Salvamento Marítimo rescata a más de 300 personas en dos embarcaciones cerca de Gran Canaria y Lanzarote

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Dos embarcaciones interceptadas en la ruta canaria: una con 96 ocupantes trasladada al muelle de Arrecife y otra con más de 200 personas escoltada hasta el muelle de Mogán, en Gran Canaria.
  • ¿Quién está detrás? La sociedad estatal Salvamento Marítimo, con la Guardamar Urania, el Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Cruz Roja y el servicio sanitario del archipiélago.
  • ¿Qué impacto tiene? Tres traslados hospitalarios, ocho posibles menores no acompañados y una nueva jornada que tensa la red de acogida de las islas.

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a más de 300 personas en dos embarcaciones en aguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria.

Dos rescates en una sola noche de Atlántico

La primera embarcación se detectó pasadas las 21.30 horas del sábado en aguas internacionales, a unas 50 millas náuticas —unos 92 kilómetros— al nordeste de Lanzarote. Hasta ese punto navegó la Guardamar Urania, una de las unidades de intervención rápida de la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Transportes, que rescató a sus ocupantes y dejó la neumática a la deriva. El buque llegó al muelle de Arrecife al filo de la una de la madrugada de este domingo, según los datos facilitados por el Consorcio de Emergencias de Lanzarote (el organismo insular que coordina bomberos, sanitarios y protección civil en la isla).

En total, 96 personas bajaron a tierra en la capital lanzaroteña. Nueve eran mujeres —una de ellas menor de edad— y otras ocho refirieron ser menores sin ningún adulto que las acompañara. Tres migrantes acabaron en el hospital por distintas patologías tras la travesía. Ocho posibles menores no acompañados se suman a la red de tutela canaria.

Los propios ocupantes relataron una procedencia diversa: Burkina Faso, Comoras, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Liberia, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo y Senegal. Explicaron que en en la embarcación viajaban once nacionalidades distintas. Ese mosaico, más que cualquier estadística, mide el alcance de un fenómeno que ya no entiende de rutas únicas.

La segunda alerta sonó ya de madrugada, cuando un cayuco (la embarcación de pesca reconvertida al transporte de personas que protagoniza la mayoría de las llegadas al archipiélago) fue localizado a unas dos millas náuticas —algo más de 3,5 kilómetros— al sur de Arguineguín. Una embarcación de la sociedad estatal escoltó la balsa hasta el muelle de Mogán y sus ocupantes empezaron a desembarcar poco después. Las fuentes de Cruz Roja cifran provisionalmente en más de 200 las personas que viajaban a bordo. El recuento final aún puede crecer. Las cifras son provisionales.

Arrecife y Arguineguín: el dispositivo que recibe

Salvamento Marítimo Gran Canaria

El operativo que atiende cada llegada combina medios estatales y autonómicos. Salvamento Marítimo localiza y remolca; los consorcios insulares de emergencias reciben en el puerto; Cruz Roja hace el primer recuento; y el servicio canario de salud decide quién necesita hospital. En esta ocasión fueron tres los trasladados, pero los ocho posibles menores no acompañados que viajaban en la embarcación de Lanzarote pasan a engrosar una lista que gestiona la comunidad autónoma, no el Estado. Canarias tutela a los menores que llegan y reclama un reparto al resto de España.

El Gobierno de Canarias lleva meses defendiendo que la acogida de esos menores debe ser obligatoria y distribuida entre todas las comunidades, no voluntaria. Es una reclamación que el Ejecutivo autonómico ha planteado en las conferencias sectoriales y que choca con la resistencia de varias autonomías. Mientras el acuerdo se cierra o se rompe, las islas siguen recibiendo. Nadie los contó al salir.

La ruta canaria no se mide en kilómetros de agua, sino en personas que desembarcan de madrugada en cualquier muelle del archipiélago.

El Pulso Territorial

Canarias afronta esta jornada con un gobierno de coalición entre Coalición Canaria y el PP, presidido por Fernando Clavijo desde 2023, y con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte. La presión migratoria es, junto al turismo y la vivienda, uno de los asuntos que más desgasta al Ejecutivo en el Parlamento de Canarias (la cámara autonómica unicameral, con 70 escaños), donde la oposición socialista exige respuestas y el propio gobierno reclama al Estado que asuma su parte.

Ninguna otra comunidad de las que cubrimos recibe llegadas marítimas a esta escala: Ceuta y Melilla tienen frontera terrestre, y el resto de autonomías solo se relacionan con la migración a través de los traslados desde las islas. El precedente está en la crisis de los cayucos de 2006, cuando el archipiélago desbordó sus recursos y el Gobierno central tuvo que activar refuerzos extraordinarios. Veinte años después, el volumen de llegadas vuelve a poner a prueba la misma infraestructura. Canarias, la comunidad más alejada de la Península, con algo más de 2,2 millones de habitantes, sigue siendo la puerta atlántica de España. El mapa habla por sí solo.

Las próximas horas serán decisivas para el recuento definitivo y para el traslado de los ocho posibles menores a los recursos de la comunidad. El asunto volverá al Parlamento canario en la próxima sesión de control al Gobierno, y la consejería competente tendrá que resolver la tutela con una red de plazas que ya trabaja al límite. No hay tregua.

Ficha Autonómica

  • El caso: Salvamento Marítimo rescató en la madrugada del domingo dos embarcaciones con más de 300 personas en aguas de Lanzarote y Gran Canaria, en una nueva jornada de llegadas al archipiélago.
  • Datos importantes: 96 personas en Arrecife (nueve mujeres, una menor, y ocho posibles menores no acompañados), más de 200 en el muelle de Mogán; tres traslados hospitalarios; 50 millas al nordeste de Lanzarote y dos millas al sur de Arguineguín.
  • Resumen: El recuento sigue siendo provisional. La comunidad asume las tutelas de los menores mientras reclama al Estado un reparto obligatorio entre autonomías que sigue sin cerrarse.

Warner Music toma el control de Halley Records, el sello de Oques Grasses y The Tyets

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Warner Music pasa a ser el único socio de Halley Records, el sello barcelonés que ha catapultado a Oques Grasses, Txarango y The Tyets.

La operación, cuyo importe no ha trascendido, pone fin a la independencia de una de las discográficas que mejor ha leído el mercado catalán en la última década. La multinacional estadounidense, tercera major del mundo por detrás de Sony Music Entertainment y Universal Music Group, integra el catálogo de la firma barcelonesa bajo su paraguas.

Halley Records nació en 2015 de la unión de tres empresas del sector musical catalán: Èxits Management, Lizardqueen Music y Vibra. Sus impulsores —Marc Isern Rabella, Ixent Sampietro Barnola y Maria Blay Alegre— salen de la compañía con esta transacción, que les deja fuera del accionariado y de la dirección.

El acuerdo incluye un cambio de denominación. A efectos legales, la sociedad pasará a llamarse Cosmic Sound S.L., según los términos de la operación adelantados por Metrópoli Abierta. Los movimientos societarios de este tipo se publican en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, donde quedará reflejada la nueva estructura.

En el catálogo del sello figuran Txarango, The Tyets, Els Catarres, Figa Flawas y Oques Grasses, la banda que certificó su retirada de los escenarios esta misma semana con los conciertos multitudinarios en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Warner no compra un repertorio de éxitos: compra la llave de la música en catalán que llena estadios.

Quién manda ahora en el sello: Rothschild y el nuevo consejo

Para pilotar la nueva etapa, la sociedad ha constituido un consejo de administración presidido por Andrés Rothschild, que asume los cargos de presidente y consejero. Le acompañan José María Ramoneda Violán, como consejero, y Maria Valeria Rapetti Tizze, que ejerce de consejera y secretaria. Ambos forman parte también de la división nacional de Warner.

Rothschild no llega en frío. Este mismo mes de octubre ha sido nombrado presidente de Warner Music Iberia dentro de la reestructuración mundial de directivos que ha liderado Robert Kyncl, consejero delegado global de Warner Music Group.

