Con la noticia del adelanto de las elecciones en España, «constatamos que la ministra se va sin tener en cuenta, una vez más, a los militares. Los abandona durante años y a unos meses del fin de su mandato, denuncia a sus subordinados en Ceuta», explica desde un comunicado la Unión de Militares de Tropa (UMT), que recibe con gran preocupación esta actuación del Ministerio de Defensa.
La situación en la Ciudad de Ceuta se hace insostenible para los militares, llevan meses sufriendo agresiones, insultos y humillaciones sin capacidad alguna de defensa y, «además, con el total abandono por parte del Ministerio de Defensa», añade la UMT.
Soldados por las calles de Ceuta el pasado 22 de agosto. AGENCIAS
Como la UMT «ya venía denunciando en sucesivas notas de prensa desde finales del pasado mes de julio, sabíamos que esto podía pasar. Ya advertimos de que, al igual que en otras ocasiones, se utilizaría a los militares como pantalla para que ciertas ONG se ensañaran con nosotros, a sabiendas de que carecemos de la capacidad de defensa que le hemos exigido en reiteradas ocasiones a la ministra».
Y, ¿cuál ha sido la respuesta del Ministerio ante una estrategia de desprestigio de una ONG contra los militares? ¿Su defensa? «No, denunciarlos ante el Juzgado. Se puede mantener que el Ministerio está obligado legalmente a proceder de esta manera, pero, ¿sin realizar ninguna investigación interna exhaustiva y seria que pueda hacer luz sobre la realidad de lo que esa organización describe en su informe? Un informe recibido el 30 de septiembre, ¿se remite directamente al juzgado?», insisten desde la asociación profesional de militares.
«¿No tiene el Ministerio de Defensa capacidad para hacer una investigación interna e imparcial sobre los supuestos hechos denunciados? ¿No hay personal en las Fuerzas Armadas con capacidad de analizar el documento remitido y tras el análisis, ordenar realizar esa investigación o lo que proceda?», se pregunta la UMT.
Protesta de una ONG en Ceuta
Margarita Robles ha sido, históricamente, una ministra de Defensa que se ha negado reiteradamente a tomar en consideración las propuestas de las asociaciones militares, que «aquellas palabras de diálogo que transmitió a las asociaciones profesionales militares al inicio de su mandato se han transformado en una puerta cerrada a las mismas, negando dicho dialogo a los representantes de los militares, que mantiene en la más absoluta precariedad laboral a sus subordinados, que no ha cumplido con su mandato de presidir el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, ¿toma en consideración una protesta de una ONG enviada el 30 de septiembre y de inmediato la traslada al juzgado?», añaden.
Desde la UMT se preguntan si «¿nadie en el Ministerio de Defensa va a presuponer que el militar no es un delincuente y sólo cumple órdenes? Después de años de inacción del Ministerio de Defensa en aspectos de apoyo al personal, de años de abandono, de mantener la precariedad de las condiciones de vida, de mantener unas retribuciones que mantienen a las familias militares viviendo en condiciones que rozan la vulnerabilidad, después de que los militares lo dan todo, hasta la vida por España y por su profesión, ¿cuál va a ser una de las últimas decisiones de importancia de su mandato de la Ministra de Defensa?: Denunciar ante los juzgados la actuación de los militares desplegados en Ceuta cumpliendo sus órdenes» y concluyen que «los soldados estamos abandonados».
El juez Santiago Pedraz, instructor del Caso Leire en la Audiencia Nacional, dictó este martes un auto para tomar «declaración en calidad de investigado a Nervis Villalobos Cárdenas por un delito de falsificación documental, el próximo día 28 de octubre de 2026 a las 10.00 horas, y requiérasele para para que aporte, en el momento de prestar dicha declaración, la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española)». Villalobos fue viceministro de Energía Eléctrica del dictador venezolano Hugo Chávez.
Asimismo, llama como testigos a «José Antonio Ruiz de la Hermosa, Subdirector General De Nacionalidad y Estado Civil en el Ministerio de Justicia desde marzo de 2025 y a María del Mar López, Subdirectora Adjunta de Nacionalidad y Estado Civil en el Ministerio de Justicia hasta marzo de 2025″. El primero dijo en su declaración ante los investigadores de la UCO, cuando fue preguntado sobre dos correos electrónicos el 15 de julio de 2020 y el 16 de julio de 2020 entre altos cargos de Justicia con el asunto «expediente nacionalidad pregunta la Directora: Nervis Villalobos» que «la Directora General cree recordar que podría ser Sofía Puente Santiago y que la Subdirectora General era María del Mar López Álvarez que consta en el correo con copia». Sofia Puente es hermana del todavía ministro de Transportes Óscar Puente.
Ni María del Mar López Álvarez ni Sofía Puente llegaron a declarar sobre este asunto ante los agentes de la Benemérita como sí lo hizo Ruiz de la Hermosa. El pasado mes de julio declaró como testigo en dependencias de la UCO el Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil del ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz de la Hermosa. El testigo fue preguntado por los agentes de la UCO sobre los dos intentos denegados de obtener la nacionalidad por parte de Villalobos y la concesión realizada, finalmente, por la directora general, Ester Pérez.
Sofía Puente. Foto: Agencias.
Durante su declaración, el subdirector explicó que los requisitos para obtener la nacionalidad española son tres: «la residencia legal, la integración en España (realización de dos exámenes) y la buena conducta cívica. El ciudadano presenta el expediente, se revisa que esté todo correcto para posteriormente pedir informes externos: al CNI en determinados países y a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que consulta el registro central de extranjeros para indicar los tiempos de residencia y la posibilidad de existencia de antecedentes policiales».
La existencia de antecedentes policiales e incluso penales no determina la denegación automática de la nacionalidad, pero sí ocurrió en el caso del ex ministro Villalobos, con seis antecedentes por «blanqueo de capitales, asociación ilícita y retirada de pasaporte», según consta en el propio informe de la UCO para el juez Pedraz.
«Podría ser Sofía Puente Santiago»
Los agentes le preguntaron también por qué su número de identificación personal aparecía en el expediente de Nervis Villalobos. En este asunto contestó que «el hecho de que su número de identificación profesional aparezca en el documento se debe a que fue emitido por él mismo en el momento en el que se practicó el requerimiento de documentación el 09.06.2026. El motivo por el que hizo una captura de pantalla es que en el caso del informe del Registro Central de penados cuando no tiene antecedentes sólo existe un apunte informático y en el caso de disponer de un informe del CNI ocurre lo mismo, esto es, si pasados tres meses no reciben respuesta se entiende que no hay objeción por parte de esta entidad».
Asimismo, la UCO interrogó al funcionario de Justicia sobre dos correos electrónicos el 15 de julio de 2020 y el 16 de julio de 2020 entre altos cargos de Justicia con el asunto «expediente nacionalidad pregunta la Directora: Nervis Villalobos». El subdirector confirmó entonces que «la Directora General cree recordar que podría ser Sofía Puente Santiago y que la Subdirectora General era María del Mar López Álvarez que consta en el correo con copia».
El no a la nacionalidad a Nervis Villalobos
Los agentes de la UCO querían averiguar por qué «tan sólo un día después de la recepción del segundo de los correos electrónicos mostrados anteriormente (16.07.2020), son emitidas la propuesta de resolución denegatoria por la Subdirección General y la solución confirmando la denegación de la nacionalidad española de Nervis Villalobos por la Dirección General (17.07.2020)». El alto cargo respondió que desconoce el caso concreto, «porque no intervino en el mismo».
Sin embargo, los agentes de la UCO le enseñaron la resolución donde sí había intervenido. El subdirector añadió entonces que «aunque ocupa el cargo de Subdirector General desde el mes de abril de 2025 entre sus funciones no está la de tramitar expedientes. Por los motivos ya expuestos, no puede referir a las personas concretas que se encargaron de su tramitación. Por las fechas de tramitación del expediente, sí habría participado en la propuesta de resolución. Como ha explicado anteriormente, los calificadores confeccionan formalmente el documento de negación, lo suben al portafirmas y el declarante firma la propuesta, únicamente revisa de forma aleatoria los expedientes dado el volumen de los mismos».
