OpenAI desvela un bypass de cifrado en el robo de modelos IA y señala a MoonshotAI

Alejandro Suárez
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OpenAI desvela un bypass de cifrado en el robo de modelos IA y señala a MoonshotAI

OpenAI sostiene que un grupo vinculado a la china MoonshotAI explotó un fallo en el robo de modelos IA el pasado julio. La compañía dice haber desarticulado una campaña coordinada de extracción de razonamiento que se prolongó durante cuatro semanas.

Cómo se extrae el razonamiento de un modelo sin tocar su caja fuerte

La cronología que maneja OpenAI es precisa. El 1 de julio detectaron actividad de bajo nivel. Para el 24 y el 25 de ese mes ya habían identificado dieciséis mil prompts procedentes de cuatro mil cuentas con un patrón de extracción idéntico. El 28 de julio el número de usuarios sospechosos había escalado hasta los quince mil, y ese día la compañía dice haber neutralizado la operación por completo.

El método, que la propia firma califica de novel, no requiere romper ningún cifrado. Los operadores copiaban datos de razonamiento cifrados de una conversación y, en una segunda conversación distinta, pedían al modelo que descifrara ese contenido y lo transcribiera en texto plano. Un rodeo de manual. La misma lógica que un dead drop: no fuerzas la caja fuerte, convences a quien tiene la llave de que te la abra.

OpenAI lo admite con una precisión que le honra y que, a la vez, revela lo ajustado de su diagnóstico. En la entrada de blog sin firma, la compañía asegura que los operadores ‘no rompieron nuestro cifrado, no comprometieron una base de datos ni obtuvieron acceso directo a conversaciones almacenadas’. Lo que hicieron fue manipular las interacciones con el modelo para reproducir el razonamiento protegido en formas visibles para el solicitante.

La atribución, sin embargo, es otra cosa. OpenAI apunta a ‘individuos que trabajan en nombre de Moonshot AI’ como responsables de un núcleo de la actividad, pero no cita ni una sola prueba técnica que respalde la acusación. En atribución de ciberoperaciones, lo que no se demuestra no existe.

Y esta no se ha demostrado.

En el oficio hay una regla vieja: la atribución sin evidencia pública es propaganda hasta que alguien la firma con datos. Aquí, nadie la ha firmado.

Moonshot AI no ha respondido públicamente a las preguntas de los medios que cubrieron la noticia. Su modelo Kimi, de código abierto, compite en coste y rendimiento con las herramientas estadounidenses. Permítame que le ponga en contexto: no es la primera vez que se acusa a una empresa china de destilación sistemática. Google y varias firmas de ciberseguridad sostienen desde hace meses que compañías chinas compran cuentas en mercados grises para inundar Claude y ChatGPT con millones de prompts.

Quince mil cuentas sospechosas y una atribución que nadie firma

MoonshotAI

La propia OpenAI reconoce que no está claro si toda la actividad está relacionada entre sí. Ese matiz, enterrado en el cuarto párrafo de su comunicado, es el más importante del caso. Hablamos de un conglomerado de comportamientos que comparten patrón, no de una operación monolítica. La distinción entre una campaña estatal y un puñado de usuarios espabilados es, en este terreno, la diferencia entre un incidente de contrainteligencia y una violación de términos de servicio.

También admite la compañía que la misma vulnerabilidad existe en otros modelos. Y que investigadores externos le reportaron un fallo similar en agosto. Ahí tiene usted la clave técnica del asunto: no era exclusivo de OpenAI. La diferencia es que OpenAI lo detectó, lo parcheó y lo contó. Otras firmas, me consta por fuentes del sector, han preferido el silencio.

Las medidas anunciadas son las esperables. Bloqueo de cuentas infractoras, refuerzo de los controles de alta y de la infraestructura, ampliación de la monitorización de red y corrección del fallo que permitía tomar datos cifrados de una conversación, y descifrarlos en otra.

Todo correcto. Todo tardío.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Vector de amenaza: extracción de capacidades por manipulación de interfaz. No hay zero-day, no hay backdoor, no hay compromiso de infraestructura. Es una vulnerabilidad de diseño explotada a escala industrial mediante prompts automatizados. En el catálogo del oficio se parece más a una filtración por lógica de negocio que a un ciberataque clásico.

Agencias implicadas. Quien ataca, según la acusación unilateral de OpenAI, serían individuos vinculados a Moonshot AI, empresa privada china sin atribución estatal confirmada. Quien defiende es la propia OpenAI, con apoyo técnico del Frontier Model Forum, donde se sientan también Anthropic, Google y Microsoft. Quien mira son los gobiernos de Washington y Pekín, que llevan meses librando esta guerra en el terreno de la IA sin declararla formalmente.

No hay servicio de inteligencia español directamente implicado, pero conviene recordar que la destilación de conocimiento es una técnica documentada desde hace años en el aprendizaje automático, y el CCN-CERT la sigue de cerca por su impacto sobre la industria nacional.

Nivel de clasificación estimado: Sin Clasificar pero Sensible. Los prompts, las cuentas y la metodología no constituyen material clasificado en sentido estricto, pero el incidente revela una vulnerabilidad de diseño comercialmente crítica para toda la industria de modelos fundacionales. A juzgar por la naturaleza del dato, estimo que OpenAI ha compartido más con el Frontier Model Forum de lo que ha hecho público.

El precedente del oficio es claro. En 2020, la operación SolarWinds demostró que un actor estatal podía penetrar cientos de redes corporativas y gubernamentales sin que nadie lo detectara durante meses. La lección no fue que hubiera un fallo puntual, sino que el modelo de confianza en la cadena de suministro tecnológico era estructuralmente frágil. Lo que ahora denuncia OpenAI es la misma fragilidad trasladada al plano de los modelos de lenguaje. La diferencia es que aquí no hay un SVR atribuido con nombre y apellidos, sino una empresa privada china señalada sin pruebas públicas.

Y ahí está mi principal reserva. Tengo claro que la destilación agresiva de modelos es una práctica real y extendida. He seguido de cerca los informes de Google y de varias firmas de ciberseguridad que documentan la compra masiva de cuentas en mercados grises. Pero pasar de ‘hay indicios de actividad china’ a ‘Moonshot AI está detrás’ sin publicar una sola línea de evidencia técnica es un salto que este oficio no debería permitirse. Ni OpenAI, ni el Gobierno estadounidense, ni los analistas que repiten la acusación sin cuestionarla.

El caso deja tres frentes abiertos. Primero, la pregunta técnica de si el razonamiento cifrado es intrínsecamente extraíble con prompts bien diseñados, o si el parche de OpenAI cierra la puerta de verdad. Segundo, la cuestión regulatoria: si la destilación transfronteriza se convierte en el nuevo campo de batalla comercial entre Washington y Pekín, es cuestión de tiempo que la UE y España tengan que pronunciarse. Tercero, el frente de atribución. Sin un estándar público de evidencia, cualquier acusación de un gigante contra un competidor vale lo mismo que una nota de prensa.

Permítame un último apunte. Llevo años sosteniendo, y lo escribí en El quinto elemento, que el próximo gran conflicto empezará con un clic, no con un misil. Este episodio no es ese conflicto, pero es un ensayo general. El modelo que se entrena no se compra en el mercado negro: se extrae a base de prompts, se descifra por la puerta de atrás de la interfaz y se transcribe en texto plano.

Cosas que pasan en 2026.

Y el futuro de la IA es, hoy, un asunto de contrainteligencia.

OpenAI ha dicho que no compartirá más información ‘por razones de seguridad’. El Frontier Model Forum no ha publicado todavía su análisis técnico. Moonshot AI sigue sin responder. Hasta que alguna de esas tres piezas se mueva, el robo de modelos IA seguirá siendo una acusación sin acta.

Juana I de Castilla: 46 años encerrada en Tordesillas

Yasmina Historiadora
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Juana I de Castilla: 46 años encerrada en Tordesillas

En la sala del palacio de Tordesillas, el frío se colaba por debajo de las puertas. Era septiembre de 1520. Los comisionados de la Junta de las Comunidades de Castilla habían cruzado el Duero con una misión muy concreta: conseguir que la reina Juana firmara, por fin, un documento con su nombre al pie. Firmar significaba reconocer a la Junta como gobierno legítimo y declarar traidor a su propio hijo, Carlos. La mujer a la que medio reino llamaba la Loca los escuchó uno por uno. Y les contestó que no.

Los comisionados salieron de aquella audiencia con las manos vacías y con una impresión incómoda. La reina, encerrada desde hacía once años, parecía entender perfectamente lo que le estaban pidiendo. No era la primera vez que alguien intentaba usar su firma. Tampoco sería la última.

Le quedaban por delante treinta y cinco años más de encierro. Cuarenta y seis en total. La historia de Juana I de Castilla es la de una reina que reinó sin gobernar, que ostentó la corona durante medio siglo y que pasó la mitad de su vida detrás de la misma puerta cerrada.

Capítulo I: La infanta que nadie educó para reinar

Juana nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Era la tercera de los hijos de los Reyes Católicos, por detrás de la infanta Isabel y del príncipe Juan, y nadie la educó para reinar. La educaron para casarse bien. Aprendió latín, francés y música, y creció en una corte que se movía de ciudad en ciudad, siempre en campaña, con la guerra de Granada al fondo y un rosario de bodas dinásticas por delante.

