Andalucía comienza julio con aviso naranja por calor en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y máximas de 41 grados

Andalucía comienza este miércoles 1 de julio con un aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en cuatro provincias: Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrían alcanzar hasta 41 grados en las horas centrales del día.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? AEMET ha elevado a naranja el aviso por calor en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla para este 1 de julio, con máximas previstas de hasta 41 grados.
  • ¿Dónde y quién? Las comarcas afectadas incluyen las campiñas cordobesa y sevillana, Morena y Condado en Jaén y Aracena y Andévalo en Huelva. La EMA, dependiente de la Junta, pide extremar la precaución.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Riesgo de golpes de calor para toda la población, especialmente niños, ancianos y enfermos crónicos. Se recomienda hidratarse cada dos horas y evitar la actividad física al aire libre entre las 13:00 y las 21:00.

¿Qué zonas están bajo aviso naranja y amarillo?

El nivel naranja se aplica a las campiñas de Córdoba y Sevilla, donde entre las 13:00 y las 21:00 horas se prevén máximas de 41 grados. En Jaén, la comarca de Morena y Condado afronta una alerta similar con 40 grados que “localmente pueden superarse”, mientras que en Huelva la situación es especialmente sensible en Aracena y Andévalo y Condado, con valores que rondarán los 40 grados.

La Sierra y los Pedroches, en el norte de Córdoba, no escapan del aviso naranja, confirmando que la tercera ola de calor del verano no dará tregua al interior andaluz. Andalucía occidental concentra los registros más elevados, con un gradiente que apenas refresca en las sierras.

En el resto de la comunidad, el aviso baja al nivel amarillo. La campiña de Cádiz y el Valle del Guadalquivir jiennense rozarán los 39 grados, y la Sierra Norte de Sevilla se quedará en 38. Las temperaturas, según AEMET, sufrirán pocos cambios o incluso ascensos locales.

El interior andaluz suma ya tres episodios de calor extremo en lo que va de verano y las reservas hídricas de la cuenca del Guadalquivir están siete puntos por debajo de la media de los últimos cinco años.

Los cielos se mantendrán poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna dentro del interior y sin descartar chubascos aislados en las sierras orientales. En el Estrecho soplará levante moderado con intervalos fuertes, lo que complicará la sensación térmica en el litoral de Cádiz.

Recomendaciones de autoprotección ante el calor extremo

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha divulgado una batería de consejos para prevenir riesgos. Beber agua cada dos horas, incluso sin sed, es la primera medida. Los grupos más vulnerables —mayores, enfermos crónicos y niños pequeños— deben evitar salir a la calle entre las 13:00 y las 21:00.

Las comidas ligeras y frías, el uso de aire acondicionado o habitaciones frescas y refrescar la piel con toallas húmedas completan el protocolo. “Es mejor vestir con ropas claras y tejidos ligeros”, recuerda la EMA, que insiste en no dejar a nadie —tampoco mascotas— dentro de un vehículo parado. Ante cualquier emergencia, el 112 Andalucía está activo 24 horas.

La Lectura Andaluza

Andalucía acumula desde 2020 veranos cada vez más largos y tórridos. Según datos del IECA, la temperatura media estival ha subido 1,2 grados en la última década, y la frecuencia de avisos naranjas se ha duplicado. Este 1 de julio es un nuevo capítulo de un patrón que tensa la red sanitaria y los recursos hídricos, con ocho de cada diez andaluces residiendo en áreas que hoy están bajo algún tipo de alerta.

La Junta mantiene activo el Plan de Prevención de Altas Temperaturas, que coordina a la EMA con los centros de salud y los servicios sociales. Para los ciudadanos de a pie, el consejo práctico que cabe extraer es sencillo: aplazar el paseo, la compra o la obra a primera o última hora del día. El calor no es solo una molestia; es el factor meteorológico que más vidas se cobra en la comunidad, con una media de 120 fallecimientos atribuibles al año.

