Felipe VI entrega los Reales Despachos a la promoción 51 de suboficiales

Felipe VI presidirá en Talarn el acto de entrega de Reales Despachos a la LI promoción de suboficiales, una ceremonia castrense que reúne a 563 nuevos sargentos provenientes de trece especialidades fundamentales de las armas y cuerpos del Ejército de Tierra. Según la agenda oficial de la Casa del Rey, el monarca encabezará la formación en el acuartelamiento de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), en Lleida, en un acto que pone de relieve el vínculo entre la Corona y la escala de mando de las Fuerzas Armadas.

Un acto de Estado con 563 nuevos sargentos

El desglose por especialidades ofrecido por Defensa da cuenta de la diversidad de capacidades que se incorporan: 110 de Infantería, 33 de Caballería, 86 de Artillería, 42 de Ingenieros, 87 de Transmisiones, 8 de Aviación, 68 de Informática, 32 de Electrónica y Telecomunicaciones, 18 de Mantenimiento de Aeronaves, 19 de Mantenimiento y Montaje de Equipos, 42 de Automoción y 18 de Mantenimiento de Armamento y Material. Cifras que reflejan un Ejército de Tierra tecnificado y en transformación, donde el suboficial desempeña un papel ejecutivo y de mando cada vez más exigente.

El peso creciente de especialidades técnicas como Informática o Electrónica responde a la transformación digital del Ejército, que demanda mandos intermedios capaces de operar sistemas cada vez más complejos. De hecho, la promoción de 2026 es la que mayor número de sargentos de Informática incluye en la última década, según datos de la propia academia.

Los nuevos sargentos culminan un periodo de formación que les habilita para liderar secciones y unidades logísticas, actuar como instructores y ser el eslabón clave entre la tropa y la oficialidad. La AGBS los capacita en módulos de mando, táctica, tiro, topografía, administración, informática e idiomas, según detalla el plan de estudios de la academia. La LI promoción, cuyo numeral romano remite a la ordenación histórica de las promociones de la AGBS, refrenda una trayectoria ininterrumpida de formación de mandos intermedios desde 1974.

La Academia General Básica, cuna del suboficialado

Con sede en Talarn desde 1974, la AGBS es la única academia del Ejército de Tierra dedicada a la enseñanza de formación de suboficiales. Los casi mil alumnos que pasan anualmente por sus instalaciones reciben una formación técnica y de liderazgo que se proyecta en posteriores destinos a lo largo de todo el territorio nacional y en misiones en el exterior. Su misión, explicitada en la web del centro, es «facultar a los Suboficiales para desarrollar acciones ejecutivas propias de su Especialidad» y dotarles de los conocimientos necesarios en Defensa Nacional y organizaciones internacionales.

El acto de entrega de despachos, presidido por el Rey, es la culminación oficial de ese ciclo formativo. En él, los aspirantes reciben el nombramiento como sargentos y su primer despacho, que les habilita para el ejercicio del mando. Creada en 1974, la academia ha formado a más de 50.000 suboficiales, consolidándose como pilar del Ejército profesional.

Reales Despachos

La entrega de despachos es la expresión más tangible del vínculo constitucional entre la Corona y los miembros de las Fuerzas Armadas en el momento mismo de su acceso a la escala de mando.

El Rey, mando supremo y figura de cohesión

La presencia de Felipe VI como mando supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 62.h de la Constitución, trasciende lo protocolar. En actos como el de Talarn, el monarca ejerce un liderazgo de proximidad que la Casa del Rey ha consolidado en esta década de reinado, con una media de más de veinte actos castrenses al año. No es casual que la LI promoción coincida con un momento de renovación generacional en los Ejércitos, en el que la Corona actúa como factor de estabilidad.

El gesto de presidir personalmente la entrega, en lugar de delegar en el Jefe de Estado Mayor del Ejército, subraya la voluntad de la Corona de estar presente en todos los niveles de la cadena de mando. En los últimos años, don Felipe ha incrementado su actividad en unidades de montaña, de zapadores y de transmisiones, evitando el centralismo de los grandes acuartelamientos madrileños. La elección de un acto de suboficiales, y no solo de oficiales, refuerza una imagen de monarquía cercana a todas las escalas.

La Corona no solo estrecha lazos con las Fuerzas Armadas en actos solemnes como la Pascua Militar; esta entrega de despachos en un acuartelamiento de provincias demuestra una apuesta por la descentralización simbólica del poder y por el contacto directo con la tropa y los mandos intermedios. En un contexto europeo donde la defensa cobra prioridad, la formación de suboficiales cualificados es una necesidad estratégica que la Corona respalda con su presencia.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: Es la primera entrega de despachos a suboficiales del año, presidida por el Rey, y reúne al mayor número de nuevos sargentos en un solo acto. Supone un refuerzo del Ejército de Tierra en especialidades técnicas y de mando.
  • El detalle de protocolo: Felipe VI asiste con uniforme de capitán general del Ejército de Tierra, como mando supremo, en un acto que sigue el ceremonial militar de gran formato. La Casa del Rey suele enmarcar estas ceremonias dentro de una agenda de visitas a academias militares que busca visibilizar la formación y el liderazgo.
  • Próximos pasos: Los 563 nuevos sargentos se incorporarán a sus respectivas unidades en las próximas semanas. La Casa del Rey no ha anunciado aún otros actos castrenses similares, aunque el calendario de julio suele incluir la tradicional ofrenda al Apóstol Santiago.

La Audiencia Provincial de Balears condena por integridad moral y lesiones a jóvenes que tatuaron un pene en la cara a un discapacitado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado sentencia in voce con la que condena a seis jóvenes por los delitos de integridad moral, lesiones leves y coacciones, tras tatuar un pene en la cara a un joven con discapacidad en Manacor (Mallorca) en 2021. La resolución, conocida al término de la vista oral, impone penas de prisión, multas y la obligación de indemnizar conjuntamente a la víctima con 18.160,34 euros, además de una orden de alejamiento.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Audiencia Provincial de Balears, sección segunda, condena a los seis acusados por delito contra la integridad moral, lesiones y coacciones. Fallo in voce.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Los delitos tipificados en el Código Penal sobre integridad moral (art. 173.1), lesiones y coacciones, con especial consideración de la incapacidad de la víctima para prestar consentimiento válido.
  • ¿Qué impacto tiene? Penas de 5 meses de prisión por integridad moral, multa de 20 días (5€/día) por lesiones y 9 meses de multa (5€/día) por coacciones para cada condenado. Indemnización solidaria de 18.160 € y prohibición de comunicación y aproximación a menos de 250 metros.

Antecedentes: la agresión y la vulnerabilidad de la víctima

Los hechos enjuiciados se remontan a 2021, cuando seis jóvenes, en el municipio mallorquín de Manacor, tatuaron la imagen de un pene en el rostro de una persona de similar edad que padece una discapacidad. Durante el procedimiento quedó acreditado que el perjudicado no pudo prestar válidamente su consentimiento a los castigos físicos y humillantes a los que fue sometido, circunstancia que elevó la gravedad de la conducta a la categoría de atentado contra la integridad moral.

La acusación pública calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal, un delito leve de lesiones (art. 147.2) y un delito de coacciones (art. 172). La Audiencia Provincial de Balears, tras la práctica de la prueba, consideró probada la participación de los seis encausados y la especial indefensión de la víctima, que no tenía capacidad para oponerse ni comprender la entidad vejatoria del tatuaje.

El fallo: penas para cada acusado e indemnización solidaria

La Sala, mediante resolución oral (in voce), impuso a cada uno de los condenados las siguientes consecuencias: cinco meses de prisión por el delito contra la integridad moral; veinte días de multa con una cuota diaria de 5 euros (100 euros en total) por el delito leve de lesiones; y nueve meses de multa con idéntica cuota diaria (1.350 euros) por las coacciones. Todas las penas son individuales.

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal fija una indemnización conjunta y solidaria de 18.160,34 euros que los seis procesados deberán abonar a la víctima para reparar el daño moral y físico causado. Además, les prohíbe comunicarse con él por cualquier medio y acercarse a menos de 250 metros durante el tiempo de cumplimiento de la condena.