Luego le mostraron al testigo un documento con la resolución favorable de concesión de la nacionalidad al ex ministro Nervis Villalobos, firmada el 21 de abril de 2025 por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez, acordando estimar el recurso interpuesto por Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y, en consecuencia, declarando el derecho del interesado a optar a la nacionalidad española de origen -en el documento consta que este expediente para la adquisición de la nacionalidad española de origen habría sido tramitado en virtud de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática», precisamente a propuesta del testigo que declaraba en ese momento ante la UCO.
Los abogados del PSOE
El alto funcionario declaró sin embargo desconocer que el letrado Ismael Oliver, investigado también en el Caso Leire, fue abogado de Villalobos. La UCO también le preguntó si «ha mantenido relación profesional con María Leire Díez Castro, y/o si relaciona a esta persona con los expedientes tramitados para la adquisición de la nacionalidad española de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas».
En este sentido, el juez Pedraz ha solicitado al PSOE «la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política, en cualquiera de sus órganos – centrales o territoriales-, entre 2021 a 2025, así como copia de la documentación o expediente abierto, en su caso, que haya permitido comprobar los servicios a prestar (nota de encargo o contrato) para conceder la autorización para dicha contratación y la aportada, en su caso, para dar por justificados los servicios prestados».
Los agentes de la UCO también preguntaron al subdirector Ruiz de la Hermosa acerca de los accesos efectuados al expediente de Villalobos en mayo y junio de 2026. A esto respondió que «al tener noticias en medios en los que se incluía el número de expediente, accedió por primera vez en el expediente para verificar lo que había ocurrido. (…) Debido a que estos expedientes se han publicado en medios de comunicación y a raíz de esas publicaciones, el dicente ha recibido peticiones de información dentro del Ministerio de Presidencia, Justicia y relación con las Cortes. En concreto, esas peticiones las ha recibido de la Directora General a la que trasmitió que los expedientes fueron tramitados conforme a la normativa vigente. Posteriormente, en las noticias se indica que la persona dispone de DNI resultándole al declarante extraño porque se le habían denegado los dos expedientes de nacionalidad por residencia que son lo que había revisado».
También añadió que «los diferentes accesos del 27.05.2026, en horario de tarde, se corresponden al momento en el que tiene conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia del expediente realizando unas primeras comprobaciones desde un ordenador portátil».
Leire Díez en rueda de prensa. Foto: Agencias.
Hay que recordar que el sumario del Caso Leire detalla en un informe previo de la UCO que el abogado Oliver habría presionado para desbloquear el expediente de nacionalidad de Villalobos, que intentaba obtener la nacionalidad española, algo que finalmente consiguió. La trama definía a Villalobos como alguien «muy vulnerable frente a policías y fiscales». En esos atestados de la Guardia Civil se destaca que este asunto fue consultado por Leire Díez directamente con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según el sumario, Cerdán admitió en las conversaciones que el verdadero obstáculo para otorgarle la condición de ciudadano español a Villalobos era el procedimiento penal por el Caso Duro Felguera, donde se investiga el cobro de comisiones ilícitas provenientes de la empresa de ingeniería española Duro Felguera, una causa que el ex ministro chavista afronta todavía en la Audiencia Nacional, donde se le piden nueve años de prisión.
La influencia de Villalobos en el caso tenía como objetivo la obtención munición para desacreditar al juez Peinado y al fiscal José Grinda, que era el fiscal que le acusa en las dos causas abiertas contra él en España, Caso Duro Felguera y Caso Columbus, ambas instruidas por Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez. En este contexto, Villalobos habría entregado a Leire Díez un supuesto «cronograma de irregularidades» sobre el juez Peinado en mayo de 2024.
Los informes de la UCO también revelan cómo el abogado Ismael Oliver habría pasado de defender a Villalobos a integrarse en la red de Leire Díez a finales de 2024. Según los investigadores «a partir de ese momento, coordinó activamente maniobras de descrédito contra magistrados y fiscales encargados de los casos que afectaban tanto a Villalobos como al entorno del Ejecutivo, unificando, así, los intereses de su cliente con la estrategia de protección del partido».
369 mensajes entre Leire y Nervis Villalobos
El primer informe de la UCO destacaba que «Nervis Villalobos (Nervis) está relacionado con Leire en varias actuaciones. Se ha detectado que Leire realizó diversas gestiones para satisfacer intereses específicos de Nervis, como la obtención de la nacionalidad española y la apertura de productos bancarios en España. Leire se habría interesado activamente en estos objetivos, prevaliéndose de su posición y red de contactos. El 25 de octubre de 2024, Nervis envió a Leire un documento de la sede electrónica del Ministerio de Justicia para una consulta».
Esta misma relación se evidenciaría, para los agentes, en «una conversación mantenida entre ambos a través de la aplicación Signal, que transcurrió entre el 8 de mayo de 2024 (primer mensaje) y el 15 de mayo de 2025 (último mensaje), con un total de 369 mensajes.
Los investigadores «en fecha concreta que esta parte no ha podido determinar», localizaron que «la investigada Leire Díez, se reunió con Nervis Villalobos (ex viceministro de Energía Eléctrica de Chávez), Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell. La reunión tuvo lugar en el Starbucks del centro comercial La Moraleja Green, de Alcobendas.
Esa reunión fue para «convencer a Villalobos para que compareciera en la Comisión de Operación Cataluña del Congreso (sin tener nada que ver directamente con los hechos abordados en la misma), hecho que sucedió y tuvo lugar el 27 de noviembre de 2025 y procediera allí a denunciar al Juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, presentándose a sí mismo como víctima de las ‘cloacas del Estado'», algo que efectivamente sí ocurrió.
La crisis de la vivienda ha convertido la Puerta del Sol de Madrid en mucho más que el escenario de una protesta. La plaza se ha transformado en el principal escaparate de un conflicto que enfrenta distintas formas de entender la movilización social y que, con el paso de los días, ha comenzado a alterar el equilibrio entre las organizaciones que participan en ella.
Lo que inicialmente se presentó como una movilización ciudadana respaldada por colectivos vecinales y organizaciones vinculadas al problema de la vivienda ha adquirido una dimensión política mucho más definida. En ese nuevo tablero, la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) ha ganado un protagonismo creciente hasta situarse en el centro de la organización de la acampada, asumiendo tareas de portavocía, movilización y dirección política.
El cambio también ha tenido consecuencias sobre el papel desempeñado por el Sindicato de Inquilinas, hasta ahora uno de los principales referentes del movimiento por el derecho a la vivienda. La pugna no se limita a quién ocupa más espacio ante las cámaras o quién tiene mayor capacidad para convocar manifestaciones. En el fondo existe una diferencia de estrategia: mientras el sindicato apuesta por presionar a las instituciones para lograr reformas concretas, la CJS plantea una impugnación mucho más profunda del modelo económico y de propiedad.
Un grupo de personas se manifiesta en contra de la concentración promovida por Núcleo Nacional, en la Puerta del Sol. Foto: Agencias
El nuevo centro de poder de la acampada está en Sol
La presencia de la Coordinadora Juvenil Socialista en la acampada de Sol ha dejado de ser testimonial. La organización participa en la estructura cotidiana del campamento y ha adquirido un peso determinante en la comunicación pública de las movilizaciones. Sus portavoces, entre ellos Carlota, Gonzalo y Líber Morquillas, han asumido buena parte de la exposición mediática del movimiento y han contribuido a fijar el discurso que se proyecta desde la plaza.
La estrategia combina la actividad permanente en Sol con una importante capacidad de convocatoria fuera del campamento. Uno de los ejemplos más visibles fue la denominada «Reclama Nocturna», una movilización que llevó a numerosos manifestantes al centro de Madrid bajo una marcada simbología socialista.
La organización también ha convertido las redes sociales en una extensión de la propia acampada. Desde estos canales se difunden las convocatorias y se denuncian actuaciones policiales o detenciones relacionadas con las protestas. De esta forma, la CJS no solo participa en la movilización, sino que ha construido un sistema propio de comunicación, agitación y respuesta política.
El fenómeno, además, no se circunscribe a Madrid. La capacidad de movilización de la organización se ha proyectado hacia otras ciudades, entre ellas Zaragoza, reforzando la dimensión territorial de una protesta que nació alrededor de la situación de la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas pierde espacio ante una estrategia distinta
El crecimiento de la CJS ha coincidido con un desplazamiento del Sindicato de Inquilinas como principal referencia pública de la protesta. No se trata necesariamente de una desaparición del sindicato de la movilización, sino de un cambio en el peso relativo de ambas organizaciones y, sobre todo, en el discurso que domina la acampada.