Las previsiones a corto plazo no anticipan un alivio inmediato: los modelos de AEMET apuntan a que las temperaturas seguirán altas al menos hasta el viernes. La proyección que importa es la de los próximos días, pero la lectura de fondo es más profunda: Andalucía se enfrenta a un desafío climático que exige adaptar los horarios laborales, las infraestructuras educativas y la planificación urbanística. Mientras tanto, la recomendación sigue siendo la misma: agua, sombra y sentido común.

Andalucía suma 2.000 nuevas plazas concertadas en residencias y centros de día para mayores dependientes

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles desde Sevilla la licitación en octubre de un nuevo concierto social dotado con 776 millones de euros que permitirá crear 2.000 plazas concertadas para la atención a mayores dependientes en residencias y centros de día.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha aprobado la mayor ampliación de plazas en la historia del sistema de dependencia andaluz, que elevará la tasa de cobertura hasta 1,6 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. De las 26.328 plazas totales del concierto, un millar serán de nueva creación en residencias y otras mil en centros de día y centros de noche.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Junta licitará en octubre un concierto social de 776 millones para sumar 2.000 plazas (1.000 en residencias y 1.000 en centros de día) para mayores dependientes.
  • ¿Dónde y quién? La Consejería de Inclusión Social, desde Sevilla, pone en marcha la mayor ampliación de plazas concertadas hasta la fecha en Andalucía.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Las familias andaluzas contarán con mas opciones de atención cercana, elevando la tasa a 1,6 plazas por cada 100 mayores de 65 años.

Así se distribuyen las nuevas plazas y la inversión

La Consejería ha detallado que las 1.000 nuevas plazas residenciales se distribuirán por todas las provincias andaluzas, con un refuerzo especial en las zonas con mayor demanda, mientras que los 1.000 nuevos puestos en centros de día permitirán aliviar la carga de los cuidadores familiares. El contrato, que la Junta sacará a concurso en octubre, tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá prorrogarse hasta 2030, según los pliegos que ultima la administración.

El sistema de concierto social es la fórmula que emplea la administración autonómica para financiar plazas en centros gestionados por entidades privadas o del tercer sector, garantizando una tarifa pública que permite a las familias acceder a una plaza a un coste subvencionado. En el caso de la dependencia, la Junta asume la mayor parte del coste, y el usuario paga un copago en función de su capacidad económica.

Con este paso, Andalucía persigue acortar los tiempos de espera en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que ha registrado un incremento de solicitudes debido al envejecimiento de la población. La nueva inyección de recursos —que movilizará 776 millones en dos años— dinamizará además el empleo en el sector sociosanitario, uno de los que mayor crecimiento ha mostrado en la comunidad en los últimos ejercicios.

La comunidad autónoma, con más de 1,3 millones de personas mayores de 65 años, afronta un reto demográfico que requiere respuestas ambiciosas. Hasta ahora, la oferta de plazas concertadas rondaba las 24.300, por lo que el salto a las 26.328 representa el esfuerzo más decidido de los últimos años. La consejera Loles López ha subrayado que la tasa de 1,6 plazas por cada 100 mayores es «la más alta que ha tenido nunca esta tierra».

Andalucía pasa de una cobertura de 1,4 a 1,6 plazas por cada 100 mayores, la cifra más elevada en la historia de la dependencia en la comunidad.

El sector acoge la medida como un impulso a la estabilidad

La patronal del sector de atención a la dependencia, AESTE, ha valorado positivamente el anuncio, destacando que los conciertos sociales plurianuales permiten a las entidades planificar inversiones y mantener plantillas. Fuentes de la Consejería han confirmado que los pliegos incluirán cláusulas de estabilidad en el empleo y mejora de ratios de personal, en línea con el nuevo modelo de cuidados que impulsa el Gobierno autonómico.

La Lectura Andaluza

El cuidado de los mayores es una de las patas clave del estado del bienestar y en Andalucía, donde el 17,5% de la población supera los 65 años, la presión sobre el sistema de dependencia no deja de crecer. La Junta ha optado por un modelo de colaboración con el tercer sector y la iniciativa privada que, pese a las críticas de algunos colectivos por la externalización, ha permitido incrementar significativamente las plazas disponibles sin que el gasto público se dispare.