El fallo fue dictado de viva voz al concluir la sesión, mecanismo que permite a la audiencia comunicar inmediatamente los pronunciamientos fundamentales y dejar para un momento posterior la redacción íntegra de la sentencia. La condena in voce no admite recurso de apelación en el acto, pero las partes podrán interponer los recursos ordinarios una vez notificada la resolución escrita.

La Doctrina del Tribunal

La condena por delito contra la integridad moral se sustenta en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que vincula este tipo penal a los tratos degradantes que generan un sufrimiento físico o psíquico relevante, con especial protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad. La STS 210/2007, de 15 de marzo, ya estableció que la integridad moral comprende la prohibición de infligir trato vejatorio, humillante o envilecedor a otro, con independencia de que concurran lesiones físicas. En el presente caso, la discapacidad del perjudicado anuló toda posibilidad de consentimiento libre, intensificando el contenido de injusto de la acción.

Además, la combinación con los delitos de lesiones y coacciones responde a una calificación diferenciada de los bienes jurídicos afectados: la integridad moral protege la dignidad y el derecho a no ser tratado como objeto, mientras que las lesiones cubren el menoscabo corporal y las coacciones la privación de libertad de obrar. El contenido de la resolución subraya que una misma conducta puede lesionar simultáneamente varios bienes jurídicos sin incurrir en bis in idem, siempre que los tipos penales protejan intereses distintos. La imposición de penas acumuladas por los tres delitos es, por tanto, plenamente compatible con los principios de proporcionalidad y non bis in idem.

Este fallo contribuye a consolidar la línea jurisprudencial que otorga una tutela reforzada a las personas con discapacidad frente a agresiones en grupo que menoscaban su dignidad. Los operadores jurídicos encontrarán aquí un ejemplo aplicado de cómo el mismo hecho —un tatuaje forzado— puede dar lugar a una triple condena sin vulnerar el principio de prohibición de doble castigo, siempre que cada tipo proteja un bien jurídico autónomo y que la motivación sea suficiente.

La condena por integridad moral, lesiones y coacciones demuestra que un mismo acto vejatorio puede castigarse por tres delitos distintos cuando se lesionan bienes jurídicos autónomos, sin vulnerar el principio de non bis in idem.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Proceso penal ante la Audiencia Provincial de Balears contra seis jóvenes acusados de tatuar un pene en la cara a un discapacitado en Manacor en 2021. Hechos calificados como delito contra la integridad moral, lesiones leves y coacciones.
  • Datos importantes: Sentencia in voce. Cada condenado: 5 meses de prisión (integridad moral), 20 días multa a 5 €/día (lesiones) y 9 meses multa a 5 €/día (coacciones). Indemnización solidaria de 18.160,34 €. Prohibición de comunicación y alejamiento a 250 m.
  • Fecha de los juicios: La vista oral y el fallo oral se produjeron en fecha inmediata al 3 de julio de 2026 (la noticia se conoce en esa fecha). La sentencia escrita se notificará en los días siguientes.
  • Personas acusadas y por qué: Seis jóvenes, condenados por tatuar un símbolo vejatorio en el rostro de una persona con discapacidad, actuando con menosprecio a su dignidad y sin que pudiera consentir válidamente.

Tributos aclara la reducción del 30% en el IRPF para abogados por litigios de larga duración y la excepción según el Tribunal Supremo

La Dirección General de Tributos, en consulta vinculante V0719-36 de 30 de marzo de 2026, ha precisado el alcance de la reducción del 30% en el IRPF aplicable a los honorarios de abogados generados en litigios de larga duración, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. La resolución despeja dudas sobre la irrelevancia del momento del cobro y fija las condiciones para la excepción por rendimientos habituales.

El marco normativo: el artículo 32.1 de la LIRPF

El artículo 32.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) establece que los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación superior a dos años, siempre que se imputen en un único período impositivo, gozan de una reducción del 30%. La cuantía del rendimiento neto sobre la que se aplica esta reducción no puede superar los 300.000 euros anuales. El precepto incorpora una excepción explícita: no resulta aplicable cuando los rendimientos, aun con período de generación dilatado, procedan de una actividad que de forma regular o habitual obtenga este tipo de ingresos.

El criterio de la DGT: generación del servicio, no fecha de cobro

La consulta vinculante V0719-36 reitera la doctrina ya expuesta en la contestación V0607-22 y aclara que el período de generación de los honorarios se determina exclusivamente por el tiempo de prestación del servicio profesional, con independencia del momento en que se perciba el cobro. La DGT subraya que la dilación en el pago por parte del cliente, ya sea por retraso voluntario o porque se posponga al instante de la percepción de las costas, no modifica el plazo de generación.

Además, la resolución descarta cualquier incidencia del pago de las costas procesales. El Tribunal Supremo ha configurado la condena en costas como un crédito a favor de la parte vencedora, no como un abono directo a los letrados, de modo que no existe obligación de retención ni influye sobre el cómputo del período de generación del rendimiento profesional.

La Doctrina del Tribunal Supremo

El criterio de la DGT se apoya en las sentencias del Tribunal Supremo SSTS 429/2018 y 450/2018, de 19 y 20 de marzo, que sistematizan los requisitos para aplicar la reducción. Dichos pronunciamientos establecen que los ingresos obtenidos por un abogado en un litigio cuya duración haya superado los dos años, cuando se perciban de una sola vez o en varias dentro del mismo ejercicio, se consideran generados en un período superior a dos años a efectos del artículo 32.1 LIRPF. La regularidad o habitualidad que excluye la reducción debe evaluarse respecto del profesional individual y no del sector de la abogacía en abstracto, y la carga de probar la concurrencia de la excepción recae sobre la Administración tributaria.

La DGT confirma que el período de generación se fija por la duración del litigio, no por la fecha del cobro, y que la Administración ha de acreditar la habitualidad para impedir la reducción del 30%.

La STS 1499/2020, de 11 de noviembre, concreta la aplicación de la excepción. En aquel supuesto, la Administración demostró que en tres de los cuatro ejercicios examinados los rendimientos con período de generación superior a dos años representaban más del 95% del total de ingresos declarados, y en otro ejercicio superaban el 80%. Con ello, quedó probado que el abogado obtenía de forma regular o habitual este tipo de rendimientos, justificando la exclusión de la reducción. El Tribunal Supremo subraya que el análisis debe ser casuístico: cada contribuyente debe examinar su propio historial de ingresos y la proporción de aquellos que provienen de litigios de larga duración.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Consulta vinculante V0719-36 de la Dirección General de Tributos sobre la aplicación de la reducción del 30% en el IRPF a honorarios de abogados generados en litigios de duración superior a dos años.
  • Datos importantes: Marco normativo: artículo 32.1 de la LIRPF; doctrina del Tribunal Supremo: SSTS 429/2018, 450/2018 y 1499/2020; período de generación determinado por el servicio, no por el cobro; excepción por habitualidad: acreditación por la Administración, análisis caso a caso.
  • Fecha de los juicios: La consulta vinculante se emitió el 30 de marzo de 2026; las sentencias del Tribunal Supremo se dictaron en 2018 y 2020.
  • Personas acusadas y por qué: N/A.

Mariana de Austria: la regente que gobernó en la crisis del Imperio

En la cámara real del Alcázar, el aire denso de la agonía se mezclaba con el olor a cera de los cirios y el leve crujir de los papeles del testamento sobre la mesa de nogal. Mariana de Austria, con tan solo treinta años, apretaba los dientes bajo el velo de su toca de viuda mientras el escribano leía en voz alta la última voluntad de Felipe IV. El rey apenas respiraba, y la reina, velándolo, habia firmado ya las cartas de la sucesión. Aquella madrugada del 17 de septiembre de 1665, el Imperio español se quedaba sin su monarca y la joven sobrina-esposa, casi una desconocedora de los entresijos del poder, se convertía en la regente del mayor conglomerado territorial de Europa.

