados unipersonales por 431 tribunales de instancia representa la reforma organizativa más profunda de la justicia española desde la Constitución.

La lectura doctrinal

Desde una perspectiva doctrinal, la Ley Orgánica 1/2025 introduce un cambio de paradigma procesal. Al abandonar el modelo de juzgado unipersonal, el legislador persigue una mayor eficiencia y una racionalización de los recursos, en línea con las exigencias del artículo 24 de la Constitución sobre tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas. La agrupación de órganos debería reducir la dispersión competencial y facilitar la homogeneización de criterios, aunque la doctrina advierte de que la fase transitoria puede generar inseguridad jurídica si no se coordinan adecuadamente las reglas de reparto.

El análisis jurisprudencial posterior será determinante para fijar los límites de la nueva organización. Asuntos como la compatibilidad de las secciones de familia o la asunción de asuntos pendientes en los juzgados suprimidos ya están generando un cuerpo de consultas que los colegios de abogados están recopilando. Precisamente, el foro valenciano se sitúa como plataforma para canalizar ese debate técnico, alejado —según sus impulsores— de la crispación mediática.

Con esta primera jornada, el Foro Jurídico Valenciano fija un calendario de actividades hasta final de año y pone sobre la mesa los dos vectores que marcarán su agenda: la independencia judicial como principio irrenunciable y la transformación procesal como reto operativo. La cita se cerró con una actuación de alumnos del Conservatorio José Iturbi y un vino de honor que sirvió de termómetro del respaldo entre la carrera judicial y la abogacía valenciana.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Constitución del Foro Jurídico Valenciano y primera sesión de análisis sobre la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia.
  • Datos importantes: Ley Orgánica 1/2025 sustituye 3.900 juzgados unipersonales por 431 tribunales de instancia; implantación en tres fases durante 2025. La presidenta del foro calificó el lawfare de inexistente en España.
  • Fecha de los juicios: Acto de presentación el 1 de julio de 2026 en el Casino de Agricultura de Valencia.
  • Personas acusadas y por qué: N/A

Feijóo activa el calendario electoral: proclamará candidatos a alcaldías el 18 de julio y a autonomías en septiembre

Jaume Mónica
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Feijóo activa el calendario electoral: proclamará candidatos a alcaldías el 18 de julio y a autonomías en septiembre

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo ha anunciado que el PP proclamará a sus candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia el 18 de julio, y dejará para septiembre a los aspirantes autonómicos.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, activa la maquinaria electoral para tener el partido listo ante unas eventuales generales anticipadas.
  • ¿Qué impacto tiene? La decisión acelera el calendario interno, da certidumbre a los barones y envía un mensaje al Gobierno de que el PP está preparado para cualquier escenario electoral.

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en marcha el reloj electoral del partido. Según fuentes de Génova consultadas por Moncloa.com, el líder popular proclamará el próximo 18 de julio a los candidatos que disputarán las alcaldías de las capitales de provincia en las municipales de mayo de 2027, y reserva el mes de septiembre para designar a los cabezas de cartel de las comunidades autónomas.

La fecha supone un primer aviso para los territorios: apenas trece días separan el anuncio del inicio de la cuenta atrás. Con este movimiento, Feijóo quiere que el partido esté «completamente listo y preparado», en palabras que fuentes de la cúpula han transmitido a este medio, para unas eventuales generales anticipadas que pueden llegar en cualquier momento dado el frágil equilibrio parlamentario del Gobierno.

El 18 de julio, fecha clave para las capitales de provincia

La elección del 18 de julio como día para la proclamación de candidatos municipales no es casual. Se sitúa justo antes de la pausa estival, lo que permite a los nuevos aspirantes arrancar una precampaña que se alargará hasta el arranque del curso político en septiembre. Génova ha fijado la fecha con precisión para que los candidatos tengan tiempo de rodaje y para que las estructuras locales empiecen a movilizar recursos y voluntarios.

La medida afecta a todas las capitales de provincia, desde las grandes plazas como Madrid, Valencia o Sevilla hasta las ciudades más pequeñas. En todas ellas, el PP gobierna ya en buena parte, pero la dirección nacional quiere consolidar el poder local como base de su estrategia territorial. La decisión deja fuera, de momento, a los municipios de más de 50.000 habitantes no capitales, que se abordarán en una segunda fase.

Septiembre, el turno de los barones autonómicos

En cuanto a los candidatos a las presidencias autonómicas, Feijóo ha optado por retrasarlos hasta la vuelta del verano. Septiembre ofrecerá, según fuentes de Génova, el marco adecuado para calibrar el impacto de la política nacional en cada comunidad y para negociar con los liderazgos territoriales la confección de unas listas que reflejen el equilibrio interno del partido.

Con este movimiento, Feijóo no solo ordena el calendario interno: lanza un mensaje inequívoco al Gobierno de que el PP está en modo electoral, pase lo que pase en la legislatura.

El Eje del Poder Popular

El anuncio de Feijóo tiene una lectura que va más allá de la mera organización interna. Génova sabe que la proclamación temprana de candidatos fortalece la cohesión del partido y emite una señal de estabilidad hacia los mercados y los electores. En un contexto de fragilidad parlamentaria, donde cualquier crisis puede precipitar una convocatoria anticipada, tener los equipos locales y autonómicos definidos otorga una ventaja estratégica frente a otros partidos que aún no han movido ficha.