Para las familias, disponer de una plaza concertada en un centro de día o en una residencia cercana supone un alivio económico y logístico. El coste real de una residencia privada supera en muchos casos los 2.000 euros mensuales, mientras que la plaza concertada reduce esa cantidad al copago que establece la ley. Con las nuevas 1.000 plazas en centros de día, muchos cuidadores familiares, habitualmente mujeres, podrán disponer de algunas horas al día para conciliar su vida laboral y personal.

Además, el efecto multiplicador sobre el empleo no es menor: cada nueva plaza residencial concertada genera, de media, entre 0,5 y 0,7 puestos de trabajo directos, según cálculos del sector. Así, los 2.000 nuevos puestos podrían traducirse en más de 1.200 empleos, en su mayoría en municipios del interior y de la Andalucía rural, donde la oferta laboral es más escasa.

La mirada se dirige ahora hacia octubre, cuando se publique la licitación. Si todo marcha según lo previsto, las primeras plazas del nuevo concierto estarán operativas a lo largo de 2027, y la prórroga hasta 2030 dará estabilidad al sistema. El reto a largo plazo sigue siendo la financiación de la dependencia: Andalucía recibe fondos del Estado a través del sistema de financiación autonómica, pero el coste real supera la aportación estatal. En este escenario, el concierto social de 776 millones es una apuesta de calado que la Junta espera que sirva de referencia para otras comunidades.

Muere una excursionista de 18 años en Sadernes (Girona) al impactarle una roca

Una joven excursionista de 18 años, vecina de Badalona, falleció este domingo en el Hospital Josep Trueta de Girona tras ser alcanzada por una roca en la zona de Sadernes, en la comarca de la Alta Garrotxa. Te cuento lo que han confirmado los Mossos d’Esquadra y los Bombers de la Generalitat.

Cómo se produjo el accidente en la Alta Garrotxa

El suceso ocurrió en la tarde del sábado 27 de junio, cuando la joven se encontraba realizando una excursión por este paraje del municipio de Montagut. Según las primeras investigaciones, una roca se desprendió y la golpeó, causándole heridas muy graves. Varias personas que se hallaban en el lugar lograron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El rescate con helicóptero y el traslado al hospital

Los equipos de rescate actuaron con rapidez. Hasta Sadernes se desplazaron dotaciones de los Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d’Esquadra. Tras estabilizar a la herida, fue evacuada en helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento (GRAE) de los Bombers, con apoyo del SEM, hasta el Hospital Josep Trueta de Girona.

La joven ingresó en estado crítico y fue intubada, pero las lesiones resultaron incompatibles con la vida. El fallecimiento se confirmó el domingo 28 de junio, según fuentes sanitarias.

La rápida intervención de los testigos permitió que la víctima llegara con vida al hospital, aunque finalmente no pudo superar la gravedad de las heridas.

Los Mossos d’Esquadra investigan en el Gorg Blau

Agentes de los Mossos d’Esquadra y de los Agentes Rurales se desplazaron este domingo a la zona del Gorg Blau, el punto exacto donde cayó la roca, para reconstruir las circunstancias del accidente. La investigación permanece abierta mientras se recaban todos los indicios que permitan aclarar por qué se produjo el desprendimiento.

No constan más heridos ni incidencias en la zona. El Juzgado de Guardia de Girona ha abierto las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver y la práctica de la autopsia.

Plataformas de gestión escolar: comparativa y funcionalidades de Alexia, Cifra, Clickedu, Educamos y Esemtia

Las plataformas de gestión escolar centralizan en un solo entorno la gestión académica, administrativa y comunicativa de colegios e institutos, según una comparativa de Educación 3.0. Soluciones como Alexia, Cifra, Clickedu, Educamos y Esemtia son utilizadas por miles de centros en toda España para coordinar evaluaciones, comunicarse con las familias y gestionar la economía del centro.

Qué ofrecen estas plataformas de gestión escolar

Estos programas actúan como un sistema integral que reúne módulos para cada área del centro. Desde el Cuaderno del Profesorado hasta la aplicación móvil para familias, pasando por la gestión de recibos, la tienda escolar o la inscripción en actividades extraescolares. La digitalización de estas tareas reduce la carga administrativa, evita errores y permite tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, según las cifras de los propios desarrolladores recogidas en el análisis de Educación 3.0.

