Regantes andaluces piden cambiar el canon de riego Guadalquivir: pagar por agua consumida y no por hectáreas

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA) pide que el canon del Guadalquivir se pague por el agua consumida y no por hectáreas. La organización, que reúne a las comunidades de regantes de la cuenca, ha trasladado su propuesta en una nota en la que sostiene que el sistema vigente hace soportar el mismo coste a usuarios con consumos muy diferentes.

La reclamación se dirige al organismo que gestiona el agua de esta demarcación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el organismo público que administra el agua de una cuenca fluvial), y alcanza a todo el regadío andaluz que se abastece de ella. El canon de regulación es un coste que cada explotación afronta cada campaña, riegue mucho o poco.

Qué pide CREA y por qué lo considera injusto

La petición es concreta: que la factura se calcule en función del volumen de agua que cada comunidad consume y no de las hectáreas que tiene inscritas. CREA asegura que el criterio actual reparte la misma carga entre usuarios con consumos muy diferentes, algo que califica de injusto. Su propuesta pasa porque el reparto siga el agua que realmente se utiliza en cada zona regable.

El canon de regulación no es una tasa por el agua en sí: es la tarifa con la que los usuarios de una cuenca cubren los costes de las infraestructuras de regulación, desde los embalses hasta las obras que llevan el agua a cada acequia. Ese importe se reparte cada año entre los beneficiarios del sistema. Lo que quieren cambiar las comunidades andaluzas no es la cuantía global, sino el criterio del reparto.

La reclamación no cuestiona la existencia del canon ni su volumen anual. Se centra en la fórmula con la que esa cantidad se distribuye después entre los usuarios de la cuenca.

Así se reparte hoy el coste del agua en el Guadalquivir

El reparto se apoya en la superficie, según se desprende de la propia reclamación de las comunidades de regantes. La hectárea inscrita es una unidad estable y sencilla de revisar, pero no distingue entre una parcela que se riega cada semana y otra que apenas ha recibido agua en toda la campaña. La hectárea no riega. El agua sí.

CREA regantes

La superficie sobre la que se calcula el canon apenas cambia de una campaña a otra, mientras que el agua que se consume sí varía según la lluvia, el tipo de cultivo, y las dotaciones disponibles cada año. Ese desfase entre lo inscrito y lo gastado es el que la asociación quiere corregir con su propuesta.

Cambiar la base del cálculo no abarata el agua: lo que mueve es quién paga qué dentro de la cuenca.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aplica el canon dentro del marco que fija la Ley de Aguas, y es el organismo ante el que tendría que resolverse cualquier cambio de criterio en la facturación del regadío.

Qué haría falta para facturar por volumen

Para cobrar por agua consumida hace falta medir el agua que llega a cada comunidad. La medición en las tomas es la condición técnica previa, y su instalación y su mantenimiento también forman parte del coste del sistema que cubre el canon.

Los contadores no resuelven por sí solos el debate, pero sin ellos no hay forma de saber cuánta agua consume cada zona. Ese es el punto de partida técnico de cualquier cambio en la base del cálculo.

El organismo de cuenca cobra la tarifa a las comunidades beneficiarias, y son ellas las que después lo reparten entre sus comuneros según sus propias normas internas. Un cambio en la base del cálculo se notaría primero en esa liquidación interna y después en las cuentas de cada explotación.

A quién afecta en el regadío andaluz

El cambio de criterio interesa a las comunidades de regantes repartidas por la cuenca del Guadalquivir, un sistema de riego que se extiende por varias provincias andaluzas. Cada una vería alterada su factura en función de la intensidad con la que usa el agua.

En la práctica, una comunidad con mucha superficie inscrita y riegos poco intensivos pagaría menos que ahora, mientras que otra que aprovecha el agua a fondo asumiría una carga mayor. Es el efecto de facturar por volumen: el coste acompaña al uso real del agua, no a la extensión del terreno.

Hoy la misma factura pesa igual sobre la parcela que riega a diario y sobre la que apenas usa el agua.

Sobre el calendario, no consta ningún plazo ni cauce formal para la propuesta más allá de la petición trasladada por la asociación. Tampoco consta una respuesta pública del organismo de cuenca. El debate apunta a una cuestión de fondo: cómo se reparte entre los regantes el coste de las infraestructuras que hacen posible el riego.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: CREA reclama que el canon del Guadalquivir se cobre por agua consumida y no por hectáreas inscritas, según su nota.
  • 👥 A quién afecta: A las comunidades de regantes que se abastecen de la cuenca del Guadalquivir y a sus comuneros.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: El reparto cambiaría entre explotaciones, con más carga para las que riegan con intensidad.

La ayuda de 120 €/ha al arroz andaluz ya está sobre la mesa del MAPA: las claves de la reserva de crisis

La Junta de Andalucía ha trasladado al MAPA la propuesta de ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros: 120 euros por hectárea para el arroz andaluz. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural asume así la iniciativa del sector y la remite al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para su tramitación con cargo a la reserva europea de crisis. El objetivo declarado es compensar las pérdidas de los productores por los bajos precios, los costes elevados y la competencia de las importaciones libres de aranceles.

Las claves de la propuesta: 3,72 millones y 100 hectáreas por titular

El montante previsto ronda los 3,72 millones de euros, según el detalle de la propuesta que el sector ha difundido. La ayuda se abonaría a razón de 120 euros por hectárea, con un tope de 100 hectáreas por titular, de modo que el importe máximo por explotación se quedaría en 12.000 euros. El dinero saldría de la reserva de crisis, el instrumento del presupuesto de la PAC (Política Agraria Común, el sistema de ayudas al campo financiado por la Unión Europea) reservado a imprevistos de mercado.

  • Financiación: el 40% del presupuesto asignado a Andalucía de los fondos extraordinarios de la reserva de crisis de la UE, previstos para compensar el alza de los costes energéticos y de los fertilizantes.
  • Beneficiarios: los productores de arroz de Andalucía, concentrados casi en su totalidad en la provincia de Sevilla.
  • Resto del fondo: el presupuesto restante que corresponde a Andalucía se destinará al vacuno de leche, al caprino de leche y a la apicultura.
  • Horizonte de pago: el plazo de justificación, tramitación y pago que fija la Comisión Europea expira el 28 de febrero de 2027.

La propuesta no parte de la administración, sino del propio sector: la firman ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros, que han expresado su satisfacción por la acogida de la iniciativa. Ambas organizaciones la consideran un alivio parcial para unas explotaciones que llevan varias campañas sin poder sembrar con normalidad por la sequía y que ahora afrontan una crisis de mercado.

Por qué el arrozal vive su campaña más difícil en años

reserva europea de crisis

El arrozal andaluz afronta una de las campañas más complicadas de su historia reciente. Pese a la recuperación de la superficie cultivada gracias a una mayor disponibilidad de agua, los agricultores no consiguen comercializar su producción a precios que cubran los costes de producción. Cuando ya se está iniciando la recolección de 2026, en la provincia de Sevilla todavía queda arroz de la cosecha de 2025 pendiente de vender.