Las cifras ayudan a dimensionar el salto. Halley Records cerró el pasado ejercicio con una facturación de 1,6 millones de euros y un beneficio neto de 138.569 euros. Esas cuentas pasarán a engrosar las de Warner Music Spain, que en su ejercicio cerrado en septiembre de 2024 registró 90,1 millones de euros de ingresos y 10,7 millones de beneficio.

La jugada catalana de Warner: de The Project a Èxits Management

Halley Records

La compra de Halley no es un movimiento aislado. Warner ya adquirió en 2024 la promotora catalana The Project, fundada en 1988 por Tito Ramoneda y Joan Roselló, con Iñaki Martí como tercer socio desde 2004.

Aquel era un gigante de la música en directo: organizaba más de 700 conciertos al año, congregaba a 500.000 espectadores y estaba detrás de citas como el Festival de Jazz de Barcelona, el Guitar BCN o el Festival de Porta Ferrada.

Aquel movimiento arrastró también a Èxits Management. A finales de 2023, ambas compañías habían firmado una alianza estratégica para unir fuerzas en el management y el booking de artistas como Stay Homas, Lildami, Triquell, Suu, Meritxell Neddermann, La Fúmiga, o Els Amics de les Arts.

Lo que esta compra dice del negocio de la música en catalán

Lo que observamos al juntar las piezas es una integración vertical en toda regla: un sello discográfico, una promotora de directo y una agencia de representación. Las tres catalanas, las tres bajo el mismo paraguas. Warner controla ya la cadena completa por la que pasa buena parte de la música que se canta en catalán.

La lectura optimista es evidente: distribución global, músculo de marketing y acceso a mercados que un sello con 1,6 millones de facturación jamás podría alcanzar por su cuenta. Oques Grasses, The Tyets o Figa Flawas se mueven en un circuito de estadios que hace una década parecía reservado al pop en castellano.

Existe también una lectura incómoda. Cuando catálogo, gira y representación dependen de una multinacional, las decisiones sobre repertorio, idioma y precios se toman en despachos donde el catalán no es lengua de trabajo. No es una amenaza abstracta: es cómo funciona la industria.

Conviene mirar el precedente. La venta de The Project en 2024 ya encendió el mismo debate en el sector y no frenó nada: dos años después, Warner vuelve a la carga, esta vez por la puerta del catálogo. El movimiento sigue una lógica reconocible, la de quien compra primero el directo, después la representación y finalmente los derechos.

Tampoco procede dramatizar. La escena catalana lleva años hibridándose, y Love of Lesbian, uno de los nombres catalanes que ya opera con Warner en el mercado nacional, convive con esa etiqueta sin que su público lo haya leído nunca como un problema.

Lo que sí cambia es quién decide. Los sellos independientes que resisten en Cataluña —pequeños, autogestionados, con márgenes mínimos— se quedan con menos espacio en las giras grandes y en las listas de reproducción que marcan el consumo global. La concentración tiene siempre un ganador claro y varios perdedores silenciosos.

El siguiente hito está cerca. Con Rothschild al frente de Warner Music Iberia y la sociedad ya rebautizada como Cosmic Sound S.L., las primeras cuentas consolidadas de la filial catalana dentro del grupo dirán mucho más que cualquier nota de prensa. Ahí se verá si la operación sirve para exportar música en catalán o solo para absorberla.

El PSPV denuncia que la rectificación del Consell deja a siete municipios sin puntos de encuentro familiar

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consell rectifica el recorte de Puntos de Encuentro Familiar Judiciales con un nuevo mapa que entra en vigor el 1 de noviembre, pero mantiene sin servicio a siete municipios.
  • ¿Quién está detrás? El Consell de PP y Vox que preside Juanfran Pérez Llorca, frente a la denuncia de la portavoz de Infancia y Adolescencia del PSPV en las Corts, Romina del Rey.
  • ¿Qué impacto tiene? Más de 2.000 familias con orden judicial de encuentro tutelado tendrán que desplazarse a otra comarca para cumplirla.

El PSPV denuncia que siete municipios se quedan sin puntos de encuentro familiar tras la rectificación del Consell al recorte de julio.

Son Requena, Manises, y Alfafar, en Valencia; Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa y Villena, en Alicante; y Vila-real, en Castellón. En todos funcionaba un Punto de Encuentro Familiar Judicial (PEFJ), el espacio neutral donde se celebran los regímenes de visita supervisados por orden judicial cuando el contacto entre progenitor y menor requiere vigilancia técnica.

Lo que la rectificación corrige y lo que deja intacto

La portavoz de Infancia y Adolescencia del PSPV en las Corts (el parlamento unicameral valenciano, con 99 escaños), Romina del Rey, califica la operación de «insuficiente, parcial y lamentable». El nuevo mapa autonómico, hecho público esta semana, empieza a funcionar el próximo 1 de noviembre y no devuelve el servicio a ninguno de los siete municipios.

El origen del conflicto está en el recorte de diez PEFJ que el Consell aprobó a finales de julio. En el mismo debate presupuestario, PP y Vox impusieron una rebaja de 19 millones de euros en la línea de subvención de concurrencia competitiva «Concierto social servicios infancia y adolescencia», de la que dependen entidades que atienden infancia tutelada, menores migrantes, víctimas de agresiones sexuales y puntos de encuentro familiar.

Detrás de cada expediente hay una familia. Más de 2.000, según los cálculos que maneja el grupo socialista, necesitan estos espacios por mandato judicial. La supresión obligará a muchas a desplazarse a otra comarca, alargará las listas de espera y complicará el cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de familia.

El mapa se ha corregido, pero los siete municipios siguen sin servicio: la rectificación cambia el dibujo, no la decisión.

«Una decisión que muestra a las claras la insensibilidad del PP y de Vox», ha advertido la diputada. Del Rey sostiene que el nuevo reparto «evidencia que poco le importan las más de 2.000 familias, y cada vez son más, que necesitan por una orden judicial esos espacios seguros y de protección», y apunta directamente a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat.

La denuncia procede de un comunicado del grupo parlamentario socialista. No consta, por ahora, confirmación oficial de la Conselleria sobre el alcance del nuevo mapa ni sobre los criterios técnicos que han dejado fuera a esos siete municipios.

Las consecuencias que el nuevo mapa no corrige

PSPV Consell

El argumento socialista es de geometría simple. Cerrar un punto de encuentro no anula la orden judicial: desplaza el problema a la carretera. «Más desplazamientos y más largos para familias que ya están en un episodio de su vida y en una situación desfavorable. Y eso, para aquellas familias que se puedan desplazar», resume Del Rey, que deja en el aire la situación de quienes no tienen coche, tiempo o recursos para hacer cien kilómetros cada quince días.

Los PEFJ son un servicio de titularidad autonómica, pero la red se sostiene sobre obligaciones estatales de protección a la infancia recogidas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Cada cierre de plaza no reduce el número de tutelas: traslada presión a los juzgados de familia, a los servicios sociales municipales y al tercer sector, que ya carga con el recorte de 19 millones.

El Escenario Valenciano

El pacto de PP y Vox en el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca suma una grieta nueva en el área social. Servicios Sociales es la Conselleria que dirige Elena Albalat, y los presupuestos de la Generalitat de 2026, aprobados con los votos de la mayoría, dejaron el recorte de 19 millones como el dato más repetido por PSPV y Compromís en cada sesión de control. La oposición ha convertido la infancia en su ariete parlamentario, y el Consell responde con el argumento de la reorganización de recursos.

La lectura nacional también cuenta. Los PEFJ se gestionan desde Valencia, pero un recorte de servicios sociales en una comunidad gobernada por el PP alimenta el debate sobre el suelo común de protección social y sobre la financiación autonómica. El precedente más citado sigue siendo el ajuste de 2012, cuando los recortes en dependencia dejaron listas de espera que tardaron una década en digerirse. El Parlamento valenciano tiene la próxima sesión de control como escenario del pulso, y la Conselleria aún no ha detallado el coste del nuevo mapa.