El matrimonio la llevó a Flandes. En octubre de 1496 se casó con Felipe de Austria, duque de Borgoña, al que la posteridad bautizaría como Felipe el Hermoso. Tenía dieciséis años. El novio, hijo del emperador Maximiliano y de María de Borgoña, era un príncipe rubio y deportivo, aficionado a los torneos, criado en una corte rica y cosmopolita.

Los primeros años funcionaron. Juana se adaptó a la vida flamenca, perfeccionó el francés y tuvo hijos enseguida. Pero una cadena de muertes inesperadas en España lo cambiaría todo: su hermano Juan en 1497, su hermana Isabel en 1498 y el hijo de esta, el pequeño Miguel, en 1500. De pronto, la infanta a la que nadie miraba era la heredera de Castilla.

Capítulo II: Reina propietaria, reina sin mando

El 26 de noviembre de 1504 murió en Medina del Campo su madre, Isabel la Católica. Desde aquel día, Juana era reina propietaria de Castilla. El problema era que el gobierno quedó en manos de otros: primero de su padre, Fernando, que se hizo nombrar regente; después de su marido, que no estaba dispuesto a conformarse con un papel secundario. Entre el uno y el otro, a Juana no le dejaron gobernar ni un solo día.

La llegada de los reyes a Castilla, en 1506, fue una carrera a tres bandas. Felipe venía a mandar en nombre de su mujer; Fernando se aferraba a la regencia; y Juana, en medio, era la única con derecho propio al trono y la única a la que se le negaba ejercerlo. Los cronistas de la época describen a una reina cada vez más retraída, recelosa de cuantos se acercaban a ella con papeles para firmar. Hay quien vio en esa actitud la prueba de su locura. Hay quien ve, en cambio, la reacción lógica de una mujer a la que estaban despojando de todo.

El 25 de septiembre de 1506 murió Felipe el Hermoso en Burgos. Tenía veintiocho años. Había llegado a España ese mismo año para reclamar el trono de su mujer y, en apenas unos meses, un ataque de fiebre se lo llevó. Juana estaba embarazada de su sexto hijo. El 14 de enero de 1507 dio a luz a Catalina en un aposento de Burgos. A partir de ahí, sus decisiones —o lo que otros hicieron con ellas— las tomó siempre alguien más.

Juana la Loca

Capítulo III: La leyenda del ataúd

Lo que vino después alimentó cinco siglos de leyenda. Según varias crónicas, Juana ordenó sacar el cuerpo de Felipe de Burgos y llevarlo camino de Granada, donde estaba enterrada su madre, para darle sepultura. Encabezó el cortejo. Se cuenta que viajaba de noche para esquivar el calor, que hacía abrir el féretro a la luz de una antorcha y que no permitía que ninguna mujer se acercara al difunto. El relato tiene bastante de construcción posterior, pero recoge un hecho que sí aparece en las fuentes: Juana acompañó el cuerpo de su marido y se resistió a dejarlo marchar.

En 1507, su padre Fernando regresó a Castilla como regente y consiguió lo que su yerno no había logrado: apartar a su hija del trono con la excusa de su salud mental. La palabra escogida fue una sola, y viajaría con Juana hasta el último día: loca. Sobre si estaba verdaderamente enferma o si la enfermedad fue, en parte, una coartada útil para quienes gobernaron en su nombre, los historiadores llevan décadas discutiendo sin ponerse de acuerdo.

Capítulo IV: Cuarenta y seis años en Tordesillas

En 1509, Juana fue trasladada al palacio de Tordesillas, junto al Duero, en el camino que unía Valladolid con Zamora. Allí iba a pasar los siguientes cuarenta y seis años. La acompañó su hija pequeña, Catalina, que creció con ella entre aquellas paredes y no se separó de su lado hasta 1525, cuando partió hacia Portugal para casarse con el rey Juan III.

El palacio no era una mazmorra, pero sí una jaula con cerrojo. Juana tenía servidumbre, capilla y una ventana sobre el río. Lo que no tenía era permiso para salir. Hacia 1518, su hijo Carlos —ya rey de Castilla y de Aragón, aunque ella siguiera siendo la reina propietaria— puso su custodia en manos del marqués de Denia, de la casa de los Velasco, y de su mujer. La familia gobernó la casa como un feudo propio. Con los años llegaron a la corte quejas sobre el trato que daban a la reina y sobre el dinero que, según las cuentas revisadas después, salía de aquella casa sin destino claro.

Juana no estaba incomunicada del todo. Recibía cartas, y de vez en cuando llegaba alguien con noticias del exterior. Pero el mundo se organizaba al rededor de aquella habitación sin que nadie le preguntara nada. Su hijo gobernaba un imperio que crecía por momentos, y el nombre de Juana seguía apareciendo en los documentos oficiales como reina de Castilla y de Aragón, aunque quien firmara debajo fuera el emperador.

Juana la Loca

Capítulo V: La reina que los comuneros no pudieron usar

En septiembre de 1520, la rebelión de las Comunidades llevaba meses desafiando al gobierno de Carlos I. Los sublevados controlaban buena parte del reino y buscaban un símbolo con el que legitimarse. Lo tenían a mano: la reina propietaria, la legítima, la hija de Isabel la Católica. Una delegación se presentó en Tordesillas y pidió a Juana que firmara su adhesión a la Junta.

Juana los recibió y los escuchó. Y se negó a firmar cualquier cosa que pudiera perjudicar a su hijo. Los comisionados insistieron sin éxito. Aquel encuentro fue, probablemente, el último episodio en el que la primera reina de España pudo haber cambiado el rumbo de la historia con una firma. No la dio.

Cuando la revuelta fue aplastada en Villalar, en abril de 1521, Tordesillas volvió al silencio. Juana siguió encerrada. Ya nadie volvería a pedirle que decidiera nada importante.

Juana la Loca

Capítulo VI: La última reina de la vieja España

Los últimos años de Juana se parecieron mucho a los primeros: las mismas paredes, los mismos guardianes, un país que había dejado de contar con ella salvo para recordar su título. Su hija Catalina le escribía desde Portugal. Su nieto Felipe, hijo del emperador, se crió para reinar. Su hijo Carlos gobernaba medio mundo desde Bruselas, Valladolid, Toledo o Sevilla, y solo muy de vez en cuando se acercó a Tordesillas.

Juana murió el 12 de abril de 1555, Viernes Santo, a los setenta y cinco años. Llevaba cuarenta y seis encerrada. La enterraron en Tordesillas, y en 1574 su nieto Felipe II ordenó trasladar los restos a la Capilla Real de Granada, junto a los de sus padres y a los de Felipe el Hermoso.

Quedan los papeles. Sus cartas, las cuentas de su casa, los informes de quienes la vigilaban. En ellos aparece una mujer que entendía perfectamente lo que ocurría a su alrededor y que, una y otra vez, se negó a firmar lo que le pedían. Cuarenta y seis años dan para mucho silencio. También para aprender cuándo conviene callar.

El Parlamento Vasco proclama senadora a Beatriz Artolazabal, nueva portavoz del PNV en el Senado

Iker Etxebarria
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El Parlamento Vasco proclama senadora a Beatriz Artolazabal, nueva portavoz del PNV en el Senado

El pleno del Parlamento Vasco proclamó el jueves a Beatriz Artolazabal como senadora por designación autonómica, con 39 votos a favor. La candidatura sumó el respaldo de PNV y PSE-EE, mientras los 36 parlamentarios restantes de EH Bildu, PP, Sumar y Vox optaron por el voto en blanco.

Artolazabal relevará a Estefanía Beltrán de Heredia al frente del grupo del PNV en el Senado, un puesto que esta última ocupaba desde hacía seis años. La nueva senadora mantiene, además, su derecho a ocupar un escaño en la Cámara vasca, una compatibilidad prevista para los senadores elegidos por designación autonómica.

Qué cambia en la representación vasca en la Cámara alta

La designación autonómica es el mecanismo por el que los parlamentos de las comunidades eligen a una parte de sus representantes en el Senado. En Euskadi, la elección corresponde al Parlamento Vasco y se resolvió con los votos de los dos grupos que sostienen al Gobierno de coalición, PNV y PSE-EE, y el voto en blanco de la oposición.

Artolazabal nació en Vitoria en 1970, se afilió al PNV con 21 años y estudió Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco. Fue concejala en el Ayuntamiento de la capital alavesa desde 2000 y en los últimos años ejercía como primera teniente de alcaldesa, además de haber sido consejera en el Gobierno de Iñigo Urkullu.

Las prioridades que la nueva portavoz llevará al Senado

En su comparecencia ante los medios, Artolazabal situó entre sus prioridades ‘defender los intereses de los vascos y las vascas en Madrid’, junto al autogobierno, las competencias vascas y la bilateralidad entre Euskadi y el Estado. Apuntó que trabajará para que esa relación ‘se construya desde el respeto institucional, el reconocimiento de nuestra singularidad y la bilateralidad’.