En el plano interno, la decisión también sirve para alinear a los barones populares. Feijóo ha logrado que los principales líderes territoriales acepten el calendario sin fisuras, algo que en otras etapas del partido hubiera generado tensiones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, dos figuras con peso propio, han respaldado el cronograma, conscientes de que unas candidaturas cohesionadas multiplican las opciones de reeditar mayorías absolutas en sus feudos.

El precedente histórico de 2019, cuando el PP afrontó las municipales y autonómicas con una dirección aún convulsa tras la moción de censura de 2018, sirve como recordatorio: entonces, el partido perdió poder territorial notablemente. Ahora, en cambio, la maquinaria arranca con un partido que suma once comunidades autónomas y cerca de 2.500 alcaldías, la mayoría en capitales de provincia. La anticipación es, en sí misma, un activo.

Observamos un riesgo: si las generales se convocan antes de que se celebren las municipales de 2027, el calendario podría solaparse y exigir una reordenación rápida de recursos. Génova confía en que el horizonte de mayo de 2027 se mantenga, pero tener los candidatos proclamados con tanta antelación es un seguro frente a cualquier giro del Gobierno.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Tener el partido completamente listo y preparado para cualquier eventualidad electoral, reforzando la imagen de alternativa solvente y territorialmente cohesionada.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP)
  • Próximo hito: Proclamación de los candidatos a capitales de provincia el 18 de julio de 2026

Los bomberos estabilizan el incendio de Les Gavarres y levantan el confinamiento en ocho municipios

Bea Tejero
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Los bomberos estabilizan el incendio de Les Gavarres y levantan el confinamiento en ocho municipios

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los 12.000 vecinos de ocho municipios del Baix Empordà que llevaban confinados desde el viernes por el incendio de Les Gavarres.
  • ¿Cuándo ocurre? El confinamiento se levantó este domingo 5 de julio de 2026 al mediodía, tras estabilizarse el incendio.
  • ¿Qué cambia hoy? Los vecinos pueden salir de sus casas, pero los accesos al perímetro del fuego siguen restringidos y se recomienda evitar la zona del macizo.

Los Bombers de la Generalitat han levantado este domingo al mediodía el confinamiento que afectaba a unos 12.000 vecinos de ocho municipios del Baix Empordà, tras estabilizar el incendio forestal declarado el viernes en el macizo de Les Gavarres.

La decisión se ha tomado después de que el jefe de la Región de Emergencias de Girona, Jordi Martin, sobrevolara en helicóptero el perímetro del fuego. «Podemos confirmar que la estabilización del día de ayer ha avanzado a un buen ritmo y eso nos ha permitido levantar todo el confinamiento y todas las evacuaciones», ha explicado Martin desde el pabellón de La Bisbal d’Empordà, donde se ha reunido con los alcaldes de la zona y la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

Confinamiento levantado, pero los accesos restringidos

Aunque los vecinos de La Bisbal d’Empordà, Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i Sagaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d’Aro y de núcleos diseminados de Palafrugell, Palamós, Torrent y Vall-llobrega ya pueden salir de sus casas, las autoridades mantienen restricciones. «No se puede acceder a ninguna edificación o vivienda dentro del perímetro del incendio sin la supervisión de los Mossos d’Esquadra», ha subrayado Martin.

Además, permanecen cortadas la carretera GI-660 y el tramo entre las urbanizaciones de Vall Repòs (Santa Cristina d’Aro) y les Cabanyes (Calonge). Los Bombers insisten en que la población evite acercarse al macizo. «Hacemos un llamamiento para que no se acceda al entorno de Les Gavarres», ha recalcado.

Ocho viviendas calcinadas y 2.200 hectáreas afectadas

El balance provisional de daños, facilitado por el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) de los Bombers, contabiliza ocho casas totalmente destruidas y otras ocho con daños parciales, además de algunas construcciones industriales. Según Agents Rurals, el incendio ha quemado 2.200 hectáreas, de las cuales 2.134 pertenecen al macizo, 53 son terreno agrícola y 15 urbano. La superficie forestal afectada es de 2.128 hectáreas.

La estabilización es un paso, pero el domingo será decisivo: si la marinada no reaviva las llamas, el incendio podría quedar controlado.

Un domingo crucial para el control total

El jefe de Emergencias ha reconocido que esta jornada «volverá a ser un día clave» por la subida de las temperaturas y la entrada de viento de marinada a partir del mediodía. El objetivo es que a lo largo del domingo el incendio pase de estabilizado a controlado. Las tareas de extinción continúan con efectivos terrestres y aéreos, mientras los Mossos d’Esquadra velan por la seguridad en los accesos.

Lecciones del pasado: incendios recurrentes en Les Gavarres

El macizo de Les Gavarres no es ajeno a los grandes incendios. En 1986, un fuego arrasó más de 4.000 hectáreas, y en 2012 otro episodio importante puso en jaque varias poblaciones. Esta recurrencia obliga a las autoridades a extremar la prevención y la coordinación entre Bombers, Agents Rurals y los cuerpos locales. La rápida estabilización actual, conseguida en apenas 48 horas, contrasta con aquellos sucesos gracias a mejores medios y protocolos, pero los expertos advierten que el abandono forestal y el cambio climático elevan el riesgo año tras año.

