MoncloaPolítica Española

Unterlüß como nuevo polo de producción para un misil que Europa necesita con urgencia

El memorando firmado en el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN en Ankara no es un brindis al sol. Lockheed Martin y Rheinmetall llevan más de un año tejiendo esta alianza, que comenzó con un acuerdo en 2024, se amplió en abril de 2025 y el pasado agosto ya se concretaba sobre ATACMS y Hellfire. La selección de Unterlüß, una planta de 125 años de historia que emplea a 4.000 personas y que acaba de inaugurar una fábrica de munición de artillería, es la culminación de esa hoja de ruta. «La producción a pleno rendimiento arrancará en 2027», adelantó Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, en mayo. La cifra de la que hablan ambas compañías oscila entre 600 y 800 misiles ATACMS al año, volumen suficiente para cubrir las necesidades combinadas de los ejércitos europeos y de Ucrania, que ha quemado inventarios del sistema en cantidades industriales.

La transferencia de tecnología que pone a prueba el control de Washington

El punto más delicado de la operación no es de ingeniería, sino político. ATACMS es un misil balístico táctico diseñado para alcanzar objetivos a 300 kilómetros con una precisión letal. Su producción fuera de Estados Unidos exige que el gobierno estadounidense autorice la transferencia de tecnología sensible. Sin ese visto bueno, el acuerdo de Ankara se queda en papel mojado. Lockheed Martin ha sido explícita: mantendrá la línea de Camden (Arkansas) operativa hasta que la producción europea sea una realidad. La decisión, por tanto, está en manos de la administración Trump, que ha mostrado una línea bifronte con los aliados: exige más gasto en defensa —el famoso 5% del PIB—, pero al mismo tiempo pone trabas a la autonomía industrial europea cuando ésta puede erosionar el control que ejerce desde el Pentágono.

Europa llevaba años quejándose de la dependencia, pero el grifo de Camden se cerró antes de que el Viejo Continente tuviera su propio caudal.

El reemplazo natural del ATACMS en el arsenal estadounidense es el Precision Strike Missile (PrSM), que entrará en servicio en los próximos años. Para Estados Unidos, la externalización de la producción del modelo antiguo libera capacidad industrial para el nuevo programa y mantiene la influencia sobre los aliados a través del control de la tecnología. Para Europa, es un doble salto mortal: conseguir autonomía sin romper el paraguas industrial americano.

La estimación de demanda no es caprichosa. Ucrania ha consumido cientos de misiles tácticos desde 2023 y los arsenales europeos están bajo mínimos. No hay fabricante local capaz de producir un misil balístico de precisión en grandes series, y la dependencia de la cadena de suministro estadounidense ha quedado en evidencia en los momentos más críticos. El acuerdo de Unterlüß, de fraguar, cambiaría esa ecuación para siempre.

Equilibrio de Poder

La operación industrial de Unterlüß tiene consecuencias que van mucho más allá de una simple joint venture. Europa gana un centro de producción de misiles que la acerca al objetivo de soberanía en munición guiada, pero sin cortar el cordón umbilical con Estados Unidos. Washington mantiene el control tecnológico y, en última instancia, la capacidad de veto sobre cualquier exportación a terceros países. Es un modelo híbrido que Bruselas aplaude en público pero que alimenta frustraciones entre los partidarios de una base industrial europea genuinamente autónoma.

Para España, el impacto es indirecto pero relevante. El Ejército de Tierra no opera ATACMS —su misil táctico es el israelí LORA integrado en los lanzadores PULS—, pero la concentración de producción en Alemania reduce los cuellos de botella que puedan afectar a futuros programas conjuntos. La industria española de defensa, con empresas como Expal o Instalaza, aspira a participar en cadenas de suministro de misiles guiados, y el centro de Unterlüß podría convertirse en un polo tractor de pedidos y transferencias de conocimiento que, de forma selectiva, lleguen a otros socios europeos. Tampoco es desdeñable la señal política que envía Alemania: si Berlín, tradicionalmente reacia a grandes inversiones militares, se convierte en fabricante de misiles balísticos, la presión sobre los demás socios de la OTAN —incluida España— para aumentar su gasto en capacidades industriales de ataque de largo alcance se intensifica.