Con arroz de 2025 todavía sin salida y la cosecha de 2026 entrando en los almacenes, el cuello de botella no está en la producción sino en el precio.

El origen del atasco está en las importaciones. La Unión Europea permite la entrada libre de aranceles de hasta 562.000 toneladas de arroz procedente de países beneficiarios del régimen EBA (‘Todo menos armas’), entre ellos Camboya y Myanmar, la antigua Birmania. Esa cifra equivale a todo el arroz que se consume en España durante dos años, según la denuncia que el sector mantiene desde hace varias campañas.

A ese volumen se suma el distinto rasero regulatorio. Los productores europeos cumplen exigencias medioambientales, fitosanitarias, laborales, y de seguridad alimentaria que elevan sus costes, mientras compiten con producciones importadas sin arancel sometidas a requisitos mucho menos exigentes, según subrayan ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros.

La ayuda de 120 euros por hectárea alivia la caja de las explotaciones, pero no altera la relación de precios que se fija en origen.

A quién afecta: Sevilla y las marismas del Guadalquivir

Sevilla concentra la práctica totalidad del arroz andaluz y alrededor de la mitad de la producción nacional, según los datos que maneja el sector. Cualquier deterioro de la rentabilidad del cultivo se traslada de forma directa al empleo y a la actividad económica de los municipios arroceros, muchos de ellos afectados por la pérdida de población y sin actividad alternativa sobre la que sostenerse.

El cultivo cumple además una función ambiental que no se sustituye con facilidad: el arrozal mantiene el entorno de las marismas del Guadalquivir y del área de influencia de Doñana, dos espacios de alto valor ecológico. La continuidad del cultivo depende, en la práctica, de que las explotaciones sigan siendo viables.

Los plazos: de la decisión de Bruselas al 28 de febrero de 2027

El calendario de la ayuda depende de dos pasos que todavía no se han completado. El primero es el respaldo del Ministerio de Agricultura a la propuesta remitida por la Junta; el segundo, la autorización de la Comisión Europea. Solo después podrá abrirse el pago, dentro del plazo de justificación que Bruselas sitúa en el 28 de febrero de 2027.

El sector advierte de que la medida, por sí sola, no resuelve los problemas estructurales del cultivo. ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros piden complementarla con actuaciones de fondo: garantizar la rentabilidad, reforzar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria (la norma que prohíbe vender alimentos por debajo del coste de producción), exigir reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países y activar salvaguardas frente a las importaciones preferenciales.

🌾 Ficha de la medida

  • Organismo responsable: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con tramitación posterior en el MAPA y autorización de la Comisión Europea.
  • Normativa o convocatoria: ayuda extraordinaria con cargo a la reserva europea de crisis, a partir de la propuesta de ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros.
  • A quién afecta: productores de arroz de Andalucía, concentrados en la provincia de Sevilla.
  • Cuantía / Plazo: 120 euros por hectárea, hasta 100 hectáreas por titular, unos 3,72 millones en total; justificación y pago hasta el 28 de febrero de 2027.
  • Estado: en trámite; pendiente del respaldo del MAPA y de la autorización de la Comisión Europea.

Claves del Mundo Rural

  • 📌 Lo que debes saber: Andalucía traslada al MAPA una ayuda de 120 euros por hectárea al arroz, con cargo a la reserva europea de crisis.
  • 👥 A quién afecta: a los arroceros andaluces, casi todos en la provincia de Sevilla, que concentra cerca de la mitad del arroz español.
  • ⏭️ Qué consecuencias puede traer: si Bruselas autoriza el pago, aliviará la tesorería de las explotaciones, pero no corregirá la presión de las importaciones sin arancel.

Conferencia «Libertades» en Madrid: «La España que Sánchez quiere silenciar»

La asociación Hazte Oír celebrará el próximo jueves 15 de octubre de 2026, a las 19:00h, la conferencia «LIBERTADES: La España que Sánchez quiere silenciar», en la sala Sabatini 2 del hotel Meliá Madrid Princesa (calle Princesa, 27).

Bajo el lema «Investigar. Informar. Defender» el encuentro abordará la defensa de las libertades y el papel de la sociedad civil frente al poder político. La mesa contará con Javier María Pérez-Roldán, abogado y secretario general de Hazte Oír; Rubén Pulido, analista político especializado en inmigración ilegal y Guillermo Rocafort, economista y profesor universitario. Nouna Lozano, portavoz de Hazte Oír, conducirá la conversación.

El debate pondrá el foco en la acusación popular como instrumento para exigir responsabilidades, la llamada Ley de Nietos y las garantías electorales, y la situación de Ceuta. Estos asuntos servirán para analizar la libertad de expresión, el acceso a la información y la capacidad de los ciudadanos para fiscalizar al Gobierno.

Con esta convocatoria, Hazte Oír reivindica una sociedad civil que no se resigna al silencio: ciudadanos capaces de denunciar, periodistas libres para informar y una justicia que pueda investigar sin presiones políticas. El encuentro busca trasladar estos debates a casos concretos y explicar cómo participar en la defensa de las libertades.

La conferencia tendrá formato de mesa redonda, con intervenciones breves y conversación conjunta. El público general podrá acudir desde las 18:30 horas, aunque el acto comenzará a las 19:00. La asociación ha informado de que se trata de un acto de entrada libre hasta completar el aforo.

La academia juvenil del FBI se desplaza hasta Europa

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Un sábado del pasado mes de septiembre un instituto de Stuttgart, Alemania, se convirtió en una escuela de aprendizaje muy diferente a la habitual para 20 adolescentes. En septiembre, por primera vez, el FBI trasladó su programa de la Academia Juvenil fuera del país, a una base militar estadounidense.

Los estudiantes participantes eran hijos de estadounidenses residentes en el suroeste de Alemania, cerca de las fronteras con Francia, Suiza y Austria. Muchos tienen padres que trabajan en una de las cinco bases militares estadounidenses en el área de Stuttgart; otros tienen familiares que trabajan para el gobierno. Los estudiantes provienen de diversos entornos. Algunos asisten a la escuela secundaria de Stuttgart, mientras que otros estudian en la Escuela Internacional de Stuttgart o reciben educación en casa.

«Los hijos de familias militares y diplomáticas destinados en Stuttgart, Alemania, pasan sus vidas sirviendo discretamente en segundo plano en los asuntos mundiales», dijo Ruben Marchand-Morales, jefe de sección del FBI, División de Operaciones Internacionales, Programa de Enlace Militar.

«Nuestra primera Academia Juvenil del FBI en el extranjero brindó a estos extraordinarios estudiantes una oportunidad única y práctica para ver cómo funciona realmente el FBI, yendo mucho más allá de los mitos de Hollywood para explorar carreras reales en las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia», añadió, según recoge la revista del FBI.