De cara a los próximos días, una vez controlado el fuego, el Departament de Territori evaluará las zonas quemadas para planificar actuaciones de restauración y minimizar el riesgo de erosión. Mientras, la consellera Paneque ha agradecido la labor de los servicios de emergencia y ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de las autoridades.

La exoneración del pasivo insatisfecho requiere comunicarse a los ficheros de morosidad tras el auto del juzgado de lo mercantil

Carlos V Vega
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La exoneración del pasivo insatisfecho requiere comunicarse a los ficheros de morosidad tras el auto del juzgado de lo mercantil

El artículo 492 ter de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) dispone que la exoneración del pasivo insatisfecho concedida por el juzgado de lo mercantil debe ser comunicada por los acreedores afectados a los sistemas de información crediticia donde previamente hubieran informado del impago. El precepto añade que el deudor puede instar directamente la actualización de sus datos en esos ficheros.

El artículo 492 ter de la Ley Concursal: obligación legal y alcance

La Ley de la Segunda Oportunidad culmina con el auto de exoneración dictado por el juzgado de lo mercantil competente. Sin embargo, la mera resolución judicial no produce automáticamente la cancelación de las anotaciones de morosidad. El artículo 492 ter establece una obligación activa para los acreedores afectados: deben notificar la exoneración a los sistemas de información crediticia, como ASNEF, EQUIFAX o EXPERIAN, cuando previamente hubieran comunicado la deuda impagada. Esta comunicación debe realizarse sin dilación una vez que el acreedor tenga conocimiento del auto, lo que en la práctica suele requerir que el propio deudor o su representación legal remitan copia del auto a cada uno de los acreedores.

El legislador no confía exclusivamente en la voluntad de los acreedores. El mismo precepto permite que el deudor se dirija directamente a los ficheros de solvencia para solicitar la cancelación de sus datos, aportando el auto de exoneración. Esta opción concede al deudor una vía paralela para hacer efectiva la protección de datos y acelerar la desaparición de las huellas del impago. La conjunción de ambas vías —obligación del acreedor y facultad del deudor— refleja una intención legislativa clara: que la exoneración no sea meramente formal, sino que se traduzca en la plena reintegración económica.

Consecuencias prácticas de la falta de comunicación

La experiencia forense evidencia que un número no desdeñable de deudores que han obtenido el auto de exoneración continúan apareciendo en los ficheros de morosidad transcurridos meses desde el dictado. Esta situación deriva habitualmente de la omisión del acreedor, que no ha tenido conocimiento efectivo de la resolución judicial o no la ha trasladado a los sistemas de información. Como resultado, el deudor puede ver denegada la posibilidad de alquilar una vivienda, financiar un vehículo o, simplemente, obtener una tarjeta de crédito básica, a pesar de haber quedado liberado de las deudas.

Desde una perspectiva procesal, el auto de exoneración es título ejecutivo suficiente para instar el cumplimiento de las obligaciones accesorias, incluida la comunicación a los ficheros. El juzgado de lo mercantil que dictó la exoneración es competente para conocer de las incidencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley a los acreedores. Así, si un acreedor no comunica la cancelación, el deudor puede solicitar al mismo juzgado que requiera al acreedor para que cumpla en el plazo que se señale, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad.

ficheros de morosidad

La exoneración del pasivo insatisfecho no es efectiva mientras subsistan anotaciones en ficheros de solvencia; el artículo 492 ter impone a los acreedores la obligación de comunicarla.

La lectura doctrinal del artículo 492 ter

El artículo 492 ter no se limita a una mera previsión accesoria; encierra una exigencia de efectividad del derecho a la segunda oportunidad. La doctrina procesalista ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución no se agota con la obtención de un fallo favorable, sino que se extiende a la ejecución en sus propios términos. En este sentido, la comunicación a los ficheros constituye un acto de ejecución propio de la sentencia de exoneración, del que dependen la efectividad real de la cancelación de deudas y la rehabilitación crediticia del deudor.

Además, el precepto conecta con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (artículo 18.4 CE) y con la normativa europea de protección de datos (Reglamento 2016/679), que reconoce el derecho de supresión cuando los datos ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos. Si la deuda ha sido exonerada judicialmente, su comunicación a un fichero de solvencia carece ya de base legítima, y el acreedor está obligado a solicitar la cancelación. La Ley Concursal, al imponer esta obligación, no hace sino reforzar dicha exigencia, evitando que el deudor tenga que acudir a un procedimiento autónomo de protección de datos.

Conviene subrayar que, pese a la claridad de la norma, no existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión concreta. Los juzgados de lo mercantil vienen solventando las controversias mediante requerimientos en la propia ejecución del auto de exoneración, aplicando los principios generales del proceso de ejecución. La obligación de comunicar la exoneración constituye, en suma, una manifestación del principio de efectividad que rige el sistema de segunda oportunidad y un recordatorio de que la tutela judicial no termina con la resolución del juzgado, sino cuando el deudor puede reintegrarse sin trabas al tráfico económico.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Mecanismo legal de exoneración del pasivo insatisfecho en el marco de la Ley de la Segunda Oportunidad, regulado en el artículo 492 ter de la Ley Concursal.
  • Datos importantes: Artículo 492 ter del Real Decreto Legislativo 1/2020; los acreedores deben comunicar la exoneración a los ficheros de morosidad; el deudor también puede solicitar directamente la actualización; el incumplimiento puede ser exigido ante el mismo juzgado de lo mercantil.
  • Fecha de los juicios: N/A (se trata de un análisis normativo, no de un procedimiento singular).
  • Personas acusadas y por qué: N/A (no es un asunto penal).