El calendario aprieta. El nuevo mapa entra en vigor el 1 de noviembre, con los siete municipios ya sin punto de encuentro y sin que se haya anunciado alternativa itinerante. PSPV y Compromís cuentan con la comisión de Servicios Sociales y con los ayuntamientos afectados para mantener el asunto en la agenda. La pregunta que sobrevuela las Corts es sencilla: qué pasa con las familias que no pueden desplazarse.

Ficha del Caso

  • El caso: El Consell rectifica el recorte de diez Puntos de Encuentro Familiar Judiciales con un nuevo mapa que entra en vigor el 1 de noviembre, pero mantiene cerrados los de siete municipios valencianos.
  • Datos importantes: Municipios afectados: Requena, Manises, Alfafar, Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa, Villena y Vila-real. Recorte de 19 millones en el concierto social de infancia y adolescencia. Más de 2.000 familias afectadas, según el PSPV.
  • Resumen: La oposición denuncia que la rectificación es «insuficiente, parcial y lamentable» y advierte de más desplazamientos y listas de espera; el Consell no ha confirmado oficialmente el alcance del nuevo mapa.

ERC confirma a Rufián como candidato por Barcelona el 29N y cierra la puerta al Frente Amplio

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La Ejecutiva nacional de ERC confirma a Gabriel Rufián como candidato por Barcelona el 29N y entierra el Frente Amplio que reclamaban los Comuns. La dirección republicana formaliza este domingo una decisión que llevaba semanas en el aire y que deja al diputado como cara más visible del partido en el Congreso una legislatura más.

La elección no ha sido un trámite. Rufián ha condicionado su continuidad a poder elegir a parte de sus compañeros de lista y a tener más peso en la dirección estratégica de la formación, según explican fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Moncloa.com. Con esas mínimas condiciones sobre la mesa, el acuerdo se ha cerrado.

Los detalles de la candidatura se concretarán ‘durante los próximos días’, apuntan desde el partido, con la celebración de distintos congresos regionales. Rufián repite, por tanto, como cabeza de lista, aunque en esta ocasión con más condiciones que en 2023.

La Ejecutiva de ERC ratifica lo que era un secreto a voces

Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramenet, 1982) es desde 2015 la cara de ERC en el Congreso y el dirigente republicano con mayor proyección nacional. Su continuidad estaba cantada desde hace semanas, pero la dirección ha esperado hasta el último momento para escenificar unidad. El calendario tampoco daba tregua: el 29N está ya a la vuelta de la esquina y los congresos regionales deben cerrar las listas en cuestión de días.

La negociación ha sido dura. Rufián quiere poder colocar a algunos de sus propios nombres en los puestos de salida y quiere contar en las decisiones estratégicas, según las mismas fuentes. Es decir, no se conforma con ser la voz de ERC en Madrid: aspira a fijar el rumbo desde dentro. Y eso, en la sede de la calle Calàbria, se traduce en cesiones que nadie firmará en público.

El pulso que casi rompe ERC

Rufián candidato ERC

La elección de Rufián ha pendido de un hilo. Su apuesta por articular una candidatura de unidad de las izquierdas, sumada a las peticiones de los Comuns para integrarse en el llamado Frente Amplio, chocó de frente con la línea oficial de la dirección. Junqueras y Rufián empezaron la legislatura en buena sintonía; la relación se fue enturbiando a medida que el de Santa Coloma desplegaba su propia agenda.

El punto de mayor fricción llegó con los dos decretos de vivienda del Gobierno. Rufián contradijo en público el anuncio del presidente del partido sobre el sentido del voto y lo dejó claro: ‘Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz por si acaso’. En la dirección, esa frase se leyó como un desafío en toda regla. Dura pugna.

Lo que estaba en juego no era una lista, sino quién fija la estrategia de ERC en Madrid durante los próximos cuatro años.

Las alarmas llegaron a tal punto que la dirección manejó un plan B por si Rufián daba el portazo. El nombre que iba a encabezar esa alternativa era el de Jordi Albert, portavoz republicano en el Parlament y hombre de máxima confianza de Junqueras. Finalmente no ha hecho falta activarlo.

Comuns y Frente Amplio: el reproche que señala una fractura mayor

La reacción de los Comuns no se ha hecho esperar. ‘Respetamos la decisión de Gabriel Rufián de seguir bajo las siglas de ERC’, apuntan fuentes de la formación. ‘Lamentamos que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas para maximizar las opciones de frenar y volver a derrotar a las derechas, como ya se hizo en 2023’.

Las mismas fuentes añaden que los Comuns siguen ‘comprometidos y trabajando activamente’ para articular un Frente Amplio ‘de ámbito estatal’. La lectura es clara: sin ERC a bordo, el proyecto pierde el principal activo electoral de la izquierda catalana. En paralelo, ERC mantiene abierta la puerta a un posible acuerdo con Podemos que no se presentaría en Catalunya, una fórmula que le permitiría sumar sin ceder territorio propio.

Por qué este movimiento condiciona todo el 29N en Catalunya

La negativa de ERC a integrarse en el Frente Amplio tiene un precedente inmediato: en 2023, Sumar aglutinó a buena parte de la izquierda y ERC decidió competir en solitario. El resultado fue un grupo propio en el Congreso y una relación tirante con el espacio que hoy lidera Yolanda Díaz. Repetir la fórmula tiene ventajas y también riesgos evidentes.

La primera consecuencia es que el voto de izquierdas en Catalunya volverá a repartirse entre al menos tres opciones: ERC, los Comuns, y el PSC. La segunda es que ERC se queda sin coartada si el resultado es peor que en 2023. Y la tercera apunta directamente a Junqueras: si Rufián es el candidato y el partido aguanta sus condiciones, el liderazgo de la dirección queda expuesto a los números del 29N.

En clave catalana, la decisión también ordena el tablero interno de ERC de cara a los próximos ciclos electorales. Un Rufián con más cuota de poder es un Rufián que pesará más en las decisiones sobre el futuro del Govern y sobre la relación con el PSC de Salvador Illa. Es, en el fondo, un reparto de poder a poder que nadie firma en público.

Rufián ya lo dejó caer esta semana: quiere ‘representar a Esquerra Republicana’, pero ‘con unas mínimas condiciones’ y ‘acompañado de otras fuerzas de izquierdas’. Con las condiciones ya pactadas y el acompañamiento todavía por definir, el próximo hito serán los congresos regionales que deberán cerrar las listas en los próximos días. La fecha límite es el 29N. Nadie en ERC quiere volver a hablar del plan B.

Iberconsa y Pescanova modernizan sus buques-factoría en los astilleros gallegos Freire, Armón y Nodosa

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Iberconsa y Pescanova llevan sus buques-factoría a los astilleros gallegos: Freire, Armón y Nodosa suman una nueva ola de trabajo.

Freire, Armón y Nodosa: el taller de la flota más global de España

La transformación y reparación de grandes barcos coge fuerza en el naval de la ría. Las compañías sustituyen pesqueros que llevan en activo desde los años 80 y 90 por otros más eficientes y seguros y, cuando no encargan un barco nuevo, meten el viejo en el dique para remotorizarlo. El negocio se reparte entre Freire, Armón y Nodosa, tres astilleros que el sector conoce de memoria.

El caso más ilustrativo es el de Iberconsa. La pesquera viguesa tiene en Nodosa el API V, un buque-factoría con más de 50 años de actividad al que se está practicando una remotorización, la renovación completa de la planta propulsora y trabajos de acero, carpintería y calderería. La obra debe desarrollarse hasta final de año, de forma que el barco pueda participar en la campaña de 2027 de captura de merluza en aguas argentinas. Medio siglo de servicio y una campaña más por delante.

