Meteocat activa la alerta amarilla en Barcelona: la tercera ola de calor supera los 38°C en Cataluña

Bea Tejero
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Meteocat activa la alerta amarilla en Barcelona: la tercera ola de calor supera los 38°C en Cataluña

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A toda Cataluña, con aviso amarillo en Barcelona, litoral y prelitoral sur. Máxima afectación en Terres de l’Ebre y Ponent.
  • ¿Cuándo ocurre? Desde ayer domingo 12 de julio, con pico de temperaturas el miércoles 15 de julio. Se extenderá al menos hasta el jueves 16.
  • ¿Qué cambia hoy? Protecció Civil ha activado el plan Procicat por calor y pide habilitar refugios climáticos. Los Bombers refuerzan sus dotaciones ante el riesgo de incendios.

La tercera ola de calor del verano se ha hecho notar este domingo con temperaturas superiores a los 38 grados en comarcas de Lleida, y el Meteocat activa el aviso amarillo por calor intenso en Barcelona y el litoral sur para esta noche y la jornada del lunes.

Lleida lidera las temperaturas con 38,2°C en Alcarràs

Ayer domingo, la provincia de Lleida concentró los valores más altos. En Alcarràs (Segrià) el termómetro marcó 38,2°C a las 15.30 horas, mientras que en Torres de Segre llegó a 38°C y en Montesquiu (Osona) a 37,2°C. La capital, Lleida, alcanzó los 37°C.

En el Pirineo occidental, la subida también fue notable: en Vielha (Vall d’Aran) se registraron 37,5°C y en Organyà (Alt Urgell) 37,2°C a las 16.30.

En el resto del territorio, las provincias costeras tuvieron jornadas más moderadas. En Girona, la máxima se dio en Anglès (Selva) con 34,1°C, mientras que en la costa las temperaturas quedaron alrededor de 28°C. En el área de Barcelona, Canyelles (Garraf) sumó 33,8°C y el resto de municipios entre 28°C y 32°C. Tarragona vivió picos de 33,4°C en Vinebre, con el resto por debajo de 31°C.

El miércoles 15 de julio será el día más crítico

El Meteocat advierte de que esta tercera ola de calor podría ser más intensa que las anteriores. No se descarta que se activen avisos de nivel naranja o rojo por calor extremo y que se superen nuevos récords absolutos en todo el territorio. El pico se espera para el miércoles, con un inicio de descenso a partir del jueves.

No se descarta que esta tercera ola de calor active avisos naranja o rojo y supere récords absolutos en varias comarcas catalanas.

Protecció Civil ha activado hoy el plan de prevención Procicat por calor y ha instado a los ayuntamientos a habilitar espacios frescos o salas con aire acondicionado como refugios climáticos. Se presta especial vigilancia a las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar, a las que tienen discapacidad o movilidad reducida, y a quienes sufren enfermedades crónicas. Además, se recomienda prudencia en las actividades físicas al aire libre, incluidas las laborales, y se recuerda la prohibición de hacer fuego en zonas forestales y su entorno.

Bombers refuerza sus dotaciones ante el riesgo de incendio

Ante la alta probabilidad de incendios forestales, los Bombers de la Generalitat han incrementado sus recursos. Se añadirán tres o cuatro dotaciones adicionales por demarcación, con refuerzo en las salas de control, la guardia de medios aéreos y los equipos especializados GRAF y EPAF. Según el Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF), el peligro de fuego es de 5 sobre 6 en las comarcas del centro de Cataluña, sur de Lleida y Terres de l’Ebre, y de 4 sobre 6 en el resto del territorio.

Un verano de récords: los 40,7°C de Barcelona y las mínimas tórridas del Empordà

Esta no es la primera vez que Cataluña sufre temperaturas extremas este verano. La segunda ola de calor dejó el máximo histórico de 40,7°C en Barcelona y registró mínimas de 32°C en el Empordà. Ahora, la tercera ola amenaza con igualar o incluso superar esas marcas, según las previsiones.

El episodio actual se suma a un verano especialmente cálido, con tres olas de calor contabilizadas ya en julio. El precedente más cercano fue la ola de junio, que también obligó a activar el Procicat y a reforzar los servicios de emergencias. Entonces, las temperaturas máximas en el interior de Lleida rozaron los 39°C. Ahora, con el suelo seco y la vegetación en riesgo, el peligro de incendio es máximo.

Los meteorólogos insisten en que, aunque la ola comience a remitir a partir del jueves 16 de julio, las noches tropicales persistirán y el estrés térmico se mantendrá alto hasta el fin de semana. La Generalitat recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar salir en las horas centrales del día y consultar los canales oficiales de Meteocat y Protecció Civil.

El DOGC publica los presupuestos de la Generalitat para 2026: las claves de la legislatura de Illa

Bea Tejero
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El DOGC publica los presupuestos de la Generalitat para 2026: las claves de la legislatura de Illa

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicado este lunes los presupuestos de la Generalitat para 2026, el primer proyecto completo de la legislatura de Salvador Illa. El texto, que recoge los acuerdos del Consell Executiu, entra en vigor de forma inmediata y blinda la hoja de ruta económica de un Govern que aspira a cerrar la etapa de prórrogas presupuestarias. La ley de acompañamiento, publicada en el mismo número del DOGC, completa el marco fiscal y administrativo necesario para ejecutar las cuentas.

Las cifras que sostienen el Govern

El presupuesto consolidado para 2026 asciende a 36.200 millones de euros, un 5,3% más que las cuentas prorrogadas de 2024. La consejera de Economía, Alícia Romero, ha defendido la propuesta como «la más expansiva en gasto social desde 2010». Sanidad, educación, y vivienda concentran el mayor incremento: el departamento de Salut recibe 11.200 millones, un 8% adicional; Educació, 7.400; y el área de Habitatge, 2.100 millones, con un programa de alquiler social que duplica la dotación anterior.

Los ingresos previstos se apoyan en tres pilares: la mejora de la recaudación por el crecimiento económico (se estima un PIB del 2,1% para este año), la nueva cesta de impuestos incluida en la ley de acompañamiento y un mayor tramo del sistema de financiación. El Govern confía en que el Estado ingrese 1.800 millones adicionales por el mecanismo de nivelación hasta que se acuerde la reforma definitiva.

La ley de acompañamiento: los impuestos que cambian

Junto a las cuentas, el DOGC publica la ley de medidas fiscales y administrativas que las hace viables. Entre las novedades, destaca la rebaja del tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 35.000 euros —una concesión del president a ERC durante la negociación— y la creación de un impuesto a las grandes estancias turísticas de más de 2.500 metros cuadrados. También se modifica el impuesto de transmisiones patrimoniales para bonificar las compras de vivienda habitual en municipios de menos de 10.000 habitantes.