La principal ventaja es la centralización de la información: un mismo sistema guarda las notas, la asistencia, las comunicaciones con las familias y la facturación. Esto ahorra horas de trabajo manual y facilita el cumplimiento de la normativa de protección de datos, ya que el acceso se segmenta por perfiles (docentes, directivos, familias) y la información sensible queda resguardada.

Principales plataformas: Alexia, Cifra, Clickedu, Educamos y Esemtia

Alexia Suite Educativa es una de las más extendidas, con más de 1.400 centros que la utilizan en todas las comunidades autónomas. Incluye gestión académica, administrativa y económica, además de un módulo específico para Formación Profesional. La plataforma incorpora inteligencia artificial para automatizar procesos y apoyar la toma de decisiones del equipo directivo. También genera automáticamente la documentación oficial que exigen las consejerías de educación.

Cifra Educación ofrece una tienda con pago electrónico como elemento diferenciador. Familias y alumnado pueden contratar directamente servicios, suscribirse a actividades extraescolares o adquirir material sin salir de la plataforma. Además, centraliza los datos académicos y económicos del centro, lo que ayuda al equipo directivo a detectar tendencias y optimizar recursos.

Clickedu es una solución en la nube que ya emplean más de 700 colegios, escuelas e institutos. Destaca por su integración con entornos de aprendizaje como Google Workspace y Microsoft 365, y por la conexión con libros digitales. Los accesos están diferenciados para cada perfil de usuario y se puede consultar tanto desde la versión web como desde la aplicación móvil.

Más de 2.100 centros educativos en España ya utilizan alguna de estas cinco plataformas para gestionar sus procesos diarios, según datos actualizados de los desarrolladores.

Educamos by Seven Education pone el foco en la personalización del aprendizaje y la agilización de la comunicación familiar. Integra datos académicos, administrativos y económicos en una misma interfaz y emplea inteligencia artificial para liberar a los docentes de tareas repetitivas. La plataforma busca que los equipos educativos dediquen más tiempo al acompañamiento del alumnado.

Esemtia, con más de 15 años de experiencia como parte del ecosistema Everfield, cubre desde Infantil hasta Formación Profesional. Su valor añadido es el módulo Esemtia Empresa, que conecta a los centros de FP con las empresas y simplifica la gestión de las prácticas. Además incorpora funcionalidades de pago online, tienda del centro e inscripción a transporte y comedor desde la app.

El Marco Educativo

La digitalización de los centros no es una opción, sino una exigencia implícita de la normativa educativa. La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), en vigor desde 2020, incluye entre sus principios la competencia digital como eje transversal en todas las etapas. Esta competencia no se refiere solo al alumnado, sino también a la capacidad de los centros para gestionar digitalmente sus procesos. Según el artículo 111 de la LOMLOE, los centros deben disponer de una infraestructura tecnológica adecuada que garantice el acceso a servicios digitales de calidad.

Por otra parte, la protección de los datos personales del alumnado y las familias está regulada por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y por las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos. Las plataformas de gestión escolar almacenan calificaciones, datos de salud o información bancaria, por lo que deben cumplir estrictos requisitos de seguridad. De ahí que todas las soluciones analizadas implementen accesos segmentados por perfil y cifrado de la información, como medida para ajustarse al marco legal.

Desde la perspectiva competencial, la contratación de estas herramientas es responsabilidad de cada centro educativo, sin que exista una norma específica que las regule a nivel estatal. No obstante, la interoperabilidad con las plataformas de las consejerías autonómicas es un requisito técnico que los desarrolladores deben cumplir, para asegurar que los datos académicos pueden trasladarse sin fricciones entre el centro y la administración educativa correspondiente.

Claves de la Noticia

  • Qué importa: Las plataformas Alexia, Cifra, Clickedu, Educamos y Esemtia son las soluciones de gestión escolar más implantadas en los centros educativos españoles, sumando más de 2.100 colegios e institutos como clientes.
  • Por qué importa: Centralizan la operativa diaria del centro (académica, administrativa y comunicativa), reducen la carga burocrática para los docentes y facilitan el cumplimiento de la normativa de protección de datos y de los requisitos de las consejerías autonómicas.
  • A quién le importa: A equipos directivos, docentes, personal de administración y familias de los centros educativos que busquen mejorar la eficiencia de sus procesos y la comunicación interna.

