Caso Plus Ultra: La SEPI sabía que el primer pago de 19 millones fue para pagar deudas

Roberto Roselli, ex CEO de la empresa Plus Ultra, remitió varios correos electrónicos a José Ángel Partearroyo, director de la SEPI, antes del rescate de 53 millones de euros en el que supuestamente influyó Zapatero, con la lista de proveedores impagados. Es decir, que la SEPI constató documentalmente que la aerolínea Plus Ultra debía dinero a proveedores, entre ellos 4,6 millones de dólares a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

El pasado 24 de septiembre la representación legal de Roselli entregaba en la Audiencia Nacional una copia de «los correos electrónicos mantenidos con el Sr. Partearroyo entre diciembre de 2020 y abril de 2022 que mi mandante ha podido recuperar, indicando que la mayoría de las comunicaciones con el Sr. Partearroyo fueron por su parte mediante WhatsApp (que ya obran en la causa), y telefónicamente».

José Ángel Partearroyo era director de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando Plus Ultra accedió al préstamo de 53 millones de euros. La investigación del caso ha mostrado importantes indicios de la participación del ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que Plus Ultra consiguiera el préstamo de la SEPI gracias a su influencia.

El abogado de Roselli añadía que «pueden existir otras comunicaciones desde la dirección de correo electrónico oficial de FASE, así como otras no dirigidas al Sr. Roselli ni en las que conste en copia, y a las que esta parte no ha tenido acceso. Por entender que pueden ser de interés para la investigación, en atención al interrogatorio realizado al Sr. Roselli, destacamos los correos intercambiados el 27 de noviembre de 2020 en los que se solicita la lista de acreedores con los que Plus Ultra tenía “deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal”; en dicho intercambio el Sr. Roselli facilitó al Sr. Partearroyo el siguiente listado de los proveedores que recibirían el pago inmediato tras la recepción del primer tramo de ayuda de 19 millones de euros«.

deuda de Plus Ultra con proveedores Moncloa
La deuda de Plus Ultra con proveedores. Foto: MONCLOA

Además, en ese correo, «adjuntaba como tal la siguiente tabla, con la única especificación de que la deuda con PDVSA era elevada porque traía causa de las dificultades que tenía la compañía estatal de cobrar debido a los bloqueos internacionales: Adjuntamos también las páginas del contrato final que se elevó a público donde consta el detalle de la deuda que fue definitivamente aprobada por la SEPI para
su pago. Entre ellas se incluyen, como ya el Sr. Roselli explicó en su declaración, los préstamos puentes, así como las rentas pendientes de abonar a Modus Securitisation SA (Luxemburgo)».

La SEPI supo que Plus Ultra debía dinero

No es la única documentación que se ha facilitado a José Luis Calama, juez instructor de la Causa Plus Ultra en la Audiencia Nacional. El ex CEO de Plus Ultra también ha depositado en la Audiencia Nacional varios contratos de inversión firmados por entidades crediticias que Plus Ultra suscribió durante años para intentar salvar la compañía.

Estos contratos de inversión son previos a los cinco contratos de préstamos suscritos con Wailea Invest por 500.000 dólares, Allpa Wira Trading UK con otros 500.000 dólares, Panacorp Casa de Valores por 450.000 euros y dos con Valerian Corporation por un total de 900.000 euros.

Por cierto, que uno de estos contratos, el suscrito con Allpa Wira es calificado de «inauténtico y mendaz», puesto que «parece que para su confección se habría manipulado una copia del contrato de compra de bonos de Valerian, modificando la fecha, la empresa y la firma de Julio Martínez».

Precisamente el ex presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también ha entregado documentación similar en la Audiencia tal y como había avanzado en su declaración judicial.

Por otra parte, el mismo tribunal central de Instancia plaza 2 (Audiencia Nacional) ha citado el próximo 16 de octubre a Simon Leendert Verhoeven en calidad de investigado. Verhoeven está considerado el cerebro financiero de Plus Ultra, encargado de conseguir financiación para la compañía en mercados internacionales.

La conexión con Zapatero

Hay que recordar que el pasado 8 de septiembre Roselli confirmaba la declaración del ex presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en el sentido de que el 1% de la comisión de éxito que pagaron a Análisis Relevante, empresa del amigo de Zapatero, estaba destinada al «grupo Zapatero» por su intervención positiva en el rescate de la SEPI por valor de 53 millones de euros.

Roselli, al igual que ocurrió ayer con Martínez Sola, tampoco supo decir cuales eran las gestiones reales que el ex presidente realizó en favor del rescate. Roselli, que entró en la compañía en 2017 en el puesto de contable, ya describió en un escrito mandado al juez Calama en julio de este año que cuando tomó el control de la compañía en octubre de 2025 detectó «graves irregularidades acontecidas en Venezuela por parte de Rodolfo Reyes».

Reyes es el ciudadano venezolano, que fue máximo accionista de la compañía, sobre el que se dictó orden de búsqueda y captura internacional por parte de la Audiencia Nacional, después de que no se presentase a las citaciones judiciales. Según las investigaciones policiales Reyes habría sido quien propuso la intermediación de Zapatero a través de otro ciudadano venezolano.

Esta declaración de Roselli tiene lugar un día después de que el expresidente de Plus Ultra confirmase también ante Calama que durante la pandemia del Covid pactó una comisión del 1% con el empresario Julio Martínez Martínez, entonces amigo de Zapatero a quien supuestamente el ex presidente había designado interlocutor.

El exlíder del PSOE siempre ha negado su intermediación e incluso que se produjera esa conversación telefónica. Roselli ha dicho al juez que, a diferencia de Martínez Sola, él nunca habló con José Luis Rodríguez Zapatero, aunque sí admitió haber tenido conocimiento de esa conversación.

IDRA el ‘think tank’ catalán que mueve los hilos en los decretos del ‘Caso Maricarmen’

El caso de Maricarmen ha convertido la problemática de la vivienda en uno de los principales focos del debate político español. Sin embargo, detrás de la movilización desencadenada por el desahucio de esta mujer de 87 años, emerge una cuestión menos visible: qué organizaciones articulan el movimiento de inquilinos, de dónde procede su estructura y qué conexiones mantienen con el espacio político situado a la izquierda del PSOE.

En ese entramado destaca el papel de Idra (Institut de Recerca Urbana de Barcelona), una cooperativa dedicada a la investigación urbana y a las políticas públicas de vivienda. Nacida en Barcelona, participó activamente en el proceso que desembocó en la creación del Sindicat de Llogateres, una relación documentada tanto por la propia organización de inquilinos como por diversas investigaciones y documentos públicos.

Esta red constituye una estructura de influencia vinculada originariamente al entorno de los Comuns (la marca de Sumar en Cataluña) que, posteriormente, ha adquirido capacidad para intervenir en la agenda política nacional. Se trata de un entramado de organizaciones, investigadores y activistas cuya trayectoria resulta clave para comprender el conflicto actual sobre el acceso a la vivienda.

Maricarmen esperaba en su casa a que se ejecutase Foto: Europa Press
Maricarmen esperaba en su casa a que se ejecutsde. Foto: Europa Press

La Hidra: el origen barcelonés de una red de influencia

Para entender esta dinámica es necesario examinar el papel de Idra. No se trata de una empresa mercantil convencional, sino de una cooperativa orientada a la investigación urbana, el diseño de políticas públicas y el análisis del mercado inmobiliario.

Su vínculo con el movimiento de inquilinos no responde a una interpretación reciente. La propia historia del Sindicat de Llogateres de Catalunya sitúa a La Hidra entre las entidades que participaron en las reuniones de 2016 previas a su constitución formal en 2017, junto a colectivos como la PAH, el Observatori DESC o la FAVB.

Este antecedente sitúa a Idra en el origen del movimiento organizado de inquilinos en Barcelona, confirmando que no es una alianza puntual surgida a raíz del caso Maricarmen. Uno de los perfiles que ilustra esta convergencia es Jaime Palomera, investigador especializado en vivienda vinculado en registros públicos y documentos institucionales tanto a Idra como al Sindicat de Llogateres.

La interacción entre investigación académica y activismo ha estado integrada desde los comienzos. Idra ha desarrollado proyectos sobre vivienda en colaboración con instituciones públicas, obteniendo financiación a través de licitaciones y subvenciones municipales —como las otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona durante las etapas de gobierno de las confluencias progresistas—, así como mediante fondos europeos Next Generation gestionados por ministerios vinculados al espacio de los Comuns y Sumar.

