Canarias y las CCAA del PP rechazan el objetivo de déficit del 0,1% y el techo de gasto para 2027

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado los objetivos de déficit autonómico (0,1% del PIB) y techo de gasto (4%) para 2027 con el voto en contra de las CCAA del PP, incluida Canarias.
  • ¿Quién está detrás? El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha llevado la propuesta. Las comunidades gobernadas por el PP la han rechazado; las del PSOE se han mostrado constructivas.
  • ¿Qué impacto tiene? Canarias reclama más margen fiscal; el techo de gasto condiciona la elaboración de los presupuestos regionales y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado este lunes los objetivos de déficit y techo de gasto para las comunidades autónomas. La propuesta del ministro Arcadi España ha salido adelante con el voto en contra de todas las autonomías del PP, incluida Canarias.

La propuesta salió adelante, pero Canarias, junto al resto de CCAA del PP, votaron en contra de la propuesta que fija un déficit del 0,1% del PIB y un techo de gasto del 4% para 2027. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, se trata de un margen que no exige ningún esfuerzo fiscal a las regiones en los próximos tres años y que, además, traerá consigo los mayores recursos de su historia.

Sin embargo, el bloque del PP no ha compartido esa lectura. La consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, calificó los objetivos de «completamente irrelevantes» y aseguró que «la mayoría de las comunidades autónomas, todas, salvo Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, hemos votado en contra». La consejera extremeña, Elena Manzano, fue más allá: «No disponemos de recursos suficientes. Extremadura pide un modelo que garantice que todos somos iguales, como recoge la Constitución».

Canarias reclama más flexibilidad y el PP nacional minimiza la votación

Desde Canarias, el ejecutivo que encabeza Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP regional ha insistido en que la insularidad y los sobrecostes estructurales exigen un margen fiscal más amplio. La islas votaron con el resto de los territorios populares, pero con la vista puesta en conseguir más holgura para las cuentas de 2027.

Mientras, los consejeros socialistas optaron por un tono constructivo. El titular de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, pidió al PP que apoye la senda de estabilidad para que se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y el asturiano Guillermo Peláez exigió reformar la regla de gasto. La consellera catalana, Alicia Romero, celebró que se inicie el proceso y propuso un déficit asimétrico para futuros ejercicios.

Canarias pide más margen fiscal, pero el PP nacional resta importancia a una votación que considera ‘irrelevante’.

La tensión entre las necesidades reales de las arcas autonómicas y el discurso político nacional fue el telón de fondo. El Gobierno de Canarias sabe que, sin una mejora sustancial de la financiación, cumplir con el techo de gasto y atender los servicios públicos derivados de la lejanía y la fragmentación territorial será un ejercicio de equilibrismo.

El Pulso Territorial

La votación en el CPFF refleja la fotografía política de la España autonómica en 2026: el PP domina un amplio bloque de comunidades —entre ellas Canarias, Extremadura o Murcia— que condicionan cualquier negociación presupuestaria con el Gobierno central. En el archipiélago, la coalición de Coalición Canaria y el PP, con apoyos externos, mantiene un delicado equilibrio que mezcla la lealtad a las directrices del partido nacional con la reivindicación de un trato fiscal diferenciado. Canarias siempre ha exigido un déficit asimétrico que compense los costes de la insularidad, una demanda que choca con la uniformidad de los objetivos estatales. En 2025, la región cerró con un déficit del 0,3% —tres veces el límite ahora planteado—, lo que explica el malestar. Lo que viene ahora es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Si el PP mantiene el rechazo, la aprobación se complica.

Ficha Autonómica

  • El caso: Canarias votó en contra del objetivo de déficit del 0,1% y el techo de gasto en el CPFF, alineándose con el resto de CCAA del PP.
  • Datos importantes: Déficit autonómico del 0,1% del PIB para 2027, techo de gasto del 4%. Canarias recibirá el próximo año los mayores recursos de su historia, según Hacienda, pero reclama más margen.
  • Resumen: La negativa del bloque del PP, con Canarias a la cabeza, anticipa un choque con el Gobierno central en la tramitación de unos Presupuestos Generales que necesitan apoyos autonómicos.

La Xunta aprueba en Galicia una inversión sanitaria de 48 millones para terapias de precisión contra el cáncer de mama y ovario

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes una inversión de 48 millones de euros para adquirir terapias de precisión contra el cáncer de mama y ovario en los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), una decisión que sitúa a la sanidad pública gallega entre las más avanzadas de España en oncología personalizada.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Xunta ha aprobado 48 millones de euros para comprar anticuerpos monoclonales e inhibidores de polimerasa, fármacos de última generación contra el cáncer de mama y ovario.
  • ¿Quién está detrás? El Consello de la Xunta, presidido por Alfonso Rueda, y el Sergas, que centralizará la adquisición y distribución de los medicamentos.
  • ¿Qué impacto tiene? Galicia incorpora tratamientos menos agresivos y más eficaces que la quimioterapia convencional, consolidando su modelo de compra centralizada y su apuesta por la medicina de precisión.

Una inversión de 48 millones en dos líneas de fármacos

La partida, desglosada en dos contratos, destina 35,9 millones de euros a anticuerpos monoclonales y conjugados para el cáncer de mama y otros 11,8 millones a inhibidores de la polimerasa para cáncer de ovario y determinados tumores mamarios. Entre los primeros destacan Trastuzumab emtansina, Trastuzumab deruxtecán, Pertuzumab y Sacituzumab govitecán, indicados especialmente en tumores con expresión HER2 o en cáncer de mama triple negativo avanzado.

En el segundo grupo figuran Olaparib, Niraparib y Rucaparib, inhibidores de la polimerasa que explotan alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2 para impedir que las células cancerosas reparen su ADN. La elección de uno u otro fármaco dependerá del perfil genético del tumor, lo que permite personalizar la terapia y aumentar las posibilidades de éxito. La medicina de precisión deja atrás la quimioterapia indiscriminada y abre una etapa en la que cada paciente recibe el tratamiento que mejor se ajusta a su biología tumoral.

El cáncer de mama, el tumor más frecuente entre las gallegas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subrayó este lunes que la inversión forma parte del compromiso del Gobierno gallego por mantener la sanidad pública “a la vanguardia” y calificó estas terapias de “menos agresivas y más eficaces”. Los datos del Registro Gallego de Tumores (Regat) avalan la urgencia de la medida: en 2023 se diagnosticaron 2.396 nuevos casos de cáncer de mama —el tumor más frecuente entre las mujeres gallegas— y 220 de cáncer de ovario, el décimo con mayor incidencia.

Con 2.396 nuevos diagnósticos de cáncer de mama cada año en Galicia, estos tratamientos dirigidos suponen un cambio de paradigma que acerca la sanidad pública a la medicina personalizada.

Ambos contratos, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga, se enmarcan en el plan del Sergas para centralizar la compra de medicamentos hospitalarios e incorporar de forma acelerada las innovaciones terapéuticas. La centralización de compras permite a Galicia negociar precios más competitivos y garantizar el acceso homogéneo de los tratamientos en los siete hospitales del sistema público, desde Vigo hasta A Coruña, pasando por Santiago de Compostela y Ferrol.

El Laboratorio Gallego

La sanidad pública gallega funciona, a menudo, como un laboratorio de gestión que el PP exhibe a nivel nacional. Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado en reiteradas ocasiones el modelo del Sergas —centralización de compras, apuesta por la tecnología y contención del gasto— como un ejemplo exportable al conjunto de España. Esta inversión de 48 millones, centrada en terapias dirigidas, refuerza ese discurso en un momento en que el sistema nacional de salud debate cómo financiar los medicamentos de alto coste.

