Una vez celebrada la reunión entre el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y expresada la disposición al diálogo del dirigente de la formación morada, también llega el momento de valorar las desavenencias. En este sentido, la posibilidad de referéndum en Cataluña es una de las cuestiones que aleja posiciones entre PSOE y Podemos de cara a un acuerdo de Gobierno.
Lo ha recordado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que no ha aclarado si habrá Gobierno de coalición con Podemos, pero sí ha incidido en las cuestiones en las que distancian a ambos partidos, como es el caso de la posibilidad de que se organice un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Los socialistas rechazan incluir a Podemos en el Gobierno, en cambio, sí acceden a pactar un programa de Gobierno
Narbona se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno tras el encuentro entre el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias y no ha aportado nuevos datos sobre si finalmente habrá Gobierno de coalición ni si miembros de Podemos entrarán en un futuro gabinete de Pedro Sánchez.
Respecto a las líneas rojas en la negociación con Podemos, ha reconocido que «es muy evidente que hay cuestiones en las que hay acuerdo y otras quizás en la que no existe ese acuerdo«, como es el caso del «referéndum de autodeterminación».
MANTENER LA LÍNEA DE COLABORACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 MESES
Fuentes de Moncloa remarcaron este martes que la negociación más inmediata que entablará el PSOE con Podemos pasa por la composición de la Mesa del Congreso con el objetivo de garantizarse una mayoría progresista.
Y sobre la colaboración con Podemos en la próxima legislatura, apostaron por seguir el mismo camino ensayado en estos 10 meses de legislatura, que se ha traducido en mejoras para la ciudadanía con medidas sociales y de recuperación de derechos.
En realidad, los socialistas rechazan incluir a Podemos en el Gobierno y sólo aceptan abrir el Ejecutivo a «independientes de reconocido prestigio». Sí acceden en cambio a pactar un programa de Gobierno con los ‘morados’, según ha contrastado Europa Press en fuentes socialistas.
ERC va a solicitar al Tribunal Supremo (TS) la retirada de medias cautelares a Oriol Junqueras y Raül Romeva para que puedan acceder al Congreso y al Senado, en calidad de parlamentarios, según ha podido saber MONCLOA.COM.
La formación política recuerda que Junqueras y Romeva han sido escogidos, respectivamente, diputado y senador en las Cortes españolas, por lo que solicita la modificación de medidas cautelares con el fin de que ambos puedan asistir, el próximo día 21 de mayo, al acto de constitución de las Cortes.
En su escrito al Tribunal Supremo, ERC recuerda que antes de su asistencia a la sesión constitutiva, los diputados y senadores deben recoger y presentar sus credenciales como cargos electos, para posteriormente, asistir al Pleno de constitución y cumplir con los demás requisitos legales.
Para poder completar todos los trámites que les habiliten para el ejercicio de sus funciones, la representación legal de la formación política reclama al TS que permita a Junqueras y Romeva acreditarse ante las Cámaras como diputado y senador, respectivamente.
LIBERTAD PROVISIONAL PARA CUMPLIR COMO PARLAMENTARIOS
Más allá del Pleno de Constitución, en el texto se solicita que se facilite la posibilidad de desarrollar las tareas propias de los parlamentarios, «manteniendo reuniones dentro del Grupo Parlamentario, ruedas de prensa y entrevistas, así como todas aquellas tareas vinculadas a su estatuto, siendo imprescindible, por tanto, acceder a la libertad provisional»
Los representantes legales de los políticos catalanes manifiestan en su escrito que «la protección de la función parlamentaria debería vincularse con el otorgamiento de la libertad provisional y, en todo caso, mediante fórmulas de aseguramiento alternativas (fianza, seguimiento mediante sistemas de control telemático, etc)».
El primer acuerdo en las negociaciones para formar Gobierno pasa por la composición de la Mesa del Congreso, que se votará el próximo 21 de mayo. Fuentes de Moncloa han subrayado que se trata de la negociación «más inmediata» que abordarán el PSOE y Unidas Podemos en los próximos días.
Las mismas fuentes han remarcado la importancia de que la composición de la Mesa del Congreso refleje una mayoría que «garantice la viabilidad de un proyecto progresista».
Las cuatro formaciones con mayor representación tienen asegurados dos puestos cada una en la Mesa del Congreso
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido reuniones con las tres principales fuerzas de la oposición, dando así el pistoletazo de salida a las negociaciones para formar o facilitar Gobierno. Entre el PSOE y Unidas Podemos el primer punto en el orden del día de las conversaciones pasa por la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados
Esta negociación estará liderada por las respectivas ‘número dos’ de ambos partidos, Adriana Lastra (PSOE) e Irene Montero (Podemos).
Las cuatro formaciones que lograron mayor representación en las generales del 28 de abril, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos tienen asegurados con sus escaños dos puestos cada uno en la Mesa del Congreso, salvo que medien pactos de exclusión.
La presidencia de la Mesa decantará la mayoría de la Cámara y fuentes socialistas han avanzado que no piensan renunciar a esta figura, argumentando que siempre, con la única excepción de la breve legislatura de 2016, el partido del Gobierno es el que preside la Cámara. Más plausible sería, reconocen, que Unidas Podemos pudiera hacerse con la vicepresidencia primera del Congreso.
NI PSOE NI PODEMOS HABLAN DE COALICIÓN
En cualquier caso, tras la reunión entre Sánchez e Iglesias, ninguna de las dos partes ha hablado del Gobierno de coalición que exige Unidas Podemos. Ni siquiera el líder ‘morado’ se ha referido a ello en la rueda de prensa que ha ofrecido, salvo para responder, a preguntas de la prensa, que en esta cuestión las posiciones de unos y otros eran «conocidas».
Desde el Palacio de la Moncloa se ha querido poner en valor la colaboración ensayada entre el PSOE y Podemos en estos diez meses de legislatura y se ha apostado por seguir trabajando por ese mismo camino dándole un «nuevo impulso» a esa colaboración.
En concreto, este nuevo impulso pasaría por tres ejes políticos que ambas formaciones comparten como son la regeneración democrática, la justicia social y la limpieza.
ENCUENTRO POSITIVO Y CONSTRUCTIVO
Para el Ejecutivo, el encuentro con Iglesias ha sido «muy positivo y constructivo» y no se contempla que finalmente no se alcance un acuerdo de colaboración con Podemos para esta próxima legislatura, teniendo en cuenta las mejoras para la ciudadanía que esa cooperación en estos 10 meses de legislatura ha aportado.