A lo largo del día, los adolescentes exploraron el mundo que hay detrás de la placa. Aprendieron a tomar huellas dactilares, a iluminar pruebas fluorescentes y a buscar mensajes ocultos en un lugar de registro. También tuvieron la oportunidad de practicar tácticas de arresto, tanto entre ellos como con los instructores. Como broche de oro del día, registraron una «escena del crimen» y vigilaron a un «delincuente» buscado por usar una biotoxina.

FBI en Stuttgart

«Nuestro equipo del FBI en Stuttgart tiene la suerte de contar con excelentes socios en el Departamento de Guerra y el Departamento de Estado. Fue maravilloso ver a los hijos de algunos de nuestros mejores socios participar en simulacros del FBI y resolver los crímenes que les presentamos», dijo Rob Baird, agente especial supervisor del FBI y asesor principal del Comando África de Estados Unidos en Alemania.

Las Academias para Adolescentes forman parte del Programa de Extensión Comunitaria del FBI y suelen tener lugar en las oficinas regionales del FBI en Estados Unidos. El FBI considera que la comunicación abierta es fundamental para generar confianza, así como una oportunidad para compartir recursos de prevención del delito y contribuir a la seguridad de nuestras comunidades. Desde agentes y analistas hasta personal administrativo y directivos, todos tienen claro que cultivar estas relaciones hoy ayudará a cumplir la misión de mañana. 

El PP de Ayuso rechaza el minuto de silencio por Maricarmen en la Asamblea de Madrid: «no es un señuelo»

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP madrileño declina guardar un minuto de silencio institucional por Maricarmen en los plenos de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento, celebrados este jueves.
  • ¿Quién está detrás? La dirección popular de la Comunidad de Madrid y de Cibeles, alineada con el mensaje de Alberto Núñez Feijóo contra la utilización partidista de la muerte.
  • ¿Qué impacto tiene? Contrasta con los minutos de silencio guardados en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Aragón y ahonda la distancia con la oposición en plena batalla por la vivienda.

El PP de Ayuso cierra la puerta a un minuto de silencio institucional por Maricarmen en la Asamblea de Madrid. La dirección popular sostiene que no quiere contribuir a la utilización política de la muerte de la octogenaria, desahuciada el pasado 23 de septiembre y fallecida este miércoles tras quince días hospitalizada.

Por qué el PP madrileño dice ‘no’ al minuto de silencio

La negativa ha dejado la escena en manos de la oposición. Más Madrid y el PSOE han convocado sendos minutos de silencio quince minutos antes del inicio de los plenos, aunque fuera de las instituciones: a las 9.45 horas en el atrio exterior de la Asamblea de Madrid y hacia las 9.00 en la puerta de Cibeles.

En el Ayuntamiento de Madrid, la portavoz socialista Reyes Maroto ha dedicado un minuto de su intervención a guardar silencio por su memoria y ha propuesto que la capital rinda un homenaje a Maricarmen. El Partido Popular no ha querido dedicar un minuto de silencio a Maricarmen en el pleno del Ayuntamiento de Madrid’, ha reprochado Maroto, para quien el PP ‘sigue sin estar a la altura de esta ciudad y de su gente.

El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha devuelto el golpe sin matices: ‘para ustedes Maricarmen es una estrategia electoral’, ha espetado a toda la oposición. Desde el PP insisten en que lamentan la muerte, pero no piensan contribuir a una campaña interesada. Distintos cargos populares han pedido en las últimas horas no convertir la muerte de la mujer en un señuelo electoral.

La línea la había fijado anoche Alberto Núñez Feijóo. El presidente nacional del PP se sumó al pésame con un mensaje escueto en redes: ‘Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro’. Ni Ayuso ni Almeida publicaron mensaje alguno.

El PP ha elegido no pisar el terreno que le tiende la oposición: rechaza el minuto de silencio para no convertir una tragedia en munición electoral.

Andalucía, Valencia y Aragón sí lo guardaron

Ayuso Asamblea

La decisión madrileña no ha sido la tónica general del partido. La comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de Maricarmen. En la Comunidad Valenciana, Les Corts se han sumado al mismo gesto. Y el Pleno de las Cortes de Aragón ha guardado uno por las personas vulnerables, además de otros dos impulsados por el PSOE y CHA.

En el Senado, su presidente, Pedro Rollán, ha denegado el minuto de silencio que reclamaba el PSOE al no existir precedentes, aunque ha trasladado su solidaridad a la familia. La diferencia entre territorios refleja sensibilidades distintas dentro de un mismo partido antes que una fractura de fondo.

El contraste tiene lectura política. Madrid concentra la presión mediática y el pulso diario con la oposición; Andalucía y la Comunidad Valenciana, dos gobiernos populares con agendas propias, han optado por el gesto institucional sin entrar en el cuerpo a cuerpo.

El Eje del Poder Popular

El movimiento del PP madrileño responde a una convicción que Génova viene repitiendo desde hace semanas: no se gobierna con duelos ajenos convertidos en arma arrojadiza. Feijóo marcó la pauta antes incluso de que amaneciera el pleno y los barones la han leído cada uno a su manera. Ayuso y Almeida, en el foco institucional de la capital, han optado por el rechazo frontal; Andalucía, la Comunidad Valenciana y Aragón, por el gesto de duelo. No hay fractura, sino sensibilidades distintas ante un mismo principio.

El aterrizaje territorial es el verdadero campo de batalla. La vivienda lleva meses en el centro de la agenda madrileña, con la Puerta del Sol como epicentro de las acampadas y el Ayuntamiento y la Comunidad empujando planes de suelo y liberalización. El PP defiende que su hoja de ruta —más oferta, menos trabas, y colaboración público-privada— ataca el problema de raíz, frente a una oposición que, sostienen en Génova, prefiere la pancarta al decreto.

El riesgo inmediato es que el caso cristalice como símbolo en plena precampaña y que la negativa se lea como frialdad institucional. El partido afronta el reto de explicar por qué no guarda silencio sin parecer insensible, y de hacerlo, además, en un contexto en el que Andalucía y Valencia ya han enviado la señal contraria. Ahí está la comparación que más incomoda: la de un mismo partido respondiendo de tres formas distintas al mismo duelo.

Queda abierto el debate sobre el uso político del dolor. Génova sostiene que la mejor respuesta a un drama social es la gestión, no el símbolo, y que cada minuto de silencio convertido en bandera resta credibilidad a las instituciones. La pelota queda en el tejado de los plenos que vienen.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP no entra a convertir el dolor en arma electoral y reivindica la gestión frente al símbolo.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
  • Próximo hito: Los plenos autonómicos y municipales de las próximas semanas medirán si la vivienda se consolida como eje de la oposición.

Los hutíes reivindican el ataque al aeropuerto de Riad: qué se sabe de las explosiones en la capital saudí

Los hutíes de Yemen reivindican un ataque con misil balístico contra el aeropuerto Rey Khalid de Riad, con explosiones confirmadas por testigos en la capital saudí, según Euronews y Reuters. Arabia Saudí no ha confirmado de inmediato el impacto ni ha informado de daños o víctimas.