No todo son bajadas. La ley suprime la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones para herencias superiores al millón de euros, una medida que ya adelantó Moncloa.com en mayo. Fuentes del Departament d’Economía insisten en que el objetivo es «redistribuir la carga sin ahogar a las clases medias». El texto incorpora también la creación de la Agencia Tributaria de Catalunya, un viejo anhelo independentista que se desbloquea con perfil técnico. La agencia empezará a operar en enero de 2027 y solo gestionará impuestos cedidos, sin competencias sobre los grandes tributos estatales.

DOGC

El Govern blinda la estabilidad, pero la letra pequeña fiscal compromete el equilibrio con los socios independentistas.

Estabilidad, pero con los independentistas en el horizonte

La publicación en el DOGC cierra la primera fase de una legislatura que empezó sin presupuesto propio. Las cuentas de 2026 eliminan el principal argumento de Junts y la CUP para cuestionar la acción del Govern, aunque no desactivan la presión. De hecho, la inclusión de la Agencia Tributaria y la rebaja del IRPF son guiños que buscan mantener viva la geometría variable en el Parlament. Analizamos que Illa juega con dos barajas: asegurar la gobernabilidad a corto plazo con los comunes y, a la vez, neutralizar la oposición independentista con gestos simbólicos que no ponen en riesgo el control de de las cuentas.

El verdadero test llegará en octubre, cuando el Govern deba presentar el límite de gasto para 2027. Si la recaudación no alcanza las previsiones, el debate sobre la financiación autonómica volverá a envenenar la relación con Moncloa. La ley de acompañamiento incluye una disposición adicional que permite al Govern emitir deuda por 1.200 millones si los ingresos fiscales se desvían más de un 2%. Una red de seguridad que, según fuentes del Departament d’Economía consultadas por este medio, «no será fácil de activar sin el visto bueno de el Ministerio de Hacienda».

El recorrido parlamentario de estas cuentas no estuvo exento de tensiones. El PSC tuvo que ceder ante ERC en la fiscalidad verde, retrasando la ecotasa a los supermercados hasta 2028. A cambio, los republicanos aceptaron desvincular los presupuestos del referéndum pactado, cuyo grupo de trabajo sigue sin calendario. Es un baile que puede repetirse en otoño, cuando expire el crédito político de la publicación de hoy.

Observamos un Govern que ha conseguido su primer presupuesto sin grandes cesiones territoriales, pero con un coste fiscal que puede erosionar su base social. La subida encubierta en sucesiones y el impuesto turístico generan malestar en sectores empresariales que, históricamente, han mirado al PSC con simpatía. Por ahora, la patronal Foment del Treball se ha limitado a pedir «prudencia», mientras PIMEC reclama un período transitorio para las nuevas figuras.

Cabe recordar que la estabilidad presupuestaria en Catalunya ha sido una quimera desde 2014. Solo el Govern de Pere Aragonès consiguió aprobar cuentas en 2023, y lo hizo con un ajuste de última hora que dividió al independentismo. Illa ha roto ese ciclo, pero el precio político podría ser alto si la legislatura no aguanta hasta 2028. La prueba será el próximo debate de política general, previsto para septiembre.

Kallas defiende mayoría cualificada para veto de la UE a asentamientos israelíes

Angie Rivas
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Kallas defiende mayoría cualificada para veto de la UE a asentamientos israelíes

Kaja Kallas ha dado este lunes un paso al frente en el debate sobre cómo presionar a Israel para que detenga la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania. La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores defendió, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, que la futura restricción al comercio con esos asentamientos debería aprobarse por mayoría cualificada, no por unanimidad. ‘Necesitamos mayoría cualificada, porque es una cuestión comercial’, declaró ante la prensa citando la opinión del servicio jurídico del Consejo. Una postura que choca con la línea defendida hasta ahora por la Comisión Europea, partidaria de exigir unanimidad a los Veintisiete.

La batalla legal que puede desbloquear (o no) el veto a los asentamientos

La clave de la divergencia está en la base jurídica. Para la Comisión, la medida se enmarca en la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), donde rige la unanimidad. El servicio jurídico del Consejo, en cambio, considera que al tratarse de una restricción comercial puede aplicarse la mayoría cualificada, como sucede con el grueso de la política comercial común. Kallas, abogada de formación, ironizó sobre el choque de pareceres: ‘Como yo misma soy abogada, hay un dicho: cuando hay dos abogados, hay tres opiniones’. Pese a ello, insistió en que su papel es buscar el terreno común entre los Veintisiete y confió en que las opciones concretas presentadas por la Comisión ayuden a destrabar el bloqueo.

La disputa no es nueva. En 2019 el Tribunal de Justicia de la UE ya falló que los productos de los asentamientos deben etiquetarse como originarios de ‘territorios ocupados’, una victoria parcial para quienes pedían medidas más contundentes. Ahora el debate se eleva de la etiqueta a la prohibición, y con él revive la vieja tensión entre el método comunitario y la resistencia de los Estados que consideran la PESC un reducto de soberanía.

España, Irlanda y los que quieren medidas; Alemania y Chequia, los que frenan

España e Irlanda llevan meses liderando el grupo de países que exige acciones concretas contra los asentamientos. La propia Kallas organizó un desayuno informal con la ministra irlandesa Helen McEntee antes de la reunión, dedicado a la situación de Ucrania pero que reforzó la sintonía entre ambos gobiernos. Sin embargo, la mayoría de los países liderados por España e Irlanda impulsa una postura que choca con la resistencia de Alemania y de la República Checa, que hasta ahora han sido los principales frenos a cualquier avance sin unanimidad.

Kallas

En el trasfondo late también la crisis en Ucrania. Los ministros aprobaron 250 nuevos listados de sanciones contra Rusia, la cifra más alta acordada de una sola vez, pero el vigésimo primer paquete de sanciones sigue sin acuerdo por discrepancias sobre el sector pesquero y el alcance del veto de entrada a excombatientes rusos. La paradoja es evidente: mientras la UE muestra rapidez y unidad frente a Moscú, se enreda en tecnicismos jurídicos cuando el foco se gira hacia Oriente Próximo.

Con la herida de Ucrania abierta, el debate sobre los asentamientos israelíes revela la misma fractura: la necesidad de actuar sin vetos y la resistencia de quienes aún creen que la unanimidad protege algo más que el inmovilismo.

La réplica de Kallas intenta desactivar esa paradoja. Al calificar la cuestión como comercial, la Alta Representante busca sortear el bloqueo húngaro que durante años ha paralizado decisiones en política exterior. Pero el camino es estrecho: la Comisión defiende la unanimidad y varios Estados miembros, encabezados por Berlín, no están dispuestos a erosionar el principio de consenso en un área tan sensible.