Artolazabal enumeró también los ámbitos en los que quiere respuestas: industria y empleo, vivienda, infraestructuras, servicios públicos, seguridad y bienestar. Defendió el diálogo y la negociación como herramientas políticas y sostuvo que ‘ser firmes en la defensa de Euskadi es perfectamente compatible con tener capacidad para escuchar, negociar y alcanzar acuerdos’. Sobre el momento político, describió una etapa ‘compleja, con demasiado ruido, con demasiada confrontación’.

La designación sitúa a Artolazabal al frente del grupo del PNV en el Senado, desde donde el partido traslada su posición sobre el autogobierno y la relación bilateral con el Estado.

La nueva portavoz presentará este viernes su renuncia en el Ayuntamiento de Vitoria, con lo que pone fin a su etapa municipal. Sobre el futuro del partido en la ciudad, calificó de ‘valiente y acertada’ la apuesta del PNV por Jon Urresti, sociólogo, empresario y presidente de la Vital, como candidato de cara a las elecciones municipales.

El precedente foral y el calendario institucional

El relevo se produce con varios frentes abiertos en la relación entre Euskadi y el Estado, entre ellos el desarrollo del Concierto Económico y las reuniones de la Comisión Mixta que fija el cupo, la aportación vasca al sostenimiento de las competencias no transferidas. El Estatuto de Gernika y la Constitución determinan que la designación de los senadores autonómicos corresponde al Parlamento Vasco.

El sistema es común al resto de comunidades autónomas, cuyos parlamentos designan senadores en función de su población. El Parlamento de Navarra aplica un mecanismo equivalente para su representante en la Cámara alta, dentro de un marco foral propio, el Convenio Económico, que regula su relación financiera con el Estado.

Con su salida del Ayuntamiento de Vitoria, la trayectoria de Artolazabal se traslada a Madrid: ocupará su escaño en la Cámara alta y ejercerá la portavocía del grupo del PNV, en sustitución de Beltrán de Heredia. El partido abre así el calendario hacia las elecciones municipales de 2027, con Urresti como candidato en la capital alavesa.

Bruselas lleva de nuevo a España ante el TJUE por las indemnizaciones por incumplir el Derecho de la UE

Angie Rivas
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Bruselas lleva de nuevo a España ante el TJUE por las indemnizaciones por incumplir el Derecho de la UE

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea decidió este jueves, 1 de octubre, remitir de nuevo a España ante el TJUE por no ejecutar la sentencia del 28 de junio de 2022, que obligaba a indemnizar a particulares por leyes contrarias al Derecho de la UE.
  • ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, que abrió el procedimiento de infracción en 2017 y ya ganó el primer asalto en Luxemburgo en 2022. España sigue sin modificar las leyes 39/2015 y 40/2015.
  • ¿Qué impacto tiene? Bruselas puede pedir una suma a tanto alzado y una multa coercitiva por cada semestre de retraso. El proyecto de ley que debía corregir el marco sigue sin dictamen en el Congreso.

La Comisión Europea lleva de nuevo a España ante el TJUE por no ejecutar la sentencia de 2022 sobre indemnizaciones.

El expediente arranca en 2015, cuando Bruselas recibió denuncias sobre la compatibilidad con el Derecho europeo de dos leyes españolas: la 40/2015, de régimen jurídico del sector público, y la 39/2015, del procedimiento administrativo común. La Comisión Europea abrió el procedimiento de infracción (el mecanismo con el que vigila si un Estado miembro cumple el ordenamiento comunitario) en junio de 2017. España no tocó su legislación ni siquiera después del dictamen motivado de enero de 2018, así que el caso llegó a el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en noviembre de 2019. La sentencia del 28 de junio de 2022 dio la razón a Bruselas.

Qué exige Bruselas y por qué el caso regresa a Luxemburgo

El fallo concluyó que las normas españolas hacían demasiado difícil que los ciudadanos cobraran indemnizaciones por daños causados por leyes contrarias al Derecho de la UE. Es la doctrina de la responsabilidad del Estado legislador: el principio comunitario que obliga a compensar a los particulares cuando el legislador nacional vulnera el ordenamiento europeo. Hasta 2022, quien reclamaba debía superar requisitos muy exigentes, entre ellos que el TJUE hubiera declarado antes esa norma contraria al Derecho de la Unión. El Tribunal estimó que esas exigencias rompían el principio de efectividad.

Desde entonces, los particulares pueden reclamar también por daños que en su día no pudieron reclamar precisamente por culpa de esos requisitos. Los análisis jurídicos apuntan sobre todo a los contribuyentes, el colectivo más castigado por leyes tributarias luego anuladas. Los Estados miembros están obligados a adoptar cuanto antes las medidas necesarias para cumplir los fallos del Tribunal. España no lo hizo. En diciembre de 2025, la Comisión envió una carta de emplazamiento, el paso previo al segundo recurso. Hubo contactos con las autoridades españolas. El resultado es el mismo: el fallo sigue sin aplicarse y Bruselas ha vuelto a Luxemburgo.

Ahí está la factura. Si el Tribunal concluye que España ha incumplido su propia sentencia, puede imponerle una suma a tanto alzado, una multa coercitiva por cada semestre de retraso, o las dos a la vez. El comunicado de la Comisión no apunta cifras, y ese silencio forma parte del guion: la cuantía se negocia después y depende del tiempo transcurrido y de la gravedad. El precedente más cercano es el de las aguas residuales. España no ejecutó una sentencia de 2011, Bruselas volvió a recurrir en 2017 y en 2018 el Tribunal le impuso 12 millones de euros a tanto alzado y 10,95 millones por cada semestre de retraso.

Bruselas no busca una reparación simbólica: cada expediente de inejecución es una palanca para forzar a Madrid a legislar cuando el Congreso prefiere esperar.

El proyecto de ley que sigue atascado en el Congreso

Comisión Europea España

La pelota lleva casi un año en el Congreso. El Gobierno remitió la reforma tres años después del fallo y el texto se publicó en el Boletín de las Cortes el 14 de octubre de 2025. Se tramita en la Comisión de Hacienda y Función Pública, con competencia legislativa plena, y el proyecto de ley continúa en en la fase de enmiendas: el calendario de la Cámara acumuló prórrogas hasta al menos el 17 de junio de 2026, fecha ya superada sin dictamen. El texto elimina el plazo de caducidad de cinco años para estas reclamaciones, aunque los análisis jurídicos dudan de que ese cambio baste para cumplir lo que pidió Luxemburgo.

No es el único frente abierto. Este año la Comisión ha llevado a España ante Luxemburgo en marzo, por no transponer dos directivas del IVA; en abril, por la recogida, depuración y control de aguas residuales; en junio, por las normas del comercio de derechos de emisión; y en julio, por ciberseguridad y reconocimiento de cualificaciones profesionales. La mayoría son incumplimientos de transposición, no inejecuciones de sentencia, pero dibujan un patrón incómodo: España responde tarde y a golpe de requerimiento.

Las condenas anteriores dan la medida del riesgo. En 2021, el Tribunal condenó a España a 15 millones de euros a tanto alzado y 89.000 euros diarios por no adoptar la directiva de protección de datos en el ámbito policial y judicial. En agosto de 2025, la multa fue de 6,8 millones por la directiva de conciliación. En términos prácticos, el daño ya no es solo la sanción: es el goteo de reclamaciones de contribuyentes y empresas que, con la puerta abierta desde 2022, pueden exigir al Estado lo que no les devolvió el legislador.

El Eje del Poder Europeo

En el pulso institucional, España juega en desventaja por una razón poco glamurosa: no es Berlín ni París. Los expedientes de inejecución no se tramitan igual para todos. Francia y Alemania acumulan condenas propias por incumplimientos medioambientales, pero rara vez ven reabierto el mismo asunto dos veces en un ciclo político. Con Madrid, la Comisión suma varios recursos en un solo ejercicio, en plena recta final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El eje franco-alemán negocia las reglas de la próxima década; los frugales del norte exigen que las sanciones se apliquen con el mismo rasero; los del sur, España incluida, piden flexibilidad fiscal, un argumento que se debilita cuando Bruselas puede exhibir sentencias sin ejecutar. La comparación con la crisis del euro es inevitable: entonces fue la troika la que tasó el ajuste; ahora la palanca se llama sentencia incumplida.

Para España, la lectura es doble. La multa, si llega, engorda el capítulo de transferencias al presupuesto comunitario y alimenta el relato de un Estado que responde tarde. Pero el coste real es otro: la no ejecución del fallo mantiene cerrada la vía efectiva de indemnización para quien sí tiene derecho a reclamar. Los despachos especializados en responsabilidad patrimonial llevan desde 2022 preparando expedientes con el plazo de prescripción en la mano. Mientras el Congreso no cierre la reforma, cada trimestre consolida el cuello de botella.

La negociación de fondo no es jurídica, es de calendario y de caja. Bruselas quiere que el Estado asuma por escrito la responsabilidad por el daño de su legislador; Moncloa quiere acotar el universo de reclamantes. En medio queda un dato incómodo para la propia UE: los expedientes de inejecución se cuentan por decenas cada año y muy pocos terminan en multa, porque el Estado miembro corrige a última hora. España, en este caso, lleva cuatro años sin corregir. Los próximos hitos son dos: la instrucción del recurso en Luxemburgo, sin fecha pública por ahora, y un nuevo calendario de tramitación en la Comisión de Hacienda del Congreso. Hasta entonces, la pelota sigue donde la dejó la sentencia.