«Encuentro positivo y constructivo con Pablo Iglesias, reconociendo el trabajo emprendido en estos diez meses desde la izquierda para avanzar en justicia social y limpieza política, y que sirve de base para establecer una voluntad renovada de cooperación y entendimiento», ha indicado el propio Pedro Sánchez en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.
MÁS NEGOCIACIONES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
Moncloa ha aclarado que no habrá nuevas reuniones con los líderes de las principales formaciones hasta la constitución de las Cortes Generales el próximo 21 de mayo. El propio Sánchez ya indicó que aplazaría las negociaciones hasta después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de abril.
En cualquier caso, el Ejecutivo ha puesto en valor la recuperación de la institucionalidad y de los necesarios espacios de comunicación entre las fuerzas políticas tras las citas de esta semana, algo que considera que la ciudadanía ha estado reclamando a las fuerzas políticas y que los líderes de los cuatro principales partidos mayoritarios han sabido interpretar.
La constructora Dico, vértice de la trama Púnica, contrató al comisario José Manuel Villarejo para salvaguardar sus intereses frente a uno de sus socios. Este, según un informe del policía, tenía un listado con políticos que habían realizado recalificaciones de terrenos para favorecer a esta empresa.
De esta manera, el comisario jubiliado, hoy en prisión preventiva, habría intervenido en la sombra en casos de corrupción política al menos desde hace quince años. Además de Púnica, lo hizo en el caso Gürtel, además de indagar sobre presuntos pagos en el PSOE andaluz.
Todo ocurrió en 2004, diez años antes de que estallara la operación Púnica, con la detención de 51 personas. El trabajo de Villarejo para Dico quedó reflejado en el bautizado como “Informe Certus”, donde se da cuenta del espionaje al socio de Dico y su entorno familiar con seguimientos personales e rastreo de llamadas telefónicas.
El informe preliminar de este encargo, al que ha tenido acceso MONCLOA.COM, es una valoración previa sobre las posibilidades de conseguir el objetivo. Este era salvaguardar los intereses del grupo Dico “ante la presumible intervención turbia e interesada de un ex socio”. Según este documento, se trataría de Jesús González de la Aleja Soria.
Este había abandonado en octubre de 2003, un año antes del encargo a Villarejo, la empresa. Para ello habría pactado su salida. Sin embargo, González de la Aleja se sintió posteriormente engañado al conocer “la naturaleza renovada del nuevo grupo empresarial”, tal como explica el informe de Villarejo.
Este documento nombra indirectamente como socios al propio González de la Aleja y dos siglas, JJ y PC, que podrían corresponderse con los otros accionistas: Julián Jiménez de los Galanes y Francisco (Paco) Colado. El hombre que finalmente presidió Dico, David Marjaliza, es uno de los principales protagonistas del caso Púnica, junto con Francisco Granados, número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Según el relato de Villarejo, el socio despechado comenzó a realizar “una serie de maniobras de hostigamiento” para desprestigiar a la empresa “con informaciones a clientes, entidades crediticias, proveedores…” ante lo que Dico decidió investigar tanto sus maniobras como su solvencia y patrimonio.
Todo habría empezado con los problemas de este socio con su esposa. El informe relata que hubo llamadas anónimas amenazantes que terminaron con la salida de Jesús González de la Aleja de la empresa. En este incidente ya se rastrearon las llamadas realizadas desde un móvil con tarjeta pre-pago, que fue usado con medidas de seguridad que Villarejo achaca a que alguien con conocimientos en el tema habría intervenido.
En aquel proceso se produjo, además, el asalto al despacho de abogados donde se negociaban los acuerdos y al coche de uno de ellos. Una vez que el socio comenzó contactar con el principal cliente de Dico “al objeto de propiciar la desconfianza de sus directivos”, es cuando comienza el seguimiento personal.
De esta manera se espiaron sus desplazamientos en dos vehículos, un Mercedes 500 y un todo terreno BMW, así como sus visitas a diferentes domicilios. A pesar de que no puede aportar más pruebas, especula sobre las relaciones sexuales de este socio.
Francisco Granados, exsenador del PP. Foto: Flickr.
Según se cuenta en el informe, estos ataques habrían sido mutuos, ya que hace referencia a una llamada recibida en la empresa en la que se alertaba de que otro socio estaba siendo espiado en busca de situaciones comprometidas.
Para realizar su trabajo, el comisario Villarejo tiene acceso presuntamente a información reservada, como son los movimientos en cuentas bancarias. En una de las páginas del informe, dice: “se están rastreando cuentas y operaciones en entidades bancarias dentro y fuera de España”.
Villarejo considera que Jesús González de la Aleja “es un sujeto muy vulnerable e influenciable”, especialmente por su esposa. Aparte de realizar apreciaciones sobre sus rasgos psicológicos, cree que su cónyuge quien le hostiga para que ataque a Dico.
Después de estos análisis previos, el comisario alerta de que se trata de una situación con un alto grado de riesgo, que llega a calificar como “crítica”. Villarejo calcula que el socio de Dico “esperará a saber el alcance de la percepción económica que recibirá por los temas aún pendientes (Portugal y Majadahonda) y a partir de ello, organizará el contraataque”.
Además, esperaba posibles “ataques en medios de prensa, intervenciones judiciales injustificadas”, a lo que habría que añadir otras actuaciones “que tendrían como fin último el intentar destruir el activo empresarial, así como aniquilar el prestigio personal” de los socios de Dico.
DOCE MILLONES DE EUROS
Por estos ataques, el antiguo socio pretendía, según Villarejo, obtener en torno a 12 millones de euros. En el informe señala que González de la Aleja sostenía que podía “presentar pruebas que demuestren el importante grado de corrupción”, que ha permitido a Dico crecer hasta el volumen que había alcanzado en aquel momento. La información la habría obtenido Villarejo de una fuente cercana al despacho que asesoraba a González de la Aleja.
Entre la información sensible que, según Villarejo, contaba González de la Aleja, se encontraba “una larga lista de políticos municipales que han recalificado terrenos en beneficio de K” (K quiere decir cliente en los informes de Villarejo, en este caso Dico).
