Alerta roja por lluvias en Valencia: 359.896 alumnos sin clase en 104 municipios y un aviso que durará hasta el sábado

Alberto Ochoa
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Alerta roja por lluvias en Valencia: 359.896 alumnos sin clase en 104 municipios y un aviso que durará hasta el sábado

La Generalitat mantiene la alerta roja y naranja por lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana. Un total de 359.896 alumnos de 104 municipios se han quedado sin clases, según el recuento de la Conselleria de Educación, y la AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología) prolonga el aviso por chubascos muy fuertes y persistentes al menos hasta el sábado en el tercio oriental peninsular.

El reparto de las suspensiones no es uniforme. La mayoría de los municipios afectados se concentra en la provincia de Valencia y en la propia capital, según el último cómputo facilitado por la Conselleria, cerrado minutos antes de las 20.00 horas del jueves 1 de octubre. El resto se reparte entre localidades con aviso naranja en lugar de rojo, en función de la zona y de la predicción de cada comarca.

El recuento oficial: 359.896 alumnos y 104 municipios sin clase

Las cifras las aporta la Conselleria de Educación, el departamento del Govern valenciano competente en materia educativa. El listado se actualiza conforme la Generalitat revisa los niveles de alerta y las localidades incluidas, de modo que el número de centros cerrados puede variar a lo largo de la jornada. Estos son los datos confirmados por la Administración autonómica:

  • 359.896 alumnos sin clase, el dato facilitado por la Conselleria de Educación.
  • 104 municipios de la Comunitat Valenciana con la actividad lectiva suspendida.
  • Alerta roja y naranja, según la provincia y la zona.
  • Suspensión vinculada a la vigencia de la alerta en unos casos y hasta el mediodía del viernes en otros.

Hasta cuándo se mantienen las clases suspendidas

Hay dos criterios sobre la mesa. En una parte de los municipios, la suspensión está ligada a la vigencia de la alerta: si el aviso decae, la actividad lectiva se reanuda. En otros, la Generalitat dejó fijado un límite horario concreto, las 12.00 horas del viernes 2 de octubre.

Las previsiones apuntan a que el episodio de lluvias continuará más allá de esa hora, por lo que la reapertura general de los centros no está garantizada para el final de la jornada. Cada ayuntamiento recibe la comunicación de la Conselleria a medida que se actualiza el listado de municipios con clases suspendidas.

La alerta roja es el nivel máximo de aviso de la AEMET, e implica riesgo para la población en las zonas señaladas. La alerta naranja, un escalón por debajo, obliga a extremar la precaución. La Generalitat combina ambos niveles según el mapa de avisos y la predicción por comarcas.

La suspensión no es homogénea: unos centros reabrirán cuando decaiga la alerta y otros mantienen el cierre fijado para este viernes a mediodía.

El aviso de la AEMET: chubascos muy fuertes y persistentes en el tercio oriental

La AEMET mantiene el aviso por chubascos muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular al menos hasta el sábado, según la información difundida por el organismo. El episodio afecta a varias provincias del arco mediterráneo, con la Comunitat Valenciana entre las zonas más expuestas. Puedes consultar los avisos vigentes de la AEMET en su web oficial.

El tercio oriental peninsular comprende el litoral mediterráneo y su interior inmediato, donde se prevén precipitaciones intensas y persistentes en intervalos cortos. Los niveles de aviso se actualizan varias veces al día y pueden pasar de rojo a naranja, o a la inversa, en función de la intensidad prevista por zonas.

Qué vigilan las administraciones hasta el sábado

El escenario que manejan las administraciones es el de una alerta que se prolonga al menos hasta el sábado. La Generalitat no ha fijado por ahora una fecha de reapertura general de los centros educativos y remite a la evolución del temporal y a la actualización de los avisos por comarcas.

Los protocolos de emergencia ante un aviso rojo recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de barrancos y zonas inundables, además de no cruzar tramos de carretera anegados. La Generalitat irá comunicando la reanudación de la actividad lectiva según la situación de cada municipio, con dos criterios: el final de la alerta o el límite horario ya fijado para este viernes.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Generalitat mantiene la alerta por lluvias y 359.896 alumnos de 104 municipios valencianos siguen sin clase, según Educación.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La Conselleria de Educación, la AEMET y los ayuntamientos de los municipios con clases suspendidas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El aviso de la AEMET se prolonga al menos hasta el sábado y la Generalitat mantiene el cierre donde sigue la alerta.

PP y Vox exhiben su pacto en las Corts: sintonía total salvo en financiación autonómica e inmigración

Amparo Soler
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PP y Vox exhiben su pacto en las Corts: sintonía total salvo en financiación autonómica e inmigración

El PP ha respaldado once de las doce propuestas de Vox en las Corts, con dos excepciones: la financiación autonómica y la inmigración.

Ha ocurrido durante el Debate de Política General celebrado esta semana en las Corts Valencianes, el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, que cuenta con 99 escaños. Los dos grupos que sostienen al Consell de Pérez Llorca, el gobierno autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca desde diciembre de 2025, han subrayado su acuerdo en casi todas las materias. La puesta en escena buscaba exactamente eso: demostrar que son «partidos políticos diferentes» capaces de sacar adelante las cuestiones importantes para los intereses valencianos.

Once de doce: la aritmética que sostiene al Consell

El PP validó once de las doce propuestas de resolución presentadas por sus socios parlamentarios. Respaldó los planteamientos de Vox en vivienda y fiscalidad, la exigencia de poner en marcha de forma «inminente y eficaz» un canal de denuncias para delatar posibles casos de adoctrinamiento en las aulas y la intención de la derecha radical de incorporar la llamada prioridad nacional, como política transversal del Consell.

Esa prioridad nacional, el mecanismo que pretende priorizar a los nacionales en el acceso a recursos públicos, ya está incluida en los Presupuestos y en la Ley de Acompañamiento, según defendió el síndic de Vox, José María Llanos. Durante la primera sesión del debate, el president Pérez Llorca hizo caso omiso a la interpelación de sus socios sobre este asunto. «Lo importante es que es ley gracias a Vox y el Consell tiene que cumplir la ley», zanjó Llanos.

Las dos grietas: financiación autonómica e inmigración

El pacto, sin embargo, no es total. El síndic popular Nando Pastor reconoció la falta de acuerdo con sus socios en materia de financiación autonómica, consciente de que Vox rechaza frontalmente el sistema de reparto de recursos entre las comunidades. No es un matiz menor: toca el corazón del modelo territorial y condiciona cualquier negociación presupuestaria futura.

La segunda grieta llegó por una propuesta que los populares calificaron de iniciativa ómnibus. Vox quiso reunir en un solo texto reivindicaciones inconexas: vincular el acceso al sistema sanitario a la residencia legal en España, repatriar a todos los inmigrantes en situación ilegal, cubrir las plazas vacantes de las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil o iniciar un estudio sobre la viabilidad del tercer hospital de Alicante. En la votación hubo incluso un rifirrafe entre las diputadas de ambos grupos que defendieron y rechazaron la iniciativa.

El pacto PP-Vox en Valencia no se rompe: se administra. Y cada votación decide en qué punto se aprieta y en qué punto se cede.

Con todo, la sintonía entre los dos grupos fue evidente. Ninguna de las propuestas de PSPV y Compromís salió adelante en la votación. El diálogo que presume el president no se tradujo en acuerdos con la oposición, que quedó fuera de todas las resoluciones aprobadas.

El Escenario Valenciano

La fotografía que deja el debate es la de un pacto sólido en la superficie y con costuras visibles en el detalle. En las Corts Valencianes, el Consell de Pérez Llorca sostiene su mayoría sobre los votos de Vox, y esa dependencia marca cada votación. El PP necesita a sus socios para aprobar presupuestos y leyes; Vox necesita al PP para convertir su agenda en norma. De ahí el equilibrio: ceder en once propuestas y frenar en una.

Hay una lectura nacional doble. La financiación autonómica no es solo un asunto valenciano: el modelo de reparto entre comunidades sigue abierto en el Congreso de los Diputados, y la posición de Vox contra el sistema choca con el interés del PP por aparecer como garante de la igualdad entre territorios. En paralelo, la convivencia de populares y ultraconservadores en el Consell funciona como escaparate de lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a tolerar en sus gobiernos autonómicos.

