Un incendio forestal declarado en la mañana de este viernes en La Bisbal d’Empordà, en la provincia de Girona, ha obligado a confinar una casa de colonias con 150 niños, según han informado los Bombers de la Generalitat. Los menores se encuentran en buen estado y no se han registrado heridos por el momento.
El aviso y el dispositivo de extinción desplegado
El aviso se ha recibido a las 9:17 horas de este viernes, y el fuego se ha originado en las inmediaciones de la carretera GI-660, una zona con vegetación que ha favorecido la rápida propagación de las llamas. Los Bombers han activado un dispositivo compuesto por 22 dotaciones: 17 terrestres y 5 medios aéreos, entre los que figuran helicópteros de los Grupos de Actuaciones Forestales (GRAF) especializados en incendios de vegetación. Estos equipos trabajan de de forma contundente para estabilizar el incendio lo antes posible. Los medios terrestres incluyen brigadas forestales y unidades de intervención rápida, mientras que los helicópteros realizan descargas sobre los puntos más activos del fuego.
La carretera GI-660 cortada y la seguridad de los niños
Debido a la gran cantidad de humo en la zona, la GI-660 ha quedado cortada al tráfico por seguridad, según han confirmado los Bombers. En las inmediaciones se encuentra una casa de colonias que albergaba a 150 niños en el momento de declararse el incendio. Ante el avance de las llamas, se ha decidido su confinamiento en el interior de las instalaciones como medida preventiva. Los menores permanecen acompañados por sus monitores y se mantienen en contacto con los servicios de emergencia, que han asegurado que todos se encuentran bien.
Los Bombers mantienen activas 22 dotaciones, entre terrestres y aéreas, para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los 150 niños confinados.
El operativo continúa para estabilizar el incendio
Los equipos de extinción continúan trabajando en la zona con el objetivo de estabilizar el incendio lo antes posible. Por el momento, no se han reportado víctimas ni heridos, y la prioridad es proteger tanto a los menores confinados como a las posibles viviendas o infraestructuras cercanas. Las autoridades no han facilitado por ahora una estimación de la superficie afectada ni las causas del incendio, que serán investigadas una vez controlado el fuego.
El suceso se produce en plena temporada de campamentos y colonias veraniegas, lo que ha llevado a activar todos los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los menores. Los Bombers han destacado que el confinamiento es una medida preventiva habitual en estas situaciones y que los niños están siendo atendidos de forma continua hasta que se pueda reanudar la actividad con normalidad o, si fuera necesario, evacuar la zona de forma segura. Además, la Generalitat ha recomendado a la población evitar desplazamientos innecesarios a la zona y ha activado el plan especial de emergencias por incendios forestales (INFOCAT) en fase de alerta, según fuentes oficiales.
Lo sé: vacaciones es sagrado. Pero cuando el presupuesto se encoge, a menudo la cena en el chiringuito de playa pasa a ser un lujo. He visto a familias enteras con su nevera llena de tuppers —y yo mismo he sido ese—, porque comer fuera ya no es la opción automática de otros veranos. Y no pasa nada. De hecho, con este truco de cocina que te ahorra un dineral, te llevarás el mejor bocadillo de toda la orilla.
Según los últimos datos del INE, el gasto de los residentes españoles en viajes durante el verano pasado apenas retrocedió un 0,1%, pero las partidas de alojamiento y restauración son las que más se resienten. La inflación de la restauración se acerca al 4,8%, y eso se nota. Ante este panorama, la solución más sabrosa es armarse con una buena nevera portátil y un repertorio de bocadillos que no tienen nada que envidiar a la carta de un bar.
Yo ya he hecho cuentas. Con 1,5 euros por comensal (lo que cuesta el pollo, el pan y un poco de salsa) recreamos un almuerzo playero infinitamente mejor que cualquier menú recalentado de chiringuito. Y sin colas.
No es un invento mío; el sector ya ha detectado el cambio. Según recoge el INE, los servicios de alojamiento y restauración suben un 4,8% respecto al año anterior. Así que las familias mantienen la escapada pero recortan donde pueden: menos noches, hoteles más baratos y, sobre todo, menos comidas fuera. Un bocadillo bien planificado es el salvavidas de este verano.
El error más común es prepararlo a las prisas la misma mañana y acabar con un pan reblandecido y un pollo seco. Para que no te pase, aquí entra la técnica.
Renunciar al chiringuito no es rebajar las vacaciones: es trasladar la mejor cocina a la arena y ganar tiempo para lo que importa.
El secreto del éxito
El pan que aguanta bien el viaje: Las barras de cristal o de chapata resisten mejor la humedad del tomate y las salsas. Lo mejor es tostarlo ligeramente antes de salir de casa; así conserva el crujiente hasta la hora del almuerzo.
Proteínas de larga duración: Pollo asado, atún en conserva o tortilla de patatas son opciones que se mantienen seguras sin nevera durante horas si hace calor. Yo me decanto por el pollo al pimentón que preparo la noche anterior.
Salsas caseras que transforman todo: Una simple salsa de yogur con hierbas o un alioli suave alegran cualquier bocadillo. No solo potencian el sabor, sino que evitan que el bocadillo parezca triste.
Ingredientes
Para dos bocadillos playeros de campeonato, necesitas:
1 barra de pan de cristal (o chapata grande)
200 g de pechuga de pollo (después cocinada, unos 150 g)
2 pimientos del piquillo asados (de lata, bien escurridos)
1 cucharadita de pimentón dulce
Un puñado de rúcula (o lechuga)
2 cucharadas de alioli suave (mejor casero)
Aceite de oliva virgen extra y sal
Paso a paso
La noche de antes, cocina la pechuga entera a la plancha con un hilo de aceite y una pizca de sal. Cuando esté dorada, rebájala con un poco de agua y espolvorea el pimentón; deja que se evapore el líquido para que la carne se impregne bien. Deja enfriar y desmígala en tiras gruesas con los dedos, que así queda más jugosa.
Por la mañana, tuesta ligeramente el pan —solo por dentro— y unta una capa fina de alioli en ambas mitades. Encima coloca las tiras de pollo, los pimientos escurridos (córtalos en tiras) y la rúcula. Un chorrito de aceite de oliva y un pellizco de sal cierran el montaje. Envuelve bien en papel film o papel de aluminio para que aguante el viaje.
Ya en la playa, solo tienes que desenvolver y hincarle el diente. El contraste entre el pan tostado, el pollo especiado y el frescor del alioli es justo lo que pide un día de sol. Un detalle que marca la diferencia: si añades un poco de tomate natural rallado justo antes de cerrar el bocadillo, consigues un extra de jugosidad, pero hazlo en el momento de comer o el pan se reblandece.
Variaciones y maridaje
Con qué beberlo: una cerveza bien fría o un tinto de verano con limón realzan los matices del pimentón y el alioli. Si prefieres algo sin alcohol, un agua con gas y limón va de perlas.
Versión vegetariana: sustituye el pollo por tortilla de patatas fina o por garbanzos especiados salteados en en una sartén con comino. El punto cremoso del alioli casa perfectamente con ambos.
Para los que van con prisa: cualquier lata de atún en aceite de oliva (escurrida) con pimiento y un toque de mayonesa sirve de bocadillo de emergencia. El resultado es humilde pero honesto.
Conservación: si sobra, guárdalo en la nevera sin el tomate ni el alioli, y añádelos al día siguiente. El pollo aguanta 3 días en un táper hermético, pero el bocadillo montado pierde la gracia pasadas 4 horas.
¿Qué ha pasado? Ursula von der Leyen ha amenazado a China con represalias comerciales si Pekín no presenta resultados tangibles en la corrección de sus prácticas desleales antes de octubre.