El hijo que heredaba el trono, Carlos, no había cumplido los cuatro años. Llamado «el Hechizado» por los males congénitos que arrastraba, era la encarnación del agotamiento genético de los Austrias. En los pasillos del palacio, los cortesanos ya ajustaban sus lealtades. Comenzaba una partida en la que el tablero era un imperio arruinado por las guerras, y las piezas, una reina sin experiencia, un niño enfermizo y una jauría de validos dispuestos a todo.

Capítulo I: La herencia envenenada

El fallecido Felipe IV había dejado instrucciones precisas. Pero ningún testamento podía conjurar las tormentas que se avecinaban. Las arcas de la Monarquía Hispánica estaban vacías tras décadas de conflicto en Flandes y Portugal; la armada, en descomposición; y el prestigio internacional de Madrid, bajo mínimos. En el interior, la nobleza se resistía a cualquier reforma fiscal que rozase sus privilegios. La Inquisición y el Consejo de Castilla vigilaban los movimientos de la regente con la misma suspicacia con la que examinaban los libros prohibidos.

Mariana había nacido en 1634 como archiduquesa de Austria, hija del emperador Fernando III y de María Ana de España. Su matrimonio con su tío Felipe IV, once años mayor, fue un enlace dinástico apurado para asegurar la línea masculina de los Habsburgo españoles. Tras varios abortos y la muerte de su primer hijo varón, Felipe Próspero, en 1661, el nacimiento del endeble Carlos pareció un milagro. La reina, devota hasta la médula, volcó en la religión la angustia de una madre que veía a su único heredero crecer entre fiebres y convulsiones. Ese fervor le llevó a buscar consejo en quien se convertiría en su sombra: el padre Juan Everardo Nithard, su confesor.

Según el historiador Henry Kamen en La España de Carlos II (1981), aquella minoría de edad fue «una lucha descarnada por el control del joven rey entre facciones irreconciliables». Nithard, jesuita austriaco, resultaba impopular por su origen extranjero y su cercanía con la reina. Las puertas del Alcázar olían a tinta y a intriga.

Capítulo II: El confesor de la reina

La regente no tardó en nombrar a Nithard inquisidor general, cargo que le convertía en el hombre más poderoso de la monarquía tras ella. Las facciones cortesanas rugieron. La vieja aristocracia castellana veía al confesor como un advenedizo que manejaba el cetro desde el confesionario. Para colmo, la reina, insegura y extranjera, se apoyaba en él sin matices. Las cartas lacradas que cruzaban los despachos del Alcázar tejían una red de rumores: Nithard conspiraba para entregar el reino a Viena, decían unos; la reina estaba hechizada por el jesuita, susurraban otros.

En este clima envenenado surgió una figura que pondría en jaque todo el equilibrio. Juan José de Austria, medio hermano bastardo de Carlos II, hijo de Felipe IV y de la actriz María Calderón —«la Calderona»—, se había labrado fama militar en las campañas de Flandes y en la reconquista de Barcelona. Era el hombre fuerte que muchos ansiaban, y al mismo tiempo, el fantasma que Mariana temía. El bastardo real, reconocido por su padre y con ambiciones de estadista, empezó a escribir memoriales al Consejo de Estado pidiendo la destitución del inquisidor. La guerra de papeles estaba servida.

Mariana de Austria regente

Capítulo III: El bastardo regresa

Las tensiones escalaron cuando, en 1669, Juan José de Austria abandonó la corte rumbo a Aragón, desterrado por la regente, que veía en él un peligro para la estabilidad de su hijo. Pero en el exilio se convirtió en mito. Desde Zaragoza y Barcelona alimentó una corriente de oposición que movilizó a nobles descontentos, mercaderes y hasta el pueblo llano. En Madrid, los murmullos contra el gobierno de la reina y su confesor arreciaban cada semana.

El punto de inflexión llegó con una insurrección popular que ha pasado a la historia con el nombre de «motín de los gatos». Hacia 1672, la capital se vio sacudida por disturbios cuyo detonante fue un rumor tan absurdo como peligroso: se decía que los gatos callejeros hablaban en latín y maldecían la administración de Nithard. El miedo y la miseria dieron forma a una revuelta callejera que pedía la cabeza del confesor. Aunque los mecanismos exactos de aquel motín siguen siendo esquivos en los archivos, su eco bastó para mostrar la fragilidad del poder de Mariana.

En 1677, Juan José de Austria dio el golpe definitivo. Al frente de un pequeño ejército reunido en la Corona de Aragón, marchó hacia Madrid y forzó el exilio de Nithard. La regente, acorralada, no tuvo más opción que ceder. El bastardo entraba en la corte como salvador, y el confesor partía hacia Roma con una escolta más propia de un preso que de un emisario.

Capítulo IV: El duende en la sombra

Pero la reina no se rindió. Apenas desaparecido Nithard, otra figura ascendió con pasos de terciopelo. Fernando de Valenzuela, hidalgo granadino, había entrado al servicio de la reina tiempo atrás y supo ganarse su confianza hasta convertirse en su nuevo escudo. De apodo «el Duende», Valenzuela acumuló cargos con una velocidad que asustó a la nobleza: marqués de San Bartolomé, primer ministro de facto, aposentador de la reina. Era, para sus enemigos, un arribista sin más mérito que agradar a la viuda del rey.

Los pasillos del Alcázar hervían con las conjuras de los partidarios de Juan José. Valenzuela, consciente del peligro, trató de comprar apoyos mediante mercedes y prebendas. Pero el bastardo, ya instalado en la corte junto al joven Carlos, maniobró con la frialdad de un general experimentado. El 23 de noviembre de 1677, un decreto real —en realidad dictado por Juan José— ordenaba el destierro de Valenzuela. Primero fue confinado a un castillo y luego embarcado en la nao San Telmo con destino a Filipinas. Mariana veía partir a su último aliado y, con él, se desvanecía cualquier ilusión de control político.

Mariana de Austria regente

Capítulo V: La reina desterrada

El desenlace fue amargo para la regente. Juan José de Austria, convertido en primer ministro, apartó a Mariana de la vida pública. La confinó en el Alcázar de Segovia, lejos del bullicio de Madrid, vigilada y humillada en su propio reino. Durante aquellos meses, la que había sido reina de las Españas apenas recibía más visitas que las de sus damas y los capellanes. La correspondencia que lograba enviar a palacio era interceptada una y otra vez.

Pero la rueda de la fortuna dio una vuelta más. Juan José de Austria murió repentinamente en 1679, sin lograr consolidar su proyecto reformista. Cuando su féretro salió del Alcázar, la puerta de Segovia volvió a abrirse para Mariana. Aunque ya no ostentaba la regencia formal —Carlos II había alcanzado la mayoría de edad en 1675—, la reina madre regresó a la corte y retomó una influencia discreta, aunque ya sin la fuerza de antaño. Los últimos años los dedicó a cuidar de su hijo, siempre enfermo, y a medidas pías.

Capítulo VI: El ocaso de la regente

La reina viuda falleció en el propio Alcázar de Madrid en 1696, sobreviviendo incluso a su hijo —que moriría en 1700— por unos pocos años. Su cadáver fue depositado en el panteón del monasterio de El Escorial, pero su memoria quedó atrapada entre los pliegues de dos facciones: la de sus aduladores, que la presentaron como una mujer piadosa y víctima de las circunstancias, y la de sus detractores, que la dibujaron como una extranjera débil y manipulable.

Los legajos que se conservan en diversos archivos, como el de la Corona de Aragón o la Real Chancillería de Valladolid, apenas recogen la voz directa de Mariana. Son, en su mayoría, cartas administrativas y cédulas firmadas con el sello de la regencia, pero nunca la confidencia íntima de una soberana que, noche tras noche, debió de pasear sus tocas de luto por los corredores helados del palacio mientras fuera, en las calles de Madrid, se decidía el destino del Imperio. Las crónicas hablan de una reina que, encerrada en sus habitaciones, rezaba por la salud de su hijo y por la salvación de un Estado que se le deshacía entre los dedos.