Queda la proyección. El debate abre el tramo final de la legislatura, con el calendario presupuestario como próxima prueba de fuego y la oposición de PSPV y Compromís buscando recomponer un relato propio tras quedarse sin ninguna resolución aprobada. La pregunta que planea en el hemiciclo es sencilla: cuánto tiempo más aguanta la sintonía antes de que la financiación vuelva a dividir a los socios.

Ficha del Caso

  • El caso: El Debate de Política General en las Corts Valencianes evidenció la sintonía del PP y Vox, socios del Consell de Pérez Llorca, con dos excepciones: la financiación autonómica y un paquete migratorio.
  • Datos importantes: El PP validó 11 de las 12 propuestas de Vox, rechazó una iniciativa ómnibus sobre inmigración y sanidad, y ninguna propuesta de PSPV ni Compromís salió adelante.
  • Resumen: El pacto autonómico aguanta con costuras visibles. La financiación autonómica y la inmigración marcan los límites en el tramo final de la legislatura.

El Congreso vota los decretos de vivienda: las claves del no de Junts, PP y Vox y qué pasa después

Alberto Ochoa
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El Congreso vota los decretos de vivienda: las claves del no de Junts, PP y Vox y qué pasa después

El Congreso vota este viernes 2 de octubre los dos decretos de vivienda del Gobierno, que se enfrenta al rechazo de Junts, PP y Vox. Las tres formaciones han confirmado su voto en contra, una mayoría suficiente para tumbar las dos iniciativas en el pleno. El Ejecutivo rechazó retirar los textos y negociar uno nuevo, como pedía el partido de Carles Puigdemont.

Fuentes del Ejecutivo han enmarcado la votación en clave política: «Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores». El Gobierno defiende que los dos textos son medidas «eficaces» para frenar la especulación y los fondos buitre y para facilitar el acceso a la primera vivienda.

Qué se vota y por qué el Gobierno no retira los decretos

Los dos textos se tramitan como real decreto-ley (norma con rango de ley que el Gobierno aprueba por vía de urgencia y que después debe ratificar el Congreso). El Ejecutivo ha mantenido su contenido pese a la petición expresa de Junts de retirarlos, y pactar un redactado nuevo.

Entre las medidas que defiende el Ejecutivo figuran:

  • Frenar la especulación y poner coto a los fondos buitre.
  • Facilitar el acceso a la primera vivienda.
  • Fomentar los alquileres asequibles.
  • Frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios.

El Gobierno sostiene que las medidas se han negociado «durante meses» con los grupos parlamentarios para «acomodar» sus visiones. Y añade un argumento de urgencia: asegura que su utilidad se demostró este jueves al evitar que una vecina de Barcelona perdiera su casa.

El rechazo de Junts, PP y Vox bastará para derogar los dos decretos: la convalidación exige mayoría simple y la suma de los tres grupos la supera.

Las claves del no de Junts, PP y Vox

Junts anunció su rechazo tras una reunión de su Ejecutiva en la noche del jueves. En su comunicado, la formación considera que «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden» y sostiene que reducirán la oferta de alquiler y encarecerán los precios.

El partido de Puigdemont pide retirar los decretos y elaborar un texto nuevo. Pide además que, cuando esté listo, se convoque un Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Gobierno que aprueba los decretos) para aprobarlo mediante un nuevo real decreto-ley. Con esas condiciones, asegura, dará su voto favorable.

El PP y Vox también han confirmado su voto en contra. El Gobierno ha agradecido a ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria su «responsabilidad» por anunciar su voto a favor.

Qué pasa ahora: la convalidación y el siguiente paso del Gobierno

La votación de este viernes es una convalidación (el trámite por el que el Congreso ratifica o deroga un decreto-ley ya publicado en el Boletín Oficial del Estado). Si los dos textos no logran la mayoría simple, quedarán derogados.

El Gobierno insiste en que «España ya no puede esperar más» y reclama una «política de vivienda valiente». Junts condiciona su apoyo a la aprobación de un nuevo texto en un Consejo de Ministros posterior.

El pleno de este viernes cierra así la tramitación de dos normas que el Gobierno llevaba meses negociando. Caerán con los votos de tres grupos que no comparten el mismo diagnóstico sobre la política de vivienda.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Congreso vota este viernes los dos decretos de vivienda con el rechazo confirmado de Junts, PP y Vox, según Europa Press.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Gobierno defiende los textos; Junts los rechaza y pide uno nuevo; PP y Vox votan en contra.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Si no logran mayoría simple quedarán derogados; Junts exige un nuevo decreto aprobado en el Consejo de Ministros.

OpenAI destapa 15.000 cuentas falsas de Moonshot AI: la guerra IA entre EE. UU. y China se recrudece

Jack Williams
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OpenAI destapa 15.000 cuentas falsas de Moonshot AI: la guerra IA entre EE. UU. y China se recrudece

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? OpenAI desveló el miércoles el cierre de más de 15.000 cuentas que intentaban extraer el razonamiento interno de sus modelos. La actividad arrancó el 1 de julio y quedó cortada el 28 de julio.
  • ¿Quién está detrás? La compañía atribuye el núcleo de la operación a personas vinculadas a Moonshot AI, desarrolladora del chatbot Kimi. En paralelo, Proofpoint alerta de robos de correo a expertos en IA de Estados Unidos y Japón.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza el pulso tecnológico entre Washington y Pekín y añade presión regulatoria sobre las empresas europeas y españolas que integran modelos de origen chino.

OpenAI cierra más de 15.000 cuentas de Moonshot AI y la guerra de la IA entre EE. UU. y China se recrudece. El laboratorio estadounidense sostiene que un grupo de usuarios intentó replicar el funcionamiento interno de sus modelos mediante la técnica conocida como distillation, la destilación: extraer las respuestas de un sistema ya entrenado para construir otro mucho más barato.

Quince mil cuentas y un pico de 16.000 peticiones en 48 horas

El informe sitúa el arranque de la actividad el 1 de julio de 2026 y su punto álgido entre el 24 y el 25 de ese mes, cuando más de 4.000 usuarios lanzaron alrededor de 16.000 peticiones en apenas dos jornadas. La compañía asegura que la operación estaba desactivada el 28 de julio y que desde entonces endureció el registro de nuevas cuentas y vigila con más atención patrones parecidos.

La empresa admite que no puede confirmar si todos los operadores detectados respondían a un único actor. Eso sí, atribuye ‘un núcleo central’ de la actividad a individuos vinculados a Moonshot AI, la firma china detrás del asistente Kimi. Ni la compañía asiática, ni OpenAI ni la Embajada de China atendieron las peticiones de comentario de la prensa estadounidense.

El segundo frente: los correos de los expertos en IA también están en el punto de mira

Moonshot AI

Proofpoint añade una capa más incómoda. La firma de ciberseguridad ha detectado campañas de robo de correo dirigidas a especialistas en inteligencia artificial de Estados Unidos y Japón, atribuidas a actores de origen chino. El objetivo no es el gran almacén de datos, sino las conversaciones donde se cuecen los detalles técnicos y las hojas de ruta de los modelos.

Desde el Hudson Institute llega la interpretación más severa. Thomas Duesterberg, investigador sénior de este centro especializado en la competencia económica entre Washington y Pekín, sostiene que el hallazgo demuestra que las compañías chinas ‘realmente no pueden competir salvo que nos roben las cosas’. A su juicio, atacar el núcleo del modelo convierte la violación de los términos de uso en ‘una forma educada de decir que están robando’. Pide prohibir el uso de esos modelos en Estados Unidos y vetar la inversión estadounidense en firmas chinas.

El episodio tiene antecedente. En enero de 2025, OpenAI reconoció que investigaba si DeepSeek había entrenado su modelo con los suyos y el entonces asesor de inteligencia artificial de la Casa Blanca, David Sacks, habló de ‘evidencia sustancial’ de destilación.

Un modelo copiado no hereda solo el conocimiento del original: hereda también sus silencios, y esos silencios viajan con cada respuesta que da.