A principios de este año, Iberconsa incorporó a su flota el Santa Princesa, un barco construido en 1987 que pasó por un reacondicionamiento integral en Freire. La puesta a punto involucró a numerosas empresas auxiliares del sector naval y el buque ya está operando en Sudáfrica, donde tiene su puerto base en Ciudad del Cabo. La compañía estrenó el año pasado un merlucero en aguas namibias.

Nueva Pescanova siguió un camino parecido. Renovó recientemente en Armón el Novanam Three, antes llamado Olupale, reformado, rebautizado y repintado para faenar en el caladero de Walvis Bay, en Namibia. Se dedica principalmente a la merluza y cuenta con capacidad para capturar y procesar a bordo hasta 2.500 toneladas de producto final al año. La embarcación fue adquirida a la compañía Mar de Arbo y se construyó en 2024.

Profand, también viguesa, construye en Nodosa un congelador de última generación: 85 metros de eslora y 14 de manga, dedicado a la merluza negra y otras especies en aguas de Argentina, que operará la armadora Pesantar, participada por Profand y el grupo Newsan. En Marín, el mismo astillero trabaja en dos mejilloneros para Barlovento y Proinsa, buques auxiliares de acuicultura que se entregarán este año y en 2027.

Vigo faena en Namibia, Argentina y Sudáfrica, pero repara en casa: el naval de la ría es la otra cara de la flota más global de España.

Una flota que se renueva entera y faena lejos de casa

Iberconsa

El movimiento no es exclusivo de Iberconsa y Nueva Pescanova. Compañías como Wofco, Pereira, Pescapuerta o Copemar renovaron sus flotas hace unos años con nuevas construcciones a las que ahora se suman las transformaciones. Buena parte de esos trabajos se hizo en la ría de Vigo y en Marín. Arrastreros congeladores de última generación que faenan en Malvinas, la Patagonia o caladeros africanos.

Hay un dato que resume el ciclo. La conservera Calvo estrenó en 2021 el Monteraiola, construido en Freire: su primer pesquero en dos décadas. El gesto tenía valor de síntoma. Ahora el sector repite la jugada con más volumen y con una diferencia importante respecto a entonces: ya no se trata solo de barcos nuevos, sino de alargar la vida útil de los que ya navegan.

La actividad sostiene empleo industrial en la ría y en Marín y arrastra a una red densa de empresas auxiliares: aceros, calderería, electrónica,, carpintería. La clave está en la edad media de la flota, alta, y en la exigencia de competir en aguas internacionales con normativas cada vez más estrictas. La gestión diaria corresponde a la Consellería do Mar, el departamento autonómico de pesca y acuicultura dentro de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela), cuyo portal institucional es xunta.gal. Las reglas del juego, en cambio, se negocian en Bruselas y en Madrid.

Eso sí, toda esa cartera de obra depende de caladeros que no están en casa. Namibia, Sudáfrica, Argentina, Malvinas, la Patagonia. Un mapa de licencias, cuotas y acuerdos diplomáticos que se decide muy lejos de la ría y que deja a la flota viguesa entre las más expuestas de Europa.

El Laboratorio Gallego

Galicia gestiona su naval y su pesca desde una posición institucional poco habitual. El PPdeG (el Partido Popular de Galicia) encadena mayorías absolutas desde 2009 y Alfonso Rueda preside la Xunta desde 2022, lo que da continuidad a unas políticas industriales que se planifican a años vista. Un contrato de transformación naval no se firma por una legislatura.

Enfrente, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego), con Ana Pontón al frente, se ha consolidado como primera fuerza de la oposición, mientras el PSdeG busca reordenar su espacio. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) el debate pesquero genera más ruido que traducción presupuestaria, aunque nadie discute el peso del sector en la economía de la provincia.

La dimensión nacional aparece sola. El naval y la pesca son dos de los pocos terrenos donde Galicia marca el paso a España, y lo que aquí se ensaya, retener trabajo industrial de alto valor añadido en lugar de enviarlo a astilleros de terceros países, es exactamente el debate que se libra en Madrid y en Bruselas sobre reindustrialización. El PSdeG tiene ahí una palanca de oposición poco explotada: la política pesquera se decide en Bruselas, pero su ejecución diaria depende de la Xunta.

La proyección inmediata es doble. En lo industrial, Nodosa debe entregar el API V antes de que acabe el año para que Iberconsa llegue a la campaña argentina de 2027, y los mejilloneros de Barlovento y Proinsa saldrán del astillero entre este ejercicio y el siguiente. En lo político, queda una incógnita razonable: la renovación de la flota solo se sostiene si hay carga de trabajo, formación profesional y estabilidad regulatoria. Y eso no depende de la ría. Las cuotas deciden la temporada.

Ficha del Caso

  • El caso: Las pesqueras viguesas Iberconsa y Nueva Pescanova modernizan buques-factoría de los años 80 y 90 en los astilleros Freire, Armón y Nodosa, en plena reactivación de la transformación naval en la ría de Vigo.
  • Datos importantes: Iberconsa remotoriza el API V en Nodosa para la campaña de merluza argentina de 2027; Nueva Pescanova reformó el Novanam Three en Armón, con 2.500 toneladas anuales de capacidad de procesado; Profand construye en Nodosa un congelador de 85 metros para aguas argentinas.
  • Resumen: El naval gallego refuerza su papel como taller de una de las flotas más globales de España, con carga de trabajo en la ría y una dependencia creciente de caladeros internacionales y de las decisiones de la UE.

El TSJC zanja la batalla de la basura en Lloret: los pisos turísticos pagarán por plazas autorizadas

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) de Lloret de Mar, un municipio que pasa de 45.000 residentes en invierno a cerca de 200.000 personas en verano.
  • ¿Cuándo? La sentencia del TSJC cierra un litigio abierto en 2017 y ya marca la liquidación anual de la tasa de residuos.
  • ¿Qué cambia? Se acaba la tarifa plana para el alquiler vacacional: cada piso paga 45,26 euros por plaza autorizada, no los 90,52 euros de un domicilio residencial.

El TSJC avala que Lloret de Mar cobre la basura de los pisos turísticos por plazas autorizadas y no por tarifa plana. La sentencia, conocida al cierre de la temporada estival, pone fin a una guerra judicial que arrancó en 2017 y que el consistorio de Adrià Lamelas (PSC) había perdido una vez.

Qué dice el fallo que en 2017 tumbó al Ayuntamiento

El primer intento municipal fue una ofensiva fiscal aprobada en 2017: duplicar el recibo de la recogida de residuos a las viviendas de uso turístico. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo tumbó porque el Ayuntamiento no aportó pruebas de que un piso vacacional generase el doble de basura que un domicilio convencional. Aquel revés maniató los siguientes intentos y se convirtió en referencia para litigios parecidos en Málaga o Palma.

El marco cambió con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a las entidades locales a implantar una tasa específica y ajustada a la generación real de residuos. Con ese paraguas normativo, Lloret trazó una frontera fiscal entre quien vive todo el año en el municipio y quien está de paso.

Cuánto paga ahora cada apartamento

TSJC Lloret de Mar

Las familias residentes siguen abonando 90,52 euros anuales. Los apartamentos turísticos, considerados actividad económica lucrativa, pagan 45,26 euros por ocupante máximo autorizado y año, aunque el inmueble permanezca vacío la mayor parte de la temporada. La aritmética municipal es simple: un piso de cuatro plazas pasa a ingresar 181,04 euros al año; uno de seis, 271,56.

El Ayuntamiento de Lloret sostiene que una vivienda de uso turístico no se parece a un hogar convencional. Argumenta mayor volumen de envases de comida preparada, víveres que se tiran antes de volver al país de origen, y productos de limpieza que no se agotan como en una casa habitada los doce meses. Vaya por delante: nadie va a pesar bolsas en la puerta.

La sentencia no mide la basura que sale de cada portal, pero decide quién la paga: quien alquila, no quien vive.

La sentencia asume esos argumentos y reconoce que el fallo no obliga a medir kilo a kilo. También rechaza descontar los meses en que el piso permanece cerrado, con el argumento de que el servicio público de limpieza sigue operativo y a disposición de la finca durante todo el año.