Mariana de Austria regente

Así, la figura de Mariana de Austria se alza como una de esas esfinges del Barroco español: viuda a los treinta, regente sin manual, conspiradora y conspirata, madre sufriente y soberana acosada. Su historia, llena de silencios documentales, abre más preguntas de las que cierra. Y quizá en esas preguntas, en ese vacío de archivo, resida la verdadera naturaleza de una mujer que heredó la corona más compleja de su tiempo en el peor momento posible.

El Congreso de EE.UU. prepara una ley para cerrar el turismo de parto tras el fallo del Tribunal Supremo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva de Trump que pretendía acabar con la ciudadanía por nacimiento, pero el senador republicano Eric Schmitt ya prepara una ley para restringir el ‘turismo de parto’.
  • ¿Quién está detrás? El senador Eric Schmitt, respaldado por sectores conservadores, y la Administración Trump, que busca una vía legislativa.
  • ¿Qué impacto tiene? La medida busca frenar el abuso de la ciudadanía estadounidense por parte de extranjeros que viajan al país solo para dar a luz, con un coste millonario para los contribuyentes.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha validado la ciudadanía por nacimiento, pero el Congreso ya prepara un asalto legislativo contra el turismo de parto. El senador Eric Schmitt anunció este martes la presentación de un proyecto de ley para cerrar la puerta que, según él, la sentencia dejó entreabierta.

El fallo del Tribunal Supremo y la reacción inmediata

Por seis votos a tres, el Supremo dictaminó el martes que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en enero de 2025 para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los extranjeros era inconstitucional. La decisión supone un revés para la administración, pero, a la vez, ha activado la maquinaria legislativa.

Schmitt, que había firmado un amicus brief en defensa de la orden, tuiteó: ‘La mayoría intentó constitucionalizar la ciudadanía por nacimiento ilimitada. Pero el juez Kavanaugh quizá haya dejado una puerta al Congreso. Voy a presentar una ley para atravesarla’. El senador añadió que seguirá trabajando en una enmienda constitucional para ‘restaurar la ciudadanía estadounidense’.

El turismo de parto: un negocio que se aprovecha de un principio constitucional

El «turismo de parto» consiste en que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan con la nacionalidad estadounidense. Las Islas Marianas del Norte (CNMI), un territorio no incorporado, se han convertido en un foco importante. En 2009, el presidente Obama autorizó que los nacionales chinos pudieran permanecer allí hasta 45 días sin visado para estimular la economía turística.

Aquel gesto ha propiciado la aparición de unas 1.000 empresas que facilitan el viaje a mujeres chinas. El sistema sanitario local acusa la presión. CHCC, el principal proveedor público de salud del territorio, solicitó 5,9 millones de dólares adicionales para el año fiscal 2027. En 2026 apenas recibió 1,1 millones, lo que agrava la tensión financiera.

Geoffrey Fraiche, obstetra del centro, explicó al New York Post que muchas madres ven la ciudadanía estadounidense como un símbolo de estatus y quieren que sus hijos estudien en universidades americanas. La carga recae en el contribuyente norteamericano. Según el Center for Immigration Studies, entre 225.000 y 250.000 niños nacieron de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en 2023. Esos menores, al alcanzar la mayoría de edad, pueden patrocinar la ciudadanía de sus familiares mediante la migración en cadena.

La mayoría del Tribunal Supremo intentó constitucionalizar la ciudadanía por nacimiento ilimitada, pero el juez Kavanaugh dejó una puerta abierta al Congreso. La batalla legislativa empieza ahora.

La Lógica de Washington

Detrás de la ofensiva legislativa hay un cálculo político y jurídico. La sentencia del Supremo obliga a la administración Trump a buscar alternativas al decreto presidencial. El juez Kavanaugh dejó caer en su opinión concurrente que el Congreso podría definir con más claridad quién queda ‘sujeto a la jurisdicción’ de Estados Unidos. Los republicanos interpretan ese comentario como una invitación a legislar.

Para los conservadores, el turismo de parto y la concesión automática de la ciudadanía a hijos de extranjeros en situación irregular constituyen un ‘asalto hostil a través de la migración masiva’, en palabras de Schmitt. Chris Chmielenski, presidente del proyecto Immigration Accountability Project, recomienda que el presidente use la autoridad de la sección 1182(f) —la misma que el Supremo le reconoció para restringir entradas— para frenar futuros nacimientos de no ciudadanos. También aboga por aprobar la PAUSE Act, que pondría una pausa temporal a la mayor parte de la inmigración legal, y la Secure the Border Act para frenar la ilegal.

Para España, el debate tiene más peso simbólico que práctico. Nuestra legislación de nacionalidad se basa en el ius sanguinis, no en el suelo, por lo que el turismo de parto apenas existe. Sin embargo, el giro restrictivo en Washington alimenta la conversación en Bruselas sobre los modelos de ciudadanía. En un momento en que la UE discute políticas migratorias comunes, la presión interna de Estados Unidos puede influir en la dirección de las reformas.

Ficha del Caso

  • El caso: El Tribunal Supremo respalda la ciudadanía por nacimiento, pero el Congreso se prepara para limitar el ‘turismo de parto’ con una nueva ley.
  • Datos clave: Decisión 6-3 del 30 de junio de 2026; 225.000-250.000 nacimientos de inmigrantes ilegales en 2023; 1.000 empresas facilitan el turismo de parto en las Marianas del Norte; CHCC solicitó 5,9 millones de dólares para 2027.
  • Para España: Sin impacto directo por la diferencia en las leyes de nacionalidad, aunque el endurecimiento de la política estadounidense podría influir en el debate europeo sobre migración.

Florida aplica la ley antiterrorista: designa como terroristas a casi 100 grupos, incluidos CAIR y Antifa

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Florida ha activado una ley que permite designar como terroristas a casi 100 grupos, incluidos CAIR, la Hermandad Musulmana y Antifa. La norma entró en vigor el 1 de julio.
  • ¿Quién está detrás? El gobernador republicano Ron DeSantis, respaldado por el comisionado de la policía estatal, Mark Glass, ha liderado la iniciativa.
  • ¿Qué impacto tiene? La ley bloquea cualquier financiación estatal a estas organizaciones y abre un frente judicial que ya llega a la corte de apelaciones. Para la UE y España, supone un test sobre la designación de grupos no violentos como terroristas.

El estado de Florida ha empezado a aplicar una de las leyes antiterroristas más agresivas del país. El miércoles, 1 de julio de 2026, el gobernador Ron DeSantis anunció que la nueva normativa —aprobada en abril— ya está en vigor y que no perderán “ni un minuto” en comenzar las designaciones. La lista inicial incluye a casi un centenar de organizaciones, entre ellas el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), la Hermandad Musulmana, Antifa, el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Florida se convierte así en el primer estado en etiquetar como terroristas a colectivos ideológicos y religiosos sin vínculos directos con ataques violentos recientes. La medida no criminaliza la militancia, pero corta toda financiación estatal y obliga a la transparencia del gasto público. El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, lo resumió con claridad: “No vamos a financiar el terrorismo en nuestro gran estado. No lo haremos”.

Una lista sin precedentes y el espejo del lawfare conservador

La ley estatal amplía la definición de organización terrorista para incluir a grupos que, según DeSantis, “promueven ideologías que amenazan la seguridad de los floridanos”. Además de los ya mencionados, figura la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —ya designada como terrorista por el gobierno federal— y más de 90 organizaciones extranjeras consideradas terroristas. La novedad es la inclusión de entidades domésticas como CAIR y Antifa, algo que no existía a nivel estatal.

DeSantis construyó el andamiaje legal con un decreto ejecutivo en diciembre de 2025 que ya señalaba a CAIR y la Hermandad Musulmana. Aquel decreto fue bloqueado en marzo de 2026 por el juez federal Mark Walker, que concedió una medida cautelar a petición de CAIR. La organización argumentó que se violaban sus derechos constitucionales. Ahora, con la ley en vigor, el gobierno de Florida intenta sortear ese bloqueo judicial con un soporte legislativo más sólido.

Florida no necesita el permiso de Washington para poner contra las cuerdas a organizaciones que considera una amenaza interior.