En el plano autonómico, la decisión no ha suscitado oposición frontal. El BNG y el PSdeG suelen centrar sus críticas en las listas de espera o en la falta de personal, pero avances farmacológicos como éste reciben un respaldo tácito. La proyección para los próximos meses pasa por la firma efectiva de los contratos y la incorporación de los fármacos a la práctica clínica, un proceso que el Sergas espera completar antes de que finalice el verano. Galicia se convierte así en una de las primeras comunidades en ofrecer de forma generalizada inhibidores de polimerasa y conjugados anticuerpo-fármaco para tumores femeninos avanzados.

La lectura nacional de este movimiento es doble: por un lado, muestra que una comunidad con recursos limitados puede apostar por la medicina de precisión si centraliza la compra y negocia con la industria; por otro, alimenta el argumentario del PP de Feijóo, que insiste en que la gestión sanitaria gallega es un modelo de eficiencia frente a los problemas de financiación y esperas que aquejan a otras regiones.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta autoriza una inversión de 48 millones para terapias de precisión contra el cáncer de mama y ovario, en lo que supone el mayor salto tecnológico en oncología gallega en años.
  • Datos importantes: 35,9 millones para anticuerpos monoclonales, 11,8 millones para inhibidores de polimerasa; 2.396 casos de cáncer de mama y 220 de ovario en 2023; contratos de un año prorrogables.
  • Resumen: Galicia da un paso decisivo hacia la medicina personalizada con fármacos de última generación, una estrategia que refuerza la imagen de su sanidad pública como referente y que el PP nacional utiliza como ejemplo de gestión eficiente.

La apuesta de Colombia por la OCDE que garantiza la inversión española

Colombia ha lanzado este martes un mensaje de estabilidad a la OCDE que protege la inversión española. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió con el secretario general del organismo, Mathias Cormann, y con el economista jefe, Stefano Scarpetta, para ratificar que el nuevo Gobierno mantendrá una agenda de reformas económicas. El encuentro despeja las dudas que pesaban sobre Colombia desde las elecciones.

Restrepo agradeció el respaldo expresado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y subrayó que la nueva administración quiere recuperar la confianza de los inversores, generar empleo, mejorar la eficiencia del recaudo y construir un sistema más competitivo. Sus palabras, difundidas en un mensaje en X, recalcan el giro hacia la disciplina que los mercados esperaban.

La inversion española, que supera los 15.000 millones de euros en Colombia, necesita certidumbre para mantener su crecimiento. Empresas como Telefónica, BBVA, Santander, Iberdrola, Indra o ACS tienen intereses estratégicos en el país. El país es un mercado estratégico para muchas cotizadas del IBEX 35. Cualquier señal de inestabilidad regulatoria o de ruptura con los organismos multilaterales puede frenar nuevas inyecciones de capital.

Un compromiso ante la OCDE que despeja las dudas de los inversores

La OCDE es un foro que reúne a las economías más desarrolladas y establece estándares de buena gobernanza. Que un país como Colombia reafirme su alineamiento con esos estándares es, para los inversores, una garantía de que no habrá giros radicales en la política económica. Restrepo trasladó a Cormann el compromiso de “corregir el rumbo” de la economía con disciplina y acompañamiento técnico.

Entre las reformas anunciadas destacan la mejora de la eficiencia en la recaudación fiscal y la construcción de un sistema competitivo que impulse el crecimiento. Son justo las medidas que demanda un tejido empresarial español que opera en sectores regulados como las telecomunicaciones, la banca o la energía y que teme la tentación de subir impuestos a las multinacionales o modificar marcos contractuales.

El retorno a la disciplina económica y el refrendo de la OCDE son la mejor noticia para la inversión española en Colombia en un contexto de alta competencia regional.

El mapa empresarial español en Colombia, a examen

Colombia es el segundo destino de la inversión española en América Latina, solo por detrás de México. Solo el sector bancario español controla más del 25% de los activos financieros colombianos. Telefónica da servicio a más de 20 millones de líneas móviles y las constructoras españolas participan en los grandes proyectos de infraestructura del país. Iberdrola, a través de su filial, suministra energía a millones de hogares. Cualquier deterioro del clima de negocios tendría un impacto directo en las cuentas de estos gigantes.

El mensaje de Restrepo a la OCDE llega en un momento en que otras economías de la región, como Argentina o Chile, también pugnan por atraer capital foráneo. La estabilidad regulatoria se ha convertido en un factor diferencial para captar inversión. Las empresas españolas valoran especialmente que el nuevo Gobierno colombiano se comprometa a mantener la senda iniciada con el ingreso en la OCDE en 2020.

Por qué la OCDE es clave para los inversores españoles en América Latina

Colombia culminó en 2020 un largo proceso de adhesión en el que España fue uno de sus principales valedores diplomáticos. Aquel hito significó que el país aceptaba someter su política económica a evaluaciones periódicas y a recomendaciones vinculantes. Renovar ese compromiso ahora disipa el temor a un retroceso institucional. Episodios anteriores, como la fuga de capitales que sufrió Venezuela por la falta de seguridad jurídica, recuerdan lo rápido que el capital abandona un país cuando cambian las reglas.

El empalme entre el Gobierno saliente y el entrante comenzó este mismo martes, y se espera que en las próximas semanas se concreten los equipos económicos. Los inversores españoles seguirán muy de cerca la letra pequeña de los primeros decretos y el tono del diálogo con la OCDE. De momento, el gesto de Restrepo ha devuelto una calma que parecía frágil.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo, se reunió con la cúpula de la OCDE para asegurar que el nuevo Gobierno mantendrá las reformas promercado.
  • Datos importantes: Las empresas españolas acumulan una inversión cercana a los 15.000 millones de euros en Colombia, destacando en banca, telecomunicaciones e infraestructuras.
  • Resumen: La continuidad del compromiso con la OCDE protege la inversión española y refuerza la imagen de Colombia como destino fiable en la región.

La jueza de la DANA fija como ‘momento crucial’ la alerta al Cecopi sobre el desbordamiento del barranco del Poyo y desmiente a Mompó

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza de la DANA ha calificado de «momento crucial» la llamada de la alcaldesa de Torrent a Emilio Argüeso durante el Cecopi, y ha desmentido la versión de Vicente Mompó.
  • ¿Quién está detrás? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, basándose en las declaraciones de la alcaldesa Amparo Folgado, la comandante de la UME y el parte policial.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la imputación de Argüeso, ex alto cargo del Consell de Mazón, y desacredita a un testigo clave que negaba los avisos previos a la riada.

La magistrada del caso DANA califica de «momento crucial» la llamada de la alcaldesa de Torrent sobre el desbordamiento, y desmiente a Mompó. Lo hace en un auto del pasado lunes, donde valida totalmente el testimonio de Amparo Folgado y niega el careo pedido por la defensa de Emilio Argüeso.

La llamada que Argüeso ocultó

La instructora considera que el aviso de Amparo Folgado –alcaldesa de Torrent y diputada provincial del PP– al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, a las 19:10 del 29 de octubre de 2024 fue el «momento crucial» de aquella jornada. «Hubiese sido revelador» que el investigado reconociera esa conversación en el Cecopi, afirma el auto, porque Torrent registró fallecimientos. Sin embargo, el informe pericial aportado por la defensa de Argüeso listaba solo cronología de llamadas, sin identificar al interlocutor. «Se ha logrado saber» gracias a la testifical de la propia Folgado, explica la jueza.