El anuncio lo hizo este jueves el grupo formalmente conocido como Ansar Allah, que asegura haber dirigido un misil balístico contra el aeropuerto internacional de la capital saudí. Se trata de una nueva escalada de sus ataques contra aeropuertos del reino vecino.

Qué ha reivindicado el grupo hutí y qué confirma Arabia Saudí

La reivindicación no ha sido confirmada por las autoridades saudíes. Varios testigos han relatado explosiones en distintos puntos de Riad, aunque ninguna fuente oficial ha detallado daños ni víctimas. Los diplomáticos recibieron instrucciones de refugiarse en sus respectivas embajadas y los colegios internacionales también adoptaron precauciones, de acuerdo con los testigos citados por Reuters.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, el general Turki al-Malki, afirmó que las fuerzas interceptaron un misil balístico al norte de Riad. En la misma comparecencia señaló que se destruyó una plataforma en Saná utilizada para lanzar ataques contra la capital saudí.

La intercepción, sin embargo, no confirma un impacto en el aeropuerto. El grupo hutí agrupa a musulmanes chiíes zaydíes, una rama del islam con raíces históricas en el norte de Yemen y teológicamente distinta tanto del chiismo duodecimano dominante en Irán como de la tradición suní imperante en Arabia Saudí. Arabia Saudí también ha acusado al grupo de atacar los lugares sagrados de La Meca y Medina, señalamientos que los hutíes rechazan.

No hay confirmación oficial del impacto por parte de Arabia Saudí: lo único verificado es la intercepción de un misil al norte de Riad y las explosiones descritas por testigos.

El ataque con dron del día anterior contra el mismo aeropuerto

Un día antes del ataque con misil, un dron hutí mató a una persona en ese mismo aeropuerto. La víctima era un nacional sudanés y otras ocho personas resultaron heridas, según los datos ofrecidos este jueves por las autoridades saudíes. En un ataque separado contra el aeropuerto de la ciudad suroccidental de Abha murieron dos personas, residentes de nacionalidad marroquí y argelina, y 28 más resultaron heridas.

La Autoridad General de Aviación Civil saudí no atribuyó a ninguna parte los ataques contra los dos aeropuertos internacionales. En un comunicado posterior, la coalición liderada por Arabia Saudí sí responsabilizó de los ataques a los hutíes y prometió una respuesta. El intercambio de golpes continúa. Los retrasos en los vuelos se prolongaron durante el segundo día consecutivo.

El impacto para España y Europa

Los ataques contra instalaciones saudíes amenazan una vía marítima clave como alternativa al estrecho de Ormuz, cuyo tráfico ya está recortado por la guerra de Irán. Alrededor del 12% del comercio global transita por el estrecho de Bab el-Mandeb, según los datos manejados por la coalición. Para España y el resto de la Unión Europea, esa ruta es una de las principales entradas de mercancías procedentes de Asia, por lo que una escalada sostenida encarecería los fletes y los plazos de suministro.

El centro de análisis estadounidense Institute for the Study of War sostiene que los hutíes buscan maximizar el coste económico para Arabia Saudí golpeando infraestructuras civiles, como instalaciones petrolíferas y aeropuertos. Desde julio, más de 200.000 personas han sido desplazadas por la reanudación del conflicto en Yemen, según los datos de Naciones Unidas. La ofensiva terrestre y aérea de Arabia Saudí y las fuerzas del gobierno yemení trata de recuperar el territorio que el grupo hutí tomó hace un mes en la costa occidental del mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb.

El lunes, según responsables citados por Reuters, las fuerzas de la coalición recuperaron varias zonas clave alrededor del estrecho. Los combates en Yemen se han convertido en las últimas semanas en el frente más activo de la guerra regional.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Los hutíes reivindican un ataque con misil contra el aeropuerto de Riad, con explosiones confirmadas por testigos.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El grupo hutí Ansar Allah, Arabia Saudí y su coalición militar, que afirma haber interceptado el proyectil.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Arabia Saudí no ha confirmado daños ni víctimas y la coalición ha prometido una respuesta militar.

Feijóo busca un perfil tipo Piqué para Cataluña: su estrategia para llegar a Moncloa

Alberto Núñez Feijóo busca desde hace meses un perfil tipo Piqué para Cataluña. La estrategia de Génova pasa por encontrar un interlocutor con prestigio ante la sociedad civil catalana, capaz de romper el diferencial electoral que el PSOE mantiene en la comunidad desde hace años.

La referencia no es casual. El PP ya intentó algo parecido en 1996, cuando José María Aznar llegó a la presidencia del Gobierno con la voluntad de modernizar el centroderecha español y de construir una relación nueva con la burguesía barcelonesa. El fichaje de Josep Piqué y Anna Birulés como ministros, avalados por Foment del Treball y por Jordi Pujol, lanzó a las élites catalanas un mensaje nítido: el Gobierno del PP no iba a ser un agente hostil.

Sobre el papel, la jugada tenía lógica. El ensayista Valentí Puig lo resumió con una imagen precisa: Aznar buscaba un cambio de tercio, con dos locomotoras, Madrid y Barcelona. En la práctica, sin embargo, no funcionó. La negativa de Pujol a que CiU entrara en el Gobierno para sostener la gobernabilidad del Estado y, sobre todo, las cesiones del Pacto del Majestic acabaron permitiendo al pujolismo patrimonializar el poder autonómico. Esa es la lección que Feijóo tiene bien aprendida.

El diagnóstico popular es nítido: el error de Aznar no fue Piqué, sino confiar en Pujol. Ahí está la frontera que Génova 13 no está dispuesta a cruzar. Y no parece que Feijóo vaya a perder el norte por los cantos de sirena que ya llegan a sus oídos, aunque en la sede nacional vean como una posibilidad de futuro alcanzar acuerdos con la nueva Junts tras el 29-N.

El discurso que el líder popular pronunció en el Cercle d’Economia de Barcelona marca el tono. Feijóo dijo a las élites catalanas que no venía a pedir favores para seguir adelante con su proyecto de recuperar la vida pública e institucional española tras ocho años de sanchismo, y que tampoco iba a aceptar tutelas ni chantajes. Un discurso de altura que escoció en la capital catalana.

La diferencia entre Aznar y Feijóo no está en el fichaje, sino en la pedagogía: el líder gallego jamás negociará su proyecto con quien pretende tutelarlo.

Por qué Génova necesita un Piqué treinta años después

En Cataluña volverá a decidirse buena parte de la política española, y Feijóo lo sabe. Primero, por aritmética electoral: en las pasadas elecciones generales, 40 de los 48 diputados catalanes respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. El 29-N, el líder popular necesita reducir ese diferencial, excesivo y sostenido, del que se beneficia el PSOE.

El aviso de la calle: Cataluña como factor de riesgo

Segundo, por la calle. Cataluña puede convertirse en uno de los focos principales de contestación a un Gobierno del PP, con la alianza entre la izquierda y el nacionalismo agitando el marco de ‘un Gobierno facha’. Los disturbios del lunes 5 de octubre en Barcelona, con ecos del procés, al concluir la manifestación por la vivienda, son un anticipo de lo que podría venir. Un aviso serio. Para Feijóo resulta imprescindible contar con complicidades dentro de la sociedad civil catalana.