A medio plazo, el desenlace de este memorando dependerá de tres factores. Primero, la luz verde de Washington, que puede demorarse o condicionarse a nuevas contrapartidas. Segundo, la capacidad de Rheinmetall para integrar la cadena de suministro de un misil complejo sin depender excesivamente de componentes americanos embargables. Tercero, la evolución de la guerra en Ucrania, que dictará la urgencia y el apetito político. Si la línea de producción alemana arranca en 2027 como está previsto, el Viejo Continente habrá dado un paso de gigante en su autonomía estratégica sin quemar los puentes con Washington. Si el proyecto se atasca, la lección será otra, y probablemente más dolorosa.

Lo que está claro es que la geopolítica de los misiles ha cambiado de sitio. De la planta de Camden a la de Unterlüß. Del control unilateral de Estados Unidos a una corresponsabilidad forzosa. Y del debate doctrinal a la cadena de montaje.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? Drones suicidas ucranianos impactaron contra dos petroleros en la bahía de Taganrog, en el mar de Azov. El gobernador de Rostov reportó dos heridos leves y la evacuación de una tripulación.
• ¿Quién está detrás? Las fuerzas de drones de Ucrania reivindicaron el ataque y afirman haber alcanzado ocho buques, no dos.
• ¿Qué impacto tiene? Kiev busca interrumpir el suministro de combustible a Crimea. Ningún derrame de petróleo porque los barcos iban vacíos. La acción tensa aún más la guerra energética en el mar Negro y Azov.

Ucrania ha atacado con drones kamikaze dos petroleros rusos en la bahía de Taganrog, en el mar de Azov, durante la madrugada del miércoles, según confirmó el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar. Los buques navegaban hacia Rostov del Don cuando fueron alcanzados, en una operación que el comandante de las fuerzas de drones de Kiev, Robert Brovdi, elevó a ocho petroleros impactados en la misma zona. La cifra real sigue sin verificarse de forma independiente.

Las defensas antiaéreas rusas afirmaron haber interceptado alrededor de 70 drones ucranianos sobre la región durante la noche, una cantidad que revela la escala del enjambre lanzado contra objetivos energéticos en el mar de Azov. El episodio deja dos heridos leves y la evacuación de la tripulación de uno de los tanqueros, aunque sin derrame de crudo porque los barcos se encontraban vacíos en el momento del impacto, según la versión oficial rusa.

Plataformas y cadena de ataque en Taganrog

El tipo exacto de dron no ha sido confirmado oficialmente, pero los ataques ucranianos con vehículos no tripulados de largo alcance —presumiblemente del modelo Liutyi o drones marítimos adaptados— han golpeado repetidamente infraestructura petrolera rusa desde 2025. La elección de la bahía de Taganrog, con escasa profundidad y próxima a la línea de costa, sugiere un vector de aproximación desde el norte del mar de Azov, que Ucrania controla en parte desde sus posiciones en la región de Donetsk.

La diferencia entre los dos petroleros confirmados por Rostov y los ocho reivindicados por Brovdi abre un interrogante que solo las imágenes satelitales o el análisis OSINT podrán despejar en las próximas horas. El comandante de drones ucraniano vinculó el ataque a la campaña del presidente Volodímir Zelenski para aislar Crimea, que ya ha provocado apagones y desabastecimiento de combustible en la península anexionada.

La reacción: Kiev escala la guerra energética

Zelenski ha defendido en repetidas ocasiones que los golpes contra la logística energética rusa pueden alterar la dinámica del conflicto, y ha solicitado más fondos occidentales para ampliar esta estrategia. La operación de hoy se enmarca en esa ofensiva, que ha llevado a Ucrania a tratar a los buques comerciales que transportan petróleo ruso —incluso en aguas internacionales— como objetivos militares legítimos. El incidente de Taganrog no es un hecho aislado.

En noviembre del año pasado, un ataque previo contra un petrolero que exportaba crudo kazajo desde el puerto ruso de Novorossiisk provocó una protesta formal de Kazajistán, que consideró el golpe una violación de los intereses de un tercer país. Ahora, al alcanzar buques vacíos en aguas interiores rusas, Kiev envía el mensaje de que cualquier eslabón del suministro hacia Crimea es vulnerable, independientemente de su carga o bandera.