¿Quién está detrás? La Comisión Europea, con el respaldo del mandato adoptado por el Consejo Europeo, y el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič.
¿Qué impacto tiene? Una posible escalada proteccionista que pondría en jaque las relaciones comerciales con China, con un déficit de 360.000 millones de euros, y que afectaría a empresas españolas exportadoras e importadoras.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subido este jueves el tono frente a Pekín. «El diálogo es esencial, pero tiene que dar resultados», declaró durante una visita a Cork, Irlanda, al fijar un ultimátum hasta octubre para que China demuestre avances en la reducción de los desequilibrios comerciales.
Von der Leyen enumeró los motivos de la creciente tensión: exceso de exportaciones chinas de bajo coste, restricciones a las empresas europeas y un uso masivo de subvenciones estatales, prácticas que, en sus palabras, «ya no queremos ver en nuestro mercado». La Comisión ya dispone del Instrumento Anticoerción, pero su complejidad y las divisiones entre los Estados miembros lo han dejado sin usar desde su creación. Ahora, el Ejecutivo comunitario prepara al menos dos nuevas herramientas: una para diversificar cadenas de suministro y otra para garantizar la solidaridad en caso de represalias chinas.
«Según la respuesta de las autoridades chinas, en otoño definiremos nuestras posibles actuaciones», advirtió la presidenta. «Estamos preparados para todo, tenemos todos los instrumentos sobre la mesa y estudiamos otras opciones si fuera necesario». La advertencia se produce justo después de que el Consejo Europeo diera a la Comisión el mandato para adoptar una postura más firme, aunque aún no se ha detallado qué prácticas se abordarían ni con qué grado de contundencia.
El mensaje es claro: Pekín tiene hasta otoño para abrir sus mercados o la UE desplegará todas las herramientas de defensa comercial a su alcance, por primera vez en décadas.
Reacciones y el déficit récord: un expediente que fractura a los Veintisiete
La amenaza de Von der Leyen choca con la realidad de una UE dividida. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, cuyo país acaba de asumir la presidencia del Consejo de la UE, abogó por la cautela: «Necesitamos un comercio justo, pero también existe una interdependencia significativa; en cierta medida, todos necesitamos a todos». Sus palabras reflejan las reservas de los Estados más expuestos al mercado chino o que temen dañar sus propios flujos de inversión.
El año pasado, la UE registró un déficit comercial con China de 360.000 millones de euros, y por primera vez los 27 Estados miembros presentaron saldos negativos. La magnitud del desequilibrio ha acelerado los plazos. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, tras reunirse esta semana con su homólogo chino, Wang Wentao, fijó octubre como fecha para «los primeros resultados tangibles». «La tendencia no es sostenible y mantener el statu quo no es una opción», sentenció. Sin embargo, Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, calificó el plazo de «no realista» si se pretenden concesiones vinculantes.
El Eje del Poder Europeo
La escalada retórica con China pone a prueba el equilibrio interno de la UE. Alemania y Francia, con sus potentes sectores industriales, impulsan la línea dura, mientras que países como Hungría o Grecia, más dependientes de la inversión china, se muestran reacios. España, por su parte, se encuentra en una posición delicada: acumula un déficit comercial creciente con Pekín, especialmente en bienes de equipo y consumo, pero a la vez sus exportaciones agroalimentarias y de automoción son vulnerables a aranceles de represalia.
La mayoría de los Veintisiete, sin embargo, está dividida sobre la oportunidad de una confrontación abierta. «El comercio tiene que llevarse a cabo sobre bases equitativas y todos tenemos que regirnos por las mismas normas», subrayó el taoiseach Martin, en un guiño a sus colegas más escorados hacia el libre comercio. No obstante, Bruselas sabe que necesita mantener la unidad si quiere que las amenazas resulten creíbles. La presidencia irlandesa, que acaba de comenzar, será clave para gestionar las fricciones.
El recuerdo de la batalla comercial con Estados Unidos durante la era Trump ofrece un precedente inquietante: la UE puede esgrimir su músculo regulatorio, pero un choque prolongado perjudica tanto a importadores como a exportadores. En esta ocasión, la apuesta es mayor, porque Pekín no solo es un competidor, sino también un socio imprescindible en tecnologías verdes y materias primas críticas. España, que aspira a liderar la transición energética, necesita componentes y paneles solares chinos, lo que complica un eventual endurecimiento.
Octubre se perfila como un mes decisivo. Si para entonces no hay avances concretos, la Comisión podría activar el Instrumento Anticoerción o imponer aranceles selectivos, pero el éxito de la maniobra depende de que los Veintisiete permanezcan cohesionados. De lo contrario, la amenaza se diluirá y Bruselas habrá regalado a Pekín una victoria diplomática. La próxima reunión del Comité de Política Comercial, a final de julio, dará las primeras pistas sobre hasta dónde están dispuestos a llegar los Estados miembros.
Buendía se ha colado este verano en la lista de planes favoritos de los madrileños, y no es casualidad. Este embalse situado entre Cuenca y Guadalajara ofrece aguas cristalinas y zonas de baño autorizadas a poco más de hora y media de la capital.
No hace falta cruzar media España para encontrar algo que parezca mar. Buendía acumula una capacidad de 1.638 hm³ y se extiende sobre 8.194 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los grandes espejos de agua del centro peninsular.
Buendía, el embalse que parece un mar de interior
Visto desde el aire, Buendía impresiona por su tamaño: cortados calizos, bosques de ribera y una lámina de agua que se pierde en el horizonte. Es fácil entender por qué a la zona se la conoce popularmente como el Mar de Castilla.
El embalse está situado en el cauce del río Guadiela, afluente del Tajo, y recibe aguas de varios arroyos menores que mantienen su nivel y su calidad. La presa, inaugurada en 1958, tiene 78 metros de altura y sigue siendo el corazón de toda la comarca de La Alcarria.
Un destino con historia bajo el agua
Buendía esconde algo más que playas: bajo y junto a sus aguas se encuentran las ruinas romanas de Ercávica, una antigua ciudad que los ingenieros del Imperio diseñaron para impresionar a kilómetros de distancia. El Mar de Castilla reúne, además de Buendía, los embalses de Entrepeñas, Bolarque, Zorita y Almoguera, formando la mayor área húmeda de la península ibérica.
Pasear por la zona es también pasear por la historia reciente de España: pueblos como Santa María de Poyos quedaron sepultados bajo el agua cuando se construyó la presa, y hoy solo emergen en años de sequía extrema.
Deportes acuáticos para todos los niveles
En Buendía el plan no se limita a tomar el sol. El embalse cuenta con dos zonas de baño protegidas y señalizadas, y permite practicar kayak, paddle surf, vela y piragüismo en sus aguas tranquilas.
Los más aventureros pueden combinar el chapuzón con descenso de barrancos por el cañón del Guadiela o con una ruta en paddle surf que serpentea entre calas escondidas. La oferta de Buendía convierte a este embalse en un destino completo para quien busca algo más que una toalla y una sombrilla.
Senderismo y arte al aire libre
A pocos minutos del agua, Buendía ofrece uno de los paseos más singulares de Castilla-La Mancha: la Ruta de las Caras, un recorrido circular de apenas dos kilómetros entre pinares y rocas de arenisca. Dieciocho esculturas talladas a lo largo de varias décadas convierten el bosque en un museo al aire libre.
Para quien prefiera caminatas más largas, el sendero PR-47 conecta la presa con la ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, recorriendo el cañón del Guadiela entre farallones calizos y vegetación de ribera.