Los Comuns y Ada Colau: proximidad fundacional frente a estructura orgánica

Al analizar la relación con Barcelona en Comú y el entorno de Ada Colau, conviene diferenciar entre coincidencia ideológica, colaboración institucional y dependencia orgánica.

Diversas informaciones periodísticas han ubicado a Idra entre las entidades afines al proyecto de Colau, vinculando su actividad con convenios y programas promovidos durante su mandato. Si bien esta documentación evidencia una estrecha colaboración en materia de vivienda, no prueba por sí sola que Idra funcione como una estructura orgánica formal del partido.

Esta matización es relevante al emplear el concepto de organización proxy para describir entidades que actúan como instrumentos de influencia sin estar integradas formalmente en un partido. Diversos analistas señalan que este modelo ha permitido articular investigación, activismo, elaboración de argumentarios y capacidad de movilización en el espacio político a la izquierda del PSOE.

Paralelamente, la articulación de este ecosistema pone de manifiesto la existencia de un activismo profesionalizado en torno a la vivienda, donde la producción de conocimiento busca generar un impacto político directo.

Del movimiento barcelonés al caso Maricarmen en Madrid

El salto cualitativo de este movimiento ha sido su consolidación en la capital. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha cobrado un notable protagonismo mediático a raíz del caso de Maricarmen, si bien la defensa del inquilino contaba con un recorrido previo nutrido por las experiencias de Barcelona.

El caso de la mujer de 87 años —desahuciada el 23 de septiembre tras varios aplazamientos y disputas judiciales, y reubicada posteriormente en su vivienda tras un acuerdo que implicó un ajuste del alquiler— funcionó como catalizador. La enorme trascendencia mediática permitió al Sindicato de Inquilinas elevar un conflicto individual a causa nacional y presionar al espacio situado a la izquierda del PSOE.

La organización pasó a exigir un «decreto Maricarmen» con medidas orientadas a elevar la protección de inquilinos vulnerables. La protesta desplazó la discusión de los tribunales al terreno parlamentario. La iniciativa culminó con la votación en el Congreso de los Diputados de dos Reales Decretos negociados por Sumar y el PSOE, los cuales cayeron tras no recabar el apoyo de la mayoría parlamentaria, debido al rechazo de formaciones como PNV y Junts.

El desenlace práctico para Maricarmen se resolvió mediante un acuerdo para permanecer en el inmueble durante ocho años con una renta adaptada a sus ingresos, proceso en el que intervinieron la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y el propio Sindicato de Inquilinas.

Sumar, los Comuns y la batalla por el relato de la vivienda

Es en este punto donde la cuestión adquiere una dimensión política estratégica. El movimiento por la vivienda ha situado sus demandas en el centro del debate intergubernamental, tensionando las relaciones entre el PSOE y sus socios parlamentarios.

El denominado «momento Maricarmen» se ha transformado en una pugna interna en la izquierda por liderar la agenda social y aumentar la presión sobre el Ejecutivo. Las organizaciones sociales con capacidad de movilización han demostrado su aptitud para fijar prioridades legislativas.

El Sindicato de Inquilinas ha ejercido un papel activo en la fiscalización del Gobierno. Esta coordinación refleja la confluencia con el espacio de Sumar y los Comuns, en un contexto marcado por el anuncio del reingreso de Ada Colau a la primera línea política para liderar dicho espacio.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: agencias
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Foto: agencias

La profesionalización del activismo y el nuevo escenario político

Más allá de las adscripciones partidistas, el factor determinante en la capacidad de influencia de estas plataformas es la profesionalización del activismo inmobiliario.

El movimiento contemporáneo ha superado el modelo de protesta puramente espontáneo. La estructura actual integra a investigadores, juristas, comunicadores y portavoces capacitados para redactar informes técnicos, elaborar argumentarios, diseñar campañas en medios y sostener la interlocución institucional.

El debate de fondo trasciende la mera legalidad de la financiación pública de estas entidades; se centra en el destino de los recursos, la evaluación de sus resultados, sus vínculos con actores políticos y el impacto que sus propuestas regulatorias puedan generar sobre el mercado inmobiliario y los pequeños propietarios.

Una discusión de alcance nacional

El caso Maricarmen ha trascendido el ámbito de un litigio arrendaticio para convertirse en un exponente del poder de movilización social en la política estatal.

Asimismo, ha reavivado el enfrentamiento entre dos visiones contrapuestas. Por un lado se encuentra la postura regulatoria, enfocada en la protección intensiva del inquilino, la contención de los precios del alquiler y la intervención pública sobre la propiedad. Por otro lado se sitúa la perspectiva orientada a la oferta, que defiende la ampliación del parque público, el incentivo a la construcción y la facilitación del acceso a la vivienda en propiedad.

Por debajo de esta confrontación subyace la disputa por la hegemonía del discurso público. El caso de Idra y el Sindicat de Llogateres ilustra la evolución desde las plataformas vecinales tradicionales hacia estructuras técnicas y organizadas, capaces de moldear la agenda legislativa y condicionar las relaciones de poder en la izquierda española.

Macrooperación contra el cannabis en Granada: 17 detenidos y 7.400 plantas incautadas

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investiga a otras 36 por cultivo y tráfico de marihuana en quince municipios de Granada. El dispositivo se ha saldado con 7.382 plantas de cannabis intervenidas y más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas, según el balance difundido por la Guardia Civil.

En el dispositivo han participado distintas unidades de la Comandancia de Granada, que han actuado en quince términos municipales de la provincia, según la información facilitada.

Cómo se desarrolló el dispositivo y qué se ha incautado

El balance de la operación incluye 7.382 plantas de cannabis, una cifra que en el recuento difundido se redondea en 7.400. A ello se suman más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas de marihuana, además de cinco armas de fuego y abundante munición.

  • 7.382 plantas de cannabis intervenidas.
  • Más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas de marihuana.
  • Cinco armas de fuego y abundante munición.

Entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre se han ejecutado las cuatro jornadas del dispositivo, que se cierra con 17 detenidos y 36 investigados. Las plantaciones de interior requieren un consumo eléctrico elevado y suelen conectarse de forma ilegal a la red, el delito de defraudación que aparece en este tipo de investigaciones.

La investigación sigue abierta. No hay más detenidos confirmados por ahora.

La Guardia Civil ha intervenido 7.382 plantas y cinco armas de fuego en quince municipios, sin que el balance detalle las detenciones por localidad.

Qué delitos se atribuyen a los detenidos y a los investigados

Entre los delitos que se atribuyen a los implicados figuran el cultivo y el tráfico de marihuana, la defraudación de fluido eléctrico (el enganche ilegal a la red para alimentar las plantaciones) y la pertenencia a organización criminal (una estructura estable dedicada a cometer delitos).

Ninguno de los 17 detenidos ni de los 36 investigados ha sido condenado. Los primeros figuran como presuntos autores (a quienes se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena) y los segundos mantienen la condición de investigados (la persona sobre la que recaen indicios, antes denominada imputado).

La presunción de inocencia se mantiene intacta para todos ellos.

Qué datos están confirmados y cuáles no constan

El balance oficial confirma 17 detenciones y 36 personas investigadas, 7.382 plantas intervenidas, más de 15 kilos de cogollos y sumidades floridas, cinco armas de fuego, y abundante munición, en quince localidades de la provincia.

Fuera de esos extremos, la información difundida no incluye la identidad de los arrestados, la relación de los municipios afectados, el desglose de las incautaciones ni el número de registros practicados.

En qué fase está la investigación y qué puede pasar ahora

En este tipo de operaciones, el atestado (el documento policial que recoge las primeras actuaciones) se pone a disposición del juzgado, que asume la instrucción (la fase del proceso penal en la que el juez investiga los hechos).

Por el momento no se ha anunciado el cierre de la operación cannabis Granada ni nuevas detenciones. Los 17 arrestados y las 36 personas investigadas quedan vinculados a un procedimiento que continúa abierto en la provincia de Granada.

BlueNewables y Naturgy instalan en el Puerto de Valencia el primer demostrador de solar flotante marina de España

BlueNewables y Naturgy han instalado en el Puerto de Valencia el primer demostrador precomercial de solar flotante marina de España: 1 MW repartido en dos plataformas que ya se someten a pruebas en condiciones reales de mar.

El objetivo no es batir un récord de generación, sino responder a preguntas que ninguna simulación resuelve: cómo rinde la fotovoltaica offshore con sal, oleaje y viento encima, cuánto cuesta mantenerla y cómo se integra en una infraestructura portuaria que no se detiene. El demostrador medirá rendimiento, pero también requisitos de operación y mantenimiento y su encaje en el tráfico y los servicios del puerto.