La doctrina ucraniana equipara cada tanquero que abastece Crimea a un nodo logístico militar, y esa interpretación está provocando fricciones no solo con Moscú sino también con algunos aliados.

Equilibrio de Poder

La apuesta de Ucrania por una guerra energética de desgaste contra las rutas de abastecimiento de Crimea coloca a Occidente ante un dilema complejo. Por un lado, la Casa Blanca mantiene su política de no interferir directamente en la elección de objetivos ucranianos, pero la administración Trump ha insinuado que ataques a infraestructura civil podrían erosionar el apoyo bipartidista en el Congreso. Bruselas, mientras tanto, observa con cautela: el suministro energético global se resiente cada vez que estas operaciones tocan el tráfico marítimo comercial y varios Estados miembros temen un encarecimiento del crudo en plena transición verde.

Para España, el impacto directo es limitado, pero no inexistente. La ruta del petróleo del Caspio —que transita por Novorossiisk— abastece refinerías europeas que, a su vez, exportan gasóleo al mercado ibérico. Un repunte del riesgo marítimo en el mar Negro y el Azov podría tensar los precios de los fletes y, de rebote, el surtidor español. Además, la posición de Moncloa ante futuras discusiones en el Consejo Europeo sobre sanciones a Rusia o sobre la necesidad de proteger la libertad de navegación en el Mar Negro se enfrentará a un equilibrio delicado: condenar los ataques a buques civiles o mantener la línea de apoyo inquebrantable a Kiev.

En el tablero regional, Rusia minimiza el incidente (barcos vacíos, sin derrame) pero refuerza las defensas antiaéreas alrededor de Crimea, consciente de que la interrupción del suministro de combustible puede volverse insoportable en un horizonte de pocos meses. La próxima reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania —prevista a finales de julio— será el escenario donde se medirá la temperatura de los aliados y se decidirá si los ataques a tanqueros merecen un cambio de doctrina. Mientras tanto, el mar de Azov se consolida como un nuevo teatro de operaciones en el que cada oleaje puede convertirse en explosivo.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? China lanzó un misil balístico JL‑2 desde un submarino, recorrió 7.000 km y cayó cerca de Nauru y Tuvalu, países de la zona desnuclearizada del Pacífico Sur.
• ¿Quién está detrás? La Armada del Ejército Popular de Liberación de China, que ha calificado la prueba de rutinaria y notificó con horas de antelación.
• ¿Qué impacto tiene? Viola el espíritu del Tratado de Rarotonga, según Nueva Zelanda y Australia, y tensa la arquitectura de desarme en el Indo‑Pacífico.

China realizó este lunes una prueba de misil balístico de lanzamiento submarino (SLBM) que inmediatamente encendió las alarmas en toda la cuenca del Pacífico. El proyectil, un JL‑2 que transportaba una ojiva simulada, partió desde una plataforma sumergida frente a la costa china y recorrió aproximadamente 7.000 kilómetros hasta impactar en aguas próximas a Nauru y Tuvalu. Ambos archipiélagos forman parte de la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur, instituida por el Tratado de Rarotonga en 1986.

La trayectoria del misil, reconstruida a partir de avisos a la navegación y datos de inteligencia, sobrevoló parte del espacio aéreo filipino antes de internarse en el océano abierto. Según el mapa difundido por el Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, la huella del JL‑2 cruzó el Pacífico en dirección sureste y el punto de caída se situó a menos de 300 millas de las islas de Nauru y Tuvalu. La elección del área no es casual: justo sobre una zona que los países del Pacífico insiste en mantener libre de cualquier actividad nuclear, incluidos los ensayos balísticos que, aunque no porten cabezas reales, ponen a prueba vectores con capacidad nuclear.

Pekín había comunicado el ejercicio con varias horas de antelación a los gobiernos de la región, un gesto que la portavoz de Exteriores Mao Ning empleó para pedir que no se «sobreinterpretara» el lanzamiento. Sin embargo, la notificación previa no ha aplacado las críticas. El ensayo técnicamente no vulnera la letra del Tratado de Rarotonga, ya que el misil no llevaba ojiva nuclear real, pero para los firmantes del acuerdo sí atenta contra su objeto y propósito.