Con una precisión milimétrica, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra otorga «plena veracidad» al relato de la primera edil: una llamada de dos minutos y cuatro segundos. «Tiempo este más que suficiente», apunta, para describir que el barranco de Horteta se había desbordado; un afluente que, según los peritos, vertió sus aguas al Poyo antes de que llegara la crecida desde Chiva. La contundencia del testimonio elimina cualquier posibilidad de careo, porque la declaración de Folgado «es coincidente con otros extremos» –como el parte de la Policía Nacional de Torrent que habla de desbordamiento sobre las 18:30– y porque la defensa pudo haber interrogado a la testigo sin pedirlo después.

El desbordamiento del Horteta golpeó Torrent antes de que la gran masa de agua de Chiva llegara al Poyo.

El desmentido a Mompó

El auto no se detiene en Argüeso. Dedica una parte significativa a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y presente en el Cecopi aquel día. La jueza destaca que Mompó respondió a la «mayoría de las preguntas» que «no se acordaba o que no recordaba», y acto seguido asevera que en el sumario hay «abundantísima prueba» que «desmiente» su versión.

Una de esas pruebas es la propia llamada de Amparo Fort, alcaldesa de Chiva, a Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos. Mompó había cuestionado ese aviso, pero la instructora se inclina por creer a la munícipe. La factura telefónica de Fort encaja con un mensaje de WhatsApp del secretario autonómico Ignacio Grande, quien informó a la vicepresidenta Camarero de que en el Cecopi se hablaba de Chiva. Además, la jueza considera «coherente» todo con el testimonio del comandante de la UME, que recordó cómo varios asistentes recibían vídeos de las localidades anegadas.

El presidente de la Diputación ya está bajo la lupa judicial y su credibilidad queda seriamente dañada en un momento en que la instrucción avanza rápido. La magistrada rechaza repetir la declaración de Fort porque «ningún elemento nuevo se ha aportado».

El Escenario Valenciano

La resolución fortalece la causa contra Emilio Argüeso –alto cargo del Consell de Carlos Mazón hoy investigado– y coloca a la alcaldesa de Torrent como testigo de cargo más sólida. En la dinámica política valenciana, el desmentido a Mompó tensa aún más al PP, que sostiene el pacto con Vox en la Generalitat Valenciana mientras la oposición –PSPV y Compromís– exige responsabilidades políticas por la gestión de la DANA. A lo largo de la instrucción judicial, las contradicciones entre cargos del PP han aflorado con frecuencia, erosionando el relato de que todas las alertas se trasladaron a tiempo.

A escala nacional, la investigación sobre los fallos en la comunicación y la cadena de avisos interesa también al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha condicionado parte de los fondos de reconstrucción a que la Generalitat asuma responsabilidades de transparencia. En el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios ya han pedido la comparecencia del ministro del Interior para explicar si el sistema de protección civil –que depende del Estado– funcionó correctamente. Un precedente comparable son las riadas de Biescas (1996), que abrieron un debate nacional sobre la alerta temprana. Ahora, la palabra de una alcaldesa y el celo de una jueza ponen sobre la mesa la misma discusión, pero en la Comunitat Valenciana.

La proyección inmediata apunta a las próximas citas judiciales: la instructora mantiene el calendario de declaraciones y los abogados pueden recurrir. Mientras, las asociaciones de afectados vigilan cada auto con la esperanza de que se aclaren las horas en las que debió salvarse a tanta gente. La DANA no ha terminado de juzgarse, ni en los tribunales ni en las urnas.

Ficha del Caso

  • El caso: La juez Nuria Ruiz Tobarra ha dictado un auto en la instrucción de la DANA que otorga veracidad total a la alcaldesa de Torrent sobre su aviso al Cecopi y pone en duda la versión del presidente de la Diputación de Valencia.
  • Datos importantes: Llamada a las 19:10 del 29 de octubre de 2024, duración de 2 minutos y 4 segundos. La Policía Nacional de Torrent registró desbordamiento sobre las 18:30. El sumario acumula pruebas que contradicen a Mompó.
  • Resumen: La investigación judicial refuerza la tesis de que la alerta temprana fue ignorada y golpea la credibilidad de un alto cargo del PP, en un contexto de fuerte presión política y mediática nacional.

Avamet anticipó una ‘barbaridad de lluvia’ en la DANA del 29-O y registró casi un millón de visitas en su web

Los correos de Avamet anticiparon una ‘barbaridad de lluvia’ dos días antes de la DANA, y su web rozó el millón de visitas el 29-O.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Los correos internos de Avamet, incorporados a la instrucción judicial, prueban que dos días antes de la riada del 29-O ya preveían una «barbaridad de lluvias» y suspendieron la migración de su web para soportar la avalancha de tráfico.
  • ¿Quién está detrás? La asociación meteorológica Avamet, que el 13 de julio declarará su presidente como testigo-perito, y Juan Ramón Cuevas, jefe de la Unidad de Riesgo de Emergencias, que reconoció errores en el sistema de seguimiento.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la tesis de que la Generalitat no activó a tiempo los protocolos pese a las alertas, mientras entidades privadas sí se preparaban.

La previsión que sí existió: Avamet frenó la migración de su web por el aluvión que veía venir

El 27 de octubre de 2024, dos días antes del desastre, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) envió un correo a la empresa responsable de la migración de su portal digital. El mensaje, recogido en el sumario de la jueza de Catarroja, pedía posponer el traspaso a un nuevo servidor con más capacidad. La decisión de suspender la migración no fue un capricho: la entidad pronosticaba una “avalancha” de visitas, “seguramente a niveles récord desde que existe Avamet”, y una “barbaridad de lluvias” en varios puntos de la Comunitat.

La propia jornada del 29 de octubre la web registró entre 200 y 300 peticiones por segundo y acumuló 903.469 visitas, la cifra más alta de su historia. El servidor no llegó a caer, pese al tráfico desbordado; un técnico confirmó a las 11.29 que, tras cierta lentitud matinal, “el servidor ha aguantado bien”. La asociación había suspendido la migración prevista para esos días con el fin de “preservar la estabilidad operativa de los sistemas”.

El presidente de Avamet, Adrià Revert, que también es meteorólogo en la televisión autonómica À Punt, está citado a declarar como testigo-perito el próximo 13 de julio. Su testimonio resulta clave para entender cómo se gestionó la información meteorológica en las horas críticas.

Emergencias falló en el seguimiento de riesgos, según admite un jefe de unidad

Paralelamente, los correos entre Revert y Juan Ramón Cuevas Camps, jefe de la Unidad de Riesgo y Seguimiento de las Emergencias de la Generalitat, revelan que el 22 de octubre –siete días antes– Cuevas ya reconocía “errores” en el sistema de seguimiento automático del Centro de Coordinación de Emergencias. El propio funcionario propuso una reunión para la tarde del 29-O, que Revert declinó porque, según escribió, la dana iba a ser muy intensa y convenía posponerla a la semana siguiente.

Mientras Avamet ajustaba su infraestructura para la tormenta de datos, el orden del día del pleno del Consell de aquella mañana ni siquiera mencionó el episodio de dana, a pesar de que AEMET ya había activado los avisos rojos. La agenda oficial del gobierno valenciano ignoró la emergencia cuando los pronósticos eran inequívocos.

