Málaga lidera las solicitudes de regularización extraordinaria de inmigrantes en Andalucía con casi 40.000 peticiones

Málaga se ha convertido en la provincia andaluza con más solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, con 39.899 peticiones registradas hasta el 30 de junio. La cifra supone casi una de cada cuatro de las 161.557 solicitudes presentadas en Andalucía y coloca a la provincia costasoleña como la sexta del país en volumen de trámites.

A nivel nacional, el proceso ha acumulado más de 1,17 millones de expedientes, aunque solo se han materializado 11.000 regularizaciones efectivas hasta la fecha. Andalucía, con el 14% del total estatal, ocupa el cuarto lugar por volumen de solicitudes, por detrás de Cataluña (257.602), Madrid (202.424) y la Comunidad Valenciana (167.286).

Málaga, líder autonómico y sexta provincia de España

Dentro de la comunidad autónoma, tras Málaga se sitúa Sevilla (33.690), Almería (32.638), Granada (16.629), Cádiz (11.641), Huelva (10.359), Córdoba (9.951) y Jaén (6.750). La diferencia entre el primer y el último escalón refleja el peso demográfico y económico de cada provincia: Málaga, con un tejido productivo basado en el turismo, la construcción y los servicios, concentra una de cada cuatro peticiones.

En la clasificación nacional, la provincia de Málaga se sitúa en sexta posición, por detrás de Madrid (202.424 solicitudes, el 17,23% del total), Barcelona (192.195, el 16,36%), Valencia (cerca de 75.000, el 6,36%), Alicante (73.245, el 6,23%) y Murcia (45.242, el 3,85%). La ubicación de Málaga en el ranking coincide con su posición por población entre las provincias españolas, lo que sugiere una demanda proporcional al peso demográfico.

El procedimiento, abierto el 16 de abril y cerrado el 30 de junio, ha estado dirigido a dos colectivos. Por un lado, los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025. Por otro, cualquier persona que a esa fecha llevara al menos cinco meses de residencia ininterrumpida en España, acreditada con documentos como el padrón o un contrato de alquiler. Se exigió también el certificado de antecedentes penales. La Administración dispone ahora de tres meses para resolver los expedientes, por lo que las primeras resoluciones se esperan antes de final de año.

Málaga no solo encabeza el ránking andaluz: sus 39.899 solicitudes la sitúan como la sexta provincia de España en un proceso que definirá el futuro laboral y social de la Costa del Sol.

El perfil del inmigrante: joven, colombiano o marroquí

Según datos del Ministerio de Inclusión, en Andalucía el origen mayoritario de los solicitantes es colombiano (23,8%), seguido del marroquí (20,3%) y el venezolano (8,6%). También destacan las comunidades senegalesa (7,7%), peruana (5,7%), paraguaya (5,6%), nicaragüense (4%), hondureña y argentina (ambas por encima del 3%) y argelina (2,1%). Un patrón que no difiere sustancialmente del nacional, donde Colombia (25,9%), Marruecos (13,3%) y Venezuela (11,8%) copan el podio.

Por sexo, el 58,2% son hombres y el 41,8% mujeres. En cuanto a la edad, casi un tercio (el 32,9%) tiene entre 25 y 34 años, el grupo más numeroso, seguido de quienes tienen entre 35 y 44 años (21,9%) y los jóvenes de 16 a 24 años (17,4%). Los menores de 15 años representan el 9,5%, mientras que los mayores de 45 suman algo más del 16%. Este perfil demográfico —joven, masculinizado y en edad de trabajar— anticipa el impacto que la regularización puede tener sobre el mercado laboral andaluz, especialmente en sectores con alta demanda de mano de obra.

Respecto al tipo de autorización, el 79,6% de las solicitudes en España corresponden al arraigo extraordinario (residencia superior a cinco meses), mientras que el 20,4% son de protección internacional. El proceso ha sido eminentemente telemático: el 83,2% de los trámites se cursaron por vía electrónica. En Málaga, se habilitaron 26 oficinas de Correos y dos sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la capital para la presentación física, con el apoyo de medio centenar de entidades sociales y sindicatos. El Ayuntamiento de Málaga tuvo un papel destacado: emitió 2.703 informes de vulnerabilidad y atendió positivamente 2.633 de ellos a través de sus doce centros de servicios sociales comunitarios.

La Lectura Andaluza

Más allá de las cifras, el proceso de regularización extraordinaria sitúa a Málaga y a Andalucía en el centro de la política migratoria. La provincia costasoleña no es solo un destino turístico de primer orden, sino también un polo de atracción para quienes buscan estabilidad y oportunidades laborales. La concentración de solicitudes en la franja de 25 a 34 años, precisamente la de mayor capacidad productiva, abre la puerta a una posible integración rápida en sectores como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico o la agricultura, que en los últimos años han tenido dificultades para cubrir vacantes.

No obstante, la regularización masiva también plantea retos para los servicios públicos que gestiona la Junta de Andalucía —sanidad, educación, dependencia— y para la cohesión en los barrios con mayor presión habitacional. En Málaga, donde el mercado de la vivienda ya sufre tensiones, la incorporación de miles de nuevos vecinos exigirá una respuesta coordinada entre administraciones. La experiencia de procesos anteriores de regularización muestra que la integración laboral es más rápida cuando existe un tejido económico sólido, como es el caso de la Costa del Sol, pero requiere políticas activas de acompañamiento.

El calendario que maneja el Ministerio de Inclusión —resolver en tres meses— supone que antes de que termine 2026 se sabrá cuántas de estas casi 40.000 solicitudes en Málaga se traducen en autorizaciones de residencia. Para los andaluces, la cifra no es menor: cada resolución positiva significa un nuevo vecino con derechos y deberes, y por tanto, un impacto directo en la convivencia y en la economía local. Andalucía vuelve a demostrar que es una tierra de acogida, y Málaga lidera ese camino.

Yolanda Díaz apuesta por la regulación de la IA en el trabajo: qué implica para la formación en competencias digitales y la FP

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presidió el 2 de julio en Avilés la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, un foro en el que 22 países instaron a regular los algoritmos y la inteligencia artificial para blindar los derechos laborales. El compromiso, recogido en la Declaración de Avilés, anticipa la necesidad de actualizar la Formación Profesional y los currículos de competencias digitales para preparar a los trabajadores ante la transformación del empleo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? La VI Conferencia Iberoamericana de Trabajo aprobó la Declaración de Avilés, que compromete a los países a regular la gestión algorítmica del trabajo y a profesionalizar el sector de los cuidados.
  • ¿Quién lo ha decidido? La vicepresidenta Yolanda Díaz, en su calidad de ministra de Trabajo, presidió el encuentro, en el que participaron delegaciones de los países iberoamericanos.
  • ¿A quién afecta? La decisión afecta directamente a los sistemas educativos, que deberán adaptar la FP y la formación en competencias digitales para garantizar que los trabajadores puedan operar en un entorno laboral donde la inteligencia artificial esté regulada.