PP Cataluña

Ahí entra el perfil tipo Piqué. Génova busca a alguien con prestigio suficiente entre la clase dirigente para ser un interlocutor de confianza desde un ministerio, capaz de hacer tándem con Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, y con determinación para asumir un papel complicado. Sería decisivo para la suerte de un gobierno de derechas.

No lo está teniendo fácil. Ninguno de los nombres que han sonado en distintas quinielas —Javier Faus, Aurora Catà, Pau Relat o Helena Guardans— parece que vaya a acabar en el Consejo de Ministros, por razones muy dispares. El problema de fondo es otro: son muchos años de estigmatización del PP en la opinión pública catalana, de campañas de acoso desde la izquierda y el nacionalismo para convertirlo en un partido paria.

El Eje del Poder Popular

En Génova 13 la lectura es doble. Hacia dentro, la búsqueda del Piqué del siglo XXI no responde a una urgencia de organigrama, sino a un movimiento de Estado. Los barones autonómicos —con Ayuso, Moreno Bonilla Mazón y Rueda en primera línea— comparten el diagnóstico: sin Cataluña no hay mayoría alternativa al sanchismo. Hacia fuera, el PP quiere instalar la idea de que su proyecto no necesita padrinos catalanes, sino socios que acepten un marco de lealtad constitucional sin tutelas.

El aterrizaje territorial del movimiento ya se está produciendo. Las federaciones populares de Madrid, Andalucía, Galicia o la Comunidad Valenciana han intensificado el contacto con entidades empresariales y cívicas catalanas en distintos foros sectoriales, y el GPP del Congreso prepara un ciclo de comparecencias sobre financiación autonómica en las que Cataluña ocupará un lugar central. La idea fuerza es simple: el PP no llega a Cataluña a pedir permiso, llega a ofrecer alternativa.

El riesgo está a la vista. Si el 29-N confirma la ventaja socialista en Cataluña y la calle se calienta como el pasado lunes, Feijóo afrontará su primer otoño con dos frentes abiertos: el Parlamento y la movilización. La historia del PP con Cataluña enseña que la pedagogía paciente rinde más que los gestos grandilocuentes. El fichaje de un Piqué contemporáneo no es la condición para llegar a Moncloa, pero ayuda. Génova parece haberlo entendido.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Para el PP, Cataluña no es una concesión, sino la pieza que decide la mayoría alternativa al sanchismo.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
  • Próximo hito: La cita electoral catalana del 29-N, primera prueba real de la estrategia.

El Supremo anula el decreto de universidades del Gobierno: por qué la urgencia no estaba justificada

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025 sobre universidades por no justificar su tramitación urgente. La resolución, hecha pública hoy, estima el recurso que presentó la comunidad autónoma de las Islas Baleares y deja sin efecto la norma que el Gobierno aprobó el 7 de octubre de 2025.

El fallo llega desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo (el órgano que revisa la legalidad de las decisiones de las administraciones públicas, incluidos los decretos del Ejecutivo) y se apoya en un defecto de procedimiento, no en el contenido de la norma. El tribunal no entra a valorar el fondo del texto: le basta constatar que el acuerdo que declaró urgente la tramitación no está debidamente justificado.

Las claves del fallo contra el Real Decreto 905/2025

La sentencia estima el recurso de Baleares y anula el real decreto (norma reglamentaria que aprueba el Consejo de Ministros) en su integridad. Los argumentos que sostienen la decisión son tres.

  • El acuerdo por el que se declaró urgente la tramitación del procedimiento de elaboración y aprobación del decreto no está debidamente justificado.
  • Esa declaración de urgencia permitió omitir el trámite de consulta previa (el periodo en el que el ministerio expone el borrador a los sectores afectados).
  • La omisión de ese trámite carecía del amparo legal exigido, concluye el tribunal.

La anulación no cuestiona que el Gobierno pueda regular esta materia. Cuestiona cómo lo hizo. La vía urgente no es una opción libre: exige una motivación acreditada que, según el Supremo, no consta en este expediente.

El recurso lo interpuso la comunidad autónoma de de las Islas Baleares, que impugnó la norma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La sentencia le da la razón en el plano procedimental.

El Supremo no tumba la política universitaria del Gobierno: tumba la vía exprés con la que la aprobó. La diferencia importa.

Por qué la urgencia no se puede elegir a la carta

La tramitación urgente reduce plazos y permite saltarse pasos que la ley exige para cualquier reglamento. Para acogerse a ella, el órgano que la declara debe motivar por qué concurre. Aquí, el tribunal entiende que esa motivación no existe o no alcanza el estándar exigido.

La consecuencia práctica es la que el propio fallo señala: al decaer la urgencia, decae también el paraguas que cubría el atajo, y el trámite omitido queda sin cobertura legal.

Qué pasa ahora con la norma y con los centros afectados

El real decreto de creación de centros universitarios desaparece del ordenamiento. Contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no cabe ya recurso ordinario; el último resorte es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, reservado a la vulneración de derechos fundamentales.

El Ejecutivo mantiene la potestad de aprobar una norma equivalente, pero tendrá que hacerlo por el cauce ordinario, con consulta previa incluida. El Supremo no ha entrado en el contenido del texto ni en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

El expediente vuelve a la casilla de salida.

Según el CGPJ, la estimación del recurso de Baleares es total. El texto de la resolución puede consultarse en poderjudicial.es, y la norma anulada figura publicada en el Boletín Oficial del Estado.

⚖️ Datos del caso

  • Órgano judicial: Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
  • Fase procesal: Sentencia que pone fin al recurso contencioso-administrativo y anula el reglamento impugnado.
  • Implicados: Comunidad autónoma de las Islas Baleares, como parte demandante; Administración General del Estado, como parte demandada. El CGPJ difunde la resolución.
  • Norma anulada: Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, sobre universidades.
  • Próximos pasos: No cabe recurso ordinario; el Gobierno puede reiniciar la tramitación por el cauce ordinario.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025 sobre universidades por no justificar su tramitación urgente, según el CGPJ.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Baleares como parte demandante y el Gobierno como parte demandada.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? No cabe recurso ordinario; la norma volvería a tramitarse por el cauce ordinario si el Ejecutivo quiere reeditarla.

Feijóo nombra a Tellado director de campaña del PP para el 29N y moviliza al núcleo duro de Ayuso

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo ha encargado al secretario general del PP, Miguel Tellado, la dirección de la campaña del 29N, con Marta Varela como adjunta y Ester Muñoz como portavoz.
  • ¿Quién está detrás? La operación se presenta este jueves ante la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, convocada en Madrid.
  • ¿Qué impacto tiene? Génova centraliza la maquinaria electoral, repite el tándem de las victorias gallegas e incorpora perfiles del entorno de la presidenta madrileña.