España ONU gobernanza IA: las claves del primer Diálogo Global en el que participa Óscar López

Alberto Ochoa
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España ONU gobernanza IA: las claves del primer Diálogo Global en el que participa Óscar López

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa desde este lunes y hasta el martes en Ginebra en la primera reunión del Diálogo Global de las Naciones Unidas sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), un foro promovido por España y Costa Rica para sentar las bases de una regulación común a escala internacional.

La primera piedra de una gobernanza global de la IA

El encuentro, que se celebra los días 6 y 7 de julio, reúne a representantes de gobiernos y de la sociedad civil con el objetivo de generar un entendimiento compartido sobre los principios, los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial. La iniciativa se enmarca en el Pacto Digital Global de la ONU, que identificó la necesidad de reducir la brecha entre el rápido desarrollo tecnológico y su gobernanza, y de reforzar la participación del Sur Global en los debates internacionales sobre la materia.

Durante la sesión plenaria, el Panel Científico sobre IA presentará las conclusiones de su primer informe, centrado en las capacidades reales de los sistemas actuales, los principales riesgos detectados y los impactos previsibles en distintos sectores. La mera creación de este Diálogo Global representa un avance significativo: es el primer foro estable de la ONU dedicado íntegramente a la gobernanza de la inteligencia artificial con un mandato que abarca tanto a los Estados como a los actores no estatales.

Multilingüismo y protección de menores: los dos eventos paralelos

Además de su intervención plenaria, el ministro López participará en dos eventos paralelos que reflejan las prioridades de España en este ámbito. El primero, sobre multilingüismo e IA, abordará el impulso de modelos de lenguaje abiertos que favorezcan sistemas más inclusivos desde el punto de vista lingüístico y cultural. La meta es evitar que los grandes modelos de lenguaje se concentren únicamente en inglés y en las lenguas con mayor presencia digital, garantizando que el español y otras lenguas minoritarias no queden marginadas en la nueva economía del dato.

El segundo evento, promovido directamente por España, se centra en la protección de los menores frente a los riesgos asociados a la IA generativa. Se analizarán medidas concretas para combatir la manipulación, la difusión de contenidos perjudiciales, la explotación mediante deepfakes y la segmentación algorítmica que afecta a niños y adolescentes. El debate incluirá experiencias regulatorias de distintas regiones, con el objetivo de identificar buenas prácticas que puedan trasladarse a un marco internacional.

El diálogo global sobre gobernanza de la IA responde al consenso alcanzado en el Pacto Digital Global y busca articular una arquitectura de gobernanza que no deje atrás a los países en desarrollo. La presencia de Costa Rica como coimpulsor subraya la voluntad de que también las economías medianas y pequeñas tengan voz en la definición de las reglas del juego.

La reunión de Ginebra marca la primera vez que la ONU establece un foro estable para debatir la gobernanza de la inteligencia artificial con participación de gobiernos, sociedad civil, sector privado y expertos.

El impacto para España y Europa

Esta reunión coloca a España en una posición de liderazgo en el debate global sobre inteligencia artificial, alineándose con la apuesta de la Unión Europea por un modelo regulatorio de «tercera vía» que prime los derechos fundamentales. La participación activa del ministro Óscar López refuerza el perfil español como mediador entre el Norte y el Sur Globales y ofrece una plataforma para defender los valores europeos de privacidad, control humano y no discriminación en las negociaciones multilaterales. Para la UE, contar con un Estado miembro tan implicado en la iniciativa facilita la exportación de los estándares de la recién aprobada Ley de IA europea a un contexto global.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El ministro Óscar López participa en Ginebra en el primer Diálogo Global de la ONU sobre gobernanza de la IA, impulsado por España y Costa Rica.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Representantes de gobiernos, sociedad civil, expertos del Panel Científico sobre IA y el propio ministro español, junto con la coorganización de Costa Rica.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El diálogo se prolonga durante dos jornadas y se espera que de sus conclusiones surjan los primeros esbozos de un marco común internacional sobre inteligencia artificial.

El orador del funeral de Jamenei pide la muerte de Trump: lo que implica esta amenaza directa desde Irán

Alberto Ochoa
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El orador del funeral de Jamenei pide la muerte de Trump: lo que implica esta amenaza directa desde Irán

El orador encargado de la oración fúnebre en el funeral del antiguo líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha pedido este domingo explícitamente la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la multitud congregada en Teherán.

La petición, formulada por el clérigo Mohammad Rasouli durante la ceremonia, añade un nuevo episodio de máxima tensión a las ya frágiles relaciones entre Washington y Teherán, justo cuando ambas potencias negocian el fin de la guerra iniciada hace meses.

Carteles y consignas a favor de matar a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, eran visibles durante el acto, al que acudió una multitud significativamente mayor que la del día anterior, según testigos.

La amenaza desde el funeral: un grito de venganza

Rasouli preguntó a los asistentes: “¿Por qué no matamos al que mató a mi Imán y a mi Líder?”. La multitud coreó “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, y el clérigo añadió que “matar a Trump es nuestro deber”.