El sistema debió funcionar, según la referencia a la estrategia del socio díscolo, mediante la apariencia de préstamos. Aun así, este socio creía que “en ningún caso podrán demostrar ellos que dichos reembolsos eran como devolución de supuestos préstamos”. El informe refiere que el socio “se ha mostrado rotundo alegando que el dinero se pagaba por favores recibidos”.
En ese sentido, el socio despechado de Dico habló de la existencia de contratos privados y de facturas emitidas a sociedades instrumentales. Es más, según la información en poder de Villarejo, este empresario dijo que tenía pruebas e “incluso algún soporte sonoro”.
“Una larga lista de políticos municipales que han recalificado terrenos en beneficio de K”
El policía informó de que el objetivo de sus pesquisas parecía haber detectado que estaba siendo seguido, por lo que empezó a realizar acciones como saltarse semáforos, cambiar de dirección por sorpresa o conducir a velocidad excesiva. Villarejo aconsejaba la investigación del entorno del socio y labores de desinformación que favorecieran los intereses de Dico, además de buscar “evidencias sobre operaciones ilícitas” del socio y los personajes de su entorno.
La estrategia a seguir, según Villarejo, incluía “la obtención de otra información colateral y secundaria” entre la que se encontraba “vida privada, gustos, aficiones, amantes…” El trabajo se realizaría, como era habitual, con todo tipo de medios técnicos de grabación y seguimiento.
El nombre de Jesús González de la Aleja Soria aparece como protagonista indirecto en una noticia publicada por Elconfidencial.com sobre una denuncia relacionada con recalificaciones en Vera (Almería). El exdirector general de Dico, David Merino, expuso ante notario años antes de que estallara la operación Púnica, cómo se realizaron estas recalificaciones. En la denuncia, presentada por Manos Limpias, se incluía una grabación de Merino con Jesús González de la Aleja, que habría llegado a controlar un tercio de las acciones del grupo Dico.
Falta menos de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales. Las formaciones políticas están inmersas en plena campaña y la vivienda -muy ligada a la política local- centra una gran atención del debate.
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, pretende construir 25.000 unidades en alquiler para jóvenes; Begoña Villacís, aspirante de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital, propone rehabilitar 100.000 viviendas y Manuela Carmena, actual alcaldesa de la ciudad, vuelve a hablar de levantar 4.000 viviendas públicas que prometió en la anterior legislatura y que no ha conseguido ejecutar.
«El objetivo es dar soluciones a la escasez de vivienda a un precio asequible, a la movilidad y a la emancipación de los jóvenes a una edad más temprana», afirma Díaz Ayuso. «Rehabilitar varios ensanches de los años 60 y 100.000 viviendas que ya han llegado al fin de su vida útil”, explica Villacís. «Esperamos un concurso de derecho de superficie para una treintena de parcelas del Ayuntamiento», sentencia Carmena. La guerra del ladrillo en la capital está servida. Pullas entre candidatos, entre administraciones -local y autonómica- e incluso entre miembros de los propios partidos.
La vivienda está en boca de todos. Durante las pasadas Elecciones Generales ocupó gran parte del despacio de debate entre los aspirantes a la Presidencia de Gobierno. De hecho, en el sector se celebró la entrada del mercado residencial en el discurso de los candidatos. Pero la realidad es que son los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos los que más tienen que decir en este sentido. De hecho, son los primeros los que más han torpedeado la actividad promotora con sus continuos retrasos en la concesión de licencias de obra.
Ante este escenario, las formaciones políticas han dado el pistoletazo de salida a la guerra de las viviendas -sobre todo, las públicas-. Todos los partidos políticos prometen, lanzan cifras y se pelean por ser los que más ofrecen y los que antes ejecutan. Pero cuidado, porque Carmena y su mandato es el ejemplo más reciente de que no siempre se puede construir lo que se promociona -y nunca mejor dicho- durante la campaña electoral.
En esta contienda ya hay varios protagonistas que han presentado sus armas. Díaz Ayuso, anunció este lunes que construirá 25.000 nuevas viviendas para el alquiler de jóvenes y familias. El calendario previsto por los populares para el bautizado como Plan Vive Madrid se extiende a las dos próximas legislaturas, con una actuación mayor en la que comenzará en menos de un mes. En el caso de que el PP renueve su mandato al frente del Ejecutivo regional, Ayuso promete levantar 15.000 viviendas en cuatro años y comprometer el resto, otras 10.000, a los cuatro siguientes.
Una idea que la candidata ‘popular’ planea desarrollar gracias a la colaboración público-privada, de modo que los pisos se edificarán en terrenos que son propiedad de la Comunidad de Madrid, pero sin coste para las arcas públicas. La intención es que reciban el 50 por ciento de estas viviendas, seguido de los jubilados y los madrileños de entre 35 y 65 años con dificultades para acceder a una unidad. De momento, Ayuso ya cuenta con el beneplácito del sector. Tanto Asprima (asociación de promotores de Madrid) como Concovi (Confederación de Cooperativas de Vivienda) han mostrado su apoyo a la candidata elegida por Pablo Casado.
CIUDADANOS PREFIERE REHABILITAR A CONSTRUIR
El Partido Popular propone construir y Ciudadanos su gran rival en el centro-derecha española pretende rehabilitar. Villacís ha explicado que pretenderá llevar a cabo un plan de obras para reformar más de veinte plazas, aunque no ha definido cuáles. En algunas de ellas, además, estudia poner wifi para que se conviertan “en un punto de encuentro entre vecinos y comerciantes”. En este sentido, el plan también prevé rehabilitar varios ensanches “de los años 60” y 100.000 viviendas “que ya han llegado al fin de su vida útil”. Así, la última pata será la “renovación” de los barrios con una mejor iluminación y la eliminación, por ejemplo, del cableado “que no sirve”.
De igual forma, la también portavoz Ciudadanos en el Ayuntamiento recuerda que Carmena ha entregado 63 viviendas de las más de 4.000 prometidas y ha batido el récord de inejecución. En este sentido, la todavía cabeza visible del consistorio también ha anunciado una ordenanza de emergencia habitacional después de que el PP «vendiera la vivienda social» y ejecutara «desahucios constantemente», unido a las 3.337 viviendas que está construyendo el Ayuntamiento en este momento. Viviendas públicas que Carmena prometió, no ha ejecutado y ahora pretende extender en esta hipotética legislatura.