Šefčovič admite que las negociaciones UE-China siguen sin resultados: miles de empleos en juego

Angie Rivas
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Šefčovič admite que las negociaciones UE-China siguen sin resultados: miles de empleos en juego

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, reconoce que las negociaciones con China ‘aún no han dado resultados’ y que ambas partes ‘no están ni mucho menos’ en condiciones de cerrar un acuerdo.
  • ¿Quién está detrás? La Comisión Europea negocia desde junio con el Ministerio de Comercio chino mientras París y Berlín preparan un documento para reforzar las defensas comerciales europeas.
  • ¿Qué impacto tiene? Hay miles de empleos industriales en juego y España, primer exportador de porcino de la UE, es uno de los flancos más expuestos a una represalia china.

Šefčovič admite que las negociaciones UE-China siguen sin acuerdo a una semana de su viaje a Pekín.

Un viaje ‘súper crucial’ con el reloj en contra

El comisario eslovaco habló esta semana desde Milwaukee, en los márgenes de la reunión de ministros de Comercio del G20, y no endulzó el diagnóstico: los contactos con Pekín son ‘constructivos, pero duros’. La fórmula que resume su posición es una: China y la Unión Europea ‘no están ni mucho menos’ en condiciones de firmar.

El calendario aprieta y él lo sabe. El 8 de octubre viaja a Pekín para verse con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en lo que él mismo ha descrito como una cita ‘súper crucial’. El 15 y el 16 de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se sientan en Bruselas y esperan resultados que poder evaluar. ‘Siento un gran interés político y expectativas muy altas por parte de los líderes de toda la Unión Europea’, admitió. ‘Sé lo impaciente que es políticamente el liderazgo europeo’.

Bruselas mantiene la carta sobre la mesa: está dispuesta a restringir el acceso de los productos chinos al mercado único si las conversaciones fracasan. El instrumento anti-coerción, aprobado en 2023 y nunca activado hasta ahora, sigue en el cajón. Nadie quiere llegar a eso.

Las conversaciones se arrastran desde junio. Los líderes europeos repiten que ya no pueden tolerar la marea de importaciones que inunda el mercado único, presiona a los fabricantes y ha forzado cierres de plantas y despidos. Šefčovič sostiene que sus interlocutores lo han entendido: ‘Creo que nuestros socios chinos han comprendido que esto tiene implicaciones directas sobre el futuro de empresas europeas emblemáticas —literalmente miles de empleos— y también sobre el tejido social y el modelo social que Europa ha construido durante muchas décadas.

Un acuerdo que no rebaje el déficit no será un acuerdo: será un aplazamiento con mejor prensa.

Mil millones al día: los tres frentes que Bruselas quiere cerrar

En el centro de todo está el déficit comercial: 1.000 millones de euros al día, unos 365.000 millones al año, una cifra que se acumula hasta niveles que ninguna capital europea considera sostenibles. Para reducirla solo hay tres vías —importar menos, exportar más o una mezcla de ambas— y Šefčovič quiere volver de Pekín con una ‘prueba de concepto’ (proof of concept) que ataque tres frentes: los picos súbitos de exportaciones chinas en sectores industriales clave, fórmulas tangibles para aumentar las ventas europeas en China y claridad a largo plazo sobre las restricciones chinas a las materias primas, con las tierras raras en el punto de mira.

Las consultas bilaterales se reparten en cuatro flujos de trabajo —equilibrio comercial e inversión, controles de exportación, propiedad intelectual y reforma de la Organización Mundial del Comercio—, un formato que Bruselas diseñó para no negociar en bloque y poder avanzar por partes. Una persona conocedora de las conversaciones, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, asegura que la Comisión busca un arreglo mixto: acuerdos bilaterales en determinadas categorías de producto y restricciones unilaterales en otras.

Šefčovič comercio

España tiene mucho que perder en esa partida. Es el primer exportador de porcino de la Unión Europea y ya sabe lo que es estar en el punto de mira: en 2024, Pekín abrió una investigación antidumping contra la carne de cerdo comunitaria que golpeó de lleno a las empresas españolas, mientras los aranceles provisionales al brandy castigaban al coñac francés. El vino, el aceite, la maquinaria y las plantas de automoción completan la lista de sectores expuestos a una represalia selectiva. La Moncloa ha defendido hasta ahora una línea de prudencia —coincidente con Berlín— para no alimentar una guerra comercial que se cobraría la factura en el campo y en la industria. Eso sí, con la oposición recordando cada cierre de planta.

El Eje del Poder Europeo

París y Berlín han pasado de la cautela al rearme normativo. El presidente francés, Emmanuel Macron, criticó esta semana los subsidios chinos y reclamó más salvaguardias para la industria europea, y ambos gobiernos preparan un documento de posición —aún sin publicar— que pedirá reforzar las defensas comerciales del bloque. Pekín ha movido ficha antes de leerlo: el Ministerio de Comercio chino ha avisado de que responderá con ‘acción firme’ a cualquier medida que restrinja la entrada de sus productos en el mercado único.

La geometría interna es la de siempre, con matices nuevos. El eje franco-alemán empuja las salvaguardias, aunque con intereses distintos: Francia protege su automoción y su agricultura; Alemania teme por sus exportaciones de maquinaria y por sus plantas en territorio chino. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia, y Finlandia— miran más al libre comercio que a la confrontación. El sur, con España e Italia a la cabeza, es el más vulnerable a la represalia agroalimentaria y por eso frena cualquier escalada que no venga acompañada de compensaciones. Visegrado, con Hungría a la cabeza, mantiene su sintonía habitual con Pekín.

Los cuatro flujos de trabajo no son un detalle técnico: son la constatación de que Bruselas renunció a un gran acuerdo único con China. Lo que se negocia ahora es un mosaico de pactos parciales por producto, con restricciones unilaterales donde no haya acuerdo. Nos recuerda al giro de 2018, cuando la UE respondió a los aranceles de la Administración Trump con listas selectivas de productos: la diferencia es que entonces Europa defendía un orden comercial abierto y ahora discute cómo cerrarlo por partes.

El riesgo inmediato es de calendario. Si el 8 de octubre no sale de Pekín una prueba de concepto presentable, la cumbre del 15 y 16 de octubre se convertirá en un consejo de guerra sobre el instrumento anti-coerción y sobre el documento franco-alemán. España se juega en esa ventana algo más que una ronda negociadora: se juega el margen para decidir si la próxima represalia china llega a un camión de porcino extremeño o a una planta de componentes de Zaragoza.

La Policía Nacional detiene a 12 personas de una red de sicariato en la Costa del Sol y frustra nueve asesinatos

Roberto Fuentes
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La Policía Nacional detiene a 12 personas de una red de sicariato en la Costa del Sol y frustra nueve asesinatos

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas y ha frustrado nueve asesinatos de una red de sicariato asentada en Málaga. La investigación, desarrollada por la Policía Judicial (la unidad de investigación de la Policía Nacional encargada de esclarecer los delitos graves) de la Comisaría Provincial de Málaga, ha neutralizado parte de la estructura que conecta a organizaciones criminales de Suecia con jóvenes reclutados para ejecutar asesinatos por encargo en la Costa del Sol.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha detenido a 12 personas presuntamente vinculadas a una red de sicariato de origen sueco y ha frustrado nueve asesinatos en lo que va de año.
  • ¿Dónde y cuándo? En la provincia de Málaga, en una investigación de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial, con un tiroteo el 18 de septiembre en el barrio de Barcenillas.
  • ¿Qué resultado? 12 detenidos, nueve asesinatos frustrados y tres ciudadanos suecos enviados a prisión provisional por el tiroteo de Barcenillas.

Una ‘oficina del sicariato’ asentada en la Costa del Sol

La investigación sitúa en la Costa del Sol y la provincia de Málaga la conocida como ‘oficina del sicariato’ sueca, la estructura criminal que conecta a organizaciones asentadas en Suecia con jóvenes reclutados para ejecutar asesinatos por encargo. En lo que va de año, los agentes han frustrado nueve intentos de asesinato y han detenido a 12 hombres presuntamente vinculados a estos encargos, según las fuentes policiales consultadas.

El perfil de los detenidos preocupa especialmente a los investigadores. Se trata, en muchos casos, de jóvenes de apenas 19 o 20 años, reclutados para cometer delitos de una extraordinaria violencia y sin una larga trayectoria criminal previa. Algunos son el producto de una nueva dinámica de las organizaciones nórdicas: jóvenes disponibles, desplazados a otros países y preparados para asumir encargos que pueden terminar en un asesinato.

Su forma de actuar añade dificultad a la investigación. Viven camuflados, alejados de cualquier actividad criminal visible, mientras esperan instrucciones. Pueden permanecer días o semanas en una vivienda sin llamar la atención y activar su actividad cuando reciben el encargo. Esa estructura permite a las organizaciones mantener a los ejecutores en España y evitar desplazamientos de última hora desde Suecia.