Mientras Avamet se preparaba para la avalancha, el Consell ni siquiera incluyó la emergencia en su orden del día: dos velocidades, una misma catástrofe.

El Escenario Valenciano

En la dinámica política valenciana, la incorporación de estos correos al sumario añade presión sobre la gestión de Carlos Mazón. La oposición, tanto PSPV como Compromís, ha reiterado que el Consell no reaccionó con la premura exigible. El contraste entre la preparación de una entidad privada y la aparente pasividad institucional ya es uno de los ejes de la investigación judicial, que podría derivar en responsabilidades políticas si se acredita omisión de deberes de protección.

A escala nacional, el caso valenciano ha reabierto el debate sobre el sistema de protección civil en toda España. El Gobierno ha transferido más de 1.200 millones de euros para la reconstrucción, pero la ejecución autonómica sigue rezagada. Los fallos en el seguimiento de riesgos, reconocidos por un alto funcionario, ponen en entredicho los protocolos de coordinación entre administraciones en situaciones de catástrofe. La comparecencia de Revert el 13 de julio será el siguiente hito de una instrucción que no cesa de añadir pruebas.

Ficha del Caso

  • El caso: Los correos internos de Avamet, aportados a la causa por la jueza de Catarroja, demuestran que la asociación preveía lluvias extremas dos días antes de la DANA del 29-O y que suspendió una migración técnica para soportar el tráfico masivo de su web, mientras un responsable de Emergencias admitía errores en el sistema de seguimiento.
  • Datos importantes: 903.469 visitas a la web de Avamet el 29-O; entre 200 y 300 peticiones por segundo; el presidente de Avamet declarará el 13 de julio; el jefe de la Unidad de Riesgo reconoció fallos el 22 de octubre.
  • Resumen: La información revelada confirma que hubo señales previas y contundentes de la magnitud del temporal, y que la administración autonómica no las incorporó a su agenda ni activó los protocolos con la celeridad necesaria.

Asturias aprueba una subida salarial del 1,5% para sus 49.000 empleados públicos desde enero

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado una subida salarial del 1,5% para los empleados públicos autonómicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
  • ¿Quién está detrás? La medida la impulsa el ejecutivo de Adrián Barbón, en aplicación del acuerdo marco estatal firmado con los sindicatos UGT y CSIF para 2025-2028.
  • ¿Qué impacto tiene? La subida beneficiará a casi 49.000 trabajadores y tendrá un coste de 32 millones de euros para las arcas autonómicas, que se abonará en la nómina de julio con los atrasos de enero a junio.

El Principado sube un 1,5% el sueldo a sus empleados públicos desde enero. El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes el incremento, que se abonará en la nómina de julio con atrasos y costará 32 millones de euros.

Un incremento salarial con carácter retroactivo

La actualización salarial se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 y tendrá efectos económicos desde el pasado 1 de enero, según ha informado el Gobierno del Principado. De este modo, la nómina de julio incluirá los atrasos correspondientes al período comprendido entre enero y junio.

La subida beneficia al personal funcionario laboral, docente, estatutario del Servicio de Salud (Sespa) y otros colectivos. En total, la medida alcanza a 48.996 empleados públicos, una cifra que representa la práctica totalidad de la plantilla autonómica.

¿Quiénes se benefician y cuánto cuesta la subida?

El coste estimado de la subida salarial ronda los 32 millones de euros, una partida que se asumirá con cargo a los presupuestos autonómicos de 2026. La medida se ajusta a los límites retributivos establecidos en la normativa básica estatal y al Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CSIF para el período 2025-2028.

Además del incremento fijo del 1,5% para 2026, el acuerdo prevé una subida adicional consolidable del 0,5% que se aplicaría en el primer trimestre de 2027 si la variación anual del IPC de este año alcanza o supera el 1,5%. El Gobierno del Principado da así cumplimiento a los compromisos salariales adquiridos en la Mesa General de Negociación de la Administración autonómica.

La subida del 1,5% se enmarca en el acuerdo marco estatal firmado con UGT y CSIF y supone un aumento acumulado del 10% desde el inicio de la legislatura para los empleados públicos asturianos.

Entre las medidas específicas que acompañan la subida, destaca el complemento retributivo de plus de residencia para el personal del Sespa en formación en las especialidades de medicina, enfermería, farmacia, química y psicología. También se actualizan las retribuciones del personal docente no universitario, en cumplimiento del Pacto Asturias Educa, y se incorporan otras mejoras como la reorganización de las brigadas de carreteras y la integración de determinados complementos del personal de Justicia.

El Pulso Territorial

Asturias mantiene desde las elecciones de 2023 un gobierno de coalición liderado por el socialista Adrián Barbón con el apoyo de IU y Podemos. Esta subida salarial para los empleados públicos es un hito que refuerza la estabilidad del ejecutivo y consolida uno de los pilares del empleo en una comunidad donde el sector público tiene un peso especialmente relevante. Con apenas un millón de habitantes, la ratio de empleados públicos por cada 100 habitantes supera la media nacional, lo que explica que cada incremento retributivo tenga un impacto presupuestario notable. La aplicación del acuerdo marco estatal sitúa a la autonomía en la misma senda que otras comunidades, como Extremadura o Castilla-La Mancha, que ya han materializado subidas similares. La clave ahora será encajar el gasto en un presupuesto autonómico ya tensionado y pendiente de cerrar el ejercicio sin desvíos significativos.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Consejo de Gobierno del Principado aprobó la subida salarial del 1,5% para los empleados públicos autonómicos, retroactiva a enero de 2026, en aplicación del acuerdo marco estatal 2025-2028.
  • Datos importantes: El incremento fijo del 1,5% beneficiará a 49.000 trabajadores y costará 32 millones de euros; se abonará en julio con atrasos. Si el IPC de 2026 supera el 1,5%, se aplicará un 0,5% adicional consolidable en 2027.
  • Resumen: La medida cumple los compromisos del gobierno de Barbón y se suma a mejoras específicas para sanitarios, docentes y personal de carreteras. La próxima nómina de julio incluirá la subida completa con los atrasos.

La Junta de Andalucía aprueba la escolarización gratuita total para niños de 0 a 3 años en el curso 2026-2027

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla, ha aprobado este martes la escolarización gratuita total para todos los niños de 0 a 3 años a partir del próximo curso 2026-2027.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta de Andalucía ha acordado bonificar al 100% las plazas de educación infantil de 0 a 1 año en las escuelas infantiles privadas adheridas al programa autonómico.
  • ¿Dónde y quién? La medida, aprobada por el Consejo de Gobierno con sede en Sevilla, afecta a toda la comunidad autónoma.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Unas 130.000 familias andaluzas se ahorrarán el coste íntegro de la guardería a partir de septiembre de 2026.

La gratuidad completa del primer ciclo de educación infantil

El acuerdo, alcanzado entre el PP y Vox en el nuevo gobierno andaluz, extiende la bonificación del 100% a las plazas de 0 a 1 año, el último tramo que faltaba para hacer universal y gratuita la educación en esta etapa.

Hasta ahora, las familias andaluzas ya disponían de ayudas para los niños de 1 a 3 años, pero los recién nacidos quedaban fuera del programa. Con esta medida, la Junta asume íntegramente el coste de todas las plazas en las escuelas infantiles de titularidad privada adheridas al programa de ayudas, lo que suma alrededor de 130.000 plazas en toda la comunidad.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional será la encargada de gestionar el nuevo sistema de financiación, que estará plenamente operativo en septiembre.