En un momento de la alocución, el orador se dirigió a los presentes exclamando: “¿Por qué sigue vivo el hombre más despreciable del mundo?”, una pregunta que arrancó aplausos.

Durante los oficios, se izó sobre la cúpula de la mezquita Mosalla de Teherán una bandera roja con la inscripción “Ya Litharat al-Hussein” (“Oh vengadores de Hussein”), símbolo de la búsqueda de venganza por la muerte del tercer imán chií. Muchos participantes portaban también enseñas rojas como gesto de represalia.

La petición de asesinato de un presidente en ejercicio durante un funeral de Estado supone un salto cualitativo en la retórica iraní. Las negociaciones de paz, ya muy frágiles, quedan en el aire.

El cruce de amenazas entre Trump y Teherán

En enero, Trump declaró a News Nation que había dado “instrucciones muy firmes” para “borrarlos de la faz de la Tierra” si Irán intentaba atentar contra él.

Ayer, víspera del 250 aniversario de Estados Unidos, Trump afirmó desde el Monte Rushmore que su país había “golpeado con fuerza a Irán” y que los iraníes estaban “deseando llegar a un acuerdo”. Añadió: “Les hemos dado una semana libre por el funeral porque somos amables”.

En una entrevista con Axios, Trump fue más allá al señalar que, aunque todos los líderes iraníes estuvieran reunidos en el funeral, “un solo disparo bastaría para acabar con ellos”, pero que no lo haría porque “luego no tendríamos con quién negociar”.

Estos cruces verbales se producen cuando Washington y Teherán mantienen conversaciones para poner fin a la guerra que estalló hace meses.

Qué supone esta escalada para Europa y España

La llamada pública a asesinar a un jefe de Estado agrava una situación geopolítica ya de por sí explosiva. Para los aliados europeos, y en especial para España, este nuevo capítulo tensa las costuras de la diplomacia occidental: justo cuando se intentaba allanar el camino hacia un alto el fuego, la retórica del régimen iraní dificulta cualquier concesión por parte de Washington. Las amenazas directas contra un presidente norteamericano podrían ser interpretadas como un acto hostil que reactive la escalada militar y ponga en riesgo los intereses europeos y la seguridad de las bases de la OTAN situadas en Turquía o el Mediterráneo. España, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y con relaciones diplomáticas con Irán, se ve obligada a una posición de equilibrio cada vez más complicada.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? En el funeral de Ali Jamenei, el orador Mohammad Rasouli ha pedido la muerte de Donald Trump, con cánticos y enseñas de venganza.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El clérigo Mohammad Rasouli, el difunto líder supremo Jamenei, el presidente Trump y el primer ministro israelí Netanyahu.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. quedan en una situación extremadamente delicada, y la amenaza puede endurecer aún más la postura de Washington.

PNUD advierte: subsidios a combustibles fósiles alcanzarán $1,1 billón en 2026 por conflicto en Oriente Medio

Elena Ríos
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PNUD advierte: subsidios a combustibles fósiles alcanzarán $1,1 billón en 2026 por conflicto en Oriente Medio

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte en un nuevo informe que los subsidios a los combustibles fósiles se dispararán hasta los 1,1 billones de dólares en 2026, un 59 % más que en 2025, como consecuencia directa del conflicto en Oriente Medio. La factura, que desvía recursos millonarios de la salud y la educación en los países en desarrollo, pone en jaque los objetivos climáticos y las inversiones en transición energética.

El estudio, ‘Escalada militar en Oriente Medio: amortiguando el choque global’, detalla que las economías de renta baja y media han contenido el impacto de los precios del crudo mediante subsidios a los combustibles, topes a los precios, rebajas fiscales y medidas de gestión de la demanda. Lo han hecho, explica el PNUD, para proteger a sus poblaciones de una crisis energética importada, pero el coste fiscal es insostenible.

La proyección central del informe asume un precio medio del barril de petróleo de 88,6 dólares y sitúa los subsidios globales en 1,1 billones de dólares en 2026, 410 000 millones más que el año anterior. En un escenario severo, con el crudo a 110 dólares por barril, la cifra se elevaría hasta los 1,43 billones de dólares. Casi la mitad de los países más pobres del mundo ya se encuentra en situación de sobreendeudamiento o en alto riesgo de caer en ella.

El precio de amortiguar el shock del petróleo

La factura de los subsidios no es un dato aislado. Según el PNUD, el 9,53 % de los ingresos públicos de una economía en desarrollo mediana se destinará este año solo al pago de intereses de la deuda, el doble que hace una década y el nivel más alto en 25 años. En el trienio 2024-2026, 55 economías en desarrollo pagarán más del 10 % de su recaudación en intereses, frente a las 32 que lo hacían hace diez años.

“El desbordamiento global del conflicto en Oriente Medio es profundo y potencialmente duradero”, afirma Alexander De Croo, administrador del PNUD. “Los países en desarrollo, muchos ya agobiados por la deuda, han logrado temporalmente proteger a la gente del peor impacto del choque energético, pero hay un coste oculto: el dinero que debería construir escuelas, hospitales y sistemas de energía limpia se está usando simplemente para mantener las economías a flote”.

Los subsidios proporcionan un alivio temporal, pero encierran a los países en trayectorias de alto carbono y sacrifican la inversión en desarrollo.