UGT convoca este miércoles una manifestación en Madrid contra la privatización de albergues juveniles

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? A los trabajadores de la red de albergues juveniles de la Comunidad de Madrid y a los miles de usuarios que utilizan sus instalaciones cada año, muchos de ellos con discapacidad.
  • ¿Cuándo ocurre? La concentración es hoy, 1 de julio de 2026, a las 12:00 horas, frente a la sede de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales (calle O’Donnell, 50).
  • ¿Qué cambia hoy? La protesta busca la paralización inmediata del plan de externalización y podría marcar el inicio de una nueva escalada de movilizaciones en el sector público madrileño.

UGT saca esta mañana a la calle a los empleados de los albergues juveniles de la Comunidad, en lo que el sindicato define como el primer aviso de una ofensiva para frenar la privatización de estos centros. La concentración, que arranca a las 12:00 en O’Donnell 50, pone el foco sobre un conflicto que trasciende las condiciones laborales: afecta al modelo de atención a jóvenes con discapacidad y al gasto público que la Administración de Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a asumir.

Los cuatro albergues en juego y un plan sin costes públicos

El plan, impulsado por la Dirección General de Juventud, contempla ceder la gestión de Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora a operadores privados mediante un contrato de licitación. La Comunidad aún no ha hecho públicos los pliegos, pero el sindicato UGT, que ha tenido acceso al borrador, sostiene que no hay un estudio de costes que justifique la externalización. ‘Esta decisión responde a una falta de capacidad para organizar los recursos propios o a una opción política pura’, denunció en un comunicado.

Hace unos días, UGT presentó una solicitud formal para suspender el procedimiento de contratación y pidió responsabilidades disciplinarias contra los responsables de la Dirección General. La Consejería, por el momento, guarda silencio. No es la primera vez que el Ejecutivo autonómico opta por externalizar un servicio público, pero en este caso la falta de transparencia sobre los números ha disparado las alarmas sindicales.

Más que un empleo: el miedo a perder los programas para la discapacidad

Los cálculos del sindicato apuntan a un sobrecoste público: el contrato con la empresa privada se sumará al gasto de recolocar a los trabajadores fijos e interinos en otras dependencias de la función pública, generando un doble desembolso. Pero la inquietud no se limita a las nóminas. La mayoría de los trabajadores advierten de que gran parte de los programas vacacionales, de ocio y educativos que albergan estos centros están diseñados para jóvenes con discapacidades severas.

Si la gestión pasa a manos privadas, temen que la calidad y la continuidad de estas iniciativas se resientan ante la presión por ajustar costes. ‘En Villa Castora o en Los Batanes no solo se duerme; se hace integración real’, explican fuentes sindicales. El riesgo de que las actividades adaptadas se reduzcan o desaparezcan ha llevado a UGT a incluir este argumento social en su convocatoria, conscientes de que la opinión pública madrileña suele movilizarse más por los servicios que por las condiciones laborales.

Detrás de cada albergue no solo hay un puesto de trabajo, sino un recurso público que atiende a jóvenes con discapacidades severas. Externalizar sin garantías no es modernizar, es desentenderse.

El precedente de Madrid: externalizar servicios, de los hospitales a los albergues

No es la primera vez que el Gobierno de Díaz Ayuso apuesta por la gestión privada. La Comunidad ya ha licitado la gestión de hospitales de referencia y mantiene contratos con empresas en sectores como el transporte. Sin embargo, el patrón se repite: la decisión se toma sin estudios de impacto económico públicos y los sindicatos acaban denunciando un incremento del coste global para las arcas autonómicas. En el caso de los albergues, UGT insiste en que la externalización obedece a una ‘decisión política’ o a la incapacidad de organizar los recursos propios, y no a un ahorro real.