El tiroteo de Barcenillas y el refuerzo policial

Un caso reciente ha puesto de manifiesto el peligro para quienes no tienen ninguna relación con el mundo criminal. El 18 de septiembre, un joven español de 20 años fue tiroteado en el barrio malagueño de Barcenillas. La investigación policial concluyó que los autores se habían equivocado de persona y que la víctima fue confundida con otro objetivo. Tres ciudadanos suecos fueron detenidos y enviados a prisión provisional por estos hechos.

El suceso revela una variable que preocupa a la Policía: cuando quienes ejecutan un asesinato operan con información incompleta, una fotografía equivocada o una identificación defectuosa, el objetivo puede dejar de ser el verdadero en cuestión de segundos. Por eso los investigadores insisten en que detrás de cada tiroteo hay que buscar una estructura criminal y no únicamente al autor material de los disparos.

La Policía Nacional ha frustrado nueve asesinatos por encargo en lo que va de año, un resultado que confirma su capacidad para golpear redes criminales transnacionales asentadas en España.

La Policía Nacional ha reforzado los controles contra el crimen organizado en Málaga tras varios episodios violentos, con unidades especializadas y vigilancia en zonas de ocio y áreas residenciales. La presión operativa sobre las redes se ha intensificado en las últimas semanas.

La cooperación internacional ha sido determinante. En agosto de 2025, la Policía Nacional, con la colaboración de Europol y de la Policía sueca, detuvo en Málaga a seis personas por desplazarse hasta la zona para cometer asesinatos a cambio de dinero. Fue el inicio del traslado de la oficina del sicariato a la Costa del Sol.

Los agentes localizaron entonces armas de fuego, cargadores, pasamontañas, guantes, teléfonos y tarjetas SIM. Según informó el Ministerio del Interior, la red utilizaba redes sociales y plataformas cifradas para ofrecer trabajos relacionados con asesinatos a cambio de dinero.

Policía Nacional

El Contexto Operativo

La Costa del Sol se ha consolidado como un punto logístico para el crimen organizado transnacional. Su enorme movilidad internacional, con miles de viviendas de alquiler y una intensa actividad turística, y la presencia establecida de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales generan un ecosistema en el que conviven grupos de distintas nacionalidades. Esa mezcla facilita conexiones entre organizaciones que operan en diferentes países y dificulta su seguimiento.

El fenómeno del sicariato importado se suma a la presión que ya soporta la provincia. La respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se apoya en unidades especializadas y en la cooperación con Europol y las policías nórdicas. Los datos confirman que la presión policial sostenida da resultados: 12 detenciones y nueve asesinatos frustrados en un solo año evidencian la capacidad operativa de la Policía Nacional para anticiparse a encargos violentos antes de que se ejecuten.

La investigación permanece abierta. La Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga sigue de cerca los movimientos de los integrantes de estas redes y mantiene numerosas líneas de trabajo activas, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La combinación de inteligencia, vigilancia y cooperación internacional seguirá siendo clave para desactivar una amenaza que ha convertido a la Costa del Sol en parte de la logística de las organizaciones suecas.

La Fiscalía alerta de agujeros de seguridad en el aeropuerto de Barajas, puerta de entrada de droga a España

Roberto Fuentes
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La Fiscalía alerta de agujeros de seguridad en el aeropuerto de Barajas, puerta de entrada de droga a España

La Fiscalía ha alertado de agujeros de seguridad en las zonas restringidas del aeropuerto de Madrid-Barajas, considerado uno de los principales puntos de entrada de droga a España. El aviso, recogido por ABC, señala grietas en el control de accesos y en el uso de las tarjetas que habilitan el paso a las áreas de embarque.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Fiscalía ha advertido de la existencia de agujeros de seguridad en las zonas restringidas del aeropuerto de Madrid-Barajas, punto clave de entrada de droga a España.
  • ¿Dónde y cuándo? En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según el informe fiscal conocido el 30 de septiembre de 2026.
  • ¿Qué resultado? Detección de accesos con tarjetas de banda de seguridad que no llegan a utilizarse y de una ausencia de control sobre los vehículos que salen de las instalaciones.

El fallo detectado en las zonas restringidas

El informe de la Fiscalía pone el foco en un punto concreto: la trazabilidad de las personas y los vehículos que se mueven por las áreas de acceso restringido. El documento señala que hay pasajeros que acceden a esas zonas portando tarjetas que después no llegan a utilizar, lo que impide reconstruir con exactitud quién ha estado en cada espacio en un momento determinado y qué puerta ha quedado abierta sin registro.

A esa falta de trazabilidad se suma la ausencia de un control efectivo de los vehículos que salen de las instalaciones. En una infraestructura por la que circulan a diario miles de trabajadores, y en la que se concentra buena parte de la mercancía ilícita que entra en España, ese vacío dificulta la detección de movimientos anómalos que podrían estar vinculados al tráfico de drogas por vía aérea.

El aeropuerto de Madrid-Barajas es una de las infraestructuras más sensibles del país. Por sus terminales pasan cada año millones de viajeros y miles de empleados, un volumen de tránsito que convierte el aeródromo en un objetivo prioritario para las redes de narcotráfico que intentan introducir estupefacientes aprovechando el flujo constante de personas y equipajes.

La respuesta institucional y la cooperación

Fiscalía

La seguridad en las zonas restringidas de Barajas es competencia compartida. La Guardia Civil, a través de sus unidades fiscales y de su servicio de aduanas, controla la entrada de mercancías; la Policía Nacional asume el control de fronteras y la documentación de los pasajeros; y el gestor aeroportuario administra los sistemas de acceso. La coordinación entre los tres pilares es la pieza que la Fiscalía considera que debe reforzarse.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen en Barajas un despliegue permanente que combina analistas de inteligencia, guías caninos y equipos de inspección. Solo en el ámbito del narcotráfico, las operaciones desarrolladas en el aeródromo madrileño se cuentan por decenas cada año, y algunas actuaciones han permitido intervenir decenas de kilogramos de cocaína en una sola aprehensión.

La propia Fiscalía reconoce la complejidad del escenario: no se trata de un fallo atribuible a un único cuerpo, sino de un problema de diseño en el uso de las tarjetas de acceso y en el control perimetral, un ámbito en el que intervienen tanto el gestor aeroportuario como los responsables de seguridad del Ministerio del Interior. La recomendación apunta a sistemas que registren de forma efectiva qué tarjeta abre cada puerta y en qué franja horaria.

El aeropuerto de Barajas combina un tránsito de millones de pasajeros con un despliegue policial permanente, y ese equilibrio exige una coordinación constante y verificable entre todos los operadores implicados.

El Contexto Operativo

El tráfico de drogas por vía aérea es una de las amenazas que el Ministerio del Interior sitúa en el primer nivel de prioridad. Los aeropuertos internacionales, y Barajas en particular, concentran una parte significativa de las aprehensiones de cocaína que se practican en España. El uso de pasantes o de empleados infiltrados para mover pequeñas cantidades dentro de las instalaciones es una de las técnicas que las organizaciones emplean con más frecuencia.

La experiencia operativa demuestra que el refuerzo de los controles de acceso rinde resultados medibles. Según los informes del Ministerio del Interior, España se sitúa entre los primeros países de la Unión Europea en volumen de cocaína aprehendida, con miles de actuaciones anuales en aeropuertos y puertos. Ese esfuerzo sostenido combina el trabajo en frontera con la investigación de las estructuras financieras que hay detrás de cada envío.

La investigación sobre los fallos detectados sigue su curso. Está previsto que el gestor aeroportuario renueve los lectores de banda de seguridad y active registros digitales que permitan auditar cada acceso a lo largo del próximo ejercicio, en coordinación con las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegadas en el aeródromo. El objetivo es cerrar las grietas señaladas sin ralentizar el volumen de operaciones diarias de una infraestructura estratégica para el país.

La profesionalidad de los cuerpos desplegados en Barajas no queda en entredicho en el informe fiscal, que enmarca sus conclusiones en el terreno de los procedimientos y del diseño de los sistemas de control. Cerrar los flecos de trazabilidad y de vigilancia de vehículos es la vía que señalan tanto la Fiscalía como el propio Ministerio del Interior para blindar una infraestructura que no puede permitirse ni un solo punto ciego.

El MITECO arranca la tramitación urgente de la red de hidrógeno de Enagás con 389 millones para cuatro tramos

Elena Ríos
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El MITECO arranca la tramitación urgente de la red de hidrógeno de Enagás con 389 millones para cuatro tramos

El MITECO ha arrancado la tramitación urgente de los cuatro primeros tramos de la red troncal de hidrógeno renovable de Enagás, una infraestructura con 389 millones de euros de inversión prevista que conectará 900 MW de electrólisis industrial.

Los ductos están declarados Proyectos de Interés Común (PCI) por la Comisión Europea y constituyen la primera pieza de la red troncal que debe llevar el hidrógeno desde los centros de producción hasta los grandes consumidores industriales. El MITECO activa la vía de urgencia porque hay productores y compradores dispuestos a anticipar sus decisiones de inversión en cuanto existan las conexiones.

