Ahorra 129 euros con la colonia de 9 € de Mercadona que iguala la fijación de las marcas de lujo

La colonia de Mercadona de 9 €: nombre exacto, formato, mililitros y dónde se vende

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Foto de Ankit Karnany en Unsplash

El producto que sostiene el ahorro de 129 euros es el eau de parfum Elección pour femme de Mercadona, que en el catálogo de la cadena aparece como Como Tú Elección. Se vende en un frasco de 100 mililitros por 9 euros, el formato unificado de la gama Como Tú, cuyos precios van de los 7 a los 9 euros por ese mismo tamaño. Está disponible en las tiendas físicas de Mercadona, donde la sección de perfumería ha pasado de ser testimonial a ocupar lineales enteros, y también en la tienda online (tienda.mercadona.es), con botón de compra, formato y precio por unidad, aunque el surtido rota y hay referencias que se agotan o desaparecen sin aviso. Existe además un lote con el mismo perfume de 100 ml, crema de manos de 30 ml, body milk de 100 ml y una caja decorativa por unos 10,50 euros. Lo fabrica RNB, S.L., laboratorio valenciano con sede en La Pobla de Vallbona (Valencia), cuyo nombre consta en la etiqueta de casi toda la perfumería de adulto de la casa.

Su hueco en la lista se justifica por la diferencia de precio: Chanel vende Coco Mademoiselle en 100 ml por encima de 138 euros en cadenas como Sephora, de modo que la distancia con el frasco de Mercadona ronda los 129 euros por idéntica capacidad. Sobre la fijación, el argumento del titular, los análisis comparativos sitúan la duración en piel de este perfume por encima de las seis horas, un registro poco común en esa franja de precio, y fuentes del sector apuntan a que los laboratorios de la cadena han mejorado los fijadores y han elevado varias referencias de eau de toilette a eau de parfum. El matiz, que conviene no ocultar, es que la concentración de esencia y las materias primas no son las de la alta perfumería, y el original suele mantenerse entre seis y ocho horas con más intensidad constante. Su perfil es floral frutal: salida de pera, frambuesa, melocotón, bergamota de Sicilia, pomelo rosa y clementina, corazón de peonía y violeta y fondo de musgo de roble, vainilla de Madagascar, almizcles blancos y pimienta rosa.

A qué perfume de lujo imita y de dónde salen los 129 euros de ahorro

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El perfume en cuestión es **Elección** (también comercializado como Elección Pour Femme), una fragancia de la marca blanca Deliplus que Mercadona vende en frasco de 100 mililitros por 9 euros. La comunidad perfumista y buena parte de los creadores que comparan frascos en redes lo señalan como el equivalente más logrado del Coco Mademoiselle de Chanel, uno de los grandes superventas de la maison francesa. La pirámide olfativa que se le atribuye arranca con pera, frambuesa, melocotón, bergamota de Sicilia, clementina y pomelo rosa; sigue con un corazón de peonía y violeta; y cierra con vainilla de Madagascar, almizcles blancos, pimienta rosa y musgo de roble, un perfil floral frutal con fondo cálido muy cercano al del original. Es ese parecido, y no una coincidencia de marketing, lo que lo ha convertido en objeto de comparativas virales.

Ahí está el origen del ahorro: si el Coco Mademoiselle de Chanel se vende en tiendas como Sephora por encima de los 138 euros en el mismo formato de 100 ml, la resta frente a los 9 euros de Elección deja esos 129 euros de diferencia. Conviene precisar que no es una cifra fija: según el punto de venta y el formato, el precio del perfume de Chanel oscila —hay comparativas que lo rebajan hasta unos 117 euros en plataformas de venta online—, de modo que el ahorro puede moverse ligeramente. Mercadona no confirma oficialmente estas equivalencias, y las fragancias las fabrica RNB Cosméticos, el laboratorio valenciano detrás de buena parte de la perfumería Deliplus, como fragancias de inspiración y no como copias. La letra pequeña es la fijación: son fórmulas tipo colonia, con más alcohol y menos concentración de esencia, por lo que el parecido se percibe sobre todo en las primeras horas y la duración en piel no alcanza a la de un perfume de alta perfumería.

¿Aguanta de verdad la fijación? Horas de duración y en qué falla frente a la de lujo

La pregunta del millón con Elección (Deliplus, 9 euros por 100 ml) es si esa fijación que se le atribuye resiste una jornada real. La respuesta es que aguanta bien el arranque y se queda corta al final. Los análisis de creadores especializados en fragancias coinciden en que la salida —los primeros veinte o treinta minutos— resulta prácticamente indistinguible de la de Coco Mademoiselle, y que la proyección mantiene fuerza durante las dos primeras horas. A partir de ahí la versión de Mercadona empieza a perder terreno: mientras la firma francesa suele sostener entre seis y ocho horas con una intensidad bastante constante, el clon ronda las cinco o siete y se desinfla en la fase final, sobre todo en las notas de fondo. En la práctica, eso se traduce en un retoque a media tarde si la jornada se alarga más de la cuenta.

¿Dónde falla exactamente frente al perfume de lujo? En todo lo que sostiene el aroma con el paso de las horas. Elección la fabrica el laboratorio valenciano RNB Cosméticos, que trabaja con fórmulas de inspiración y no copias, y su rendimiento se explica por una concentración de esencia menor y un porcentaje de alcohol más alto; el youtuber Merakio lo resume asegurando que no tiene tanta fijación y lleva mucho alcohol. A eso se suman una materia prima más económica, menos maceración y fijadores menos sofisticados, que son justo parte de lo que se paga en los alrededor de 138 euros del frasco de 100 ml de Chanel, unos 129 más que la opción del súper. Como la química de la piel de cada persona altera el resultado, conviene probarla antes. Para el uso diario, la diferencia se vuelve casi imperceptible; para una noche larga, el original sigue ganando.

Notas de salida, corazón y fondo: el parecido olfativo, explicado

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El parecido arranca en la salida y se consolida en el corazón. ‘Elección’ abre con pera, frambuesa, melocotón, bergamota de Sicilia, pomelo rosa y clementina, mientras que Coco Mademoiselle lo hace con naranja, mandarina, bergamota y azahar: en ambos casos el primer minuto es cítrico, chispeante y frutal, aunque la versión de Mercadona resulta algo más golosa. En el centro, la fragancia de Deliplus recurre a peonía y violeta frente a la rosa y el jazmín que sostienen la composición de Chanel. El matiz floral de la primera es algo más empolvado y suave, menos rotundo, pero pertenece a la misma familia y cumple idéntica función: dulcificar la apertura cítrica sin renunciar a la elegancia. Ese juego de contrastes —fruta arriba, flor en medio— es lo que hace que un olfato no experto perciba el mismo perfume a mitad de precio.

El fondo es donde se sostiene la comparación y donde se entiende la distancia real entre ambos. ‘Elección’ cierra con musgo de roble, vainilla de Madagascar, almizcles blancos y un toque de pimienta rosa; Coco Mademoiselle lo hace con pachulí, vetiver, vainilla, almizcle, haba tonka y opopónaco. Comparten el esqueleto ambarino y amaderado que agarra el aroma a la piel, ese rastro cálido y limpio que permanece cuando ya se han apagado las notas de cabeza. Ahí está la clave del fenómeno: no es una réplica idéntica, sino una fragancia de inspiración formulada de forma independiente por el laboratorio valenciano RNB Cosméticos, con una concentración de esencia inferior a la de la alta perfumería. De ahí que se le atribuyan más de seis horas de duración en piel y que los 9 euros del frasco de 100 ml de Mercadona queden a unos 129 euros de los casi 138 del mismo formato en Chanel.

Disponibilidad y alternativas: cuándo reponerla y otras colonias baratas con la misma estrategia

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La ‘Elección’ de Deliplus no es un lanzamiento de temporada: forma parte del catálogo estable de perfumería de Mercadona, que en los últimos años ha pasado de ser un espacio casi testimonial a ocupar pasillos enteros. Eso implica que, en condiciones normales, puede reponerse en cualquier tienda física sin esperar a campañas concretas, aunque la cadena ha reconocido reposiciones frecuentes en las referencias más virales: en junio de 2025 tuvo que reabastecer varias veces ‘Extratime Likes’ y ‘Extratime A Day’ ante el empuje de la demanda. Conviene recordar que algunas fragancias nacieron como ediciones limitadas —’Como Tú Cerise’, por San Valentín de 2025, o ‘Gold’, solo en Navidad— y acabaron incorporándose de forma permanente por su éxito de ventas. Si se agota, la alternativa es repasar el lineal completo de la línea ‘Como Tú’ y las novedades de temporada, porque Mercadona rota referencias con frecuencia y su distribución no depende de cita previa ni de canales selectivos.

La estrategia de la equivalencia olfativa se repite en casi toda la gama: fragancias de inspiración formuladas por el laboratorio valenciano RNB Cosméticos, envases unificados de 100 ml y precios que se mueven entre los 7 y los 12 euros. ‘Extratime Likes’ (8 €) se compara con ‘Good Girl’ de Carolina Herrera, que ronda los 146,60 € en su formato recargable de 100 ml; ‘Como Tú Gold’ (8 €) apunta al ‘Sí’ de Armani, cerca de 160 €; y ‘Como Tú Atracción’ (8 €) se asocia a ‘Black Opium’ de YSL, en torno a 145 €. En femenino también destacan ‘Rose Nude’ (9 €, inspirada en el ‘Signature’ de Chloé, entre 83 y 159 €) y ‘My Soul Soirée’ (12 €, comparada con ‘Eau du Soir’ de Sisley, unos 132 €). La diferencia real está en la persistencia y la concentración, que en las versiones baratas suele quedarse en unas cinco o siete horas frente a las seis u ocho del perfume de alta perfumería.