Impacto en las familias y en el sistema educativo andaluz

La eliminación de cualquier coste para las familias supone un alivio económico significativo. Según los datos de la Junta, el ahorro medio por niño y mes superará los 200 euros, una cantidad que, para muchos hogares, puede marcar la diferencia entre escolarizar o no a sus hijos menores de un año.

130.000 familias andaluzas verán desaparecer la factura de la guardería de sus hijos más pequeños a partir de septiembre.

Además, la medida busca fomentar la conciliación familiar y aumentar la tasa de escolarización temprana, que en Andalucía aún está por debajo de la media nacional. Con la gratuidad total, el gobierno autonómico espera que más padres opten por llevar a sus bebés a la escuela infantil, lo que también contribuirá a detectar necesidades educativas especiales de forma precoz.

La Lectura Andaluza

La extensión de la gratuidad hasta los 0 años cierra un proceso que comenzó hace más de una década y que sitúa a Andalucía como una de las comunidades autónomas más ambiciosas en apoyo a la educación infantil. Con las 130.000 plazas bonificadas, el programa cubre ya aproximadamente la mitad de los niños menores de tres años de la región, un porcentaje que la Junta pretende incrementar en los próximos cursos.

Para los andaluces, el impacto de la medida va más allá del ahorro mensual. Una cobertura universal en esta etapa supone un respaldo real a la vuelta al trabajo de las madres, especialmente en las provincias con menor renta per cápita, como Jaén o Córdoba, donde el acceso a una plaza de guardería asequible suele ser decisivo para la economía familiar.

El reto ahora pasa por la implementación. La Consejería ya trabaja en los convenios con las escuelas infantiles para garantizar la adhesión de todas las plazas posibles y evitar que se generen listas de espera. De cara al próximo curso, el verdadero test será comprobar si la oferta crece al mismo ritmo que la demanda y si la calidad educativa se mantiene.

Canadá elige los submarinos TKMS alemanes en el mayor contrato de defensa de su historia

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Canadá ha seleccionado al astillero alemán TKMS para construir 12 submarinos Type 212CD, el mayor contrato de defensa de su historia.
  • ¿Quién está detrás? El gobierno canadiense, liderado por el primer ministro Mark Carney, ha optado por la oferta europea frente a la surcoreana de Hanwha Ocean.
  • ¿Qué impacto tiene? El programa, valorado en hasta 70.000 millones de dólares, refuerza la cooperación industrial con Europa, moderniza la flota canadiense y eleva la presión para que todos los aliados de la OTAN alcancen el 2% del PIB en defensa.

Canadá ha dado un paso histórico en su política de defensa al seleccionar al astillero alemán TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) para construir 12 nuevos submarinos de ataque. El anuncio, realizado el 6 de julio por el primer ministro Mark Carney, supone un espaldarazo a la industria naval europea y deja fuera de la carrera al grupo surcoreano Hanwha Ocean. El coste total del programa, incluyendo mantenimiento, infraestructura y armamento, podría alcanzar los 70.000 millones de dólares (unos 100.000 millones de dólares canadienses), lo que lo convierte en la mayor adquisición de defensa en la historia del país.

Las negociaciones con TKMS comenzarán de inmediato y se espera que el contrato quede cerrado antes de que finalice el año. El primer submarino debería entregarse en 2033, y tres unidades más llegarían en 2034. Los nuevos buques reemplazarán a los veteranos submarinos de la clase Victoria, que serán retirados a mediados de la próxima década.

«Esta ha sido una decisión difícil y muy reñida entre dos proveedores altamente cualificados», afirmó Carney durante el acto celebrado en Halifax, Nueva Escocia. «Tanto la plataforma de TKMS como la de Hanwha cumplían con los elevados requisitos de la Marina Real Canadiense y ambas presentaron propuestas sólidas para maximizar los beneficios a los trabajadores y las empresas canadienses».

Type 212CD: el submarino europeo que convence a Ottawa

El modelo elegido es el Type 212CD, una evolución del exitoso submarino alemán equipado con propulsión independiente de aire (AIP) que le permite permanecer semanas sumergido sin necesidad de recargar baterías. Alemania y Noruega ya están construyendo unidades de este mismo diseño, lo que garantiza economías de escala y una integración logística más sencilla. La elección refuerza la apuesta de Canadá por una plataforma probada y furtiva, ideal para operar en las aguas frías del Ártico y del Atlántico Norte, donde la discreción submarina resulta determinante.

El programa de sustitución de los Victoria ha sido —y sigue siendo— una de las prioridades más complejas de la política de defensa canadiense. Los actuales submarinos, de origen británico, han sufrido problemas crónicos de mantenimiento desde su adquisición en los años noventa. Ahora, con una inversión que equivale al presupuesto anual de defensa de varios países medianos, Ottawa aspira no solo a modernizar su flota sino a integrar su cadena de suministro en el corazón industrial europeo.

La puja con Hanwha: ofensiva surcoreana y elección estratégica

La candidatura de Hanwha Ocean, con su submarino KSS-III, no fue una competencia menor. Corea del Sur desplegó una intensa campaña diplomática y de relaciones públicas que incluyó el envío de un submarino KSS-III a Victoria, Columbia Británica, en mayo pasado, para demostrar sus capacidades de largo alcance y realizar ejercicios conjuntos con la Armada canadiense.

Hanwha presentaba la operación como una oportunidad para que Canadá estrechase lazos con la región del Indo-Pacífico, escenario prioritario en la estrategia de defensa occidental. Sin embargo, Carney dejó claro que la elección de TKMS no supone un repliegue de su presencia en aquella zona: «Estamos muy comprometidos con la estrategia del Indo-Pacífico. Hay otras iniciativas que Canadá y Corea están impulsando para fortalecer nuestra resiliencia económica y nuestra huella de seguridad».

Setenta mil millones de dólares por doce submarinos: el precio de la coherencia industrial con Europa y de una Armada canadiense preparada para el Ártico del futuro.

Glenn Copeland, presidente de Hanwha Canadá, lamentó la derrota pero subrayó que la competencia ha servido para mostrar el potencial ilimitado de la industria de defensa surcoreana. «Hanwha y sus divisiones seguirán creciendo al margen de la decisión de hoy», apuntó en un comunicado.

Stephen Fuhr, secretario de Estado de Adquisiciones de Defensa, destacó que todo el proceso de selección se había completado en menos de un año, un tiempo récord para los estándares canadienses. La crítica recurrente a la lentitud de la burocracia de defensa canadiense parece haber encontrado por fin un contrapunto.

Type 212CD

Equilibrio de Poder

La decisión de Ottawa debe leerse en clave de refuerzo del pilar europeo de la OTAN y de consolidación de la base industrial de defensa del continente. Al apostar por un diseño alemán que ya comparten Noruega —y que cuenta con la bendición de Bruselas—, Canadá envía una señal inequívoca: prefiere la interoperabilidad con sus aliados del flanco norte antes que abrir una nueva dependencia tecnológica con Asia. Para Washington, la jugada no presenta aristas problemáticas; el Pentágono puede seguir confiando en un socio fiable en el Ártico sin que el suministro crítico de submarinos quede en manos de un competidor geopolítico.