La guerra del ladrillo ha comenzado y quedan menos de 20 días para librarla. Las viviendas arrastran votos, las promotoras los celebran y los ciudadanos desconfían del sector público y del privado. El próximo 26 de mayo se resolverá esta contienda de la que dependen desarrollos como los del Sureste o Madrid Nuevo Norte. ¿Quién da más?
UPN parece no encauzar su situación. El partido regionalista se presenta por primera vez en 28 años con serias dificultades para alcanzar el poder en Navarra. Recuerden que en 1991 ganaron por primera vez unas autonómicas gracias a su pacto con el PP y por la decisión del PSN de no acordar con Herri Batasuna.
En 1995 perdieron el trono, pero solo durante un año porque Ferraz exigió a los socialistas navarros que permitiesen el poder del regionalista Miguel Sanz, que se mantuvo en el poder hasta 2011. Lo hizo gracias al cordón sanitario del PSN a la izquierda abertzale, 1999; a la ilegalización de los herederos de HB, 2003; y al ‘agostazo’.
Este ‘agostazo’ sucedió en 2007: el PSN, Nafarroa Bai (coalición vasquista que no incluía a HB) e Izquierda Unida habían acordado un pacto de progreso, pero José Blanco desde Ferraz pactó con UPN, que rompió con el PP y se mantuvo contra pronóstico en el poder.
Esta herida pasó factura a los socialistas, que perdieron a centenares de afiliados, especialmente en la Ribera. También hubo serios enfados en la localidad del hombre fuerte del PSN, Santos Cerdán, Milagro.
En 2011 UPN y PSN alcanzaron un pacto de Gobierno, pero el vicepresidente socialista Roberto Jiménez fue destituido y prometió nuevas elecciones, impedidas de nuevo por Ferraz. En 2015, un pacto de progreso en el los socialistas eran al fin prescindibles, posibilitó la caída del bipartidismo tras 32 años de reparto del poder.
NAVARRA SUMA, ¿LA ÚLTIMA BALA DE UPN?
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han terminado sin estridencias la legislatura pese a los problemas internos del partido de Pablo Iglesias y la dura oposición de UPN, que mentó el 155 en Navarra, protestó por la retirada de la ‘laureada’ del Parlamento foral y cargó contra el Ejecutivo por la decisión de exhumar a Sanjurjo.
Pero las pésimas previsiones de UPN, que había criminalizado a «los vascos» y se dio de bruces contra el buen funcionamiento de la economía navarra, levantó la señal de alarma en el partido que lideraJavier Esparza, que de espaldas a sus bases tejió un acuerdo con el PP, al que la mayoría de los sondeos le daban cero escaños en Navarra, y firmó un pacto con Cs, ‘antifuerista’.
Este apretón de manos ‘antinatura’ entre UPN y Ciudadanos desdibuja los principios fundacionales de los regionalistas, que acaban de cumplir cuarenta años. Este hecho ha despertado ciertos enfados en algunos cuadros medios del partido navarro.
UN ‘CUATRIPARTITO LIGHT’, LA OPCIÓN MÁS VIABLE PARA EL 26-M
Javier Esparza ha centrado parte de su discurso en los últimos cuatro años en contra de los socialistas pese a que María Chivite se ha mostrado muy crítica contra la presidenta Uxue Barkos. Cierto es que varios asuntos de la política estatal no han ayudado a UPN.
El triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, en la moción de censura de 2018 y en las generales del pasado 28 de abril refuerzan la figura de Santos Cerdán, hombre fuerte del PSN y persona muy crítica contra los partidos conservadores. Este hecho podría dejar las manos libres a la socialista María Chivite a la hora de negociar en Navarra.
UPN se presenta por primera vez a unas elecciones en 28 años con escasas opciones de triunfar: Navarra Suma mantuvo los representantes del centro-derecha en las pasadas generales, pero la suma de UPN, PP y Ciudadanos se dejó más de 20.000 votos respecto a 2016.
José Javier Esparza, líder de UPN. Foto: Navarra.com
Una encuesta de Diario de Navarra, publicada el pasado domingo y realizada antes de las generales, pronostica que Navarra Suma podría alcanzar entre 18 y 19 escaños, que no sumaría ni con el posible diputado que conseguiría Vox, que no llegó al 5% en las generales (a las forales se exige tan solo el 3%).
El Gobierno más factible se dibuja en el centro-izquierda: Geroa Bai sumaría entre 9 y 10 escaños, por lo cual Uxue Barkos podría mantenerse en la presidencia con el apoyo del PSN (9), Podemos (4) e Izquierda-Ezkerra (1-2), y con la abstención de EH Bildu (8).
Este sondeo se ha recibido con cierto escepticismo en algunos sectores de la política navarra: en Izquierda-Ezkerra cuentan con sondeos internos que elevan sus escaños a cuatro, tal y como señalan fuentes de la coalición a Moncloa.com, y en Vox creen que entrarán con más fuerza de la que se le presume.
También Geroa Bai busca rentabilizar los cuatro años de poder de Uxue Barkos, EH Bildu descarta perder apoyos tras su buen resultado el 28-A y en el PSN el calculado retraso de Pedro Sánchez para cerrar pactos estatales podría pasarles factura.
EL PSN PROMETE QUE NO INVESTIRÁ A ESPARZA
La candidata socialista María Chivite ha dejado claro que no investirá al regionalista Javier Esparza: «Internamente en el PSN está claro que no apoyaríamos una investidura de Esparza. En el momento en que UPN pactó para España, para Navarra y para los ayuntamientos con el PP se dejó una posición muy clara internamente. No vamos a hacer a Esparza presidente».
El PSN quiere recuperar apoyos en la izquierda tras sus reiterados incumplimientos. En la sede del Paseo Sarasate quieren recuperar el tirón entre las filas progresistas después de perder 20 puntos entre 1991 y 2015.
Para ello quieren rentabilizar el tirón de Pedro Sánchez en las generales y aprovecharse del presumible desgaste de Podemos tras sus problemas en Navarra. En ese mismo caladero quieren beber Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra, que creen que miles de votantes al PSOE el 28-A no confiarán en María Chivite por los palos en las ruedas que le ha puesto a Uxue Barkos en los últimos cuatro años.
Los encuentros entre los líderes políticos para aclarar los apoyos con los que contará un futuro Gobierno han revuelto los papeles del escenario político como si se tratara del juego de las sillas. Ahora es Albert Rivera el que dice claramente no a Pedro Sánchez y hace caso omiso a la invitación a la abstención que le hizo Pablo Casado desde el Partido Popular. Mientras, Pablo Iglesias deja atrás las líneas rojas.
