El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara una tasa de 103.265 dólares por cada solicitud de visado H-1B, una cifra que multiplica por casi treinta el coste histórico de la tramitación y que el sector sanitario americano rechaza de plano.
La propuesta, bautizada como Fee for Certain H-1B Petition (tasa para determinadas peticiones de H-1B), cerró el jueves su plazo de alegaciones públicas. El texto persigue que los solicitantes sufraguen los gastos de la administración migratoria, una agencia que se financia prácticamente en su totalidad con las tasas que cobra a quienes piden un beneficio migratorio.
El DHS tiene previsto gastar 356.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026 entre sus dieciséis subcomponentes. Recuperar parte de ese dinero vía tasas es la lógica que la propia regulación esgrime: lo que el contribuyente americano paga por gestionar inmigración, que lo pague quien se beneficia de de ella. El cupo anual del H-1B sigue fijado en 65.000 visados, con una exención adicional de hasta 20.000 para quienes hayan obtenido un máster o un doctorado en una universidad estadounidense.
Una tasa que no distingue entre un ingeniero y un cardiólogo
El programa H-1B nació en 1990 para que los empleadores americanos pudieran contratar temporalmente a extranjeros en ocupaciones especializadas de alta cualificación: tecnología, ingeniería y medicina, sobre todo. La nueva tarifa no establece diferencias por sector. Y ahí arranca el conflicto.
La Asociación Americana de Hospitales (AHA), que representa a 5.000 centros, remitió una carta abierta a Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pidiendo que los profesionales sanitarios queden exentos de cualquier tasa adicional. ‘La AHA recomienda que el DHS exima a los profesionales sanitarios de cualquier tarifa adicional para garantizar el acceso continuado a una atención puntual y de calidad en todas las comunidades’, sostiene la misiva.
La Asociación Médica Americana (AMA) fue más lejos y escribió directamente a Markwayne Mullin, secretario del DHS, advirtiendo de ‘consecuencias devastadoras’ para los médicos formados en el extranjero y de un impacto directo sobre el conjunto del sistema sanitario.
Washington no discute si necesita médicos extranjeros. Discute quién paga la factura de que los necesite.
La doctrina de las grandes cuestiones y el pulso legal
La AMA añade un argumento jurídico que puede pesar más que el sanitario: ‘La norma propuesta es probablemente una violación de la doctrina de las grandes cuestiones’, señala la asociación. Esa doctrina constitucional sostiene que una agencia ‘excede su autoridad cuando emprende acciones con relevancia política y económica que el Congreso no le ha concedido claramente’.
Los números que maneja la AHA son elocuentes. Los 11.080 profesionales sanitarios extranjeros representaban menos del 5% de los titulares del H-1B y apenas el 1% de los médicos en ejercicio en 2024. El país arrastra un déficit estructural de personal médico en zonas rurales y comunidades con pocos especialistas, y la asociación sostiene que encarecer la entrada agrava ese agujero en lugar de taparlo.
La Lógica de Washington
Antes de juzgar la tasa conviene entender qué problema intenta resolver. El DHS no la presenta como una medida migratoria restrictiva, sino como una fórmula de financiación. USCIS vive de las tasas y el Congreso lleva años evitando que el contribuyente general pague por tramitar visados. Subir el precio al solicitante es, desde esa óptica, la vía más limpia. El propio programa H-1B se diseñó en 1990 como un instrumento bipartidista para atraer talento escaso, no como una puerta cerrada.
Hay además una coalición política detrás. El republicano de Utah Mike Kennedy ha presentado un proyecto de ley para hacer permanente la tasa del H-1B. ‘Mi padre es inmigrante. Soy un gran defensor de los inmigrantes, pero tenemos que asegurarnos de que no se aprovechan del sistema —ni ellos ni los empleadores— para perjudicar a la mano de obra americana’, declaró Kennedy. El precedente es claro: en septiembre de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elevaba la tasa de petición de 3.500 a 100.000 dólares. La propuesta actual la consolida y la ajusta a 103.265 dólares.
Lo que observamos es que Washington está aplicando al visado la misma lógica fiscal que a los aranceles: quien quiera entrar al mercado americano, que pague por ello. La incógnita es si esa lógica aguanta en un país que no logra formar suficientes médicos propios.
Lo que cambia para los profesionales españoles
España exporta talento especializado a Estados Unidos, en tecnología y en salud. Un médico español que quiera ejercer en un hospital americano, o un ingeniero fichado por una tecnológica de Silicon Valley, se topará con un coste de tramitación que ya no asumirá el profesional de forma individual, sino la empresa dispuesta a patrocinar el visado.
El efecto no es la puerta cerrada, sino el filtro económico. Las empresas españolas con filiales en EE. UU. verán encarecerse cada contratación de un perfil cualificado, del mismo modo que lo verá un hospital de Ohio. España, que compite con otros socios europeos por retener a sus profesionales, gana un argumento para quedárselos.
Eso sí, la factura la acabará pagando el sistema sanitario americano antes que el español. Lo que Washington recauda por un lado lo pierde por otro, en forma de vacantes sin cubrir en los condados donde nadie quiere ejercer.
Ficha del Caso
- El caso: El DHS propone cobrar 103.265 dólares por cada visado H-1B. El plazo de alegaciones cerró el jueves y el sector sanitario pide una exención para médicos y personal de salud.
- Datos clave: La tasa multiplica por casi treinta el coste histórico; el DHS planea gastar 356.000 millones en 2026; 11.080 sanitarios extranjeros suponen menos del 5% de los H-1B y el 1% de los médicos en ejercicio.
- Para España: encarece el traslado de profesionales españoles a EE. UU. y obliga a las empresas con filiales americanas a asumir el coste del patrocinio del visado.