La Lógica de Washington

Para entender el movimiento hay que mirar desde dentro. La ventaja de los grandes laboratorios no está en los datos públicos, sino en las trazas de razonamiento que han costado años de cómputo y miles de millones de dólares. La destilación comprime ese trabajo en meses y se lleva por delante las capas de seguridad que el desarrollador original incorpora a su modelo. De ahí que la Casa Blanca trate estos episodios como un asunto de seguridad nacional y no como una disputa mercantil entre dos empresas.

La coalición que sostiene esa lectura es amplia: el consenso crítico con Pekín es uno de los pocos terrenos donde el Partido Republicano y el Partido Demócrata caminan juntos. El espejo histórico más útil es la guerra de los semiconductores entre Washington y Tokio en los años ochenta: se acusó a Japón de copiar y de practicar dumping, se firmó en 1986 un acuerdo comercial con cuotas de acceso al mercado nipón y su industria nunca recuperó el liderazgo.

Para España el golpe no llega por la vía arancelaria, sino por la dependencia tecnológica. La próxima ventana clave no tiene fecha pública, pero pasa por las audiencias que puedan convocarse en el Capitolio, los criterios de compra pública que fije Bruselas y las resoluciones del supervisor español de datos si llega una reclamación.

Qué se juegan las empresas españolas

El riesgo tiene consecuencias muy domésticas. Un modelo destilado puede replicar respuestas sin heredar los filtros del original, de modo que el mismo sistema que redacta un correo comercial puede devolver una versión sesgada de un asunto político. Duesterberg advierte de que los modelos chinos están construidos para repetir el relato aprobado por el Gobierno y no responden a determinadas preguntas históricas.

En España, la respuesta institucional pasa por la Agencia Española de Protección de Datos y por las obligaciones que el Reglamento europeo de inteligencia artificial ya impone a los modelos de propósito general. En Estados Unidos, el NIST lleva años elaborando marcos técnicos de evaluación, un terreno donde la cooperación transatlántica se ha enfriado. Quien copia el modelo copia también su gobernanza.

Ficha del Caso

  • El caso: OpenAI detecta una red de más de 15.000 cuentas dedicadas a replicar el razonamiento de sus modelos y atribuye el núcleo a personas vinculadas a la china Moonshot AI.
  • Datos clave: actividad activa del 1 al 28 de julio, con pico el 24 y 25 (4.000 usuarios y unas 16.000 peticiones); precedente de DeepSeek en enero de 2025; Proofpoint alerta de robos de correo a expertos en IA.
  • Para España: el impacto llega por la dependencia tecnológica y el tratamiento de datos. Toda empresa que use modelos de origen chino asume riesgos de protección de datos, de sesgo y de reputación.

El Departamento de Estado de Rubio revoca más de 250.000 visados en Estados Unidos desde 2025

Jack Williams
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El Departamento de Estado de Rubio revoca más de 250.000 visados en Estados Unidos desde 2025

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Departamento de Estado de Marco Rubio ha confirmado la revocación de más de 250.000 visados de entrada a Estados Unidos desde enero de 2025.
  • ¿Quién está detrás? El secretario de Estado y la red consular americana, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Casa Blanca de Donald Trump.
  • ¿Qué impacto tiene? El turista español viaja con ESTA, pero los visados de trabajo, estudios, inversión y traslado corporativo quedan expuestos.

El Departamento de Estado de Marco Rubio ha revocado más de 250.000 visados de entrada en Estados Unidos desde enero de 2025, según la cifra que el propio departamento ha difundido esta semana.

Un cuarto de millón de revocaciones: acusaciones, no condenas firmes

La cifra fue presentada por el propio departamento como ‘un hito histórico’ que refleja su compromiso con la protección de los americanos. Son más de un cuarto de millón de expedientes cerrados en veintiún meses, sin juicio, sin sala de vistas y sin necesidad de una condena previa. El ritmo ronda los 12.000 visados anulados cada mes.

Conviene tener clara la base legal, porque explica por qué la administración ha elegido esta vía y no otra. La revocación no es una deportación ni exige sentencia firme: la Section 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad faculta al secretario de Estado para anular un visado en cualquier momento y a su entera discreción. Basta una detención, una imputación o un dato nuevo en el expediente consular. No hace falta condena firme para perder el visado.

En agosto, el departamento desglosó el perfil de los afectados: delitos violentos, drogas, fraude y amenazas a la seguridad nacional. La mayoría de los expedientes correspondían a personas acusadas de agresión, conducir ebrio, robo, fraude o infracciones migratorias. La lista se amplía a maltrato infantil, agresión sexual, malversación y conducción temeraria.

Dos casos citados por el propio departamento resumen el criterio. En uno, el visado se retiró a una persona acusada de violación y abuso sexual de de una víctima con discapacidad mental. En otro, la revocación llegó tras la imputación por secuestro, trata de personas y explotación sexual de una menor.

Washington ha convertido la revocación de visados en un instrumento administrativo masivo que no necesita pasar por los tribunales para ejecutarse.

A esa lista se suma el birth tourism, el turismo de nacimiento: el viaje a Estados Unidos para dar a luz y que el recién nacido obtenga la ciudadanía americana. Es el mismo terreno que pisó la orden ejecutiva de enero de 2025, firmada por Donald Trump el día de su toma de posesión, según el texto difundido por la Casa Blanca. El nudo jurídico es la enmienda catorce de la Constitución, que garantiza la nacionalidad a quien nace en suelo americano.

El visado es un privilegio discrecional, no un derecho. Ahí está el mensaje.

Qué cambia para España: del ESTA a los visados de trabajo e inversión

revocación visados

España está en el programa de exención de visado: el turista español no pide visado, solicita el ESTA, la autorización electrónica previa que cubre estancias de hasta 90 días. Ahí el riesgo es distinto, pero real, porque el ESTA se puede anular en cualquier momento y sin explicación. Quien acumule antecedentes penales o estancias previas irregulares tendrá que pedir un visado en toda regla, justo cuando se revocan por decenas de miles.

El punto débil está en la movilidad interna de las plantillas. Ingenieros, directivos y técnicos trasladados a las filiales americanas de Iberdrola —a través de Avangrid—, Ferrovial, Santander o Inditex operan con visados L-1 (traslados dentro de la misma empresa), H-1B (trabajadores cualificados) o E-2 (inversores), categorías en las que un expediente manchado pesa más que un buen currículum. Los departamentos de cumplimiento revisan antecedentes antes de firmar cualquier expatriación.

Nadie firma una expatriación a la ligera.

El segundo frente es latinoamericano, y España está en medio. Por definición, un visado solo se revoca a quien necesita uno: la mayoría de los países con esa exigencia están en América Latina, Asia y África. Las sedes españolas de multinacionales con filiales en esos mercados operan a menudo como puerta de entrada hacia la matriz americana, y cada desplazamiento pasa ya por una revisión previa.

En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores canaliza la asistencia consular de los españoles que residen o trabajan en Estados Unidos, un servicio que en este contexto gana peso. La recomendación práctica es la de siempre: comprobar la vigencia del ESTA antes de facturar y responder con exactitud al formulario, porque una declaración falsa cierra esa puerta durante años.

La Lógica de Washington

Entender la cifra exige mirarla desde dentro. La administración recuperó en 2024 un mandato nítido en seguridad fronteriza y los cruces irregulares en la frontera sur cayeron de forma acusada durante 2025. Con el titular de la frontera agotado, el foco se desplazó al interior del sistema: el visado, la palanca donde la Casa Blanca puede actuar sin permiso del Congreso.

La coalición que sostiene esta política es la que devolvió a Donald Trump al Despacho Oval: la base MAGA, el voto de ley y orden y una franja de electorado moderado que en 2024 colocó la inmigración entre sus tres primeras preocupaciones. Con las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 a cuatro semanas vista, cada cifra publicada funciona como argumento electoral.

El precedente histórico ayuda a calibrar. Estados Unidos ya usó el visado como herramienta de política interior y exterior: la ley McCarran-Walter de 1952 permitió excluir a extranjeros por su ideología durante la Guerra Fría; tras el 11-S, el programa de registro especial obligó a decenas de miles de hombres procedentes de países musulmanes a pasar por comisarías; y en 2018 el Tribunal Supremo avaló la tercera versión del veto migratorio de la primera administración de Donald Trump. Lo que cambia ahora no es la herramienta, sino la escala.