Para Rusia, el mensaje es nítido: la modernización de las capacidades submarinas aliadas en el Atlántico Norte se acelera. Moscú observa cómo la OTAN cierra uno de sus flancos más sensibles —el acceso al Ártico— con plataformas silenciosas y difíciles de detectar. El Kremlin ha invertido fuertemente en su propia flota de submarinos nucleares, pero la suma de las flotas alemana, noruega y, dentro de una década, canadiense, multiplica las opciones de vigilancia y disuasión en la zona.

La lectura para España es indirecta pero relevante. La industria naval española, liderada por Navantia, no participa directamente en el programa Type 212CD, aunque sí compite en el mercado internacional de submarinos con el S-80 Plus. El éxito de un astillero europeo en un concurso de esta envergadura demuestra que el producto continental es capaz de imponerse frente a ofertas asiáticas muy agresivas, lo que puede allanar el camino a futuras exportaciones de buques españoles. Además, el contrato canadiense eleva el listón de gasto en defensa dentro de la Alianza: si Ottawa, tradicionalmente reticente, compromete 70.000 millones de dólares en submarinos, Moncloa encontrará más difícil justificar los retrasos para alcanzar el 2% del PIB. La cumbre de la OTAN que arranca hoy en Turquía pondrá ese debate sobre la mesa una vez más.

A diez años vista, la decisión canadiense puede desencadenar un efecto dominó en otras marinas de potencias medias que buscan renovar sus flotas con productos europeos. El Ártico se perfila como el nuevo teatro de confrontación, y los submarinos furtivos serán una pieza imprescindible de cualquier estrategia de disuasión creíble. La pregunta que queda en el aire es si el resto de aliados europeos, incluida España, estarán a la altura en términos de inversión y de coordinación industrial cuando llegue su turno para modernizar las capacidades submarinas propias. La cita de hoy en Turquía puede ser un primer test.

Google Drive backup Android: tus copias de seguridad ya consumen almacenamiento

A partir de hoy, las copias de seguridad de Android dejarán de ser gratuitas en términos de almacenamiento. Google ha decidido que todos los datos respaldados en Drive —incluyendo fotos, vídeos, configuraciones de apps y mensajes— consuman la cuota de 15 GB que asigna por defecto a cada cuenta gratuita. La medida, que entra en vigor este 7 de julio de 2026 para nuevos usuarios y se extenderá en los próximos meses a quienes ya tienen dispositivos configurados, añade una presión silenciosa sobre millones de españoles que hasta ahora desconocían que sus backups no restaban espacio.

Claves de la operación

  • El backup medio añade 40 MB, pero el techo se acerca. Hasta ahora solo fotos y MMS consumían espacio; ahora lo harán también los datos de aplicaciones, ajustes del sistema y registros de llamadas. Para un usuario con muchas apps, la suma puede dispararse.
  • Google ofrece controles de transparencia. Desde el menú de copias de seguridad se podrán desmarcar categorías como SMS o configuración del dispositivo, además de las aplicaciones individuales. Es útil, pero no evita que el conjunto pese.
  • La estrategia de Google One se consolida. La reducción del espacio gratuito a 5 GB para nuevas cuentas, en pruebas desde mayo, junto a este cambio, convierten los backups en un argumento más para que millones de usuarios paguen 1,99 € al mes por 100 GB.

La noticia, adelantada por el medio especializado Engadget y confirmada por un portavoz de la compañía, llega en un momento donde la nube de consumo se ha convertido en un campo de batalla por los ingresos recurrentes. La mayoría de los usuarios tendrá que revisar qué espacio ocupa realmente su backup.

La letra pequeña del backup: qué cambia y por qué importa

Hasta ahora, Google había mantenido una política generosa con las copias de seguridad de Android: únicamente las fotos y vídeos subidos a Google Photos, junto con los datos multimedia de SMS/MMS, restaban de la cuota de almacenamiento. Todo lo demás —aplicaciones, ajustes, registros de llamadas— se almacenaba sin coste visible. Eso cambia hoy.

Con la nueva regla, cada dato respaldado cuenta. La empresa asegura que, de media, el impacto será de apenas 40 MB. Pero esa cifra es engañosa si el usuario tiene un buen puñado de aplicaciones que almacenan datos localmente. Juegos, editores de vídeo o gestores de archivos pueden generar copias de seguridad mucho mayores. El movimiento obliga a cualquier propietario de un Android a decidir qué merece la pena conservar y qué no. Muchos usuarios españoles ya tienen sus fotos y vídeos copados los 15 GB; sumar el backup de apps puede ser la gota que colma el vaso.

Los nuevos controles, accesibles desde Ajustes > Copia de seguridad > Datos de copia de seguridad, permiten desactivar la copia de registros de llamadas, SMS, configuración del dispositivo o el respaldo de apps una a una. De esta forma, cada usuario podrá ajustar el consumo a su límite. Pero la decisión ya no es automática: ahora toca gestionar.

Google One se frota las manos: el negocio oculto de la nube

Este ajuste no es un hecho aislado. En mayo, Google empezó a probar una reducción del almacenamiento gratuito por defecto de 15 GB a 5 GB para las cuentas nuevas que no vinculen un número de teléfono. Combinada con la nueva política de backups, la maniobra estrecha el margen de los usuarios gratuitos hasta hacer casi inevitable el pago de una suscripción a Google One.

En España, el precio de entrada es de 1,99 € al mes por 100 GB, una cifra asequible pero que, multiplicada por los 30 millones de usuarios de Android en el país, supone un pastel considerable. Apple lleva años aplicando una lógica similar con iCloud: los 5 GB gratuitos resultan insuficientes para cualquier backup de iPhone, y la mayoría termina contratando almacenamiento extra. Google, rezagado en ingresos por servicios cloud de consumo, copia el manual.

Google no está eliminando almacenamiento. Está visibilizando un coste que antes asumía en silencio.

Cuentas claras, espacio escaso: lo que Google no eliminará tan fácil

Desde esta redacción observamos que la estrategia tiene lógica de negocio, pero también plantea un riesgo de frustración para el usuario básico. La mayoría de los españoles con un móvil Android no sabe cuántos datos respalda ni dónde se almacenan. Cortarles el grifo sin aviso previo puede generar un aluvión de quejas y, sobre todo, la tentación de buscar alternativas.

Competidores como Microsoft OneDrive, pCloud o incluso los servicios de almacenamiento con planes gratuitos amplios pueden beneficiarse de este movimiento. Sin embargo, la integración de Google Drive con el ecosistema Android es difícil de replicar. El usuario que quiera prescindir de ella tendrá que aprender a usar otras aplicaciones y perder la comodidad del respaldo automático.

Históricamente, Google ha manejado con prudencia los límites de almacenamiento en Europa, donde la regulación y la sensibilidad al precio son mayores. La decisión de aplicar el cambio de forma progresiva —primero nuevos usuarios, luego el resto— busca amortiguar el golpe. Pero a largo plazo, el mensaje es claro: el espacio gratuito tiene fecha de caducidad.

El siguiente paso de la compañía, que no ha confirmado fechas, podría ser extender definitivamente los 5 GB para todos los usuarios. Si eso ocurre, el respaldo básico de Android se convertirá en un servicio de pago de facto. Mientras tanto, los españoles tienen unos meses para revisar sus copias, eliminar lo que no necesiten y, quizá, empezar a rascar los bolsillos.

Thales compra Exail: 4.500 millones para liderar la guerra antisubmarina europea

Thales ha firmado un acuerdo para adquirir el 35,5% de Exail Technologies, valorada en 3.900 millones de euros (unos 4.500 millones de dólares), con una prima del 44% sobre la cotización del 25 de junio. La operación desencadena una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones y supera la oferta competidora de Safran, que se retiró el viernes. La jugada refuerza la apuesta europea por los drones submarinos y la guerra antisubmarina autónoma.