La diferencia fundamental está en el método. El Sindicato de Inquilinas ha centrado tradicionalmente su actividad en la regulación del alquiler, la protección de los arrendatarios y la presión sobre las instituciones para conseguir cambios legislativos. Su estrategia parte de la utilización de las herramientas existentes para modificar las condiciones del mercado de la vivienda.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Alicia del Rio, atiende a los medios durante una protesta por la vivienda. Foto: Agencias
La CJS plantea una lectura diferente. Para la organización, las reformas legislativas y los decretos aprobados hasta ahora no resuelven el problema de fondo. Son, según su propio discurso, «parches» que permiten mantener las estructuras económicas que consideran responsables de la crisis.
Ese planteamiento ha encontrado un espacio especialmente relevante entre los sectores más jóvenes de la movilización. La frustración ante la falta de avances parlamentarios y el bloqueo de determinadas iniciativas legislativas ha permitido a la organización reforzar un discurso abiertamente contrario a la vía institucional. La vivienda deja así de aparecer únicamente como una cuestión de alquileres o acceso a una casa y pasa a convertirse en el punto de partida de una crítica global al sistema económico.
«Socialismo o barbarie»: la vivienda como conflicto de clase
El discurso de la CJS está estrechamente vinculado al Movimiento Socialista y plantea la crisis habitacional desde una perspectiva de conflicto de clase. El lema «socialismo o barbarie» resume una concepción que considera insuficiente cualquier solución basada exclusivamente en ayudas públicas, límites al alquiler o reformas administrativas.
Desde esta perspectiva, el problema no reside únicamente en el precio de la vivienda, sino en el modelo de propiedad y en la utilización del suelo y los inmuebles como activos económicos.
Las propuestas defendidas por la organización apuntan, por ello, hacia una transformación mucho más profunda. Entre sus planteamientos figuran la expropiación del patrimonio de los especuladores, la prohibición del uso especulativo de determinados bienes inmobiliarios y la defensa de un acceso universal a una vivienda concebida como derecho garantizado al margen de las dinámicas del mercado.
La diferencia respecto a otros movimientos vinculados a la vivienda resulta especialmente visible en este punto. Mientras las organizaciones reformistas pretenden modificar las reglas del mercado, la CJS cuestiona el propio marco en el que esas reglas operan.
Varios manifestantes caminan desde Sol a Cibeles, a 2 de octubre de 2026, en Madrid. Fuente: Agencias
Una acampada enfrentada también a la izquierda institucional
Ese planteamiento ha situado a la organización en una posición de confrontación con buena parte del sistema político. La CJS no dirige sus críticas únicamente contra la derecha o el Partido Popular, sino también contra las formaciones de la izquierda parlamentaria.
El PSOE y Podemos aparecen igualmente en sus discursos como responsables de gestionar un modelo que, a juicio de la organización, mantiene las estructuras económicas que están detrás de la crisis habitacional. La crítica se extiende al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos, independientemente de su color político.
La Puerta del Sol se ha convertido así en el escenario de una doble batalla. Una, visible, enfrenta a los manifestantes con la crisis de la vivienda. La otra, menos evidente pero decisiva, se libra dentro de la propia protesta: quién fija el discurso, quién habla en nombre de los acampados y, sobre todo, qué horizonte político debe tener el movimiento.
El avance de la Coordinadora Juvenil Socialista ha alterado ese equilibrio. Su presencia ya no se limita a acompañar la movilización: aspira a marcar su dirección, su discurso y sus objetivos. El resultado es una protesta que se aleja progresivamente de la lógica de la reivindicación sectorial y se acerca a un cuestionamiento integral del modelo económico y político.
La disputa, por tanto, ya no es únicamente por el precio del alquiler o por las políticas de vivienda. Es también una disputa por el control político de la calle. Y en esa pugna, Sol se ha convertido en algo más que el símbolo de la crisis habitacional: es el escenario donde distintas izquierdas compiten por imponer el diagnóstico del problema, el método de protesta y, en última instancia, el modelo de sociedad que debería sustituir al actual.
España y Portugal acumularon 1.058 horas de precios negativos de electricidad en el segundo trimestre de 2026, el registro más alto de Europa, en un trimestre de récord solar, según el análisis de Montel.
Un trimestre de sol récord que hunde el precio del mediodía
La generación solar europea superó su récord anterior en casi un 20%, impulsada por periodos prolongados de altas presiones y una insolación abundante. Ese aumento de producción provocó excedentes recurrentes en torno al mediodía y empujó los precios intradiarios a niveles negativos históricos en varios mercados. El resultado es una foto muy desigual por país. Vamos a los datos.
El reparto de horas con precios negativos cambió respecto al año anterior. España registró el mayor número de Europa, con 596 horas, seguida de Portugal con 462, Francia con 370 y Grecia con 317. Los mercados nórdicos, en cambio, apenas acumularon episodios de este tipo. El informe atribuye esas diferencias al ritmo de instalación de nueva capacidad solar y a los patrones de demanda de cada sistema eléctrico.
En el mercado ibérico, gestionado por OMIE, el suelo técnico de precios se tensó hasta niveles inéditos. A finales de abril, algunos mercados europeos se acercaron al límite de -500 euros por MWh, un suelo que después se rebajó hasta -600 euros por MWh para que el mercado pudiera seguir casando ofertas y demandas. El excedente no es abundancia.
📊 Impacto ecológico en cifras
Horas con precios negativos: 596 en España y 462 en Portugal, las dos cifras más altas de Europa en el segundo trimestre de 2026.
Récord solar europeo: la generación fotovoltaica del continente superó en casi un 20% su máximo anterior.
Suelo técnico de precios: de -500 a -600 euros por MWh en apenas unas semanas.
Equivalencia tangible: el excedente del mediodía convivió con picos superiores a 100 euros por MWh durante la ola de calor de junio.
La otra cara del récord: picos de 600 euros cuando se apaga el sol
El mismo trimestre que hundió el mediodía disparó las horas punta. En Alemania, los precios superaron los 600 euros por MWh durante las horas centrales de la tarde. En España, los precios diarios y semanales rebasaron los 100 euros por MWh durante la ola de calor de finales de junio, justo después de una fase de generación renovable muy alta y precios negativos al mediodía.
Un precio negativo no es energía gratis: es la factura de un sistema que todavía no sabe guardar el sol que le sobra al mediodía.
Ese patrón se repite en buena parte del continente: excedente barato cuando el sol aprieta y tensión de precios cuando la demanda sube y la fotovoltaica se apaga. La combinación revela el cuello de botella real, que no es otro que la falta de recursos flexibles capaces de mover la energía de unas horas a otras o de un nudo de red a otro.
Sin almacenamiento ni red, el récord solar se convierte en volatilidad: barato al mediodía, caro al atardecer.
La flexibilidad se retira del mercado diario
Montel detecta además un movimiento silencioso pero decisivo. Algunas centrales térmicas flexibles, operadores de almacenamiento y grandes consumidores industriales han dejado de presentar ofertas en los mercados diarios cuando el precio entra en terreno negativo. Prefieren reservar su capacidad para para el mercado intradiario o para los servicios de balance del sistema.
Esa retirada tiene consecuencias medibles. Traslada más actividad de equilibrio al intradiario, puede aumentar la volatilidad de los precios y eleva el valor de los recursos que responden con rapidez a los desajustes entre generación y demanda. La flexibilidad deja así de ser un servicio accesorio para convertirse en el activo escaso del sistema eléctrico europeo. El mercado ya lo nota.
El informe apunta las palancas que reclama el mercado: refuerzo de red, zonas de oferta más granulares para reflejar la congestión local y mecanismos de reducción y redespacho más rápidos. Son medidas que afectan de lleno a operadores como Red Eléctrica y a la arquitectura que diseña Bruselas para el mercado interior de la electricidad.
Lo que el dato exige: más red, más baterías y mercados más finos
España ya ha vivido episodios parecidos. Los récords de horas negativas se han encadenado en los últimos ejercicios al calor de la mayor potencia solar del país, y cada vez se concentran más en primavera y verano, cuando coinciden una generación alta con una demanda moderada. Lo que este trimestre añade es el contraste: el mismo sistema que regala electricidad al mediodía la encarece por la tarde.