Sin ductos no hay negocio. Los electrolizadores que ya tienen ayuda pública aprobada no pueden colocar su molécula, y sin compradores con contrato a la vista nadie firma el desembolso. Ese es el nudo que la tramitación intenta deshacer.

Cuatro ductos, 389 millones: el mapa de la primera red troncal de hidrógeno

El primer bloque de actuaciones se reparte entre Andalucía, Aragón y País Vasco y suma 234 kilómetros de conducciones. Cada tramo cuelga de un proyecto industrial que ya cuenta con apoyo público:

  • Huelva-Aznalcázar: 59 kilómetros y 95,7 millones de euros, vinculado al electrolizador Onuba, de 300 MW, que recibió 304 millones del PRTR.
  • Caspe-Tivissa: 75 kilómetros y 98,6 millones, ligado a Catalina (Teruel), de 500 MW y 245 millones de ayuda pública.
  • Tivissa-polígono industrial de Tarragona: 62 kilómetros y 126,5 millones, el tramo más caro de los cuatro, también asociado a Catalina.
  • Muskiz-Arrigorriaga: 38 kilómetros y 68 millones, para el electrolizador de Petronor (Bizkaia), de 100 MW y 160 millones del PRTR.

La suma de los cuatro tramos da 388,8 millones de euros, la cifra que el ministerio redondea en 389 millones en su nota oficial. Los tres proyectos electrolizadores acumulan 709 millones en subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según los datos que maneja el propio departamento.

Sin la tubería, la ayuda pública se queda en un electrolizador sin comprador: la infraestructura es la que convierte la subvención en molécula vendida.

El siguiente paso, según el ministerio, es la solicitud de autorización administrativa del conjunto de tramos de la futura red. Con ella, Enagás busca dar continuidad a unos segmentos que ya se tramitan por vía de urgencia y que suman 900 MW de demanda asociada.

La letra pequeña: la vía de urgencia no acorta la evaluación ambiental

Aquí está el detalle que conviene leer con lupa. La declaración de urgencia reduce a la mitad los plazos del procedimiento, pero no toca el trámite de audiencia de la evaluación ambiental. Cada proyecto deberá superar su propia evaluación de impacto antes de mover una máquina.

hidrógeno renovable España

Las obras tienen una duración prevista de entre ocho meses y un año, según el caso. Los tramos tendrán derecho de acceso negociado y no devengarán retribución regulada del sistema gasista, y su marco económico se ajustará a lo que fije la normativa tras la transposición del paquete europeo de mercados de gas renovable y hidrógeno.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • CO2 evitado: No cuantificado en la nota oficial; dependerá del consumo industrial que sustituya al gas natural en cada tramo.
  • Capacidad asociada: 900 MW de electrólisis, repartidos entre los 300 MW de Onuba, los 500 MW de Catalina y los 100 MW de Petronor.
  • Inversión: 389 millones de euros en 234 kilómetros de ductos, frente a 709 millones de subvención pública a los electrolizadores.
  • Equivalencia tangible: 124 proyectos de hidrógeno renovable y más de 3.000 millones adjudicados con cargo al PRTR en España.

Del corredor H2Med al efecto dominó en la industria

Los cuatro ductos no son un capricho local: son facilitadores del corredor H2Med, la conexión que debe llevar hidrógeno desde la península ibérica hasta el centro de Europa. Sin red interna, España no puede exportar la molécula ni aprovechar su ventaja en generación renovable. El precedente es claro: la capacidad de electrólisis adjudicada con cargo al Plan de Recuperación, 124 proyectos y más de 3.000 millones, supera con holgura la infraestructura disponible para evacuarla.

Ahí está el riesgo de secuencia. El Gobierno ha subvencionado primero la producción y ahora tramita el transporte, un orden inverso al que recomienda la lógica industrial y que explica que varios promotores hayan pedido acelerar sus conexiones. La vía de urgencia no es un atajo: es una respuesta a a proyectos que llevan meses esperando la tubería para cerrar contratos con compradores industriales.

El efecto dominó es fácil de seguir. Cuando Onuba, Catalina y Petronor tengan ductos y compradores, arrastrarán a la industria química de Tarragona, a las refinerías del entorno de Muskiz y a los fertilizantes de Huelva, sectores intensivos en gas natural que hoy ven en el hidrógeno verde la vía para descarbonizar procesos que no se electrifican con baterías. La normativa europea (paquete de mercados de gas e hidrógeno, Taxonomía Verde y el marco de los PCI) ya marca los plazos.

Lo que falta es la prueba de coste. La red troncal solo será rentable si baja el precio de la molécula renovable y si los consumidores firman contratos a largo plazo. La inversión de 389 millones es, de momento, la apuesta más concreta del Estado por convertir una subvención de 709 millones en una cadena de valor con clientes reales. Eso sí, sin evaluación ambiental superada no hay obra.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 234 kilómetros de ductos que darán salida a 900 MW de electrólisis y permitirán recortar el consumo de gas natural en tres polos industriales.
  • Modelo que cambia: La producción de hidrógeno aislada, sin infraestructura de evacuación, deja paso a una red troncal con acceso negociado y compradores identificados.
  • Para las próximas generaciones: Una red interoperable con el corredor H2Med deja a España la opción de exportar hidrógeno renovable, no solo de consumirlo.

La injerencia de EEUU en Brasil a días de las elecciones: la Fiscalía denuncia fondos contra el Supremo

Amparo Soler
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La injerencia de EEUU en Brasil a días de las elecciones: la Fiscalía denuncia fondos contra el Supremo

La injerencia de EEUU en Brasil ya no es retórica: la Fiscalía denuncia fondos contra el Supremo antes de las urnas. Un informe periodístico ha destapado el intento de la Administración de Donald Trump de canalizar dinero hacia una campaña contra el Tribunal Supremo brasileño, y la respuesta en Brasilia ha sido inmediata. El fiscal general, Jorge Messias, lo describió como ‘un aviso importante para la soberanía brasileña’.

Messias añadió que la información resulta ‘especialmente grave’ en pleno proceso electoral y después de varios episodios de presión exterior sobre las instituciones del país. No es una protesta diplomática de trámite: el aviso llega a dos días de que Brasil vote y apunta a la pieza más sensible del sistema.

El origen está en una investigación que vincula fondos públicos estadounidenses, gestionados a través de un fondo de derechos humanos del Departamento de Estado, con una operación política y judicial contra los magistrados del Supremo. En la práctica, dinero de una administración extranjera destinado a desgastar a un poder del Estado de otro país en el año de sus elecciones.

Qué ha denunciado la Fiscalía brasileña

Sobre la mesa está ya una fórmula rotunda: la injerencia extranjera en las instituciones y en la democracia de Brasil ‘no puede tolerarse’. Así lo trasladó el fiscal general, que situó la revelación en el mismo plano que otras presiones externas recientes. Para Brasil, el Supremo no es un actor secundario: es el árbitro de los casos que han reconfigurado su política en los últimos años.

Conviene recordar el contexto. El Tribunal Supremo Federal ha instruido las causas por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasilia, procesos que han terminado en condenas. Atacar al Supremo es atacar al árbitro del sistema en el tramo final de una campaña electoral. Y el domingo 4 de octubre se celebra la primera vuelta.

Brasil es el gran mercado latinoamericano de las empresas españolas y este domingo vota con su Tribunal Supremo bajo presión externa.

El calendario tampoco ayuda a bajar el ruido. Las encuestas anticipan una campaña ajustada, con una eventual segunda vuelta a finales de octubre, y cualquier acusación de tutelaje extranjero se convierte en munición electoral. La denuncia de la Fiscalía deja a Washington en una posición incómoda que sus adversarios explotarán.

Por qué la injerencia de EEUU en Brasil golpea a España

Aquí está la clave para el lector español. Brasil es el principal destino de la inversión española en América Latina, y buena parte de las grandes compañías del Ibex mantiene allí filiales que aportan una porción relevante de su beneficio internacional. Cualquier desestabilización institucional llega a Madrid en forma de riesgo.

elecciones Brasil 2026

Santander Brasil es una de las mayores entidades privadas del país y una pieza central en las cuentas del grupo. BBVA opera a través de su filial brasileña en el segmento de empresas y banca de inversión. A ellas se suma Telefónica, con Vivo como uno de los primeros operadores de telefonía, y Iberdrola, presente en la distribución eléctrica mediante Neoenergia.

Fuera de la banca y la energía, Repsol, Naturgy, Mapfre, ACS y Acciona mantienen negocio en el país. España figura entre los mayores inversores extranjeros en Brasil, solo por detrás de Estados Unidos en varios ejercicios. Traducido: lo que ocurra con el Supremo y con las urnas afecta a miles de empleos y a resultados que se consolidan en Madrid.

¿Por qué debería importar también en Bruselas? Porque Brasil articula la relación europea con Mercosur y porque una potencia que se siente amenazada en su soberanía es una potencia menos predecible en la mesa comercial. La UE sigue con lupa un proceso que condiciona el calendario de acuerdos y la posición de las multinacionales europeas en la región.

Aranceles, sanciones y un precedente que conviene recordar

No es la primera vez que Brasil y Washington chocan en este terreno. En 2025, la Administración estadounidense golpeó la economía brasileña con aranceles del 50% sobre buena parte de sus exportaciones y activó sanciones financieras bajo la ley Magnitsky contra un magistrado del Supremo, Alexandre de Moraes. El patrón se repite: presión económica por un lado, presión judicial por otro.