Cada uno ha querido hacerse con el papel preferido en la representación, aunque aún hay una disputa en cuanto a quién se arroga el título de líder de la oposición. Hoy Rivera no ha querido entrar en el juego de Casado, que pretendía que no hubiera dudas sobre que sería él quien lo ostentara. Al final, el líder de Ciudadanos ha sido más tajante que Casado en el no a Sánchez, ya que el popular sí que ha dejado la puerta abierta al diálogo con el Gobierno sobre Cataluña, aunque sea desde la oposición.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez recibió en La Moncloa al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el tercer partido con más escaños en el Congreso de los Diputados tras las pasadas elecciones generales del 28-A. Esta reunión ha sido la segunda toma de contacto con los dirigentes políticos por parte de Pedro Sánchez, que ayer recibió al líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Después de 50 minutos de reunión, Rivera ha manifestado a Sánchez su negativa para llegar a un acuerdo de investidura. “No vamos a apoyar a este Gobierno”, ha señalado el presidente de Ciudadanos en la rueda de prensa posterior a su reunión con Sánchez, por lo que el Partido Socialista se queda sin llegar a la mayoría absoluta y tendrá que buscar apoyos en otras fuerzas políticas parlamentarias.
En los últimos días, y tras los resultados obtenidos en los comicios de abril, a tan solo nueve escaños del Partido Popular, Albert Rivera declaraba que Ciudadanos sería el partido líder de la oposición y señalaba que “los españoles han decidido que Sánchez e Iglesias tengan un acuerdo y que haya una oposición fuerte que les controle”.
Tras su encuentro con Sánchez, Rivera se ha reafirmado en su discurso electoral y ha señalado que su “objetivo es controlar a Sánchez desde la oposición”. “Vamos a hacer una oposición leal, no con Sánchez, sino con los españoles”, ha comentado Rivera, quien ha señalado que tanto los votantes de Ciudadanos como aquellos que se han decantado por otras formaciones políticas “se merecen una oposición distinta a la que ha hecho Sánchez a Rajoy y la que ha hecho el PP a Sánchez”.
SIN PACTO SÁNCHEZ-RIVERA
Un pacto entre Ciudadanos y PSOE tenía el visto bueno de parte del sector financiero, como señalaba el equipo europeo de análisis del Banco Santander tras los resultados electorales: “La coalición entre PSOE y Ciudadanos probablemente complacería a los mercados financieros dado que la postura liberal de Ciudadanos sería mejor recibida que el populismo de Unidas Podemos”. Además, no sería el primer pacto entre ambas formaciones políticas, ya que se llevó adelante en Andalucía, con el PSOE de Susana Díaz.
A pesar de este antecedente, la reunión entre Albert Rivera y Pedro Sánchez ha descartado cualquier posibilidad de pacto. Esto deja atrás el resquicio que abrió Sánchez cuando, en la celebración de los resultados de las elecciones generales aseguró ante el grito de “Con Rivera no” de sus seguidores que no pondría cordones sanitarios a un posible acuerdo con Ciudadanos.
En el segundo debate electoral y por insistencia del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, su reflexión también fue algo abierta, al decir sólo que este acuerdo no estaba en sus planes. Por su parte, Albert Rivera durante la campaña y en los dos debates electorales dejó claro que no pactaría con el PSOE, idea que ha reiterado en el día de hoy al líder socialista.
Pedro Sánchez y Albert Rivera, durante su entrevista en el Palacio de la Moncloa. Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo
Cataluña también ha sido un tema a tratar en la reunión de ambos líderes políticos. “Nosotros creemos que hay que vigilar, controlar y aplicar la Constitución”, ha comentado Rivera, favorable a una posible aplicación del artículo 155. “El primer paso es requerir a Torra a que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución”, ha añadido.
Además de mostrar su intención de liderar la oposición y de su negativa para llegar a un pacto de investidura, Albert Rivera le ha propuesto al dirigente socialista cuatro pactos de Estado sobre educación, inmigración, despoblación territorial y contra el terrorismo.
“Le he planteado a Sánchez recuperar el Pacto de Estado educativo y ver los puntos en común para que España, de una vez por todas deje de hacer reformas, contrarreformas y parches, y tenga un pacto para una generación y no para una legislatura”, ha dicho el líder de Ciudadanos.
El dirigente de Ciudadanos en su comparecencia ha querido además criticar las recientes medidas impulsadas por el PSOE que afectan al IRPF, al diésel y al impuesto de sucesiones: “Escondió en la campaña, en el debate electoral esa subida de impuestos masiva de casi 26.000 millones de euros”.
Por su parte, el fruto más concreto de la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ha sido la apertura de negociaciones entre la número dos de Podemos, Irene Montero, y la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, sobre la composición de la Mesa del Congreso.
Iglesias, que dejó atrás sus líneas rojas, salió de la reunión anunciando que Sánchez y él «nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo». El mensaje transmitido es que, aunque queda todo por concretar, el ambiente entre ambos va más allá de la cordialidad. Iglesias ha dicho que existe «una relación de confianza que nos permite tratarnos con entendimiento».
Aunque no hayan querido concretar aún, las primeras áreas donde parece que podrían darse los acuerdos fueron ya citadas por Iglesias: precariedad laboral o pensiones, por ejemplo, mientras que en el entorno de la presidencia del Gobierno señalaban que había avances en propuestas sociales. Podemos había dicho ya antes que estaría de acuerdo con los socialistas, por ejemplo, en dejar de pedir la derogación de la reforma laboral si lo que se va a acometer es una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que iría más allá.
Movimiento en las filas de Ciudadanos. Carlos Carrizosa ha sido el hombre designado para sustituir a Inés Arrimadas y será el líder de la formación naranja en el Parlament, donde liderará la oposición. Así lo ha decidido el partido después de que Arrimadas sea diputada electa en el Congreso. Por otra parte, la diputada y senadora Lorena Roldán ejercerá como portavoz del grupo en sustitución precisamente de Carrizosa.
Las mismas fuentes han explicado que la dirección valora el «gran liderazgo» de Carrizosa frente al independentismo en el Parlament los últimos años, y destaca su voluntad para asumir cualquier tarea dentro del partido.