Vamos a los datos.

Dos plataformas de 500 kW con nombre de municipio golpeado por la DANA

El demostrador se compone de dos plataformas fotovoltaicas de 500 kW cada una, construidas en el astillero San Enrique, en Vigo. La primera se botó en el astillero el pasado mes de mayo y después viajó hasta el Puerto de Valencia para iniciar las pruebas. Las dos unidades van a operar conectadas a la red portuaria, no en un circuito aislado de laboratorio.

Las dos unidades se llaman Paiporta y Catarroja, los nombres de dos municipios valencianos golpeados por la DANA de 2024. El homenaje es simbólico, pero sitúa el proyecto en el territorio que lo acoge y recuerda que la transición energética también se financia con fondos de reconstrucción y adaptación climática.

La tecnología empleada es PV-bos, una solución de fotovoltaica flotante pensada para emplazamientos donde el suelo es escaso o caro, para puertos, sistemas insulares y zonas con capacidad de red limitada. Su diseño modular permite adaptar el sistema a distintos sitios y escalas de proyecto, algo clave cuando el objetivo es replicar: si el dato sale bien en Valencia, la plantilla técnica se puede copiar en otros puertos.

Un megavatio en el agua no busca un récord de generación: busca el dato que dirá si la fotovoltaica resiste el mar.

La letra pequeña: quién financia y qué se mide durante dos años

El demostrador forma parte de Renmarinas Valenciaport, una iniciativa financiada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con fondos europeos NextGenerationEU. Ahí está el primer dato de rigor: no es un escaparate de marketing, es un proyecto con dinero público y obligación de reportar resultados ante ante el IDAE.

Para hacerlo posible, la Autoridad Portuaria de Valencia ha habilitado una zona de ensayos con la infraestructura necesaria para conectar los demostradores y verter a la red la electricidad que generan. Esa infraestructura quedará disponible para futuros proyectos de renovables marinas, lo que convierte al puerto en un banco de pruebas reutilizable en lugar de en una instalación de un solo uso.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Capacidad instalada: 1 MW, repartido en dos plataformas de 500 kW cada una.
  • Tecnología: PV-bos, solución fotovoltaica flotante modular para espacios con poco suelo o con red saturada.
  • Financiación: iniciativa Renmarinas Valenciaport, con fondos del IDAE y de NextGenerationEU. Importe no detallado en la fuente oficial.
  • CO2 evitado: no cuantificado en esta fase; el demostrador mide rendimiento y mantenimiento, no generación comercial a escala.

Durante dos años, BlueNewables y Naturgy intercambiarán información técnica, operativa, económica y estratégica recogida en las pruebas y en el seguimiento posterior. Se analizarán el rendimiento del sistema, las incidencias técnicas, los costes de operación y mantenimiento y las lecciones aprendidas. Los costes son, precisamente, la variable que decide si una tecnología pasa de piloto a negocio.

Lo que este megavatio dice del futuro energético (y lo que todavía no resuelve)

La fotovoltaica flotante ya opera sobre embalses y láminas de agua interiores, donde el entorno es controlado y el mantenimiento, más barato. El salto al mar añade corrosión, bioincrustación, oleaje y una logística de mantenimiento mucho más cara. De ahí que el demostrador valenciano no busque vatios, sino costes: el dato que dirá si la solar flotante marina compite o se queda en nicho. Sin esa cifra, cualquier promesa sobre esta tecnología es una intención, no un hecho.

El marco empuja en esa dirección. El objetivo europeo de triplicar la capacidad renovable y el paquete Fit for 55 exigen suelo, tejado y, cada vez más, agua. Países como Países Bajos y Noruega llevan años probando pilotos offshore, y España entra ahora en esa liga con un pilotaje pequeño pero verificable. Queda la pregunta incómoda: 1 MW no electrifica nada relevante. Su valor es el método. Si el Puerto de Valencia consigue datos sólidos de O&M, la siguiente convocatoria hablará de decenas de megavatios y no de dos plataformas.

La letra pequeña manda. Un demostrador no descarboniza por sí solo, pero fija el precio real de hacerlo.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: Un megavatio de generación fotovoltaica probado en agua salada, con datos reales de rendimiento y mantenimiento abiertos al sector.
  • Modelo que cambia: El puerto deja de ser solo infraestructura logística y se convierte en banco de pruebas energético con conexión a red compartida.
  • Para las próximas generaciones: Si los costes de operación bajan, el mar y los puertos suman superficie renovable sin ocupar suelo agrícola ni urbano.

Francia activa Hypairion: cazas tripulados con drones de combate IA en 2028

El Ejército del Aire francés quiere que sus cazas tripulados vuelen en formación con drones de combate IA en 2028. El proyecto se llama Hypairion y lo presentó esta semana en París el coronel Cédric, responsable de la oficina de desarrollo de capacidades de la Fuerza Aérea y Espacial, identificado solo por su nombre de pila conforme a la política del Ministerio de las Fuerzas Armadas. La información la adelantó Defense News.

Hypairion o cómo el Estado francés quiere quedarse con el código

No es un avión nuevo. Es otra forma de construir el software que gobierna los aviones. Junto a la Dirección General de Armamento (DGA) y a la Agencia Ministerial de IA para la Defensa (Amiad), la Fuerza Aérea busca una arquitectura abierta y modular para sus aeronaves de combate y una IA soberana que deje al Estado el control de los sistemas críticos, en lugar de depender de las empresas que los fabrican.

La idea que resume el programa la puso el propio coronel Cédric: dotar a la Fuerza Aérea de ‘arquitecturas abiertas, modulares y propiedad del Gobierno‘. El diagnóstico de fondo es otro. Quieren escapar de los sistemas propietarios que ‘encierran los sensores y el armamento’ bajo una llave comercial que no controlan.

Amiad aportará la IA soberana en dos terrenos concretos: el mando y control y la autonomía de misión. El coronel Thibault, director adjunto de aplicaciones de IA de la agencia, define esa autonomía como la inteligencia artificial que asiste a los pilotos en la planificación, en las decisiones en vuelo y en el análisis posterior. La agencia ya emplea herramientas similares en el proyecto de robótica terrestre Pendragon, del Ejército de Tierra francés, y de allí importa el modelo: un hub industrial abierto a grandes contratistas y a startups que podrán entrar y salir del proyecto mientras la capacidad crítica se queda en casa.

Los primeros usos que se probarán no son espectaculares. Optimización de rutas de vuelo, decisiones tácticas como cuándo emplear armamento aire-aire o aire-suelo, consumo energético, e interoperabilidad entre sistemas. La primera fase de Hypairion no perseguirá una capacidad operativa, sino entender qué aguanta la máquina.

La diferencia no está en el dron, sino en quién guarda el código: París quiere el software crítico dentro del Estado, no en el balance de un contratista.

El banco de pruebas ya está en Mont-de-Marsan, en el suroeste del país, sede del Escuadrón de Caza y Experimentación. Allí se modifican dos Mirage 2000 con un ordenador nuevo que permitirá ensayar todo tipo de casos de uso desde finales de este año. La aeronave no tripulada que volará en 2028 será una plataforma de ensayo y puede que no sea el loyal wingman definitivo del Rafale, aunque la experimentación servirá para elegir el aparato adecuado más adelante.

El Rafale F5 no llegará hasta 2033, pero la conexión empieza antes

La DGA fija en 2033 la primera versión del estándar F5 del Rafale, una revisión de medio ciclo de vida del aparato. El ingeniero general de armamento Sébastien, responsable del programa, explica que el trabajo sobre plataformas colaborativas se hará dentro del marco del actual estándar F4. La tableta conectada al sistema de misión ya introdujo un primer nivel de apertura; el F5 ampliará los datos disponibles, dará acceso a los recursos de cálculo del sistema y mejorará la conexión con los enlaces de datos.

Eso permitirá, según Sébastien, controlar plataformas autónomas de combate desde el propio Rafale sin esperar al despliegue del F5. El argumento es la carga cognitiva: el piloto del futuro tendrá que gestionar tal volumen de información que la IA deja de ser un adorno y pasa a ser un requisito de superioridad aérea. Un ejemplo concreto es el pod de designación láser Talios, de Thales, cuya entrega al Ejército del Aire está prevista para 2027 y que barre una zona para ofrecer a la tripulación una lista de objetivos potenciales.