Armada 2050: Navantia afronta el reto de construir la futura flota española en Europa

La Armada 2050 plantea una transformación a largo plazo de la Marina española en la que la industria naval nacional, y especialmente Navantia, adquiere un papel central. La hoja de ruta no se limita a renovar plataformas que llegarán al final de su vida operativa, sino que dibuja una Armada con mayores capacidades, más preparada para operaciones multidominio y profundamente integrada en las estructuras de cooperación de la Unión Europea y la OTAN. El horizonte temporal explica, además, por qué muchas de las decisiones industriales que se adopten ahora condicionarán la arquitectura naval española durante décadas.

El plan de visión estratégica presentado por la Armada establece como referencia una fuerza capaz de actuar en escenarios de distinta intensidad, mantener autonomía operativa y reforzar su posición entre las principales marinas europeas. Para alcanzar ese objetivo, la modernización de la flota debe ir acompañada de una transformación tecnológica e industrial. En ese punto aparece Navantia como uno de los instrumentos fundamentales para convertir las necesidades militares previstas en capacidades navales concretas.

Vista del submarino Isaac Peral (S-81), a 17 de noviembre de 2023, en Navantia, Cartagena, Murcia (España). El Isaac Peral (S-81) es un submarino de la clase S-80 perteneciente a la Armada Española (Fuente: agencias)
Vista del submarino Isaac Peral (S-81), a 17 de noviembre de 2023, en Navantia, Cartagena, Murcia (España). El Isaac Peral (S-81) es un submarino de la clase S-80 perteneciente a la Armada Española (Fuente: agencias)

Navantia como pieza industrial de la Armada 2050

El papel de Navantia dentro del Plan Armada 2050 parte de una realidad ya consolidada: la empresa pública es el principal integrador industrial español de grandes plataformas navales militares. Su experiencia con las fragatas F-110 y los submarinos S-80 constituye la base tecnológica sobre la que puede desarrollarse la siguiente generación de buques para la Armada. El propio catálogo oficial de la industria española de defensa identifica a Navantia como empresa tractora del sector naval y destaca su capacidad para integrar sistemas complejos y trabajar conjuntamente con el resto del tejido industrial nacional.

La lógica de Armada 2050 supone, por tanto, que los futuros programas no pueden contemplarse únicamente como adquisiciones de buques. Son también una oportunidad para conservar y ampliar capacidades industriales consideradas estratégicas. La construcción naval militar exige mantener conocimiento especializado, cadenas de suministro, ingeniería, sistemas de combate, integración electrónica y una mano de obra altamente cualificada durante periodos de varias décadas.

La dimensión del reto se aprecia en las capacidades que se han asociado a la planificación futura. La documentación difundida sobre la evolución de la Armada contempla, entre otras posibilidades, nuevas unidades submarinas, una segunda evolución de las F-110 y una participación española en las corbetas europeas EPC. También aparece en el horizonte una mayor capacidad anfibia y de proyección. No se trata únicamente de aumentar el número de cascos, sino de construir una fuerza naval más equilibrada y capaz de sostener operaciones prolongadas.

Para Navantia, esa evolución implica mantener una continuidad tecnológica que permita pasar de los programas actuales a los siguientes sin perder capacidades entre generaciones de buques. La cartera de la empresa ya refleja la dimensión de ese proceso: al cierre de 2025 alcanzó 12.826 millones de euros, después de una contratación récord de 6.627 millones.

La cooperación europea cambia el diseño de la futura flota

Uno de los elementos más relevantes de Armada 2050 es que la autonomía naval española no se plantea al margen de Europa. La propia visión estratégica subraya la necesidad de consolidar una red de cooperación internacional y considera fundamentales tanto la OTAN como la Unión Europea. Esa orientación tiene una consecuencia directa para la industria: determinados sistemas y plataformas deberán concebirse desde el principio para operar junto a las fuerzas de otros países.

El ejemplo más claro es la European Patrol Corvette (EPC). La futura corbeta europea representa una fórmula diferente a la de los programas exclusivamente nacionales: varios países comparten una arquitectura industrial y tecnológica sobre la que después pueden desarrollarse configuraciones adaptadas a las necesidades de cada Armada. En el caso español, Navantia participa en ese ecosistema europeo, lo que abre la puerta a que una parte del futuro de la Armada se construya mediante programas multinacionales.

La importancia de este modelo va más allá del reparto industrial. La cooperación europea permite compartir costes de desarrollo, ampliar mercados potenciales y generar estándares comunes. Para una industria naval como la española, participar en estos proyectos puede significar acceder a cadenas de suministro europeas y aumentar las posibilidades de exportación de tecnologías desarrolladas inicialmente para la Armada.

Esta tendencia encaja con una estrategia en la que la interoperabilidad se convierte en una capacidad en sí misma. Armada 2050 plantea que España debe disponer de medios capaces de integrarse plenamente en operaciones multinacionales, algo especialmente relevante en un escenario en el que las marinas europeas tienen que actuar conjuntamente durante despliegues de larga distancia.

Ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia en Ferrol (Foto: Europa Press)
Ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia en Ferrol (Foto: Agencias)

Una apuesta industrial que mira hasta 2050

El desafío de Armada 2050 no consiste únicamente en financiar nuevos buques. La cuestión decisiva será mantener durante décadas la capacidad tecnológica e industrial necesaria para diseñarlos, construirlos, modernizarlos y sostenerlos. En ese escenario, Navantia queda situada en el centro de la ecuación entre Defensa, Armada e industria española.

La empresa afronta así una doble exigencia. Por un lado, debe responder a las necesidades nacionales y garantizar que España conserve capacidades soberanas en construcción naval militar. Por otro, tiene que competir y cooperar en un mercado europeo cada vez más orientado hacia programas multinacionales. El equilibrio entre ambas dimensiones será determinante para el desarrollo de la Armada prevista para 2050.

La propia experiencia reciente muestra que esa integración ya está en marcha. Navantia participa en programas internacionales y europeos mientras mantiene como referencias nacionales las fragatas F-110 y los submarinos S-80, dos familias de plataformas que concentran buena parte del conocimiento tecnológico que deberá alimentar las siguientes generaciones.

Por eso, Armada 2050 debe entenderse también como una hoja de ruta industrial. Su horizonte no termina cuando se entrega un nuevo buque, sino cuando España es capaz de sostener durante décadas el conocimiento necesario para actualizarlo y desarrollar su sucesor. La cooperación europea puede reducir costes, compartir tecnología y ampliar mercados, pero también obliga a competir por una posición dentro de los grandes consorcios continentales.

El resultado será una cuestión de continuidad. Si la planificación consigue enlazar los actuales programas de Navantia con los futuros desarrollos nacionales y europeos, la Armada podrá mantener una base industrial capaz de acompañar su evolución hasta 2050. Si esa continuidad se rompe, la renovación de plataformas podría convertirse simplemente en una sucesión de adquisiciones. El verdadero alcance de Armada 2050 está precisamente en evitarlo: convertir la modernización de la flota en una capacidad naval e industrial sostenida durante toda una generación.

El plan mediático de Feijóo si llega a Moncloa: motosierra en RTVE y guiños a Prisa

Alberto Núñez Feijóo lleva tiempo preparando su llegada a La Moncloa, pero el eventual desembarco del Partido Popular en el Gobierno no solo tendría consecuencias en materia económica, fiscal o territorial. También abriría una nueva etapa en el ecosistema mediático español, con Radiotelevisión Española (RTVE) como uno de los principales frentes de actuación. La aprobación de un decreto para  destituir al presiente de la corporación José Pablo López, una revisión del presupuesto y de los contratos de producción y una posible reorganización de los programas de actualidad figurarían entre las cuestiones que tendría que abordar un Ejecutivo popular.

El alcance de esa transformación dependería, en buena medida, de los acuerdos parlamentarios que permitiesen la investidura. Vox lleva tiempo defendiendo una reducción del gasto público y un cambio de orientación en las instituciones que considera vinculadas al actual Gobierno. RTVE, por su dimensión presupuestaria, su capacidad de producción y su influencia sobre la agenda informativa, constituiría uno de los escenarios en los que esas exigencias podrían traducirse en decisiones concretas.

En el entorno del PP se contempla un cambio de etapa en la corporación pública si Feijóo alcanza la presidencia del Gobierno. El primer movimiento sería previsiblemente el relevo de José Pablo López, elegido por el Congreso en noviembre de 2024, y la posterior designación de una nueva dirección. La sustitución del presidente de RTVE exigiría, en cualquier caso, seguir los procedimientos legales de nombramiento y las mayorías parlamentarias correspondientes.

La cuestión no se limitaría a quién ocupa el despacho principal de Prado del Rey. El presupuesto, la contratación de programas y el modelo de televisión pública entrarían también en la discusión. El objetivo de una eventual revisión sería reducir costes y modificar las prioridades de programación, aunque todavía no existe un plan público detallado del PP que permita determinar qué partidas o formatos resultarían afectados.