La Associació Turística d’Apartaments (ATA) lleva desde 2017 en los tribunales contra estas tasas. La patronal niega que exista base empírica para sostener que un piso turístico contamina más por el simple hecho de destinarse al alquiler vacacional y denuncia que la cuota presume una ocupación total durante los 365 días del año. Se preguntan, además, por qué no se pesa de forma individualizada la basura de cada inmueble. Cosas del verano: la factura llega en enero, no en agosto.

Por qué la Costa Brava mira este fallo con lupa

Hay una lectura que va más allá de Lloret. El TSJC legitima una lógica —quien contamina paga— aplicada por aproximación y no por medición directa. Eso da seguridad jurídica al Ayuntamiento, pero traslada al propietario el riesgo de pagar por plazas que no ocupa. Un piso alquilado tres semanas al año abonará lo mismo que otro con la agenda llena.

En el litoral catalán el debate no es nuevo. Lo que observamos es que la presión sobre los servicios municipales crece cada temporada: Lloret dimensiona su policía, su limpieza y su recogida de residuos para 45.000 vecinos y luego atiende a 200.000 personas. El año pasado, a los 100 agentes de la Policía Local se sumaron 45 efectivos más entre Mossos d’Esquadra, vigilantes de playa, Protecció Civil y personal de ocio nocturno. Esa cuenta la paga el padrón.

El precedente de 2017 fue un muro para todos los ayuntamientos que intentaron fórmulas parecidas. Esta vez el muro se ha movido, y no precisamente a favor del sector. Cualquier consistorio con ocho meses tranquilos y cuatro de desbordamiento tiene ahora una sentencia a la que agarrarse.

Queda por ver si la patronal intenta el salto al Tribunal Supremo. Mientras tanto, el efecto práctico se notará en la próxima liquidación de la tasa, la primera que se aplica con el criterio de plazas autorizadas, y en el presupuesto municipal de Lloret para 2027, donde el consistorio decidirá si amplía el modelo a otros alojamientos o lo deja como está. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

Colombia fija en el Consejo de Seguridad de la ONU su giro exterior tras retirar la demanda contra Israel

Colombia ha convertido su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU en el escaparate de su nuevo rumbo exterior. El presidente Abelardo De La Espriella reunió el sábado 10 de octubre en Bogotá a su canciller y a su embajador ante la ONU para fijar la hoja de ruta de un país que llega al órgano de paz con la demanda contra Israel ya retirada.

La hoja de ruta que Colombia llevará a Nueva York

En la reunión participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y el embajador ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona. El encargo es ordenar los posicionamientos de Colombia durante su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Un escaño con voz y voto que el país ocupa en el bienio 2026-2027.

La directriz se apoya en tres palabras: firmeza, rigurosidad y pragmatismo. En lenguaje diplomático, eso significa defender la soberanía nacional, proteger los intereses estratégicos del país y buscar cooperación internacional con resultados verificables. Menos declaraciones y más acuerdos concretos.

El calendario no es menor. La delegación colombiana deberá intervenir en debates geopolíticos, responder ante crisis humanitarias y hacer seguimiento a las misiones de paz desplegadas por la ONU. Traducido: estará en la mesa donde se deciden las sanciones y las intervenciones.

Al término del encuentro, el presidente ratificó el avance con una frase: ‘Estamos estructurando la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU’. El país pasa de reaccionar a diseñar su propia agenda.

El viraje colombiano no es solo discurso: retira la demanda contra Israel y ocupa el órgano que decide sobre la paz mundial.

El hombre llamado a ejecutar esa agenda tiene un perfil poco común. Mauricio Gaona, designado el 27 de julio, es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en la toma del Palacio de Justicia en 1985. Doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y máster en Derecho Internacional y en Derecho de la Unión Europea, ha pasado por McGill, Harvard, UCLA y la Universidad París II Panthéon-Assas.

Por qué este giro importa tanto en España

España figura entre los principales inversores extranjeros en Colombia. Santander, BBVA, Telefónica, Repsol y Mapfre llevan décadas en el país, y cada reordenamiento de la política exterior colombiana toca de lleno sus intereses. La alineación con Occidente es la variable que vigilan los inversores.

Hay un segundo vínculo, menos conocido. Colombia es socio global de la OTAN desde 2018, una etiqueta que muy pocos países fuera del Atlántico norte han logrado. Para Madrid, ese estatus convierte al país en su gran puente de seguridad con América Latina.

De La Espriella política exterior

El telón de fondo es un cambio de alineamiento. El Gobierno anterior, el de Gustavo Petro, rompió relaciones con Israel en mayo de 2024. Ahora Bogotá retira la demanda contra Israel ante la justicia internacional. Es un gesto que Washington y Jerusalén leen como propio.

Madrid observa el movimiento con atención. España reconoció el Estado palestino el 28 de mayo de 2024, junto a Irlanda y Noruega, y mantenía con el Ejecutivo colombiano anterior una sintonía visible en los foros iberoamericanos. El viraje no rompe la relación, sostenida por la inversión y por una de las comunidades latinoamericanas más numerosas del país.

¿Qué se juega España con este cambio de brújula? Bastante más de lo que parece. Colombia es puerta de entrada a la Alianza del Pacífico, socio comercial creciente y pieza clave en la agenda migratoria y energética de la región. Perder sintonía con Bogotá resta influencia a Madrid en la región.

El precedente que ayuda a leer el movimiento

No es la primera vez que Colombia usa el sillón rotatorio. Ya ocupó un asiento no permanente en el bienio 2011-2012, cuando el conflicto con las FARC marcaba la agenda interior y la primavera árabe copaba las sesiones. Entonces el escaño sirvió para internacionalizar el conflicto; ahora, para presentar el país como potencia media.

España ocupó su último asiento no permanente en 2015-2016 y sabe bien lo que cuesta sostener posiciones propias en un club donde mandan los cinco vetos. La lección es sencilla: el Consejo no reparte medallas, reparte costes. Cada voto y cada abstención dejan rastro, y el país que se sienta allí asume el desgaste de cada decisión.

Conviene seguir tres cosas en los próximos meses: cómo se posiciona Colombia en los debates sobre las misiones de paz, si el acercamiento a Washington y a Jerusalén se traduce en acuerdos concretos y qué margen deja ese giro a la relación con Madrid. El bienio se extiende hasta diciembre de 2027, tiempo de sobra para que el país consolide o diluya su nuevo papel.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El presidente colombiano Abelardo De La Espriella reunió el 10 de octubre a su canciller y a su embajador ante la ONU para fijar la hoja de ruta del país en el Consejo de Seguridad.
  • Datos importantes: Colombia ocupa un asiento no permanente hasta diciembre de 2027, Mauricio Gaona fue designado embajador el 27 de julio y el país ha retirado la demanda contra Israel.
  • Resumen: El viraje afecta de lleno a España, que figura entre los principales inversores en Colombia y mantiene con Bogotá un vínculo estratégico en defensa y en comercio.

Alerta máxima en Polonia por un posible atentado Tusk y Kosiniak-Kamysz

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Servicio de Protección del Estado (SOP) remitió este domingo a la Policía un informe sobre un posible intento de asesinato contra el primer ministro, Donald Tusk, y el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Los servicios especiales convocaron una reunión de urgencia y califican la amenaza de ‘extremadamente grave’.
  • ¿Quién está detrás? Nadie lo ha dicho todavía. El portavoz de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, no ha detallado el origen de la información ni ha identificado a sospechosos. Varsovia mantiene la alerta sin atribuir el plan a un actor concreto.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la percepción de amenaza híbrida sobre un país fronterizo con Bielorrusia y Ucrania, y aterriza en plena discusión europea sobre defensa, protección de infraestructuras críticas y seguridad de los líderes.