Francia no contempla un futuro solo de aparatos no tripulados. Ni por ética ni por operatividad. ‘Los humanos pueden ser aumentados o complementados por la IA, pero la evaluación de la situación operativa y el juicio táctico siguen siendo dominio exclusivo del ser humano’, sostiene el coronel Cédric. La decisión de emplear armamento seguirá siendo humana porque la IA se equivoca. Su imagen del futuro es la de ‘ordenadores voladores’: máquinas a las que se cambia el teclado o el software sin comprometer la seguridad del vuelo.

Equilibrio de Poder

Estados Unidos lleva ventaja en el concepto. Su Fuerza Aérea ya tiene en vuelo los primeros aviones de combate colaborativo, los CCA, con dos prototipos seleccionados: el YFQ-42A de General Atomics y el YFQ-44A de Anduril. Moscú ha probado el S-70 Okhotnik escoltando al Su-57 en Ucrania con resultados accidentados. Europa, mientras, discute.

Y ahí entra España. El FCAS, el sistema de combate aéreo del futuro que París, Berlín y Madrid comparten, se juega en este terreno. Si Francia desarrolla su IA soberana y su arquitectura propia en paralelo, el reparto industrial del programa europeo queda tocado: Indra aspira a ser columna vertebral tecnológica en el pilar de sensores y redes, y Madrid no puede permitirse ser comparsa en el software que decidirá quién dispara. El pulso entre Dassault y Airbus lleva años marcando el paso, y un Hypairion operativo en 2028 dará a los franceses una ventaja negociadora evidente.

La lectura a cinco o diez años es incómoda para el conjunto de la UE. Francia repite la jugada que ya ensayó en 1966, cuando De Gaulle sacó al país del mando integrado de la OTAN para no depender de Washington. Hoy el objeto de la desconfianza no es un misil, sino una actualización de software. El riesgo es una Europa con capacidades nacionales brillantes e incompatibles entre sí, justo cuando la frontera sur, con Marruecos consolidando su propia flota no tripulada, exige a Madrid interoperabilidad real y no folletos industriales.

El primer vuelo a escala real de drones de combate junto a cazas está en 2028. El estándar F5 del Rafale, en 2033. Entre esas dos fechas se decidirá si el FCAS es un programa compartido o una etiqueta que tape tres programas nacionales. En esta redacción lo seguiremos con una pregunta fija: quién controla el código que vuela, y quién asume el coste cuando ese código falle.

Arabia Saudí prepara una ofensiva de 100.000 yemeníes contra los hutíes para romper el bloqueo del Mar Rojo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Arabia Saudí prepara una ofensiva contra los hutíes en Yemen con más de 100.000 efectivos yemeníes sobre el terreno y apoyo aéreo saudí. Hay dos opciones sobre la mesa: una operación limitada para recuperar la costa de Bab el-Mandeb o una ofensiva sincronizada en varios frentes.
  • ¿Quién está detrás? Riad dirige la operación a través de fuerzas yemeníes que supervisa. Washington aporta inteligencia y asesores; Pakistán y Turquía suministran equipo; Francia enviará sistemas defensivos a Yanbu. Los hutíes, respaldados por Irán, niegan el ataque de la coalición contra Medina.
  • ¿Qué impacto tiene? Bab el-Mandeb es la salida sur del mar Rojo y, este año, la alternativa de facto al estrecho de Ormuz, cerrado de hecho por el conflicto con Irán. Cualquier escalada mueve el precio del crudo, los fletes y la inflación en España.

Arabia Saudí ultima una ofensiva contra los hutíes para romper el bloqueo del mar Rojo, con hasta 100.000 efectivos yemeníes y apoyo aéreo de Riad. Según seis fuentes regionales y occidentales consultadas por Reuters, la operación podría lanzarse en cuestión de semanas.

Dos planes sobre la mesa y una ventana que llega hasta noviembre

Las opciones que maneja Riad son dos. La primera es una operación de alcance limitado para recuperar la franja costera que los hutíes tomaron el mes pasado y devolver Bab el-Mandeb a una situación parecida a la anterior a ese avance. La segunda, bastante más ambiciosa, contempla ataques sincronizados en varios frentes con las gobernaciones de Al-Bayda, Marib, Taiz y Al-Jawf como ejes. Dependiendo de la escala, podrían movilizarse más de 100.000 tropas yemeníes, siempre según las mismas fuentes.

El problema no es el número, sino la cohesión. Las fuerzas yemeníes anti-hutíes están fracturadas desde hace años y arrastran la ruptura que estalló el invierno pasado, cuando los combatientes del sur respaldados por Emiratos Árabes Unidos intentaron tomar territorio en el este y anunciar planes de secesión; acabaron derrotados por milicias sostenidas por Riad tras una serie de choques. El analista yemení Mohammed Albasha lo resume sin adornos: ‘Muchas fuerzas anti-hutíes todavía no están organizadas ni preparadas para una ofensiva sostenida’. Ali Shihabi, analista saudí próximo al pensamiento oficial, añade que ‘el éxito depende en gran medida de la calidad del desempeño de las fuerzas locales’. El precedente pesa.

Alrededor de la operación se ha ido tejiendo una coalición de apoyo que evita, por ahora, el combate directo. Washington aporta asesores militares e inteligencia, incluida información de objetivos para los ataques aéreos saudíes, aunque con un techo conocido: Trump rechazó las peticiones de Mohammed bin Salman de respaldo directo, como bombardeos. Pakistán envió el mes pasado cuatro aviones de carga a Adén con sistemas de defensa aérea, artillería ligera, drones y sistemas antidrón, y mantiene asesores sobre el terreno.

Islamabad ha desplegado además entre 30.000 y 40.000 militares en Arabia Saudí para proteger fronteras terrestres e interceptar drones y misiles, en oleadas que comenzaron el año pasado y se han acelerado con la escalada reciente. No obstante, no ha decidido enviar tropas a Yemen en capacidad de combate. Turquía ha puesto en vuelo sobre Yemen drones adquiridos antes de la guerra actual y Francia ha anunciado el envío de sistemas defensivos y tropas para proteger Yanbu, el puerto saudí del mar Rojo.

Del otro lado del tablero, los hutíes se han convertido en el aliado más formidable de Irán en Oriente Próximo desde que Israel degradó a Hezbolá en el Líbano. La tregua acordada en 2022 aguantó a grandes rasgos hasta este año, cuando el grupo lanzó ataques con misiles y drones contra el transporte marítimo saudí y contra infraestructura petrolera, un derrame directo de la guerra con Irán. Los hutíes niegan, eso sí, el ataque que la coalición les atribuye contra Medina.

Riad no necesita ganar en Yemen para respirar: le basta con arrebatarle a los hutíes la llave de Bab el-Mandeb.

Riad ha concluido que no puede sentarse a negociar la paz en Yemen mientras los hutíes conserven el control del estrecho, porque ese control les da una palanca de alcance global. Las estimaciones de lanzamiento varían entre esta misma semana y después de las elecciones legislativas estadounidenses de principios de noviembre. El calendario no es casual.

El estrecho que sostiene el comercio europeo

hutíes Yemen

Bab el-Mandeb es la salida sur del mar Rojo y el paso obligado entre el Mediterráneo y Asia. Este año ha ganado peso porque el estrecho de Ormuz, la otra gran autopista energética del planeta, está cerrado de hecho por el conflicto con Irán. En términos prácticos: si el paso se estrangula, los buques que unen Asia con Europa alargan su ruta y suman miles de kilómetros alrededor del cabo de Buena Esperanza.

Para España eso se traduce en tres facturas. La primera es energética: cualquier prima de riesgo sobre el crudo del Golfo llega a la bombona, al diésel y al transporte. La segunda es logística: los fletes y los seguros marítimos encarecen las importaciones y golpean a los exportadores que despachan hacia Asia. La tercera es de posición: España declinó sumarse a la Operación Aspides, la misión naval europea en el mar Rojo, y sigue el conflicto desde fuera de la maniobra, con menos acceso a la información de primera mano en una zona que condiciona su suministro.

Equilibrio de Poder

Washington vuelve a moverse con lógica transaccional. Da inteligencia, asesores y cobertura diplomática, pero no quiere aviones sobre Yemen ni bajas propias en el expediente; prefiere que el coste lo asuma Riad y que Europa sostenga la defensa de la ruta. Bruselas, por su parte, ha respondido con el patrón habitual: aportaciones defensivas, alguna fragata y una capacidad industrial de misiles antiaéreos que sigue sin escalar a la velocidad que exige el frente. Francia sí ha dado un paso concreto con el despliegue en Yanbu. Moscú, mientras, no necesita mover un solo batallón para beneficiarse: cada dólar que sube el crudo engorda su caja y cada crisis que retiene a la Armada estadounidense en el mar Rojo la distrae del Indo-Pacífico. Irán obtiene algo parecido: gana relevancia estratégica sin desplegar tropas propias, porque su alianza con los hutíes es hoy su activo más rentable.