Qué llevar para un día completo en Buendía
Bañador y toalla, además de calzado de agua para las zonas rocosas
Protección solar, ya que apenas hay sombra junto a la orilla
Agua y comida, porque los servicios escasean fuera de temporada alta
Cámara o móvil cargado: las vistas desde el mirador de la Peña de la Virgen lo merecen
Cómo llegar y dónde aparcar
Desde Madrid, la ruta más directa hacia Buendía es la A-2 hasta Guadalajara y después la N-320 en dirección Sacedón. El trayecto ronda la hora y media, y existen aparcamientos habilitados tanto junto a la presa como cerca de las playas fluviales.
El futuro de Buendía como destino de interior
La tendencia apunta a que Buendía seguirá ganando peso entre los madrileños que buscan alternativas a la costa saturada en agosto. El turismo de interior gana terreno cada verano, y este embalse reúne todos los ingredientes para seguir creciendo sin perder su carácter tranquilo.
El reto, como en tantos destinos de moda, será mantener el equilibrio entre afluencia y conservación. Si algo demuestra Buendía es que no hace falta viajar muy lejos para encontrar un trozo de mar en pleno corazón de España.
¿Qué ha pasado? Feijóo ha denunciado en el Foro de Diputaciones del PP que España suma 7,8 millones de nuevos nacionalizados desde la llegada de Sánchez, una cifra insostenible sin planificación.
¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, arropado por todos los barones territoriales en Castellón.
¿Qué impacto tiene? El PP eleva la presión contra el Gobierno por la política migratoria y sitúa el debate sobre los servicios públicos y la transparencia en el centro de su alternativa.
Alberto Núñez Feijóo ha cuantificado este viernes en Castellón el alcance de la política migratoria del Gobierno: 7,8 millones de nuevos nacionalizados desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Una cifra que, a su juicio, el Estado ‘no está preparado para gestionar’ y que esconde una ‘ingeniería social’ con objetivos partidistas.
El líder del PP clausuró el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells de su partido, donde puso cifras al crecimiento de la población de origen extranjero en España. Según el desglose ofrecido por Feijóo, desde 2018 han llegado cuatro millones de personas nacidas fuera, a las que se suman 1,3 millones por el proceso de regularización extraordinaria y otros 2,6 millones al amparo de la conocida como Ley de Nietos. “Estamos hablando de tataranietos, no solo de nietos”, puntualizó.
La suma redondea los 7,8 millones de nuevos nacionalizados en apenas ocho años. “¿Alguien ha preparado al país para esto?”, se preguntó Feijóo, señalando la falta de previsión en vivienda, sanidad pública y servicios sociales. Una pregunta que el presidente del PP respondió con rotundidad: “El Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud; no hay capacidad financiera ni recursos adecuados.”
En su intervención, Feijóo vinculó directamente la estrategia del Gobierno con intereses electorales. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, advirtió, citando la instrucción de una directora general —hermana del ministro Óscar Puente— que habría permitido la concesión masiva de pasaportes. Para el líder popular, se trata de “la búsqueda del beneficio propio” mediante “la nacionalización masiva y la alteración del censo”.
Las cifras y la acusación de ‘ingeniería social’
Los números que maneja Génova proceden de los datos oficiales del INE y de los registros del Ministerio de Justicia, aunque Feijóo aseguró que el Gobierno se niega a transparentar la ejecución de esas decisiones. “La ciudadanía o la nacionalidad es la expresión más honda de la relación entre un ciudadano y un Estado”, subrayó. “¿Es tanto pedir que se haga con independencia, con garantías y sin arbitrariedad?”.
El líder del PP cuestionó que un real decreto pueda regularizar de golpe a 1,3 millones de personas, en contra de lo votado en el Congreso y el Senado, y reprochó la falta de debate parlamentario. “Irresponsable”, dijo, y añadió que el Gobierno ha dejado de gobernar para centrarse en sobrevivir a sus propios escándalos.
El PP territorial cierra filas: ‘No es normal’
El escenario elegido no fue casual. Castellón acogió el Foro de Diputaciones con la presencia de todos los líderes territoriales del partido, que aplaudieron un discurso que une la crítica migratoria con el hartazgo ante los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo. “Lo que estamos viviendo no es normal. Que nadie se acostumbre a esto”, clamó Feijóo ante un auditorio entregado.
El presidente popular hilvanó una retahíla de preguntas retóricas para subrayar la parálisis del Gobierno: ¿alguien cree que Sánchez piensa en la vivienda cuando su exnúmero dos puede ser condenado a 24 años? ¿O que le preocupan las pymes con toda la SEPI imputada? “Están todos tan hasta el cuello que ya no cesan a nadie”, remachó. Esta conexión entre corrupción y falta de planificación migratoria es la nueva línea argumental de Génova para los próximos meses.
Feijóo aprovechó para reivindicar la gestión de los gobiernos autonómicos y municipales del PP, que “sí aprueban presupuestos, rinden cuentas y son honestos”, frente a un Gobierno central que “ya no sirve para nada”. Una forma de respaldar a los barones y alcaldes que encabezan el partido en el territorio.
El Eje del Poder Popular
La intervención de Feijóo en Castellón marca un punto de inflexión en la estrategia del PP contra el Gobierno. La cifra de 7,8 millones de nuevos nacionalizados —que el partido irá contextualizando con informes propios— se convierte en un ariete para cuestionar la sostenibilidad de los servicios públicos y la propia legitimidad del Ejecutivo. El mensaje cala con facilidad en un electorado conservador preocupado por la inmigración, pero también busca seducir a los votantes desencantados con la gestión sanchista.
Los barones populares ya respaldan el giro. Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Rueda han venido alertando del impacto de la llegada masiva de población en sus comunidades. Ahora, Génova unifica el discurso y lo eleva a categoría de ataque directo a la Moncloa. La sombra de Vox, que tradicionalmente ha capitalizado este debate, obliga al PP a ser contundente sin caer en la xenofobia. Feijóo lo resuelve con una ecuación sencilla: acoger sí, pero con planificación y recursos, algo que, según él, no existe.
En el plano interno, la intervención sirve para cohesionar al partido en plena precampaña de las próximas generales. Feijóo pidió “pico y pala” para ganar y aseguró que no se esconderá detrás de sus alcaldes. La referencia al penalti fallado de julio de 2023 —“el que quiera volver a fallar, que me lo diga”— deja claro que la cúpula quiere pasar página y lanzarse a por el Gobierno. La cuestión migratoria, unida al goteo de imputaciones en el PSOE, será uno de los ejes de esa ofensiva.
El movimiento no está exento de riesgos. El Gobierno replicará con el argumentario del ‘pacto de la vergüenza’ y la ultraderecha, pero el PP confía en que la solidez de los datos de presión migratoria real y el desgaste del Ejecutivo inclinen la balanza a su favor. Lo que observamos es que Génova ha encontrado en el terreno de la política migratoria un campo de batalla donde puede simultáneamente golpear a Sánchez y diferenciarse de Vox sin complejos.
La ciudadanía no es un instrumento para alterar el censo electoral ni para buscar réditos partidistas; es la expresión más honda de la relación entre un ciudadano y un Estado.
Feijóo cerró su intervención con una promesa de futuro: “pondré este país a funcionar” y “pondré orden” en las calles. La fecha de las generales sigue en el aire, pero el líder popular dejó claro que él apostaría por adelantarlas. Mientras, la marea de nacionalizaciones y el correlato de corrupción seguirán siendo la munición diaria del PP en el Congreso, el Senado y cada plaza que pise.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: El Gobierno practica una ‘ingeniería social’ que desborda los servicios públicos y solo busca rédito electoral. El PP ofrece planificación, transparencia y responsabilidad.
Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
Próximo hito: El debate de la regularización extraordinaria en el Congreso, previsiblemente en el próximo período de sesiones, y la ofensiva parlamentaria del PP en el Senado.