También es un «gran conocedor» del funcionamiento interno de la formación y, como una de las personas que ha estado desde la fundación del partido, ha trabajado al lado de Albert Rivera e Inés Arrimadas.
LORENA ROLDÁN
En cuanto a Roldán, para darle la portavocía en el Parlament la dirección de Cs ha destacado su «solvencia» como portavoz en el Senado y sus intervenciones como diputada en la Cámara.
Carrizosa se ha descartado como candidato de las primarias que el partido celebrará en un futuro para escoger a su candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas. Cuando se abra el proceso de primarias –todavía no hay fecha pero será en los próximos meses– los miembros del partido tendrán la puerta abierta a presentarse.
DEBATE SUCESORIO
Desde que Arrimadas anunció que saldría del Parlament para presentarse a las generales y ser diputada del Congreso, se abrió un debate dentro del partido sobre quién recogerá el relevo de su liderazgo en Cataluña.
Desde el primer momento los focos se centraron en Carrizosa y Roldán como los principales candidatos a encabezar el partido en Cataluña, tanto en el Parlament como en unas futuras elecciones catalanas.
Con la decisión de la dirección de situar a Carrizosa al frente del grupo se resuelve una de las incógnitas de la marcha de Arrimadas, pero, al descartarse como futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat, se mantiene abierta la carrera para ser el número uno de Cs a las autonómicas.
RELEVO INMINENTE
El pleno del Parlament que se celebrará este miércoles y jueves será el último de Arrimadas, por lo que los cambios en el organigrama del grupo parlamentario se harán efectivos de manera inminente.
De esta manera, cuando Arrimadas haya renunciado a su acta en el Parlament y recoja el acta de diputada en el Congreso, se formalizará el relevo y Carrizosa pasará a ser oficialmente el presidente del grupo.
Otra de las incógnitas que se mantiene es quién sustituirá al vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra, en la Mesa de la Cámara, ya que también se va al Congreso, aunque esta cuestión todavía está por resolver, aseguran las citadas fuentes.
Lo que sí está claro son los nuevos diputados de Cs que entrarán en el Parlament en vez de Arrimadas y Espejo-Saavedra: Jorge Feijóo –número 26 por Barcelona en las catalanas de 2017– y María Mercedes Escofet –número 27–.
Contigo, pero sin ti. Ese parece el resumen de las dos horas de diálogo que han mantenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa. El PSOE, claro ganador de las elecciones, tiene claro que no incluirá a Podemos en su Gobierno. «Sólo contaremos con personas independientes de reconocido trabajo», afirman desde la formación socialista. No obstante, sí vislumbran la posibilidad de llegar a un acuerdo de programa con Unidas Podemos.
DOS HORAS DE REUNIÓN
Sánchez no quiso otorgar a Pablo Iglesias un papel más importante que el que le ofrecieron los ciudadanos en las urnas. El presidente del Gobierno en funciones retrasó la reunión con el líder de Unidas Podemos a la tarde de este martes. O lo que es lo mismo,prefirió hablar antes con PP y Ciudadanos, que estarán en la oposición. Iglesias mostró su enfado, pero su formación es la principal aliada del PSOE en estos momentos. Así lo han ejemplificado las dos horas de diálogo que han mantenido ambos líderes.
La mayor incógnita ahora mismo es si el PSOE tratará de gobernar en minoría o si llegará a un acuerdo de programa para evitar cuatro años de odiseas. Iglesias, desde luego, ha salido «optimista» de la reunión, aunque es consciente de que aún queda un largo camino por recorrer. «La reunión de hoy es un punto de partida bueno», ha afirmado el líder de la formación morada.
En apenas cinco minutos de comparecencia en la sala briefing del Palacio de la Moncloa, Iglesias ha asegurado que ambos están dispuestos a «trabajar» para llegar a un acuerdo. Y como ya dijo tras los resultados de las elecciones generales, ha pedido «paciencia» para realizar un trabajo «largo» que requerirá de «discreción» y «prudencia».
Durante los 120 minutos que han permanecido en contacto, han hablado de diferentes temas. Empleo, pensiones, la situación internacional…», ha reconocido Iglesias. Y por supuesto, Cataluña, uno de los temas candentes de España. «El presidente y yo hemos coincidido en que se inaugura una nueva etapa de diálogo», ha confesado el líder de Podemos, cuya postura en el tema independentistas se aleja y mucho de la del bloque de la derecha.
Eso al menos ha quedado latente en las anteriores reuniones, donde la mayor esperanza de Sánchez era esperar la abstención de algún partido del bloque de la derecha. Y no se produjo. Aunque aún quedan días para eso, y el PSOE insistirá a Rivera a que haga lo mismo que le obligó a ellos: a evitar un Gobierno que dependa de las fuerzas independentistas. De momento, ambos diálogos solo sirvieron para transmitir la confianza en llegar a «acuerdos de Estado» siempre desde la oposición.
El Congreso de los Diputados ha gastado 21,3 millones de euros en viajes en esta legislatura, a los que habría que sumar el coste de los desplazamientos al extranjero realizados entre enero de este año y el final de la legislatura. De esta cantidad, 17,6 millones se han gastado en movimientos por el territorio internacional.
La media por diputado en estos casi tres años es de 50.287 euros, según los últimos datos de la Cámara recogidos por Europa Press. Estos viajes son realizados para el desarrollo de su actividad tanto parlamentaria como estrictamente política. Concretamente, entre julio de 2016 y el pasado 31 de marzo, la Cámara había facturado 17.600.610,1 euros.
Esta cantidad incluye billetes de avión, tren y autobús, así como indemnización por kilometraje en vehículo privado, además de los gastos de gestión, cancelaciones, cambios y billetes emitidos pendientes de utilización.
La Cámara ofrece esta información de forma trimestral y desglosada en tres conceptos: lo gastado en los viajes de sus señorías a sus circunscripciones, lo destinado a cubrir desplazamientos para actos políticos y lo invertido en viajes institucionales.
LA MAYORÍA, A SUS CIRCUNSCRIPCIONES
En total, en este periodo se destinaron 8,20 millones a sufragar los viajes a las circunscripciones, 1,01 millones a la asistencia a actos políticos y 4.406,51 euros a actividades oficiales.