La lectura para España tiene dos capas. La inmediata es de precios: una escalada en el mar Rojo se traduce en inflación energética en un país que importa la práctica totalidad de su crudo. La estratégica es de flanco sur: Riad y Abu Dabi son los principales socios del Golfo de Madrid, y una ofensiva prolongada consume recursos que Rabat y el Magreb también miran con atención, porque el Sahel ya está tensionado por actores respaldados desde el Golfo. Si el conflicto se atasca, la presión migratoria y el tráfico de armas en el entorno africano se resentirán.

El riesgo inmediato es doble. Primero, que la ofensiva se lance sin que las fuerzas yemeníes estén coordinadas y que, en lugar de reconquistar la costa, abra una decena de frentes nuevos. Segundo, un golpe hutí contra instalaciones petroleras saudíes para elevar el coste político del envite, con el precedente de Abqaiq y Khurais en 2019, cuando un ataque con drones y misiles dejó fuera de servicio la mitad de la producción saudí en una sola noche. Riad lo sabe y por eso ha reclamado sistemas defensivos a varios aliados.

La próxima ventana crítica es clara: las legislativas estadounidenses de principios de noviembre marcan el límite exterior de la operación, porque a partir de ahí la atención de Washington vuelve a replegarse hacia dentro. Seguimos con cautela los indicadores OSINT de movimiento de tropas en Marib y Al-Jawf y los informes que el ISW publique en las próximas semanas. Habrá que ver también si la Unión Europea aprovecha la crisis para revisar su papel en el mar Rojo o si vuelve a dejar que el comercio europeo dependa de la eficacia de fuerzas locales que llevan una década sin coordinar.

Isabel Rodríguez acusa a PP, Vox y Junts de elegir a «los buitres» al tumbar los decretos de vivienda del PSOE

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros. El primero, sobre desahucios, alquileres y compra por fondos, ha caído por 178 votos frente a 172; el segundo, sobre renovación de contratos de alquiler, por 184 a 166.
  • ¿Quién está detrás? La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acusa a PP, Vox, Junts y UPN de elegir a ‘los buitres’, y la portavoz del PSOE, Mínguez, que mantiene abierta la negociación.
  • ¿Qué impacto tiene? Decaen las medidas de protección frente a desahucios, de control de alquileres y de freno a la compra de vivienda por fondos, con efecto inmediato sobre inquilinos y familias con rentas ajustadas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado este viernes a PP, Vox, Junts y UPN de haber elegido a ‘los buitres’ al tumbar en el Congreso los dos decretos de vivienda del PSOE. La dirección socialista enmarca la derrota parlamentaria como un paréntesis forzado, no como un punto final.

Rodríguez se ha limitado a reconocer, ante los periodistas y tras el Pleno, que se siente ‘muy decepcionada’. Poco después ha trasladado su posición a las redes sociales: ‘Entre la gente y los buitres, PP, Vox, Junts y UPN han elegido buitres. La historia les juzgará’.

El Pleno rechaza los dos decretos: votos, articulado y alcance

Las dos normas han caído por márgenes distintos y con mayorías cambiantes. El primer decreto —con medidas sobre desahucios, alquileres y compra de vivienda por fondos— ha sido rechazado por 178 votos frente a 172 apoyos, según el registro del Pleno del Congreso de los Diputados. El segundo, relativo a la renovación de contratos de alquiler, ha obtenido 166 votos a favor y 184 en contra. Los dos textos, aprobados esta semana en el Consejo de Ministros, decaen en su integridad.

El contenido que se pierde era de marcado carácter social. La primera norma ponía el foco en los desahucios, en el mercado del alquiler y en la compra de vivienda por parte de fondos de inversión, ese flanco que la ministra ha resumido con la palabra ‘buitres. La segunda buscaba dar continuidad a la renovación de los contratos de alquiler, un mecanismo pensado para que los hogares no quedaran expuestos a saltos bruscos del mercado.

Con el rechazo decaen, de golpe, instrumentos que afectaban a inquilinos, a familias con rentas ajustadas y a pequeños propietarios. El Gobierno pierde una parte de su agenda de vivienda en la Cámara, eso sí, conserva el argumento: quien vota contra estas medidas vota, en su lectura, contra la gente.

Una cosa es perder una votación y otra renunciar al relato: Ferraz ha decidido librar la segunda batalla en el terreno de los valores.

Por qué Ferraz no da la batalla por perdida

La portavoz del PSOE, Mínguez, ha mantenido abierta la vía de la negociación ‘hasta el último minuto’ y ha calificado de ‘incomprensible’ que Junts no la aprovechara antes del Pleno. En Ferraz se habla de un ‘día de la verdad’ y se deja la puerta abierta a que los textos regresen a la Cámara por otra vía.

La lectura interna es que la mayoría que sostiene al Ejecutivo sigue existiendo, pero se ha fracturado en un asunto de alta sensibilidad social. Ferraz sostiene que el encaje con los socios —ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís, además de Junts— sigue siendo posible en otras materias y que lo ocurrido no anticipa un bloqueo general de la legislatura.

El Eje del Poder Socialista

El movimiento tiene tres capas. La primera es el pulso interno: la dirección federal que lidera Pedro Sánchez evita el lenguaje de la crisis y ordena el discurso en torno a los valores. Barones como Emiliano García-Page o Adrián Barbón vienen reclamando que el partido explique mejor sus medidas sociales en el territorio; este revés obliga, precisamente, a afinar ese relato.

La segunda capa es territorial y social. Las comunidades gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y, a través del PSC, Cataluña— vienen desplegando políticas propias de vivienda protegida y de contención de alquileres. El impacto del rechazo no es menor: sin el marco estatal, esas políticas autonómicas pierden una parte de su palanca frente a los grandes tenedores.

La tercera es el riesgo inmediato. El Ejecutivo se queda sin dos normas clave en una de sus materias estrella, justo cuando la vivienda se ha convertido en el eje del debate público. El precedente de la Ley de Vivienda de 2023, aprobada tras un largo pulso parlamentario, demuestra que la agenda puede reencauzarse. Pero también que cada votación perdida deja cicatriz. Próximo hito: la sesión de control de la próxima semana y el calendario de la nueva remisión de los textos.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Blindar la vivienda como derecho frente a quienes priorizan a los fondos y a los ‘buitres’.
  • Protagonista: Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda y Agenda Urbana).
  • Próximo hito: Regreso de los textos a la Cámara y sesión de control de la próxima semana.

Conde-Pumpido exige al PP la renovación del Tribunal Constitucional y Sánchez maniobra para forzarla

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Cándido Conde-Pumpido ha reclamado en un desayuno informativo la renovación del órgano de garantías y ha recordado que se trata de ‘un mandato constitucional’ que el PP mantiene congelado desde hace más de un año.
  • ¿Quién está detrás? El presidente del Tribunal Constitucional y los tres magistrados cuyo relevo corresponde al Senado; el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta; y el Gobierno de Pedro Sánchez, que estudia activar un conflicto de atribuciones.
  • ¿Qué impacto tiene? La renovación decide la mayoría del máximo intérprete de la Constitución. Cuatro de sus doce magistrados trabajan en prórroga desde el 10 de marzo y el Senado tiene hasta el 30 de noviembre para recibir los nombres de los parlamentos autonómicos.

Cándido Conde-Pumpido exige la renovación del Tribunal Constitucional y avisa de que ningún interés político puede superponerse a la Constitución. Lo hizo el pasado jueves, durante un desayuno informativo, con una frase que incomoda al Partido Popular: renovar el tribunal es ‘un mandato constitucional’. Ese mandato lleva más de un año sin cumplirse.

El bloqueo no es nuevo. Los cuatro magistrados que corresponden al Senado —el propio Conde-Pumpido, la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías— cumplieron su mandato de nueve años el pasado 10 de marzo, tal y como fija el artículo 159 de la Constitución, que ordena renovar el tribunal por terceras partes cada tres años. Cuatro de los doce miembros trabajan en prórroga.