Aquí conviene no confundir dos cosas. Que el mercado pague por producir no significa que la energía sobre; significa que falta capacidad para trasladarla en el tiempo o para llevarla donde se necesita. La fotovoltaica española ha crecido a un ritmo que las redes, las baterías y la respuesta de la demanda todavía no han igualado, y el resultado son precios que oscilan entre el suelo técnico y el pico de la ola de calor. El coste no desaparece: se aplaza.
La letra pequeña importa. La reforma del diseño del mercado eléctrico europeo, los objetivos de despliegue de almacenamiento y los planes de refuerzo de red del MITECO apuntan en la dirección correcta, pero a un ritmo que se mide en años. Para el inversor, un mercado con más horas negativas exige contratos de más largo plazo, ingresos por capacidad, o hibridación con baterías para que el proyecto siga siendo rentable.
Queda la lectura intergeneracional, sencilla aunque incómoda. Un sistema eléctrico que no invierte en flexibilidad traslada el coste de su propio desorden a la próxima década: precios más volátiles, más recortes de producción renovable y menos incentivo para seguir instalando potencia limpia. El récord solar no es el problema; no haber preparado la red para aprovecharlo, sí lo es.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
Beneficio medible: el sistema ibérico concentra ya 1.058 horas de precios negativos en un solo trimestre, señal de una generación solar que cubre con holgura las horas centrales del día.
Modelo que cambia: el mercado diseñado para centrales que producen a demanda deja paso a uno que retribuye la flexibilidad, el almacenamiento y el traslado de energía entre horas.
Para las próximas generaciones: una red con más baterías y mejores señales de precio convierte el excedente solar de hoy en electricidad disponible y barata mañana.
El viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla ya tiene fechas: el 13 y el 14 de octubre. Será la primera vez que Felipe VI y la Reina Letizia pisan las dos ciudades autónomas como jefes del Estado, un desplazamiento que la Casa del Rey inscribe en la normalidad institucional y que la política interior leerá, quiera o no, en clave de precampaña.
La cita llega con el calendario electoral en marcha. El presidente del Gobierno comunicó al Rey por teléfono su decisión de disolver las Cortes y convocar comicios el 29 de noviembre, una fórmula que rompió el uso protocolario —hasta ahora era el jefe del Ejecutivo quien se desplazaba a La Zarzuela para trasladarle la fecha en persona— y que sorprendió al Monarca en pleno viaje de Estado a Finlandia. Desde Helsinki rubricó, de forma telemática, el real decreto de disolución.
Con ese telón de fondo, la visita adquiere un peso que excede lo protocolario. El anuncio llega pocas semanas después del cruce masivo de personas a nado registrado el 30 de julio en la frontera del Tarajal, un episodio que el propio Pedro Sánchez calificó como violación de la soberanía territorial y que forzó al Ejecutivo a mover ficha. Las fechas las adelantó El Mundo, que sitúa la visita en el 13 y el 14 de octubre.
De la petición de Vivas a la autorización del Gobierno
El compromiso del Rey con las ciudades autónomas venía de lejos. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, lo hizo público en agosto: Felipe VI se había comprometido a visitar la ciudad autónoma. La respuesta de La Moncloa entonces fue quitar hierro al asunto. Su portavoz, Elma Saiz, sostuvo que el Rey no necesitaba permiso, para desplazarse a Ceuta y Melilla. La afirmación no se ajustaba a la práctica: los movimientos del jefe del Estado en territorio nacional se coordinan con el Gobierno.
Hay un dato que el PSOE repite con satisfacción. Sánchez es el único presidente del Gobierno que ha pisado las dos ciudades autónomas. A partir del 14 de octubre podrá sumar otro tanto a su relato y presentar la visita de los Reyes como un logro propio. El orden real de los acontecimientos apunta en otra dirección: la petición se desbloqueó cuando el Tarajal dejó de ser una línea teórica. La frontera pesó más que la diplomacia.
El mensaje a Rabat: sin llamada previa y con respuesta pendiente
El viaje tiene un destinatario que no estará ni en Ceuta ni en Melilla. Según las informaciones publicadas por El Mundo, el Rey no tiene previsto telefonear a Mohamed VI antes del desplazamiento, y en el Gobierno se espera una respuesta de Rabat que, de momento, no ha llegado. Es la letra pequeña de una visita que España quiere leer como gesto de normalidad y que Marruecos puede interpretar como un recordatorio de soberanía. Ahí está el riesgo.
En Ceuta y Melilla no se juega solo protocolo: se escenifica soberanía y se envía a Rabat un mensaje sin necesidad de discurso.
Conviene recordar el giro que el Ejecutivo imprimió a su política exterior: España abandonó la neutralidad tradicional sobre el Sáhara y abrazó las tesis de Rabat. En las ciudades autónomas se leyó como un pacto a cambio de seguridad. El cruce del Tarajal demostró que la llave de la migración sigue en manos marroquíes, y esa constatación explica buena parte de la celeridad con la que se ha cerrado la agenda del viaje.
Seis elecciones en doce años: la Corona que no sale del foco
La agenda del Rey se ha convertido en un termómetro de la tensión política. En doce años de reinado, Felipe VI ha asistido a seis procesos electorales y diez rondas de consultas, más que Juan Carlos I en 38 años al frente de la Jefatura del Estado. La cifra mide por sí sola el desgaste institucional que la Corona intenta amortiguar con una doctrina de neutralidad estricta. Sostener esa neutralidad con un calendario electoral encima es, probablemente, el mayor reto de la segunda mitad del reinado.
El riesgo tiene nombre: instrumentalización. Zarzuela no controla el relato de sus actos cuando el contexto es de campaña, y la visita a las ciudades autónomas se presta a ello más que ninguna otra cita del año. El protocolo puede blindar la puesta en escena —sin discursos, sin declaraciones y con la agenda oficial como único guion—, pero no impide que cada gesto se mida en escaños. El protocolo aguanta; el relato, no.
Mi lectura es que la Casa del Rey ha decidido asumir ese coste antes que seguir aplazando una visita pendiente desde hace años. La normalización de la presencia institucional en Ceuta y Melilla tiene sentido de Estado, y el propio Monarca ha expresado en varias ocasiones su deseo de que el desplazamiento no sea excepcional. Está por ver si el viaje se consolida como cita recurrente o queda como una excepción forzada. El precedente importa.
Antes de poner un pie en las ciudades autónomas, los Reyes tienen otra cita ineludible: el 12 de octubre, con la recepción oficial de la Fiesta Nacional en el Palacio Real. El Rey no pronunciará discurso. Los corrillos de la recepción, en cambio, hablarán de urnas. El programa detallado del viaje se dará a conocer a través de la agenda oficial de la Casa del Rey.
Claves del Protocolo y Estado
Contexto del acto: primera visita de Felipe VI y la Reina Letizia a Ceuta y Melilla como jefes del Estado, fijada para el 13 y el 14 de octubre.
El detalle de protocolo: el desplazamiento del jefe del Estado se coordina con el Gobierno, extremo que La Moncloa había minimizado; según El Mundo, Sánchez no formará parte de la comitiva.
Próximos pasos: la recepción del 12 de octubre abre la semana institucional; el programa del viaje se conocerá a través de la agenda oficial de la Casa del Rey.
Letizia ha convertido un colegio de Helsinki en el escenario más elocuente de la visita oficial de los Reyes a Finlandia. La Reina ha visitado hoy la Escuela de Käpylä, un centro con programa bilingüe en español, acompañada por Suzanne Innes-Stubb, esposa del presidente Alexander Stubb. Sobre el papel era una parada más del programa: un recorrido por las aulas y un encuentro con alumnos y profesores. En la práctica, ha sido la demostración más nítida de que la política exterior española en el norte de Europa pasa hoy por el idioma.
Un programa bilingüe con acento español en el corazón de Helsinki
Durante su recorrido, Doña Letizia ha conocido de cerca el funcionamiento del programa bilingüe y ha compartido impresiones con alumnos, profesores, y equipo directivo. El español no funciona aquí como una asignatura decorativa: sostiene buena parte del currículo y convierte a la Escuela de Käpylä en uno de los mejores termómetros del interés finlandés por una lengua que gana peso en los sistemas educativos del norte de Europa. La organización del centro había preparado el itinerario al detalle, con paradas en las aulas donde el idioma se trabaja de forma más intensiva. El idioma no era un relleno.