La conferencia de Avilés: un consenso para gobernar la IA en el trabajo

La cita en el Centro Niemeyer de Avilés se cerró con la Declaración Ministerial de Avilés y el Compromiso Iberoamericano por la Economía Social y Solidaria (2026-2030). Ambos textos recogen la voluntad política de “garantizar la supervisión humana, la transparencia, la ética y el diálogo social en la gobernanza de los sistemas algorítmicos”, según destacó Díaz al término de la reunión, según la nota de prensa difundida por La Moncloa.

La mesa de trabajo sobre inteligencia artificial y gestión algorítmica subrayó que “la digitalización ya no es un fenómeno del futuro” y que la tecnología debe ser “una herramienta para ampliar derechos, no para restringirlos”. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de “apostar por su regulación y por un enfoque proactivo por parte de los poderes públicos”.

Qué implicaciones tiene para la FP y la formación en competencias digitales

El acuerdo internacional tiene consecuencias directas sobre la oferta educativa. La regulación de los algoritmos en el ámbito laboral exigirá perfiles profesionales capaces de diseñar, auditar y supervisar sistemas automatizados con criterios éticos y de transparencia. La Formación Profesional deberá actualizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para incluir módulos sobre gobernanza de datos, control de sesgos y protección de derechos fundamentales en entornos digitales.

En paralelo, la profesionalización de los cuidados —el otro eje de la conferencia— también demanda nuevos itinerarios formativos. La FP de la rama sociosanitaria podría reforzarse con competencias en gestión de servicios de cuidados, digitalización de procesos asistenciales y habilidades relacionales, aspectos que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) vinculó a la creación de empleo de calidad en la región.

La regulación de los algoritmos en el trabajo obligará a los sistemas educativos a incorporar materias sobre ética digital y control humano de la tecnología en los currículos de Formación Profesional.

El Marco Educativo

El diseño de los títulos de FP en España es competencia del Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, en coordinación con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, ya establece la integración de competencias digitales en todos los ciclos formativos, pero el compromiso adquirido en Avilés podría acelerar la revisión de los contenidos para alinearlos con los futuros marcos regulatorios sobre IA en el trabajo.

No existen por el momento anuncios concretos del Ministerio de Educación, aunque fuentes del ámbito laboral señalan que la negociación sobre la regulación algorítmica —liderada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social— debería trasladarse a la Comisión Sectorial de la Formación Profesional para definir las necesidades formativas. La Conferencia de Avilés marca, por tanto, un hito político que, sin haber generado efectos normativos inmediatos sobre la educación, sitúa la adaptación de la FP y de las competencias digitales en la agenda de las próximas reformas.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La Declaración de Avilés compromete a los países iberoamericanos a regular la gestión algorítmica del trabajo, lo que exigirá cambios en la Formación Profesional y en la formación en competencias digitales.
  • Por qué importa: La actualización de los currículos de FP es imprescindible para que los futuros profesionales puedan desempeñarse en un entorno laboral donde la inteligencia artificial esté sometida a supervisión humana y a criterios éticos y de transparencia.
  • A quién le importa: A los más de un millón de estudiantes de FP, al profesorado de las ramas tecnológica y sanitaria, y a las empresas que demandan talento con las nuevas competencias digitales que la regulación exigirá.

Prisión provisional sin fianza para el detenido por el presunto asesinato de su pareja en Mairena del Aljarafe

El juez de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla ha ordenado, este pasado lunes, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido como presunto autor de la muerte de una mujer de 44 años en Mairena del Aljarafe. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado oficial.

El auto judicial y la situación del detenido

El detenido, de 46 años, permanecía ingresado en un centro hospitalario a consecuencia de heridas por arma blanca que, según las primeras pesquisas, se habría autoinfligido. Una vez recibió el alta médica, el pasado lunes fue puesto a disposición judicial y, durante su comparecencia, se acogió a su derecho a no declarar.

Tras escuchar al investigado y a la fiscalía, el juez de la plaza número 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer decretó la prisión provisional sin fianza. La investigación, que sigue abierta, se centra en un presunto delito de asesinato.

Medidas penales y civiles impuestas por el juez

Como medidas cautelares, el juez ha impuesto al detenido la prohibición de comunicarse y de aproximarse a menos de 500 metros del hijo menor de edad de la pareja, para el caso de que pudiera obtener la libertad provisional o algún permiso penitenciario.

Además, ha acordado la suspensión de la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas y cualquier comunicación o estancia con el menor. La resolución busca proteger al hijo de la pareja mientras se desarrolla el procedimiento penal.

La decisión judicial abarca tanto la privación de libertad como medidas de protección para el hijo de la víctima.

Los hechos: indicios de violencia y hallazgo del presunto autor

Según informó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, los agentes que acudieron al domicilio el pasado fin de semana hallaron el cuerpo de la mujer con heridas compatibles con el uso de armas blancas. En el interior de la vivienda también se encontraba el varón, que presentaba cortes que, presuntamente, se habría hecho a sí mismo.

El TSJA ha confirmado que el hombre, nacido en el año 82, ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra ya en prisión. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo lo ocurrido.

España supera los 22,4 millones de ocupados: el récord de afiliación impulsa la inserción laboral de titulados y FP

España ha alcanzado un nuevo récord histórico de afiliación a la Seguridad Social en junio de 2026, con 22.466.339 ocupados, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este crecimiento, que supone un aumento interanual del 2,8%, refuerza las perspectivas de inserción laboral de los titulados universitarios y de Formación Profesional.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha cambiado? La Seguridad Social ha registrado un máximo de 22,46 millones de afiliados en junio, con 128.533 más que en mayo y 605.244 más que un año antes.
  • ¿Quién lo ha decidido? No es una decisión, sino la constatación de un dato estadístico oficial difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
  • ¿A quién afecta? A todos los trabajadores, pero en especial a los menores de 30 años, cuyo empleo crece un 34,2% desde 2018, y a los recién titulados, que se incorporan a un mercado laboral en plena expansión.

El mercado laboral bate récords en la primera mitad de 2026

Los datos de afiliación correspondientes al mes de junio confirman que la economía española sigue creando empleo a un ritmo superior al de sus principales socios europeos. En los primeros seis meses del año, se han sumado 621.925 afiliados, y la variación interanual se sitúa en el 2,8%, la más alta desde mayo de 2023.

El dinamismo del mercado de trabajo español se refleja también en la comparativa internacional: España ha generado el 54,5% de todo el empleo de la Unión Europea en el primer trimestre de 2026. Desde 2018, el número de ocupados ha aumentado un 13,8%, frente al 6,6% de Francia, el 4,7% de Italia, el 2,1% de Alemania y la media comunitaria del 5,2%, según los mismos registros oficiales.

“España prolonga el intenso dinamismo de su mercado laboral, que se comporta de manera más favorable que el de las principales economías europeas”, ha declarado la ministra de Inclusión, Elma Saiz. Además, se ha consolidado un cambio estructural en la contratación: la proporción de trabajadores temporales ha caído del 31,5% en junio de 2018 al 12,3% actual, lo que supone más empleo estable y de calidad.