Macías llegó al órgano en septiembre de 2024, en sustitución de Alfredo Montoya, que había renunciado al cargo dos años antes. Si el PP pretende mantenerlo, la renovación debe producirse antes de que se cumpla el año. Es un detalle técnico con lectura política: los populares gestionan el reloj para no perder un sillón que consideran propio.

Un mandato constitucional congelado desde hace más de un año

Los números del Senado explican la estrategia. El Grupo Parlamentario Popular suma 145 senadores que, con los de UPN y los tres de Vox, llegan a 149. Están a once votos de la mayoría de tres quintos que exige la designación de los nuevos magistrados. La aritmética no es casual: el PP confía en que las próximas elecciones generales le permitan ampliar esa base y no tener que negociar con el PSOE.

El objetivo es dar la vuelta a la mayoría progresista del órgano de garantías. Si los populares se vieran obligados a pactar, el reparto previsible sería de dos conservadores y dos progresistas —o de tres y uno, según el peso de cada grupo—, y en ambos escenarios la mayoría progresista se mantendría. Por eso no mueven ficha.

El PP no discute el mandato constitucional: discute el calendario, porque solo una mayoría propia en el Senado le garantiza el reparto que busca.

Mientras tanto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha ampliado hasta el 30 de noviembre el plazo para que los parlamentos autonómicos propongan sus nombres. Alega las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía. Llegada esa fecha y con todos los candidatos sobre la mesa, la pelota volvería al tejado popular.

El arma que Moncloa guarda en el cajón: el conflicto de atribuciones

Si el PP se niega entonces a negociar, el Consejo de Ministros podría acordar —según la información publicada por infoLibre— la presentación de un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales ante el propio Tribunal Constitucional. Se trata de un mecanismo —previsto para resolver los choques de competencias entre instituciones del Estado— que también puede activar el Congreso, aunque en ese caso la interposición debe aprobarse en el Pleno y reunir esa mayoría resulta, a día de hoy, bastante más complicado.

Si el tribunal lo estimara, la sentencia sería declarativa. No sustituiría la voluntad política del Senado, pero ejercería una presión difícil de ignorar. La Cámara Alta ya ha recorrido esa vía contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026, en un acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2025 a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que entonces invocaba el artículo 134 de la Constitución.

Conde-Pumpido puso el espejo delante: el mismo órgano que exige al Ejecutivo cumplir con su obligación constitucional es el que incumple el deber de nombrar a cuatro de sus magistrados sin postergar la decisión en función de intereses políticos. La simetría del argumento es la que más incomoda en la bancada popular. Y no es un reproche menor.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz la lectura es inequívoca: el bloqueo del Constitucional es la prolongación del bloqueo del CGPJ, que el PP mantuvo durante cinco años y medio y que dejó al órgano de gobierno de los jueces en un descrédito del que todavía no se ha recuperado. El argumentario socialista señala una pauta, no un caso aislado. Esa pauta es la que Pedro Sánchez quiere poner en el centro del debate público antes de que la legislatura encare su fase decisiva.

El aterrizaje territorial importa. Los parlamentos autonómicos proponen los nombres que después designa el Senado, y ahí el mapa dibuja un pulso entre comunidades gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra o Cataluña— y comunidades del PP. Cuanto más se demore la Cámara Alta, más evidente resulta que el problema no está en las propuestas, sino en la voluntad de quien tiene la llave.

El riesgo inmediato tiene fecha: el 30 de noviembre. A partir de ahí, Moncloa tiene sobre la mesa la activación del conflicto de atribuciones. No es una solución instantánea, ni resuelve por sí sola la renovación. Es, en la práctica, una manera de trasladar al propio tribunal la pregunta que el PP lleva más de un año sin responder. Ahí está el pulso.

Conviene recordar de dónde venimos: la renovación del CGPJ se cerró tras cinco años y medio de bloqueo y el precio lo pagó la credibilidad de la justicia. El Tribunal Constitucional no es un apéndice y decide sobre derechos fundamentales, competencias autonómicas y conflictos entre poderes. Dejar cuatro vacantes en prórroga indefinida no es una jugada táctica, sino un problema de Estado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Cumplir la Constitución no admite cálculos electorales: es el mismo método que paralizó el CGPJ.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE) y Cándido Conde-Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional).
  • Próximo hito: El 30 de noviembre vence el plazo autonómico en el Senado; sin acuerdo, llegaría el conflicto de atribuciones.

Ester Muñoz denuncia el clima de violencia de Sumar en el Congreso: «Ningún diputado me amedrentará»

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez ha increpado en el patio del Congreso a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, con un ‘¡Lo vais a pagar!’, según el relato y la fotografía difundidos por la propia diputada popular.
  • ¿Quién está detrás? El incidente se produce horas antes de la votación de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, a los que el Grupo Parlamentario Popular vota en contra. Sumar sostiene que el grito se refería a las urnas.
  • ¿Qué impacto tiene? Génova eleva el episodio a prueba de la crispación del bloque que sostiene al Gobierno y refuerza su tesis de que los decretos reducirán la oferta de alquiler en toda España.

Ester Muñoz denuncia que un diputado de Compromís-Sumar le gritó ‘¡Lo vais a pagar!’ en el patio del Congreso. La portavoz parlamentaria del PP responde con una advertencia que ya es posición oficial: ‘Ningún diputado me amedrentará’.

El episodio ocurrió esta mañana, cuando la portavoz popular atravesaba el patio de la Cámara Baja junto a otros diputados de su grupo. Según su relato, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo de Sumar, le espetó dos frases: ‘¡Lo vais a pagar! ¡Vais a tener que dar la cara!’. El motivo era el rechazo del PP a los dos decretos de vivienda que se votan hoy en el Pleno.

Muñoz ha llevado el incidente a la red social X, donde ha publicado la fotografía del momento. ‘Ningún diputado me amedrentará con sus gritos, su crispación y su violencia’, ha escrito. Y ha añadido que el Partido Popular no va a dar un paso atrás ‘en la defensa de los españoles y de los más vulnerables’.

De un grito en el patio a una votación nominal en el hemiciclo

Fuentes de Sumar han matizado que la expresión del diputado no era una amenaza, sino una constatación electoral: los populares lo pagarán ‘en las urnas’. La explicación no ha rebajado la temperatura de una mañana áspera en la Cámara.

A la polémica se ha sumado la portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, que ha respaldado la petición de Sumar y del PSOE para que la votación de los dos decretos sea nominal. El procedimiento obliga a llamar a cada diputado por su nombre para que declare su voto desde el escaño, con constancia en el Diario de Sesiones. Traducido: cada ‘no’ queda registrado con nombre y apellidos. ‘Quedaros con sus caras’, ha escrito Sidi en X.

El voto nominal no es una exigencia técnica: es la forma de señalar con el dedo a quien discrepa y de trasladar el debate al terreno de la coacción.

El PP mantiene su posición en en los dos textos. Ni el grito ni la presión ambiental alterarán un voto que, según la dirección nacional, responde a criterios de interés general y no a cálculos de oportunidad.

Los dos decretos de vivienda y su factura en el alquiler

crispación Congreso

El Grupo Parlamentario Popular vota ‘no’ a los dos decretos de vivienda del Consejo de Ministros. El argumentario que repiten sus portavoces es siempre el mismo: intervenir el precio del alquiler sin elevar antes la oferta provoca que los propietarios retiren pisos del mercado, y los primeros que se quedan fuera son los inquilinos con menos recursos.

Muñoz lo ha resumido en su mensaje: ‘Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar’. La tesis popular es que el texto salido del Consejo de Ministros agrava el problema que dice resolver.

El aterrizaje territorial de este debate es inmediato. Las comunidades autónomas donde gobierna el PP concentran buena parte del parque de vivienda en alquiler del país, y en Madrid y Andalucía los ejecutivos populares llevan años aplicando medidas de choque de oferta: avales para jóvenes, agilización de licencias urbanísticas y bonificaciones fiscales a los propietarios que sacan su vivienda al mercado. Fuentes de la dirección nacional subrayan que ese es el camino, y no el de la intervención.

El Eje del Poder Popular

En Génova no hay sorpresa. La dirección nacional lleva meses sosteniendo que la legislatura se ha deslizado hacia un clima en el que el adversario político deja de ser un adversario y pasa a ser un enemigo. El episodio del patio encaja en ese diagnóstico y refuerza la línea fijada por Feijóo en el último Comité de Dirección: firmeza institucional, mano tendida para los grandes pactos de Estado y ninguna concesión al ruido.