El momento más recordado llegó en las escaleras del edificio. Un grupo de estudiantes sorprendió a la Reina con una actuación musical y eligió para la ocasión una canción de José Luis Perales. Doña Letizia siguió la interpretación con una sonrisa y una atención evidente, y al terminar se acercó a felicitar personalmente a los alumnos. A ellos les dijo una frase que resume el tono del encuentro: ‘Lo habéis hecho de maravilla’. La escena fue breve.
El español como activo de soft power en la relación bilateral
La elección del centro no es un detalle menor en un viaje oficial. La Reina podía haber visitado un museo, una empresa o un centro tecnológico; ha elegido un colegio donde el español estructura la jornada de los alumnos. Con ello traslada un mensaje en dos direcciones: agradece a Finlandia el esfuerzo por enseñar la lengua y recuerda que el idioma es una infraestructura de la relación bilateral, tan tangible como un contrato energético o una línea de transporte. El gesto tenía fondo.
La compañía de Suzanne Innes-Stubb, esposa del presidente Stubb, añade otra capa de lectura. Que la anfitriona sea la esposa del jefe del Estado sitúa la educación y la cultura en el terreno de la simetría institucional, no en el de la anécdota. Es la parte de la agenda donde la Corona rinde más con menos fricción diplomática. Y el mensaje viaja más lejos de lo que parece: un alumno finlandés que canta en español es, a medio plazo, un interlocutor académico y comercial para España.
La diplomacia cultural no firma contratos ni convoca ruedas de prensa, pero deja una lengua instalada en la cabeza de toda una generación de escolares.
Educación, idioma y relevo institucional: dónde encaja esta visita
La visita a la Escuela de Käpylä encaja en una línea de trabajo que Zarzuela lleva años afinando: convertir a la Reina en la referencia española de los asuntos culturales, educativos y científicos en el exterior, mientras el Rey asume los actos estrictamente políticos, militares y económicos. No es una jerarquía, sino una división funcional que explica por qué Letizia ha construido su perfil internacional alrededor de la lengua y de la educación. El reparto funciona y rara vez se rompe.
El reto, en este caso, es la continuidad. Las visitas de este tipo producen titulares amables y fotografías inmejorables; también corren el riesgo de quedarse en el símbolo si no van acompañadas de programas sostenidos: formación de profesorado, becas, intercambios escolares, convenios entre universidades. La diplomacia cultural es barata y rentable, pero exige constancia, y en un espacio europeo donde el francés y el alemán compiten por el mismo terreno, el español no puede depender de la suma de gestos aislados por muy bien recibidos que sean.
Lo que esta jornada deja claro es el terreno donde la Corona se mueve con más comodidad y menos ruido: la proximidad, el idioma y las personas. Queda por ver si el impulso se traduce en un marco de cooperación educativa estable entre España y Finlandia o si se queda en el archivo de las buenas fotografías. La agenda oficial de la Casa del Rey mantiene abierto el resto del programa de la visita, y ahí se verá si el idioma vuelve a aparecer sobre la mesa.
Helsinki lo entendió así.
Claves del Protocolo y Estado
Contexto del acto: la visita se enmarca en el viaje oficial de los Reyes a Finlandia y sitúa la educación y el idioma en el centro de la relación bilateral.
El detalle de protocolo: la Reina acudió acompañada por Suzanne Innes-Stubb, esposa del presidente Stubb, lo que eleva el acto al rango de simetría institucional entre ambas delegaciones.
Próximos pasos: el programa de la visita continúa y la Casa del Rey mantiene publicada su agenda oficial actualizada en su web.
La Princesa Leonor recibió el pasado 10 de julio la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico en San Javier (Murcia). La condecoración, impuesta por Felipe VI en la Academia General del Aire y del Espacio, puso el broche a sus tres años de formación militar en los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Con ella, la heredera se convierte en la primera Princesa de Asturias con la instrucción castrense completa.
El acto contó con la presencia de la Reina Letizia y de la Infanta Sofía, que arroparon a la heredera desde la tribuna de presidencia. En la misma ceremonia se entregaron los reales despachos de empleo a los 111 nuevos oficiales del Ejército del Aire, la promoción con la que Leonor compartió su último tramo en la academia.
Una condecoración que corona los tres ejércitos
No fue una distinción aislada. La cruz de San Javier se suma a las que la Princesa ya recibió en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Escuela Naval Militar de Marín, de modo que cierra el ciclo condecorada por Tierra, Mar y Aire. Felipe VI recibió esa misma Gran Cruz en 1988, durante su propia etapa de formación, un paralelismo que Zarzuela no subrayó pero que el protocolo dejó a la vista. La Casa de S.M. el Rey ha documentado puntualmente cada una de esas etapas.
Detrás del brillo de la ceremonia hay un recorrido exigente: cientos de horas de instrucción, maniobras cargando el fusil, madrugones para correr, cinco meses de navegación a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, guardias en alta mar, horas de vuelo, cursos de supervivencia y saltos en paracaídas. El director de la academia, Luis Felipe González, describió a la Princesa como una alumna ejemplar y una más entre sus compañeros, y destacó su esfuerzo, su tenacidad y su responsabilidad.
El protocolo que cambió el incendio de Almería
La jornada quedó marcada por la tragedia. El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería y a un paso de la frontera con Murcia, se cobró al menos 12 vidas y dejó 23 personas desaparecidas. El luto nacional obligó a alterar el guion previsto y ningún miembro de la Familia Real quiso que la celebración tapara la catástrofe que se seguía a pocos kilómetros.
En su discurso, el Rey trasladó su pésame, su cariño y su apoyo a quienes habían perdido a sus seres queridos y a los que seguían con la angustia de no haber localizado a los suyos. Explicó que, en señal de duelo, la Familia Real no participaría del brindis de honor, aunque no quisieron alterar demasiado el desarrollo de la ceremonia. Al término del acto, los Reyes y sus hijas pusieron rumbo a Madrid sin demora.
La Corona demostró en San Javier que sabe celebrar y sabe retirarse: cuando el país está de luto, el protocolo también guarda silencio.
Hubo, además, una lectura de imagen. La Reina Letizia eligió un vestido midi de encaje en rosa nacarado de la firma estadounidense Adrianna Papell, comercializado en El Corte Inglés, al que retiró el collar de piedras sintéticas del diseño original para ajustarlo a la solemnidad del acto. Lo completó con zapatos y bolso de la española Magrit y pendientes de oro rosa y diamantes de Gold & Roses.
La Infanta Sofía lució un vestido blanco de lunares negros de Mango, firma española, personalizado con mangas y acortado por encima de la rodilla, con bailarinas negras de Magrit. En una jornada de duelo, las firmas de gran consumo y precio accesible encajaban con el tono de contención de todo el acto.
De la academia militar a la universidad: la hoja de ruta de la heredera
La relevancia del acto trasciende lo simbólico. Leonor es la primera heredera española que completa la formación en los tres ejércitos, una preparación que encaja con una previsión constitucional concreta: el artículo 62 de la Constitución reserva al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Quien algún día haya de ostentarlo conviene que conozca por dentro la casa que va a mandar. No se trata solo de sumar cruces, sino de acumular criterio y legitimidad sobre lo militar en un momento en que la Corona necesita exhibir preparación y servicio.
Queda, eso sí, un reto abierto: encajar esa hoja de ruta castrense con una formación académica exigente y con la agenda institucional. Su nuevo destino es el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, que sucede a los tres años de instrucción. La pregunta de fondo —si la formación militar completa es imprescindible o responde sobre todo a un gesto de imagen— no la resuelve una condecoración, pero el paso ayuda a sostener el relato del relevo generacional que Zarzuela construye desde la mayoría de edad de la Princesa.
El calendario no da tregua. El 12 de octubre la Familia Real volverá a escenificar su unidad en el desfile de la Fiesta Nacional, y a finales de mes Oviedo acogerá una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, con la heredera ya como protagonista consolidada. Son los siguientes hitos de una trayectoria que, desde el uniforme azul de San Javier, ha dejado de ser promesa para convertirse en presente.
Claves del Protocolo y Estado
Contexto del acto: la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico cierra la formación militar de la heredera en los tres ejércitos, un hito inédito en la Corona española.