La motosierra de RTVE: presupuesto, contratos y presentadores

La revisión de los contratos de producción sería una de las herramientas disponibles para una nueva dirección. El PP podría estudiar las condiciones económicas de los programas, sus resultados de audiencia y su encaje en la futura parrilla antes de decidir qué formatos mantiene, modifica o deja de renovar. La presión de Vox para aplicar recortes al gasto público añadiría un componente político a esas decisiones.

Uno de los contratos que concentraría la atención sería el de ‘La Revuelta’, el programa de David Broncano. RTVE renovó el formato en febrero de 2026 por dos temporadas adicionales, hasta 2028, en un acuerdo que contempla alrededor de 320 entregas y unos 31,5 millones de euros más IVA. La existencia de ese compromiso condicionaría cualquier decisión sobre su continuidad y obligaría a examinar las cláusulas de resolución, sus posibles costes y las obligaciones contractuales de las partes.

La incógnita se extiende al resto de la programación. Una posibilidad sería conservar parte de la estructura de debates y tertulias de RTVE, pero modificar las caras visibles, la selección de colaboradores o el enfoque editorial de los espacios. Esa fórmula permitiría cambiar el perfil de la programación sin tener que desmontar por completo la oferta de actualidad.

En este contexto aparece el nombre de Antonio Naranjo, polémico periodista que presenta ‘El análisis: Diario de la noche’ en Telemadrid y podría hacerse en el futuro ‘Mañaneros 360’.

La hipótesis tiene además una conexión empresarial. La Cometa TV produce tanto ‘Mañaneros 360’, en RTVE, como ‘El análisis: Diario de la noche’, en Telemadrid. La coincidencia de productora permitiría que cualquier reorganización de los encargos públicos tuviera consecuencias para una compañía que trabaja con distintos operadores audiovisuales.

El PP ante un mapa mediático con nuevos equilibrios

El PP tiene a su favor un ecosistema mediático en el recibe gran trato de la mayoría de televisiones privadas, televisiones autonómicas, radios, periódicos de papel y medios digitales editados en Madrid, aunque algunos de ellos se muestran más próximos a Isabel Díaz Ayuso que al propio Feijóo. El líder popular todavía no dispone del presupuesto público que tendría a su alcance desde La Moncloa para influir, que es una circunstancia que recuerda a la que vivió Mariano Rajoy durante su etapa al frente del Gobierno, cuando tuvo que convivir con el poder político y mediático de Esperanza Aguirre en Madrid.

La relación entre el líder nacional y la presidenta madrileña constituye una variable relevante en cualquier análisis del futuro mapa mediático. La visibilidad de Ayuso en determinadas cabeceras y programas no garantiza que esos mismos medios respalden todas las decisiones de un eventual Ejecutivo de Feijóo.

A ese mapa se suma la participación pública en empresas del sector de las telecomunicaciones. El Estado mantiene una participación en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que le proporciona presencia en el accionariado de la compañía matriz de Movistar Plus.

La eventual llegada del PP al Gobierno abriría, por tanto, un escenario de nuevas relaciones entre el poder político y los grandes operadores.

Feijóo no quiere abrir otro frente con Prisa

El cambio de Gobierno también tendría que gestionar la relación con dos grupos de comunicación cuya posición resulta relevante para el debate público: Prisa y el Grupo Godó. El primero edita El País y es propietario de la Cadena SER; el segundo controla La Vanguardia y RAC1. Ambos mantienen líneas editoriales propias, con sensibilidades progresistas o catalanistas en distintos ámbitos, que no coinciden con las posiciones del PP.

La estrategia de Feijóo pasaría por evitar un enfrentamiento innecesario con sus respectivos editores, Joseph Oughourlian y Javier de Godó.

Feijóo
Oughourlian y Sánchez. Foto: Europa Press.

Oughourlian preside Prisa desde 2021 y ha impulsado cambios en la estrategia empresarial del grupo. Su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez ha atravesado momentos de tensión, como reconoció el propio presidente de la compañía en junio de 2026 al referirse a las discrepancias surgidas en torno a la posibilidad de lanzar una televisión en abierto.

Una lógica parecida se aplicaría al Grupo Godó. Javier de Godó preside el holding propietario de La Vanguardia. La dimensión territorial de sus medios añade un elemento específico a esa relación. Cualquier Gobierno del PP tendría que gestionar sus vínculos con los principales actores políticos, económicos y mediáticos de Cataluña, donde las posiciones editoriales y las alianzas institucionales no siempre responden a la misma lógica que en Madrid.

Caso Plus Ultra: La SEPI sabía que el primer pago de 19 millones fue para pagar deudas

Roberto Roselli, ex CEO de la empresa Plus Ultra, remitió varios correos electrónicos a José Ángel Partearroyo, director de la SEPI, antes del rescate de 53 millones de euros en el que supuestamente influyó Zapatero, con la lista de proveedores impagados. Es decir, que la SEPI constató documentalmente que la aerolínea Plus Ultra debía dinero a proveedores, entre ellos 4,6 millones de dólares a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

El pasado 24 de septiembre la representación legal de Roselli entregaba en la Audiencia Nacional una copia de «los correos electrónicos mantenidos con el Sr. Partearroyo entre diciembre de 2020 y abril de 2022 que mi mandante ha podido recuperar, indicando que la mayoría de las comunicaciones con el Sr. Partearroyo fueron por su parte mediante WhatsApp (que ya obran en la causa), y telefónicamente».

José Ángel Partearroyo era director de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando Plus Ultra accedió al préstamo de 53 millones de euros. La investigación del caso ha mostrado importantes indicios de la participación del ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que Plus Ultra consiguiera el préstamo de la SEPI gracias a su influencia.

El abogado de Roselli añadía que «pueden existir otras comunicaciones desde la dirección de correo electrónico oficial de FASE, así como otras no dirigidas al Sr. Roselli ni en las que conste en copia, y a las que esta parte no ha tenido acceso. Por entender que pueden ser de interés para la investigación, en atención al interrogatorio realizado al Sr. Roselli, destacamos los correos intercambiados el 27 de noviembre de 2020 en los que se solicita la lista de acreedores con los que Plus Ultra tenía “deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal”; en dicho intercambio el Sr. Roselli facilitó al Sr. Partearroyo el siguiente listado de los proveedores que recibirían el pago inmediato tras la recepción del primer tramo de ayuda de 19 millones de euros«.

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La deuda de Plus Ultra con proveedores. Foto: MONCLOA

Además, en ese correo, «adjuntaba como tal la siguiente tabla, con la única especificación de que la deuda con PDVSA era elevada porque traía causa de las dificultades que tenía la compañía estatal de cobrar debido a los bloqueos internacionales: Adjuntamos también las páginas del contrato final que se elevó a público donde consta el detalle de la deuda que fue definitivamente aprobada por la SEPI para
su pago. Entre ellas se incluyen, como ya el Sr. Roselli explicó en su declaración, los préstamos puentes, así como las rentas pendientes de abonar a Modus Securitisation SA (Luxemburgo)».

La SEPI supo que Plus Ultra debía dinero

No es la única documentación que se ha facilitado a José Luis Calama, juez instructor de la Causa Plus Ultra en la Audiencia Nacional. El ex CEO de Plus Ultra también ha depositado en la Audiencia Nacional varios contratos de inversión firmados por entidades crediticias que Plus Ultra suscribió durante años para intentar salvar la compañía.

Estos contratos de inversión son previos a los cinco contratos de préstamos suscritos con Wailea Invest por 500.000 dólares, Allpa Wira Trading UK con otros 500.000 dólares, Panacorp Casa de Valores por 450.000 euros y dos con Valerian Corporation por un total de 900.000 euros.

Por cierto, que uno de estos contratos, el suscrito con Allpa Wira es calificado de «inauténtico y mendaz», puesto que «parece que para su confección se habría manipulado una copia del contrato de compra de bonos de Valerian, modificando la fecha, la empresa y la firma de Julio Martínez».

Precisamente el ex presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también ha entregado documentación similar en la Audiencia tal y como había avanzado en su declaración judicial.

Por otra parte, el mismo tribunal central de Instancia plaza 2 (Audiencia Nacional) ha citado el próximo 16 de octubre a Simon Leendert Verhoeven en calidad de investigado. Verhoeven está considerado el cerebro financiero de Plus Ultra, encargado de conseguir financiación para la compañía en mercados internacionales.

La conexión con Zapatero

Hay que recordar que el pasado 8 de septiembre Roselli confirmaba la declaración del ex presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en el sentido de que el 1% de la comisión de éxito que pagaron a Análisis Relevante, empresa del amigo de Zapatero, estaba destinada al «grupo Zapatero» por su intervención positiva en el rescate de la SEPI por valor de 53 millones de euros.

Roselli, al igual que ocurrió ayer con Martínez Sola, tampoco supo decir cuales eran las gestiones reales que el ex presidente realizó en favor del rescate. Roselli, que entró en la compañía en 2017 en el puesto de contable, ya describió en un escrito mandado al juez Calama en julio de este año que cuando tomó el control de la compañía en octubre de 2025 detectó «graves irregularidades acontecidas en Venezuela por parte de Rodolfo Reyes».

Reyes es el ciudadano venezolano, que fue máximo accionista de la compañía, sobre el que se dictó orden de búsqueda y captura internacional por parte de la Audiencia Nacional, después de que no se presentase a las citaciones judiciales. Según las investigaciones policiales Reyes habría sido quien propuso la intermediación de Zapatero a través de otro ciudadano venezolano.