La historia ofrece más ejemplos. Guatemala en 1954 y Chile en 1973 recordaron a la región qué significa que una potencia extranjera pretenda decidir quién sobra en el poder judicial o en el Gobierno de otro país. La diferencia, hoy, es que Brasil tiene tamaño, memoria y una Fiscalía dispuesta a decirlo en voz alta.

Para España hay una lección práctica. La defensa de la soberanía brasileña no es un gesto de simpatía ideológica: es la defensa de un mercado donde las empresas españolas llevan décadas invertidas y donde la seguridad jurídica vale tanto como el tipo de cambio. La comunidad iberoamericana, con España en un lugar destacado, tiene aquí un interés propio y no prestado.

El domingo se sabrá cuánto pesa la denuncia en las urnas. Después, si hay segunda vuelta, el pulso se alargará hasta finales de octubre. Conviene seguir dos señales: si la Administración estadounidense aclara el destino de esos fondos y si las compañías españolas en Brasil modifican sus planes de inversión.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La Fiscalía General de Brasil denuncia injerencia de EEUU a días de las elecciones, tras revelarse que la Administración Trump buscaba financiar una campaña contra el Tribunal Supremo.
  • Datos importantes: La primera vuelta se celebra el domingo 4 de octubre de 2026. España figura entre los principales inversores extranjeros en Brasil, con Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola sobre el terreno.
  • Resumen: El episodio refuerza la exigencia de soberanía brasileña y expone a las empresas españolas a un riesgo institucional que Madrid no puede ignorar.

El TSJ de Navarra anula la indemnización de 126.786 euros por despido indirecto tras 16 años de excedencia

Carlos V Vega
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El TSJ de Navarra anula la indemnización de 126.786 euros por despido indirecto tras 16 años de excedencia

La Sala de lo Social del TSJ de Navarra estima parcialmente el recurso de suplicación 158/2026 y anula la indemnización de 126.786 euros por despido indirecto concedida a una directora tras dieciséis años de excedencia.

El pronunciamiento 271/2026, de 28 de julio, con ponencia de la magistrada suplente María José Ramo Herrando, revoca en lo sustancial el fallo de instancia y deja sin efecto la extinción contractual acordada al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Caen los 118.786,86 euros de indemnización y los 8.000 euros por daño moral. Solo se mantiene la condena a abonar 5.154,35 euros en diferencias salariales, más los intereses del artículo 29.3 del ET.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Navarra, en sentencia 271/2026 de 28 de julio, estima parcialmente el recurso 158/2026 y anula la indemnización de 126.786 euros por despido indirecto.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 4.2 del ET y el reparto de la carga de la prueba en materia de derechos fundamentales.
  • ¿Qué impacto tiene? Delimita la frontera entre una reincorporación mal gestionada y el incumplimiento grave y persistente que permite resolver el contrato. No genera jurisprudencia; cabe casación para la unificación de doctrina.

Antecedentes: un reingreso sin medios tras dieciséis años

La demandante, identificada en la resolución como Teodora, prestaba servicios desde el 3 de enero de 2000 con categoría de directora y un salario anual de 60.218,34 euros. Entre agosto de 2009 y enero de 2025 encadenó permisos de maternidad y excedencias por cuidado de hijos. Es madre de seis.

En ese periodo la relación laboral pasó por subrogación a Grupo 5 Acción y Gestión Social el 1 de diciembre de 2022. Preparó el regreso desde enero de 2024 y reiteró la petición hasta el 7 de enero de 2025. La compañía respondió el día 10.

Al reincorporarse el 13 de enero de 2025 encontró su dirección ocupada por otra persona, sin ordenador, sin teléfono y sin claves de acceso. Dos directoras convivieron en el centro y ella se ocupó sobre todo del presupuesto. El 19 de febrero la empresa le comunicó un traslado a otro centro que dirigiría en solitario desde el 6 de marzo.

El fallo: los incumplimientos carecen de gravedad y persistencia

El tribunal examina cada incidencia por separado. Los correos sin contestar no causaron retraso alguno, porque la excedencia concluía el 12 de enero y la reincorporación se produjo el 13. Tampoco aprecia falta de ocupación efectiva, derecho básico del artículo 4.2 del ET, al considerarse las tareas presupuestarias compatibles con la condición de directora.

La Sala exige que el incumplimiento empresarial revista gravedad, persistencia y duración para activar la extinción indemnizada del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores.

La falta de medios materiales recibe un tratamiento distinto. El tribunal la califica expresamente de reprochable, pero la limita a unas dos o tres semanas. Su conclusión es que las deficiencias no tuvieron la gravedad suficiente ni la duración necesaria para resolver el contrato de trabajo.

Con las diferencias salariales el razonamiento es similar. La deuda existe y se debe a una mala actualización de los pluses de capacitación y antigüedad, pero no hubo impago generalizado ni retrasos reiterados. La Sala recuerda que el artículo 50 del ET exige criterios objetivos, temporales y cuantitativos que revelen una conducta persistente.

Sala de lo Social

Sin indicios de discriminación por conciliación

La sentencia de instancia, la 46/2026 de 23 de febrero, apreció una connotación discriminatoria ligada al ejercicio de los derechos de conciliación y declaró vulnerado el derecho a la igualdad. El TSJ de Navarra discrepa. Aplica el reparto de la carga de la prueba propio de los derechos fundamentales: a la trabajadora le corresponde aportar indicios razonables y solo entonces la empresa debe ofrecer una justificación objetiva.

A juicio de la Sala, los hechos probados no permiten relacionar los problemas del reingreso con las maternidades, las excedencias o la reducción de jornada. Casi dieciséis años de ausencia y una subrogación empresarial bastan para explicarlos objetivamente. Al no existir vulneración del derecho fundamental desaparecen los 8.000 euros por daño moral.

La Doctrina del Tribunal

La resolución consolida un criterio restrictivo sobre el despido indirecto: no todo incumplimiento contractual del empresario permite al trabajador resolver el contrato con derecho a indemnización. La doctrina exige que la conducta frustre las expectativas legítimas derivadas de la relación laboral y que concurra en ella gravedad, persistencia y duración. El pronunciamiento se apoya en una sentencia del TSJ del País Vasco de 10 de abril de 2025, según la cual una falta de ocupación breve y temporal no habilita la extinción indemnizada.

El soporte normativo se articula sobre el artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 4.2 del ET y el régimen probatorio de los derechos fundamentales. En materia de discriminación, el tribunal aplica la inversión de la carga de la prueba: a la parte actora le corresponde aportar indicios y a la empresa ofrecer una justificación objetiva. La Sala descarta esos indicios y niega la vulneración del derecho a la igualdad. El pronunciamiento de un tribunal superior de justicia no genera jurisprudencia, función reservada a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Para los operadores jurídicos el impacto es delimitador. Fija la frontera entre una reincorporación mal gestionada y el incumplimiento grave que permite abandonar la relación con la indemnización de un despido improcedente. La resolución, publicada en el CENDOJ, no es firme: cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que debe anunciarse en los diez días hábiles siguientes a la notificación. La empresa recuperará lo consignado cuando el fallo sea firme.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Recurso de suplicación contra la sentencia que declaró la extinción contractual por despido indirecto de una directora reincorporada tras dieciséis años de excedencia por cuidado de hijos.
  • Datos importantes: Sentencia 271/2026 de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra. Artículos 50.1, 4.2 y 29.3 del Estatuto de los Trabajadores. Indemnización anulada de 126.786 euros (118.786,86 de despido más 8.000 de daño moral). Se mantienen 5.154,35 euros en diferencias salariales.
  • Fecha de los juicios: Sentencia de instancia 46/2026, de 23 de febrero; sentencia de suplicación 271/2026, de 28 de julio, notificada con posterioridad. Fallo por unanimidad de la Sala.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Procedimiento laboral de extinción contractual sin acusados. La demandante figura como Teodora; la demandada es Grupo 5 Acción y Gestión Social.

IA y empleo España: los puestos más expuestos crecen por encima de la media, según Fedea y BBVA

Sara Olmedo
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IA y empleo España: los puestos más expuestos crecen por encima de la media, según Fedea y BBVA

IA y empleo en España: el 30% de los puestos está expuesto a la IA generativa y crece por encima de la media nacional. El dato procede del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo que publican Fedea y BBVA Research, y rompe el guion del paro masivo que se da por hecho desde 2022.

La tesis del apocalipsis laboral se ha repetido tantas veces que casi nadie la discute. El Observatorio mira los números con otra lupa y encuentra lo contrario: no hay señales de destrucción neta de empleo en las ocupaciones más tecnificadas. Desde el lanzamiento de la primera versión de ChatGPT, en noviembre de 2022, esas profesiones han ganado ocupados más rápido que el conjunto del mercado laboral español.