La incógnita está en el alcance. El departamento ha extendido el mismo instrumento a visados de estudiantes, un frente que Marco Rubio ha vinculado públicamente a las protestas en los campus universitarios, y el sector tecnológico americano ha advertido de que un sistema percibido como imprevisible encarece la captación de talento. La próxima cita son las estadísticas consolidadas del año fiscal americano (que va del 1 de octubre al 30 de septiembre), de publicación ya avanzado 2027. El ritmo de revocaciones es la variable a seguir.

Ficha del Caso

  • El caso: El Departamento de Estado de Marco Rubio confirma más de 250.000 visados revocados desde enero de 2025, la mayoría por acusaciones de delitos graves, fraude, infracciones migratorias y amenazas a la seguridad nacional.
  • Datos clave: 250.000 expedientes en veintiún meses; la revocación se ampara en la Section 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y no exige condena firme; el turismo de nacimiento figura entre los motivos citados.
  • Para España: El turismo español viaja con ESTA, pero los traslados corporativos y los visados de trabajo, estudios e inversión quedan expuestos a una revisión más severa.

Cabal renuncia al Centro Democrático: el reordenamiento del uribismo que inquieta a la inversión española en Colombia

Amparo Soler
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Cabal renuncia al Centro Democrático: el reordenamiento del uribismo que inquieta a la inversión española en Colombia

María Fernanda Cabal ha roto con el Centro Democrático y deja al uribismo colombiano sin una de sus figuras más reconocibles. Lo anunció ella misma, en un vídeo esta semana. Detrás late una petición de escisión —una separación formal dentro del propio partido— que nunca obtuvo respuesta. Y lo que pasa en Bogotá no se queda en Bogotá.

Colombia es uno de los grandes destinos de la inversión española en América Latina, y todo reordenamiento político se lee allí como una señal.

Qué ha pasado y por qué el partido no respondió

Cabal no es una figura menor. Llevaba doce años en el Congreso y era una de las voces más representativas de la formación fundada por el expresidente Álvaro Uribe. En la consulta interna para elegir candidato presidencial compitió contra Paola Holguín y Paloma Valencia; ganó esta última y la candidatura de Cabal quedó sepultada. Desde entonces, la relación se enfrió.

El 4 de agosto presentó formalmente una solicitud de escisión, según relató en su mensaje. Buscaba una salida institucional y democrática para tramitar sus diferencias, no una disputa personal. Esperó respuesta. No llegó. Y el pasado 1 de octubre, en un vídeo dirigido a sus seguidores, comunicó su renuncia: ‘Vienen grandes retos’, avisó, y fijó para el próximo 3 de octubre el anuncio de su nuevo proyecto político.

La salida no reniega del legado. Cabal subrayó que su admiración por Uribe sigue intacta y que la seguridad democrática —la política de firmeza contra las guerrillas de los años 2000— ‘marcó nuestra historia’. Traducido: el problema no es el fundador, sino el rumbo que ha tomado el partido que hoy preside Abelardo De La Espriella. La formación respondió con un mensaje breve: Colombia ‘jamás será una causa perdida’.

Cabal se va del Centro Democrático y el uribismo se reordena: para la inversión española en Colombia, no es un detalle menor.

Por qué mira con lupa la inversión española en Colombia

Vamos a lo que de verdad toca a España. Colombia ha sido durante años una plaza central para el capital español en América Latina. Empresas como Telefónica, BBVA, Banco Santander, Repsol o Mapfre mantienen operaciones relevantes en el país. Cada vez que su clase política se remueve, esas compañías recalculan riesgos.

No es una sobrerreacción. Un partido de referencia funciona como termómetro: si la principal formación de centro derecha se fragmenta, el mapa que el inversor tenía memorizado deja de servir. Y aparece la pregunta incómoda: ¿se debilita la oposición o se parte en piezas que nadie sabe aún cómo encajar?

Conviene recordar que la relación entre Madrid y Bogotá es antigua y profunda. España figura entre los primeros inversores extranjeros en Colombia, con presencia en telecomunicaciones, banca, energía y seguros. Esa red empresarial no depende de un partido, pero sí de que el país conserve un marco predecible. El reordenamiento del uribismo añade ruido justo cuando la región entera revisa sus equilibrios.

Lo que la historia enseña sobre los partidos que se parten

El propio Centro Democrático nació de una ruptura. Uribe dejó el Partido Liberal a comienzos de siglo y construyó desde cero una formación que gobernó Colombia durante ocho años, entre 2002 y 2010. Aquel cisma no fue el final: fue el principio. Ahora la historia se repite a la inversa —es el CD el que pierde a una de sus figuras— y eso pide perspectiva. Las potencias inversoras, de momento, toman nota y esperan.

Este precedente ayuda a medir el alcance real. Una escisión que no se produce, una renuncia que sí llega y un anuncio pendiente para el próximo 3 de octubre dibujan un partido en tensión, no un país en crisis.

Para España, la lectura es de prudencia: seguir de cerca quién ordena el centro derecha colombiano y qué propone en seguridad jurídica. Las reglas del juego de hoy fijan la rentabilidad de la próxima década. Los inversores no temen los cambios de Gobierno; temen no saber cuáles vienen.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: María Fernanda Cabal renuncia al Centro Democrático tras no recibir respuesta a su solicitud de escisión, presentada el 4 de agosto.
  • Datos importantes: Acumulaba doce años en el Congreso; su candidatura interna la ganó Paloma Valencia y anunciará su nuevo proyecto el 3 de octubre.
  • Resumen: El reordenamiento del uribismo añade incertidumbre política en una plaza clave para la inversión española.

El Consejo Consultivo de Canarias censura a Clavijo por pagar 574 millones en contratos públicos sin validez

Marta Iglesias
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El Consejo Consultivo de Canarias censura a Clavijo por pagar 574 millones en contratos públicos sin validez

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo Consultivo de Canarias censura al Gobierno autonómico por el uso «fraudulento o abusivo» de un mecanismo excepcional para pagar las facturas de un contrato de antivirus vencido.
  • ¿Quién está detrás? El Ejecutivo de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. La resolución que abrió el expediente la firmó el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.
  • ¿Qué impacto tiene? La sanidad canaria acumula 574 millones de euros abonados sin contratos válidos, 125 de ellos en conciertos con clínicas privadas.

El Consejo Consultivo de Canarias censura a Clavijo por pagar contratos públicos caducados al margen de la ley.

Un contrato vencido en 2025 y facturas abonadas por la vía excepcional

El último dictamen del órgano consultivo de la comunidad autónoma (el organismo que vela por la legalidad de las decisiones del Ejecutivo canario) reprocha al Gobierno de Fernando Clavijo el uso «fraudulento o cuando menos abusivo» del procedimiento de revisión de oficio, la vía excepcional que permite a la administración anular sus propios actos cuando adolecen de vicios graves. Sirvió para pagar las facturas de un contrato vencido: el suministro de un sistema antimalware para los móviles corporativos. El contrato expiró en julio de 2025 y el servicio siguió prestándose sin cobertura legal.

Todo arranca en septiembre de 2022, cuando el anterior Gobierno progresista de las islas —PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera— firmó un contrato con una duración máxima de tres años y un importe de 145.044,77 euros sin impuestos. Quince días antes del vencimiento, un informe interno ya advertía de que era necesario mantener el servicio hasta adjudicar un nuevo concurso. En marzo de 2026, los pliegos seguían en fase de elaboración.

La empresa contratista presentó facturas por 21.555,25 euros, entre agosto y diciembre de 2025. La revisión de oficio arrancó en abril mediante una resolución firmada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que es además portavoz del Ejecutivo autonómico.

De La Laguna al Consultivo: el patrón que persigue a Clavijo

El Consultivo constata que el Gobierno de Canarias prescindió «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» para prorrogar el contrato. La empresa siguió prestando el servicio una vez extinguido el contrato y, por tanto, «sin cobertura alguna», lo que vulnera los principios básicos de la contratación administrativa: el acceso a las licitaciones, la publicidad y la transparencia, y la igualdad de trato entre candidatos.