Los servicios de seguridad polacos han convocado una reunión de urgencia por un posible atentado contra el primer ministro, Donald Tusk. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, figura como segundo objetivo de un supuesto intento de asesinato comunicado por el Servicio de Protección del Estado a la Policía.

Una amenaza ‘extremadamente grave’ que Varsovia no detalla

El portavoz de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, confirmó la reunión del domingo y admitió que no podía ofrecer detalles, pero no rebajó un ápice la gravedad del aviso. ‘Estamos hablando de una alta probabilidad de que estas amenazas se lleven a cabo’, declaró ante los periodistas. La frase es poco habitual en la comunicación oficial polaca, que suele reservar ese tono para crisis ya consumadas.

La portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, concretó el circuito de la alerta: el Servicio de Protección del Estado (SOP) —el cuerpo encargado de la seguridad de los ministros— remitió a la Policía un correo electrónico con la información sobre el posible ataque. El detalle no es menor. La advertencia no llegó por un canal informal, sino por el procedimiento reglado que activa la protección de las más altas autoridades del Estado. Por ahora, ninguna atribución.

Dos objetivos en la diana: el jefe del Gobierno y el hombre de la defensa

La elección de los objetivos no parece casual. El primer ministro Donald Tusk y Kosiniak-Kamysz forman la pareja que sostiene el eje de la política de defensa polaca. El primero lidera el Gobierno de coalición que ha hecho del rearme su bandera. El segundo, vicepresidente del Ejecutivo y titular de Defensa Nacional, representa al socio conservador de esa mayoría y es el rostro político del programa de fortificación del flanco este.

Polonia seguridad

Polonia es un país donde los delitos violentos son relativamente poco frecuentes. Pero también es uno de los Estados más polarizados de la Unión Europea y vive pegada a la guerra de Ucrania. Esa combinación explica por qué Varsovia trata cada amenaza contra sus dirigentes como un asunto de seguridad nacional.

El historial reciente abunda. El pasado mes de agosto, la policía detuvo a un joven de 23 años acusado de incitar al asesinato de altos cargos políticos polacos. En 2024, el propio Tusk afirmó haber recibido amenazas después del intento de asesinato del primer ministro eslovaco, Robert Fico. El guion no es nuevo.

Una amenaza contra el primer ministro y su ministro de Defensa no es un episodio aislado: es el precio de estar en primera línea del flanco este.

El Eje del Poder Europeo

La alerta polaca no es un episodio local. Polonia se ha convertido en el motor del ala dura de la defensa europea: es el país que más presión ejerce en el Consejo de la UE para que Bruselas pase de las declaraciones a los presupuestos. Su tesis —que la amenaza rusa y bielorrusa es híbrida, permanente y no admite esperas— choca con la de los frugales del norte, más cómodos en la contención fiscal, y con la de un eje franco-alemán que quiere europeizar la defensa sin disparar el gasto nacional.

En el otro extremo, los bálticos y los nórdicos empujan en la misma dirección que Varsovia. Y en el sur, España e Italia asisten a ese pulso con un interés doble: acercarse al 2% del PIB en defensa que exige la OTAN sin desequilibrar unas cuentas públicas ya tensionadas. Para Madrid, cualquier paso hacia una defensa común financiada desde Bruselas es aire fresco; para Berlín, es una factura que prefiere controlar.

El Escudo Oriental, el programa polaco de fortificación de la frontera con Bielorrusia, es la cara visible de esa doctrina. Detrás está la convicción de que la guerra híbrida —sabotajes, ciberataques, presión migratoria, y amenazas a líderes— no es un escenario futuro, sino el día a día. El precedente de Robert Fico, tiroteado en Eslovaquia en 2024, marcó un antes y un después en la seguridad de los dirigentes del este europeo.

El riesgo inmediato es doble. Si el plan era real, Varsovia tendrá que revisar protocolos y elevar la protección de su cúpula. Si la información resulta menos sólida de lo que apunta el SOP, el Gobierno tendrá que explicar por qué activó el nivel de alarma. Ninguna de las dos hipótesis resulta cómoda. El foco sigue puesto en Varsovia.

La próxima cita de los líderes europeos volverá a poner sobre la mesa el gasto en defensa y la protección de infraestructuras críticas. La alerta de este domingo en Varsovia será, muy probablemente, el argumento que esgrima Polonia para pedir más y más rápido.

Las Fiestas del Pilar 2026 arrancan en Zaragoza con 494.000 asistentes y el aforo obliga a cerrar la plaza

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Las Fiestas del Pilar 2026 arrancan en Zaragoza con 494.000 asistentes en tres días y el cierre de los accesos a la plaza del Pilar al completarse el aforo de 45.000 personas durante el pregón.
  • ¿Quién está detrás? La consejera de Cultura, Sara Fernández, presentó el primer balance. Los pregoneros fueron los Bomberos de Zaragoza, en una edición dedicada al deporte.
  • ¿Qué impacto tiene? El desfile del pregón congregó a 120.000 personas y 22.700 más siguieron el espectáculo desde pantallas exteriores, con el centro urbano al límite de su capacidad.

Las Fiestas del Pilar suman 494.000 asistentes en Zaragoza y obligan a cerrar los accesos a la plaza durante el pregón.

Un arranque de 494.000 asistentes y la plaza del Pilar al límite

El dato lo puso este domingo la consejera de Cultura, Sara Fernández, en el primer balance: 494.000 personas han participado en los actos programados desde el viernes, de las cuales 377.000 corresponden solo al sábado. El aforo de la plaza del Pilar, fijado en 45.000 personas, se completó durante el pregón y el Ayuntamiento cerró los accesos al recinto. Seguridad antes que aforo. Es la decisión que tomó el consistorio cuando la marea humana desbordó las previsiones.

El acto más multitudinario fue el desfile del pregón, que congregó a unas 120.000 personas por las calles del centro. La cita está dedicada este año al deporte, con motivo de la Capitalidad Europea del Deporte que la ciudad ostentará en 2027, y contó con la participación de numerosos clubes y deportistas. Los pregoneros fueron los Bomberos de Zaragoza, que tomaron la palabra en una plaza completamente abarrotada y y dieron paso al concierto de Antonio Orozco.

Otras 22.700 personas siguieron el espectáculo desde las pantallas instaladas en las food trucks del Parque de San Pablo, la Estación del Norte y Espacio Zity. El recinto ferial ha recibido casi 116.000 visitantes en dos días, una cifra que la consejera calificó de «muy positiva».

Qué cambia para los zaragozanos y qué vigilan los organizadores

El videomapping proyectado sobre una de las torres de la basílica del Pilar ha sido la gran sorpresa del arranque. Fernández habló de «muchísimo éxito» en su estreno y confirmó nuevos pases: los días 11, 15 y 16 de octubre a las 21.25 horas, y los días 12, 14 y 17 a las 20.25. No habrá proyección el 13, coincidiendo con el Rosario de Cristal, ni en la jornada de cierre.

Para este domingo, la programación reserva el protagonismo a los más pequeños: la comparsa de gigantes y cabezudos, el León Garganchón, el Tragachicos y la apertura de Río y Juego y el Parque de las Marionetas. A eso se suma la colocación de la Virgen en la estructura de la Ofrenda de Flores, prevista para las 12.00 horas, y el concierto de Dani Fernández en el escenario de la Fuente de Goya.

Zaragoza no mide el Pilar en hectáreas: lo mide en una plaza que se llena y en una ciudad que, durante nueve días, multiplica su población.

pregón Zaragoza 2026

La cifra de 494.000 asistentes en tres días equivale a más de un tercio de la población de Aragón y supera con holgura los habitantes de Teruel. Queda por ver si el Ayuntamiento mantiene el aforo actual de la plaza o estudia ampliarlo en próximas ediciones.