Claves de la operación

  • Un tercio del empleo está en el foco. 7,2 millones de ocupados trabajan en puestos de alta exposición a la IA generativa y otros 5,1 millones se sitúan en la franja media-alta, según el informe.
  • El empleo expuesto crece por encima de la media. Ninguna señal de desplazamiento neto desde finales de 2022: las ocupaciones con más contacto con la IA suman puestos en lugar de restarlos.
  • La exposición se concentra en los cualificados. Más del 40% de los trabajadores con estudios superiores ocupa un puesto de alta exposición, frente al 15% de quienes tienen la ESO o una formación inferior.

El tercio expuesto: 7,2 millones de puestos y ninguna señal de desplazamiento

El perímetro que mide el estudio es amplio: 7,2 millones de personas ocupan puestos de alta exposición a la IA generativa y otras 5,1 millones se mueven en la franja media-alta. Sumadas, ambas cifras rozan el 30% del empleo total. Hasta hace poco, ese dato se leía como una cuenta atrás. La cuenta atrás no aparece todavía en los registros de ocupación.

Florentino Felgueroso, investigador de Fedea, lo resume con una frase que conviene guardar: ‘no se observa ningún tipo de desplazamiento del empleo debido a la inteligencia artificial’, en declaraciones recogidas por Europa Press. El matiz importa. El informe retrata un momento concreto, no una ley permanente.

El reparto es muy desigual. Más del 40% de los trabajadores con estudios superiores ocupa un puesto de alta exposición, frente a apenas el 15% de quienes tienen la ESO o menos. Por edad, la franja de 25 a 34 años concentra un 35% de ocupaciones muy expuestas, mientras que los de 16 a 24 muestran los niveles más bajos. El informe también separa por origen: quienes completaron sus estudios en España se incorporan sobre todo a ocupaciones expuestas, mientras que las personas llegadas con la formación terminada fuera ocupan empleos de baja exposición.

Automatizar tareas, no puestos: el argumento que BBVA defiende ante el inversor

Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, sostiene que la exposición es una ventaja antes que una amenaza: ‘Cuanta más exposición, mejor, para poder ser más productivos y para ver que nuestros salarios reales aumentan’. La tesis del banco es que la IA se queda con las tareas de menos valor añadido y libera tiempo para el resto. El negocio no está en sustituir personas, sino en vender productividad al resto de la economía.

El despido tecnológico se lleva anunciando cuatro años con la misma insistencia con la que se retrasa en los datos de ocupación.

Elena Alfaro, responsable de adopción de IA en BBVA, añade el matiz operativo: ‘lo que vemos es que se automatizan tareas, que suelen ser las menos interesantes para las personas, pero no puestos enteros’. Los números acompañan esa lectura. Las ocupaciones de alta exposición presentan menores tasas de subempleo y menor temporalidad que la media, aunque el propio informe admite que parte de esa ventaja se explica por la mayor cualificación que exigen.

Queda una advertencia que no conviene perder de vista. Doménech señala que tener poca exposición directa a la IA ‘no es sinónimo’ de que un puesto esté a salvo, porque la robótica puede llegar donde no llega el software generativo. La calma actual no garantiza nada sobre el empleo de 2030.

impacto IA empleo

Lo que el caso español anticipa en el IBEX 35 y lo que deja sin resolver

España se está comportando al revés que Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Stanford detectó que el empleo de los jóvenes de 22 a 25 años en ocupaciones muy expuestas a la IA cayó un 13% desde finales de 2022 en el mercado estadounidense. Aquí, el tramo de 25 a 34 años es justo el que más crece. La explicación tiene poco de romántica: las empresas españolas han adoptado la IA más despacio y ese retraso les ha dado margen para recolocar tareas en lugar de recortar plantillas.

El antecedente español no invita al optimismo. Los ordenadores personales tardaron unos 15 años en demostrar su valor en las oficinas, y España atravesó aquella transición con la productividad estancada. En el IBEX 35, la banca funciona como termómetro: BBVA, que firma este informe a través de su servicio de estudios, y sus competidores directos llevan años usando la IA como argumento de eficiencia ante el inversor, sin que ese discurso se haya traducido en un ajuste de plantilla visible. Hay una contradicción evidente aquí. Si el desplazamiento llega, golpeará a las nóminas mejor pagadas, y ahí está buena parte de la recaudación.

Tampoco ayuda el calendario regulatorio. El uso de IA para seleccionar personal o gestionar trabajadores está catalogado como sistema de alto riesgo en la AI Act, con obligaciones exigibles desde agosto de 2026. Eso obliga a documentar los algoritmos evaluar los sesgos y mantener supervisión humana, un coste que las pymes afrontan peor que los grandes grupos. La próxima entrega del Observatorio, que Fedea y BBVA Research publican cada trimestre, será la primera prueba seria: si el empleo expuesto vuelve a crecer por encima de la media, la excepción española sumará un trimestre más de vida.

Apple dispara un 12% sus ventas en China con el iPhone 18 Pro y lidera el mercado

Sara Olmedo
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Apple dispara un 12% sus ventas en China con el iPhone 18 Pro y lidera el mercado

Las ventas del iPhone 18 Pro en China suben un 12% en tres días y devuelven a Apple el liderazgo.

Claves de la operación

  • El dato que mueve el mercado. Los tres primeros días del iPhone 18 Pro en China superan en un 12% las ventas del iPhone 17 Pro en toda su primera semana, según Counterpoint Research.
  • Apple recupera el primer puesto con el 33% de cuota. La compañía lidera el mercado chino de telefonía móvil en la semana del 14 al 20 de septiembre, una ventana marcada por el lanzamiento.
  • El plegable iPhone Duo llega el 23 de octubre. China concentra la mayor demanda mundial de formatos plegables, lo que abre un segundo frente comercial para la compañía.

La comparación que firma Counterpoint Research es exigente: 72 horas le han bastado al 18 Pro para superar la primera semana del 17 Pro. Ese ritmo sostiene la primera posición semanal de Apple en el país, con una cuota del 33% entre el 14 y el 20 de septiembre.

El pulso por el liderazgo del móvil en China

China es el mercado más disputado del planeta y, durante los últimos ejercicios, también el que más ha castigado a la compañía de Cupertino. Los fabricantes locales, con Huawei como referencia en la gama alta, han defendido su terreno con catálogos renovados cada pocos meses y precios agresivos. La cuota del 33% rompe la inercia de los últimos ejercicios, aunque sea solo por una semana.

El liderazgo semanal se diluye cuando los rivales renuevan catálogo. Los datos de Counterpoint miden una ventana de siete días condicionada por el efecto lanzamiento, no una tendencia anual. La foto de septiembre sirve para leer el tirón inicial del producto, no para certificar un cambio estructural en el reparto del mercado.

Hay otro frente abierto: el de los márgenes. Vender más unidades en el país donde la competencia en precios es más dura obliga a defender el mix premium. El iPhone 18 Pro pelea por ticket medio, no por volumen, y cada punto de cuota ganado en el segmento alto pesa más que en la gama de entrada. Eso explica por qué la compañía mantiene su política de precios sin descuentos agresivos.

Tres días de ventas no conquistan un mercado de 1.400 millones de personas, pero obligan a los rivales a mover ficha antes de lo previsto.

El iPhone Duo y el envite del plegable

iPhone 18 Pro

La segunda parte del guion se estrena el 23 de octubre con el iPhone Duo, el primer formato plegable de Apple. China concentra la mayor demanda mundial de plegables: el consumidor chino ha demostrado un apetito por estos dispositivos muy superior al de Europa o Estados Unidos, donde el formato sigue siendo, residual en las ventas totales.

Ese detalle cambia el cálculo. En Occidente, el Duo competiría contra una categoría que nadie ha logrado despegar; en China aterriza en un mercado que ya entiende y compra plegables. El 23 de octubre puede consolidar el 33% semanal o dejarlo en anécdota.

Lo que Apple se juega en España y en las cuentas del trimestre

El efecto chino llega a España con retraso y con menos intensidad. Aquí el iPhone sigue siendo la palanca comercial de las operadoras para elevar el ticket medio y frenar la rotación de clientes, y su lanzamiento marca el calendario de altas de gama alta cada otoño. Telefónica es el mayor canal de venta del iPhone en España a través de Movistar, junto a Orange y Vodafone.

La foto de septiembre tampoco se traslada de forma directa a la cuenta de resultados. Apple no publica unidades vendidas por país y remite a las cifras agregadas que difunde en su sala de prensa oficial. El impacto real se medirá cuando la compañía presente las cuentas de su cuarto trimestre fiscal, previsiblemente a finales de octubre o principios de noviembre, con la región de Gran China como uno de los focos del análisis.

Observamos además un riesgo que el dato semanal no elimina: la dependencia china funciona en las dos direcciones. Es el mayor mercado de consumo de Apple y, a la vez, el centro de su cadena de suministro, de modo que cualquier tensión regulatoria o comercial se convierte en un problema doble. La compañía ya ha vivido ejercicios en los que una sola decisión administrativa en Pekín alteró sus previsiones de ingresos.

La prueba de fuego no es la semana del 14 de septiembre, sino lo que ocurra entre el 23 de octubre y el cierre de noviembre, cuando el Duo lleve un mes en las tiendas y el efecto novedad se haya agotado. Entonces se sabrá si el 33% era un pico de lanzamiento o el arranque de algo distinto en el mercado más importante del mundo.

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