La batalla legal está lejos de terminar. DeSantis admitió que “nos van a demandar”, pero confía en que el resultado final les será favorable. El 5 de marzo de 2026, el mismo juez Walker emitió una orden preliminar que congelaba el decreto original. Dos días después, la administración apeló ante el Tribunal del Undécimo Circuito. Con la nueva ley, firmada apenas un mes después de aquella apelación, DeSantis dispone de munición legal fresca para defender su lista negra.

La lógica de Washington

Esta ley no es un episodio aislado. Responde a una estrategia del Partido Republicano para recuperar terreno en la lucha contra el extremismo doméstico que, según su discurso, Washington no quiere abordar. La administración Trump ya había abierto el camino al designar a Antifa como organización terrorista en 2020, pero aquello quedó en papel mojado. Ahora, un estado gobernado por un posible candidato presidencial para 2028 convierte ese discurso en acción.

La maniobra de DeSantis se inscribe en la misma lógica que llevó a Reagan a proteger la industria del acero o a Bush a usar la seguridad nacional para expandir las competencias ejecutivas tras el 11S: usar el miedo al enemigo interior para movilizar a la base electoral. La diferencia es que aquí el enemigo no es un Estado extranjero, sino organizaciones que el gobernador vincula a ideologías “woke” o al islam político. La ley permite además un escrutinio público del gasto, lo que casa con la obsesión conservadora por la transparencia frente al “dinero de los contribuyentes”.

Para España y la Unión Europea, este caso es un laboratorio. Varios gobiernos europeos llevan años debatiendo si deben designar como terroristas a grupos como la Hermandad Musulmana —algo que Austria ya hizo— o incluso a colectivos de la izquierda radical. El precedente de Florida puede acelerar esos debates. De momento, la Comisión Europea observa, y Madrid, con su propia memoria del terrorismo de ETA, guarda silencio. La próxima cita judicial en Atlanta (corte de apelaciones) dirá si la ley de DeSantis sobrevive al escrutinio constitucional. Si lo hace, otros estados republicanos copiarán el modelo.

Ficha del Caso

  • El caso: Florida activa una ley estatal que permite catalogar como terroristas a casi un centenar de grupos, incluidos CAIR, la Hermandad Musulmana y Antifa, bloqueando toda financiación pública estatal. La ley nace para blindar un decreto previo que había sido paralizado por un juez federal.
  • Datos clave: Casi 100 organizaciones afectadas; ley en vigor desde el 1 de julio de 2026; CAIR demandó en enero y obtuvo una medida cautelar en marzo; la apelación está en el Undécimo Circuito; se espera fallo a finales de 2026 o principios de 2027.
  • Para España: Aunque la ley solo afecta a Florida, el debate sobre la designación de organizaciones ideológicas como terroristas interesa a varios Estados miembros de la UE. Madrid sigue con atención el caso, sobre todo por las implicaciones que pueda tener en la política antiterrorista común.

Canarias recibe 23,1 millones del Estado como compensación anticrisis por la guerra en Irán

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Estado transferirá 23,1 millones de euros a Canarias para compensar el impacto de las medidas anticrisis por la guerra en Oriente Medio.
  • ¿Quién está detrás? El acuerdo lo cerraron el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro Ángel Víctor Torres.
  • ¿Qué impacto tiene? La compensación cubre un tercio del esfuerzo fiscal del Gobierno de Canarias y avala la singularidad del fuero isleño frente a medidas diseñadas para el IVA peninsular.

El Gobierno de España transferirá 23,1 millones de euros a Canarias para compensar el impacto de las medidas anticrisis aprobadas por el Estado, que no tenían el mismo efecto en las Islas debido a su régimen económico y fiscal propio. El Consejo de Ministros del próximo martes dará luz verde a la partida extraordinaria.

El anuncio lo hicieron este jueves el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Del total, 15,3 millones corresponden a la compensación inicialmente acordada, mientras que otros 7,8 millones llegan como refuerzo por los tres meses de prórroga de las medidas. La singularidad fiscal canaria obligó a negociar un traje a medida.

Un acuerdo que corrige la desigualdad fiscal del Archipiélago

Buena parte de las medidas fiscales anticrisis aprobadas por el Estado pivotan sobre el IVA, un impuesto que en Canarias no existe. El IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) funciona con tipos y reglas propios, lo que dejaba al Archipiélago fuera del alcance directo de los alivios tributarios diseñados en Madrid. “Canarias no puede quedar en una situación de desigualdad por tener un sistema fiscal diferenciado”, defendió Clavijo.

La compensación estatal reconoce ese desajuste y trata de equilibrar la balanza. No es un cheque genérico: financia aproximadamente un tercio del esfuerzo que el Ejecutivo autonómico ya ha desplegado con recursos propios para proteger a familias, transportistas y al sector primario. Ángel Víctor Torres subrayó que el acuerdo “es fruto del diálogo y de la colaboración entre ambas administraciones”.

Medidas propias de Canarias: IGIC cero y devolución del 99%

El Consejo de Gobierno de Canarias prorrogó esta misma semana el paquete de medidas tributarias con el que el Archipiélago responde a la crisis de precios. La más visible es la aplicación temporal del tipo cero del IGIC sobre los combustibles, pensada para abaratar el precio final en las gasolineras. Además, se mantiene hasta el 30 de septiembre la devolución parcial del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, elevada de forma extraordinaria al 99 %.

El decreto-ley autonómico incluye una cláusula de revisión automática: si los precios del combustible se moderan, el Gobierno podrá graduar o suprimir las ayudas tomando como referencia la variación del IPC de gasolinas y gasóleos. La prórroga no es un cheque en blanco, sino un escudo acotado.

El sistema fiscal canario, concebido para compensar la lejanía y la insularidad, tropieza una y otra vez con medidas estatales diseñadas para el territorio peninsular.

El esfuerzo autonómico en las islas tiene nombres y apellidos: sector primario, transporte, industria. Actividades especialmente expuestas al sobrecoste energético que, sin la intervención del Gobierno de Canarias, habrían quedado descolgadas de la respuesta nacional a la crisis. La transferencia que aprobará el Consejo de Ministros viene a complementar ese gasto ya ejecutado.

El Pulso Territorial

El presidente Fernando Clavijo gobierna Canarias desde 2023 al frente de un pacto que agrupa a Coalición Canaria, PP, ASG y AHI. La relación con el Gobierno central, en manos del PSOE y Sumar, ha transitado por carriles de colaboración pragmática, y la figura de Ángel Víctor Torres —expresidente canario y hoy ministro— actúa como bisagra. Este acuerdo es una muestra de ese entendimiento, pero también revela una tensión estructural: cada vez que el Estado activa palancas fiscales uniformes, el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias exige una traducción específica.

El caso no es único. Ceuta y Melilla comparten con el Archipiélago la condición de territorio extrapeninsular con fiscalidad indirecta propia, aunque la escala de su economía es menor. En 2022, durante la anterior crisis de precios, el Gobierno ya articuló compensaciones similares para las Islas, lo que demuestra que el mecanismo tiene precedentes. La clave ahora es la rapidez: el Consejo de Ministros del próximo martes debe formalizar la transferencia sin más demora.

Ficha Autonómica

  • El caso: Compensación del Estado a Canarias por el impacto de las medidas anticrisis derivadas de la guerra en Oriente Medio, que no se adaptaban al IGIC ni al REF canario.
  • Datos importantes: 23,1 millones de euros en total (15,3 iniciales más 7,8 por la prórroga). Aprobación prevista en el Consejo de Ministros del martes. Medidas autonómicas prorrogadas hasta el 30 de septiembre de 2026.
  • Resumen: Acuerdo cerrado entre Clavijo y Torres que financia un tercio del despliegue fiscal canario. La transferencia reconoce la singularidad del Archipiélago y está a la espera del trámite formal del Consejo de Ministros.

Trump se autoproclama el ‘mejor presidente de la historia de Israel’ en plenas tensiones con Netanyahu por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha autoproclamado este jueves como el ‘mejor presidente de la historia de Israel’ en una entrevista con la cadena financiera CNBC. La declaración llega en un momento de máxima tensión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por el manejo de las conversaciones de paz con Irán, que ambos países iniciaron hace meses.