La mejora del empleo juvenil impulsa la inserción de titulados

Uno de los datos que más benefician la empleabilidad de los egresados de la universidad y la FP es el fuerte crecimiento de la ocupación entre los más jóvenes. El número de afiliados menores de 30 años alcanza los 3.718.547 trabajadores, lo que supone un incremento del 34,2% con respecto a 2018, según la estadística de afiliación.

Además, la tasa de temporalidad entre los menores de 30 años ha pasado del 51,1% en junio de 2021 al 20,6% actual, lo que indica una mejora en las condiciones de acceso al mercado laboral. Aunque el informe no desglosa por nivel educativo, el comportamiento del empleo juvenil anticipa una creciente capacidad de absorción de los recién titulados.

Esta evolución es consistente con el crecimiento de actividades intensivas en conocimiento, como las telecomunicaciones y la consultoría informática, donde el número de autónomos ha avanzado más del 12% en el último año, según los mismos datos.

El número de jovenes ocupados ha crecido un 34,2% desde 2018, superando con creces la media de creación de empleo, y la tasa de temporalidad entre los trabajadores menores de 30 años se ha reducido a la mitad desde 2021.

El Marco Educativo

La conexión entre formación y empleo está en el centro de las políticas educativas desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y la reciente reforma de la Formación Profesional. El sistema educativo español persigue una mayor vinculación con el tejido productivo, con figuras como la FP dual o las prácticas curriculares universitarias, con el objetivo de mejorar la inserción de los titulados.

En este contexto, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte y las comunidades autónomas han impulsado programas para incrementar la empleabilidad de los jóvenes, y los datos de afiliación sugieren que el esfuerzo comienza a dar frutos. Según los registros de la Seguridad Social, los jóvenes de 30 años y menos representan ya casi 3,7 millones de ocupados, una cifra que supera con creces los niveles previos a la pandemia.

No obstante, persisten retos: el crecimiento de la ocupación entre el colectivo de más de 55 años (52,2% desde 2018) y la necesidad de seguir reduciendo la temporalidad en sectores con alta presencia de titulados exigen un seguimiento continuo. Las políticas de educación y empleo deberán afinar sus instrumentos para garantizar que la formación se traduzca en empleos estables y de calidad para todos los niveles de cualificación.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La Seguridad Social alcanza los 22,46 millones de afiliados en junio de 2026, un récord histórico que consolida la senda de crecimiento del empleo en España.
  • Por qué importa: El fuerte aumento del empleo juvenil (+34,2% desde 2018) y la drástica reducción de la temporalidad mejoran las perspectivas de inserción de los titulados universitarios y de FP.
  • A quién le importa: A los estudiantes y recién titulados, a las instituciones educativas y a los responsables públicos, que ven en estos datos una validación parcial de las reformas que vinculan formación y mercado laboral.

Madrid da luz verde definitiva a Operación Campamento: 10.700 viviendas, 65% protegidas

Ayer, el Ayuntamiento de Madrid dio la luz verde definitiva a uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del suroeste: Operación Campamento. La Junta de Gobierno aprobó el plan de urbanización que permitirá levantar 10.700 viviendas en el distrito de Latina, de las cuales el 65% tendrá algún tipo de protección pública. Con una inversión superior a los 383 millones de euros, el desarrollo se ejecutará en en tres fases a lo largo de los próximos años, una vez que el soterramiento de la A-5 esté resuelto.

La Operación Campamento sale del cajón tras décadas de espera

El ámbito de Campamento, unos antiguos terrenos militares de 2,1 millones de metros cuadrados situados entre los barrios de Campamento y Las Águilas, llevaba bloqueado más de veinte años. La aprobación definitiva despeja el camino legal para que el suelo pase de cuarteles y descampados a un nuevo barrio, vertebrado por el paseo de Extremadura y conectado con los municipios de Pozuelo y Alcorcón.

La urbanización se ha dividido en tres fases funcionalmente independientes. Las dos primeras, situadas al sur del ámbito, podrán arrancar en cuanto el proyecto constructivo esté listo. La tercera, que abarca los terrenos al norte de la A-5 y a ambos lados de la autovía, queda supeditada a la redacción y ejecución del soterramiento de la misma, una obra que todavía carece de calendario cerrado.

Qué gana el suroeste: vivienda barata, parques y comercio

De las 10.700 viviendas previstas, alrededor de 3.800 serán Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y otras 1.100 se destinarán al alquiler protegido, según detalló la portavoz municipal Inma Sanz. Las 3.700 restantes serán de promoción libre. En conjunto, el proyecto supondrá la mayor inyección de vivienda protegida en un solo desarrollo desde hace décadas.

Más allá del ladrillo, el plan reserva una superficie notable para zonas verdes. Se crearán 22 espacios arbolados, entre ellos el pinar del Centro Deportivo Militar La Dehesa y un gran parque junto al arroyo Valchico. La previsión es plantar 8.000 nuevos árboles, lo que da un perfil ambiental a una zona históricamente dura, marcada por el tráfico de la A-5 y las instalaciones militares. También se habilitan más de 93.000 metros cuadrados para uso comercial y 59.000 para oficinas, además de equipamientos sociales y viarios.

Con 7.000 viviendas protegidas, Operación Campamento se convierte en la mayor bolsa de vivienda pública de la capital desde los grandes desarrollos de la burbuja inmobiliaria.

El soterramiento de la A-5, la gran incógnita para los plazos

El principal freno a la ejecución completa del proyecto es el soterramiento de la A-5. Sin esa obra, la fase 3 —la que conecta la zona norte y une los dos lados del barrio— queda en suspenso. El Ayuntamiento asegura que la redacción del proyecto está en marcha, pero no ha fijado fechas para el inicio de los trabajos. Esta dependencia recuerda a otros grandes desarrollos de la capital, como Madrid Nuevo Norte, donde las infraestructuras ferroviarias condicionaron el cronograma durante años.

Para los vecinos de Latina, la noticia es agridulce. El plan urbanístico ya está aprobado, pero entre el papeleo administrativo y la obra civil, las primeras grúas no serán visibles hasta dentro de, al menos, dos o tres años. Y eso si el soterramiento no se convierte en un cuello de botella. El plan y la financiación pública se ha asegurado, pero el ritmo de ejecución dependerá de la coordinación entre administraciones y de la capacidad del mercado para absorber la oferta residencial prevista.

En cualquier caso, esta aprobación supone un hito. Latina, uno de los distritos con mayor presión de demanda de vivienda asequible, ve por fin desbloqueado un proyecto que puede cambiar la fisonomía de su extremo suroeste. Eso sí, habrá que armarse de paciencia.