El Eje del Poder Europeo

El pulso sobre los asentamientos israelíes expone una vez más la geometría variable que domina la política exterior de la UE. Por un lado, el eje franco-alemán, donde París se muestra más matizada —sin un posicionamiento explícito hoy— y Berlín obstruye cualquier deslizamiento hacia la mayoría cualificada. Por otro, los países del sur, encabezados por España, que ven en esta batalla una oportunidad para que la UE demuestre coherencia con el derecho internacional y la solución de dos Estados. Los bálticos y los nórdicos, tradicionalmente alineados con Washington, guardan silencio, mientras los de Visegrado, con Hungría a la cabeza, vigilan cualquier precedente que pueda aplicarse a sus propios vetos futuros.

Para España, el envite es de alto voltaje. Los gobiernos de Pedro Sánchez han hecho de la defensa del multilateralismo y del derecho internacional una seña de identidad en Bruselas. Liderar junto a Dublín el bloque de presión contra los asentamientos refuerza ese perfil, pero abre flancos con Tel Aviv —ya tensas— y con aliados en la UE que aún priorizan las relaciones económicas y de seguridad con Israel. A corto plazo, Moncloa se juega credibilidad diplomática; a medio, la posibilidad de que esta crisis sirva como banco de pruebas para reformas más ambiciosas de la PESC.

Si la vía comercial prospera, sería un precedente de primer orden. La mayoría cualificada para restricciones al comercio con territorios ocupados podría replicarse en otros conflictos, desde el Sáhara Occidental hasta Crimea. La UE entraría así en un terreno resbaladizo para sus relaciones con aliados clave, pero también daría un paso hacia una política exterior más ágil y menos rehén de la unanimidad. El riesgo, sin embargo, es que el debate se eternice y la acción concreta se diluya en informes jurídicos contrapuestos, mientras los asentamientos siguen creciendo.

El Consejo de hoy no tomó una decisión formal, pero las palabras de Kallas dejan claro que la lucha por el método de votación será tan intensa como la propia medida. El próximo trílogo informal sobre el paquete de sanciones a Rusia y el seguimiento del expediente israelí en el Comité Político y de Seguridad serán las primeras pruebas de fuego. Una cosa es segura: España no va a soltar la bandera de la mayoría cualificada, y Bruselas deberá elegir entre la coherencia jurídica y el cómodo abrazo del veto.

Macron sobre la defensa de Europa: ‘combatiremos al precio de la sangre’

Angie Rivas
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Macron sobre la defensa de Europa: ‘combatiremos al precio de la sangre’

Emmanuel Macron ha pronunciado este lunes su último discurso a las Fuerzas Armadas antes de la Fiesta Nacional del 14 de julio. Lo ha hecho con una contundencia inédita: “Europa se está convirtiendo en una potencia y estamos dispuestos a defender la libertad y el derecho al precio de la sangre si fuera necesario”. Las palabras del presidente francés no son solo una despedida institucional. Son un mensaje a Moscú, a Washington y a las capitales europeas que aún dudan de la ambición militar común.

Un legado que se mide en cañones y en credibilidad

Macron ha aprovechado la tribuna del Hotel Nacional de los Inválidos para consolidar lo que en el Elíseo llaman su “doctrina de autonomía estratégica”. En el discurso, el jefe del Estado vinculó la capacidad de respuesta europea directamente con la guerra en Ucrania. “Ucrania nos da una lección espectacular”, aseguró, antes de advertir que “son las guerras de hoy las que debemos ganar”. Para el presidente francés, la preparación militar ya no es un ejercicio de disuasión: es un activo de credibilidad geopolítica.

El tono marca un punto de inflexión. Francia, que durante años lideró la defensa europea casi en solitario frente al escepticismo alemán o la dependencia del paraguas estadounidense, encuentra ahora en la guerra de Ucrania un catalizador. Las encuestas en la UE muestran un apoyo mayoritario a mayor inversión en defensa; los Veintisiete han aprobado el European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act (EDIRPA) y trabajan en un programa de defensa aérea común. Macron, en su recta final, quiere atar ese legado.

El discurso llega después de meses en los que París ha presionado para acelerar la producción de munición, crear un fondo de 100 000 millones de euros para capacidades militares y desplegar instructores europeos en suelo ucraniano. La retórica de “la sangre” —que recuerda a los momentos más graves de la historia europea— no es casual: busca sacudir a los socios del norte y del sur que aún miden el coste en porcentajes del PIB.

La Coalición de Voluntarios como mensajero del 14 de julio

Esta misma tarde, Macron reúne en París a la Coalición de Voluntarios por Ucrania, una treintena de países que incluye a España, Reino Unido, Polonia, Países Bajos y los nórdicos. La cita se produce en un clima de urgencia: Kiev necesita más sistemas de defensa antiaérea y misiles de largo alcance. La coalición, nacida en julio de 2024 tras la cumbre de la OTAN en Washington, ha ido ganando densidad política, aunque aún carece de una estructura formal de mando.

Mañana, el desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos contará con medio millar de soldados de esos países, que abrirán la parada junto a tropas ucranianas. Es un gesto simbólico pero potente: por primera vez, la fiesta nacional francesa se convierte en escaparate de la cooperación militar europea sobre el terreno. Para España, que participa con una compañía del Mando de Operaciones Especiales, la imagen refuerza el perfil atlantista y europeísta de Moncloa en un año preelectoral.

No obstante, la coalición enfrenta divisiones internas. Alemania mantiene reticencias sobre el envío de misiles Taurus; Italia insiste en que cualquier despliegue debe ir acompañado de una nueva resolución de la ONU. Macron, consciente de que su mandato expira en mayo de 2027, quiere que la coalición sobreviva a su presidencia.

Macron no solo habla a los franceses: está enviando un recado a Washington y a Moscú, pero también a Berlín. El precio de la sangre es la credibilidad.

El Eje del Poder Europeo

El discurso de Macron y la cumbre de la Coalición de Voluntarios deben leerse en clave de geometría política europea. Por un lado, el eje franco-alemán atraviesa un momento de tensiones soterradas. Berlín, con una economía en recesión técnica, resiste los planes de endeudamiento mancomunado para defensa. París, por el contrario, quiere transformar la urgencia ucraniana en un “momento hamiltoniano” que cree eurobonos de defensa. España, que históricamente ha alineado con Francia en estos debates, ve con buenos ojos la propuesta, aunque el Gobierno de Sánchez prefiere no tensar la cuerda con Berlín en plena negociación del marco financiero plurianual.