El detalle de protocolo: por el luto nacional decretado tras el incendio de Los Gallardos, la Familia Real renunció al brindis de honor y regresó a Madrid al término de la ceremonia.
Próximos pasos: la Princesa afronta su etapa universitaria en la Carlos III, mientras la agenda oficial sitúa el desfile del 12 de octubre y los Premios Princesa de Asturias como siguientes citas de la Familia Real.
Amin Nasser, consejero delegado de Aramco, advierte de que el suministro mundial de crudo toca su límite y que reponer reservas llevaría dos años. Lo dijo ayer, lunes 5 de octubre, en el Foro de Energy Intelligence celebrado en Londres, siete meses después del cierre efectivo del estrecho de Ormuz, la vía que canaliza en torno al 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.
Las tres claves de la advertencia del máximo responsable de Aramco
En declaraciones recogidas por Euronews este lunes, el directivo de la petrolera estatal saudí resumió la situación con una idea: el colchón de resiliencia del suministro es peligrosamente fino y al mercado apenas le quedan herramientas por activar.
Los números que dio Nasser sitúan el margen real del sistema muy por debajo de lo que sugieren las estadísticas oficiales. Al inicio de la crisis, las reservas mundiales de petróleo rondaban los 10.000 millones de barriles.
Desde entonces se han perdido cerca de 3.000 millones de barriles de suministro, aproximadamente la mitad del crudo y los productos refinados que suelen atravesar Ormuz en ese periodo. Otros 1.000 millones se han retirado de los inventarios para compensar el desfase, en su mayoría de existencias comerciales en tierra.
El volumen restante se estima en menos de 6.000 millones de barriles. De las reservas comerciales que publican los países, menos del 10% puede usarse realmente, según Nasser: buena parte de esas cifras corresponden al mínimo necesario para mantener la infraestructura en funcionamiento.
El viernes 2 de octubre, los países del G7 acordaron con la Agencia Internacional de la Energía (el organismo que coordina las reservas estratégicas de los países industrializados) liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo. Nasser sostiene que esa cifra no resuelve el problema, porque los inventarios totales no reflejan el crudo realmente entregable al mercado.
La liberación de 100 millones de barriles compra tiempo al mercado, pero no corrige el desequilibrio entre oferta y demanda que describe Aramco.
El propio Nasser reconoció que tirar de reservas da margen, aunque no arregla los desajustes estructurales. Su cálculo es que esos volúmenes cubrirían un invierno, no más. La reconstrucción de inventarios podría llevar hasta dos años una vez que el estrecho reabra por completo.
Ormuz ya no es la única salida: el mapa del crudo ha cambiado desde marzo
El crudo sí ha vuelto a salir de la región. Según la firma de seguimiento marítimo Kpler, las exportaciones del Golfo, excluido Irán, recuperaron en septiembre los niveles previos a la guerra: al menos 16,5 millones de barriles diarios entre el 1 y el 28 de septiembre, 10,5 millones por encima de la media mensual de marzo.
La recuperación no se explica por una reapertura del estrecho, sino por el cambio de rutas. En torno al 40% de esas exportaciones esquiva ya Ormuz, frente al 17% anterior al conflicto, con gasoductos en Arabia Saudí, y Emiratos Árabes Unidos como alternativas principales. La mayoría del crudo que cruza el estrecho cambia de buque en aguas abiertas.
El crudo circula. Lo hace por otro camino.
Aramco asegura que cubre la demanda de sus clientes con instalaciones de almacenamiento internacionales y con la reparación acelerada de infraestructuras dañadas. La compañía busca además rutas adicionales y nuevos depósitos en el exterior para no depender de un único canal hacia sus compradores. Sus instalaciones en Arabia Saudí han sufrido varios ataques de los hutíes de Yemen desde la reanudación de los combates entre la coalición liderada por Riad y los milicianos respaldados por Irán.
El impacto para España y Europa: la factura energética y el invierno que viene
Para España y el resto de Europa, la advertencia llega antes del invierno y con el margen de la AIE ya activado. El precio del petróleo y de los productos refinados repercute de forma directa en la factura energética de hogares y empresas, y también en el transporte y en la electricidad indexada al gas.
Si el colchón realmente disponible es inferior a 6.000 millones de barriles, cualquier nueva interrupción en Ormuz o en los gasoductos alternativos obligaría a los países europeos a competir por el mismo crudo en el mercado al contado. La reposición de inventarios no se completaría, según Aramco, hasta dos años después de que el estrecho reabra por completo.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? Amin Nasser advierte de que el colchón mundial de crudo es peligrosamente fino y de que reponer reservas llevaría dos años.
👤 ¿Quiénes están implicados? Aramco, la mayor petrolera del mundo, los países del G7 y la AIE, que liberaron 100 millones de barriles el viernes.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? Reponer inventarios llevaría dos años desde la reapertura completa de Ormuz, según Aramco.
Estados Unidos ha retirado sus bombarderos B-1 de la base británica de RAF Fairford por nuevas amenazas vinculadas a Irán. La confirmación llegó este lunes del presidente Donald Trump, que detalló desde la Casa Blanca que Washington recibió varios avisos antes de mover los aparatos, según los teletipos de Reuters y Euronews. El Pentágono había certificado horas antes la salida de los aviones de una instalación que EE.UU. ha utilizado para lanzar ataques «defensivos» contra Teherán.
Qué ha confirmado Trump y por qué se han movido los aparatos
«Hubo algunas amenazas», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. «Y en lugar de tentar al enemigo —vamos a capturar al enemigo y a vencer al enemigo, pero ¿por qué dejarlos ahí?—, los movimos un poco, no muy lejos.» El presidente no concretó la naturaleza de los avisos.
Dos funcionarios estadounidenses citados por medios de EE.UU. aseguraron que los bombarderos se trasladaron después de que los mandos recibieran nuevas amenazas sobre un plan respaldado por Irán que obligó a mover los aparatos. Uno de ellos precisó que la información forma parte del mismo paquete de alertas que surgió hace tres semanas, aunque la situación se volvió urgente en las últimas 24 horas.
Trump evitó confirmar si la amenaza incluía drones de ataque, una hipótesis que circuló en las horas previas. «No puedo decirle eso, pero si lo hicieron lo pagarán caro», zanjó. Sobre la autoría fue más explícito: «Sabemos quién hizo la amenaza. Estarían vinculados a Irán.»
Los aparatos no han regresado a Estados Unidos, según la versión del presidente: se han movido «un poco, no muy lejos». El traslado deja sin bombarderos de largo alcance (los B-1 Lancer) una base que Washington ha empleado como plataforma de proyección en Europa y desde la que ha operado contra Teherán.
La retirada no responde a una decisión de Londres ni de la OTAN: Washington ha movido los aparatos ante un riesgo que sus propios mandos evaluaron como urgente.
El origen: del aviso de un agricultor a la operación antiterrorista
Todo empezó el 27 de septiembre, cuando la policía británica acudió a la base tras el aviso de un agricultor de la zona. El hombre describió a un grupo de hombres con varias furgonetas desarrollando una actividad «sospechosa» en los alrededores, según el relato policial recogido por Reuters y Euronews.
El balance de la operación antiterrorista fue de cinco detenidos, a los que se sumó después un ciudadano con nacionalidad británica e iraní. Todos han quedado en libertad con medidas cautelares. El registro de los vehículos no arrojó explosivos, aunque la policía antiterrorista sí recuperó «una cantidad de gasolina».
La causa sigue abierta.
Trump reprochó en su momento a las autoridades británicas que dejaran en libertad a los arrestados, todos ellos veinteañeros. El incidente se produce además en una semana en la que los precios de la energía en el Reino Unido han marcado máximos históricos, un factor que alimentó las especulaciones sobre el episodio, desde la amenaza terrorista, hasta el robo de combustible.
Qué sostienen Londres y Teherán
El Gobierno británico mantiene que la base es segura. El portavoz del primer ministro respondió con un «sí» cuando se le preguntó por esa cuestión y añadió que el Reino Unido aplica «métodos probados» para defender sus instalaciones, dentro y fuera del país.
El primer ministro había sostenido antes que existen «fuertes indicios» de la participación de Irán, una acusación que Teherán rechaza. La embajada iraní en Londres «rechaza categóricamente y condena enérgicamente» cualquier especulación sobre su implicación.
Teherán lo niega.