La actual crisis de personal en la administración regional —agravada por la falta de relevo generacional en áreas como la inspección o la atención social— añade un elemento de presión. Los sindicatos sostienen que, en lugar de externalizar, la Comunidad debería reforzar sus plantillas. El silencio de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no ayuda a despejar las dudas. A esto se suma que el calendario electoral de 2027 ya se deja sentir en las decisiones de la Puerta del Sol.

La concentración de este miércoles es, en cualquier caso, un test para medir la temperatura de un sector público que acumula descontento. Si la Comunidad no da marcha atrás, UGT ha anticipado que podría endurecer las protestas, en coordinación con el resto de organizaciones que ya están movilizándose contra las políticas de recortes. La pelota, por ahora, está en el tejado de la Consejería.

Madrid aprueba 1.400 viviendas y zonas verdes en la fábrica Borondo de Puente de Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde provisional a la transformación de los terrenos de la antigua fábrica Borondo, en Puente de Vallecas, para levantar 1.400 viviendas. La modificación del Plan General, aprobada en el Pleno este lunes, reserva un 35% del suelo para vivienda protegida —diez puntos por encima del mínimo que marca la ley— sobre una superficie de 137.000 metros cuadrados.

El ámbito, en el barrio de Palomeras Sureste, es un solar vacío desde la demolición de las naves en 2021 y actúa hoy como una barrera entre el Hospital Infanta Leonor, el Campus Sur de la Politécnica y el centro deportivo municipal.

Un solar fantasma que parte dos barrios

La parcela ocupa la mayor parte del antiguo polígono industrial La Arboleda, delimitada por la calle Arboleda, la carretera de Vicálvaro a Vallecas, la avenida de la Albufera y la universidad. Hasta ahora, ese vacío dificultaba la comunicación peatonal y aislaba los servicios públicos.

La reforma proyecta reconfigurar la calle Arboleda como un espacio público de calidad, con conexión, segura hacia la estación de Cercanías de Vallecas y la parada de Metro Sierra de Guadalupe. El entorno suma más de una decena de líneas de autobús de la EMT, lo que convierte el nodo en una puerta intermodal clave para el sureste de la ciudad.

Más vivienda protegida de la que exige la ley

De las 1.400 viviendas previstas, 490 serán de protección oficial, un 35% que supera en 15 puntos la reserva legal del 20%. Las manzanas, según la memoria municipal, combinarán edificios de distintas alturas y formas para evitar bloques monótonos y se rodearán de amplias zonas verdes.

La apuesta por la vivienda protegida es la mayor en un desarrollo del sur desde Méndez Álvaro, pero la demanda sigue siendo muy superior.

El Ayuntamiento encuadra la operación en la segunda Área DEMO 360, un sello de innovación que se estrenó en Madrid Nuevo Norte. El DEMO 360 Vallecas abarca más de 360.000 m2 e incluirá, además de las viviendas de Borondo, los ámbitos de Santa Luisa y la subestación de Vallecas, con un campus de investigación, una residencia de estudiantes y la naturalización del entorno del Hospital Infanta Leonor.

El espejo de Méndez Álvaro: ¿llegará el sur a ser una nueva centralidad?

La operación evoca la reconversión de Méndez Álvaro, donde antiguas naves dieron paso a un polo de oficinas y vivienda. En Borondo, el Ayuntamiento busca coser dos tejidos urbanos hoy separados por un descampado de prefabricados de hormigón. El plan, sin embargo, es solo provisional: necesita la aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid.

Observamos que el 35% de vivienda protegida es un gesto que va más allá de la obligación legal, pero en un distrito como Puente de Vallecas, donde el precio medio del alquiler roza ya los 900 euros, cabe preguntarse si 490 pisos bastarán para contener la presión. A eso se suma la incógnita del calendario: sin plazos concretos, la pelota queda ahora en el tejado del Gobierno regional.

Alcobendas abre ayudas de 1 millón de euros para comercios y hosteleros: plazo del 7 al 16 de julio

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Comercios, bares, restaurantes y pequeños negocios de proximidad con menos de 50 empleados y una facturación anual inferior a 10 millones de euros que tengan local abierto al público en Alcobendas.
  • ¿Cuándo ocurre? El plazo de solicitud se abre el 7 de julio y cierra el 16 de julio de 2026. Las ayudas se tramitan online.
  • ¿Qué cambia hoy? Pueden subvencionar hasta el 70 % del alquiler, la hipoteca o el recibo de la luz, con un máximo de 1.000 euros por negocio.