El mercado laboral español se asoma a un cambio de paradigma sin precedentes. Yolanda Díaz, en su calidad de ministra de Trabajo y Economía Social, lidera el impulso de un nuevo borrador de real decreto que obligará a las empresas a eliminar el secreto salarial y detallar de forma objetiva cómo fijan los sueldos de sus plantillas. Esta maniobra legislativa no es baladí: el objetivo prioritario de este texto, presentado formalmente a los agentes sociales, es transponer a la legislación nacional la directiva europea de transparencia retributiva para erradicar la brecha de género y corregir las diferencias injustificadas en los pagos.
La normativa pretende transformar la cultura organizativa de las empresas españolas, dejando atrás prácticas de opacidad que han imperado durante décadas. Con esta medida, el Ejecutivo busca dotar a los trabajadores de herramientas reales para combatir la discriminación, garantizando que el salario no sea un misterio, sino una consecuencia directa de criterios transparentes y medibles.
Las principales claves de la adaptación salarial de Díaz
El Ministerio de Trabajo busca redefinir la transparencia en los centros laborales mediante medidas de calado que alterarán la operativa de los departamentos de Recursos Humanos. En primer lugar, se decreta el fin de la confidencialidad, estableciendo que serán totalmente nulas las cláusulas de los contratos que impidan a los empleados hablar libremente de cuánto cobran. A esto se suma el derecho a la información, mediante el cual cualquier empleado podrá solicitar por escrito el salario medio de su categoría laboral o puesto, desglosado estrictamente por sexo.
La agilidad será un factor determinante, ya que las empresas dispondrán de un plazo máximo de dos meses para resolver y entregar los datos que soliciten sus trabajadores. Además, las compañías deberán justificar bajo principios de «adecuación, totalidad y objetividad» por qué un empleado cobra de determinada manera. Finalmente, la norma impone una mayor rendición de cuentas, pues las organizaciones con más de 50 trabajadores estarán obligadas a detallar los criterios exactos que rigen sus promociones y subidas salariales, eliminando así la arbitrariedad en el desarrollo de la carrera profesional.
La estrategia del Gobierno para implementar esta medida es clara. Al tratarse de un formato de real decreto, el departamento de Yolanda Díaz planea que esta reforma sea aprobada directamente en el Consejo de Ministros. De esta forma, el Ejecutivo pretende sortear la compleja negociación en el Congreso de los Diputados, donde carece de una mayoría parlamentaria consolidada para sacar adelante proyectos de ley ordinarios.
Aunque el plazo límite estipulado por Bruselas venció formalmente el pasado 7 de junio sin que España tuviera la norma lista, Trabajo ha acelerado las mesas de diálogo social para sacar adelante el reglamento técnico cuanto antes y evitar posibles multas de la Unión Europea. Por su parte, sindicatos como UGT y CCOO apoyan la medida, aunque condicionan su validación final a que el Ejecutivo apruebe de forma simultánea un nuevo control de registro horario digital e interoperable.
La adaptación empieza en 2026
Las empresas deben comenzar a revisar durante este año sus estructuras y datos retributivos para anticiparse a las futuras obligaciones derivadas de la Directiva Europea de Transparencia Salarial. Tal como se analizó en la jornada “Transparencia salarial: las obligaciones empiezan antes de la ley española”, organizada por Grant Thornton y la Cambra de Comerç de Barcelona, la preparación es inminente.
Cristina Orejas, directora del Área Jurídico Laboral y Recursos Humanos de Grant Thornton, fue contundente al respecto: “Aunque la exigencia relativa a la brecha salarial del 5% está prevista para junio de 2027, los datos retributivos con los que habrá que realizar el análisis son los de 2026. Por tanto, es importante que las empresas empiecen a revisar su información y su modelo desde ahora”. Orejas subrayó que el gran reto es la transversalidad, implicando a la dirección, áreas jurídicas, financieras y de comunicación en un proceso que no debe ser gestionado aisladamente por el departamento de personas.
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Brechas justificadas y trazables
La nueva regulación introduce un umbral crítico. Cuando exista una brecha superior al 5% entre mujeres y hombres que realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, la empresa tendrá que demostrar que responde a criterios objetivos y neutros desde el punto de vista del género. Marga Guitart, abogada del área Laboral de Grant Thornton, lo explica con claridad: “El objetivo de la Directiva no es únicamente que la brecha se sitúe por debajo del 5%, sino que la empresa pueda explicar por qué existe. Si la diferencia responde a criterios objetivos, neutros y con perspectiva de género, debe poder justificarse y quedar documentada”.
El marco normativo, que contempla sanciones disuasorias e incluso la exclusión de licitaciones públicas para infractores, obliga a las empresas a construir un nuevo modelo retributivo. Anna Figarola, de Esperta, destaca que “la Directiva exige también diseñar un modelo retributivo, establecer bandas y criterios de progresión y aprender a gestionar la compensación de una manera estructurada”. Esta transformación no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para que las organizaciones mejoren la confianza de su plantilla y fortalezcan su competitividad en un mercado donde la transparencia se ha convertido en una pieza clave de la dimensión social de los criterios ESG.
A Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos, decir que no iba a trabajar pero cobraba igualmente de Ineco y Tragsatec, le va a salir caro. De momento, ha sido imputada por el juez Ismael Moreno, del juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que instruye la parte restante del Caso Koldo no juzgada. Moreno le ha llamado a declarar a ella y a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, junto a Ignacio Zaldivar, encargado de su contratación para proyectos de ADIF en calidad de investigados el próximo 20 de julio. Los 34.450 euros que cobró la ex pareja de Ábalos han acabado con ella en el banquillo de los acusados de la empresa INECO, más los 9.500,54 euros de Tragsatec, en total 43.950,54 euros.
La imputación llega ahora tras el informe de la Fiscalía Anticorrupción después del juicio en el Tribunal Supremo que condenó al ex ministro a 24 años de cárcel y a 19 años a su ex asesor Koldo García.
En su escrito de acusación dice el Fiscal Luis Pastor que «la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia 418/2026, de 22 de junio, ha declarado como probados hechos que guardan una íntima conexión con los aquí investigados, lo cual ha de tener unas indudables consecuencias a la hora de tratar de determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Tribunal Supremo».
Luego concreta esos hechos «relativos a la contratación de Dña. Jesica Rodríguez por parte de Ineco y Tragsatec, respecto de los cuales ya fueron practicadas diligencias, como consecuencia del testimonio remitido por el Excmo. Sr. Magistrado-Instructor de la Causa Especial 20775: recibir declaración en calidad en investigada a Dña. Isabel Pardo de Vera, recibir declaración en calidad de testigos al personal de Ineco y Tragsatec encargado de la contratación de Dña. Jessica Rodríguez y recabar determinada documentación de los citados entes públicos».
Lo que ocurre ahora es que «en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se revelan, como consecuencia de la prueba practicada en el acto del juicio oral, datos que apuntan a la intervención en tales hechos de personas respecto de las que todavía no se ha procedido a atribuirlas la condición de investigadas por su participación en la contratación de Dña. Jessica Rodríguez».
Jésica Rodríguez acudiendo a declarar al Supremo. EP
En la misma sentencia se dice que «Jésica Rodríguez no llegó, con conocimiento y plena aceptación del acusado José Luis Ábalos, a desempeñar trabajo o función alguna durante todo el tiempo que permaneció como empleada de Ineco».
Es más, Jésica Rodríguez, «durante la vigencia del contrato, realizó numerosos viajes, al menos, trece, junto al acusado José Luis Ábalos. No consta que solicitara permiso o licencia a los responsables de la empresa INECO. De igual modo, hasta que el contrato se extinguió -28 de febrero de 2021- por el transcurso del término de vigencia previsto, no consta, pese a que Jessica Rodríguez no realizó ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad, que por parte de ADIF se hiciera reserva alguna o se mostrara disconformidad con relación al desarrollo del contrato. Jesica Rodríguez recibió la cantidad neta de 34.450 euros de la empresa INECO en concepto de salario. Cantidad que, conforme a la normativa vigente, debía ser abonada por ADIF, como receptora de dicho recurso propio».