El impacto para España y para el resto de la OTAN
La salida de los B-1 abre una pregunta incómoda para el flanco europeo de la Alianza. Si Washington repliega medios ante un riesgo vinculado a Irán, el resto de activos estadounidenses en el continente —entre ellos los que comparte con España en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla)— quedan bajo el mismo paraguas: el artículo 5 del Tratado de Washington (cláusula de defensa colectiva: un ataque contra un miembro es un ataque contra todos), cuya activación depende de una decisión política, no automática.
A este escenario se suma el factor energético. Los precios de la energía en el Reino Unido han alcanzado máximos históricos esta semana, un movimiento que afecta de lleno a los mercados europeos y a un país como España, dependiente de las importaciones de crudo y gas. Cualquier escalada con Teherán encarece esas compras.
Los próximos movimientos dependen de la investigación británica y de si Washington da por desactivada la amenaza. Por ahora, la base sigue operativa y sin bombarderos.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? EE.UU. ha retirado sus bombarderos B-1 de RAF Fairford tras nuevas amenazas vinculadas a Irán, según ha confirmado Trump.
👤 ¿Quiénes están implicados? La Casa Blanca y el Pentágono, por un lado; el Gobierno británico y la embajada de Irán en Londres, que niega la acusación.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? La investigación antiterrorista británica sigue abierta y los arrestados están en libertad con medidas cautelares.
¿Qué ha pasado? El vicepresidente JD Vance ha anunciado en Alaska una inversión federal de 400 millones de dólares para el proyecto Beluga-Healy, que añadirá más de 200 millas de nueva línea de alta tensión a lo largo del Railbelt.
¿Quién está detrás? La Casa Blanca y el Departamento de Energía, con el senador Dan Sullivan y el respaldo de la delegación republicana del estado, incluida Lisa Murkowski.
¿Qué impacto tiene? Ninguno directo sobre España. La lectura para Madrid es comparativa: qué prioriza Washington cuando decide modernizar una red eléctrica y con qué dinero lo hace.
JD Vance anuncia en Alaska una inversión federal de 400 millones de dólares para modernizar la red eléctrica del estado. Lo hace junto al senador Dan Sullivan, a cuatro semanas de las legislativas y con la factura de la luz como telón de fondo.
Qué ha anunciado exactamente la Casa Blanca, y con qué dinero
El proyecto se llama Beluga-Healy y va encajado dentro del Alaska Railbelt Transmission Project: más de 200 millas de nueva línea de transmisión, unos 320 kilómetros, a lo largo del corredor que concentra a la mayor parte de la población del estado, entre Fairbanks, Anchorage y la península de Kenai. Según el comunicado del despacho de Sullivan, será una segunda conexión de alta tensión. El objetivo declarado es que un fallo en la línea principal no deje sin suministro a media Alaska.
«Con este proyecto, la administración Trump ayudará a desarrollar más de 200 millas de nueva línea de transmisión, reduciendo costes y reforzando la fiabilidad de la red para el 75% de la población del estado», dijo Vance. La Casa Blanca vende la operación como un paso más hacia la ‘dominancia energética’ que ha convertido en marca de la casa. Washington no improvisa.
El dinero se canaliza a través del Departamento de Energía, cuyo titular, Chris Wright, exdirector ejecutivo de una empresa de servicios petroleros, se reunió hace unas semanas con las eléctricas del estado. La senadora Lisa Murkowski celebró el proyecto como «la mejor manera de mejorar la asequibilidad» en Alaska. Sullivan agradeció a Wright el desbloqueo de los fondos y los vinculó a «nuestra seguridad nacional».
Alaska, un escaño republicano menos cómodo de lo que parece
Alaska vota republicano en casi todas las presidenciales, pero su escaño al Senado no es un trámite. Desde 2022 el estado usa un sistema de voto preferencial que obliga a pelear cada papeleta más allá de la primera mayoría, y ese mismo año la demócrata Mary Peltola se llevó el escaño de la Cámara antes de que los republicanos lo recuperaran en 2024. Vance lo resumió sin adornos: «vais a tener una carrera competitiva al Senado en Alaska». Las urnas aprietan.
El marco real del anuncio es la factura eléctrica. Alaska arrastra un sistema de generación caro y aislado, con comunidades rurales que dependen del diésel para encender la luz y una red que solo cubre el corredor más habitado. Cerca del 60% del territorio es propiedad federal, de modo que cada dólar que llega de Washington se lee en clave local y se cobra en las urnas. No es solo infraestructura: es política de proximidad.
Cada dólar federal que aterriza en una red eléctrica aterriza también en un escaño del Senado.
Manda el calendario.
La Lógica de Washington
Lo que hace Washington aquí tiene una lógica reconocible. La administración ha convertido la ‘dominancia energética’ en doctrina: producir más, exportar más y financiar con dinero federal la infraestructura que lo sostiene. El Departamento de Energía actúa como brazo inversor en proyectos que ninguna compañía eléctrica financiaría sola en un estado de menos de 750.000 habitantes. La coalición que sostiene la medida es la de siempre en el Partido Republicano: un estado de recursos, una delegación que reclama fondos y un electorado que mide a sus políticos por lo que traen a casa.
No es una invención de 2026. La Ley de Electrificación Rural de 1936 ya usó el crédito federal para llevar electricidad al medio rural estadounidense y, de paso, para construir una mayoría política que duró décadas. Eisenhower hizo algo parecido con las autopistas federales en 1956. La diferencia es de escala, no de método: Alaska, con una delegación minúscula y una dependencia enorme del presupuesto federal, se apoya en ese mecanismo más que ningún otro estado.
Para España, la lectura es comparativa. Nada de lo anunciado en Alaska toca aranceles, exportaciones ni competencia industrial. Lo que sí se puede comparar es el método. El operador del sistema español lleva años advirtiendo de que el cuello de botella de la transición energética está en en la red de transporte, no en la generación: hay proyectos renovables esperando conexión mientras la inversión en líneas avanza a otro ritmo. Ese es el contraste.
A eso se suma un detalle de mercado. Estados Unidos es uno de los principales proveedores de gas natural licuado de España, y todo lo que refuerza la producción energética americana acaba notándose en los precios del Atlántico. La energía sigue siendo política de Estado a los dos lados del océano.
La próxima ventana clave es el 3 de noviembre, fecha de las elecciones legislativas de medio mandato (midterms). Antes de esa cita, el Departamento de Energía tiene que concretar el calendario de desembolso y la Autoridad Energética de Alaska, el diseño técnico de la segunda línea. La incógnita es de tiempos: 200 millas de tendido eléctrico en un territorio tres veces mayor que España no se construyen en un ciclo electoral. Ahí se decide también si el escaño de Sullivan sigue en manos republicanas.
Ficha del Caso
El caso: La Casa Blanca anuncia 400 millones de dólares federales para ampliar la red eléctrica de Alaska en plena campaña de las legislativas de medio mandato, con el senador Dan Sullivan como anfitrión del vicepresidente.
Datos clave: 400 millones de dólares; más de 200 millas (unos 320 kilómetros) de nueva línea de alta tensión; 75% de la población del estado beneficiada; proyecto Beluga-Healy, dentro del Alaska Railbelt Transmission Project; elecciones legislativas el 3 de noviembre.
Para España: Sin impacto comercial directo. La lectura útil es de método: comparar cómo se decide y se financia la red de transporte a un lado y otro del Atlántico.
La salida del TNP que Irán llevaba años negando ha dejado de ser un rumor de halcones en Teherán. El portavoz de Exteriores, Esmail Baghaei, ha admitido que la retirada del Tratado de No Proliferación se estudia ya con seriedad y que la última palabra corresponde al Líder Supremo.
Durante dos décadas, cualquier debate sobre abandonar el tratado se despachaba como ruido de los sectores más duros de la República Islámica. Que ahora lo ponga por escrito el portavoz de la diplomacia, el rostro amable del régimen, cambia la naturaleza del mensaje. Ya no es una bravata de viernes. Es una señal dirigida a Washington, a Bruselas y, sobre todo, a Moscú.
Baghaei mantiene en paralelo el compromiso formal con el tratado y sus obligaciones. Eso sí, deja claro que esa pertenencia no es incondicional. La lectura que hacemos es sencilla: Teherán quiere cobrar por quedarse.