Trump se reivindica como el mayor aliado de Israel

En su comparecencia ante el periodista Joe Kernen, Trump no escatimó autobombo. «Cómo una persona judía puede votar a un demócrata me supera, porque yo he sido el mejor presidente de la historia de Israel», afirmó. A renglón seguido sacó pecho de un supuesto 99% de respaldo entre los israelíes y justificó su ofensiva contra Irán: «No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear. Ningún otro presidente pensó siquiera en hacer lo que yo hice».

El mandatario estadounidense añadió, en una aparente contradicción, que las fuerzas iraníes están «totalmente derrotadas militarmente», aunque reconoció que «les quedan algunos misiles. Podríamos aniquilarlos también». La bravuconada resume el mensaje dual que Washington quiere enviar: mano dura militar, pero también negociación.

Conversaciones nucleares con Irán, la raíz del desencuentro

El foco de la fricción con Netanyahu no es otro que las conversaciones indirectas que Estados Unidos e Irán mantienen en Catar, con mediación de ese país. El vicepresidente JD Vance lidera la delegación estadounidense y ha calificado las negociaciones de «marchan bien». El propio Trump se mostró optimista: «Estamos negociando. Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos».

Sin embargo, Israel ha quedado deliberadamente al margen de esas conversaciones, algo que irrita profundamente a Netanyahu, quien se ha propuesto eliminar por completo a los terroristas de Hezbolá en Líbano y desmantelar lo que él llama «el eje iraní». La Casa Blanca prioriza un acuerdo nuclear que congele el programa iraní, incluso si eso significa ignorar las ambiciones máximas de su socio más estrecho en Oriente Próximo. Según reveló Axios el mes pasado, Trump estalló contra Netanyahu cuando un bombardeo israelí en Beirut casi descarrila el alto el fuego: «¿Por qué tuvo que hacer Bibi un p*** ataque?», espetó el presidente, según la filtración.

La Casa Blanca no va a permitir que los intereses electorales o territoriales de un solo aliado dicten la política exterior de Estados Unidos en una región tan volátil como Oriente Próximo.

La Lógica de Washington

La grieta con Israel obedece a una lógica estratégica que trasciende a este presidente. Donald Trump necesita un éxito diplomático en Irán para proyectar fortaleza sin arrastrar a Estados Unidos a una guerra interminable. En la ecuación de la Casa Blanca, contener el programa nuclear iraní mediante un pacto —combinado con la disuasión militar— ofrece más réditos internos que seguir alimentando las operaciones israelíes en Líbano. No es la primera vez que un presidente estadounidense choca con un líder israelí: en 2014, Barack Obama mantuvo serios desencuentros con Netanyahu por el mismo motivo. Ahora Trump, a pesar de su retórica proisraelí, aplica una lógica similar: anteponer la estabilidad regional a los objetivos maximalistas de su aliado.

Para España, este pulso tiene implicaciones indirectas pero sustanciales. Una escalada en el estrecho de Ormuz —donde la semana pasada se produjo un ataque a un buque comercial— dispararía los precios del crudo, encareciendo los costes de refino de compañías como Repsol y elevando la factura energética de los hogares. La Unión Europea observa con cautela el desarrollo de las negociaciones, consciente de que un fracaso podría reavivar las tensiones en una zona de la que depende buena parte de su suministro energético.

Las conversaciones indirectas en Doha son, en este momento, la mejor apuesta para evitar una nueva espiral bélica. Pero las disensiones con Netanyahu añaden un factor de riesgo que Washington deberá gestionar con extremo cuidado en las próximas semanas. Si las negociaciones prosperan, podrían aliviar las tensiones y estabilizar el mercado petrolero. Si se tuercen, la crisis diplomática entre los dos aliados se agravará justo cuando la administración Trump busca un triunfo en política exterior.

Ficha del Caso

  • El caso: El presidente Trump se declara el mejor aliado de Israel mientras su relación con Netanyahu se tensa por el manejo de las conversaciones de paz con Irán, en un contexto de ataques militares y negociaciones indirectas en Catar.
  • Datos clave: Trump afirmó en CNBC tener un 99% de apoyo en Israel. Las conversaciones indirectas con Irán se desarrollan en Catar con optimismo de la Casa Blanca. Israel ha quedado al margen del proceso.
  • Para España: Un potencial desbloqueo de las tensiones en el Estrecho de Ormuz beneficiaría la estabilidad del crudo y los costes energéticos españoles; un fracaso de las negociaciones los elevaría.

La Audiencia Nacional obliga a Alcoa a devolver 36,6 millones en ayudas por la parada de sus cubas en Lugo

La Audiencia Nacional ha obligado a Alcoa a devolver 36,6 millones de euros en ayudas compensatorias por emisiones de CO2 a la planta de aluminio de San Cibrao, en Lugo. La sentencia, fechada el 25 de mayo de 2026 y conocida este jueves, respalda al Ministerio de Industria y condena en costas a la multinacional estadounidense.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Audiencia Nacional confirma que Alcoa debe reintegrar 36,6 millones de euros más intereses de demora, correspondientes a las ayudas al CO2 de 2017, 2018 y 2019.
  • ¿Quién está detrás? El Ministerio de Industria, que en 2021 ya reclamó la devolución al considerar que la empresa incumplió las bases de la subvención.
  • ¿Qué impacto tiene? La sentencia refuerza la política nacional de recuperación de ayudas públicas en industrias electrointensivas y abre un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre Alcoa y San Cibrao.

Un fallo que cierra la vía judicial a Alcoa

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional considera «ajustada a derecho» la resolución del Gobierno que exigió la devolución de las compensaciones por costes indirectos de CO2. La razón principal es que Alcoa comunicó en octubre de 2020 un despido colectivo y paralizó las cubas electrolíticas, lo que supuso el cese de la producción de aluminio bruto. El tribunal recuerda que ese ERE fue anulado posteriormente por el TSXG y el Tribunal Supremo, pero subraya que «el incumplimiento viene determinado por la comunicación de la decisión empresarial de despido colectivo, y no por la comunicación individual a cada trabajador».

La empresa alegaba que al ser anulado el ERE, la comunicación de despido debía considerarse inexistente. Sin embargo, la Audiencia rechaza esa interpretación y apunta a la «mala fe» detectada por el TSXG al calcular el porcentaje de afectados para eludir la devolución de las ayudas, sin que eso impidiera el cierre de las cubas. De hecho, la multinacional no ha negado que la planta paró por completo la actividad de electrolisis.

San Cibrao, un conflicto industrial de largo recorrido

La decisión judicial afecta de lleno al complejo de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, donde Alcoa completó hace menos de un año el rearranque parcial de la factoría, cuatro años después de la parada y con un calendario más lento del pactado. La ayuda por emisiones indirectas de CO2 estaba vinculada al mantenimiento de la producción de aluminio bruto, que representa el 99 % del consumo eléctrico de la planta.

El cierre total de las cubas electrolíticas supuso la pérdida de la actividad subvencionable, que consumía el 99 % de la electricidad de la planta.

La sentencia recoge que la paralización de las cubas entró «en clara contradicción con la motivación principal» del decreto de concesión de ayudas, diseñado para proteger a la industria electrointensiva de los costes de los derechos de emisión. La Audiencia no solo confirma el reintegro de 36,6 millones de euros, sino que impone las costas procesales a Alcoa y deja abierta la posibilidad de recurso de casación.

El Laboratorio Gallego

La sentencia sobre Alcoa tiene una lectura que va más allá del perímetro de la fábrica lucense. Galicia concentra algunas de las instalaciones electrointensivas más relevantes de España: desde la aluminera de San Cibrao hasta las factorías de Ferroatlántica en A Coruña o la propia metalurgia en la ría de Ferrol. El fallo de la Audiencia Nacional asienta un criterio jurídico que puede marcar otros expedientes de reintegro de ayudas al CO2 en el conjunto del Estado.