Jésica decía que su jefe era Joseba
Hay que recordar que Jésica Rodríguez remitía partes de trabajo vía telemática a los responsables del proyecto de Ineco de asistencia a la empresa ADIF. Algunos presentaban errores e imprecisiones como, por ejemplo, «declarar trabajos realizados en días festivos, por lo que fue requerida para que los rectificara. En todos ellos hizo constar que desempeñaba tareas administrativas para Joseba García».
También en alguna ocasión se le solicitó, vía telemática, por las responsables del proyecto de Ineco de colaboración con ADIF, «que precisara más sus condiciones de trabajo y que complementara correctamente los partes remitidos. Solicitudes de información que no fueron atendidas por Jessica Rodríguez. Tales solicitudes e intentos de contacto por parte de responsables de Ineco provocaron que José Luis Ábalos contactara con la presidenta de ADIF para indicarla que Jésica Rodríguez estaba siendo molestada», añade.
Jésica Rodríguez, durante la vigencia del contrato, «realizó numerosos viajes, al Ineco , trece, junto al acusado José Luis Ábalos. No consta que solicitara permiso o licencia a los responsables de la empresa Ineco. De igual modo, hasta que el contrato se extinguió -28 de febrero de 2021- por el transcurso del término de vigencia previsto, no consta, pese a que Jessica Rodríguez no realizó ninguna activad laboral ni acudió a las oficinas de la entidad, que por parte de ADIF se hiciera reserva alguna o se mostrara disconformidad con relación al desarrollo del contrato», añade el fiscal Pastor.
Ex pareja de Ábalos
La expareja de Ábalos recibió la cantidad neta de 34.450 euros de la empresa Ineco en concepto de salario. «Cantidad que, conforme a la normativa vigente, debía ser abonada por ADIF, como receptora de dicho recurso propio», añade.
Pero en noviembre de 2020, y ante la proximidad del plazo de terminación del contrato en Ineco, José Luis Ábalos, «por medio de su asesor, Koldo García, activó las gestiones conducentes para que el contrato fuera renovado o se buscara otro empleo en alguna sociedad de capital público vinculada con ADIF», sigue hilando los hechos el fiscal.
Para ello se pusieron en contacto, de nuevo, con la presidenta de ADIF «quien, atendiendo a las indicaciones recibidas del ministro, encomendó directamente al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar de la Rica, que hiciera lo posible para que procurara dicha contratación». Por eso está imputado Zaldivar.
El 23 de noviembre de 2020, relata el fiscal, «Zaldivar se puso en contacto con Jesica Rodríguez a quien solicitó que le remitiera un currículum que, una vez recibido, lo remitió, a su vez, el 26 de noviembre de 2020, a los responsables de contratación de Tragsatec, en concreto a Virginia Barbancho. Ignacio Zaldívar de la Rica volvió a insistir en enero de 2021 indicando a Virginia Barbancho que Jésica Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de ADIF tenía interés en que fuera contratada».
Al finalizar el contrato en Ineco, el 28 de febrero de 2021, Jésica Rodríguez era contratada, casi sin solución de continuidad, el 2 de marzo de 2021, por la empresa pública Tragsatec que también prestaba servicios, como recurso propio, a ADIF. Durante este periodo cobró 9.500,54 euros.
La acusación contra Mercedes González, actual directora de la Guardia Civil y el general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Benemérita, que les llevará a sentarse frente al juez Pedraz, de la Audiencia Nacional,como investigados en el Caso Leire, se apoya en la relevante «secuencia cronológica acreditada en el sumario, que evidencia una correlación material entre los contactos de la Sra. González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE», según sostenía la acusación popular que pidió su imputación, dictada el jueves por Pedraz:
‒ 9 de mayo de 2025: la abogada Leticia de la Hoz, representante legal de Koldo García, remitía a Leire Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a su cliente indicándole: «pásaselo a Mercedes a ver qué opina». Leire Díez respondía: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO».
‒ 10 de mayo de 2025: El diario El Mundo publicaba los mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
‒ 11 de mayo de 2025: la UCO documentaba dos interacciones de whatsapp entre Mercedes González y Leire Díez, compatibles con la eliminación de la conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas.
‒ 11 de mayo de 2025, 11:30 h (dos horas después): el DAO, Manuel Llamas se reunía con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), general Cortés, para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración que, según la propia UCO, no podía proceder de dicha unidad, dado que en ese momento ni siquiera había intervenido los dispositivos electrónicos de José Luis Ábalos.
Para las acusaciones populares, «esta sincronía temporal -contactos con la trama, borrado de comunicaciones e inmediata apertura del expediente interno contra la UCO- no admite, a juicio de esta acusación, lectura distinta de la propia de un acto causalmente conexo con la actividad delictiva que se investiga». El juez Santiago Pedraz lo ha tomado en consideración y por eso llama como imputados a la directora de la Benemérita y su DAO.
La presión con las informaciones reservadas
Los testimonios de dos ex jefes de la UCO, los generales López Malo y Yuste fueron fundamentales. Las testificales practicadas los días 23, 26 y 27 de junio de 2026 ante el magistrado instructor permitieron acreditar que, entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la cúpula de la Guardia Civil ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas (IR) dirigidas exclusivamente contra el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, todas ellas coincidieron en el tiempo con los avances de la UCO en las causas que afectaban al entorno del Presidente del Gobierno, su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y sus secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán:
‒ IR 1/24 de Estado Mayor (4 de diciembre de 2024): ordenada por el DAO general Manuel Llamas a raíz de la publicación periodística sobre la cuenta de correo institucional de Dª. Begoña Gómez en el «caso Badajoz».
‒ IR mayo/2025: se abrió tras la reunión celebrada entre Mercedes González y Leire Díez en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.
‒ IR 1/25 de Estado Mayor (1 de septiembre de 2025, suscrita digitalmente por Mercedes González el 30 de agosto): abierta a raíz de la información publicada el 21 de julio de 2025 en el diario El Mundo con el título «Tensión en la UCO por la constante intromisión del peón de Marlaska». En esa noticia se denunciaban las supuestas injerencias del DAO, general Llamas, en las causas que afectaban al Gobierno.
Tanto el general jefe de Policía Judicial como el que fuera jefe de la UCO como coronel, declararon bajo juramento que en ninguna de sus respectivas trayectorias profesionales habían conocido la apertura de informaciones reservadas de tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad, calificándolas de «excepcionales», «no habituales» y constitutivas de un «intento de intimidación».
Ambos mandos ratificaron también ante el juez Pedraz que el anterior director general de la Benemérita, Leonardo Marcos como el actual DAO les pidieron «ponerse de perfil» y «no ser proactivos» en aquellas causas con «afectación política», en particular en la causa relativa al hermano del Presidente del Gobierno, David Sánchez, ya juzgado y visto para sentencia por la Audiencia Provincial de Badajoz.
Una nota para el DAO fue ocultada
La jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró el 29 de abril de 2025 una nota en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una «agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO», identificando nominativamente a Leire Díez como dinamizadora de la operación y advirtiendo, en términos literales: «El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil», reflejaba la citada nota.
Mercedes González, directora de la Guardia Civil y el DAO Manuel Llamas. AGENCIAS
Para las acusaciones populares, «el DAO Sr. Llamas ocultó deliberadamente dicha nota a la propia UCO durante diez días, hasta que el 8 de mayo de 2025 el general López Malo le presentó una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO. Sólo entonces el Sr. Llamas reconoció la existencia del documento. Esta conducta -ocultación de información operativa relevante a la unidad investigadora, en una causa que afectaba a la corrupción gubernamental- resulta, prima facie, incompatible con los deberes inherentes al cargo y susceptible de integrar tipos penales de los que se dirá».