La respuesta inmediata: Nueva Zelanda y Australia marcan la línea roja

Wellington fue el primero en alzar la voz. El ministro de Asuntos Exteriores neozelandés afirmó que la prueba «va contra el objeto y la intención» del tratado, una declaración que Canberra secundó horas después con un comunicado en el que expresaba su «preocupación». Ambas capitales interpretan el despliegue como un intento de normalizar la presencia de vectores estratégicos en una cuenca que debería estar blindada frente a cualquier amenaza nuclear.

La decisión de Pekín de ensayar un misil con capacidad nuclear en el corazón de la zona desnuclearizada es un mensaje geopolítico tan potente como el propio armamento.

Desde Viena, la analista Olamide Samuel, de la Open Nuclear Network, contextualizó el evento dentro de una tendencia más amplia: «Estamos viendo cómo los estados con armas nucleares ejercen presión sobre las zonas libres de estas armas en función de sus intereses geoestratégicos». Samuel citó los ejemplos de Estados Unidos presionando al Reino Unido sobre Diego García y de Rusia forzando a Kazajistán en materia de ensayos, para concluir que la prueba china es la última pieza de un patrón preocupante.

La respuesta china ha sido monolítica. Mao Ning insistió en que el lanzamiento se realizó «de manera segura, sistemática y profesional» y pidió al resto de países que no dieran más importancia de la debida a un ejercicio que, en su opinión, es completamente rutinario. No obstante, a nadie se le escapa que es la segunda vez en menos de dos años que Pekín envía un misil balístico al Pacífico, tras el ensayo de septiembre de 2024.

Equilibrio de Poder

La prueba del JL‑2 se produce en un momento en que la arquitectura de control de armamentos en el Indo‑Pacífico está bajo una tensión extrema. Estados Unidos realizó en marzo de 2026 un lanzamiento balístico de características similares, aunque en ese caso el punto de impacto se ubicó en aguas internacionales no protegidas por ningún tratado de zona libre. La diferencia cualitativa es sustancial: Washington evitó tocar las costuras de Rarotonga; Pekín ha decidido hacerlo deliberadamente y en una zona que revisita, a su vez, las fricciones entre la RPC y sus vecinos meridionales.

Para la Unión Europea, que ha hecho de la defensa del multilateralismo en desarme una de sus señas de identidad, lo ocurrido supone un desafío directo. Bruselas ya ha expresado en diversas ocasiones su respaldo al Tratado de Rarotonga y es previsible que en su próxima declaración sobre control de armamentos mencione la prueba como un retroceso. España, como estado parte de los Protocolos 2 y 3 del tratado, observa con inquietud cualquier erosión de una zona que Moncloa ha defendido históricamente en los foros internacionales.

El trasfondo inmediato es, sin embargo, la guerra de desgaste diplomático que Pekín y Canberra mantienen a cuenta del pacto AUKUS. China ha denunciado una y otra vez que el suministro de submarinos nucleares a Australia viola el espíritu de Rarotonga. Ahora, con este ensayo, Pekín parece querer colocar a Camberra ante un espejo incómodo: si Australia acepta una prueba balística china en su vecindario, su argumentario contra AUKUS pierde fuerza; si la condena, Pekín recordará el doble rasero. Es un gambito que deja al Pacífico Sur como un tablero de poder cada vez más tenso.

El riesgo de escalada es cierto. Olamide Samuel habla de una «espiral lenta» y de una «carrera hacia el mínimo exigido» por los tratados, en lugar de hacia los objetivos de paz que los inspiraron. La prueba del JL‑2, unida a las presiones de Washington sobre Diego García y de Moscú sobre Asia Central, dibuja un horizonte en el que las zonas libres de armas nucleares se vacían de contenido. Para España, que carece de presencia militar directa en el Pacífico pero que se sienta en la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, el envite chino es un recordatorio de que la desnuclearización no se defiende solo con declaraciones. Hace falta voluntad política y, sobre todo, consecuencias.