El Gobierno gallego, que ha seguido el caso de cerca desde el anuncio del ERE, ha defendido históricamente la viabilidad de San Cibrao como polo industrial. La resolución conocida este jueves devuelve presión a la Xunta para garantizar que la fábrica cumpla los compromisos de producción y empleo, al tiempo que refuerza la política nacional de recuperación de fondos públicos cuando las condiciones cambian. La incógnita ahora es si Alcoa recurrirá en casación y cómo afectarán los 36,6 millones de devolución a las cuentas de la división de aluminio en España.

Ficha del Caso

  • El caso: La Audiencia Nacional confirma la devolución de 36,6 millones en ayudas al CO2 concedidas a Alcoa entre 2017 y 2019, tras la comunicación del ERE y la parada de las cubas en San Cibrao.
  • Datos importantes: Resolución de Industria de 2021; sentencia del TSXG que anuló el ERE por mala fe; cierre total de la producción de aluminio bruto, el 99 % del consumo eléctrico subvencionado.
  • Resumen: El fallo refuerza la capacidad del Estado para reclamar ayudas a la industria electrointensiva cuando se interrumpe la actividad, un precedente con implicaciones para toda España y un nuevo episodio en la crisis industrial de la Mariña lucense.

Diana Morant oficializa su candidatura a la Generalitat sin dejar el Ministerio y marca distancias con Montero y Alegría

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, oficializó este jueves su candidatura a las primarias para la presidencia de la Generalitat Valenciana.
  • ¿Quién está detrás? La candidatura, sin rival interno, fue anunciada en la sede del partido con los secretarios provinciales y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
  • ¿Qué impacto tiene? Morant compatibilizará su cargo en el Gobierno de España de momento y se distancia de las experiencias de María Jesús Montero en Andalucía y Pilar Alegría en Aragón, que retrasaron su salida.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, oficializó ayer su candidatura a las primarias para la presidencia de la Generalitat Valenciana con un acto de unidad en la sede del partido. Acompañada de los secretarios provinciales y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la líder socialista dejó claro que, por ahora, piensa compatibilizar su condición de ministra con la carrera autonómica. «Volveré a mi tierra, de la que no me he ido nunca», afirmó, pero enseguida matizó: «De momento, como ministra en cualquier Consejo de Ministros hago más por los valencianos que Juanfran Pérez Llorca en toda la legislatura».

La frase condensa el doble mensaje que Morant quiere instalar. De un lado, la utilidad de mantenerse en el Gobierno central mientras construye su perfil electoral. Del otro, la comparación directa con el candidato del PP, al que ya señala como el rival a batir. «Sigo siendo ministra porque me siento útil», insistió, sin concretar cuándo será el día de su salida del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para ilustrar esa utilidad, Morant puso como ejemplo las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género: «El presupuesto de la Generalitat solo incluye la partida del Gobierno de España», zanjó.

Una candidatura sin rival interno y con los deberes hechos

La puesta en escena del acto en la sede del PSPV quiso ser una exhibición de unidad. Morant no tiene adversario en las primarias, y la presencia de los líderes provinciales buscaba alejar el fantasma de las divisiones internas que han lastrado al socialismo valenciano en otras etapas. Esa cohesión es el primer argumento que la candidata esgrime para diferenciarse de los batacazos electorales que sufrieron otras ministras del PSOE en sus respectivas autonomías. «En el PSPV hemos sabido hacer el trabajo, estamos unidos y tenemos a nuestros líderes como Joan Lerma y Ximo Puig dando la cara por el partido», subrayó, en una alusión velada a la ausencia de Susana Díaz en la campaña andaluza.

Morant quiere demostrar que ser ministra no es un lastre electoral y que la marca Sánchez puede arropar sin quemar.

El Gobierno como plataforma, no como lastre

Morant no elude la etiqueta de «sanchista» en un momento en que el desgaste por los casos de corrupción golpea al PSOE. Al contrario, la reivindica como activo. La diferencia, según fuentes socialistas, es que la ministra lleva meses pisando territorio valenciano y que, a diferencia de María Jesús Montero y Pilar Alegría, que apuraron su marcha del Gobierno, Morant está convencida de que «hablamos de circunstancias distintas y territorios diferentes». En Andalucía y Aragón, el retraso en dejar los ministerios fue leído como dependencia del poder central y restó autenticidad a las candidaturas. Morant, en cambio, quiere convertir su continuidad en el Ejecutivo en un signo de fortaleza. «Aquí el PP no roza la mayoría absoluta como en Andalucía», recordó la líder del PSPV, apuntando a un escenario más favorable.

La ministra también lanzó un guiño a Compromís, socio preferente en cualquier futura mayoría de izquierdas. Valoró que la coalición valencianista «vive un muy buen momento y tiene una oportunidad de ser la gran fuerza aglutinadora del voto que no se tiene que quedar en casa». Un mensaje que busca contrarrestar el avance que algunas encuestas pronostican para el partido de Joan Baldoví y que podría poner en riesgo la hegemonía del PSPV en el bloque progresista.

El Escenario Valenciano

La oficialización de la candidatura de Morant llega en un momento en que el PSOE solo ve posibilidades reales de recuperar la Generalitat Valenciana en las elecciones de mayo de 2027. La dirección federal considera que en la Comunitat Valenciana sí hay «pulsión de cambio», frente a otros territorios donde el viento sopla en contra. La razón principal, según el análisis socialista, es que el PP de Carlos Mazón no alcanza la mayoría absoluta y necesita el apoyo de Vox, un pacto que puede movilizar al electorado progresista. La polarización que genera esa coalición, unida a un PSPV unido, dibuja un escenario propicio para la alternancia.

A nivel nacional, la candidatura de Morant supone la primera vez que un ministro en activo aspira a presidir una autonomía desde que Pilar Alegría y María Jesús Montero protagonizaran sendos fracasos. La lectura que hace Ferraz de esas experiencias es que el «efecto arrastre» del Gobierno central no es suficiente y que solo una implantación territorial sólida y una candidatura creíble pueden doblar la curva. Morant, como exalcaldesa de Gandia y con una trayectoria más pegada a la gestión local, ofrece un perfil distinto. Su apuesta es que el tiempo que permanezca en el Ministerio sirva para visibilizar inversiones y proyectos en la Comunidad Valenciana y no para alimentar la imagen de distanciamiento. En los próximos meses, la pregunta será si ese equilibrio aguanta hasta la primavera de 2027 o si el calendario electoral acaba forzando su salida antes de lo previsto.

Ficha del Caso

  • El caso: Diana Morant, ministra de Ciencia y líder del PSPV, formaliza su candidatura a las primarias para la presidencia de la Generalitat Valenciana y defiende que su doble condición de ministra y candidata no es un lastre electoral.
  • Datos importantes: La candidatura no tiene rival interno y se presenta con los líderes provinciales como aval de unidad. Morant compara su estrategia con la de María Jesús Montero y Pilar Alegría, que sufrieron derrotas en Andalucía y Aragón tras retrasar su salida del Gobierno.
  • Resumen: Morant busca convertir su gestión ministerial en un activo y cuenta con un PSPV cohesionado como principal baza para intentar recuperar la Generalitat en un contexto nacional adverso para el PSOE.

Un exconcejal del PP revela en las Corts que la edil de Urbanismo le confesó su VPO en Les Naus de Alicante

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El exconcejal de Hacienda Toni Gallego ha declarado en las Corts que la exedil de Urbanismo Rocío Gómez le confesó en julio de 2024 tener una VPO en Les Naus.
  • ¿Quién está detrás? El PP de Alicante, con el alcalde Luis Barcala en el foco, y la oposición de Compromís y PSPV exigiendo responsabilidades.
  • ¿Qué impacto tiene? La revelación desmonta la versión de Barcala y coloca al primer edil al borde de una moción de censura o una dimisión forzada.

El testimonio, prestado ayer jueves en la comisión de investigación de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico), ha hecho saltar por los aires la línea de defensa del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Gallego aseguró que Rocío Gómez —entonces edil de Urbanismo— le pidió instantes antes de un pleno municipal de julio de 2024 que respondiera él a una pregunta sobre la urbanización Les Naus porque ella tenía allí una vivienda de protección pública. “Me dijo que era todo legal, que el piso era de antes de entrar en política”, relató el exconcejal.