Lagarde abre la puerta a su salida del BCE si la inflación cede y Francia la reclama

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha reconocido en una entrevista con Les Echos que podría abandonar el cargo antes del fin de su mandato en octubre de 2027 si la inflación está controlada y Francia necesita una voz europea en el debate presidencial.
  • ¿Quién está detrás? La propia Lagarde supedita un eventual adiós anticipado a que la estabilidad de precios esté garantizada y a que la campaña para el Elíseo requiera un discurso proeuropeo. Sus palabras agitan los mercados tras meses de especulaciones y en un contexto geopolítico más despejado por la paz con Irán.
  • ¿Qué impacto tiene? El euro cae frente al dólar y las primas de riesgo se tensionan. La hipótesis de una salida adelantada reabre la carrera por la sucesión al frente del BCE, con el vicepresidente español Luis de Guindos como candidato natural.

Christine Lagarde ha abierto la puerta a dejar el Banco Central Europeo antes de que expire su mandato. La presidenta del BCE, cuyo plazo concluye el 31 de octubre de 2027, ha admitido este viernes en Les Echos que una salida prematura “es posible” si se cumplen dos condiciones: que la estabilidad de precios esté bajo control y que Francia necesite una voz europea en la campaña para las elecciones presidenciales de la primavera de 2027.

Las dos condiciones de Lagarde: inflación bajo control y un Elíseo europeísta

En la entrevista, la presidenta del BCE insiste en que su deber es “permanecer a bordo” mientras la incertidumbre macroeconómica persista. “El capitán del barco del BCE debe garantizar la estabilidad de precios”, subraya con un lenguaje marítimo que ya ha empleado en otras crisis. Sin embargo, matiza: si la inflación –que hoy ronda el 2,5%– se encamina de forma fiable hacia el objetivo del 2% y el entorno geopolítico se despeja, podría plantearse ceder el testigo antes de tiempo.

La otra condición, y la que más ha inquietado a los mercados financieros, es política. Lagarde, exministra francesa, considera que “es necesario que se escuche una voz europea en el debate presidencial francés”. La mandataria añade que “si este debate revelara una visión más limitada del lugar de Francia en Europa, considero necesario explicar por qué ese sería un camino doloroso para nuestro país”. La presidenta condiciona su posible salida a dos factores la estabilidad de precios y la llamada de Francia.

Las declaraciones llegan en un momento en que las presiones inflacionarias derivadas de la guerra de Estados Unidos contra Irán se disipan tras el acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz. Ya en enero, el Financial Times había informado de que Lagarde sopesaba un abandono anticipado para facilitar la designación de su sucesor antes de un eventual cambio de gobierno en París. Aquellas especulaciones se apagaron con el recrudecimiento del conflicto. Ahora, con un horizonte más estable, las palabras de la presidente reavivan un escenario que el mercado descartaba hasta hoy.

El espejo de Draghi: cuando la política nacional llama a Fráncfort

Banco Central Europeo

Un presidente del BCE que deja el cargo antes del fin de su mandato para participar en política nacional no tiene precedentes. La institución siempre ha celado su independencia, y las salidas anticipadas se han limitado a jubilaciones. Sin embargo, el antecedente de Mario Draghi –que tras presidir el BCE regresó a Roma para liderar el gobierno italiano– demuestra que el prestigio forjado en Fráncfort puede ser el trampolín hacia el servicio doméstico. La diferencia es que Lagarde estaría dispuesta a recortar su período estatutario para hacerlo.

Los mercados han reaccionado con ventas en el euro, que ha caído hasta los 1,07 dólares por unidad, y un repunte momentáneo de las rentabilidades de la deuda periférica. La lógica es simple: la salida de Lagarde inyecta incertidumbre sobre la dirección de la política monetaria justo cuando el BCE está revisando su estrategia de tipos y aún no ha declarado victoria frente a la inflación.

Lagarde nunca abandonará el barco si la inflación no está amarrada; pero si las urnas francesas exigen un ancla europea, la capitana podría soltar amarras antes de lo previsto.

Para el Gobierno español, la posibilidad de colocar a Luis de Guindos en la presidencia del BCE es un objetivo estratégico que La Moncloa viene persiguiendo discretamente desde que el exministro fue nombrado vicepresidente en 2018. Un español en Fráncfort reforzaría la influencia de España en la gobernanza del euro y podría suavizar las futuras discusiones sobre reglas fiscales o el tratamiento de la deuda pública. Sin embargo, fuentes comunitarias recuerdan que la elección del presidente del BCE requiere una mayoría cualificada en el Consejo Europeo, y que el perfil de De Guindos –que encarna la ortodoxia de los años posteriores a la Gran Recesión– puede no entusiasmar a los sectores más progresistas del propio ejecutivo español.

El Eje del Poder Europeo

La hipotética marcha de Lagarde reactiva el pulso entre los grandes Estados por controlar la política monetaria de la Eurozona. Francia pierde a su presidenta y ganaría una candidata a la presidencia, mientras que Berlín, que tradicionalmente ha preferido un BCE ortodoxo y “halcón”, observaría con recelo una sucesión en la que el vicepresidente español Luis de Guindos aparece como el aspirante más colocado. De Guindos, exministro de Economía con el PP, acumula el perfil técnico y la experiencia en el comité ejecutivo, pero su nacionalidad sureña podría generar resistencias en el norte.

Para España, el ascenso de un compatriota a la cúpula del BCE tendría un valor simbólico y práctico elevado. Por primera vez, un español dirigiría la máxima autoridad monetaria, un cargo que otorga voz en cada crisis de deuda y que, históricamente, ha defendido políticas más acomodaticias cuando el liderazgo procedía del sur (como Draghi). No obstante, la proximidad del propio De Guindos a principios de disciplina fiscal heredados de su paso por el gobierno de Rajoy matiza el perfil expansivo que a menudo se atribuye a un banquero central español.

El precedente de la crisis de deuda de 2011-2012, cuando la política italiana puso en jaque al euro, demuestra cómo la inestabilidad doméstica de un gran país puede contagiar a toda la moneda única. Por eso, el anuncio de Lagarde no es solo un asunto francés: es un recordatorio de que la arquitectura institucional europea sigue vulnerable al calendario electoral de sus miembros. Mientras tanto, el euro seguirá cotizando la incertidumbre.

El acuerdo PP-Vox en Andalucía elimina las clases de árabe en casi 100 centros educativos

Vox ha logrado que el nuevo Gobierno andaluz de coalición con el Partido Popular no renueve el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una decisión que eliminará estas clases complementarias en más de 90 centros educativos públicos, con un impacto especialmente intenso en la provincia de Almería.

El argumentario de Vox: frenar la injerencia extranjera y preservar la identidad

La exigencia de Vox, plasmada en el pacto suscrito por el presidente Juanma Moreno y el líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, se enmarca en una estrategia más amplia contra lo que la formación considera injerencias de países extranjeros en la educación española. El texto del acuerdo recoge expresamente el compromiso de retirar la adhesión de la Junta al programa nacional que da cobertura a estas enseñanzas y añade que el Ejecutivo autonómico impulsará «el respeto a los usos y costumbres de España» y rechazará cualquier iniciativa que pueda interpretarse como adoctrinamiento, injerencia o intento de diluir la identidad propia.