En el flanco oriental, Polonia y los países bálticos respaldan la línea dura de Macron, pero exigen que cualquier promesa se traduzca en arsenales reales. La paradoja es que mientras la retórica se eleva, el gasto militar europeo sigue siendo un mosaico de 27 presupuestos nacionales con escasa interoperabilidad. El impacto para España es doble: por un lado, el sector de defensa nacional (Navantia, Indra, Airbus España) podría beneficiarse de contratos europeos si se activan los mecanismos de compra conjunta; por otro, la presión fiscal que supondría elevar el gasto del 1,28% del PIB actual al 2% comprometido con la OTAN tensaría las cuentas públicas en un contexto de nueva regla fiscal europea.

La lectura a cinco años es clara. Si la guerra de Ucrania se prolonga, Europa tendrá que decidir si se convierte en un actor militar autónomo o si permanece como un apéndice de la OTAN liderada por Washington. Macron está apostando por lo primero y está usando sus últimos meses en el Elíseo para fijar ese rumbo. El riesgo es que, sin un sucesor con la misma visión (y sin un Berlín que acompañe), el discurso de la “sangre” quede solo como un ejercicio retórico de un presidente saliente.

Lo que ocurra en los próximos meses —desde la cumbre del Consejo Europeo de octubre hasta la reunión de la OTAN de 2027— dirá si la autonomía estratégica europea es ya irreversible o si, por el contrario, volveremos al “dividendo de la paz” en cuanto suene el primer alto el fuego en Ucrania. El desfile de mañana en París, con soldados de treinta países, es una postal. La pregunta es si detrás de la foto hay munición.

Alerta por calor en Andalucía: la AEMET prevé hasta 40 ºC en Sevilla, Córdoba y Jaén

Enrique Ramos
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Alerta por calor en Andalucía: la AEMET prevé hasta 40 ºC en Sevilla, Córdoba y Jaén

La AEMET ha activado avisos amarillos por calor en seis provincias para mañana martes y el miércoles. Las temperaturas alcanzarán los 40 grados en puntos del interior de Málaga y rozarán los 39 en Córdoba, Jaén y Granada, con las horas centrales como franja de máximo riesgo.

Hoy lunes aún se mantiene un ambiente más soportable —máximas de 36 grados en Córdoba y 33 en Sevilla—, pero una masa de aire sahariano disparará los termómetros a partir de mañana, según la AEMET.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La AEMET ha emitido avisos amarillos en Málaga, Granada, Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla ante la llegada de una masa de aire muy cálido que dejará temperaturas de hasta 40 °C.
  • ¿Dónde y quién? Las alertas se concentran en el interior y las comarcas orientales: el Sol y Guadalhorce, la Cuenca del Genil, Los Vélez y la campiña cordobesa. La Junta de Andalucía y los servicios de emergencia del 112 ya difunden avisos a la ciudadanía.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Se recomienda evitar la exposición al sol entre las 13:00 y las 20:59 horas, mantener una hidratación constante y vigilar a los colectivos vulnerables (mayores, niños, enfermos y mascotas). Los termómetros podrían superar los 40 °C en Córdoba y Jaén durante el fin de semana.

Los avisos, provincia por provincia

Los primeros avisos entran en vigor mañana martes en el Sol y Guadalhorce (Álora, Cártama, Coín), la Cuenca del Genil, Guadix y Baza (Granada), y el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), con maximas de 38-39°C.

Las alertas se endurecen el miércoles 15 de julio. La AEMET extenderá los avisos a la campiña cordobesa, toda la provincia de Jaén (salvo capital y Montes) y Antequera (Málaga), más Nacimiento y Campo Tabernas (Almería). Ese día, Sol y Guadalhorce alcanzará 40°C, con municipios como Álora, Cártama o Coín al rojo vivo desde el mediodía.

En todas las zonas, la franja crítica es de 13:00 a 20:59 horas. Solo Huelva, Cádiz y el litoral occidental se libran de los avisos; el resto de Andalucía vivirá un calor sofocante que irá a más.

Recomendaciones y una recta final de semana aún más intensa

La Junta de Andalucía insiste en beber agua, evitar las actividades al aire libre en las horas centrales y vigilar a los colectivos vulnerables. El 112 Andalucía refuerza sus protocolos ante posibles golpes de calor.

El climatólogo Samuel Biener (Meteored) confirma la entrada de ‘una masa de aire muy cálido con polvo sahariano’. Tras el pico del miércoles, el fin de semana podría ser aún más duro: el sábado 18 de julio, Sevilla llegaría a 41°C, Córdoba a 44°C y puntos de Málaga como Cártama a 42°C. Las cifras pueden variar, por lo que conviene seguir las actualizaciones de la AEMET.

Los termómetros marcarán 40 grados el miércoles en Sol y Guadalhorce, pero el fin de semana podría ser aún peor: Sevilla y Córdoba alcanzarían 41 y 44 grados.

La Lectura Andaluza

Andalucía es una de las regiones europeas más expuestas al calor extremo. En 2023, la comunidad encadenó más de veinte días de avisos amarillos o naranjas, una prueba de fuego para los centros de salud y residencias que forzó a mejorar los protocolos de la Junta de Andalucía. Hoy, los trabajadores del campo adelantan sus jornadas, las escuelas reajustan los patios y miles de familias buscan refugio con aire acondicionado en las horas centrales: la adaptación al calor ya es un hábito estival.

La proyección inmediata obliga a no bajar la guardia. Con el fin de semana a la vista y máximas que podrían superar los 40°C en Sevilla y Córdoba, los servicios de la Junta mantienen activo el plan de prevención. La clave sigue siendo atender los avisos de la AEMET y aplicar el sentido común. Porque el calor en Andalucía no es solo noticia; es un paisaje que exige respeto.

La abogada de Koldo tiene que declarar mañana en el Caso Leire

Luis Miguel Montero
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La abogada de Koldo tiene que declarar mañana en el Caso Leire

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación de la abogada Leticia de la Hoz contra su citación para declarar como investigada mañana, martes 14 de julio, ante el juez Santiago Pedraz en la causa que se sigue contra una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

En un auto, la Sección Tercera rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa de la abogada y señala que, sin prejuzgar en absoluto el desarrollo del procedimiento, y únicamente en lo que atañe al objeto del recurso de apelación, los hechos que se han investigado hasta el momento aparentemente podrían constituir una infracción penal.

Por ello, la Sala considera lógico y razonable que el juez instructor quiera investigar estos hechos y a las personas que aparecen implicadas en los mismos. Añade que no puede “tacharse de arbitraria la decisión de citar a la ahora recurrente como investigada”, teniendo en cuenta los términos concretos y detallados de la declaración testifical de la empresaria Carmen Pano, en la que afirmó que la abogada le había ofrecido una cantidad económica a cambio de cometer falso testimonio en sus declaraciones sobre la entrega de una bolsa de dinero en la sede del PSOE.