El precedente que más se cita estos días en los pasillos es antiguo y elocuente. El ‘váyase, señor González’ con el que José María Aznar interpeló a Felipe González desde la tribuna forma parte de la historia parlamentaria española, pero nunca cruzó la frontera del hemiciclo para convertirse en un grito en el patio. Esa frontera es la que el PP considera traspasada.

Los barones autonómicos comparten el marco. En Madrid y Andalucía, los gobiernos populares han hecho de la política de vivienda una seña de identidad propia, con medidas de oferta que contrastan con el intervencionismo estatal. Y en el Senado, la mayoría popular sigue siendo la palanca parlamentaria con la que el partido puede frenar o enmendar cualquier norma que llegue desde el Congreso.

El riesgo inmediato es otro: que el enfrentamiento verbal se convierta en el marco permanente de la legislatura y desplace los asuntos que de verdad importan a los ciudadanos. La votación de hoy será el primer termómetro. Si el Pleno acaba convertido en una lista pública de señalados, el PP tendrá argumentos sólidos para denunciar coacción. Y Génova, que ya lo ha entendido, no piensa dejarlo pasar.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP defiende a los vulnerables frente a unos decretos de vivienda que encarecerán el alquiler y no acepta la intimidación como método parlamentario.
  • Protagonista: Ester Muñoz (portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso).
  • Próximo hito: Votación en el Pleno del Congreso de los dos decretos de vivienda, previsiblemente con voto nominal y nombre por nombre.

PP, Vox y Junts tumban los decretos de vivienda de Sánchez en el Congreso

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Pleno del Congreso ha rechazado los dos reales decretos de vivienda del Gobierno con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, en una votación nominal solicitada por el PSOE y Sumar.
  • ¿Quién está detrás? El Grupo Parlamentario Popular, con Juan Bravo como portavoz en el debate, en alianza parlamentaria con Vox, Junts y UPN.
  • ¿Qué impacto tiene? Moncloa abre la puerta a un adelanto electoral y la vivienda se convierte en el eje del relato pre-electoral de cara a 2027.

El Pleno del Congreso ha tumbado este viernes los dos reales decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, una derrota parlamentaria que deja a Pedro Sánchez sin su principal bandera legislativa y abre de par en par la puerta a un adelanto electoral.

No hubo giro de guion. La votación, solicitada de forma nominal por el PSOE y Sumar para retratar a los que votaban en contra, terminó con el segundo real decreto, el que incluía los contratos indefinidos de alquiler, cosechando 184 votos en contra. El bloque de la investidura no resistió.

Una votación que retrata al bloque de la investidura

Los decretos eran la respuesta del Gobierno a las protestas desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen, la vecina del Retiro convertida en símbolo de la crisis de la vivienda. Después de ocho años en Moncloa y con la vivienda como principal preocupación ciudadana, Sánchez y sus ministros habían hecho de la calle un escenario más de la batalla política. De nada sirvieron los discursos de ira ni las calles inflamadas de rabia.

Junts no se movió. Su voto era clave y la presión llegó hasta el último minuto, con un Sánchez que, apenas un minuto antes de comenzar la votación, subió a la tribuna para pedirles que abandonaran ‘el cálculo político’ y ‘los argumentarios’ y que ‘sean valientes’. El cierre fue más enigmático: ‘La historia les juzgará antes de lo que creen’.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había recordado antes a los independentistas catalanes que ‘el 90%’ de sus propuestas estaban recogidas en el primer decreto, el único que tenía posibilidad de prosperar y que incluía la prohibición de los desahucios. Se ofreció incluso a tramitarlo como proyecto de ley para incorporar enmiendas. No convenció a Junts, que exigía retirar los dos reales decretos y negociar uno nuevo.

Su portavoz, Miriam Nogueras, se reafirmó: ‘No nos da miedo el chantaje’, afirmó mientras acusaba al Gobierno de ‘alimentar mentiras y falsas esperanzas’ tras ocho años de inacción.

La vivienda ha dejado de ser un problema de gestión para convertirse en el eje sobre el que se reordena todo el tablero parlamentario español.

Desde el PP, Juan Bravo fue el encargado de fijar la posición popular: ‘Han tratado de arreglar en cuatro días lo que han destrozado en ocho años’. Y añadió el dato que Génova quiere instalar en la opinión pública: ‘Desde que ustedes están en el Gobierno, el precio de la vivienda ha subido un 75% y el alquiler un 45%’. La receta del Grupo Parlamentario Popular es inequívoca: más viviendas y menos intervencionismo.

Moncloa se asoma al adelanto electoral

El clima pre-electoral se olía en toda la sesión. Sánchez apenas siguió el pleno: tras la intervención de Rodríguez se fue a la zona del Gobierno y por allí fueron pasando sus ministros, uno a uno o en bloque, todos crípticos, alimentando los rumores. En los pasillos de la Cámara baja las quinielas situaban ya el 29 de noviembre como fecha más plausible para unas generales.

Incluso formaciones que respaldaban el real decreto admitían diferencias, como Coalición Canaria o el PNV. Otros elevaron la presión desde la tribuna, con un Gabriel Rufián que sacó un billete de 50 euros mientras acusaba a Nogueras de ‘imitar a Ayuso’. El diputado de Sumar Alberto Ibáñez vinculó el voto en contra con los suicidios que, auguró, vendrán de personas desahuciadas.

El Eje del Poder Popular

La lectura estratégica en Génova es inequívoca: los decretos eran electoralistas, improvisados y diseñados para tapar ocho años de inacción. La dirección que preside Alberto Núñez Feijóo ha logrado cerrar filas con Vox y Junts sin ceder un ápice de su propio programa, un ejercicio de arquitectura parlamentaria que la cúpula popular considera replicable en el Senado, donde el Grupo Parlamentario Popular cuenta con 120 senadores y la mayoría absoluta más amplia desde 2011.

Conviene recordar el precedente. En 2023, el Senado ya tumbó la Ley de Vivienda con un veto que evidenció la incapacidad del Gobierno para construir mayorías estables. Entonces se corrigió en el Congreso; ahora, con la legislatura en su fase terminal, el margen de maniobra se estrecha.

El aterrizaje territorial es inmediato. Las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, que suman en torno al 60% del PIB nacional, llevan meses aplicando sus propias políticas de vivienda: avales para jóvenes, liberalización de suelo y reducción de cargas administrativas. Madrid, Andalucía, y la Comunidad Valenciana figuran como referencia. Ese es el argumentario que Génova 13 quiere contraponer al discurso del Ejecutivo.

El flanco con Vox, eso sí, sigue siendo el punto delicado. La coincidencia en la votación de este viernes no prejuzga ninguna investidura futura. Lo que ha cambiado, y no es menor, es que la vivienda —terreno en el que los barones populares se mueven cómodos— se convierte en eje del relato electoral. La votación registrada en el Congreso deja una legislatura en el aire y un PP con la iniciativa.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP se posiciona como alternativa solvente frente a un Gobierno que fracasa en su bandera legislativa estrella.
  • Protagonista: Juan Bravo (portavoz económico del GPP del Congreso) y Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
  • Próximo hito: Seguimiento del calendario electoral y posible convocatoria de generales antes de fin de año, con el 29 de noviembre como fecha sobre la mesa.

Adiós al caos en la cocina: el organizador de sartenes de Alcampo por solo 5,99 euros

Abres el armario y las sartenes se te vienen encima. Ese pequeño drama doméstico tiene solución por 5,99 euros: el organizador de sartenes de Alcampo pone orden donde antes había una torre de metal que se caía cada vez que buscabas la pequeña.

La pieza está fabricada en acero inoxidable y admite hasta seis sartenes, tablas, y tapas de olla. Cada utensilio se coloca entre los pivotes, que lo sujetan y al mismo tiempo lo mantienen separado de los demás. Menos drama, más sitio.

Eso se traduce en dos mejoras inmediatas. La primera es que dejas de apilar las sartenes una dentro de otra y el recubrimiento deja de rayarse. La segunda es que coges la que quieres sin desmontar una torre de siete piezas. Para mí, esto último vale más que cualquier promesa antimanchas.

Cabe tanto en armarios de cocina convencionales como en los cajones grandes y hondos que ahora son tendencia. Ahí está su ventaja frente a los portaplatos de toda la vida: no te obliga a un único tipo de menaje.

Pero el detalle más listo es que se pliega. Las bisagras permiten cerrarlo en forma de acordeón, así que ocupa poquísimo cuando no lo usas. Y ese mismo mecanismo sirve para ajustar el ancho de los huecos, lo que soluciona el clásico armario que no mide lo que decía el catálogo. Cuestión de centímetros.