Esta declaración de Roselli tiene lugar un día después de que el expresidente de Plus Ultra confirmase también ante Calama que durante la pandemia del Covid pactó una comisión del 1% con el empresario Julio Martínez Martínez, entonces amigo de Zapatero a quien supuestamente el ex presidente había designado interlocutor.

El exlíder del PSOE siempre ha negado su intermediación e incluso que se produjera esa conversación telefónica. Roselli ha dicho al juez que, a diferencia de Martínez Sola, él nunca habló con José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sí admitió haber tenido conocimiento de esa conversación.

IDRA el ‘think tank’ catalán que mueve los hilos en los decretos del ‘Caso Maricarmen’

El caso de Maricarmen ha convertido la problemática de la vivienda en uno de los principales focos del debate político español. Sin embargo, detrás de la movilización desencadenada por el desahucio de esta mujer de 87 años, emerge una cuestión menos visible: qué organizaciones articulan el movimiento de inquilinos, de dónde procede su estructura y qué conexiones mantienen con el espacio político situado a la izquierda del PSOE.

En ese entramado destaca el papel de Idra (Institut de Recerca Urbana de Barcelona), una cooperativa dedicada a la investigación urbana y a las políticas públicas de vivienda. Nacida en Barcelona, participó activamente en el proceso que desembocó en la creación del Sindicat de Llogateres, una relación documentada tanto por la propia organización de inquilinos como por diversas investigaciones y documentos públicos.

Esta red constituye una estructura de influencia vinculada originariamente al entorno de los Comuns (la marca de Sumar en Cataluña) que, posteriormente, ha adquirido capacidad para intervenir en la agenda política nacional. Se trata de un entramado de organizaciones, investigadores y activistas cuya trayectoria resulta clave para comprender el conflicto actual sobre el acceso a la vivienda.

Maricarmen esperaba en su casa a que se ejecutase Foto: Europa Press
Maricarmen esperaba en su casa a que se ejecutsde. Foto: Europa Press

La Hidra: el origen barcelonés de una red de influencia

Para entender esta dinámica es necesario examinar el papel de Idra. No se trata de una empresa mercantil convencional, sino de una cooperativa orientada a la investigación urbana, el diseño de políticas públicas y el análisis del mercado inmobiliario.

Su vínculo con el movimiento de inquilinos no responde a una interpretación reciente. La propia historia del Sindicat de Llogateres de Catalunya sitúa a La Hidra entre las entidades que participaron en las reuniones de 2016 previas a su constitución formal en 2017, junto a colectivos como la PAH, el Observatori DESC o la FAVB.

Este antecedente sitúa a Idra en el origen del movimiento organizado de inquilinos en Barcelona, confirmando que no es una alianza puntual surgida a raíz del caso Maricarmen. Uno de los perfiles que ilustra esta convergencia es Jaime Palomera, investigador especializado en vivienda vinculado en registros públicos y documentos institucionales tanto a Idra como al Sindicat de Llogateres.

La interacción entre investigación académica y activismo ha estado integrada desde los comienzos. Idra ha desarrollado proyectos sobre vivienda en colaboración con instituciones públicas, obteniendo financiación a través de licitaciones y subvenciones municipales —como las otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona durante las etapas de gobierno de las confluencias progresistas—, así como mediante fondos europeos Next Generation gestionados por ministerios vinculados al espacio de los Comuns y Sumar.

Los Comuns y Ada Colau: proximidad fundacional frente a estructura orgánica

Al analizar la relación con Barcelona en Comú y el entorno de Ada Colau, conviene diferenciar entre coincidencia ideológica, colaboración institucional y dependencia orgánica.

Diversas informaciones periodísticas han ubicado a Idra entre las entidades afines al proyecto de Colau, vinculando su actividad con convenios y programas promovidos durante su mandato. Si bien esta documentación evidencia una estrecha colaboración en materia de vivienda, no prueba por sí sola que Idra funcione como una estructura orgánica formal del partido.

Esta matización es relevante al emplear el concepto de organización proxy para describir entidades que actúan como instrumentos de influencia sin estar integradas formalmente en un partido. Diversos analistas señalan que este modelo ha permitido articular investigación, activismo, elaboración de argumentarios y capacidad de movilización en el espacio político a la izquierda del PSOE.

Paralelamente, la articulación de este ecosistema pone de manifiesto la existencia de un activismo profesionalizado en torno a la vivienda, donde la producción de conocimiento busca generar un impacto político directo.

Del movimiento barcelonés al caso Maricarmen en Madrid

El salto cualitativo de este movimiento ha sido su consolidación en la capital. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha cobrado un notable protagonismo mediático a raíz del caso de Maricarmen, si bien la defensa del inquilino contaba con un recorrido previo nutrido por las experiencias de Barcelona.

El caso de la mujer de 87 años —desahuciada el 23 de septiembre tras varios aplazamientos y disputas judiciales, y reubicada posteriormente en su vivienda tras un acuerdo que implicó un ajuste del alquiler— funcionó como catalizador. La enorme trascendencia mediática permitió al Sindicato de Inquilinas elevar un conflicto individual a causa nacional y presionar al espacio situado a la izquierda del PSOE.

La organización pasó a exigir un «decreto Maricarmen» con medidas orientadas a elevar la protección de inquilinos vulnerables. La protesta desplazó la discusión de los tribunales al terreno parlamentario. La iniciativa culminó con la votación en el Congreso de los Diputados de dos Reales Decretos negociados por Sumar y el PSOE, los cuales cayeron tras no recabar el apoyo de la mayoría parlamentaria, debido al rechazo de formaciones como PNV y Junts.

El desenlace práctico para Maricarmen se resolvió mediante un acuerdo para permanecer en el inmueble durante ocho años con una renta adaptada a sus ingresos, proceso en el que intervinieron la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y el propio Sindicato de Inquilinas.

Sumar, los Comuns y la batalla por el relato de la vivienda

Es en este punto donde la cuestión adquiere una dimensión política estratégica. El movimiento por la vivienda ha situado sus demandas en el centro del debate intergubernamental, tensionando las relaciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios.

El denominado «momento Maricarmen» se ha transformado en una pugna interna en la izquierda por liderar la agenda social y aumentar la presión sobre el Ejecutivo. Las organizaciones sociales con capacidad de movilización han demostrado su aptitud para fijar prioridades legislativas.

El Sindicato de Inquilinas ha ejercido un papel activo en la fiscalización del Gobierno. Esta coordinación refleja la confluencia con el espacio de Sumar y los Comuns, en un contexto marcado por el anuncio del reingreso de Ada Colau a la primera línea política para liderar dicho espacio.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: agencias
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: agencias

La profesionalización del activismo y el nuevo escenario político

Más allá de las adscripciones partidistas, el factor determinante en la capacidad de influencia de estas plataformas es la profesionalización del activismo inmobiliario.

El movimiento contemporáneo ha superado el modelo de protesta puramente espontáneo. La estructura actual integra a investigadores, juristas, comunicadores y portavoces capacitados para redactar informes técnicos, elaborar argumentarios, diseñar campañas en medios y sostener la interlocución institucional.

El debate de fondo trasciende la mera legalidad de la financiación pública de estas entidades; se centra en el destino de los recursos, la evaluación de sus resultados, sus vínculos con actores políticos y el impacto que sus propuestas regulatorias puedan generar sobre el mercado inmobiliario y los pequeños propietarios.

Una discusión de alcance nacional

El caso Maricarmen ha trascendido el ámbito de un litigio arrendaticio para convertirse en un exponente del poder de movilización social en la política estatal.

Asimismo, ha reavivado el enfrentamiento entre dos visiones contrapuestas. Por un lado se encuentra la postura regulatoria, enfocada en la protección intensiva del inquilino, la contención de los precios del alquiler y la intervención pública sobre la propiedad. Por otro lado se sitúa la perspectiva orientada a la oferta, que defiende la ampliación del parque público, el incentivo a la construcción y la facilitación del acceso a la vivienda en propiedad.

Por debajo de esta confrontación subyace la disputa por la hegemonía del discurso público. El caso de Idra y el Sindicat de Llogateres ilustra la evolución desde las plataformas vecinales tradicionales hacia estructuras técnicas y organizadas, capaces de moldear la agenda legislativa y condicionar las relaciones de poder en la izquierda española.

Macrooperación contra el cannabis en Granada: 17 detenidos y 7.400 plantas incautadas

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investiga a otras 36 por cultivo y tráfico de marihuana en quince municipios de Granada. El dispositivo se ha saldado con 7.382 plantas de cannabis intervenidas y más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas, según el balance difundido por la Guardia Civil.

En el dispositivo han participado distintas unidades de la Comandancia de Granada, que han actuado en quince términos municipales de la provincia, según la información facilitada.

Cómo se desarrolló el dispositivo y qué se ha incautado

El balance de la operación incluye 7.382 plantas de cannabis, una cifra que en el recuento difundido se redondea en 7.400. A ello se suman más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas de marihuana, además de cinco armas de fuego y abundante munición.

  • 7.382 plantas de cannabis intervenidas.
  • Más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas de marihuana.
  • Cinco armas de fuego y abundante munición.

Entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre se han ejecutado las cuatro jornadas del dispositivo, que se cierra con 17 detenidos y 36 investigados. Las plantaciones de interior requieren un consumo eléctrico elevado y suelen conectarse de forma ilegal a la red, el delito de defraudación que aparece en este tipo de investigaciones.