Para la dirección de Vox, el PLACM —con profesores designados por las autoridades marroquíes— suponía una vía de influencia exterior y un paso hacia lo que denuncian como «islamización» de la comunidad. Es un discurso que Santiago Abascal ha mantenido desde la llegada del partido al Parlamento andaluz y que ahora se traduce en una medida concreta de gobierno.

Impacto en las aulas: casi un centenar de centros y Almería como epicentro

Según los datos del Ministerio de Educación, Andalucía cuenta con más de 90 colegios e institutos adheridos al PLACM, de los cuales 38 se encuentran en Almería, lo que representa cerca del 40 % del total. La concentración es especialmente alta en municipios con una fuerte presencia de familias de origen magrebí como El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Vícar, La Mojonera o Huércal-Overa.

Las clases se imparten fuera del horario lectivo y son voluntarias, pero la decisión de la Junta de no renovar la adhesión al convenio bilateral entre España y Marruecos supondrá su desaparición completa del sistema educativo andaluz. Para que la supresión sea efectiva, el nuevo Ejecutivo deberá formalizar el fin de su participación en el programa estatal, un trámite administrativo que se ha comprometido a culminar en los próximos meses.

El impacto será inmediato, sobre todo en la provincia de Almería, donde decenas de centros organizaban estas enseñanzas como parte de su oferta complementaria tras la jornada escolar. La ruptura del convenio, además, impedirá que las autoridades marroquíes sigan designando al profesorado, un aspecto que Vox considera clave para frenar lo que ve como un intento de control exterior sobre el alumnado de origen magrebí.

La supresión del PLACM no es solo un gesto político: obliga a la Junta de Andalucía a romper con un convenio bilateral que Vox denuncia como un instrumento de influencia exterior.

La estrategia de Vox: marcar perfil y condicionar al PP

La inclusión de esta cláusula en el pacto de investidura no es un detalle menor. Vox demuestra que ha logrado imponer parte de su agenda identitaria en un Gobierno autonómico liderado por el PP, obligando a los populares a adoptar una postura más restrictiva en materia de inmigración y educación que la que mantienen en el discurso nacional. La eliminación del PLACM sirve como primer gran gesto de la coalición y envía un mensaje claro hacia el resto de España: Vox está dispuesto a utilizar su poder territorial para enfrentar lo que considera una islamización progresiva.

La medida tiene una lectura interna para el PP: Juanma Moreno asume una decisión que en Moncloa o Génova podrían ver con recelo, pero que responde a la realidad de una comunidad con una elevada inmigración magrebí y un caldo de cultivo para el discurso de Vox. A cambio, el partido de Abascal refuerza su papel de socio exigente y se sitúa en una posición de fuerza para futuras negociaciones presupuestarias o legislativas en la comunidad.

Más allá de lo simbólico, el movimiento coloca a Vox como el garante de que el Gobierno andaluz cumpla con lo pactado, evitando que el PP diluya el acuerdo en el terreno educativo. De cara a próximas elecciones, el partido podrá presentar esta decisión como una conquista tangible de su agenda, especialmente en provincias como Almería donde el discurso sobre inmigración y seguridad cultural tiene un arraigo electoral propio.

Lituania acuerda eliminar la prohibición constitucional de armas nucleares para reforzar la disuasión de la OTAN

Lituania ha dado un paso que hace apenas un lustro hubiera sonado a ficción atómica. Los principales partidos políticos del país báltico han alcanzado un acuerdo para eliminar la prohibición constitucional que durante más de tres décadas impedía el estacionamiento de armas nucleares y la presencia de bases militares extranjeras en su territorio. El presidente Gitanas Nauseda lo ha justificado con una frase que resume el nuevo tiempo estratégico: “La situación geopolítica está empeorando”.

La medida, que aún debe superar dos votaciones parlamentarias con mayoría de dos tercios, desmonta un tabú constitucional heredado de la ruptura con la Unión Soviética en 1991. Aquella cláusula fue concebida como un seguro de desnuclearización en un país que entonces buscaba su lugar entre Rusia y Occidente. Hoy, con las divisiones acorazadas rusas desplegadas en Ucrania y un exclave militarizado en Kaliningrado a escasos kilómetros, la prioridad es otra.

El acuerdo entre partidos, anunciado este jueves tras una reunión de los líderes parlamentarios con Nauseda, permite al Gobierno impulsar una reforma legal de gran calado. El presidente del Parlamento, Juozas Olekas, calcula que las enmiendas podrían estar aprobadas antes de que termine 2026. De salir adelante, Lituania se sumaría a la senda que abrió Finlandia hace cuatro meses, cuando Helsinki anunció la derogación de una prohibición similar heredada de la Guerra Fría.

“Existe un consenso amplio en que esa restricción ya no se corresponde con la situación geopolítica actual, en la que las armas nucleares de los Aliados son un elemento esencial de la disuasión”, explica Linas Kojala, director del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad de Vilna. A su juicio, la prohibición lituana era probablemente la más estricta entre todos los aliados de la OTAN y fue promulgada antes incluso de que el país ingresara en la Alianza.

El presidente Nauseda se ha apresurado a aclarar que no existen planes inmediatos para almacenar cabezas nucleares en territorio lituano. Sin embargo, subrayó que eliminar el artículo constitucional permitirá al país “actuar” si las condiciones de seguridad se deterioran aún más. Lituania, añadió, seguirá siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear.

La retirada de la prohibición constitucional no despliega ojivas, pero crea el espacio legal para que la OTAN pueda hacerlo si la seguridad del Báltico así lo exige.

El efecto Finlandia y la nueva arquitectura del flanco este

La decisión lituana no es un hecho aislado. Finlandia, que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, anunció en marzo su intención de derogar una prohibición nuclear que databa de 1947. Aquel movimiento llegó apenas un año después de que Helsinki abandonara décadas de neutralidad para ingresar en la OTAN. Ahora, con Lituania siguiendo sus pasos, el arco que va del Ártico al Báltico se está convirtiendo en un laboratorio de disuasión extendida.

Vilna ya ha triplicado su gasto en defensa desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 y está construyendo la infraestructura para acoger de forma permanente la brigada alemana que se desplegará en 2027. El objetivo es disuadir cualquier tentación rusa de abrir un frente en los países bálticos, una hipótesis que los servicios de inteligencia occidentales no descartan si Moscú consolida sus ganancias en el Donbás.

Equilibrio de Poder

El fin de la prohibición constitucional lituana tensa el hilo de la disuasión nuclear en Europa sin mover un solo misil. Para Washington y la OTAN, se trata de una señal política que ensancha el paraguas de protección sobre los aliados orientales. Para el Kremlin, será un argumento más para denunciar la expansión ofensiva de la Alianza, aunque los analistas militares rusos saben que Vilna no albergará cabezas nucleares en el corto plazo.

En el tablero español, el movimiento lituano sitúa al Gobierno ante una contradicción evidente. Moncloa ha defendido históricamente el desarme nuclear y rechaza la participación en el esquema de nuclear sharing de la OTAN —a diferencia de Alemania, Italia, Bélgica o Países Bajos—, pero al mismo tiempo se apoya en la disuasión que ese mismo paraguas proporciona a las bases de Rota y Morón. La ausencia de armamento nuclear en territorio español no evita que sea clave en la logística de apoyo a las fuerzas de disuasión.