Alberto Núñez Feijóo encarga a Miguel Tellado la dirección de la campaña electoral del PP para el 29N. La decisión se traslada este jueves a la Junta Directiva Nacional y consolida un equipo en el que pesan cuadros del entorno de Isabel Díaz Ayuso.

Quién manda en la campaña del 29N: Tellado, Varela, Muñoz y Ezcurra

El secretario general del PP asumirá la coordinación de toda la maquinaria electoral popular hasta el 29 de noviembre. Según las fuentes del partido consultadas por Moncloa.com, Tellado ‘tiene una trayectoria de éxito liderando las estrategias de campaña de Feijóo’ y afronta ahora el reto de dirigir ‘la más importante de todas ellas’.

El aval gallego es el argumento central que maneja Génova. Tellado ya dirigió las dos últimas campañas de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, logrando en ambos casos mejorar el resultado del proceso electoral anterior y conquistar la Presidencia de la Xunta. Ahí está el manual.

Junto a Tellado, el organigrama que se activa hoy incorpora tres nombres de peso. Marta Varela, directora de Gabinete del presidente, será directora adjunta de la campaña. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, asume la portavocía de campaña. Y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, se encargará del programa electoral del partido.

El diseño incluye, además, perfiles que conectan con el núcleo duro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, según las fuentes consultadas por este medio. La dirección nacional presenta ese guiño como un refuerzo de la unidad interna antes de una cita que marcará el rumbo de los próximos años.

Todos los nombramientos se formalizan este jueves en la reunión de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, convocada en Madrid con el objetivo declarado de engrasar la maquinaria electoral y movilizar a sus cargos territoriales.

Génova no improvisa: repite el tándem que ya convirtió dos citas gallegas en victorias y lo traslada, intacto, a la campaña más decisiva de la etapa de Feijóo.

El 29N y el tablero territorial: lo que Génova se juega

Feijóo campaña 29N

La elección de Tellado no es una decisión aislada. Es la primera pieza de la estrategia con la que el Partido Popular afronta el 29N. El secretario general es el hombre de máxima confianza de Feijóo y uno de los pocos cargos que combina peso orgánico con capacidad de intervención parlamentaria. Ponerle al frente de la campaña centraliza la coordinación en la cúpula y reduce la dispersión de mensajes.

El reto es doble. En lo orgánico, Génova necesita movilizar a sus federaciones y a los gobiernos autonómicos populares —once comunidades que suman en torno al 60% del PIB del país— para que la campaña hable con una sola voz. En lo político, quiere rentabilizar la gestión de esos ejecutivos (bajadas de impuestos, políticas de vivienda, sanidad, y agua) como contraste con la acción del Gobierno central.

A eso se suma el calendario. El 29N aparece como la cita que debe consolidar la alternativa de Gobierno del PP, y la dirección quiere llegar con la maquinaria engrasada desde el primer día. La Junta Directiva Nacional de este jueves es el pistoletazo de salida formal. Los barones ya conocen el diseño y no ha levantado fricciones reseñables.

Queda por ver cómo encaja el papel de Vox en el discurso de campaña. Génova insiste en que el PP concurre con programa propio y vocación de mayoría, sin depender de nadie. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos es un movimiento de consolidación más que de ruptura. Feijóo blinda la estructura con sus dos personas de máxima confianza —Tellado en la dirección de campaña y Varela como adjunta— y evita cualquier atisbo de fricción interna. No es la primera vez que Génova confía la campaña al secretario general: el partido ha unificado en etapas anteriores el mando orgánico y el mando electoral para evitar duplicidades.

El aterrizaje territorial será determinante. Los presidentes autonómicos del PP —Ayuso en Madrid, Juanma Moreno en Andalucía, Rueda en Galicia, Mazón en la Comunidad Valenciana o López Miras en Murcia— funcionan como ariete del mensaje nacional y escaparate de gestión. Génova quiere que cada uno de esos ejecutivos sea un argumento de campaña. La maquinaria que ahora se engrasa depende de que esas piezas encajen sin ruido, y ese es el principal reto interno: coordinar once agendas sin que ninguna pise el mensaje común.

El riesgo inmediato es la tentación de sobrerrepresentar a Génova en detrimento de los territorios. Si la campaña se percibe como un asunto exclusivo de la cúpula, el PP puede desaprovechar el principal activo que le atribuyen las encuestas: la gestión de sus gobiernos autonómicos. Tellado, que conoce ese equilibrio tras años de dirección interna, tiene ahora la oportunidad de demostrar que el manual gallego funciona también a escala nacional.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP presenta una alternativa de Gobierno con un equipo que ya sabe ganar, frente a la improvisación del Ejecutivo central.
  • Protagonista: Miguel Tellado (secretario general del PP y nuevo director de campaña del 29N).
  • Próximo hito: La Junta Directiva Nacional de este jueves en Madrid, que formaliza el equipo electoral del partido.

Sánchez mantiene activo el Consejo de Ministros hasta el 29N con decretos sociales y subida del SMI

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos de emergencia sobre vivienda y Moncloa confirma que seguirá legislando hasta la cita del 29N, con la mirada puesta en la Diputación Permanente.
  • ¿Quién está detrás? Pedro Sánchez, María Jesús Montero y los ministerios sociales, con Yolanda Díaz ultimando la subida del SMI para 2027.
  • ¿Qué impacto tiene? El Ejecutivo conserva la iniciativa normativa en plena precampaña y su aritmética parlamentaria deja de depender de Junts: con el PNV y los socios de izquierdas basta.

Pedro Sánchez mantiene activo el Consejo de Ministros hasta el 29N y convalidará sus decretos sociales en la Diputación Permanente.

El propio presidente lo dejó claro el pasado martes, al término de un Consejo de Ministros que aprobó dos reales decretos de emergencia en materia de vivienda: ‘El Gobierno va a continuar gobernando. No es una frase de circunstancia. El Gabinete de Sánchez no está en funciones y conserva plenitud de facultades para aprobar normas, convocar ayudas y mover partidas.

A eso se suma una ventaja que en Ferraz y en La Moncloa consideran decisiva: el control de el Boletín Oficial del Estado. Cada norma que salga del Consejo de Ministros de los martes entra en vigor de inmediato y solo necesita después la convalidación parlamentaria. Traducido: el Ejecutivo puede marcar la agenda social hasta el último día de la legislatura.

Los ministerios y el complejo de la Moncloa trabajan ya en distintas iniciativas que irán desplegándose semana a semana, según fuentes del Ejecutivo. Entre ellas figura la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 que prepara el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, una medida con lectura de campaña evidente: toca el bolsillo de millones de asalariados.

Qué permite la Diputación Permanente y por qué Moncloa la considera su mejor baza

La pieza que hace posible ese calendario es la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume las funciones de la Cámara entre periodos de sesiones y una vez disueltas las Cortes. Sus competencias son tasadas, pero incluyen la convalidación de reales decretos-ley: los 350 diputados se reducen a una representación proporcional fijada al final del mandato.