El Pulso Territorial

Aragón gobierna en coalición desde 2023, con PP y Vox sosteniendo al Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón, y con un Ayuntamiento de Zaragoza de signo popular en el que la alcaldesa, Natalia Chueca, gestiona directamente la fiesta. Las Fiestas del Pilar son el mayor escaparate político del año en la comunidad: medio millón de asistentes en tres días y una prueba de gestión para el consistorio. El calendario añade presión, porque las elecciones municipales y autonómicas llegarán en mayo de 2027.

En términos comparativos, la plaza del Pilar reúne por sí sola a más personas que la población de la mayoría de las capitales de provincia de Castilla y León o Extremadura. Zaragoza, con unos 680.000 habitantes, recibe en nueve días un volumen de visitantes que tensiona transporte, alojamiento y hostelería.

El calendario marca el resto. La Ofrenda de Flores del 12 de octubre volverá a medir la capacidad de la ciudad: es la cita con más participación popular desde mediados del siglo XX. Después llegarán el Rosario de Cristal y el cierre, previsto para el próximo fin de semana. Y en 2027, con la capitalidad deportiva en el horizonte y las urnas en mayo, el Ayuntamiento tendrá que decidir si el modelo de pantallas exteriores y aforos cerrados se consolida o se rediseña.

Ficha Autonómica

  • El caso: Zaragoza vive un arranque multitudinario de las Fiestas del Pilar 2026, con la plaza del Pilar cerrada durante el pregón al completarse su aforo.
  • Datos importantes: 494.000 asistentes en tres días (377.000 el sábado), 120.000 en el desfile del pregón, 45.000 de aforo en la plaza, 22.700 en pantallas exteriores y casi 116.000 visitantes en el recinto ferial.
  • Resumen: El consistorio mantiene el límite de aforo y refuerza el dispositivo. La programación continúa hasta el cierre del próximo fin de semana, con la Ofrenda de Flores el día 12.

Von der Leyen critica las ayudas generales a los combustibles en la UE y pone a Francia de ejemplo

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Las ayudas a los combustibles en la UE han entrado en el radar de Bruselas. Ursula von der Leyen criticó esta semana ante el Parlamento Europeo las subvenciones indiscriminadas al carburante y colocó a Francia como modelo a seguir, en un aviso velado al descuento sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que aplica el Gobierno de España.

La presidenta de la Comisión Europea puso cifras al problema. ‘Desde finales de febrero, los precios del gas han aumentado un 140% y los precios del diésel se han duplicado’, señaló en el hemiciclo. En total, si hablamos de combustibles fósiles importados, este aumento cuesta a Europa 100.000 millones de euros adicionales.

Sobre esa factura energética, Von der Leyen marcó doctrina. ‘El apoyo tiene que ser específico: nada de ayudas generalizadas porque eso incrementaría la demanda, favorecería las rentas más altas y supondría unos costes enormes. En cambio, necesitamos un apoyo hecho a medida’, subrayó.

El aviso de Von der Leyen: 100.000 millones y un mensaje directo a España

El detonante del repunte fue el cierre del Estrecho de Ormuz tras la guerra en Irán, que empujó al barril de Brent a máximos y encadenó tres meses de subidas en los surtidores. Con ese telón de fondo, el mensaje de la presidenta de la Comisión no llegaba en el vacío: en abril, Bruselas ya había llamado la atención a España por aplicar un IVA del 10% en el primer paquete anticrisis, una fórmula que la Comisión consideró fuera de la normativa europea y que, a su juicio, mandaba ‘un mensaje equívoco a los ciudadanos’. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que replegarse y buscar otra vía.

La solución actual es un descuento progresivo sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que arranca en 20 céntimos por litro este mes de octubre y que se irá recortando según evolucione la inflación. Un esquema generalista, aplicable a cualquier conductor con independencia de su renta o de cuánto use el coche, que choca con la doctrina que Von der Leyen acaba de fijar en Estrasburgo.

Bruselas no prohíbe las ayudas al carburante: exige que se filtren por renta y kilometraje, y el descuento generalista español queda retratado en ese molde.

Francia cobra 100 euros por kilometraje; España descuenta 20 céntimos por litro

Francia ha optado por el cheque focalizado. Su Gobierno ofrece 100 euros a los trabajadores que necesitan el coche para ir al empleo, siempre que cumplan requisitos de kilometraje y renta. La ayuda equivale, según París, a unos 40 céntimos por litro durante seis meses. Para solicitarla hay que recorrer al menos 15 kilómetros por trayecto entre el domicilio y el trabajo, o sumar 8.000 kilómetros al año por actividad profesional. Los umbrales de renta van de los 2.035 euros netos para solteros hasta los 6.100 euros en parejas con dos hijos. París ha ampliado el programa hasta final de año.

Rumanía, el otro caso elogiado por Von der Leyen, combina revisiones fiscales periódicas con una rebaja del IVA de dos puntos. Portugal ha intervenido el impuesto sobre los productos petrolíferos, con un impacto de 23 céntimos por litro tanto en diésel como en gasolina. Alemania aprobó una bajada del impuesto energético que deja el diésel y la gasolina en unos 14 céntimos menos por litro, 17 si se cuenta el efecto del IVA, vigente hasta finales de año.

Italia es la excepción que mira al Consejo Europeo. El Ejecutivo de Giorgia Meloni no ha prorrogado las rebajas sobre el impuesto del diésel ni ha activado un mecanismo nuevo, lo que ha tensado los precios en los surtidores. Roma espera a la cumbre de líderes para mover ficha y reclama ‘indicaciones políticas claras y concretas’ antes de decidir.

El Eje del Poder Europeo

Lo que está sobre la mesa es una disputa de fondo sobre cómo se reparte el coste de la crisis energética. El eje franco-alemán defiende intervenciones acotadas a la renta y al uso real del vehículo: Berlín actúa vía impuesto energético y París, con cheques comprobables. Los países del sur, España entre ellos, tienden a la rebaja transversal porque es rápida, visible, y políticamente rentable, aunque la Comisión la considere inflacionaria. Los frugales del norte miran con desconfianza cualquier subvención al consumo: la ven como un parche que retrasa la transición y tensiona las cuentas públicas.

Para España el envite no es menor. El descuento sobre el IEH mueve cientos de millones de euros al mes y se aplica a un parque de más de 30 millones de vehículos, sin filtro de renta. Si Bruselas endurece el criterio —y el discurso de Von der Leyen apunta en esa dirección— Moncloa tendrá que rediseñar la ayuda, focalizarla y justificarla documentalmente. La oposición ya acusa al Gobierno de subvencionar a quienes más consumen, precisamente el argumento que la presidenta de la Comisión puso por escrito.

La lectura a cinco o diez años es la de una política energética europea que se desplaza del alivio universal al apoyo quirúrgico. Es el mismo patrón del Fit for 55 y del fondo social climático: menos cheque para todos, más ayuda condicionada. Si ese giro se consolida, países como España, Portugal o Italia —con un consumo más intensivo en carburante— cargarán con el coste político de explicar por qué renuncian a medidas que su ciudadanía percibe como inmediatas. Von der Leyen ha lanzado el marco; la próxima cumbre del Consejo Europeo decidirá si se convierte en norma o queda en declaración de intenciones.

El Banco de España constata que la inversión en vivienda ya llega a siete de cada diez familias

Siete de cada diez familias españolas ya invierten en vivienda, según el Banco de España, y el mercado valenciano amplifica ese patrón.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Banco de España constata que siete de cada diez familias españolas invierten en ladrillo, sobre todo en vivienda habitual.
  • ¿Quién está detrás? Familias inversoras, el supervisor estatal y un mercado residencial que sigue tirando del ahorro privado.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la cultura de la propiedad en España y aviva el debate sobre el acceso a la vivienda.

El regulador sitúa la inversión en inmuebles como la opción preferida del ahorro familiar. No es una foto aislada: casi el 70% de los hogares con capacidad de inversión coloca su dinero en ladrillo. La vivienda habitual lidera esa clasificación, pero no es la única puerta de entrada. También aparecen las segundas residencias, las plazas de garaje y los locales comerciales. La percepción de que el inmueble mantiene su valor pesa más que cualquier folleto financiero.