Eso sí, el dictamen admite la causa de nulidad y el pago de las facturas, porque los servicios se prestaron de forma efectiva y, de no abonarse, se produciría un «enriquecimiento injusto». El Consultivo recuerda que estos contratos son de tracto sucesivo —de ejecución continuada, no de entrega puntual— y que este tipo de irregularidades no responden a un imprevisto, sino a «graves faltas de diligencia en la gestión de los expedientes de contratación», proscritas además por el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Canarias paga primero y regulariza después: el Consultivo pone nombre a un mecanismo que convierte la excepción en rutina.

El órgano fiscalizador sostiene que Presidencia hace un «uso fraudulento o cuando menos abusivo» de la revisión de oficio e incurre en «una clara desviación de poder». A su juicio, el Ejecutivo no emplea este procedimiento para expulsar actos viciados de nulidad, sino para saltarse «todas aquellas circunstancias que impiden hacer efectivo el pago de las facturas debidas», como el levantamiento de los reparos de la intervención.

Ese detalle vuelve a entroncar el caso con el episodio que llevó a Clavijo ante el Tribunal Supremo. Cuando era concejal y alcalde de La Laguna, el hoy presidente autonómico sostuvo durante años contratos vencidos mediante decretos que levantaban sistemáticamente los reparos del interventor municipal, en el llamado caso Reparos. La causa penal acabó archivada por la Sala Segunda, que entonces presidía el canario Manuel Marchena, al entender que eran irregularidades administrativas y no delitos.

El Pulso Territorial

El Gobierno de Canarias lo preside Coalición Canaria desde 2023 y afronta el tramo final de la legislatura con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2027. La formación nacionalista ha convertido la gestión del día a día en su principal argumento, pero los sucesivos reparos del Consultivo colocan el foco en la letra pequeña de la contratación pública, un terreno donde el PSOE y Nueva Canarias tienen margen para desgastar al Ejecutivo.

No es un patrón exclusivo de las islas ni de este gobierno. El propio Consultivo viene reiterando la advertencia en numerosos dictámenes, y la práctica de de sostener servicios esenciales con contratos vencidos recorre buena parte de las administraciones autonómicas. La diferencia, en Canarias, es la escala: 574 millones de euros en la sanidad sin contratos válidos, 125 de ellos en conciertos con clínicas privadas, un volumen difícil de explicar cuando la comunidad arrastra listas de espera y tensiones presupuestarias.

Lo que viene ahora es un concurso largamente prometido. Los pliegos del nuevo contrato seguían en elaboración en marzo de 2026, más de un año después del vencimiento. El Ejecutivo ya formalizó el 3 de septiembre un contrato de ciberseguridad más amplio —servidores, correo electrónico y licencias corporativas— que recayó en Centro Regional de Servicios Avanzados, con sede en Burgos, por 5,8 millones de euros. Queda por ver si la advertencia del Consultivo cambia la forma de contratar o si, como en La Laguna, el expediente se cierra sin consecuencias.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Consejo Consultivo reprocha al Gobierno de Clavijo el uso «fraudulento o abusivo» de la revisión de oficio para pagar las facturas de un contrato de antivirus vencido.
  • Datos importantes: Contrato firmado en septiembre de 2022 por 145.044,77 euros sin impuestos; expiró el 31 de julio de 2025; facturas por 21.555,25 euros (agosto-diciembre de 2025); la sanidad canaria suma 574 millones abonados sin contratos válidos, 125 en conciertos privados.
  • Resumen: El Consultivo avala el pago para evitar el enriquecimiento injusto, pero reprocha la «desviación de poder». El Ejecutivo ya adjudicó un contrato de ciberseguridad más amplio por 5,8 millones.

UARX Space pone a Galicia en órbita: lanza desde Nigrán su ‘taxi espacial’ en un Falcon 9 de SpaceX

Anxo Seoane
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UARX Space pone a Galicia en órbita: lanza desde Nigrán su ‘taxi espacial’ en un Falcon 9 de SpaceX

La empresa gallega UARX Space ha lanzado este jueves su taxi espacial Ossie en un Falcon 9 de SpaceX. El vehículo de transferencia orbital, diseñado y fabricado íntegramente en Porto do Molle, en Nigrán, viaja entre las cargas de la misión Transporter-18, que partió desde la base de Vandenberg, en California.

Ossie —acrónimo de Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration— no es un satélite más. Recoge pequeños satélites tras el despliegue inicial del cohete y los coloca en su órbita definitiva. La compañía lo describe como un taxi de precisión: cuando el lanzador deja las cargas en una primera posición, el vehículo ejecuta por su cuenta las maniobras necesarias para llevarlas al punto exacto que buscan sus operadores. Puede transportar CubeSats, satélites pequeños y PocketQubes. Esta misión inaugural servirá para validar la tecnología en condiciones reales.

De Porto do Molle al Pacífico: dos años y medio para un hito

El camino hasta California empezó en el parque empresarial de Nigrán, donde UARX Space ocupa unas instalaciones de 1.200 metros cuadrados dedicadas a oficinas, integración y pruebas de satélites y vehículos espaciales. Allí se diseñó y se fabricó Ossie. Después superó los ensayos previstos en Estados Unidos y quedó integrado en el Falcon 9 para formar parte del manifiesto de Transporter-18, una de las misiones compartidas, con las que SpaceX, coloca decenas de cargas en el espacio en un solo vuelo.

La propia compañía resumió el alcance de la jornada en su perfil de LinkedIn. Lo ocurrido, señaló, es un hito para la empresa y, sobre todo, un avance para el sector aeroespacial español, al situar a UARX Space como la única firma del país capaz de diseñar, fabricar, probar y lanzar un vehículo de transferencia orbital. La afirmación es de la empresa, no una certificación independiente, pero marca el terreno en el que quiere competir.

El negocio que se abre es el de la economía de los satélites pequeños. Universidades, startups y operadores de constelaciones ponen en órbita cada vez más ingenios de bajo coste, y casi todos necesitan lo mismo: alguien que los traslade del punto donde los suelta el cohete al sitio donde de verdad quieren estar. Ese hueco es el que Ossie aspira a ocupar desde un polígono de Nigrán.

Galicia no solo exporta conservas, automóviles o granito: desde Porto do Molle acaba de salir un vehículo orbital integrado en un cohete de SpaceX.

Conviene calibrar el alcance. La de este jueves es una misión inaugural, y la propia empresa la plantea como una prueba en condiciones reales: el negocio llegará después, con contratos y vuelos sucesivos. Aun así, pocas veces una firma española había alcanzado la fase de lanzamiento con un vehículo de este tipo ideado, construido y probado en casa.

Una industria aeroespacial para una región de naval y automoción

taxi espacial Galicia

Galicia construye barcos, monta automóviles y envasa conservas desde hace décadas; su tejido productivo se formó en el metal, la pesca y el textil. La irrupción de UARX Space añade una capa distinta: ingeniería de sistemas, propulsión y operaciones orbitales, un negocio de márgenes altos y plantillas reducidas que no depende de la lonja ni del precio del acero. Como ocurrió con la automoción en el área de Vigo hace más de medio siglo, el símbolo pesa tanto como la facturación.

El sector aeroespacial español lleva años reclamando un lugar propio en el mapa europeo, y los programas comunitarios de lanzadores y constelaciones han abierto oportunidades antes reservadas a Francia, Alemania o Italia. Que un vehículo de transferencia orbital salga de un polígono gallego es, en ese contexto, una señal: la industria del espacio también puede tener acento periférico. La pregunta es si el lanzamiento se convierte en cartera de pedidos o se queda en titular de un día.

El Laboratorio Gallego

La política gallega llega a este hito con el PPdeG gobernando la Xunta, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela, con mayoría absoluta.

Enfrente, el BNG se ha consolidado como primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa de 75 escaños, y el PSdeG completa el tablero autonómico.

Ninguna de las tres formaciones puede permitirse discutir en público un lanzamiento espacial salido de Nigrán, y eso ya dice mucho del valor político del símbolo. El debate real, cuando llegue, será otro: cuánto de esto se traduce en empleo cualificado y cuánto se queda en foto.

La lectura nacional es doble. Por un lado, refuerza la posición de España en un sector donde Bruselas busca autonomía tecnológica y donde cada vehículo propio cuenta. Por otro, encaja en el relato que el PP nacional hace del modelo autonómico gallego: gestión estable, inversión privada y resultados visibles. La diferencia es que, en este caso, el escaparate lo llena una empresa privada con 1.200 metros cuadrados en Nigrán, no un decreto.