A estas cifras hay que sumar los 3,72 millones de euros que lleva gastados el Congreso en los más de 300 viajes internacionales que los parlamentarios han desde el inicio de la legislatura hasta el pasado mes de diciembre. En total, sumando ambas cifras, el gasto asciende a 21,3 millones, a los que aún habrá que añadir el coste de los desplazamientos al extranjero realizados entre enero de este año y el inicio de la decimotercera legislatura.
En concreto, según los datos de la Cámara Baja recopilados por Europa Press, sus señorías han protagonizado 304 desplazamientos entre julio de 2016 y diciembre de 2018, cuando aún quedaban tres meses para la disolución de las Cortes. De estos 304 viajes, únicamente cinco no han corrido a cuenta de la Cámara, mientras que los 299 restantes han costado 3,72 millones de euros.
Esta cantidad incluye sólo los gastos de desplazamiento y de alojamiento en los distintos destinos, pero no los gastos de los diputados durante su estancia fuera del país. Hasta 2017 los parlamentarios que participaban en estos viajes percibían una dieta de 150 euros diarios, pero el Congreso sustituyó esta cantidad por un sistema de abono de gastos debidamente justificados. Esta medida, en cambio, no se adoptó en el Senado, que mantiene la dieta diaria.
La Cámara Baja se constituyó el 19 de julio de 2016 y, en los primeros seis meses de legislatura, se realizaron un total de 37 viajes al extranjero, en los que se invirtieron 363.694,49 euros. En 2017, el Congreso sufragó otras 130 salidas fuera de España con un coste global de 1,82 millones (sólo dos no generaron gasto alguno a la Cámara), mientras que en 2018 se realizaron 137 desplazamientos que costaron 1,53 millones (con sólo tres sin coste para el Congreso).
Los viajes más caros los ha realizado la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que suma siete desplazamientos con un coste superior a los 100.000 euros. En concreto, estos van de 111.108 euros a 105.921 euros.
Esta delegación suele viajar cuatro veces al año a Estrasburgo o Bruselas (Francia) para participar en las reuniones del plenario de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Se trata de la delegación internacional más nutrida, junto la de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y, por tanto la que realiza los viajes con mayor presupuesto.
LOS VIAJES MÁS CAROS, DE DELEGACIONES NUMEROSAS
Por su parte, entre los viajes de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) figura uno cercano a los 100.000 euros. Fue el pasado mes de diciembre a Halifax (Canadá) a la sesión anual de la asamblea y costó 99.080.68 euros.
Entre los destinos más lejanos a los que han viajado los parlamentarios están Shanghai-Pekin (China), Seúl (República de Corea), Moscú y San Pertersburgo (Rusia), Doha (Catar), Dacca (Blangadés), Riad (Arabia Saudí), Abu Dhabi (Emiratos Árabes) Amman (Jordania), Kuwait, Bakú (Azerbaiyán), Astana (Kazajistán), Bishkek (Kirguistán), Minsk (Bielorrusia), Luanda (Angola), Ciudada del Cabo y Pretoria (Sudáfrica) y Maputo (Mozambique).
También aparecen en este listado varios viajes a Estados Unidos (con actividades en Nueva York, Miami, Washington y Filadelfia), dos a Ottawa (Canadá), uno a Quito (Ecuador) y Buenos Aires (Argentina), uno a Valparíso (Chile) y otro a Puerto Vallarta (México).
Ángel Gabilondo sabe de primera mano la complejidad de arrebatar la Comunidad de Madrid al Partido Popular. Quizás por ello ha llamado a la movilización de la ciudadanía, a la que ha pedido no acomodarse con el resultado de las generales. El candidato del PSOE ha mencionado que no hay que fiarse del castigo de los electores al PP en las generales y que no deben «infravalorar a nadie».
«No precipitemos los resultados del PP, se está hablando demasiado rápido», ha considerado Gabilondo en un encuentro con periodistas para presentar las líneas generales de su campaña, que se ha celebrado en Ferraz. «No infravaloremos a nadie», ha agregado.
Gabilondo ha recordado a los ciudadanos que «no da lo mismo» lo que pase en Madrid después de que hayan pasado las elecciones generales, ya que «la educación, la sanidad, las políticas sociales se juegan en las elecciones autonómicas.
Por su parte, el jefe de campaña de Gabilondo, Borja Cabezón, ha explicado que el candidato va a hacer una campaña de estilo «positivo y propositivo», a base de plantear «soluciones a los problemas de los ciudadanos de Madrid».
En este sentido, Gabilondo ha constatado que los ciudadanos no merecen que los políticos estén continuamente en la «trifulca» y en la «descalificación» y ha apostado por hacer propuestas para «atraer, seducir, enamorar».
EL PSOE COMO PRIMERA FUERZA POLÍTICA
Además de llamar a la movilización, Gabilondo ha hecho un llamamiento al «apoyo masivo» al PSOE para «poder ser la primera fuerza y poder desde ahí aglutinar fuerzas», y ha reivindicado la «solvencia» y la «competencia».
«No llamo al voto útil, llamo a que pensemos juntos, el PSOE es el que tiene más posibilidades de tener un apoyo consistente para ser la primera fuerza de progreso y transformación, la única posibilidad efectiva de transformación consiste en que una de las fuerzas de progreso y transformación obtenga el primer lugar», ha recalcado.
A partir de ahí, Gabilondo ha apostado por buscar «aliados para transformar y modernizar la Comunidad» y ha dicho que no excluyen a nadie, «salvo a los que se sitúen fuera de la Constitución, o sus propuestas, quienes tienen un proyecto para Madrid y España que no está constitucionalmente sostenido».
En este punto, ha señalado que algunas propuestas de Vox están fuera de la Constitución, como eliminar las autonomías. En alusión a Cs, ha señalado que «quien excluye se autoexcluye».
Por otro lado, Gabilondo ha hecho hincapié en que su programa de gobierno es un programa de futuro porque es un «programa de transformación», una transformación sostenida en el principio de «equidad.
En cuanto al lema de la campaña, ‘Contigo hay cambio’, ha dicho que el mensaje es que «uno solo no puede» y que «cada ciudadano es determinante», para agregar que «ese contigo no es para el día de las elecciones» sino «para todo momento», al tiempo que ha abogado por la participación.
El acto de arranque de la campaña electoral, previsto para este jueves, tendrá lugar previsiblemente en la Plaza de la Villa, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará de viaje en Rumanía con motivo de una Cumbre de la Unión Europea.