La lectura a diez años dibuja una OTAN donde la compartimentación nuclear se vuelve difusa. Si Finlandia y Lituania eliminan sus vetos, otros socios del flanco este podrían seguir la misma senda en la próxima década. No se trata de un despliegue inminente, sino de una arquitectura jurídica preparada para un escenario en el que la extended deterrence estadounidense necesite apoyos más visibles en el terreno. Una hipótesis que, por ahora, solo existe en los cajones de los planificadores.

El próximo hito será la primera votación parlamentaria en Vilna. Si las enmiendas superan el trámite antes de fin de año, el mensaje al Kremlin será inequívoco: la línea roja del Báltico se ha pintado con un barniz atómico que nadie quiere ver en primera línea, pero que ya todos contemplan en los mapas de escenarios.

Cortes tráfico Orgullo Madrid: ocho zonas a evitar en coche

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Conductores que circulen por la almendra central y usuarios de la EMT que dependan de líneas con paso por Gran Vía, Chueca, Colón o Sol.
  • ¿Cuándo ocurre? Desde el viernes 3 de julio a las 8:00 hasta el domingo 5 de julio a las 00:30. El sábado 4 es el día con mayores restricciones.
  • ¿Qué cambia hoy? El Ayuntamiento corta el tráfico en las calles más céntricas de forma progresiva; la recomendación oficial es no usar el coche y optar por Metro o autobuses alternativos.

Madrid blinda su centro para los días grandes del Orgullo 2026. El Ayuntamiento activa desde primera hora de este viernes un plan de movilidad que restringe el tráfico en ocho puntos clave y recomienda olvidarse del coche durante todo el fin de semana. Solo el transporte público garantiza la llegada sin sobresaltos a las zonas de conciertos y desfiles.

El mapa de los cortes: qué calles evitar desde esta tarde

Los cortes arrancan este viernes 3 con el eje Gran Vía–Princesa limitado desde las 8:00 hasta las 16:00, aunque se permitirán vehículos autorizados, como los de residentes y servicios de emergencia.

A partir de las 17:00, se suman la plaza de Colón y el tramo de la calle Goya entre Colón y Serrano por el montaje de la manifestación del sábado, y estas restricciones se mantendrán hasta el mediodía del domingo. La calle Goya se convierte así en un punto negro para los que pretendan cruzar de Salamanca a Centro.

En Chueca, el corazón del Orgullo, desde las 17:30 hasta las 3:30 de la madrugada se cortan calles como Pelayo, Gravina, Augusto Figueroa, San Marcos, Reina, Clavel, Infantas, Barquillo y Colmenares. El barrio de Justicia, con sus calles estrechas, se peatonaliza de facto. Además, por la tarde y noche, Gran Vía, Puerta del Sol, plaza de España, y el propio barrio de Chueca pueden sufrir nuevos cortes si la afluencia de público lo exige.

El sábado 4, la gran manifestación estatal que parte de la glorieta de Carlos V a las 19:00 obliga a cortar progresivamente desde las 16:00 el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón. Ese día, la restricción del eje Gran Vía–Princesa se repite entre las 8:00 y las 16:00, y de nuevo Chueca queda cerrada de 17:30 a 3:30. El atasco está garantizado en todo el perímetro del Retiro.

Con la manifestación del sábado, el centro será territorio exclusivo para peatones y Metro; cualquier intento de circular en coche se topará con un laberinto de desvíos.

Metro y autobuses: cómo moverse sin el coche

El Metro se convierte en el medio más fiable. No obstante, algunas estaciones (Chueca, Gran Vía, Sol, Plaza de España y Colón) podrían cerrar accesos o incluso la estación completa por control de aforo. El Ayuntamiento insiste en que, si se producen, serán cierres temporales y por seguridad.

La EMT será la gran damnificada. Decenas de líneas de autobús modificarán sus recorridos: algunas se limitarán antes de llegar al centro y otras se desviarán mientras duren los cortes. Líneas tan céntricas como la 1, la 2, la 74 o la 146 verán sus trayectos acortados o desviados. Las peores afecciones se esperan el viernes por la tarde y noche, y el sábado desde primera hora de la tarde hasta la madrugada. Para informarse en tiempo real, la EMT recomienda consultar su app oficial o los paneles de las paradas, que se actualizan con los desvíos activos.

Un plan que no es nuevo, pero que vuelve a tensar la movilidad madrileña

No es la primera vez que el Orgullo paraliza el corazón de Madrid. En 2025, el dispositivo fue similar, pero este año la manifestación del sábado parte de la glorieta de Carlos V, lo que obliga a cortar el paseo del Prado y Recoletos, dos arterias con muchísimo tráfico en fin de semana. La coincidencia con el inicio del verano y el turismo añade presión adicional.

En otras grandes ciudades, como Barcelona durante las Festes de Gràcia o la Mercè, los cortes se limitan a barrios muy concretos y no al centro financiero. Madrid, al concentrar el Orgullo en el eje Gran Vía–Colón, obliga a los conductores a dar rodeos de varios kilómetros. Hemos consultado con el Ayuntamiento y, aunque el plan de movilidad está consolidado, no hay una solución mágica: o se usa el transporte público o se asumen desvíos que pueden alargar el trayecto más de media hora.

El dispositivo, en todo caso, parece pensado para priorizar la movilidad peatonal y la seguridad, aunque deja a los vecinos de los barrios afectados con un acceso complicado. La recomendación oficial es clara: si se vive en el centro, mejor moverse a pie o en Metro estos días.

Apple negocia los chips chinos: CXMT y YMTC, los nuevos proveedores para sortear la escasez

Apple ha subido los precios de sus Mac y iPads por la escasez global de semiconductores. Ahora, la compañía de la manzana negocia con dos fabricantes chinos –CXMT y YMTC– para abaratar sus chips de memoria, una jugada que pone a prueba las tensas relaciones sinoamericanas y la paciencia de la administración Trump.

Claves de la operación

  • Ahorro en la factura de componentes: Apple busca reducir el coste de las memorias DRAM y NAND, cuyos precios se han disparado un 40% interanual, para recuperar margen en sus dispositivos de consumo.
  • Luz verde política necesaria, aunque no obligatoria: Aunque no requiere aprobación expresa, la Casa Blanca tiene capacidad de bloquear la operación si considera que compromete la seguridad nacional. Tim Cook ya ha hablado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
  • Un intento similar fracasó en 2022: Apple ya tanteó a YMTC hace cuatro años, pero el Congreso estadounidense frenó la iniciativa por los vínculos de la firma con el Ejército chino. Ahora, el contexto es aún más beligerante.

El fenómeno de la memoria: precios disparados y la caza de alternativas

La voracidad de los centros de datos para inteligencia artificial ha desviado la producción de semiconductores hacia chips de alto ancho de banda (HBM). Esta prioridad ha dejado a los fabricantes de electrónica de consumo con una oferta menguante y precios al alza. Samsung, SK hynix y Micron han redirigido sus líneas, y el mercado de memorias para smartphones y portátiles sufre las consecuencias.