El Tribunal explica que una vez que haya declarado la investigada, podrán contradecirse o desvirtuarse los indicios o proponer la prueba que se estime necesaria para ello, pero “recibir inicialmente declaración a Doña Leticia de la Hoz como investigada, y como una diligencia de investigación más de los hechos objeto, entre otros, del procedimiento, es ciertamente razonable y ajustado a derecho”, concluyen los magistrados.

INCIBE alerta de una vulnerabilidad crítica en Balbooa Forms para Joomla explotada activamente según CISA

Roberto Fuentes
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INCIBE alerta de una vulnerabilidad crítica en Balbooa Forms para Joomla explotada activamente según CISA

El INCIBE ha emitido este lunes, 13 de julio de 2026, una alerta de seguridad de nivel crítico ante una vulnerabilidad en el complemento Balbooa Forms para Joomla que permite a atacantes remotos ejecutar código arbitrario sin necesidad de autenticación, y que ya está siendo explotada de forma activa según la CISA.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE alerta de una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código (Remote Code Execution, RCE) sin autenticación en Balbooa Forms.
  • ¿Dónde y cuándo? Detectada en todas las versiones del componente hasta la 2.4.0; la solución se publicó el 9 de julio de 2026 y la alerta del INCIBE se ha emitido este 13 de julio.
  • ¿Qué resultado? La explotación permite a un atacante subir y ejecutar un archivo PHP malicioso, comprometiendo por completo el sitio Joomla afectado; la CISA confirma que ya se está explotando activamente.

La brecha técnica: el CVE-2026-56291 y la ejecución remota de código sin autenticación

La vulnerabilidad, identificada como CVE-2026-56291, reside en la función de carga de archivos del frontend de Balbooa Forms. Según detalla el aviso del INCIBE, el sistema aceptaba ficheros de cualquier usuario sin exigir autenticación, sin comprobar un token CSRF y sin aplicar ningún filtro de extensiones permitidas.

Debido a esta falta de controles, un atacante podía enviar un archivo con extensión .php haciéndose pasar por un nombre de archivo inofensivo. Como Balbooa Forms confiaba en el nombre proporcionado por el remitente, el código PHP se almacenaba en un directorio público y resultaba directamente ejecutable. El resultado es una ejecución remota de código sin autenticación — el mayor riesgo posible en una aplicación web.

La incidencia afecta a todas las versiones de Balbooa Forms hasta la 2.4.0 inclusive. La comunidad de investigadores, a través de mySites.guru, fue la primera en reportar públicamente el fallo, que posteriormente fue incluido en el catálogo de vulnerabilidades explotadas de la CISA.

La respuesta internacional: INCIBE, CISA y la solución de Balbooa

El INCIBE asignó a la alerta el identificador INCIBE-2026-479 y la difundió a primera hora de este lunes a través de su portal de avisos tempranos. La agencia estadounidense CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) corroboró el mismo día que la vulnerabilidad ya está siendo explotada de forma activa, lo que la convierte en una amenaza de prioridad máxima para los administradores de Joomla.

La solución está disponible desde el 9 de julio de 2026, cuando Balbooa publicó la versión 2.4.1 del componente. El INCIBE insta a todos los usuarios a actualizar de inmediato sus instalaciones y a revisar los registros de actividad en busca de posibles compromisos previos a la corrección.

La coordinación entre el INCIBE y la CISA para alertar sobre esta brecha crítica demuestra la eficacia del sistema de alerta temprana global, que protege a millones de usuarios de ciberataques todos los días.

El panorama de la ciberseguridad: vulnerabilidades en CMS, un vector creciente

Las plataformas de gestión de contenidos como Joomla, WordPress o Drupal figuran entre los blancos predilectos del cibercrimen. Los complementos de terceros representan una superficie de ataque especialmente vulnerable, porque a menudo quedan desatendidos por los administradores de los sitios. Fallos como el detectado en Balbooa Forms permiten compromisos silenciosos y en masa.

Según los informes anuales del INCIBE, en 2025 se gestionaron más de 115.000 incidentes de ciberseguridad en España, de los cuales un 38% estuvieron relacionados con vulnerabilidades en aplicaciones y servicios web. Esta tendencia consolida a los CMS y sus extensiones como uno de los vectores de ataque más explotados, por delante incluso de las campañas de ransomware dirigidas a empresas.

La colaboración entre el INCIBE y organismos como la CISA refuerza la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes. El catálogo KEV (Known Exploited Vulnerabilities) de la CISA se ha convertido en una herramienta fundamental para priorizar parches y reducir la ventana de exposición. La rápida inclusión del CVE-2026-56291 en ese listado subraya la urgencia de la actualización y la efectividad del sistema de inteligencia temprana en ciberseguridad.

Desde el INCIBE se recuerda que cualquier administrador de un sitio Joomla debe verificar de inmediato la versión de Balbooa Forms y aplicar el parche a la 2.4.1. Además, se recomienda auditar los servidores en busca de archivos PHP desconocidos en los directorios del componente y revisar los logs de acceso. La explotación activa confirmada por la CISA convierte esta medida en una prioridad absoluta para la seguridad de los sitios afectados.

INCIBE alerta de una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código en Mura CMS sin parche disponible

Roberto Fuentes
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INCIBE alerta de una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código en Mura CMS sin parche disponible

El INCIBE ha publicado este lunes 13 de julio de 2026 una alerta de seguridad por una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código en el CMS de Mura Software, identificada como CVE-2026-4765, sin que exista por el momento un parche oficial. La alerta, emitida a las 12:23 horas, advierte de un fallo que permite a un atacante remoto inyectar y ejecutar código arbitrario en el servidor.

La vulnerabilidad, descubierta por el investigador Miguel Segovia Gil, afecta a todas las versiones del gestor de contenidos anteriores a la 10.0.712 y ha sido catalogada por el organismo con el identificador INCIBE-2026-481. El INCIBE ha coordinado la difusión de los detalles técnicos a través de su plataforma de avisos tempranos.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE ha alertado sobre una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código en Mura CMS sin parche disponible.
  • ¿Dónde y cuándo? La alerta se publicó el 13 de julio de 2026 a las 12:23 horas. El fallo reside en el endpoint /index.cfm/_api/json/v1/default del CMS.
  • ¿Qué resultado? La vulnerabilidad CVE-2026-4765 permite a un atacante no autenticado inyectar código CFML y ejecutarlo en el servidor, sin que exista solución oficial.

Detalle de la vulnerabilidad CVE-2026-4765

El fallo se localiza en el endpoint /index.cfm/_api/json/v1/default, donde el parámetro ‘method’ de las solicitudes POST no es validado ni sanitizado antes de ser procesado por el motor de ColdFusion. Un atacante remoto puede explotar esta debilidad para inyectar expresiones CFML (ColdFusion Markup Language) arbitrarias e instanciar objetos Java maliciosos, lo que le otorga capacidad de ejecución remota de código.