La investigación sigue abierta. No hay más detenidos confirmados por ahora.

La Guardia Civil ha intervenido 7.382 plantas y cinco armas de fuego en quince municipios, sin que el balance detalle las detenciones por localidad.

Qué delitos se atribuyen a los detenidos y a los investigados

Entre los delitos que se atribuyen a los implicados figuran el cultivo y el tráfico de marihuana, la defraudación de fluido eléctrico (el enganche ilegal a la red para alimentar las plantaciones) y la pertenencia a organización criminal (una estructura estable dedicada a cometer delitos).

Ninguno de los 17 detenidos ni de los 36 investigados ha sido condenado. Los primeros figuran como presuntos autores (a quienes se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena) y los segundos mantienen la condición de investigados (la persona sobre la que recaen indicios, antes denominada imputado).

La presunción de inocencia se mantiene intacta para todos ellos.

Qué datos están confirmados y cuáles no constan

El balance oficial confirma 17 detenciones y 36 personas investigadas, 7.382 plantas intervenidas, más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas, cinco armas de fuego, y abundante munición, en quince localidades de la provincia.

Fuera de esos extremos, la información difundida no incluye la identidad de los arrestados, la relación de los municipios afectados, el desglose de las incautaciones ni el número de registros practicados.

En qué fase está la investigación y qué puede pasar ahora

En este tipo de operaciones, el atestado (el documento policial que recoge las primeras actuaciones) se pone a disposición del juzgado, que asume la instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos).

Por el momento no se ha anunciado el cierre de la operación cannabis Granada ni nuevas detenciones. Los 17 arrestados y las 36 personas investigadas quedan vinculados a un procedimiento que continúa abierto en la provincia de Granada.

BlueNewables y Naturgy instalan en el Puerto de Valencia el primer demostrador de solar flotante marina de España

BlueNewables y Naturgy han instalado en el Puerto de Valencia el primer demostrador precomercial de solar flotante marina de España: 1 MW repartido en dos plataformas que ya se someten a pruebas en condiciones reales de mar.

El objetivo no es batir un récord de generación, sino responder a preguntas que ninguna simulación resuelve: cómo rinde la fotovoltaica offshore con sal, oleaje y viento encima, cuánto cuesta mantenerla y cómo se integra en una infraestructura portuaria que no se detiene. El demostrador medirá rendimiento, pero también requisitos de operación y mantenimiento y su encaje en el tráfico y los servicios del puerto.

Vamos a los datos.

Dos plataformas de 500 kW con nombre de municipio golpeado por la DANA

El demostrador se compone de dos plataformas fotovoltaicas de 500 kW cada una, construidas en el astillero San Enrique, en Vigo. La primera se botó en el astillero el pasado mes de mayo y después viajó hasta el Puerto de Valencia para iniciar las pruebas. Las dos unidades van a operar conectadas a la red portuaria, no en un circuito aislado de laboratorio.

Las dos unidades se llaman Paiporta y Catarroja, los nombres de dos municipios valencianos golpeados por la DANA de 2024. El homenaje es simbólico, pero sitúa el proyecto en el territorio que lo acoge y recuerda que la transición energética también se financia con fondos de reconstrucción y adaptación climática.

La tecnología empleada es PV-bos, una solución de fotovoltaica flotante pensada para emplazamientos donde el suelo es escaso o caro, para puertos, sistemas insulares y zonas con capacidad de red limitada. Su diseño modular permite adaptar el sistema a distintos sitios y escalas de proyecto, algo clave cuando el objetivo es replicar: si el dato sale bien en Valencia, la plantilla técnica se puede copiar en otros puertos.

Un megavatio en el agua no busca un récord de generación: busca el dato que dirá si la fotovoltaica resiste el mar.

La letra pequeña: quién financia y qué se mide durante dos años

El demostrador forma parte de Renmarinas Valenciaport, una iniciativa financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con fondos europeos NextGenerationEU. Ahí está el primer dato de rigor: no es un escaparate de marketing, es un proyecto con dinero público y obligación de reportar resultados ante ante el IDAE.

Para hacerlo posible, la Autoridad Portuaria de Valencia ha habilitado una zona de ensayos con la infraestructura necesaria para conectar los demostradores y verter a la red la electricidad que generan. Esa infraestructura quedará disponible para futuros proyectos de renovables marinas, lo que convierte al puerto en un banco de pruebas reutilizable en lugar de en una instalación de un solo uso.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Capacidad instalada: 1 MW, repartido en dos plataformas de 500 kW cada una.
  • Tecnología: PV-bos, solución fotovoltaica flotante modular para espacios con poco suelo o con red saturada.
  • Financiación: iniciativa Renmarinas Valenciaport, con fondos del IDAE y de NextGenerationEU. Importe no detallado en la fuente oficial.
  • CO2 evitado: no cuantificado en esta fase; el demostrador mide rendimiento y mantenimiento, no generación comercial a escala.

Durante dos años, BlueNewables y Naturgy intercambiarán información técnica, operativa, económica y estratégica recogida en las pruebas y en el seguimiento posterior. Se analizarán el rendimiento del sistema, las incidencias técnicas, los costes de operación y mantenimiento y las lecciones aprendidas. Los costes son, precisamente, la variable que decide si una tecnología pasa de piloto a negocio.

Lo que este megavatio dice del futuro energético (y lo que todavía no resuelve)

La fotovoltaica flotante ya opera sobre embalses y láminas de agua interiores, donde el entorno es controlado y el mantenimiento, más barato. El salto al mar añade corrosión, bioincrustación, oleaje y una logística de mantenimiento mucho más cara. De ahí que el demostrador valenciano no busque vatios, sino costes: el dato que dirá si la solar flotante marina compite o se queda en nicho. Sin esa cifra, cualquier promesa sobre esta tecnología es una intención, no un hecho.

El marco empuja en esa dirección. El objetivo europeo de triplicar la capacidad renovable y el paquete Fit for 55 exigen suelo, tejado y, cada vez más, agua. Países como Países Bajos y Noruega llevan años probando pilotos offshore, y España entra ahora en esa liga con un pilotaje pequeño pero verificable. Queda la pregunta incómoda: 1 MW no electrifica nada relevante. Su valor es el método. Si el Puerto de Valencia consigue datos sólidos de O&M, la siguiente convocatoria hablará de decenas de megavatios y no de dos plataformas.

La letra pequeña manda. Un demostrador no descarboniza por sí solo, pero fija el precio real de hacerlo.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Un megavatio de generación fotovoltaica probado en agua salada, con datos reales de rendimiento y mantenimiento abiertos al sector.
  • Modelo que cambia: El puerto deja de ser solo infraestructura logística y se convierte en banco de pruebas energético con conexión a red compartida.
  • Para las próximas generaciones: Si los costes de operación bajan, el mar y los puertos suman superficie renovable sin ocupar suelo agrícola ni urbano.

Francia activa Hypairion: cazas tripulados con drones de combate IA en 2028

El Ejército del Aire francés quiere que sus cazas tripulados vuelen en formación con drones de combate IA en 2028. El proyecto se llama Hypairion y lo presentó esta semana en París el coronel Cédric, responsable de la oficina de desarrollo de capacidades de la Fuerza Aérea y Espacial, identificado solo por su nombre de pila conforme a la política del Ministerio de las Fuerzas Armadas. La información la adelantó Defense News.

Hypairion o cómo el Estado francés quiere quedarse con el código

No es un avión nuevo. Es otra forma de construir el software que gobierna los aviones. Junto a la Dirección General de Armamento (DGA) y a la Agencia Ministerial de IA para la Defensa (Amiad), la Fuerza Aérea busca una arquitectura abierta y modular para sus aeronaves de combate y una IA soberana que deje al Estado el control de los sistemas críticos, en lugar de depender de las empresas que los fabrican.

La idea que resume el programa la puso el propio coronel Cédric: dotar a la Fuerza Aérea de ‘arquitecturas abiertas, modulares y propiedad del Gobierno‘. El diagnóstico de fondo es otro. Quieren escapar de los sistemas propietarios que ‘encierran los sensores y el armamento’ bajo una llave comercial que no controlan.

Amiad aportará la IA soberana en dos terrenos concretos: el mando y control y la autonomía de misión. El coronel Thibault, director adjunto de aplicaciones de IA de la agencia, define esa autonomía como la inteligencia artificial que asiste a los pilotos en la planificación, en las decisiones en vuelo y en el análisis posterior. La agencia ya emplea herramientas similares en el proyecto de robótica terrestre Pendragon, del Ejército de Tierra francés, y de allí importa el modelo: un hub industrial abierto a grandes contratistas y a startups que podrán entrar y salir del proyecto mientras la capacidad crítica se queda en casa.

Los primeros usos que se probarán no son espectaculares. Optimización de rutas de vuelo, decisiones tácticas como cuándo emplear armamento aire-aire o aire-suelo, consumo energético, e interoperabilidad entre sistemas. La primera fase de Hypairion no perseguirá una capacidad operativa, sino entender qué aguanta la máquina.

La diferencia no está en el dron, sino en quién guarda el código: París quiere el software crítico dentro del Estado, no en el balance de un contratista.