El impacto ya se siente en los lineales. Apple subió en mayo pasado los precios de sus iPad Pro y MacBook Air en varios mercados, incluido España, donde el MacBook Air de 15 pulgadas cuesta ahora 150 euros más que hace un año. La firma de Cupertino necesita urgentemente una fuente de suministro más barata para no seguir erosionando unas ventas que, según los últimos resultados trimestrales, ya mostraban signos de debilidad.

Ahí es donde entran en juego ChangXin Memory Technologies (CXMT) y Yangtze Memory Technologies (YMTC). Ambas producen chips de memoria a escala industrial y a precios inferiores a los de sus rivales coreanos, pero cargan con el sambenito de figurar en la lista 1260H del Pentágono, que señala a empresas chinas con presuntos vínculos militares. YMTC, además, está en la lista negra del Departamento de Comercio, lo que impide a cualquier compañía estadounidense venderle tecnología sin una licencia especial.

A pesar de estas rémoras regulatorias, Apple ve en ellas una oportunidad para reducir su factura de componentes. El plan pasa por desviar esos chips exclusivamente a los iPhone y Mac que se venden en China, liberando así los suministros de Samsung y SK hynix para el resto del mundo del mundo. Una jugada que, sobre el papel, minimiza el riesgo de que los semiconductores chinos acaben en dispositivos del mercado estadounidense.

La memoria china es más barata, pero su precio geopolítico podría resultar demasiado elevado para una compañía que no quiere perder ni el mercado estadounidense ni el chino.

El baile con Washington: un espejo de las tensiones sinoamericanas

Aunque en teoría Apple no necesita permiso del Gobierno para cerrar el acuerdo, la coyuntura política convierte el visto bueno de la administración Trump en un salvoconducto indispensable. La Casa Blanca puede presionar a través de mecanismos indirectos, como la inclusión de CXMT en la lista de entidades del Departamento de Comercio, un paso que bloquearía la operación de facto. Algunos miembros del gabinete ya han mostrado su oposición, según fuentes de Bloomberg, y el debate interno está lejos de cerrarse.

Tim Cook ha intentado allanar el camino reuniéndose con Scott Bessent, el secretario del Tesoro, a quien ha presentado la propuesta como un simple ajuste de cadena de suministro sin implicaciones de seguridad. Pero la realidad es más compleja: YMTC y CXMT están vinculadas al estamento militar chino, y cualquier compra significativa de Apple podría interpretarse como una concesión a Pekín en un momento de rivalidad tecnológica exacerbada. En 2022, una iniciativa similar con YMTC naufragó tras una oleada de críticas del Congreso; ahora, con las listas de sanciones ampliadas, el clima es aún menos favorable.

¿Puede Apple ganar esta partida geopolítica?

En el mercado español, Apple ha construido una base de clientes fieles pero también muy sensibles al precio. La compañía desembarcó en España en 2010 con la Apple Store de Puerta del Sol, y desde entonces ha logrado que sus dispositivos premium sean aspiracionales, aunque cada subida de tarifas provoca roces. Si el acuerdo con CXMT y YMTC fracasa, el encarecimiento de los componentes se trasladará inevitablemente a los consumidores, castigando un canal de ventas que ya nota el frenazo del gasto tecnológico en Europa.

Desde el punto de vista financiero, la jugada tiene sentido: los analistas calculan que los chips chinos podrían reducir el coste de la memoria en un 20%, lo que devolvería margen a una división de hardware que lleva tres trimestres cediendo terreno a los servicios. Sin embargo, el riesgo reputacional y político es inmenso. Donald Trump ha hecho de la confrontación con China un eje de su política exterior, y permitir que una empresa icono estadounidense se abastezca de tecnología de empresas sancionadas por el Pentágono sería un regalo para sus críticos.

Estamos, por tanto, ante un callejón con salida incierta. Si Apple quiere sortear la escasez sin enfadar a Washington, tendrá que demostrar que el flujo de chips chinos está herméticamente sellado para el mercado local. La misma semana que conocemos estas conversaciones, los inversores esperan los resultados trimestrales de Apple del tercer trimestre fiscal, que se presentarán a finales de julio. La presión es doble: contener los costes y mantener la paz en el Capitolio. Y en esta partida, aún no hay cartas ganadoras.

El rearme nuclear Reino Unido se refuerza con 84.000 millones de dólares y misión OTAN

El Gobierno británico ha confirmado una inversión de 63.000 millones de libras (84.000 millones de dólares) en su disuasión nuclear durante los próximos cuatro años, una cifra que consolida el mayor programa de rearme nuclear del Reino Unido desde la Guerra Fría. El anuncio, realizado el 30 de junio, supone un incremento de 15.000 millones de libras en el presupuesto de defensa saliente del primer ministro Keir Starmer y fija el gasto militar británico en el 2,7% del PIB, encaminado al objetivo de la OTAN del 3,5% para 2035.

El montante total del gasto en defensa asciende a 298.000 millones de libras en el mismo período, pero lo relevante es qué porción se destina a lo nuclear. El Ministerio de Defensa ya dedicaba el 18% de su presupuesto al Defence Nuclear Enterprise en el año fiscal 2024-25, 10.900 millones de libras. Ahora, con el nuevo plan, la proporción seguirá escalando hasta alcanzar, según el Comité de Cuentas Públicas, una quinta parte del gasto militar total.

En el núcleo del programa está Astraea, la nueva ojiva soberana A21/Mk7 que el Atomic Weapons Establishment desarrolla desde 2020 para reemplazar al diseño Holbrook de los misiles Trident II D5. Fuentes del Gobierno y analistas independientes señalan que la sustitución no es una opción, sino una necesidad técnica: los vehículos de reentrada británicos deben mantenerse certificados junto a los Mk4/Mk4A estadounidenses, y Washington migrará a su próxima ojiva W93. Astraea se diseña en paralelo y compartirá el cuerpo de reentrada Mk7 con el programa norteamericano.

Según el Nuclear Information Service, el rendimiento estimado de la nueva ojiva británica oscilará entre 90 y 455 kilotones, un salto notable frente a los 80-100 kilotones de Holbrook. Eso amplía el abanico de disuasión en un contexto donde los arsenales ruso y chino crecen, y donde el último tratado bilateral de reducción de armas estratégicas entre Washington y Moscú expiró en febrero de 2026.

Reino Unido regresa a la misión nuclear compartida de la OTAN con 12 F-35A

Londres ya había anunciado en junio de 2025 la compra de doce cazas F-35A para reincorporarse a la misión de Dual Capable Aircraft de la Alianza Atlántica, algo que no ocurría desde la Guerra Fría. Estos aviones estarán preparados para portar bombas B61-12 estadounidenses y lanzarlas desde territorio británico si el presidente de Estados Unidos autoriza un ataque nuclear. Un esquema similar al que ya mantienen Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia y Turquía.