La advertencia del organismo internacional es clara. Sin apoyo multilateral, estos países no podrán escapar del shock: lo están absorbiendo a costa del crecimiento futuro, prolongando la dependencia de los combustibles fósiles y posponiendo la transición energética.

La factura oculta: menos educación y salud, más deuda

El informe se ha presentado en el marco de la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo, un foro anual de alto nivel que reúne a responsables políticos, líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil. De Croo insistió en que “ningún país debería sacrificar su desarrollo futuro para gestionar una crisis que no ha creado”.

El PNUD reclama dos ejes de acción inmediatos: desbloquear liquidez multilateral de fácil acceso para los países de renta baja y media, y acelerar la inversión en energías renovables. “Cada inversión en energía limpia reduce la exposición a futuros shocks. La crisis ha dejado una cosa clara: la seguridad energética y la transición energética ya no son agendas separadas. Son una y la misma”, subrayó el administrador.

PNUD

Esta llamada cobra especial urgencia cuando se observa la tendencia histórica. Los subsidios a los combustibles fósiles venían reduciéndose a nivel global antes de la crisis, un avance que el conflicto en Oriente Medio ha revertido de golpe, devolviendo las ayudas al carbón, el petróleo y el gas a máximos que amenazan el cumplimiento del Acuerdo de París.

Espejismo temporal, riesgo climático permanente

Vamos a los datos. Cada dólar que se destina a subvencionar el consumo de combustibles fósiles es un dólar que deja de invertirse en renovables, en redes inteligentes o en la electrificación del transporte. El PNUD no lo dice con estas palabras, pero la consecuencia es inmediata: la crisis energética provocada por la guerra está financiando, paradójicamente, la continuidad del modelo que alimenta el cambio climático.

La letra pequeña del informe revela que, aunque los subsidios son una respuesta comprensible en el corto plazo, su efecto neto es perverso. Al mantener artificialmente bajos los precios de la gasolina, el diésel o el gas natural, los gobiernos desincentivan la eficiencia y retrasan la adopción de alternativas limpias. Y cuando la deuda ya asfixia las cuentas públicas, el margen para revertir ante ante esta dinámica se estrecha peligrosamente.

Además, el coste de oportunidad se mide en vacunas no administradas, aulas no construidas y kilómetros de red eléctrica obsoleta que no se modernizan. La paradoja es que los países más vulnerables al cambio climático son precisamente los que están quemando su espacio fiscal para seguir quemando combustibles fósiles.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Subsidios globales proyectados: 1,1 billones de dólares en 2026, un 59 % más que en 2025.
  • Escenario severo: Hasta 1,43 billones de dólares con el petróleo a 110 dólares por barril.
  • Coste de oportunidad: Desvío de recursos equivalentes al presupuesto combinado de salud y educación de decenas de países en desarrollo.
  • Huella climática: Cada subsidio fósil prolonga la dependencia de un modelo que eleva las emisiones y retrasa la descarbonización ordenada fijada por el Acuerdo de París.

El informe del PNUD es, en última instancia, una señal de alerta para la comunidad internacional. Si no se articula un mecanismo de financiación multilateral que permita a los países en desarrollo absorber el shock sin recurrir a los subsidios fósiles, el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C se alejará aún más.

La transición energética necesita inversión, no ayudas al combustible que la hace inviable. Como recuerda el PNUD, seguridad energética y transición son ya dos caras de la misma moneda. Separarlas hoy significa pagar mañana una factura climática y de desarrollo mucho más elevada.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: La eliminación progresiva de los subsidios liberaría 1,1 billones de dólares anuales que podrían redirigirse a sanidad, educación y energías limpias.
  • Modelo que cambia: El actual sistema de ayudas al combustible fósil como respuesta a la crisis se revela insostenible; la única alternativa viable es acelerar la inversión en renovables.
  • Para las próximas generaciones: Cada año que se pospone la transición supone más deuda, más emisiones y menos margen para garantizar un planeta habitable a quienes heredarán las consecuencias de las decisiones de hoy.

La crisis interna del PP: los egos y los satélites de la derecha, el verdadero enemigo de Feijóo

Jaume Mónica
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La crisis interna del PP: los egos y los satélites de la derecha, el verdadero enemigo de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo no se enfrenta a una crisis ortodoxa en el Partido Popular. Lo que detecta Génova es un goteo de egos y satélites que, desde dentro y desde la periferia del centro-derecha, amenazan con desdibujar la alternativa de Gobierno. Fuentes de la cúpula popular consultadas por Moncloa.com describen un malestar sordo: no hay guerra ideológica, pero sí un exceso de protagonismos que obliga al presidente nacional a recolocar constantemente el discurso.

Un dirigente con peso orgánico lo resume así: «No es un problema de fondo; es un problema de protagonismo. Hay demasiada necesidad de dejarse ver, de demostrar quién marca el paso y quién representa la ortodoxia». La advertencia llega después de una intervención pública del expresidente José María Aznar que, a juicio de buena parte del partido, reabrió debates que la dirección prefería mantener cerrados.

En privado, una exministra que habitó el Consejo de Rajoy lo sentencia con crudeza: «Aznar sabe que no puede presentarse a hablar del centro o a dar lecciones de pactos. Su historia está ahí. Y no tenemos ninguna duda de que él buscaría un acercamiento a Junts, como lo hizo con CiU, si hoy estuviera al frente del partido». La cita no es inocente: recuerda que, pese a la autoridad del expresidente, su influencia sobre el electorado popular es hoy menor de lo que él mismo cree.