El banco de pruebas ya está en Mont-de-Marsan, en el suroeste del país, sede del Escuadrón de Caza y Experimentación. Allí se modifican dos Mirage 2000 con un ordenador nuevo que permitirá ensayar todo tipo de casos de uso desde finales de este año. La aeronave no tripulada que volará en 2028 será una plataforma de ensayo y puede que no sea el loyal wingman definitivo del Rafale, aunque la experimentación servirá para elegir el aparato adecuado más adelante.

El Rafale F5 no llegará hasta 2033, pero la conexión empieza antes

La DGA fija en 2033 la primera versión del estándar F5 del Rafale, una revisión de medio ciclo de vida del aparato. El ingeniero general de armamento Sébastien, responsable del programa, explica que el trabajo sobre plataformas colaborativas se hará dentro del marco del actual estándar F4. La tableta conectada al sistema de misión ya introdujo un primer nivel de apertura; el F5 ampliará los datos disponibles, dará acceso a los recursos de cálculo del sistema y mejorará la conexión con los enlaces de datos.

Eso permitirá, según Sébastien, controlar plataformas autónomas de combate desde el propio Rafale sin esperar al despliegue del F5. El argumento es la carga cognitiva: el piloto del futuro tendrá que gestionar tal volumen de información que la IA deja de ser un adorno y pasa a ser un requisito de superioridad aérea. Un ejemplo concreto es el pod de designación láser Talios, de Thales, cuya entrega al Ejército del Aire está prevista para 2027 y que barre una zona para ofrecer a la tripulación una lista de objetivos potenciales.

Francia no contempla un futuro solo de aparatos no tripulados. Ni por ética ni por operatividad. ‘Los humanos pueden ser aumentados o complementados por la IA, pero la evaluación de la situación operativa y el juicio táctico siguen siendo dominio exclusivo del ser humano’, sostiene el coronel Cédric. La decisión de emplear armamento seguirá siendo humana porque la IA se equivoca. Su imagen del futuro es la de ‘ordenadores voladores’: máquinas a las que se cambia el teclado o el software sin comprometer la seguridad del vuelo.

Equilibrio de Poder

Estados Unidos lleva ventaja en el concepto. Su Fuerza Aérea ya tiene en vuelo los primeros aviones de combate colaborativo, los CCA, con dos prototipos seleccionados: el YFQ-42A de General Atomics y el YFQ-44A de Anduril. Moscú ha probado el S-70 Okhotnik escoltando al Su-57 en Ucrania con resultados accidentados. Europa, mientras, discute.

Y ahí entra España. El FCAS, el sistema de combate aéreo del futuro que París, Berlín y Madrid comparten, se juega en este terreno. Si Francia desarrolla su IA soberana y su arquitectura propia en paralelo, el reparto industrial del programa europeo queda tocado: Indra aspira a ser columna vertebral tecnológica en el pilar de sensores y redes, y Madrid no puede permitirse ser comparsa en el software que decidirá quién dispara. El pulso entre Dassault y Airbus lleva años marcando el paso, y un Hypairion operativo en 2028 dará a los franceses una ventaja negociadora evidente.

La lectura a cinco o diez años es incómoda para el conjunto de la UE. Francia repite la jugada que ya ensayó en 1966, cuando De Gaulle sacó al país del mando integrado de la OTAN para no depender de Washington. Hoy el objeto de la desconfianza no es un misil, sino una actualización de software. El riesgo es una Europa con capacidades nacionales brillantes e incompatibles entre sí, justo cuando la frontera sur, con Marruecos consolidando su propia flota no tripulada, exige a Madrid interoperabilidad real y no folletos industriales.

El primer vuelo a escala real de drones de combate junto a cazas está en 2028. El estándar F5 del Rafale, en 2033. Entre esas dos fechas se decidirá si el FCAS es un programa compartido o una etiqueta que tape tres programas nacionales. En esta redacción lo seguiremos con una pregunta fija: quién controla el código que vuela, y quién asume el coste cuando ese código falle.

Arabia Saudí prepara una ofensiva de 100.000 yemeníes contra los hutíes para romper el bloqueo del Mar Rojo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Arabia Saudí prepara una ofensiva contra los hutíes en Yemen con más de 100.000 efectivos yemeníes sobre el terreno y apoyo aéreo saudí. Hay dos opciones sobre la mesa: una operación limitada para recuperar la costa de Bab el-Mandeb o una ofensiva sincronizada en varios frentes.
  • ¿Quién está detrás? Riad dirige la operación a través de fuerzas yemeníes que supervisa. Washington aporta inteligencia y asesores; Pakistán y Turquía suministran equipo; Francia enviará sistemas defensivos a Yanbu. Los hutíes, respaldados por Irán, niegan el ataque de la coalición contra Medina.
  • ¿Qué impacto tiene? Bab el-Mandeb es la salida sur del mar Rojo y, este año, la alternativa de facto al estrecho de Ormuz, cerrado de hecho por el conflicto con Irán. Cualquier escalada mueve el precio del crudo, los fletes y la inflación en España.

Arabia Saudí ultima una ofensiva contra los hutíes para romper el bloqueo del mar Rojo, con hasta 100.000 efectivos yemeníes y apoyo aéreo de Riad. Según seis fuentes regionales y occidentales consultadas por Reuters, la operación podría lanzarse en cuestión de semanas.

Dos planes sobre la mesa y una ventana que llega hasta noviembre

Las opciones que maneja Riad son dos. La primera es una operación de alcance limitado para recuperar la franja costera que los hutíes tomaron el mes pasado y devolver Bab el-Mandeb a una situación parecida a la anterior a ese avance. La segunda, bastante más ambiciosa, contempla ataques sincronizados en varios frentes con las gobernaciones de Al-Bayda, Marib, Taiz y Al-Jawf como ejes. Dependiendo de la escala, podrían movilizarse más de 100.000 tropas yemeníes, siempre según las mismas fuentes.

El problema no es el número, sino la cohesión. Las fuerzas yemeníes anti-hutíes están fracturadas desde hace años y arrastran la ruptura que estalló el invierno pasado, cuando los combatientes del sur respaldados por Emiratos Árabes Unidos intentaron tomar territorio en el este y anunciar planes de secesión; acabaron derrotados por milicias sostenidas por Riad tras una serie de choques. El analista yemení Mohammed Albasha lo resume sin adornos: ‘Muchas fuerzas anti-hutíes todavía no están organizadas ni preparadas para una ofensiva sostenida’. Ali Shihabi, analista saudí próximo al pensamiento oficial, añade que ‘el éxito depende en gran medida de la calidad del desempeño de las fuerzas locales’. El precedente pesa.

Alrededor de la operación se ha ido tejiendo una coalición de apoyo que evita, por ahora, el combate directo. Washington aporta asesores militares e inteligencia, incluida información de objetivos para los ataques aéreos saudíes, aunque con un techo conocido: Trump rechazó las peticiones de Mohammed bin Salman de respaldo directo, como bombardeos. Pakistán envió el mes pasado cuatro aviones de carga a Adén con sistemas de defensa aérea, artillería ligera, drones y sistemas antidrón, y mantiene asesores sobre el terreno.

Islamabad ha desplegado además entre 30.000 y 40.000 militares en Arabia Saudí para proteger fronteras terrestres e interceptar drones y misiles, en oleadas que comenzaron el año pasado y se han acelerado con la escalada reciente. No obstante, no ha decidido enviar tropas a Yemen en capacidad de combate. Turquía ha puesto en vuelo sobre Yemen drones adquiridos antes de la guerra actual y Francia ha anunciado el envío de sistemas defensivos y tropas para proteger Yanbu, el puerto saudí del mar Rojo.

Del otro lado del tablero, los hutíes se han convertido en el aliado más formidable de Irán en Oriente Próximo desde que Israel degradó a Hezbolá en el Líbano. La tregua acordada en 2022 aguantó a grandes rasgos hasta este año, cuando el grupo lanzó ataques con misiles y drones contra el transporte marítimo saudí y contra infraestructura petrolera, un derrame directo de la guerra con Irán. Los hutíes niegan, eso sí, el ataque que la coalición les atribuye contra Medina.

Riad no necesita ganar en Yemen para respirar: le basta con arrebatarle a los hutíes la llave de Bab el-Mandeb.

Riad ha concluido que no puede sentarse a negociar la paz en Yemen mientras los hutíes conserven el control del estrecho, porque ese control les da una palanca de alcance global. Las estimaciones de lanzamiento varían entre esta misma semana y después de las elecciones legislativas estadounidenses de principios de noviembre. El calendario no es casual.

El estrecho que sostiene el comercio europeo

hutíes Yemen

Bab el-Mandeb es la salida sur del mar Rojo y el paso obligado entre el Mediterráneo y Asia. Este año ha ganado peso porque el estrecho de Ormuz, la otra gran autopista energética del planeta, está cerrado de hecho por el conflicto con Irán. En términos prácticos: si el paso se estrangula, los buques que unen Asia con Europa alargan su ruta y suman miles de kilómetros alrededor del cabo de Buena Esperanza.

Para España eso se traduce en tres facturas. La primera es energética: cualquier prima de riesgo sobre el crudo del Golfo llega a la bombona, al diésel y al transporte. La segunda es logística: los fletes y los seguros marítimos encarecen las importaciones y golpean a los exportadores que despachan hacia Asia. La tercera es de posición: España declinó sumarse a la Operación Aspides, la misión naval europea en el mar Rojo, y sigue el conflicto desde fuera de la maniobra, con menos acceso a la información de primera mano en una zona que condiciona su suministro.