El agravio que Teherán ya no disimula
El argumento iraní se sostiene sobre tres patas. La primera es el acuerdo de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, cuando Irán aceptó, límites severos a su programa nuclear a cambio del alivio de sanciones. En 2016, el OIEA certificó que había cumplido con lo pactado. En 2018, Washington se retiró del pacto y reinstauró las sanciones. Teherán cumplió y perdió.
La segunda pata son los ataques. El OIEA documentó en junio de 2025 agresiones contra varias instalaciones nucleares iraníes. La conclusión que se extrae en Teherán es incómoda: la supervisión internacional no disuade a nadie.
Irán no pregunta qué ganaría con el TNP. Pregunta qué ha ganado. Y la respuesta, en su propia contabilidad, lleva años en rojo.
Queda la tercera pata: la asimetría regional. Israel no forma parte del tratado y no soporta el escrutinio que se aplica a Irán. Para la diplomacia iraní, esa doble vara es la prueba definitiva de que el sistema está diseñado para contener a unos y proteger a otros.
No todo son agravios, y conviene decirlo. El OIEA tiene motivos fundados para dudar del cumplimiento iraní: restricciones de acceso, dificultades para seguir el material nuclear y visitas limitadas. Teherán responde que esas discrepancias se resuelven con diálogo e inspecciones, no con bombardeos sobre sus instalaciones. El organismo con sede en Viena no lo tiene fácil.
El efecto dominó que Riad y Ankara miran de reojo
La amenaza no apunta solo a Washington. Si Irán deja claro que ya no se siente atado por la prohibición de adquirir armas nucleares, Turquía y Arabia Saudí tienen un argumento listo para la mesa. ¿Por qué iban a abstenerse ellos? Salir del tratado no otorga legalmente derecho a la bomba, pero en el debate político ese matiz se pierde con una facilidad pasmosa.
Ahí está el riesgo que Teherán maneja en privado. Buscar seguridad puede empujar a sus vecinos hacia una carrera nuclear que, al final, le devuelva amenazas nuevas y peores. De ahí que la retirada se anuncie como opción y no como decisión cerrada.
En paralelo, la oferta rusa para exportar el uranio enriquecido iraní sigue viva. Baghaei confirmó que la propuesta de Moscú está sobre la mesa y que Teherán actuará según su interés nacional. La puerta de la negociación no está cerrada. Está entornada.
Equilibrio de Poder
Washington lee el movimiento como una maniobra de presión y no como una ruptura inminente. La administración estadounidense sabe que su retirada de 2018 es el mejor argumento que tiene Teherán para justificar cualquier paso. Moscú, por su parte, gana tiempo: se ofrece como mediador energético y como garante, dos papeles que le dan influencia sin coste militar. Bruselas, atrapada entre la dependencia del paraguas de la OTAN y su nula capacidad de presión real en el Golfo, se limita a pedir contención.
Para España, el asunto no es ajeno. Nuestro país importa crudo de la región y mantiene intereses directos en el flanco sur, del Sahel al Magreb. Un Irán fuera del TNP reactivaría el apetito nuclear en el Golfo, tensionaría los precios de la energía y obligaría a revisar despliegues en el Mediterráneo oriental. La arquitectura del TNP sostiene, a fin de cuentas, el tablero que permite a Europa dormir con el paraguas nuclear estadounidense.
La lectura a cinco años invita a la cautela. Un Irán que sale del tratado no tiene la bomba al día siguiente: le faltarían meses o años de trabajo, y el precio sería un aislamiento casi total. Lo relevante es que la amenaza, mientras siga viva, funciona. Si se convierte en realidad, deja de servir como moneda de cambio.
Teherán tiene una ventana: la próxima reunión de la junta de gobernadores del OIEA marcará el compás, y el calendario de revisión del tratado no admite eternas prórrogas. Lo que observamos es un pulso de desgaste. La pregunta ya no es si Irán puede salir del TNP. La pregunta es cuánto está dispuesto a cobrar el resto del mundo por que se quede.
El Tribunal Constitucional ha avalado que la amnistía cubra la malversación del ‘procés’ y ha ordenado al Tribunal Supremo aplicarla. La resolución, conocida este martes, desactiva las órdenes de detención que pesaban sobre Carles Puigdemont y Toni Comín y desbloquea el escaño que el exconseller tiene pendiente en el Parlamento Europeo.
El fallo llega después de que el Supremo cuestionara si la Ley de Amnistía pactada por el PSOE y Junts al inicio de la legislatura podía extenderse a la malversación (el uso de fondos públicos para fines distintos de los previstos). El Constitucional ha resuelto que sí, según la información publicada por Europa Press. Con ese criterio fijado, las órdenes de detención contra Puigdemont y Comín quedan desactivadas y ambos dirigentes independentistas podrían regresar a España sin riesgo de ingreso en prisión.
Qué ha decidido el Constitucional sobre la malversación
La sentencia del órgano de garantías (el tribunal que vela por la adecuación de las normas a la Constitución) extiende la cobertura de la ley a la malversación, el delito que el Supremo consideraba fuera de su ámbito. No es una declaración de inocencia ni anula condena alguna. Fija el alcance de la norma y obliga al tribunal que mantiene abiertas las causas a aplicarlo. Las resoluciones del Constitucional pueden consultarse en su página oficial.
Del fallo se derivan tres consecuencias inmediatas:
La amnistía cubre la malversación del ‘procés’, el delito que el Supremo excluía.
Las órdenes de detención quedan sin efecto para Puigdemont y Comín.
El Supremo deberá concretar ese criterio en cada causa abierta.
Por qué Comín no había recogido su acta de eurodiputado
Comín encabezó la candidatura de Junts en las elecciones europeas de junio de 2024 y obtuvo escaño. Nunca llegó a ocuparlo. La legislación española exige al eurodiputado electo personarse en la Junta Electoral Central (el órgano que supervisa los procesos electorales y expide las credenciales), con sede en el Congreso, para prometer o jurar la Constitución antes de recoger el acta.
El obstáculo era la orden de detención. Mientras estuvo vigente, pisar territorio español implicaba riesgo de arresto. Ese escenario ha cambiado.
El criterio del Constitucional desactiva las detenciones, pero cada causa sigue su curso en el Supremo con su propio calendario.
La Junta Electoral Central tiene prevista una primera reunión esta semana tras la convocatoria de elecciones generales, según recoge Europa Press, y podrá ya recibir al diputado electo para que complete el trámite de juramento o promesa del cargo.
El escaño llevaba vacío más de dos años.
Qué cambia en España y en la Eurocámara
La resolución tiene dos efectos prácticos. En Estrasburgo, Junts recupera un escaño vacío desde 2024 y refuerza su presencia en el grupo de Liberales Demócratas, del que salió hace años a instancias de Ciudadanos. En España, desaparece la orden de detención que mantenía a Comín, y a Puigdemont fuera del país, aunque las causas judiciales siguen abiertas y el Supremo tendrá que aplicar el criterio del Constitucional.
También consta una denuncia por acoso sexual y psicológico presentada por un asistente contra Comín, unos hechos que él ha negado y por los que criticó la investigación abierta por el Parlamento Europeo, según Europa Press.
Está pendiente de confirmación oficial el calendario con el que el Supremo trasladará ese criterio a cada causa. Los trámites para la incorporación de Comín a la Eurocámara dependen ahora de la Junta Electoral Central y de que se complete la juramentación del cargo.
⚖️ Datos del caso
Órgano judicial: Tribunal Constitucional, que fija el criterio; Tribunal Supremo, que instruye las causas del ‘procés’.
Fase procesal: sentencia del Constitucional; causas en el Supremo pendientes de aplicar ese criterio.
Implicados: Carles Puigdemont y Toni Comín, con las órdenes de detención desactivadas tras la resolución.
Delitos investigados: malversación en el marco del proceso independentista de 2017.
Próximos pasos: trámite de Comín ante la Junta Electoral Central y calendario pendiente de confirmación en el Supremo.
Lo esencial
📌 ¿Qué ha ocurrido? El Constitucional avala que la amnistía cubra la malversación del ‘procés’ y desactiva las órdenes de detención, según Europa Press.
👤 ¿Quiénes están implicados? El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los dirigentes de Junts Carles Puigdemont y Toni Comín.
⏭️ ¿Qué pasa ahora? Comín puede personarse en la Junta Electoral Central para recoger su acta de eurodiputado.