En ese formato la aritmética cambia. Al Ejecutivo le basta con mayoría simple, y para lograrla dispone de los votos de ERC, EH Bildu y Podemos junto al PNV. Junts no es imprescindible. La formación de Carles Puigdemont pierde la llave que sí manejó durante buena parte de la legislatura.

El Ejecutivo cambia de socio decisivo sin cambiar de rumbo: la llave de la legislatura pasa de Junts al PNV.

La aritmética del final de legislatura: del veto de Junts al eje PNV-socios de izquierdas

Diputación Permanente

El desplazamiento tiene lecturas cruzadas. Durante tres años, cada votación decisiva obligó al Gobierno a negociar con los posconvergentes, con un coste político y mediático elevado. Ahora el socio de referencia será un PNV que se mueve en clave institucional, prioriza el autogobierno y ha convertido los traspasos pendientes en su principal moneda de cambio.

Los nacionalistas vascos ganan peso en la recta final: su voto será decisivo en cada convalidación y eso les permite colocar en la agenda el despliegue del concierto económico o la gestión de la dependencia. En el Gobierno asumen que la relación se encarecerá conforme se acerque el 29N.

El PP y Vox ya han activado el discurso del ‘decretazo’ y del uso partidista del Boletín Oficial del Estado. La respuesta del Ejecutivo es de manual constitucional: un Gobierno no está en funciones hasta que pierde una investidura, y su capacidad reglamentaria es plena hasta la constitución de de las nuevas Cortes.

La comparación con 2019 resulta inevitable. Entonces, tras la repetición electoral de noviembre, el Ejecutivo de Sánchez se movió con criterios de contención y evitó decisiones de calado. Siete años después la lectura es la contraria: gobernar hasta el final y dejar hechos consumados en materia social.

Queda por ver si la aritmética resiste el desgaste. ERC y EH Bildu no siempre comparten los tiempos del PNV y Podemos ha convertido cada convalidación en una subasta de exigencias. Eso sí, el margen es amplio mientras el grupo vasco no mueva ficha.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la consigna es sencilla: cada decreto aprobado hasta el 29N es un titular de campaña y una prueba de gestión. La dirección federal evita el ruido interno y los barones, García-Page incluido, observan un calendario que refuerza a Moncloa y relega el debate territorial a la próxima legislatura.

El aterrizaje social es concreto. Los dos decretos de emergencia sobre vivienda despliegan medidas de alivio para inquilinos y jóvenes, un terreno donde el PSOE quiere pelear voto a voto frente al PP. La subida del SMI para 2027 toca a los asalariados con salarios más bajos: en comunidades gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra el impacto electoral del gesto es directo.

El riesgo también está identificado. Convalidar decreto tras decreto convierte la Diputación Permanente en un pleno de baja visibilidad pública, y ahí la oposición puede instalar la idea de un Gobierno desligado del control parlamentario. Cada norma aprobada en solitario es, además, una hipoteca para la próxima legislatura.

El próximo hito ya tiene fecha: el Consejo de Ministros de la semana que viene y la primera convalidación en la Diputación Permanente. El calendario manda.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: ‘El Gobierno gobierna’: blindaje de las políticas sociales frente al relato del bloqueo y la parálisis.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
  • Próximo hito: Convalidación de los reales decretos ya aprobados en la Diputación Permanente del Congreso.

Barones PSOE reclaman continuar la lucha por la vivienda tras la muerte de Maricarmen

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los presidentes autonómicos del PSOE han lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, desahuciada de la casa madrileña en la que vivió setenta años, y han reclamado continuar la lucha por el acceso a la vivienda.
  • ¿Quién está detrás? Salvador Illa (Cataluña), María Chivite (Navarra), Adrián Barbón (Asturias) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) han sido los barones que han reaccionado a la noticia.
  • ¿Qué impacto tiene? La vivienda se consolida como eje de la agenda autonómica socialista y vuelve al centro del debate público sobre el alquiler y el parque público.

Los barones del PSOE han hecho de la vivienda su bandera este jueves, tras la muerte de Maricarmen Abascal, desahuciada en Madrid. Los presidentes autonómicos socialistas han lamentado el fallecimiento y han reclamado continuar la lucha para evitar que una situación así vuelva a repetirse.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde el pasado 23 de septiembre. Había salido de su vivienda en camilla, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, el día en que se ejecutó la orden de lanzamiento. Setenta años en la misma casa.

Del golpe de Illa a la exigencia de Barbón

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, ha asegurado que la muerte de Maricarmen ‘golpea’ y ha defendido que ‘nadie puede quedar indiferente’. ‘La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que vuelva a repetirse. Descanse en paz’, ha señalado en un mensaje publicado en la red social X.

María Chivite, presidenta de Navarra, ha pedido que Maricarmen ‘no quede en un símbolo’ y ha recordado que, como ella, ‘muchas personas y familias sufren por la vivienda’. ‘Nuestra responsabilidad es transformar las cosas para que la ciudadanía tenga una casa en la que vivir y en la que también pueda terminar sus días en paz’, ha añadido en la misma red.

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, ha sido el más contundente: ‘Si algunas personas tienen conciencia, hoy deberían de estar muy arrepentidas de lo que han dicho y hecho’. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha trasladado su pésame y su apoyo a los familiares y allegados de Maricarmen y ha afirmado que son muchos los españoles que sienten este desenlace.

La vivienda deja de ser un expediente administrativo cuando un desahucio se lleva por delante setenta años de vida.

Cuatro barones, cuatro tonos y un mismo diagnóstico. Las reacciones llegaron de Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha, cuatro territorios con gobiernos socialistas, pero el mensaje se dirigía al conjunto del país. No era una condolencia al uso. Era un posicionamiento político.

Por qué la vivienda vuelve al centro del debate socialista

Maricarmen vivienda

La vivienda lleva tres años instalada en el corazón del debate público español, y el PSOE ha hecho de ella una de sus señas de identidad. La Ley por el derecho a la vivienda fijó el marco estatal para limitar los precios en las zonas tensionadas y reforzar el parque público, y desde entonces cada comunidad autónoma ha desarrollado su propio modelo, con ritmos y acentos distintos.

El aterrizaje es desigual según el territorio. Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha han desplegado herramientas propias de intervención en el mercado del alquiler y de ampliación de la vivienda protegida, mientras otras comunidades gobernadas por el PP, según sostiene el argumentario socialista, han optado por no activar los instrumentos, que ya permite la norma estatal. Esa brecha territorial explica por qué los barones socialistas hablan de lucha y no de gestión.

Hay un precedente cercano. Las moratorias de desahucios activadas durante la pandemia demostraron que las administraciones pueden intervenir cuando la urgencia lo exige, y la ley estatal convirtió después esa excepcionalidad en un marco permanente. Lo que cambia ahora es el tono. Ya no se trata de gestionar un problema. Se trata de responder a una muerte.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la lectura es otra. La vivienda ocupa un lugar central en el discurso del partido desde el arranque de la legislatura, y la coincidencia de los cuatro barones encaja con una estrategia reconocible: llevar la iniciativa al terreno autonómico, donde se ejecuta la política, mientras el Congreso sigue tramitando las piezas pendientes. El Grupo Parlamentario Socialista mantiene abierta la vía de negociación con los socios, y el PP sostiene desde hace tiempo el argumento contrario, el del exceso regulatorio que tensiona el mercado. La respuesta socialista es siempre la misma: sin intervención pública no hay alquiler asequible.