Tras la cita de Casado con Pedro Sánchez, el turno le ha llegado a Albert Rivera en la mañana de este martes. Apenas 50 minutos de reunión en los que el líder de Ciudadanos ha aprovechado para pedir el presidente del Gobierno en funciones que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña remitiendo al president de la Generalitat, Quim Torra, el preceptivo requerimiento previo exigiéndole que acate la Carta Magna.
En rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa tras una reunión que ha durado unos 50 minutos, Rivera ha afirmado que en su partido están convencidos de que en Cataluña, en vez de dar más competencias a la Generalitat, como los socialistas quieren hacer en materia de justicia, ha dicho, «hay que vigilar, controlar y aplicar la Constitución».
En este sentido ha argumentando que en la formación naranja están «hartos» de que los CDR «corten autopistas», de que los Mossos d’Esquadra «estén sometidos a la arbitrariedad de Torra», de que la televisión pública «ataque a la oposición y al resto de los españoles» o de que se «cuelguen esteladas en los colegios».
Aunque el PSOE, con mayoría absoluta en el Senado, no necesitaría a nadie más para aplicar el 155 en Cataluña, Rivera le ha ofrecido los escaños de Ciudadanos para poner en marcha este procedimiento, que a su juicio es necesario poner en marcha, al contrario de lo que piensan los socialistas.
DISCREPANCIAS EN POLÍTICA TERRITORIAL Y FISCAL
Rivera ha reconocido que es en Cataluña donde Ciudadanos y el PSOE mantienen una de sus «principales discrepancias», pero ha añadido que, «por el bien de España», el futuro Gobierno podrá contar con los senadores ‘naranjas’ para activar esa medida constitucional en el caso de que cambie de criterio.
También ha afirmado que Cs seguirá oponiéndose a que se indulte a los políticos independentistas que sean condenados por el Tribunal Supremo por participar en el proceso soberanista, porque «sería idigno», y a que haya mediadores en el diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. No obstante, ha aclarado que no ha hablado con Sánchez de esta cuestión durante la reunión.
Igualmente, ha admitido que ambos partidos tienen proyectos «antagónicos» en materia económica, ya que Cs quiere reducir la presión fiscal, mientras que Sánchez ha «escondido una subida masiva de impuestos» para esta legislatura, como el IRPF y el que afecta al diésel. Por ello, Ciudadanos controlara «que Sánchez e Iglesias no machaquen a impuestos a las familias españolas», ha subrayado.
EL PP «EN DESCOMPOSICIÓN» Y Cs LIDERANDO LA OPOSICIÓN
Desde la sala briefing del Palacio de la Moncloa, más pequeña que la que se facilitó el lunes a Casado para dirigirse a los medios de comunicación, la misma en la que el Gobierno informa a la prensa del contenido de los Consejos de Ministros, Rivera ha transmitido su deseo de «liderar» la oposición frente a un PP «en descomposición» y con una «crisis interna» tras perder 71 escaños en las elecciones generales.
En su opinión, España necesita que haya un «proyecto fuerte» para cuando el Gobierno que da por hecho que Sánchez formará con Podemos se desmorone. Porque si no hubiera una alternativa como la de Ciudadanos, mientras el PP se derrumba, «¿quién va a gobernar el país?, ¿los populistas? ¡No!», ha argumentado.
Rivera no ha dado opción a Sánchez de hablar sobre una posible abstención de los diputados de Ciudadanos que favorezca su investidura ya que, según ha explicado, le ha dicho «claramente» desde el principio que estarán en la oposición.
«No vamos a apoyar a este Gobierno, se lo he dicho al señor Sánchez», ha recalcado, respondiendo también al presidente del PP, Pablo Casado, que sugirió que Ciudadanos podría abstenerse, en vez de hacerlo su partido. Según ha reiterado, entre el PSOE y Podemos «hay un acuerdo» para gobernar juntos, aunque «no lo van a contar antes» de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.
Además, Rivera ha descartado que Cs pudiera cambiar de postura para conseguir el respaldo del PSOE si tiene opciones de gobernar en determinadas comunidades autónomas o municipios tras las elecciones del 26 de mayo: «España no es un álbum de cromos».
LEALTAD CON LOS ESPAÑOLES
El líder de la formación naranja se ha comprometido a ejercer una «firme oposición» al Gobierno de Sánchez junto a Podemos, ofreciéndose a «proteger» a los ciudadanos frente a posibles «desmanes» en el ámbito fiscal y «cesiones y concesiones» a los partidos independentistas catalanes.
Pero todo esto lo hará, según ha asegurado, desde una posición de «lealtad con los españoles», que, en su opinión, «se merecen una oposición distinta» a la que han hecho hasta ahora el PP con el PSOE y viceversa.
Una oposición «con sentido de Estado», capaz de llegar a acuerdos buscando el interés general, porque, según ha recalcado, no se trata de «destruir al país para destruir al Gobierno», sino de controlar al Ejecutivo y que al mismo tiempo España «esté fuerte» para poder afrontar grandes reformas.
PACTOS SOBRE EDUCACIÓN, DESPOBLACIÓN, INMIGRACIÓN Y TERRORISMO
Por ello, Rivera ha transmitido a Sánchez su disposición a dialogar para alcanzar pactos de Estado en cuatro asuntos que, a su modo de ver, «no tienen ideología». «Vamos a liderarlos en el Parlamento; y si el Gobierno o el PSOE participan, sería fantástico», ha agregado.
El primero de ellos sería la educación, y por eso ha pedido al presidente del Gobierno en funciones que el PSOE vuelva a participar en las negociaciones en el Congreso para alcanzar un pacto de Estado que esté vigente al menos para una generación.
Asimismo, ha apostado por un pacto nacional contra la despoblación, con el fin de facilitar el acceso a los servicios en la España rural, y por mejorar la gestión de la inmigración, haciendo «más ágil» la regularización de quienes llegar legalmente a España a trabajar y reforzando la lucha contra la inmigración irregular y las mafias.
Por último, ha subrayado la importancia de que haya consenso en lo relativo a la seguridad y la lucha contra el terrorismo, y ha afirmado que Cs estará dispuesto a modificar leyes o endurecerlas para perseguir de una manera más eficaz el terrorismo yihadista.
Aunque Rivera ha destacado estos cuatro asuntos, ha añadido que el Gobierno también podrá contar con Ciudadanos en materias como la transición ecológica, la ciencia o el pacto contra la violencia de género.