Aunque la puntuación base CVSS v4.0 es de 5.1 (severidad media según la escala), el INCIBE ha catalogado la vulnerabilidad como crítica debido a su facilidad de explotación remota y al impacto potencial en los sistemas que confían en Mura CMS. El vector de ataque, identificado con CWE-79 (neutralización incorrecta de la entrada durante la generación de páginas web), no requiere autenticación previa.

Hasta el momento de la publicación, Mura Software no ha proporcionado un parche oficial. El INCIBE recomienda aplicar medidas de contención inmediatas, como restringir el acceso al endpoint vulnerable o deshabilitarlo si el funcionamiento del CMS lo permite, mientras se monitorizan los accesos en busca de indicadores de compromiso.

La rápida difusión de la alerta por parte del INCIBE permite a las organizaciones anticiparse a una posible explotación masiva mientras el fabricante trabaja en la solución.

Actuación del INCIBE y coordinación de la respuesta

La vulnerabilidad fue reportada a través de los canales de coordinación del INCIBE-CERT, el equipo de respuesta ante incidentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Como CNA (CVE Numbering Authority), el INCIBE ha asignado el código CVE-2026-4765 y ha difundido el aviso en su plataforma de alerta temprana, instando a los administradores de sistemas a aplicar las mitigaciones disponibles.

El investigador Miguel Segovia Gil ha sido reconocido como el descubridor del fallo, en el marco de la colaboración habitual entre el centro de seguridad y la comunidad de investigadores independientes que reportan vulnerabilidades de forma responsable.

El Contexto Operativo

La incidencia sobre Mura CMS se suma a una tendencia creciente de vulnerabilidades en sistemas de gestión de contenidos. Según los informes anuales del INCIBE, en 2025 se emitieron más de 250 avisos relacionados con fallos en CMS, lo que representó un incremento del 15 % respecto al ejercicio anterior. Plataformas como WordPress, Joomla o Drupal concentran la mayor parte de los casos, pero la aparición de brechas en productos menos extendidos como Mura CMS demuestra que los atacantes amplían constantemente su superficie de explotación.

La ausencia de un parche en el momento de la divulgación convierte esta vulnerabilidad en un 0day que exige una vigilancia reforzada por parte de los equipos de seguridad. El INCIBE actualizará el aviso INCIBE-2026-481 tan pronto como el fabricante publique la correspondiente actualización, y recomienda a las organizaciones mantenerse suscritas a sus canales de alerta temprana para recibir notificaciones inmediatas.

Educación pública concertada diferencias: financiación, acceso y resultados explicados

Javier Morales
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Educación pública concertada diferencias: financiación, acceso y resultados explicados

La educación concertada, regulada por la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), convive con la red pública en un modelo de doble titularidad y financiación pública. Casi uno de cada cuatro alumnos españoles estudia en un centro concertado.

En España, la enseñanza obligatoria es gratuita en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Esto incluye tanto los colegios públicos —de titularidad estatal o autonómica— como los centros concertados, que son de iniciativa privada pero reciben del Estado una subvención por unidad escolar en funcionamiento, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la LOMLOE. En el curso 2024-2025, el sistema atendió a más de ocho millones de alumnos, de los cuales aproximadamente el 25 % cursaba estudios en centros concertados.

La principal diferencia radica en la titularidad y la gestión: los públicos son administrados directamente por las Administraciones educativas, mientras que los concertados están en manos de entidades privadas, a menudo de carácter religioso, y gozan de autonomía en su proyecto educativo, aunque deben cumplir con los requisitos curriculares y de admisión fijados por la ley.

¿Qué es la educación concertada?

La educación concertada se creó con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), como una vía para hacer efectivo el derecho a la educación y la libertad de enseñanza reconocidos en el artículo 27 de la Constitución. Los conciertos educativos se suscriben entre la Administración y los titulares de centros privados siempre que estos satisfagan necesidades de escolarización y cumplan los requisitos de gratuidad, no discriminación y calidad.

En términos económicos, la financiación pública cubre los gastos de personal docente y de funcionamiento, pero la cantidad por alumno varía según la comunidad autónoma. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el gasto público por estudiante en la concertada fue aproximadamente un 30 % inferior al de la escuela pública en 2022. Los centros pueden complementar sus ingresos mediante donaciones o actividades extraescolares, siempre que sean voluntarias.

Actualmente, más de 2,5 millones de alumnos estudian en centros concertados, lo que representa alrededor del 25 % de las matrículas en la educación obligatoria, según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Las comunidades autónomas con mayor implantación son Cataluña, País Vasco y Madrid, donde supera el 30 %.

Acceso y criterios de admisión

La LOMLOE reformó el artículo 84 de la LOE para reforzar la equidad en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos. La ley establece que no podrá haber discriminación por razón socioeconómica y obliga a las administraciones a regular la admisión mediante un procedimiento común, que incluye como criterios prioritarios la renta familiar y la proximidad al domicilio. De hecho, la norma prohíbe el cobro de cuotas obligatorias en la enseñanza básica.

En el curso 2022-2023, el 68 % de los alumnos de centros concertados pertenecía a familias de nivel socioeconómico medio o alto, frente al 45 % en la escuela pública, según el INEE.

A pesar de la normativa, distintos estudios del Consejo Escolar del Estado señalan que la segregación escolar sigue siendo un problema, sobre todo en grandes ciudades, donde los concertados concentran a más alumnado de familias con mayores recursos. La demanda social de plazas en determinados barrios y la oferta de centros concertados influyen en esa distribución.

El Marco Educativo

El sistema dual de escuelas públicas y concertadas descansa en el artículo 27 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los particulares a crear centros docentes. La LOE de 2006, y la posterior LOMLOE, articulan los conciertos educativos como un mecanismo para garantizar la gratuidad y la libertad de elección en la educación obligatoria. Las comunidades autónomas son las responsables de la planificación de la oferta y de la concesión de conciertos, pero el Estado fija las bases para asegurar la equidad.

En el debate político, el Partido Popular defiende la extensión de los conciertos incluso a etapas no obligatorias como el Bachillerato, mientras que el PSOE y Sumar insisten en priorizar la red pública y limitar la financiación a los centros que no segreguen por sexo o ideario. La Conferencia de Consejos Escolares y los sindicatos docentes reclaman más recursos para la pública y un mayor control de las cuotas encubiertas en la concertada.

La LOMLOE introdujo, en su disposición adicional cuarta, la prohibición de que los centros concertados que segregan por sexo reciban financiación pública, una medida que ha sido recurrida por varias comunidades autónomas y que sigue pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.