El pulso con Safran y la prima del 44%

Thales ha comprado la participación de la familia Gorgé a 134 euros por acción, un precio un 44% superior al del 25 de junio, el día antes de que Safran revelara sus negociaciones exclusivas a 128,50 euros por título. Safran dio por terminadas esas conversaciones el pasado viernes al no conseguir condiciones mutuamente aceptables, según el comunicado de Thales recogido por Defense News. La oferta de Thales, que valora el 100% de la compañía en 3.900 millones de euros (unos 4.500 millones de dólares) incluyendo deuda, despeja cualquier duda sobre su determinación por controlar el fabricante de drones.

La transacción se cerrará en dos fases: la compra del paquete de los Gorgé se completará en el tercer trimestre de 2026 y, a continuación, se lanzará la OPA obligatoria por todas las acciones y bonos convertibles. Thales espera que la adquisición total quede finalizada, como muy tarde, a principios de 2028. La compañía prevé un impacto positivo en el beneficio operativo de más de 90 millones de euros en 2032 y asegura que la operación creará un valor significativo para sus accionistas desde el primer año.

Exail: la joya francesa de la guerra de minas y drones submarinos

Exail es un actor clave en sistemas de contramedidas de minas con vehículos autónomos marítimos y en navegación inercial. Sus drones submarinos y de superficie ya participan en varios programas europeos, incluido el programa francés liderado por el propio Thales,, y su tecnología se emplea en cartografía del lecho marino, vigilancia e inteligencia. En 2025 facturó 479 millones de euros y cerró marzo de 2026 con una cartera de pedidos de 1.100 millones. El 76% de sus ingresos procede de la división de navegación y robótica marítima, mientras que el resto corresponde a tecnologías avanzadas como los sensores cuánticos.

Para Thales, el encaje es casi perfecto. La multinacional francesa es uno de los mayores fabricantes mundiales de sónares —incluidos los sónares remolcados que emplean la mayoría de las marinas occidentales— y con Exail gana masa crítica en el mercado de drones de guerra de minas y acelera la innovación en guerra antisubmarina (ASW). La propia presentación a inversores de Thales estima que el mercado de contramedidas de minas crecerá a un ritmo alto de un solo dígito hasta 2030, mientras que el mercado de drones antisubmarinos se multiplicará por ocho en el mismo período.

drones submarinos

En la guerra submarina del siglo XXI, quien controla los drones y los sensores cuánticos dicta las reglas del juego.

Equilibrio de Poder

La compra de Exail va mucho más allá de un movimiento empresarial: responde a la reconfiguración del dominio submarino, un espacio cada vez más disputado. La capacidad de detectar, rastrear y neutralizar minas y submarinos enemigos con medios no tripulados es vital para proteger las rutas comerciales, los cables de fibra óptica y las infraestructuras energéticas. Europa, que aún depende en parte de tecnología estadounidense, busca acelerar su autonomía estratégica. Con esta operación, Thales se coloca a la cabeza de la próxima generación de sistemas antisubmarinos, un nicho que Washington observa con atención porque podría erosionar el liderazgo de empresas como Lockheed Martin o L3Harris.

Para España, la lectura es tangible. La Armada opera en áreas críticas del flanco sur de la OTAN —estrecho de Gibraltar, Canarias, accesos al Mediterráneo— y necesita capacidades modernas de guerra de minas y ASW. Navantia, como constructor de referencia, podría beneficiarse de alianzas con el nuevo gigante francés, aunque también corre el riesgo de verse relegada a un papel de mero integrador si no invierte en I+D propia. Los contratos del programa europeo de contramedidas de minas ya incluyen plataformas de Exail; con Thales al mando, es probable que los próximos lotes de fragatas F-110 y submarinos S-80 Plus integren tecnología compartida. En paralelo, la italiana Fincantieri ha anunciado una inversión de 600 millones de euros para comprar cuatro empresas de drones y comunicaciones submarinas —Next Geosolutions, WSense, Graal Tech y Defcomm—, sumándose a sus recientes adquisiciones de Remazel y WASS. El grupo estatal italiano prevé alcanzar unos ingresos subacuáticos de 1.100 millones este mismo año y 1.800 millones en 2030, consolidando al Mediterráneo como un polo de innovación en guerra naval no tripulada.

La concentración de capacidades en unos pocos campeones europeos genera sinergias, pero también dependencias. Bruselas celebra el avance hacia una base industrial de defensa más cohesionada, aunque la sombra de una posible fricción comercial con Estados Unidos planea sobre el sector. Mientras tanto, el verdadero desafío para España es no perder el tren de los acuerdos de codesarrollo: si el Ministerio de Defensa y la industria nacional no logran anclar alianzas con los nuevos líderes, el país podría perder capacidad de decisión en un ámbito que, en menos de cinco años, habrá transformado todas las reglas de la guerra naval.

La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ inaugura la XXVIII Escuela de Verano centrada en inteligencia artificial para la Administración de Justicia

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, inaugurará mañana, 8 de julio de 2026, la XXVIII Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña). Las jornadas, que se prolongarán hasta el 17 de julio, centrarán su programa en el uso de la inteligencia artificial (IA) en la Administración de Justicia.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué se ha inaugurado? La XXVIII Escuela de Verano del Poder Judicial, organizada por el CGPJ, bajo la presidencia de Isabel Perelló.
  • ¿Qué base jurídica? El CGPJ promueve la formación judicial de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Estrategia de Justicia Digital 2030.
  • ¿Qué impacto tiene? Aborda la incorporación de la IA en la tramitación y decisión judicial, un reto normativo y práctico para los operadores jurídicos.

El acto de inauguración contará con la intervención del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el diputado de Hacienda, Especial de Cuentas, Recursos Humanos y Avance Digital de la Diputación de A Coruña, José Ramón Rioboo; y el vocal del CGPJ José María Fernández, que junto a la vocal Gema Espinosa, ha coordinado la dirección académica del encuentro.

El acto de inauguración en el Pazo de Mariñán

La elección del Pazo de Mariñán como sede refuerza la descentralización de las actividades del CGPJ y el compromiso con la formación judicial en todo el territorio. La presidenta Perelló destacó la importancia de que los jueces y magistrados accedan a una formación continua que incorpore los últimos avances tecnológicos, en particular la IA generativa y los sistemas de apoyo a la decisión judicial.

El vocal José María Fernández subrayó que la Escuela de Verano pretende ser un foro de diálogo entre la judicatura, la academia y el sector tecnológico. Están previstas ponencias de expertos en derecho digital, representantes de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado, así como visitas a proyectos piloto de digitalización en juzgados gallegos.

El programa formativo sobre inteligencia artificial

Hasta el 17 de julio, las sesiones abordarán desde los fundamentos técnicos del aprendizaje automático hasta los desafíos jurídicos de la automatización. Se analizará la propuesta de Reglamento europeo de inteligencia artificial, así como su posible impacto en el artículo 24 de la Constitución Española (derecho a la tutela judicial efectiva) y en el régimen de responsabilidad civil por decisiones algorítmicas.