Una de las acusaciones populares, la representada por Hazte Oír ya ha anunciado que pedirá prisión provisional para Mercedes González, directora de la Guardia Civil y para el DAO, general Llamas tras su próxima declaración judicial el 16 de julio. «La imputación por presunta obstrucción a la justicia es ya grave pero en sus cargos más. El riesgo de destrucción de pruebas es manifiesto y notorio en sus cargos y justo esos cargos facilitarían el que pudieran seguir continuando en la presunta acción delictiva», explican desde Hazte Oír.
El spyware Pegasus infectó dos veces el teléfono del exeurodiputado Stelios Kouloglou mientras éste formaba parte del comité PEGA del Parlamento Europeo, creado precisamente para investigar los abusos de esa misma herramienta. Es la primera vez que un miembro del comité PEGA aparece como víctima pública de espionaje con la tecnología de NSO Group.
Kouloglou, periodista griego y eurodiputado sustituto, se había sometido a pruebas de seguridad antes de unirse al comité en 2022 y no esperaba que nadie tuviera la osadía de infectarlo. “Habría sido un escándalo mayúsculo si me hackeaban mientras estaba en el panel”, declaró a CyberScoop. Y sin embargo, alguien lo hizo.
Dos infecciones mientras el comité preparaba sus audiencias más delicadas
La investigación del Citizen Lab, publicada el viernes y basada en el análisis forense del dispositivo del exdiputado, concluye con “alta certeza” que Kouloglou recibió dos infecciones de Pegasus: una hacia octubre de 2022 y otra en torno a marzo de 2023.
La primera infección se produjo cuando el comité preparaba algunas de sus audiencias más relevantes y el primer borrador del informe. Kouloglou estaba ingresado en un hospital y recibió la visita de otro periodista griego que había testificado ante el comité y cuyo teléfono ya había sido infectado anteriormente con spyware. La capacidad del malware para capturar audio en directo hace plausible que las conversaciones en el entorno sanitario quedaran comprometidas.
La segunda infección coincidió con “discusiones intensas relacionadas con la redacción final del informe”, según Citizen Lab. En aquel momento, el comité negociaba las conclusiones políticas del escándalo que sacudía a la Eurocámara, incluidas las revelaciones sobre el uso de Predator en Grecia.
Hannah Neumann, eurodiputada alemana y miembro del comité PEGA, no se mostró sorprendida: “Muchos esperábamos ciberataques durante el trabajo del comité, pero sigue siendo frustrante constatar que ocurrió de verdad”, señaló. Neumann recordó que los servicios de TI del Parlamento Europeo realizaron comprobaciones limitadas, pero no suficientes.
“Es irónico que un miembro del comité encargado de investigar Pegasus fuera atacado con el spyware Pegasus. Alguien, en algún lugar, quería violar el privilegio parlamentario y escuchar lo que se decía allí”, afirmó Ron Deibert, director del Citizen Lab.
El tradecraft del ataque: cómo Pegasus se cuela en el bolsillo de un parlamentario
Pegasus no necesita que la víctima pulse un enlace. Mediante un exploit de día cero (zero-day) o de un clic (zero-click), el malware se instala silenciosamente y otorga al atacante acceso completo al micrófono, la cámara, los mensajes y los archivos del dispositivo. En el caso de un parlamentario, el objetivo no eran datos personales, sino privilegio parlamentario: las deliberaciones confidenciales del comité PEGA.
El director del Citizen Lab, Ron Deibert, fue tajante: “Este caso demuestra que la industria del spyware mercenario, todavía sin regular, es venenosa para los procesos democráticos”. John Scott-Railton, investigador senior del laboratorio, añadió una advertencia: “El próximo capítulo lo conocemos: habrá más parlamentarios hackeados. De hecho, sospecho que hay eurodiputados votando y asistiendo a reuniones de alto nivel sin saber que su teléfono se ha convertido en un espía en su bolsillo”.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza es el ciberataque con spyware comercial de tipo Pegasus, suministrado por la empresa israelí NSO Group a agencias gubernamentales de todo el mundo. La atribución concreta del ataque a Kouloglou sigue sin esclarecerse: Citizen Lab no ha podido identificar al cliente que disparó las infecciones. Las agencias defensoras —los servicios de seguridad informática del Parlamento Europeo— fracasaron en su detección, pese a las alertas previas. Entre los terceros interesados figuran todos los Estados que compran Pegasus y, desde luego, el propio NSO Group, que afronta nuevas demandas judiciales.
El nivel de clasificación de la información comprometida es, a mi juicio, Sensible pero no formalmente clasificada. Las deliberaciones del comité PEGA no tenían la consideración de secreto de Estado, pero formaban parte del núcleo duro de la función parlamentaria europea. Su violación toca la médula del mandato representativo.
El precedente no es nuevo. Ya escribí en El quinto elemento que “el próximo 11S empezará con un clic”. Pegasus y Predator han sido herramientas de intromisión en España (el caso del presidente Sánchez y de ministros en 2022), en Polonia, en Hungría y en Grecia. Siempre con la misma matriz: gobiernos que espían a opositores, periodistas y, ahora, a los propios parlamentarios encargados de fiscalizarlos.
Lo veo como un síntoma de un desequilibrio más profundo: el secretismo con que los servicios de inteligencia compran capacidades ofensivas a empresas privadas opacas deja vacío de contenido el control democrático. La respuesta no puede limitarse a otra comisión de investigación. La eurodiputada Neumann lo dijo con claridad: “No necesito otro comité, necesito que actúen”. Kouloglou, por su parte, ya ha anunciado acciones legales contra NSO Group, siguiendo una senda judicial difícil pero que otros, como los periodistas de El Faro en El Salvador, han empezado a recorrer con éxito.
Queda la pregunta de cuántos teléfonos de parlamentarios están comprometidos sin que nadie se haya molestado en comprobarlo. Le invito, lector, a reflexionar sobre qué tipo de democracia se construye cuando quienes legislan no pueden hablar en privado sin riesgo de que una agencia extranjera esté escuchando. La próxima cita será la aplicación —o el entierro— de las recomendaciones del comité PEGA. Si se archivan, el mensaje que enviaremos a los mercaderes del spyware será peor que un silencio: será un permiso.
La declaración que lo cambia todo: 2.200 millones y una cartera cripto de 1.200 millones
La reciente divulgación de la declaración financiera anual de Donald Trump ha sacudido el escenario político: 927 páginas que desglosan activos por valor de 2.200 millones de dólares. Más de la mitad —1.200 millones— proviene de empresas vinculadas a las criptomonedas respaldadas por el presidente y su familia. Un terremoto que los demócratas ya están usando como hoja de ruta para futuras investigaciones si recuperan la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de noviembre.
La senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) fue una de las primeras en disparar: “Hoy, el presidente Trump ha revelado que los negocios cripto de la familia Trump generaron la inmensa mayoría de sus ingresos en el primer año de su presidencia”. El dato, completamente inédito, ha reabierto el debate sobre los conflictos de intereses de un mandatario que, al mismo tiempo, está configurando el marco regulatorio de las monedas digitales.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly replicó a Axios que “el presidente Trump solo actúa en el mejor interés del pueblo estadounidense. No hay conflictos de intereses”. El propio mandatario insistió, en una entrevista con CNBC, en que sus inversiones se manejan a través de asesores externos en lo que definió como una “cuenta ciega”. “Todo el mundo está ganando”, zanjó. “La bolsa está subiendo”.