El futuro de la financiación de la escuela concertada está sujeto a los Presupuestos Generales del Estado y a la negociación en la Conferencia Sectorial de Educación. La LOMLOE introdujo limitaciones a la apertura de nuevos conciertos y refuerza la supervisión sobre la transparencia económica de los centros. El equilibrio entre el derecho de los padres a elegir proyecto educativo y el deber de garantizar la igualdad de oportunidades continúa siendo el eje de la discusión.

Resultados académicos: ¿qué dicen los datos de PISA?

El último informe PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE), analizado por el INEE, muestra que los alumnos de centros concertados obtienen, en promedio, puntuaciones más altas en matemáticas, lectura y ciencias que los de centros públicos. Sin embargo, cuando se descuenta el índice socioeconómico y cultural, la brecha se reduce significativamente. En matemáticas, por ejemplo, la diferencia de 18 puntos a favor de los concertados casi desaparece al controlar ese factor, quedando en apenas 4 puntos.

El INEE publica periódicamente indicadores que confirman que el rendimiento académico está más vinculado al contexto socioeconómico que a la titularidad del centro. Es decir, el perfil del alumnado explica gran parte de la ventaja de los concertados en las pruebas estandarizadas. Estos datos son consistentes con investigaciones internacionales que muestran que, una vez controlado el nivel socioeconómico, las diferencias entre escuelas públicas y privadas sostenidas con fondos estatales tienden a desaparecer.

Además del informe PISA, el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS), también en 2023, reflejó patrones similares: los alumnos de centros concertados partían de un nivel más alto, pero el efecto del centro se diluía tras ajustar por capital cultural.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La educación concertada representa una de cada cuatro plazas escolares en España. Su regulación define el acceso, la financiación y la equidad del sistema educativo.
  • Por qué importa: La LOMLOE establece medidas para evitar la segregación y controlar los fondos públicos destinados a centros de titularidad privada, con impacto directo en la distribución del gasto educativo.
  • A quién le importa: A las familias que eligen centro escolar, a los docentes de ambos sectores y a las administraciones que planifican la oferta educativa cada año.

LOSU 2026: cómo afecta la nueva Ley del Sistema Universitario a estudiantes y profesores

Javier Morales
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LOSU 2026: cómo afecta la nueva Ley del Sistema Universitario a estudiantes y profesores

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, ha entrado plenamente en vigor y redefine la estructura de las universidades españolas, desde la carrera profesional del docente hasta las becas y las tasas que pagan los alumnos. Más de 1,3 millones de estudiantes y alrededor de 120.000 profesores e investigadores se ven afectados por un nuevo marco legal que busca mayor estabilidad laboral y una financiación más sólida para el sistema público.

Qué es la LOSU y qué cambios introduce

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de marzo de 2023 (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo), sustituye a la anterior Ley Orgánica de Universidades de 2001 tras un largo proceso de debate parlamentario. Con 84 universidades en España —50 públicas y 34 privadas—, la LOSU introduce una nueva gobernanza: refuerza las competencias del claustro, crea la figura del defensor universitario y obliga a todas las instituciones a contar con un plan de igualdad y una unidad de diversidad. La participación estudiantil en los consejos de departamento y de gobierno se amplía notablemente.

El cambio más visible para la comunidad académica se concreta en las nuevas figuras contractuales. Desaparecen categorías como el profesor asociado tradicional que realizaba funciones estructurales; en su lugar, la ley define al profesor contratado doctor —con contrato indefinido tras superar un proceso de acreditación— y al ayudante doctor, con una vinculación temporal de hasta seis años que debe culminar en estabilización. El profesor asociado queda restringido a profesionales externos de reconocido prestigio y no puede superar el 10 % de la plantilla. Según datos del Ministerio de Universidades, la temporalidad del profesorado público superaba el 40 % antes de la reforma.

En el plano financiero, la ley fija un suelo de gasto público destinado a las universidades del 1 % del PIB a alcanzar de forma progresiva hasta 2030. Al mismo tiempo, garantiza la congelación de las tasas de grado en términos reales y prevé una reducción progresiva de los precios de los másteres habilitantes. Se crea un complemento de beca para gastos de alojamiento y se refuerzan las ayudas a la excelencia académica.

Impacto para estudiantes y profesorado

En el día a día de las aulas, los estudiantes encuentran un marco que blinda los precios públicos y amplía la cobertura de las becas. Las universidades no pueden subir las tasas por encima del IPC, y el Estado compensará a aquellas que decidan reducirlas. La LOSU reconoce además derechos de conciliación: adaptación de horarios para estudiantes con responsabilidades familiares, ampliación de plazos de exámenes para representantes estudiantiles y una ayuda complementaria de residencia de hasta 2.500 euros anuales para quienes cursen estudios fuera de su localidad.

El gasto público universitario debe alcanzar el 1 % del PIB en 2030, lo que equivale aproximadamente a 12.000 millones de euros anuales adicionales respecto al nivel actual.

Para los docentes e investigadores, la LOSU instaura un modelo de evaluación continua a través de la ANECA. Los profesores tendrán que someterse a acreditaciones periódicas que valorarán sus méritos investigadores, docentes y de transferencia de conocimiento. La carrera horizontal se articula en tramos que permiten progresar sin necesidad de cambiar de categoría. Los contratos predoctorales pasan a tener una duración de entre 3 y 6 años, y los postdoctorales de hasta 4 años, con limitaciones para encadenar contratos temporales. La creación del Estatuto del Personal Docente e Investigador homogeneizará las condiciones laborales en todas las universidades públicas.

El Marco Educativo

La LOSU se mueve en un delicado equilibrio competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. El artículo 27 de la Constitución consagra la autonomía universitaria, pero la ley impone un suelo de gasto que las CCAA deben cofinanciar. Varios gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular expresaron reservas durante la tramitación, argumentando que el 1 % del PIB carecía de memoria económica y podía vulnerar sus competencias. El entonces ministro de Universidades, Joan Subirats, defendió que el texto respeta el marco autonómico y establece un calendario flexible de implantación.

La Conferencia de Rectores (CRUE) ha pedido un plan de financiación plurianual que detalle las aportaciones de cada administración para evitar que el objetivo quede en papel mojado. La ANECA, por su parte, trabaja en la adaptación de los procedimientos de acreditación al nuevo catálogo de figuras, un proceso que aún genera incertidumbre entre los aspirantes a plazas estables. Los estudiantes, a través del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, valoran positivamente el refuerzo de las becas, pero reclaman un seguimiento de su implantación real y una mayor regulación de los precios en las universidades privadas.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: La LOSU reorganiza la carrera docente, la gobernanza, las becas y la financiación de las 50 universidades públicas españolas.
  • Por qué importa: Supone un esfuerzo sin precedentes para reducir la precariedad laboral del profesorado y eliminar las barreras económicas en el acceso a los estudios superiores.
  • A quién le importa: Más de 1,3 millones de estudiantes y alrededor de 120.000 profesores e investigadores del sistema público universitario están directamente concernidos.