Queda el calendario. UARX Space deberá convertir la misión inaugural en contratos, y el sector mira ya a las próximas misiones compartidas de SpaceX y a los programas europeos de constelaciones que repartirán servicios orbitales en los próximos años. En Galicia, la Xunta tiene en la atracción de tecnología uno de los ejes de su discurso económico para lo que resta de legislatura, con elecciones autonómicas previstas en 2028. La incógnita es de siempre: si el talento formado en las universidades gallegas encuentra aquí el sitio donde quedarse.

Ficha del Caso

  • El caso: UARX Space, firma con sede en Porto do Molle (Nigrán), lanza Ossie, su vehículo de transferencia orbital, en un Falcon 9 de SpaceX dentro de la misión Transporter-18, desde la base de Vandenberg (California).
  • Datos importantes: Diseño y fabricación íntegros en Nigrán; 1.200 metros cuadrados en Porto do Molle; dos años y medio de desarrollo; capacidad para CubeSats, satélites pequeños y PocketQubes.
  • Resumen: El hito sitúa a Galicia en el mapa aeroespacial español y europeo, aunque el reto será convertir la misión inaugural en pedidos y empleo cualificado.

Un juez federal restituye al fiscal federal que Trump cesó en Seattle tras su nombramiento judicial

Jack Williams
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Un juez federal restituye al fiscal federal que Trump cesó en Seattle tras su nombramiento judicial

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El juez federal Stanley Bastian ha restituido a Roger Rogoff como fiscal federal del Distrito Oeste de Washington, con sede en Seattle, después de que la Casa Blanca lo cesara 54 minutos después de jurar el cargo.
  • ¿Quién está detrás? Bastian, designado por Barack Obama, frente al Departamento de Justicia de Donald Trump, que ya ha anunciado que pedirá una suspensión inmediata y recurrirá.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerza la tesis de que el Senado y los tribunales tienen voz en el nombramiento de los fiscales federales, y confirma que la justicia federal sigue operando como contrapeso institucional.

El juez federal Stanley Bastian restituye a Roger Rogoff como fiscal federal de Seattle tras su cese exprés ordenado por Donald Trump.

La secuencia es difícil de igualar. Los jueces del distrito oeste de Washington, eligieron a Roger Rogoff por unanimidad el 15 de julio, cuando la fiscalía seguía sin un titular confirmado por el Senado. Juró el cargo y, 54 minutos después, Donald Trump lo cesó. Este jueves, el juez Stanley Bastian dictó una orden cautelar que lo devuelve al puesto y prohíbe al Gobierno obstaculizar su acceso a los recursos de la oficina.

Un cese de 54 minutos que la justicia federal no ha dejado pasar

Desde el estrado, Bastian fue explícito. ‘El Congreso no entregó al presidente en solitario la potestad de ocupar este cargo inferior’, dijo el magistrado, designado por Barack Obama. Y añadió que el presidente ‘no puede despedir unilateralmente a un fiscal federal nombrado por un tribunal de distrito’. Bastian se negó además a suspender su propia decisión mientras la Administración recurre, lo que deja a Rogoff operativo de inmediato.

La mecánica legal importa. La ley federal permite al Departamento de Justicia designar a un fiscal interino durante 120 días. Si la vacante persiste, los jueces de distrito pueden nombrar a un sustituto hasta que la Casa Blanca proponga un candidato y el Senado lo confirme. Es el mecanismo que activó el distrito oeste de Washington y el que ahora está en cuestión. Es la primera victoria judicial de un fiscal nombrado por los tribunales y cesado por la Administración.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. ‘No estamos de acuerdo con la decisión, vamos a pedir una suspensión inmediata y recurriremos’, señaló la cuenta de respuesta rápida del Departamento de Justicia. El exfiscal federal Bill Shipley apuntó en X un límite práctico: el fiscal general podría reasignar a todo el personal de Seattle a otras fiscalías y dejar a Rogoff despachando en solitario.

El nombramiento y el cese de un fiscal federal no son un detalle administrativo: son la línea que separa al Ejecutivo de la judicatura.

Lo que se juega España: la seguridad jurídica que sostiene la inversión

Para Madrid, el asunto es menos lejano de lo que parece. Las fiscalías federales instruyen los casos de fraude corporativo, sanciones internacionales y delitos económicos que afectan a compañías extranjeras con presencia en Estados Unidos. Entre ellas hay grupos españoles de peso: Iberdrola a través de Avangrid, Santander, Ferrovial o ACS.

Si el titular de una fiscalía cambia según quién gane un pulso institucional, la relación entre empresas y reguladores pierde previsibilidad. Un sistema judicial que se percibe capturado por la política encarece la inversión extranjera. El caso tampoco viaja solo: el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito ha expresado su preocupación por que los nombramientos de fiscales de la Administración se hayan producido al margen de la confirmación del Senado, según recoge el relato del litigio publicado por el Washington Examiner.

La Lógica de Washington

La Casa Blanca no actúa por capricho. Su tesis es la del artículo II de la Constitución: el presidente encabeza el poder ejecutivo y los fiscales federales son oficiales de ese poder, de modo que su designación y su cese deben responder a la única cadena de mando con legitimidad electoral directa. Es una doctrina con precedente. Reagan la invocó para blindar el control presidencial sobre las agencias; George W. Bush la defendió tras el 11-S con los fiscales antiterroristas; y el propio Trump la llevó al extremo en 2020, cuando el Tribunal Supremo avaló en el caso Seila Law la capacidad del presidente de cesar a los responsables de agencias independientes.

La coalición que sostiene esa lectura es la del Partido Republicano más presidencialista y más escéptico con el poder de los cuerpos burocráticos: senadores que llevan años sosteniendo que las fiscalías federales actúan como un cuarto poder no electo. Para el electorado de Trump, el ‘Estado profundo’ no es una metáfora, es una realidad administrativa. Y sin embargo, la tesis choca con un muro: la jurisprudencia solo ha preservado límites a la destitución presidencial para ‘oficiales inferiores con funciones limitadas y sin autoridad política o administrativa’. Un fiscal de distrito no encaja fácilmente ahí.

Está previsto que la Administración solicite una suspensión inmediata en los próximos días. Si la pierde, el litigio subirá al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y, con toda probabilidad, al Tribunal Supremo antes de que acabe el año judicial. La incógnita es doble: si el alto tribunal amplía el poder de destitución del presidente y si, en la práctica, un fiscal restituido puede trabajar con una oficina vaciada desde dentro. Nadie dijo que fuera sencillo.

Ficha del Caso

  • El caso: Un juez federal restituye a Roger Rogoff como fiscal del Distrito Oeste de Washington después de que la Casa Blanca lo cesara 54 minutos después de jurar el cargo. El Departamento de Justicia ya ha anunciado recurso.
  • Datos clave: Orden cautelar dictada por Stanley Bastian; 120 días de plazo para el nombramiento interino del fiscal general; designación judicial unánime de Rogoff el 15 de julio; la Administración pedirá una suspensión inmediata.
  • Para España: El litigio define la previsibilidad de las fiscalías federales que instruyen casos de fraude y sanciones contra compañías extranjeras, incluidas Iberdrola, Santander, Ferrovial y ACS.

El Senado aprueba una moción de AHI para incluir a Canarias en la delimitación marítima con Marruecos

Marta Iglesias
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El Senado aprueba una moción de AHI para incluir a Canarias en la delimitación marítima con Marruecos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha aprobado una moción de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) que insta al Gobierno a reactivar el grupo de trabajo sobre los espacios marítimos con Marruecos, con el Ejecutivo canario en la mesa.
  • ¿Quién está detrás? El senador herreño Javier Armas firma la iniciativa, que ha salido adelante con los votos del PP y el PNV y el rechazo del PSOE.
  • ¿Qué impacto tiene? El Gobierno deberá remitir en tres meses un informe al Senado, al Congreso y al Ejecutivo canario sobre el estado de las negociaciones y las cuestiones pendientes.

El Senado ha aprobado que Canarias participe en la delimitación marítima con Marruecos, a instancias de una moción de AHI.