La declaración coloca a Barcala en una situación insostenible: hasta ahora el alcalde había mantenido que no supo que Gómez era beneficiaria de una VPO hasta enero de 2025, cuando estalló el escándalo. La nueva versión sugiere que su equipo de gobierno conocía los hechos seis meses antes y, lo que es más grave, que la propia concejal intentó ocultar su implicación durante un acto oficial.

La reclamación de dimisión que ya está sobre la mesa

La oposición no ha esperado ni 24 horas. El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha exigido “la dimisión inmediata” del alcalde y ha anunciado que, si Barcala no la presenta, llevará la petición al próximo pleno. “Las informaciones conocidas en la comisión de investigación corroboran que el equipo de gobierno sabía que Gómez era cooperativista”, ha señalado Mas, recordando que la polémica arrancó precisamente con una pregunta de su formación en aquel pleno de julio de 2024.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, registrará un escrito para convocar una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina el caso. El PSPV quiere que Barcala dé “todas las explicaciones necesarias” tras la comparecencia de Gallego. La presión se ha disparado porque la exedil Rocío Gómez dimitió al conocerse las irregularidades y ya está imputada por la juez que instruye el caso.

La declaración de Gallego deja a Barcala ante una disyuntiva cruel: o sabía antes de lo que dijo y mintió, o no controlaba a su propio equipo.

Las adjudicaciones de las VPP de Les Naus, construidas sobre una parcela municipal enajenada, han estado bajo sospecha desde hace meses. La comisión de las Corts, que ahora suma el testimonio de Gallego, ha puesto de manifiesto que varios cargos del PP conocían la adjudicación a Gómez mucho antes de lo admitido oficialmente. La pregunta que se hace la oposición es qué más sabía el consistorio y, sobre todo, cuándo lo supo.

El Escenario Valenciano

El caso Les Naus trasciende la política municipal alicantina y sacude al conjunto del PP en la Comunitat Valenciana. Barcala es uno de los alcaldes populares con más peso orgánico, y su debilitamiento llega en un momento delicado para el presidente Carlos Mazón, que sostiene el pacto con Vox en la Generalitat mientras lidia con la lentitud de la reconstrucción de la DANA. La oposición autonómica —PSPV y Compromís— no tardará en trasladar la presión a las Corts: cualquier sombra de corrupción resuena con fuerza en un ejecutivo que se autodefinió como el de la “regeneración”.

En clave nacional, el escándalo añade un nuevo frente al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que observa cómo los casos de presunta corrupción en feudos tradicionales complican su estrategia de oposición al Gobierno de coalición. Con el Congreso de los Diputados ya enfilando el debate presupuestario, cada episodio de este tipo resta capital político y da argumentos a quienes piden más controles sobre la gestión local de los fondos públicos, incluidos los que nutren la reconstrucción post-DANA. La próxima jugada será la comparecencia de Barcala ante la comisión municipal: si no aclara las contradicciones, el pleno extraordinario que exigen Compromís y PSPV podría convertirse en una moción de censura real.

Ficha del Caso

  • El caso: Las adjudicaciones de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus de Alicante salpican al PP municipal desde que se supo que la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, era beneficiaria de una de esas VPO. El exconcejal Toni Gallego acaba de declarar que lo supo en julio de 2024, antes de lo que dijo el alcalde Barcala.
  • Datos importantes: La parcela de Les Naus era suelo municipal enajenado. Gómez dimitió y está imputada. Gallego afirma que ella le pidió que respondiera a una pregunta sobre el residencial para ocultar su vinculación. Compromís y PSPV exigen la dimisión del alcalde.
  • Resumen: La declaración de Gallego desmonta la cronología que defendía Barcala y abre la puerta a una crisis institucional en Alicante que ya tiene eco en la Generalitat y en la política nacional.

La vicepresidenta de la Diputación retrata el caos institucional de la DANA: «Me enteré del Cecopi por las noticias»

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, declaró como testigo y reveló que no supo de la reunión del Cecopi hasta que la vio por À Punt ni recibió alerta alguna.
  • ¿Quién está detrás? La declaración se produce en la instrucción judicial de la DANA, donde Mazzolari (PP) desvincula su actuación de la cadena de mando provincial.
  • ¿Qué impacto tiene? El testimonio refuerza la imagen de descoordinación institucional el 29-O y alimenta las exigencias de responsabilidades políticas.

Reme Mazzolari, vicepresidenta de la Diputación de Valencia, ha admitido ante la jueza que se enteró del Cecopi por la tele y que no recibió alertas el 29 de octubre de 2024.

La comparecencia, registrada el pasado 29 de junio, pone contra las cuerdas la versión oficial de la Generalitat sobre la coordinación de la emergencia. “Me entero de eso por las noticias”, respondió la testigo cuando la magistrada le preguntó si sabía que aquella tarde se celebraba el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el comité de crisis que debía activar las alertas masivas.

Mazzolari, responsable del área de Carreteras de la Diputación, aseguró que aquel fatídico 29 de octubre se quedó “teletrabajando” en Llíria, donde es concejala del PP, y que no tuvo ningún contacto con el presidente Vicente Mompó .

La vicepresidenta tampoco participó en la decisión de enviar a los trabajadores provinciales a casa a las 14:00, una medida adoptada por funcionarios de Recursos Humanos sin intervención política. “No tuve ninguna participación”, afirmó.

Tal como reconoció, no le llegó “ningún tipo de alerta o instrucción relativa a la situación que se avecinaba”. Ni la alerta hidrológica activada aquella mañana en el barranco del Poyo ni aviso alguno del Cecopi.

La vicepresidenta de la Diputación no solo ignoraba la reunión del Cecopi: tampoco recibió la alerta hidrológica activada aquella mañana en el barranco del Poyo.

Chiva, el barranco del Poyo y las llamadas que nunca existieron

La declaración contradice abiertamente a la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort (PP), quien aseguró el pasado 22 de mayo que Mazzolari la telefoneó a la hora de comer para interesarse por la situación del barranco del Poyo. “La sorprendida soy yo de que diga eso”, replicó la vicepresidenta, que exhibió una factura telefónica sin rastro de aquella llamada.

“No le encuentro otra explicación más que esta señora esté confundida”, afirmó, aunque admitió que podría entenderse por el estrés vivido. Mazzolari insistió en que fue a las siete y media de la tarde, cuando encendió À Punt, cuando tomó conciencia real de la gravedad de la riada.

El Escenario Valenciano

El testimonio de Reme Mazzolari no es un hecho aislado: se suma a una cascada de comparecencias que están dibujando un mapa de desconexiones institucionales durante la DANA. La Diputación de Valencia, gobernada por el PP, se presenta como una administración sin capacidad de reacción, pero el foco apunta más arriba, hacia el Cecopi, el ente que debía coordinar la respuesta autonómica y que dependía directamente del Consell de Carlos Mazón.

A nivel nacional, el Congreso de los Diputados sigue con atención cada revelación judicial mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha condicionado nuevos desembolsos de los fondos de reconstrucción a la transparencia y a la asunción de responsabilidades por parte de la Generalitat. La oposición valenciana —PSPV y Compromís— ha redoblado sus exigencias de dimisión del president. Los afectados, mientras tanto, esperan que la verdad judicial sirva al menos para depurar el sistema de emergencias que falló aquel 29 de octubre.

La pieza judicial continuará con nuevas testificales en las próximas semanas. Ninguna administración, ni la provincial ni la autonómica, ha podido aún explicar por qué el Es-Alert no se activó hasta las 20:12 de la tarde.

Ficha del Caso

  • El caso: La declaración judicial de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia revela su total desconocimiento de la reunión del Cecopi el día de la DANA y la ausencia de instrucciones.
  • Datos importantes: La testigo no recibió la alerta hidrológica activada por la Generalitat, no contactó con el presidente Mompó y contradice a la alcaldesa de Chiva sobre una llamada telefónica.
  • Resumen: El testimonio evidencia un fallo estructural en la cadena de mando que trasciende la administración provincial y salpica al sistema autonómico de emergencias.