El ex abogado de Ábalos dice que Leire Díez quiso pagar la defensa del ex ministro

Luis Miguel Montero
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El ex abogado de Ábalos dice que Leire Díez quiso pagar la defensa del ex ministro

El segundo abogado de José Luis Ábalos en el caso mascarillas José Aníbal Álvarez -el primero fue Ismael Oliver- ha declarado que Leire Díez le ofreció pagar la defensa del exministro a través de una sociedad. Sin embargo, alegaba que nunca ha recibido un euro por el trabajo, ni de su cliente ni del PSOE, motivo por el que renunció a seguir representándole.

Álvarez ha declarado durante una hora como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, donde ha reconocido que se negó en rotundo a operar de la manera que la exmilitante socialista le ofrecía, aseverando que él solo cobra directamente de su cliente o de una sociedad vinculada a este para evitar problemas. En octubre del pasado año, Ábalos renunciaba a la representación de su abogado «siguiendo instrucciones de su mandante», justificándose en «diferencias irreconciliables».

Asimismo, el letrado negaba haber recibido pagos del partido y que Díez hubiera coordinado la defensa de Ábalos y Koldo en el caso mascarillas, por el que el extitular de Transportes ha recibido una pena de 24 años de prisión.Durante su declaración, ha sido preguntado por las dos reuniones concertadas en su despacho con Leire y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez —ahora juzgado en el caso Kitchen— el 15 y el 22 de julio de 2024. Si bien reconocía haberlas organizado, limitaba su papel a haber sido un mediador entre las partes y mencionaba que la fontanera le habría ofrecido a Martínez un pacto con la Fiscalía —que pide 15 años de cárcel para él— a cambio de aportar documentación que perjudicase al PP.

Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que Martínez habría acudido al letrado para tener una segunda opinión en su estrategia de Kitchen, algo por lo que no cobró, según el relato del abogado, por la relación personal entre ambos.

Rechazó la defensa por incumplimiento de pagos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba en uno de sus informes que Leire «podría haber gestionado el pago por parte del PSOE» de la defensa de Ábalos. Los agentes recogieron que «parece ser que no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello» Díez. «Este abogado rechazó la defensa por incumplimiento de pagos», apostillaba el texto.

En los informes, la UCO incorporó conversaciones entre Álvarez y Díez entre los meses de noviembre y diciembre de 2024 «haciendo referencia a un asunto que se encontraría pendiente de solución». «Tomando en consideración el conjunto de la conversación», continuaba, «se infiere que, de forma indiciaria, en estos mensajes Álvarez se estaría refiriendo al retraso y/o incumplimiento en el abono de los honorarios correspondientes a la asistencia letrada de Ábalos»

El texto de la Guardia Civil desprende que la exmilitante le preguntó si el letrado tenía «algún despacho de confianza a través del cual se podría hacer el pago», a lo que Álvarez respondió que «eso no fue lo hablado. En estas cosas no existe confianza».

La conversación transcurrió con Díez afirmando que tenía «constituida» una empresa, «de lo que se infiere que la realización del pago al que se refieren al inicio de la conversación se hiciese interponiendo a la propia Díez». Según el informe, el abogado respondió que «esto no es de recibo».

Excluir el castellano de los colegios catalanes no es legal

Luis Miguel Montero
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Excluir el castellano de los colegios catalanes no es legal

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que no es ajustado a derecho excluir el uso del castellano en la rotulación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Siguiendo ese criterio, el tribunal anula el apartado de un documento relativo a la organización y gestión de los centros docentes para el curso 2022-2023, aprobado en julio de 2022 por el departamento de Educación de la Generalitat catalana, que indicaba que “la rotulación de los espacios del centro es en lengua catalana; en occitano, en Arán, y en lengua de signos catalana si corresponde, que son las lenguas de referencia del sistema educativo”.

El Supremo estima el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, apoyado por la Fiscalía, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dio la razón a la parte recurrente respecto a otros puntos del mismo documento de la Generalitat, pero entendió que no cabía aplicar la prohibición de exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza a la rotulación en las instalaciones de los centros docentes, por considerar que ello no forma parte de la actividad educativa.

El tribunal, por el contrario, señala que la enseñanza no puede circunscribirse a lo que se transmite en las aulas, ni a los libros de texto y otros materiales docentes, y que el espacio físico en que se desenvuelve la actividad educativa no puede calificarse como algo completamente separado y ajeno a ésta. Al respecto, considera muy convincente la posición del Ministerio Fiscal al señalar que la configuración de las instalaciones de los centros docentes son efectivamente el “escenario” o el “paisaje” de la actividad educativa y, por consiguiente, forman parte de la misma.

“No es lo mismo, a efectos de la visión de las cosas que se transmite a los alumnos, un espacio físico donde señales y carteles están solo en una en las dos lenguas de la correspondiente Comunidad Autónoma. En suma, la lengua empleada en la rotulación de los centros docentes no es irrelevante para la enseñanza”, indican los magistrados.

La consecuencia de ello, para el tribunal, es que la exclusión del uso del castellano en la rotulación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos incide negativamente sobre la lengua vehicular de la enseñanza o, si se prefiere, restringe su normal potencialidad.

Asimismo, la sentencia destaca que “el castellano es lengua oficial en toda España, lo que significa -entre otras cosas- que es lengua que no puede ser excluida en las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Pues bien, los carteles y señales que permiten orientarse en edificios pertenecientes a la Administración -como son, sin duda alguna, las escuelas y los institutos de titularidad pública- constituyen un modo de comunicarse con los particulares que acceden a ellos. De aquí que no quepa afirmar que sean ajenos al régimen de cooficialidad lingüística. Ello significa que excluir el uso del castellano a estos efectos no resulta respetuoso del art. 3 de la Constitución, por no mencionar que puede introducir una diferencia de trato injustificada en materia lingüística a efectos del art. 14 de la propia carta constitucional”.

La sentencia precisa que en el pasado se ha pronunciado sobre controversias atinentes a las lenguas a utilizar en la rotulación, pero es la primera vez que afronta directamente la cuestión de la rotulación en centros docentes. Considera que la precisión es importante porque aquello que resulta ser jurídicamente relevante para la rotulación en otros ámbitos -como pueden ser, de manera muy destacada, los establecimientos comerciales abiertos al público- no es necesariamente predicable de la rotulación en centros docentes, donde entra en juego el artículo 27 de la Constitución (derecho a la educación).

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