El síndrome del protagonismo: cuando marcar perfil resta

El diagnóstico interno no señala solo a Aznar. Varios cargos del Comité de Dirección advierten de que la fortaleza territorial del PP se convierte en debilidad cuando algunos presidentes autonómicos fijan posición por cuenta propia antes de que exista una estrategia compartida. «Ser una federación de presidentes autonómicos es una ventaja. Convertirse en una suma de estrategias individuales deja de serlo», resume un miembro del máximo órgano del partido.

Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía) o Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) son ejemplos de liderazgos autonómicos que, cuando empujan en la misma dirección, proyectan músculo electoral. El riesgo, apuntan en Génova, está en que la pulsión de marcar perfil propio termine alimentando el marco de Vox. «Hay veces que parece que algunos están más preocupados por demostrar que son más duros que Vox que por ampliar la mayoría que necesita el PP para gobernar», reflexiona un cuadro del partido.

Ese deslizamiento constante hacia el terreno de Santiago Abascal favorece, paradójicamente, al Gobierno de Sánchez. «Cuando compras permanentemente el marco del adversario, corres el riesgo de reforzarlo», insisten en la dirección nacional. El debate sobre la ley de Nietos o las polémicas identitarias, añaden, son el pasto preferido del PSOE para jugar el partido mientras Exteriores calla datos que desmentirían bulos sobre el voto exterior.

La unidad del PP no es un eslogan. Exige disciplina política, y quien siembra perfil propio cada día está dando argumentos a Vox y a Moncloa.

La sombra de Aznar y el ecosistema a la derecha del PP

Más allá de los liderazgos territoriales, en la cúpula popular existe una lectura compartida sobre el ecosistema político-mediático situado a la derecha del partido. Ciertos sectores, creen, intentan marcarle el paso a Feijóo con una agenda que responde más a los intereses de Vox que a los del PP. Y a ese juego se prestan, a veces sin pretenderlo, voces internas que buscan blindar su pureza ideológica.

Fuentes diplomáticas citadas en los mentideros del partido revelan un dato significativo: Exteriores dispone de información para desmentir las falsedades que circulan sobre la ampliación del voto en el exterior, pero prefiere no hacerlo porque la confusión beneficia al Gobierno. «Mientras nosotros debatimos sobre el DNI de los nietos de españoles, Sánchez respira», comentan con ironía.

En este contexto, la reflexión que empieza a repetirse entre los cuadros populares es cruda: «El principal riesgo en estos momentos es convertir la necesidad de marcar perfil en un obstáculo para ganar». No se trata de silenciar voces, sino de que todas empujen en la misma dirección cuando el adversario está en uno de sus momentos de mayor desgaste.

Feijóo egos

El Eje del Poder Popular

Observamos un fenómeno que trasciende las siglas del PP: el espacio del centro-derecha español arrastra una fragmentación crónica de sus líderes y referentes. Ya ocurrió en la etapa de Mariano Rajoy, cuando las voces autorizadas —desde expresidentes hasta barones— competían por fijar la línea. Sin embargo, ahora la diferencia es que Feijóo mantiene un respaldo interno superior al que tuvo Rajoy en sus peores momentos. La unidad brilla porque no hay guerras abiertas, pero el goteo de egos puede ser igual de corrosivo.

El pulso con Vox añade una capa de complejidad. A diferencia de lo que sucedía con Ciudadanos, el partido de Abascal se alimenta de las contradicciones del PP. Cada vez que un dirigente popular se desmarca para exhibir una dureza superior a la oficial, Vox capitaliza la confusión y el votante percibe dos mensajes. En las autonomías donde el PP gobierna con apoyo externo de Vox (Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón), ese equilibrio es aún más delicado, porque cualquier gesto de autonomía estratégica de un barón puede tensar la aritmética parlamentaria.

La lectura a medio plazo que hacen en Génova es clara: el Gobierno de Sánchez, desgastado por la gestión económica y los escándalos judiciales, ofrece una ventana de oportunidad que sería suicida desaprovechar por disputas estériles. Fuentes de la cúpula insisten en que el presidente nacional está dispuesto a mantener la disciplina, pero necesita que los presidentes autonómicos y los referentes históricos comprendan que proyectar estabilidad, solvencia y capacidad de gobierno es la única vía para llegar a Moncloa sin hipotecas.

El precedente histórico que debe inspirar a los populares, recuerdan los veteranos, es la mayoría absoluta de 2011: entonces Rajoy logró aglutinar a todo el centro-derecha bajo un discurso económico nítido, sin que las voces díscolas le robaran el relato. Ahora, la fragmentación del voto entre PP y Vox exige aún más pericia. Cada salida de tono de un satélite regala munición a Moncloa y alimenta la narrativa de que el PP no es un partido de gobierno sino un mosaico de ambiciones personales.

Nos consta que en las próximas semanas se intensificarán los contactos internos para alinear el mensaje de cara al nuevo curso político. La cumbre de presidentes autonómicos que Génova prevé para septiembre será un test decisivo. Si los once barones populares comparecen con un discurso homogéneo, la imagen de alternativa sólida se reforzará. Si, por el contrario, cada uno da su propia interpretación, el verdadero enemigo de Feijóo no estará en Moncloa: seguirá sentado en la mesa de al lado.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La unidad no es solo un eslogan; exige disciplina colectiva para no regalar argumentos a Vox ni a un Gobierno desgastado.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
  • Próximo hito: Cumbre de presidentes autonómicos del PP, prevista para septiembre de 2026, donde se medirá la cohesión del discurso territorial.