Reino Unido se convierte en 2025 en el tercer mayor inversor nuclear del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia, según ICAN.

La decisión de redoblar la apuesta nuclear no está exenta de críticas internas. Organizaciones como la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons calculan que el Reino Unido ya era en 2025 el tercer país que más dinero destinaba a armas atómicas, con 12.600 millones de dólares. Los grupos pacifistas argumentan que esos fondos podrían redirigirse a sanidad o educación, pero el Gobierno insiste en que Londres juega un “papel único como única potencia europea que compromete su disuasión nuclear para defender a los aliados de la OTAN”.

La modernización nuclear británica se inserta en un movimiento más amplio. Francia ha anunciado su intención de ampliar su arsenal y extender su paraguas nuclear a otros países europeos, posiblemente desplegando bombarderos en sus territorios. China avanza en la expansión de su fuerza atómica con misiles ICBM más sofisticados. Y la OTAN revisa sus capacidades de disuasión tras el fin del INF y el New START.

Equilibrio de Poder

Lo que observamos es un rediseño acelerado de la arquitectura de disuasión europea. La garantía estadounidense, puesta en duda durante la anterior administración Trump, obliga a europeos como el Reino Unido y Francia a asumir un papel más activo. La inversión de 84.000 millones de dólares en cuatro años para la disuasión británica supera ampliamente cualquier otra partida de defensa nacional y convierte al Reino Unido en el motor del rearme nuclear aliado dentro de Europa.

Para España, el impacto es indirecto pero estratégico. El aumento del gasto británico en el Defence Nuclear Enterprise ejerce presión sobre el resto de miembros de la OTAN para acelerar el cumplimiento del 3,5% del PIB en 2035. Madrid, aún lejos del 2% y con la frontera sur como prioridad, verá cómo el debate presupuestario se tensa en Bruselas. El despliegue de bombarderos capaces de portar B61-12 en suelo italiano o alemán también reabre la conversación sobre la presencia de armamento nuclear táctico en Europa, un capítulo que España ha evitado hasta ahora.

La mayoría de los analistas considera que el programa Astraea y la compra de los F-35A son la respuesta a una década de desinversión en capacidad disuasoria convencional y nuclear. La obsolescencia de los submarinos Vanguard y la necesidad de un vector aéreo creíble empujan al Reino Unido a una postura que no adoptaba desde los años ochenta. El riesgo es que esta escalada alimente una carrera armamentista que supere las herramientas de control de armas que hoy, sencillamente, no existen.

La próxima cumbre de la OTAN en Vilna, prevista para septiembre de 2026, será el primer banco de pruebas para medir si el resto de aliados sigue el ritmo británico o si la Alianza se fractura entre quienes pueden pagar una disuasión nuclear ampliada y quienes quedan como meros consumidores de seguridad.

El juez rechaza en Madrid las medidas cautelares de Ortega Smith contra su expulsión de Vox

El Juzgado de Instancia de Madrid ha desestimado las medidas cautelares que solicitó Javier Ortega Smith contra su expulsión de Vox. La juez no ha encontrado ni apariencia de buen derecho ni peligro por la demora procesal, y ha condenado al concejal al pago de las costas derivadas de este incidente. Ortega Smith, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, mantiene de momento su escaño y su cargo en Cibeles mientras el procedimiento principal continúa su tramitación.

¿Por qué la juez rechaza las cautelares?

La vista, celebrada ayer jueves 2 de julio, examinó los argumentos del exdiputado y cofundador de Vox. Ortega Smith alegaba que su expulsión, decidida por el Comité de Garantías del partido en abril, era «arbitraria» y vulneraba sus derechos fundamentales. Su equipo jurídico pedía que se suspendiera cautelarmente la decisión mientras se resolvía el fondo del litigio.

La juez, sin embargo, ha concluido que no se cumplen los dos requisitos que exige la ley para adoptar una medida de ese tipo. Por un lado, no aprecia fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), es decir, que las alegaciones del demandante tengan, de entrada, visos de prosperar. Por otro, descarta que exista periculum in mora (peligro por la demora): el tiempo que tarde el procedimiento principal no causaría un perjuicio irreparable, entre otras cosas porque Ortega Smith sigue ejerciendo como portavoz municipal sin restricciones. Además, la imposición de costas, aunque simbólica, evidencia que el tribunal no ha encontrado motivos suficientes para suspender la expulsión.

En sus redes sociales, el concejal ya había acusado al Comité de Garantías de actuar con «prepotencia» y «arbitrariedad». La resolución de ayer contradice, al menos de manera provisional, ese relato.

El pulso en el Cibeles: Ortega Smith mantiene el portavoz

La resolución judicial no afecta de forma inmediata a la situación del edil en el consistorio madrileño. Según ha podido saber Merca2.es, fuentes municipales confirman que no se tomará ninguna medida hasta que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, reciba formalmente el auto y disponga del informe del nuevo secretario general del Pleno. Ese cargo quedó vacante tras el fallecimiento, a finales de junio, de Federico López de la Riva, quien llevaba más de dos décadas al frente de la asesoría jurídica del Ayuntamiento.

El anterior secretario ya había dejado preparado un documento sobre cómo actuar en cada escenario legal posible, pero su sucesor, recién incorporado, deberá actualizarlo e interpretarlo. Mientras tanto, Javier Ortega Smith tiene manos libres para seguir ejerciendo la portavocía. Su entorno resta trascendencia al auto: «Creemos que el Ayuntamiento no debería tomar ninguna medida restrictiva de derechos fundamentales hasta que se resuelva el fondo», afirman.

El primer asalto judicial se lo anota Vox, pero la partida por el control del grupo municipal no ha hecho más que empezar.

El concejal ha anunciado que recurrirá la decisión de la juez, alargando así la incertidumbre sobre el mando del grupo municipal de Vox en Cibeles. La dirección nacional de Santiago Abascal confía en que el fallo despeje el camino para nombrar un nuevo portavoz, pero los tiempos judiciales no acompañan. La mayoría de los casos de este tipo suele tardar meses en resolverse.

La batalla judicial contra Vox no ha hecho más que empezar

No es la primera vez que la política madrileña asiste a un litigio de este tipo. En la Asamblea de Madrid, el caso de la exdiputada Alicia Rubio —que abandonó Vox en 2021 y pasó al grupo mixto— también derivó en un conflicto sobre la legitimidad del cambio de afiliación. El Ayuntamiento de la capital se enfrenta ahora a una situación análoga, pero con el añadido de que la portavocía municipal es un cargo de alta visibilidad y con capacidad para marcar la agenda de la oposición. Javier Ortega Smith aspira a conservar ese altavoz.

En el equipo de José Luis Martínez-Almeida observan el litigio con inquietud. Una eventual salida de Ortega Smith del grupo municipal dejaría a Vox con tres concejales y podría alterar el reparto de las portavocías en las comisiones, aunque fuentes del PP descartan que se ponga en riesgo la gobernabilidad. La pugna interna de Vox añade una dosis extra de imprevisibilidad a un pleno que, cada viernes, mide fuerzas con una geometría variable.