A pesar de la negativa oficial, la magnitud de las cifras y el peso de los activos digitales en la fortuna presidencial convierten la declaración en un arma política de primer orden. La legislación pendiente sobre criptomonedas, señaló Warren, debería prohibir que los altos cargos federales y sus familiares se lucren de un sector que ellos mismos regulan.
Demócratas afilan los dientes: citaciones y comités si ganan en noviembre
Los líderes demócratas llevan meses dejando claro que la supervisión de las finanzas del presidente se convertirá en una prioridad absoluta si logran hacerse con el control de una o ambas cámaras. Hoy carecen de poder de citación —la facultad de obligar a testificar a miembros de la administración y a los allegados a Trump—, pero esa situación podría cambiar radicalmente en otoño. Según la plataforma de predicción Kalshi, las probabilidades de que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes alcanzan ya el 82 %.
En la Cámara, el speakerMike Johnson (republicano por Luisiana) ha advertido a sus bases que los demócratas “convertirán cada comité del Congreso en un organismo de investigación” que apuntará a la familia del presidente, a los miembros de su gabinete, a los donantes del partido y a los aliados políticos. La batalla se libraría, literalmente, en cada comité.
“Sin una mayoría en el Congreso, ahora no podemos obligar a nadie a comparecer”, explicaba un asesor demócrata citado por Washington Examiner. “Con la mayoría, tendremos las citaciones”. El plan incluye no solo el escrutinio de los negocios de Trump, sino también el de sus hijos y de los altos cargos de la administración que hayan participado en operaciones financieras opacas.
Cada comité del Congreso podría convertirse en un instrumento de presión sobre el presidente y su círculo más cercano.
La Lógica de Washington
El movimiento demócrata tiene una lógica interna que va más allá del choque partidista. Tras los años de investigaciones republicanas sobre los negocios del hijo del expresidente Joe Biden, el partido opositor siente que ahora cuenta con una herramienta de fiscalización equilibrada: los 2.200 millones de dólares de la declaración de Trump y, sobre todo, el componente cripto. La estrategia es puramente electoral: las encuestas indican que la ciudadanía quiere más control ético sobre la presidencia, y los demócratas quieren presentarse como el partido que puede proporcionarlo si obtienen el poder de citación.
Para España, el posible vuelco en la Cámara de Representantes no es irrelevante. Un Congreso dividido —con la Cámara Baja en manos demócratas y el Senado aún republicano— suele ralentizar la agenda comercial de Washington. Las negociaciones arancelarias que afectan a las exportaciones españolas de aceite de oliva, vino y maquinaria podrían quedar en suspenso mientras la atención legislativa se vuelca en la supervisión del presidente. El Gobierno de España, según fuentes diplomáticas, sigue de cerca la evolución de los comités de investigación porque cualquier embrollo político interno en Estados Unidos tiende a retrasar los acuerdos bilaterales.
El precedente histórico no es exacto, pero evoca los años del escándalo Whitewater durante la presidencia de Bill Clinton: un asunto financiero personal que acabó absorbiendo gran parte de la energía legislativa y que condicionó la política exterior de la época. Ahora la partida se juega en los despachos del Capitolio y en el reloj de las midterm de noviembre.
Ficha del Caso
El caso: Los demócratas planean una ofensiva masiva de citaciones e investigaciones sobre los negocios de Trump si recuperan la Cámara, basándose en una declaración financiera que revela 2.200 millones en activos, de los cuales 1.200 millones proceden de criptomonedas.
Datos clave: Declaración de 927 páginas; probabilidad del 82 % de que los demócratas ganen la Cámara (según Kalshi); republicanos favoritos para retener el Senado; las investigaciones apuntarían a la familia Trump y a altos cargos.
Para España: Un Congreso dividido podría frenar las negociaciones comerciales con Europa, afectando a exportaciones españolas como aceite, vino y maquinaria, mientras el Gobierno español monitorea el impacto político.
Tres vuelos semanales podrían unir directamente a partir del próximo año Barranquilla con Madrid. La aerolínea española Air Europa ha iniciado los trámites ante la autoridad aeronáutica colombiana para operar una ruta que hoy no existe, y que acortaría a menos de nueve horas el trayecto entre la costa Caribe y la capital española. Vamos a contarlo.
La solicitud ante la Aerocivil: qué pide exactamente Air Europa
El pasado 22 de junio de 2026, Air Europa presentó ante la Aerocivil la solicitud formal para añadir la ruta Madrid–Barranquilla–Madrid a su permiso de operación. La propuesta, recogida en un documento de la Dirección de Transporte Aéreo, contempla tres frecuencias semanales con derechos de tercera y cuarta libertad. Esto significa que la compañía podrá transportar pasajeros, carga y correo entre España y Colombia, sin restricciones de cabotaje.
La publicación del anuncio durante tres días hábiles, conforme al Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 5), no supone una autorización inmediata, sino el inicio del procedimiento administrativo. A partir de ahora, la solicitud deberá pasar el filtro de la Dirección de Autoridad a los Servicios Aéreos y la revisión técnica de la propia Dirección de Transporte Aéreo. Si todo avanza sin contratiempos, la nueva ruta podría estar operativa en menos de un año.
Por qué esta ruta es estratégica para España
Barranquilla, capital del departamento del Atlántico y principal polo industrial y logístico de la costa Caribe colombiana, carece actualmente de un enlace directo con Madrid. La apertura de esta ruta llenaría un vacío que aprovecharían tanto las empresas españolas con intereses en la región (construcción, energía, turismo) como los casi 400.000 colombianos residentes en España, muchos de ellos oriundos del Caribe.
Air Europa ya vuela desde Bogotá y otras ciudades colombianas a Madrid, pero la nueva conexión ampliaría su presencia en el país y reforzaría el hub de Barajas como puerta de entrada a Europa para el norte de Sudamérica. Para el tejido empresarial español, contar con un vuelo directo desde la costa reduce costes logísticos y facilita los viajes de negocios a una de las zonas más dinámicas de Colombia.
En el plano turístico, la ruta abriría la posibilidad de viajar sin escalas entre la vibrante cultura del Caribe y la oferta cultural y de ocio de Madrid, un mercado que mueve cientos de miles de visitantes al año. Según datos del sector, el número de turistas españoles que visitan la costa Caribe colombiana ronda los 150.000 cada año, una cifra que podría multiplicarse con un vuelo directo.
De autorizarse, Barranquilla se convertiría en la primera ciudad de la costa Caribe colombiana con enlace directo a Madrid, un puente aéreo que acercaría a dos regiones con una larga historia de migración y negocios.
Lo que otras rutas nos enseñan sobre la conectividad España-Colombia
La expansión de las aerolíneas españolas en América Latina no es nueva, pero el caso colombiano merece atención. En la última década, el tráfico aéreo entre ambos países ha crecido de forma sostenida, impulsado por la firma de acuerdos de cielos abiertos y la creciente clase media colombiana. Según datos del sector, los vuelos directos entre España y Colombia movilizan ya más de un millón y medio de pasajeros al año, una cifra que se duplicó desde 2015.
El vínculo histórico entre la región Caribe y España se remonta a siglos, pero dese el punto de vista económico actual, tener una conexión sin escalas supone una ventaja competitiva. Iberia, por ejemplo, consolidó su presencia en Bogotá y Medellín antes de que otras aerolíneas entraran, y hoy es líder en el mercado. La jugada de Air Europa con Barranquilla recuerda a aquellas apuestas tempranas por rutas secundarias que luego se convirtieron en ejes de rentabilidad.
De cara al futuro, si las autoridades colombianas aprueban la operación, el siguiente paso será la asignación de slots en el aeropuerto de Barranquilla y la coordinación con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para encajar las frecuencias. Mientras tanto, los ojos de la industria siguen puestos en una decisión que podría reforzar el posicionamiento de España en el mercado aéreo latinoamericano.