Mañueco planta cara al Gobierno y recurre el reparto obligatorio de 833 menores extranjeros

Jaume Mónica
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Mañueco planta cara al Gobierno y recurre el reparto obligatorio de 833 menores extranjeros

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta de Castilla y León ha anunciado este sábado que recurrirá el Real Decreto 556/2026, que asigna 833 plazas de acogida de menores extranjeros no acompañados a la comunidad.
  • ¿Quién está detrás? El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
  • ¿Qué impacto tiene? Plantea un nuevo pulso competencial entre una comunidad gobernada por el PP y el Gobierno central, y sienta las bases para que otros territorios populares puedan sumarse a la vía judicial.

Alfonso Fernández Mañueco planta cara al Gobierno de Sánchez con un recurso contundente. La Junta de Castilla y León ha anunciado este sábado que interpondrá un recurso contra el Real Decreto 556/2026, que eleva de 783 a 833 la capacidad de acogida de menores extranjeros no acompañados en la región. Una decisión que, a juicio del Ejecutivo autonómico, «vuelve a actuar de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades y sin respetar las competencias».

Desproporción y defensa competencial: las claves del recurso

El Gobierno regional ha expuesto con nitidez los números que sustentan su impugnación. Mientras la población de Castilla y León ha crecido apenas un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, la asignación de menores se incrementa un 6,38 %, pasando de 783 a 833. La Junta denuncia que la capacidad ordinaria del sistema se ha fijado atendiendo a «criterios políticos» y no a la capacidad real de acogida de cada territorio.

La acción legal, que se formalizará en los próximos días a través de los Servicios Jurídicos de la Administración autonómica, se impulsa desde la Consejería de Desregulación, Familia, y Ayudas Sociales. El objetivo declarado es defender las competencias de Castilla y León y garantizar un sistema de protección sostenible para los menores.

No se trata de una primera ofensiva. La Junta recuerda que el anterior real decreto, de 26 de agosto de 2025, que fijó la cifra en 783, ya fue impugnado. La reiteración del recurso refuerza la posición de Mañueco: el incremento de 50 plazas adicionales carece de justificación objetiva y ahonda la desproporción.

El movimiento de Castilla y León tensa la cuerda territorial y Génova mira de reojo

Castilla y León no es la única comunidad gobernada por el PP que ha mostrado malestar con el modelo de reparto. Andalucía, Galicia y la Región de Murcia también han manifestado en los últimos meses su oposición a cupos impuestos sin consenso previo. Sin embargo, Mañueco es el primer presidente autonómico que lleva la discrepancia a los tribunales.

La decisión se produce en un momento en que Génova 13 observa con atención cualquier gesto de defensa competencial por parte de sus barones. Sin pronunciamiento oficial de la cúpula nacional, fuentes del partido consultadas por Moncloa.com apuntan a que la dirección popular ve con buenos ojos la iniciativa, porque encaja en la estrategia de confrontación con el Gobierno sin desgastar la imagen institucional del PP a nivel nacional.

El Eje del Poder Popular

El recurso de Castilla y León trasciende la queja administrativa y se convierte en un movimiento táctico dentro del tablero popular. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de una comunidad clave para el PP en el noroeste, utiliza la vía judicial para marcar perfil propio y, al mismo tiempo, alimentar el discurso colectivo del partido sobre el exceso de imposición del Gobierno central.

La decisión refuerza la coherencia interna. Otros presidentes autonómicos —Moreno en Andalucía, Rueda en Galicia, López Miras en Murcia— comparten la crítica de fondo, aunque cada uno elige el ritmo de su respuesta. La Junta de Castilla y León, con este recurso, abre una brecha jurídica que podría servir de precedente para futuras impugnaciones en otros territorios populares. Génova, sin patrocinar abiertamente la acción, la contempla como una pieza más en la estrategia de desgaste del Ejecutivo de Sánchez.

Desde la perspectiva territorial, el impacto es directo: la asignación de 833 menores compromete la planificación de los servicios sociales y tensiona el presupuesto autonómico. Pero, sobre todo, pone en evidencia la falta de un pacto Estado-comunidades que el PP lleva meses reclamando. La lectura estratégica es clara: el partido utiliza sus feudos para demostrar que el modelo centralizado del Gobierno no funciona.

La asignación de 833 menores es, para la Junta, la constatación de que el Gobierno aplica criterios políticos y no técnicos a la hora de repartir la carga.

El precedente más cercano es el recurso andaluz contra la Ley de Vivienda, que evidenció la posibilidad de frenar normativas estatales desde las comunidades. Ahora, Castilla y León reedita la fórmula en materia de inmigración. El riesgo inmediato es que el recurso sea desestimado, pero el rédito político —mostrar firmeza frente a Moncloa— ya está asegurado.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Defensa de las competencias autonómicas frente a la imposición unilateral del Gobierno central.
  • Protagonista: Alfonso Fernández Mañueco (presidente de la Junta de Castilla y León).
  • Próximo hito: La interposición del recurso en los próximos días, y la posible reacción de Moncloa que podría avivar el conflicto territorial.
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