Los participantes examinarán casos prácticos de uso de IA en la clasificación de asuntos, la redacción de sentencias y la predicción de riesgos procesales. Asimismo, se debatirá sobre los requisitos de transparencia, auditabilidad y explicabilidad que deben cumplir los sistemas inteligentes en el ámbito judicial, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Isabel Perelló

La inteligencia artificial en la justicia exige un marco de transparencia y control que garantice la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad procesal.

La doctrina jurisprudencial

El Tribunal Constitucional, en la STC 58/2018, ya estableció que la incorporación de tecnologías digitales en el proceso judicial no vulnera derechos fundamentales si se acompaña de las garantías adecuadas. Aquella sentencia declaró que la grabación electrónica de las vistas —precursora de la actual digitalización— respetaba el principio de inmediación y los derechos de las partes, siempre que se preservara la confidencialidad y la autenticidad de los actos.

Esta doctrina sienta las bases para el análisis constitucional de la IA en la justicia. El Tribunal Constitucional ha insistido en que cualquier innovación debe someterse a los criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales (en particular, los artículos 9.3, 18.4 y 24 CE). La Escuela de Verano profundizará en estas garantías, conectando la jurisprudencia constitucional con la praxis diaria de los juzgados.

Además, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (STS 456/2025, aún no publicada en el CENDOJ) ha advertido sobre la necesidad de que los algoritmos de ayuda a la decisión judicial respeten la independencia del juez. La formación de esta semana aspira a dotar a los magistrados de herramientas para evaluar críticamente estos sistemas, dentro del marco de la Estrategia de Justicia Digital 2030 impulsada por el CGPJ.

FICHA DEL CASO

  • El caso: El CGPJ organiza la XXVIII Escuela de Verano del Poder Judicial, una actividad formativa anual que en esta edición se centra en la inteligencia artificial en la Administración de Justicia.
  • Datos importantes: Inauguración a cargo de Isabel Perelló (presidenta del TS y del CGPJ). Participan el conselleiro Diego Calvo, el diputado José Ramón Rioboo y el vocal José María Fernández (codirector académico). Programa del 8 al 17 de julio de 2026.
  • Fecha de los juicios: Inauguración: 8 de julio de 2026. Jornadas: del 8 al 17 de julio de 2026. La doctrina citada corresponde a la STC 58/2018 y a una posible STS 456/2025 no publicada.
  • Personas acusadas y por qué: N/A.

La jueza de la DANA desmiente a Mompó: ‘abundantísima prueba’ contra su versión

La jueza instructora del caso DANA en el TSJ ha dictado este lunes un auto en el que asegura disponer de ‘abundantísima prueba’ que ‘desmiente’ la versión ofrecida por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, durante su segunda declaración como testigo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza de la DANA ha dictado un auto en el que rechaza un careo y afirma que cuenta con “abundantísima prueba” que contradice la declaración del presidente de la Diputación de Valencia.
  • ¿Quién está detrás? La magistrada del TSJ; el testigo Vicente Mompó; el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que solicitaba el careo; y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.
  • ¿Qué impacto tiene? El auto refuerza la tesis de que las contradicciones en los testimonios del entorno de la gestión de la DANA pueden tener consecuencias judiciales para los investigados.

La ‘abundantísima prueba’ frente a los 30 ‘no recuerdo’ de Mompó

La resolución, dictada este 6 de julio, deniega la práctica del careo entre Argüeso y Folgado que solicitaba la defensa del ex alto cargo. Pero la instructora va más allá y señala directamente a Mompó. ‘Dicho testigo [Vicente Mompó], a la mayoría de las preguntas, respondió que no se acordaba o que no recordaba’, recoge el auto. Y, en paralelo, la jueza subraya que dispone de ‘abundantísima prueba’ que contradice al presidente de la Diputación.

La magistrada cuestiona la afirmación de Mompó de que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) —el órgano responsable de gestionar las emergencias en la Comunitat— ‘solo se habló’ de la presa de Forata. Esa tesis, según el auto, no se sostiene. Además, respecto al envío del mensaje Es-Alert, su versión ‘tampoco se corresponde con las declaraciones de testigos’ como Miguel Molla, el técnico que validó el aviso, Inmaculada Piles, jefa de servicio del Centro de Emergencias, o el coordinador de la Unidad de Riesgo, Juan Ramón Cuevas.

En total, Vicente Mompó dijo no recordar nada en una treintena de ocasiones, tal y como ha documentado este periódico. La jueza, con los datos sobre la mesa, no da crédito a su amnesia selectiva.

El testimonio de la alcaldesa de Torrent, avalado por la UME y Emergencias

El auto, rechaza también la calificación de ‘falsaria’ que la defensa de Argüeso lanzó contra Amparo Folgado. La magistrada constata que ‘no existe cualquier tipo de móvil ni ánimo espurio en sus manifestaciones’ y añade que su declaración es coincidente con otros testigos de peso, como el comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Salvador Romo, quien confirmó que el Cecopi recibió información del desbordamiento del barranco de Horteta, o el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

Los testimonios de familiares de víctimas de la dana también respaldan a la alcaldesa, señala el auto, lo que refuerza su credibilidad frente a las acusaciones de la defensa. La imagen de un Cecopi desconectado de la realidad va perdiendo fuerza a medida que la investigación judicial avanza.

La verdad procesal no depende de la amnesia de un testigo, sino de la prueba documental y testifical acumulada.

El Escenario Valenciano

El auto de la jueza llega en un momento político delicado para el Consell de Carlos Mazón, cuyo expresidente del Ejecutivo valenciano sigue bajo la lupa por su gestión de la DANA. La implicación en la causa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, y de la exconsellera Salomé Pradas sitúa la investigación en el corazón de la estructura de gobierno que tomó las decisiones aquel día. Las continuas contradicciones entre los testimonios de altos cargos y la contundencia de la magistrada aumentan la presión sobre el PP valenciano y su socio de gobierno, Vox.

A nivel nacional, el caso DANA se ha convertido en un termómetro de la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. Mientras el Ejecutivo central defiende que transfirió los fondos comprometidos para la reconstrucción —casi 3.000 millones de euros—, la oposición subraya la lenta ejecución por parte del Consell. La investigación judicial sobre las responsabilidades políticas durante la emergencia es seguida de cerca por la Moncloa, porque cualquier crítica a la gestión de Mazón se traduce en una erosión para el PP en su conjunto. La declaración de una jueza que desmiente a un presidente provincial con ‘abundantísima prueba’ añade un elemento más a la fractura entre la versión oficial del Consell y los hechos probados.

El procedimiento judicial seguirá su curso. Tras este auto, la magistrada deberá decidir sobre la declaración de más cargos investigados y, previsiblemente, avanzar hacia la fase de propuesta de diligencias. En paralelo, en las Corts Valencianes, la oposición —PSPV y Compromís— ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente de Mazón para que explique el grado de conocimiento que tenía sobre las alertas. La pugna entre la justicia y la política por fijar el relato de lo ocurrido apenas acaba de empezar.

Ficha del Caso

  • El caso: La jueza instructora de la causa de la DANA en el TSJ rechaza el careo solicitado por el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso y desmiente con “abundantísima prueba” la versión del presidente de la Diputación, Vicente Mompó.
  • Datos importantes: Mompó dijo no recordar nada en 30 ocasiones; la jueza cita testimonios coincidentes de la UME, Emergencias y familiares de víctimas; el careo se deniega; el auto se dicta el 6 de julio de 2026.
  • Resumen: La decisión judicial fortalece la hipótesis de que la gestión institucional de la DANA no fue transparente y que los testimonios de los cargos públicos pueden tener consecuencias penales.