El aterrizaje social tiene nombre y apellidos. Illa gobierna en Cataluña, donde la presión del alquiler lleva años en el centro de la agenda pública. Chivite lo hace en Navarra. Barbón, en el Principado de Asturias. Y García-Page administra una Castilla-La Mancha donde la despoblación añade una capa propia al problema. Cuatro modelos territoriales, un punto de partida común: la casa como derecho, no como mercancía.

Queda por ver si la reacción coral de este jueves se traduce en medidas concretas o se queda en la declaración. La próxima ventana es parlamentaria: las iniciativas de vivienda que siguen en tramitación necesitan mayoría y el Senado se ha convertido en el filtro habitual de la oposición. El PSOE sabe que la credibilidad de su discurso se juega ahí. Ninguna política social se sostiene solo con palabras.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La vivienda como derecho y no como mercancía, con los territorios socialistas como punta de lanza de la agenda social.
  • Protagonista: Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Catalunya), junto a Chivite, Barbón y García-Page.
  • Próximo hito: Seguimiento de las iniciativas de vivienda en tramitación en el Congreso y en el Senado.

Los Reyes invitan a Ceuta y Melilla a la recepción del 12 de octubre y perfilan su visita oficial

Los Reyes han invitado a Ceuta y Melilla a la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real. La presencia de representantes de la sociedad civil de las dos ciudades autónomas en la Fiesta Nacional antecede en apenas 24 horas al inicio de la visita oficial de Felipe VI y doña Letizia, prevista para los días 13 y 14 de octubre y todavía pendiente de cerrar su programa definitivo.

Las invitaciones para el acto del Palacio Real ya se están cursando, según las fuentes de la Casa del Rey consultadas por la prensa acreditada. La cita con la sociedad civil y el cuerpo diplomático incluirá una representación expresa de los dos territorios, un gesto que se lee como preámbulo del viaje que Zarzuela llevaba semanas planificando.

El gesto de la Fiesta Nacional con las dos ciudades autónomas

La recepción del 12 de octubre es una de las citas fijas de la Corona con los poderes del Estado. Este año sumará un ingrediente territorial que no suele estar en el guion: invitados llegados de las dos orillas del Estrecho, con nombres y apellidos, después de semanas de conversaciones entre el Ejecutivo y Zarzuela sobre el calendario.

El valor del gesto está en su discreción. Enviar invitaciones nominales a Ceuta y Melilla es la forma más silenciosa de situar ambos territorios en el mismo relato institucional que el resto de España, sin discursos ni declaraciones. Y llega una jornada antes de que los Reyes aterricen en la ciudad autónoma.

Dos jornadas con programa similar y de larga duración

Fiesta Nacional 12 octubre

La hoja de ruta que maneja La Zarzuela contempla un esquema similar para el 13 y el 14 de octubre. En la ciudad de Ceuta, primero, y en Melilla, después, Felipe VI y doña Letizia mantendrían un encuentro con las autoridades locales a puerta cerrada, sin medios de comunicación, con la idea de que los responsables institucionales puedan exponer sus preocupaciones sin la presión de las cámaras.

A esa primera cita seguiría un segundo encuentro multitudinario con perfiles muy distintos: miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes de las distintas confesiones religiosas, y voces del tejido social, asociativo y económico. En Ceuta se estudia, además, la visita a un centro escolar.

Ninguna de las dos jornadas está cerrada al detalle. Las fuentes consultadas admiten que el programa definitivo se comunicará en los próximos días, con toda probabilidad después de la Fiesta Nacional, cuando el calendario institucional quede despejado.

El viaje a Ceuta y Melilla cierra una anomalía más política que institucional: la Corona no puede permitirse territorios españoles a los que no llega.

El antecedente inmediato está en el cruce masivo de personas registrado a finales de julio en la frontera ceutí. Felipe VI difundió entonces un comunicado en el que expresaba su ‘indignación’ y su ‘gran preocupación’, y mantuvo conversaciones con el presidente de la Ciudad Autónoma. La respuesta institucional culminó con una audiencia en Marivent —un gesto poco habitual con un líder local— y con la comunicación personal de la fecha del viaje.

Que esa fecha se fijara tras semanas de conversaciones con el Gobierno no es un detalle accesorio. Según las fuentes de la Casa del Rey consultadas por la prensa, el Ejecutivo era reticente a que el desplazamiento se produjera antes de la Fiesta Nacional, y se impuso el criterio de que el 12 de octubre actuara como límite: para ese día debía existir ya un anuncio. La coincidencia con la recepción del Palacio Real permite, además, que el mensaje se lance en un escenario de máxima visibilidad.

El flanco sur que la Corona reivindica desde Finlandia

La secuencia no responde al azar. Los Reyes regresaron hace unos días de un viaje de Estado a Finlandia en el que Felipe VI insistió, en todas sus intervenciones, en la necesidad de proteger el flanco sur de la OTAN con la misma atención que el resto de las fronteras de la Alianza. Trasladar ese argumento a Ceuta y Melilla cinco días después convierte una tesis estratégica en una posición institucional: la España del Estrecho también es la España que se defiende en Bruselas.

Ahí está, a mi juicio, la clave de un desplazamiento preparado con más cuidado del que suele trascender. La Corona ha convertido la presencia en el territorio en su principal argumento de cohesión, y lo hace sin depender del cálculo electoral de cada momento.

Eso sí, el movimiento tiene un riesgo evidente: un viaje de estas características se lee siempre en clave política, y Zarzuela se juega que la lectura institucional —la Jefatura del Estado en el conjunto del país— no quede tapada por el ruido partidista de los días previos. La fórmula elegida, con encuentros a puerta cerrada y sin comparecencias ante los medios, apunta a eso: escuchar más que aparecer.

Queda por ver si el modelo se consolida y si la visita se convierte en una cita recurrente o en un gesto puntual. De momento, el calendario marca tres hitos consecutivos: la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, Ceuta el 13 y Melilla el 14. El programa definitivo se publicará en la agenda oficial de la Casa de S.M. el Rey, y su cierre será la primera prueba de cómo la institución quiere contar este viaje.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: La recepción del 12 de octubre en el Palacio Real incluirá una representación expresa de Ceuta y Melilla, un gesto que antecede a la visita oficial de los Reyes a las dos ciudades autónomas.
  • El detalle de protocolo: El programa previsto combina un encuentro a puerta cerrada con las autoridades locales y una cita abierta con representantes de la sociedad civil, sin comparecencia de los Reyes ante los medios.
  • Próximos pasos: La Casa del Rey no ha publicado aún el programa oficial de las jornadas del 13 y el 14 de octubre; su cierre se espera después de la Fiesta Nacional.