Qué dice el dato del Banco de España y por qué no sorprende

Los datos del Banco de España describen una cultura financiera asentada, no una moda pasajera. La casa ha funcionado durante décadas como refugio, herencia y plan de ahorro a la vez. Esa costumbre explica que buena parte de las familias mire primero al ladrillo y solo después a los productos financieros. La vivienda no se elige por rentabilidad inmediata, se elige por seguridad.

Una de las personas entrevistadas lo resume sin rodeos: «La vivienda siempre subirá o, al menos, se mantiene; bajar no bajará».

La presidenta de la Comisión de Jóvenes Economistas de Valencia, M. Jesús Gadea, vincula esa preferencia con la tranquilidad que transmite lo tangible. «Relacionar un bien tangible con la tranquilidad y tener un bien en propiedad, como se decía antiguamente —el ladrillo nunca baja—, es algo que nos lleva a tomar esas decisiones», explica.

La diferencia entre invertir y protegerse se diluye cuando el ladrillo se convierte en el colchón de toda una familia.

Del ladrillo refugio al ladrillo negocio: la letra pequeña

No todos los inversores juegan la misma carta. Algunos entrevistados reconocen que se han pasado a los locales comerciales ante el encarecimiento de los precios residenciales. Es la letra pequeña de un mercado caro para entrar y exigente para rentabilizar. El ladrillo deja de ser un refugio y empieza a comportarse como un negocio.

La vivienda habitual manda, pero las segundas residencias, los garajes y los locales completan un mapa diversificado. En los territorios con fuerte peso turístico, ese abanico se nota mucho más. Y ahí entra de lleno la Comunitat Valenciana.

El Escenario Valenciano

En la Comunitat Valenciana, el patrón del Banco de España se lee con matices. El mercado valenciano combina, una demanda interna sólida con un peso notable de la compra extranjera y de la segunda residencia en la costa. A eso se suma el efecto de la reconstrucción tras la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno que causó las inundaciones de octubre de 2024), que ha tensado la oferta en las comarcas afectadas y ha reordenado precios y demandas.

La lectura trasciende la Comunitat. El Banco de España, como supervisor estatal, observa el mismo comportamiento en todo el país, y el acceso a la vivienda ya ocupa debates en el Congreso. Para el PP, el dato refuerza su discurso de que la propiedad es la base del ahorro familiar. Para el PSOE, subraya la urgencia de regular un mercado que deja fuera a los más jóvenes. El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) y el Ejecutivo central mantienen su pulso conocido sobre política de vivienda.

La próxima cita la marcará el propio mercado. Con los tipos de interés bajo revisión y una oferta todavía contenida, todo apunta a que la inversión en vivienda seguirá siendo el refugio favorito de las familias españolas. La pregunta, en Valencia y en el resto del país, es a qué precio se sostiene esa confianza.

Ficha del Caso

  • El caso: El Banco de España constata que siete de cada diez familias españolas invierten en inmuebles, sobre todo en vivienda habitual.
  • Datos importantes: Casi el 70% de los hogares inversores elige ladrillo; segundas residencias, garajes y locales completan la cesta.
  • Resumen: El dato refuerza la cultura de la propiedad en España y aviva el debate sobre el acceso a la vivienda.

Muere un joven de 21 años apuñalado en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada)

Un joven de 21 años ha muerto apuñalado en una discoteca de Cúllar Vega (Granada) y la Guardia Civil busca al autor.

El suceso tubo lugar durante la madrugada del sábado en un local de ocio situado en un polígono industrial a las afueras del municipio. La víctima, residente en Granada, fue atacada con un arma blanca por otro hombre, según confirman fuentes de la investigación. Los motivos de una agresión sin explicación aparente siguen sin trascender.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un joven de 21 años ha muerto en la mañana de este domingo tras ser apuñalado en una discoteca de Cúllar Vega durante la madrugada del sábado.
  • ¿Dónde y quién? El local está en un polígono industrial a las afueras de Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada. Investiga la Guardia Civil.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? El agresor sigue sin identificar y los vecinos del cinturón de Granada asisten a un homicidio ocurrido en un espacio de ocio nocturno.

Fue un trabajador del propio local quien trasladó al herido al Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. El joven ingresó sobre las cinco de la madrugada en estado crítico. Los sanitarios le apreciaron dos puñaladas en el costado, compatibles con un ataque con arma blanca, y activaron de inmediato el protocolo de urgencias.

Del polígono industrial al Clínico San Cecilio: una noche en estado crítico

El muchacho pasó por quirófano nada más llegar. Los cirujanos lo intervinieron de urgencia y, después, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde ha permanecido ingresado hasta su fallecimiento. No dejaba de perder sangre y necesitó la transfusión de multitud de bolsas, según precisan fuentes sanitarias, que describen una noche muy complicada por la gravedad del cuadro.

Tenía 21 años y residía en Granada. Ha perdido la vida en la mañana de este domingo, 11 de octubre. Su muerte sitúa los hechos en el terreno del homicidio y obliga a la Guardia Civil a reorientar una investigación que hasta ahora se centraba en esclarecer un apuñalamiento.

En el cinturón de Granada, el ocio nocturno se concentra en polígonos industriales: la discoteca de Cúllar Vega es la cara de un modelo extendido por Andalucía.

La Guardia Civil ha asumido la investigación y, de momento, no ha informado de ninguna detención. Fuentes relacionadas con el caso precisan que la investigación avanza a buen ritmo.

La grabación del interior del local, clave para identificar al agresor

Los investigadores ya tienen en su poder una grabación con la secuencia completa de los hechos dentro de la discoteca. Ese material resulta esencial para reconstruir qué ocurrió en el interior del local y para identificar a la persona o personas que puedan estar relacionadas con el apuñalamiento. Se trata de una discoteca situada en un polígono industrial a las afueras de Cúllar Vega, un tipo de ubicación habitual en los municipios del cinturón metropolitano granadino.

La instrucción del caso corresponde, llegado el momento, al juzgado competente de Granada, mientras la investigación policial sigue su curso. En estos procedimientos, la Guardia Civil trabaja bajo la dirección del juez instructor y remite las diligencias al órgano judicial, que puede decretar el secreto de sumario para no comprometer el resultado. Por ahora, sin detenidos, las imágenes del interior del local se han convertido en la principal vía para esclarecer lo ocurrido.

suceso Granada

La Lectura Andaluza

Cúllar Vega es uno de los municipios que forman el cinturón metropolitano de Granada, a pocos kilómetros de la capital, y como tantos otros ha visto cómo el ocio nocturno se desplazaba hacia los polígonos industriales de las afueras. Allí el suelo es más barato, los locales son más grandes y las molestias por ruido quedan lejos de las viviendas.

El modelo funciona, pero genera espacios en los que la seguridad depende de la vigilancia privada y de la capacidad de reacción de los propios trabajadores. Las licencias de apertura y los horarios son competencia municipal; la investigación de un homicidio, de la Guardia Civil y de los juzgados de Granada, con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como referencia en la comunidad.

Para las familias del cinturón, la noticia tiene una traducción inmediata: un joven de 21 años que sale de casa un sábado por la noche y no vuelve. La provincia de Granada arrastra una conversación pendiente sobre cómo se mueven miles de jóvenes cada fin de semana entre la capital y los municipios del entorno.

Coche, taxi o vehículo compartido: esa sigue siendo la alternativa habitual de vuelta y, en Cúllar Vega, la rutina forma parte de la vida cotidiana y sostiene buena parte del empleo de la hostelería local.

La investigación sigue abierta y marcará los próximos pasos. Si en las próximas horas o días se produce una detención, el detenido pasará a disposición judicial y el juzgado decidirá sobre su situación. Mientras tanto, el análisis de la grabación se convierte en la pieza central de un caso que ha sacudido a un municipio pequeño y tranquilo. Cúllar Vega espera respuestas, y la principal sigue estando en un fotograma.