El PP y el PNV respaldan la moción; el PSOE vota en contra

La votación se ha celebrado este jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, el órgano donde las comunidades debaten sus asuntos en la Cámara Alta. El PP y el PNV han respaldado la iniciativa y el PSOE ha votado en contra. La moción —una iniciativa no legislativa, sin rango de ley: fija la posición de la Cámara y compromete políticamente al Gobierno, pero no lo obliga jurídicamente— partía del senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) Javier Armas y ha incorporado una enmienda transaccional (el acuerdo entre dos grupos para fusionar sus textos en una sola propuesta) pactada con el PP.

El texto reclama al Ejecutivo la reactivación del grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos, con representación del Gobierno de Canarias. Y añade dos condiciones: salvaguardar los derechos soberanos de España sobre las aguas canarias y garantizar que el Ejecutivo autonómico participe en cualquier asunto que afecte al archipiélago, sin prejuzgar el estatuto definitivo del Sáhara Occidental y con respeto a las resoluciones de Naciones Unidas.

El acuerdo fuerza además al Gobierno a enviar en tres meses un informe al Senado español, al Congreso y al Ejecutivo canario sobre el estado de los trabajos de delimitación, la participación de Canarias, las cuestiones pendientes y las actuaciones previstas, con la confidencialidad que la ley exija. La iniciativa pide desvincular la delimitación marítima de la cooperación migratoria y del control fronterizo y rechaza cualquier actuación unilateral contraria a los derechos soberanos de España o a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Tres meses de plazo y una frontera migratoria que queda al margen

«Lo que estamos viendo debe servirnos de aviso. Canarias no puede esperar a tener un problema para empezar a defender sus intereses. Queremos diálogo y cooperación con Marruecos, pero Canarias no puede ser nunca moneda de cambio», ha manifestado Javier Armas. El senador herreño enmarca la aprobación en un contexto bilateral tenso, con la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales de julio como telón de fondo y con Melilla también en el punto de mira.

La iniciativa no nace en el Senado. La Plataforma por el Mar Canario lleva más de dos décadas reclamando que el archipiélago tenga voz sobre sus aguas, una reivindicación que quedó plasmada en la Declaración de El Hierro de noviembre de 2022, respaldada por todas las fuerzas políticas de la isla. «Esta lucha no comienza con nosotros», ha subrayado Armas, que ha compartido el resultado con la plataforma ciudadana.

Delimitar el mar canario no es un trámite diplomático: es decidir quién manda sobre el agua que sostiene la pesca, el turismo y la seguridad de ocho islas.

moción AHI El Hierro

El Pulso Territorial

En Canarias gobierna desde 2023 una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente de la Presidencia. Esa geometría explica el eco de la votación: el partido que sostiene el Ejecutivo autonómico respaldó la moción en Madrid, mientras el PSOE, que gobierna en España, votó en contra. La moción no obliga jurídicamente al Ejecutivo central, pero lo deja retratado ante el archipiélago. Cabe recordar que la AHI es una formación de ámbito insular, con presencia histórica en El Hierro, la isla más occidental y la menos poblada del archipiélago.

El precedente más cercano está en Ceuta y Melilla, las otras dos plazas cuyas aguas se miden con Marruecos y que el propio Armas citó como territorios fronterizos expuestos. La diferencia canaria es de escala: ocho islas habitadas, más de 2,2 millones de residentes según el Instituto Nacional de Estadística y un mar que sostiene la pesca, el turismo y las conexiones de cabotaje entre islas. La exposición, en cualquier caso, no tiene parangón en en el resto del mapa autonómico.

El calendario marca los siguientes pasos. El informe deberá estar en manos del Senado, del Congreso y del Ejecutivo canario a comienzos de 2027, aunque la cláusula de confidencialidad deja abierto cuánto de ese contenido llegará a conocerse. La reactivación efectiva del grupo de trabajo depende, eso sí, de que Marruecos acepte sentarse de nuevo, y el texto aprobado no ofrece garantías sobre ese punto. Todo ello con las elecciones autonómicas canarias de mayo de 2027 en el horizonte, una cita en la que el control del mar será, por primera vez en años, materia de campaña.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Senado aprueba una moción de AHI que exige reactivar la negociación con Marruecos sobre los espacios marítimos de Canarias, con el Gobierno autonómico sentado en la mesa.
  • Datos importantes: Tres meses de plazo para el informe; PP y PNV a favor y PSOE en contra; más de 2,2 millones de habitantes; Declaración de El Hierro de noviembre de 2022.
  • Resumen: Queda pendiente la reactivación real del grupo de trabajo y el informe al Senado, al Congreso y al Ejecutivo canario, previsto para comienzos de 2027.

La Generalitat mantiene la alerta roja en la Comunitat Valenciana hasta el viernes y Renfe suspende los Cercanías

Amparo Soler
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La Generalitat mantiene la alerta roja en la Comunitat Valenciana hasta el viernes y Renfe suspende los Cercanías

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat mantiene la alerta roja en la Comunitat Valenciana hasta este viernes y Renfe ha suspendido los Cercanías de Valencia y los trenes con Catalunya.
  • ¿Quién está detrás? El conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama; la AEMET y el operador ferroviario Renfe.
  • ¿Qué impacto tiene? Los desplazamientos diarios de miles de personas en el área metropolitana de Valencia quedan cortados y la conexión ferroviaria con Catalunya, interrumpida.

La Generalitat mantiene la alerta roja en la Comunitat Valenciana hasta este viernes para evitar un Es-Alert de madrugada.

La decisión se anunció tras la reunión de coordinación que la Generalitat convocó este jueves a las 17:30 a través del Centre de Coordinació d’Emergències, el órgano que reúne a bomberos, policías, sanitarios y, técnicos de protección civil cuando hay riesgo. El conseller d’Emergències —el cargo autonómico equivalente a un ministro—, Juan Carlos Valderrama, explicó que el aviso se prolonga «más allá de la predicción de la Aemet». El motivo es operativo y tiene que ver con el sueño de la gente: no lanzar un Es-Alert, el sistema estatal de alertas masivas al móvil, «a las tres o cuatro de la madrugada».

Los datos que maneja Emergencias describen un episodio intenso, pero por ahora contenido. En Xodos, un municipio de la comarca de l’Alcalatén, se han acumulado más de 110 litros por metro cuadrado, una cifra que en otro contexto habría encendido todas las alarmas. El conseller aseguró que el número de incidencias registradas hasta el momento es «muy reducido». La AEMET, sin embargo, advirtió de que no descartaba un aviso rojo en las zonas limítrofes del interior norte y sur de la provincia de Valencia durante la tarde y la noche del jueves.

Eso sí, la consigna para las comarcas que permanecen en aviso naranja es la misma que si el nivel fuera aviso rojo: tomar medidas «como si tuviéramos un aviso rojo», en palabras de Valderrama. En un episodio de lluvias persistentes, la diferencia entre un color y otro se mide en minutos y en decisiones que se toman antes de que suene el primer teléfono de emergencia.

Renfe suspende los Cercanías de Valencia y corta la conexión con Catalunya

Renfe Cercanías Valencia

Renfe mantiene suspendida desde las 18:00 de este jueves la circulación de los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios ferroviarios que conectan con Catalunya. La compañía justifica el corte por las condiciones meteorológicas y por la necesidad de garantizar la seguridad de la circulación. El Cercanías es la espina dorsal de la movilidad en l’Horta: vertebra los desplazamientos diarios entre Valencia y su área metropolitana, y un corte nocturno se nota al día siguiente en andenes, estaciones y carreteras.

La Generalitat ha elegido el mal menor: sostener el rojo antes que despertar a media Comunitat con una alarma en el bolsillo.

Que la alerta se mantenga un día más no es un detalle menor. La DANA del 29 de octubre de 2024 —la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones más letales en España en más de seis décadas— dejó una lección incómoda: los avisos que llegan tarde o mal explicados cuestan vidas. Desde entonces, cualquier decisión sobre colores, horarios y mensajes masivos se mira con lupa, dentro y fuera de la Generalitat.

El Escenario Valenciano

El Consell (el gobierno autonómico valenciano) que preside Juanfran Pérez Llorca gestiona esta emergencia con el pacto con Vox como telón de fondo y con la herida de 2024 todavía abierta.