Equilibrio de Poder

Washington vuelve a moverse con lógica transaccional. Da inteligencia, asesores y cobertura diplomática, pero no quiere aviones sobre Yemen ni bajas propias en el expediente; prefiere que el coste lo asuma Riad y que Europa sostenga la defensa de la ruta. Bruselas, por su parte, ha respondido con el patrón habitual: aportaciones defensivas, alguna fragata y una capacidad industrial de misiles antiaéreos que sigue sin escalar a la velocidad que exige el frente. Francia sí ha dado un paso concreto con el despliegue en Yanbu. Moscú, mientras, no necesita mover un solo batallón para beneficiarse: cada dólar que sube el crudo engorda su caja y cada crisis que retiene a la Armada estadounidense en el mar Rojo la distrae del Indo-Pacífico. Irán obtiene algo parecido: gana relevancia estratégica sin desplegar tropas propias, porque su alianza con los hutíes es hoy su activo más rentable.

La lectura para España tiene dos capas. La inmediata es de precios: una escalada en el mar Rojo se traduce en inflación energética en un país que importa la práctica totalidad de su crudo. La estratégica es de flanco sur: Riad y Abu Dabi son los principales socios del Golfo de Madrid, y una ofensiva prolongada consume recursos que Rabat y el Magreb también miran con atención, porque el Sahel ya está tensionado por actores respaldados desde el Golfo. Si el conflicto se atasca, la presión migratoria y el tráfico de armas en el entorno africano se resentirán.

El riesgo inmediato es doble. Primero, que la ofensiva se lance sin que las fuerzas yemeníes estén coordinadas y que, en lugar de reconquistar la costa, abra una decena de frentes nuevos. Segundo, un golpe hutí contra instalaciones petroleras saudíes para elevar el coste político del envite, con el precedente de Abqaiq y Khurais en 2019, cuando un ataque con drones y misiles dejó fuera de servicio la mitad de la producción saudí en una sola noche. Riad lo sabe y por eso ha reclamado sistemas defensivos a varios aliados.

La próxima ventana crítica es clara: las legislativas estadounidenses de principios de noviembre marcan el límite exterior de la operación, porque a partir de ahí la atención de Washington vuelve a replegarse hacia dentro. Seguimos con cautela los indicadores OSINT de movimiento de tropas en Marib y Al-Jawf y los informes que el ISW publique en las próximas semanas. Habrá que ver también si la Unión Europea aprovecha la crisis para revisar su papel en el mar Rojo o si vuelve a dejar que el comercio europeo dependa de la eficacia de fuerzas locales que llevan una década sin coordinar.

Isabel Rodríguez acusa a PP, Vox y Junts de elegir a «los buitres» al tumbar los decretos de vivienda del PSOE

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. El primero, sobre desahucios, alquileres y compra por fondos, ha caído por 178 votos frente a 172; el segundo, sobre renovación de contratos de alquiler, por 184 a 166.
  • ¿Quién está detrás? La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acusa a PP, Vox, Junts y UPN de elegir a ‘los buitres’, y la portavoz del PSOE, Mínguez, que mantiene abierta la negociación.
  • ¿Qué impacto tiene? Decaen las medidas de protección frente a desahucios, de control de alquileres y de freno a la compra de vivienda por fondos, con efecto inmediato sobre inquilinos y familias con rentas ajustadas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado este viernes a PP, Vox, Junts y UPN de haber elegido a ‘los buitres’ al tumbar en el Congreso los dos decretos de vivienda del PSOE. La dirección socialista enmarca la derrota parlamentaria como un paréntesis forzado, no como un punto final.

Rodríguez se ha limitado a reconocer, ante los periodistas y tras el Pleno, que se siente ‘muy decepcionada’. Poco después ha trasladado su posición a las redes sociales: ‘Entre la gente y los buitres, PP, Vox, Junts y UPN han elegido buitres. La historia les juzgará’.

El Pleno rechaza los dos decretos: votos, articulado y alcance

Las dos normas han caído por márgenes distintos y con mayorías cambiantes. El primer decreto —con medidas sobre desahucios, alquileres y compra de vivienda por fondos— ha sido rechazado por 178 votos frente a 172 apoyos, según el registro del Pleno del Congreso de los Diputados. El segundo, relativo a la renovación de contratos de alquiler, ha obtenido 166 votos a favor y 184 en contra. Los dos textos, aprobados esta semana en el Consejo de Ministros, decaen en su integridad.

El contenido que se pierde era de marcado carácter social. La primera norma ponía el foco en los desahucios, en el mercado del alquiler y en la compra de vivienda por parte de fondos de inversión, ese flanco que la ministra ha resumido con la palabra ‘buitres. La segunda buscaba dar continuidad a la renovación de los contratos de alquiler, un mecanismo pensado para que los hogares no quedaran expuestos a saltos bruscos del mercado.

Con el rechazo decaen, de golpe, instrumentos que afectaban a inquilinos, a familias con rentas ajustadas y a pequeños propietarios. El Gobierno pierde una parte de su agenda de vivienda en la Cámara, eso sí, conserva el argumento: quien vota contra estas medidas vota, en su lectura, contra la gente.

Una cosa es perder una votación y otra renunciar al relato: Ferraz ha decidido librar la segunda batalla en el terreno de los valores.

Por qué Ferraz no da la batalla por perdida

La portavoz del PSOE, Mínguez, ha mantenido abierta la vía de la negociación ‘hasta el último minuto’ y ha calificado de ‘incomprensible’ que Junts no la aprovechara antes del Pleno. En Ferraz se habla de un ‘día de la verdad’ y se deja la puerta abierta a que los textos regresen a la Cámara por otra vía.

La lectura interna es que la mayoría que sostiene al Ejecutivo sigue existiendo, pero se ha fracturado en un asunto de alta sensibilidad social. Ferraz sostiene que el encaje con los socios —ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís, además de Junts— sigue siendo posible en otras materias y que lo ocurrido no anticipa un bloqueo general de la legislatura.

El Eje del Poder Socialista

El movimiento tiene tres capas. La primera es el pulso interno: la dirección federal que lidera Pedro Sánchez evita el lenguaje de la crisis y ordena el discurso en torno a los valores. Barones como Emiliano García-Page o Adrián Barbón vienen reclamando que el partido explique mejor sus medidas sociales en el territorio; este revés obliga, precisamente, a afinar ese relato.

La segunda capa es territorial y social. Las comunidades gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y, a través del PSC, Cataluña— vienen desplegando políticas propias de vivienda protegida y de contención de alquileres. El impacto del rechazo no es menor: sin el marco estatal, esas políticas autonómicas pierden una parte de su palanca frente a los grandes tenedores.

La tercera es el riesgo inmediato. El Ejecutivo se queda sin dos normas clave en una de sus materias estrella, justo cuando la vivienda se ha convertido en el eje del debate público. El precedente de la Ley de Vivienda de 2023, aprobada tras un largo pulso parlamentario, demuestra que la agenda puede reencauzarse. Pero también que cada votación perdida deja cicatriz. Próximo hito: la sesión de control de la próxima semana y el calendario de la nueva remisión de los textos.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Blindar la vivienda como derecho frente a quienes priorizan a los fondos y a los ‘buitres’.
  • Protagonista: Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda y Agenda Urbana).
  • Próximo hito: Regreso de los textos a la Cámara y sesión de control de la próxima semana.

Conde-Pumpido exige al PP la renovación del Tribunal Constitucional y Sánchez maniobra para forzarla

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Cándido Conde-Pumpido ha reclamado en un desayuno informativo la renovación del órgano de garantías y ha recordado que se trata de ‘un mandato constitucional’ que el PP mantiene congelado desde hace más de un año.
  • ¿Quién está detrás? El presidente del Tribunal Constitucional y los tres magistrados cuyo relevo corresponde al Senado; el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta; y el Gobierno de Pedro Sánchez, que estudia activar un conflicto de atribuciones.
  • ¿Qué impacto tiene? La renovación decide la mayoría del máximo intérprete de la Constitución. Cuatro de sus doce magistrados trabajan en prórroga desde el 10 de marzo y el Senado tiene hasta el 30 de noviembre para recibir los nombres de los parlamentos autonómicos.

Cándido Conde-Pumpido exige la renovación del Tribunal Constitucional y avisa de que ningún interés político puede superponerse a la Constitución. Lo hizo el pasado jueves, durante un desayuno informativo, con una frase que incomoda al Partido Popular: renovar el tribunal es ‘un mandato constitucional’. Ese mandato lleva más de un año sin cumplirse.

El bloqueo no es nuevo. Los cuatro magistrados que corresponden al Senado —el propio Conde-Pumpido, la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías— cumplieron su mandato de nueve años el pasado 10 de marzo, tal y como fija el artículo 159 de la Constitución, que ordena renovar el tribunal por terceras partes cada tres años. Cuatro de los doce miembros trabajan en prórroga.

Macías llegó al órgano en septiembre de 2024, en sustitución de Alfredo Montoya, que había renunciado al cargo dos años antes. Si el PP pretende mantenerlo, la renovación debe producirse antes de que se cumpla el año. Es un detalle técnico con lectura política: los populares gestionan el reloj para no perder un sillón que consideran propio.

Un mandato constitucional congelado desde hace más de un año

Los números del Senado explican la estrategia. El Grupo Parlamentario Popular suma 145 senadores que, con los de UPN y los tres de Vox, llegan a 149. Están a once votos de la mayoría de tres quintos que exige la designación de los nuevos magistrados. La aritmética no es casual: el PP confía en que las próximas elecciones generales le permitan ampliar esa base y no tener que negociar con el PSOE.