📌 Ficha del Caso
Ficha sobre el caso: Air Europa ha solicitado autorización a la Aerocivil colombiana para operar tres vuelos semanales directos entre Barranquilla y Madrid, una ruta sin servicio actual.
Datos importantes: Se trata de una petición bajo libertades tercera y cuarta del aire, presentada el 22 de junio de 2026. Colombia es el tercer socio comercial de España en la región y alberga una amplia comunidad española y de origen colombiano.
Resumen: La nueva conexión reforzaría los lazos económicos, turísticos y familiares entre España y la costa Caribe colombiana, ampliando la red de Air Europa y la influencia aérea española en América Latina.
Las legislaturas estatales de Estados Unidos están tomando cartas en el asunto de la seguridad nacional, un terreno que durante décadas se ha considerado coto exclusivo de Washington. Sin que medie una amenaza inminente ni un mandato federal, estados como Misuri y Oklahoma han aprobado en las últimas semanas leyes que restringen la propiedad extranjera cerca de bases militares, prohíben vuelos de drones sobre infraestructuras críticas y blindan su sistema educativo frente a la influencia de China. El movimiento, liderado por legisladores republicanos, responde a una doble presión: la percepción de que Pekín actúa a nivel local y la convicción de que la maquinaria federal se mueve demasiado despacio.
Misuri y Oklahoma: dos laboratorios legislativos contra la amenaza china
El senador estatal republicano Nick Schroer llevaba meses escuchando rumores de incursiones de drones en la base aérea de Whiteman, en Misuri. La base alberga la flota de bombarderos furtivos B-2 Spirit, decisivos en la campaña contra Irán y en cualquier hipotético conflicto con China. Cuando en 2025 saltó la noticia de que una pareja canadiense con supuestos vínculos con la inteligencia china había comprado un parque de caravanas a menos de una milla de la valla perimetral, Schroer decidió actuar. El mes pasado, Misuri convirtió en ley una norma que prohíbe el vuelo de drones sobre infraestructura crítica, incluidas las bases militares. “La gente de Misuri no quiere esperar a que el Gobierno federal reaccione cuando hay agentes sobre el terreno ahora mismo”, declaró.
En Oklahoma, la senadora republicana Julie Daniels impulsó la Foreign Principal Lobbying Oversight Act, una ley que obliga a registrarse a cualquier persona que haga lobby en nombre de un gobierno extranjero. La norma, aprobada por unanimidad y firmada en mayo por el gobernador Kevin Stitt, no se limita a China, aunque el contexto es inequívoco. A su lado, el representante republicano Chad Caldwell logró sacar adelante la Military Installation and Critical Infrastructure Protection Act of 2026, que veta que naciones adversarias mantengan inversiones significativas en terrenos agrícolas o propiedades cercanas a instalaciones militares. La ley pasó con un apoyo abrumador (42-6 en el Senado estatal) y los únicos votos en contra fueron demócratas.
El papel de las organizaciones que mueven los hilos
Detrás de este activismo legislativo operan dos organizaciones discretas pero influyentes: State Shield y State Armor. La primera, fundada por Joe Gebbia Sr., trabaja con legisladores en 17 estados para promover proyectos de ley centrados en cinco áreas: participación extranjera en procesos políticos, propiedad de terrenos estratégicos, desinversión de regímenes adversarios, drones sobre infraestructuras críticas e influencia internacional en la educación superior. La segunda, liderada por Michael Lucci, exjefe de política del gobernador republicano de Illinois Bruce Rauner, opera en 15 estados y combina investigación con acción legislativa. Ambas coinciden en un diagnóstico: China lleva años explotando las costuras del sistema federal.
Que Schroer no recuerde haber colaborado directamente con ellas no es casualidad. La punta de lanza sobre el parque de caravanas chino cerca de Whiteman llegó a través de un soplo de State Armor al Daily Caller. La influencia es real, pero difusa. “Muchas de estas cuestiones deberían ser rojas, azules y púrpuras —señala Lucci—. Ahora mismo son más rojas y púrpuras”. La frase describe bien un fenómeno que, por el momento, moviliza sobre todo a mayorías republicanas en estados conservadores.
Los estados no están suplantando al Pentágono. Están legislando porque sus ciudadanos les exigen una protección que Washington no está ofreciendo con la rapidez necesaria.
La Lógica de Washington
Para entender este movimiento hay que recordar que el sistema federal estadounidense está diseñado para que los estados conserven amplios poderes policiales bajo la Décima Enmienda. Cuando el Gobierno federal no actúa —o lo hace con lentitud—, las legislaturas estatales tienen la capacidad y, cada vez más, la voluntad política de intervenir. No es la primera vez que ocurre: la resistencia a la inmigración irregular durante los años de Obama ya provocó que varios estados republicanos aprobaran sus propias leyes. Ahora, la amenaza percibida es China, y la respuesta sigue el mismo manual.
Los legisladores consultados por Moncloa.com —todos ellos republicanos— comparten una lectura común. Primero, que las agencias federales, desde la Federal Aviation Administration hasta el propio Departamento de Defensa, se mueven con una lentitud incompatible con la velocidad de la amenaza. Segundo, que China ha entendido mejor que Washington las vulnerabilidades del sistema descentralizado y está invirtiendo en puntos ciegos: terrenos próximos a bases, universidades con escasos controles y procesos electorales locales donde el dinero extranjero puede colarse. El senador de Nuevo HampshireKevin Avard lo resume con claridad: “Queremos asociarnos con el Gobierno federal, pero mientras tanto vamos a protegernos nosotros”.
Desde la óptica española, estas leyes estatales no apuntan directamente al capital europeo. España es un aliado de la OTAN y sus inversiones en Estados Unidos —Iberdrola en renovables, Ferrovial en infraestructuras, Santander en banca— rara vez despiertan sospechas de seguridad nacional. Sin embargo, la proliferación de restricciones estaduales crea un mosaico regulatorio que complica cualquier operación. Si algún estado endurece la definición de “nación adversaria” o amplía las zonas de exclusión, un inversor español podría verse sometido a controles adicionales sin previo aviso. Por ahora, el impacto es mínimo; el riesgo de fragmentación normativa, en cambio, es real y creciente.
Lo que está por venir
El calendario inmediato no marca citas decisivas, pero la tendencia legislativa se acelera. Nuevo Hampshire tiene pendiente un proyecto de ley para cerrar la brecha que permite a gobiernos extranjeros financiar referendos locales. En otros estados, las cámaras han empezado a debatir propuestas que van desde la divulgación obligatoria de vínculos con Pekín hasta la prohibición de contratos públicos con entidades vinculadas al Partido Comunista Chino. La Casa Blanca, de momento, observa: el presidente Donald Trump ha celebrado la iniciativa de los estados en materia económica y de defensa, aunque sin implicarse directamente. En Washington saben que esta ola legislativa, nacida desde abajo, refuerza su propio mensaje proteccionista sin coste político. Mientras tanto, los ciudadanos de Misuri y Oklahoma han logrado que sus representantes actúen. Y eso, en la América de 2026, ya es noticia.
Ficha del Caso
El caso: Legislaturas estatales republicanas, especialmente en Misuri y Oklahoma, están aprobando leyes propias de seguridad nacional para frenar la influencia de China ante lo que consideran un vacío federal.
Datos clave: Misuri ha restringido los vuelos de drones sobre infraestructura crítica. Oklahoma ha implantado un registro de lobistas extranjeros y veta la inversión adversaria cerca de bases militares. Ambas leyes entraron en vigor en mayo-junio de 2026.
Para España: Impacto directo casi nulo, pero la fragmentación regulatoria podría generar incertidumbre para empresas españolas con inversiones en suelo estadounidense si algún estado endurece los criterios de revisión.