Ordenar una cocina no va de comprar más, sino de comprar lo justo que impide que todo se desparrame.

He probado organizadores parecidos y el error se repite siempre: comprar el modelo más grande que entra, en lugar del que de verdad se ajusta a lo que tienes. Con un formato plegable, ese margen de error se estrecha bastante. Ahí está el truco.

El secreto del éxito

  • Mide antes de montar: el organizador admite anchos distintos al plegarse, pero el armario tiene que cerrar. Comprueba que la puerta no choque con el mango más alto de la sartén.
  • Las gordas, al centro: coloca las sartenes de mayor diámetro y peso en los huecos centrales y reserva los laterales para tablas y tapas, que se retiran menos.
  • Seca antes de guardar: el acero inoxidable no se oxida, pero una sartén húmeda en un hueco cerrado genera humedad y olor a hierro. Un minuto de aire basta.

Qué hay que saber antes de comprarlo

  • Acero inoxidable, resistente a la humedad y fácil de limpiar.
  • Capacidad para seis sartenes, tablas de cortar y tapas de olla.
  • Válido para armarios de cocina y cajones grandes y hondos.
  • Plegable en acordeón: ocupa el mínimo espacio cuando no se usa.
  • Ancho ajustable según el hueco disponible.
  • Precio de referencia: 5,99 euros, que puede variar según tienda.
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Cómo sacarle partido en tres gestos

Vacía el armario por completo antes de colocar nada. Suena obvio y casi nadie lo hace: si instalas el organizador con las sartenes dentro, acabas adaptando el hueco a lo que ya había en lugar de al contrario, que es como debe hacerse.

Después agrupa por tamaño y por uso. La mayoría de las sartenes se coloca mejor con el mango hacia el mismo lado, y así se ganan un par de centímetros de fondo que luego se agradecen. Las de hierro y las antiadherentes grandes van en los huecos centrales, los que soportan más peso sin combarse.

El ajuste del ancho se hace con las bisagras, sin herramientas. Abre el organizador hasta que roce las paredes del armario y comprueba que la puerta cierra sin empujar el asa más alta. Si baila, pliégualo un punto: un dedo de holgura es suficiente.

Y aprovecha los huecos sobrantes para lo que siempre acaba suelto: tapas, bandejas y tablas finas. Cuando cambies de armario o te mudes, se cierra en acordeón y se guarda en cualquier cajón.

Variaciones y alternativas

Si el armario va muy justo de fondo, la alternativa habitual es un organizador de rejilla con separadores fijos. Ocupa algo menos de alto, pero pierde la gracia del plegado: no se adapta al hueco y no lo puedes guardar cuando no lo necesitas.

Para las tapas de olla existen soportes específicos de acero inoxidable que se atornillan a la puerta. Son prácticos, aunque yo prefiero mantener la puerta libre: en una cocina pequeña, cada centímetro de apertura cuenta.

Si lo que quieres es resolver también las ollas, hay modelos de más capacidad y varios compartimentos, con precios que rondan los 20 euros en las tiendas de siempre. Para seis sartenes y algo de tablas, el de Alcampo cumple y sobra.

En cuanto a la limpieza, poca ciencia: un paño húmedo y, si hay grasa acumulada, agua tibia con unas gotas de lavavajillas. Nada de estropajos metálicos, que dejan microarañazos en el acero y después se ven.

Puedes localizarlo en la web oficial de Alcampo y en sus supermercados. Y no falla: en cuanto lo pruebas, el horno deja de ser el aparcamiento de las sartenes.

Feijóo reta a Sánchez a convocar elecciones generales por la vivienda: «Estoy listo»

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Feijóo ha exigido después la convocatoria inmediata de elecciones generales.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular), en rueda de prensa este viernes en el Congreso.
  • ¿Qué impacto tiene? Moncloa pierde sus dos normas estrella en la materia y la oposición instala la tesis de que la legislatura ha entrado en su tramo final.

Feijóo reta a Sánchez a convocar elecciones generales tras el varapalo del Congreso a los dos decretos de vivienda. Y lo hace sin ambages: ‘Estoy listo’.

El presidente nacional del Partido Popular ha comparecido en la sala de prensa de la Cámara Baja minutos después de que el Pleno del Congreso tumbara los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros. La votación ha dejado una mayoría inédita en esta legislatura: PP, Vox, Junts y UPN han coincidido en el ‘no’.

De la derrota parlamentaria al órdago electoral

Feijóo no se ha limitado a celebrar el resultado. Ha convertido la derrota del Gobierno en una exigencia formal: que Sánchez disuelva las Cortes y ponga fecha a las urnas. ‘Si necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, acepto el reto. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha’, ha declarado en el Congreso.

El líder del PP respondía así a las informaciones que sitúan los comicios el 29 de noviembre, una fecha que nadie ha confirmado en Moncloa. Su consejo a Sánchez ha sido el opuesto a la prudencia: que no se guarde la fecha ‘ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida’. ‘Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes’.

La jornada, en palabras del propio Feijóo, ha sido una de las ‘más vergonzosas’ de la legislatura. Su tesis es sencilla: el problema de la vivienda ‘no se soluciona con decretos, se soluciona construyendo viviendas’. Y se apoya en un dato que el PP repite desde hace meses: es la legislatura en la que más ha crecido la población y menos vivienda nueva se ha construido, según el Observatorio del Ministerio de Vivienda. Los populares cifran en un millón las viviendas que faltan. La política social de vivienda corresponde al Estado, ha recordado, y el Estado debe garantizar ‘la seguridad de la propiedad’.

El cálculo electoral que Feijóo atribuye a Moncloa tiene un coste medible: dos normas menos en el BOE y un argumento más en manos de la oposición.

Vivienda, calendario y el coste de gobernar contra el Parlamento

Sobre las manifestaciones convocadas este fin de semana, el líder popular ha expresado su respeto al derecho de reunión y ha confiado en que las protestas ‘elijan contra quién’ se dirigen. Si en España ahora resulta que hay manifestaciones contra el que no gobierna, probablemente la gente se dé cuenta’, ha apuntado. Preguntado por la advertencia de Sánchez a PP y Junts —’la historia les juzgará antes de lo que creen’—, Feijóo ha sido tajante: al presidente del Gobierno ‘no le cree nadie’.

El rechazo de los dos decretos deja a Moncloa sin sus normas estrella en la materia. Y abre una pregunta de fondo: qué modelo de vivienda aplica España. Feijóo ha señalado en en varias ocasiones que lo que se ha pretendido es trasladar al conjunto del país la política de la Generalitat, la autonomía donde ‘más ha bajado la oferta de pisos de alquiler’, donde ‘más han subido las ocupaciones ilegales’ y donde ‘más desahucios se han ejecutado’. ‘No creo que este sea el modelo que los españoles queramos comprar’, ha apostillado.

El Eje del Poder Popular

Génova llega a esta votación con el flanco interno ordenado. Los once gobiernos autonómicos del PP —que suman alrededor del 60% del PIB del país— llevan meses exhibiendo política propia de suelo, rebajas fiscales a la compra y agilización de licencias, y ese es el material con el que el partido piensa pelear el relato de la vivienda en la próxima campaña. Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía han hecho de la materia un asunto de gestión, no de consigna. La dirección nacional tampoco improvisa el órdago: los populares reclamaban elecciones desde antes de que cayeran los decretos.

El precedente que maneja la cúpula es la legislatura 2019-2023, cuando el Senado y los recursos ante el Tribunal Constitucional se convirtieron en la herramienta principal del partido frente al Ejecutivo. Hoy la Cámara Alta sigue en manos del Grupo Parlamentario Popular, y Génova no descarta volver a utilizarla si Moncloa insiste en legislar por decreto. El riesgo es otro: si Sánchez convoca elecciones con la vivienda como coartada, el PP tendrá que competir con Vox en un terreno donde ambos votan lo mismo en el Congreso, pero no se dirigen al mismo electorado. La próxima sesión de control y el primer Pleno del Senado de octubre serán las plazas donde el partido medirá si su ‘no’ se traduce en desgaste del Gobierno. Ahí se sabrá si el órdago fue un gesto o una estrategia.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: España no aguanta más; el PP está listo para gobernar mientras el Ejecutivo pierde las Cortes y la calle.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
  • Próximo hito: La próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso y el primer Pleno del Senado de octubre, con la fecha electoral aún sin confirmar por Moncloa.