En las Corts Valencianes (el parlamento unicameral valenciano, con 99 escaños), el debate sobre los protocolos de emergencia quedó marcado por lo ocurrido en octubre de 2024: PSPV y Compromís han convertido esa carpeta en territorio de fiscalización permanente al Gobierno valenciano.

A eso se suma la sombra del expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts y vinculado al proceso judicial que investiga su gestión de la catástrofe, y el pulso sostenido entre el Consell y el Gobierno de Pedro Sánchez por los fondos y los criterios de la reconstrucción.

La dimensión nacional del episodio es doble. Por un lado, la AEMET es una agencia estatal y el Es-Alert depende de la Dirección General de Protección Civil, de modo que cualquier cambio de nivel se coordina entre administraciones. Por otro, el temporal afecta a la vez a la Comunitat Valenciana y a Catalunya, dos comunidades con protocolos propios que responden ante el mismo sistema nacional de emergencias. Si miramos la serie histórica, cada gran catástrofe —de la riada de Biescas en 1996 a las inundaciones de Murcia en 2012— ha reabierto la misma pregunta: qué falla en la cadena de avisos a la población.

La proyección inmediata pasa por este viernes. Si la previsión se cumple y las lluvias pierden intensidad, el Centre de Coordinació d’Emergències podrá rebajar el nivel de aviso y Renfe recuperará de forma progresiva los Cercanías, empezando por las líneas menos afectadas. Si el rojo se mantiene, la conexión con Catalunya tardará más en volver. En el horizonte político, la reconstrucción de 2024 y los protocolos de emergencia siguen siendo dos de las carpetas más calientes para el Consell de Pérez Llorca.

Ficha del Caso

  • El caso: La Generalitat mantiene la alerta roja en la Comunitat Valenciana hasta este viernes para evitar lanzar un Es-Alert de madrugada, mientras Renfe suspende los Cercanías de Valencia y los trenes con Catalunya por el temporal.
  • Datos importantes: Más de 110 litros por metro cuadrado acumulados en Xodos (l’Alcalatén); suspensión ferroviaria en vigor desde las 18:00 de este jueves; AEMET advirtió de que no descartaba aviso rojo en las zonas limítrofes del interior de la provincia de Valencia.
  • Resumen: El episodio reactiva el debate sobre los protocolos de alerta a la población y sobre la respuesta coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas.

El aeropuerto de Peinador cumple un año sin nuevas rutas en Vigo y el Concello exige financiación a tercios

Anxo Seoane
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El aeropuerto de Peinador cumple un año sin nuevas rutas en Vigo y el Concello exige financiación a tercios

El comité para captar rutas del aeropuerto de Peinador cumple un año sin acuerdos y con cuatro destinos en la parrilla.

La cuarta reunión del grupo de trabajo se celebró esta semana en Santiago de Compostela, con representantes de AENA, de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago), de las diputaciones provinciales, y concejales de los concellos (los ayuntamientos gallegos) de Vigo, A Coruña y Santiago. Todos coincidieron en el tono. Ninguno, en el fondo.

Sobre la mesa volvió a aparecer el dato que AENA repite desde hace meses: 33 casos de negocio para Peinador que resultarían rentables para las aerolíneas. Algunos son destinos ya conocidos —Londres, París, Bruselas o Ámsterdam— y esas conclusiones, según la información trasladada al Concello, ya han sido entregadas a distintas compañías. «Tenemos que ofrecer algo atractivo», resumió Ignacio Biosca, director de Datos y Mercado Aeronáutico del gestor aeroportuario.

Un año de comité, 33 rutas sobre la mesa y solo cuatro en la parrilla

Con solo cuatro rutas, el aeropuerto de Peinador afronta un final de 2026 y un arranque de 2027 de mínimos: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La parrilla no se mueve. Mientras tanto, Lavacolla y Alvedro han sumado nuevos destinos desde que se gestó el comité. Santiago alcanzó este verano conexión con tres continentes y A Coruña añadió rutas nacionales a Sevilla, Valencia y Bilbao, además de más frecuencias a Barcelona.

La inversión tampoco está en duda. El Concello destaca la congelación de las tarifas aeroportuarias para el próximo año y una partida de casi 50 millones de euros a cinco años para mejoras en la infraestructura del aeropuerto vigués. Lo que falta no es dinero para ladrillo, sino un acuerdo sobre quién paga por los vuelos.

El pulso de Peinador no es sobre los destinos: es sobre quién pone el dinero para que las aerolíneas se sienten a negociar.

El pulso por la financiación: a tercios o promoción en origen

comité aéreo Vigo

Vigo insiste en un modelo de financiación directa a tercios —una tercera parte para el Concello, otra para la Xunta y otra para la Diputación—, convencido de que «el único sistema es acordar con las compañías». Su representante en el comité, Carlos L. Font, se mostró inflexible: «Mal que nos pese», dijo, hay que pagar a las aerolíneas y no confiar en la promoción en origen que defienden la Xunta y la Diputación. Font pidió además más transparencia sobre los contratos firmados en A Coruña y Santiago, y reclamó a la Xunta más dinero que los 100.000 euros por ruta conseguida.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, presentó la versión contraria. A su juicio, la hoja de ruta de AENA combina bonificaciones del gestor con aportaciones institucionales para publicidad en origen, un modelo que su institución respalda con 200.000 euros reservados en 2027 por cada nueva ruta, por ahora limitados a dos conexiones. «Hay consenso con todos menos con Vigo», zanjó. Sánchez tiene una cita en octubre: la feria Routes 2026 en Fráncfort, donde Galicia volverá a vender su conectividad.

Santiago y A Coruña llegan al año del comité con posiciones también distintas. La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, pidió a la Xunta que «tome las riendas» y coordine el sistema aeroportuario gallego, y reclamó elevar a 200.000 euros anuales la promoción de cada aeropuerto. «Salimos sin muchas novedades», admitió. El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, reclamó un «pacto sobre la conectividad aérea en Galicia» y apeló a dejar atrás los «localismos estériles».

El Laboratorio Gallego

Galicia llega a este punto con tres aeropuertos y ninguna coordinación. Es un laboratorio involuntario. La Xunta, con mayoría absoluta del PPdeG, defiende desde hace años un modelo de promoción en origen; el Concello de Vigo, en manos del PSdeG, reclama financiación directa; y las diputaciones y los demás ayuntamientos miran cada uno por su terminal. Nadie renuncia a su cuota de vuelos, y el resultado es que ninguno los consigue.

La dimensión nacional es evidente. AENA es una empresa estatal dependiente del Ministerio de Transportes, y la relación entre la Xunta y el Gobierno central sobre inversiones e infraestructuras ha sido uno de los ejes del discurso territorial del PP. El modelo de pago a las aerolíneas que Vigo reclama ya funciona en otros aeropuertos españoles, según reconoce el propio gestor aeroportuario, de modo que lo que se decide en Peinador anticipa debates que se repiten en Galicia, Asturias o Castilla y León. La conectividad aérea se ha convertido en política de cohesión territorial.

El calendario aprieta. La próxima reunión del comité aún no tiene fecha cerrada, pero octubre trae la cita de Routes 2026 en Fráncfort, con Galicia buscando aerolíneas. La Xunta, según el conselleiro de Presidencia (el consejero autonómico de Presidencia), Diego Calvo, aspira a rutas «a medio y largo plazo» y promete que Vigo tendrá nuevas conexiones «con total seguridad». El riesgo es el de siempre: que el año del comité se convierta en dos y que Peinador siga esperando con la parrilla más corta de Galicia.

Ficha del Caso

  • El caso: El comité para captar rutas del aeropuerto de Vigo cumple un año sin nuevos destinos. Vigo pide financiación a tercios; la Xunta y la Diputación defienden la promoción en origen.
  • Datos importantes: Cuatro reuniones celebradas; 33 casos de negocio analizados por AENA; cuatro destinos operativos (Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife); casi 50 millones de euros en infraestructura a cinco años; 100.000 euros de la Xunta por ruta; 200.000 euros de la Diputación por ruta en 2027.
  • Resumen: La falta de consenso institucional mantiene a Peinador con la parrilla más corta de Galicia, mientras Lavacolla y Alvedro suman destinos. El pulso anticipa el debate nacional sobre cómo se financian las rutas aéreas.
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