El objetivo es dar la vuelta a la mayoría progresista del órgano de garantías. Si los populares se vieran obligados a pactar, el reparto previsible sería de dos conservadores y dos progresistas —o de tres y uno, según el peso de cada grupo—, y en ambos escenarios la mayoría progresista se mantendría. Por eso no mueven ficha.

El PP no discute el mandato constitucional: discute el calendario, porque solo una mayoría propia en el Senado le garantiza el reparto que busca.

Mientras tanto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha ampliado hasta el 30 de noviembre el plazo para que los parlamentos autonómicos propongan sus nombres. Alega las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía. Llegada esa fecha y con todos los candidatos sobre la mesa, la pelota volvería al tejado popular.

El arma que Moncloa guarda en el cajón: el conflicto de atribuciones

Si el PP se niega entonces a negociar, el Consejo de Ministros podría acordar —según la información publicada por infoLibre— la presentación de un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales ante el propio Tribunal Constitucional. Se trata de un mecanismo —previsto para resolver los choques de competencias entre instituciones del Estado— que también puede activar el Congreso, aunque en ese caso la interposición debe aprobarse en el Pleno y reunir esa mayoría resulta, a día de hoy, bastante más complicado.

Si el tribunal lo estimara, la sentencia sería declarativa. No sustituiría la voluntad política del Senado, pero ejercería una presión difícil de ignorar. La Cámara Alta ya ha recorrido esa vía contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026, en un acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2025 a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que entonces invocaba el artículo 134 de la Constitución.

Conde-Pumpido puso el espejo delante: el mismo órgano que exige al Ejecutivo cumplir con su obligación constitucional es el que incumple el deber de nombrar a cuatro de sus magistrados sin postergar la decisión en función de intereses políticos. La simetría del argumento es la que más incomoda en la bancada popular. Y no es un reproche menor.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la lectura es inequívoca: el bloqueo del Constitucional es la prolongación del bloqueo del CGPJ, que el PP mantuvo durante cinco años y medio y que dejó al órgano de gobierno de los jueces en un descrédito del que todavía no se ha recuperado. El argumentario socialista señala una pauta, no un caso aislado. Esa pauta es la que Pedro Sánchez quiere poner en el centro del debate público antes de que la legislatura encare su fase decisiva.

El aterrizaje territorial importa. Los parlamentos autonómicos proponen los nombres que después designa el Senado, y ahí el mapa dibuja un pulso entre comunidades gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra o Cataluña— y comunidades del PP. Cuanto más se demore la Cámara Alta, más evidente resulta que el problema no está en las propuestas, sino en la voluntad de quien tiene la llave.

El riesgo inmediato tiene fecha: el 30 de noviembre. A partir de ahí, Moncloa tiene sobre la mesa la activación del conflicto de atribuciones. No es una solución instantánea, ni resuelve por sí sola la renovación. Es, en la práctica, una manera de trasladar al propio tribunal la pregunta que el PP lleva más de un año sin responder. Ahí está el pulso.

Conviene recordar de dónde venimos: la renovación del CGPJ se cerró tras cinco años y medio de bloqueo y el precio lo pagó la credibilidad de la justicia. El Tribunal Constitucional no es un apéndice y decide sobre derechos fundamentales, competencias autonómicas y conflictos entre poderes. Dejar cuatro vacantes en prórroga indefinida no es una jugada táctica, sino un problema de Estado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Cumplir la Constitución no admite cálculos electorales: es el mismo método que paralizó el CGPJ.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE) y Cándido Conde-Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional).
  • Próximo hito: El 30 de noviembre vence el plazo autonómico en el Senado; sin acuerdo, llegaría el conflicto de atribuciones.

Ester Muñoz denuncia el clima de violencia de Sumar en el Congreso: «Ningún diputado me amedrentará»

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez ha increpado en el patio del Congreso a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, con un ‘¡Lo vais a pagar!’, según el relato y la fotografía difundidos por la propia diputada popular.
  • ¿Quién está detrás? El incidente se produce horas antes de la votación de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, a los que el Grupo Parlamentario Popular vota en contra. Sumar sostiene que el grito se refería a las urnas.
  • ¿Qué impacto tiene? Génova eleva el episodio a prueba de la crispación del bloque que sostiene al Gobierno y refuerza su tesis de que los decretos reducirán la oferta de alquiler en toda España.

Ester Muñoz denuncia que un diputado de Compromís-Sumar le gritó ‘¡Lo vais a pagar!’ en el patio del Congreso. La portavoz parlamentaria del PP responde con una advertencia que ya es posición oficial: ‘Ningún diputado me amedrentará’.

El episodio ocurrió esta mañana, cuando la portavoz popular atravesaba el patio de la Cámara Baja junto a otros diputados de su grupo. Según su relato, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo de Sumar, le espetó dos frases: ‘¡Lo vais a pagar! ¡Vais a tener que dar la cara!’. El motivo era el rechazo del PP a los dos decretos de vivienda que se votan hoy en el Pleno.

Muñoz ha llevado el incidente a la red social X, donde ha publicado la fotografía del momento. ‘Ningún diputado me amedrentará con sus gritos, su crispación y su violencia’, ha escrito. Y ha añadido que el Partido Popular no va a dar un paso atrás ‘en la defensa de los españoles y de los más vulnerables’.

De un grito en el patio a una votación nominal en el hemiciclo

Fuentes de Sumar han matizado que la expresión del diputado no era una amenaza, sino una constatación electoral: los populares lo pagarán ‘en las urnas’. La explicación no ha rebajado la temperatura de una mañana áspera en la Cámara.

A la polémica se ha sumado la portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, que ha respaldado la petición de Sumar y del PSOE para que la votación de los dos decretos sea nominal. El procedimiento obliga a llamar a cada diputado por su nombre para que declare su voto desde el escaño, con constancia en el Diario de Sesiones. Traducido: cada ‘no’ queda registrado con nombre y apellidos. ‘Quedaros con sus caras’, ha escrito Sidi en X.

El voto nominal no es una exigencia técnica: es la forma de señalar con el dedo a quien discrepa y de trasladar el debate al terreno de la coacción.

El PP mantiene su posición en en los dos textos. Ni el grito ni la presión ambiental alterarán un voto que, según la dirección nacional, responde a criterios de interés general y no a cálculos de oportunidad.

Los dos decretos de vivienda y su factura en el alquiler

crispación Congreso

El Grupo Parlamentario Popular vota ‘no’ a los dos decretos de vivienda del Consejo de Ministros. El argumentario que repiten sus portavoces es siempre el mismo: intervenir el precio del alquiler sin elevar antes la oferta provoca que los propietarios retiren pisos del mercado, y los primeros que se quedan fuera son los inquilinos con menos recursos.

Muñoz lo ha resumido en su mensaje: ‘Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar’. La tesis popular es que el texto salido del Consejo de Ministros agrava el problema que dice resolver.

El aterrizaje territorial de este debate es inmediato. Las comunidades autónomas donde gobierna el PP concentran buena parte del parque de vivienda en alquiler del país, y en Madrid y Andalucía los ejecutivos populares llevan años aplicando medidas de choque de oferta: avales para jóvenes, agilización de licencias urbanísticas y bonificaciones fiscales a los propietarios que sacan su vivienda al mercado. Fuentes de la dirección nacional subrayan que ese es el camino, y no el de la intervención.

El Eje del Poder Popular

En Génova no hay sorpresa. La dirección nacional lleva meses sosteniendo que la legislatura se ha deslizado hacia un clima en el que el adversario político deja de ser un adversario y pasa a ser un enemigo. El episodio del patio encaja en ese diagnóstico y refuerza la línea fijada por Feijóo en el último Comité de Dirección: firmeza institucional, mano tendida para los grandes pactos de Estado y ninguna concesión al ruido.

El precedente que más se cita estos días en los pasillos es antiguo y elocuente. El ‘váyase, señor González’ con el que José María Aznar interpeló a Felipe González desde la tribuna forma parte de la historia parlamentaria española, pero nunca cruzó la frontera del hemiciclo para convertirse en un grito en el patio. Esa frontera es la que el PP considera traspasada.

Los barones autonómicos comparten el marco. En Madrid y Andalucía, los gobiernos populares han hecho de la política de vivienda una seña de identidad propia, con medidas de oferta que contrastan con el intervencionismo estatal. Y en el Senado, la mayoría popular sigue siendo la palanca parlamentaria con la que el partido puede frenar o enmendar cualquier norma que llegue desde el Congreso.

El riesgo inmediato es otro: que el enfrentamiento verbal se convierta en el marco permanente de la legislatura y desplace los asuntos que de verdad importan a los ciudadanos. La votación de hoy será el primer termómetro. Si el Pleno acaba convertido en una lista pública de señalados, el PP tendrá argumentos sólidos para denunciar coacción. Y Génova, que ya lo ha entendido, no piensa dejarlo pasar.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP defiende a los vulnerables frente a unos decretos de vivienda que encarecerán el alquiler y no acepta la intimidación como método parlamentario.
  • Protagonista: Ester Muñoz (portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso).
  • Próximo hito: Votación en el Pleno del Congreso de los dos decretos de vivienda, previsiblemente con voto nominal y nombre por nombre.