El Ayuntamiento de Alcobendas acaba de activar una de las líneas de subvención más cuantiosas de los últimos años para el comercio de cercanía. Con un montante de un millón de euros, la convocatoria apunta directamente a los gastos fijos que cada día exprimen la caja de los pequeños negocios.

La medida llega en un momento en el que la suma de la nueva tasa de basura estatal, el precio de la energía y los alquileres han puesto contra las cuerdas a muchos empresarios del municipio. La Concejalía de Comercio estima que alrededor de 2.000 establecimientos podrían optar a estas ayudas, aunque la cifra final dependerá del volumen de solicitudes.

Qué gastos cubre y quién puede pedirla

La ayuda subvenciona el 70 % de tres grandes partidas: la cuota mensual del alquiler del local, las cuotas de préstamos hipotecarios que se hayan firmado para adquirir el establecimiento y la factura del suministro eléctrico. El tope por solicitante es de 1.000 euros.

Podrán presentarse autónomos y pequeñas empresas con local a pie de calle en Alcobendas siempre que tengan menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio anual inferior a 10 millones de euros. La solicitud se tramita telemáticamente a través de la sede electrónica municipal y el plazo es muy ajustado: desde las 00:00 horas del 7 de julio hasta las 23:59 del 16 de julio. Conviene tener preparada la documentación con antelación porque apenas hay margen para solventar errores.

El millón de euros no resolverá todos los problemas, pero da aire a los negocios que peor lo están pasando con los costes fijos.

Para quien ya haya solicitado otras líneas municipales este año —las enfocadas a turismo, transporte o digitalización— la convocatoria es compatible. Es decir, un mismo negocio puede acumular varias ayudas si cumple los requisitos de cada una.

Un año de empuje comercial: bonos, ferias y digitalización

La partida de un millón de euros no llega sola. El Ayuntamiento ha reservado otros 25.000 euros para una campaña de Bonos de Consumo con la que los vecinos obtendrán descuentos en los establecimientos adheridos. Una fórmula que ya se ha probado en otros municipios del norte metropolitano con buena acogida.

Además, el gobierno local mantiene durante todo el año un abanico de acciones de dinamización: la feria Alcostock, los Mercados de Productores que se celebran cada mes, el programa Decoramos Tu Cierre para embellecer los ejes comerciales, la campaña de Navidad, el sorteo Rasca por el Comercio Local, la Semana Gastronómica Saboreando Alcobendas, los Premios Muy Abierto al Comercio Local y los programas de digitalización en colaboración con entidades especializadas.

Todas estas piezas, según fuentes municipales consultadas por Merca2.es, buscan crear un ecosistema que no dependa solo de una ayuda puntual. Sin embargo, la realidad de la calle Alcobendas es que muchos negocios necesitan más del alivio inmediato que del gran plan a largo plazo.

Por qué el millón de euros sabe a poco y a mucho a la vez

Si dividimos el millón de euros entre los casi 1.800 locales comerciales censados en Alcobendas, la cuenta da poco más de 550 euros por negocio. Pero la ayuda no es universal: se concentra en quien la pide y en quien más la necesita. Un bar que pague 1.200 euros de alquiler y 300 de luz al mes puede recuperar hasta 1.000 euros, el equivalente a tres semanas de funcionamiento sin sobresaltos.

El precedente más cercano lo encontramos en las ayudas de 2024, que llegaron a 850 comercios y se agotaron en 48 horas. Aquella convocatoria, con una cuantía inferior, demostró que la demanda supera con creces la oferta. Para esta edición, el Ayuntamiento no ha establecido un límite máximo de beneficiarios, pero el dinero es el que es: cuando se acabe el millón, se cerrará el grifo.

La comparación con otros municipios del entorno —San Sebastián de los Reyes destinó este año 600.000 euros a una línea similar— deja a Alcobendas en una posición ambiciosa pero sin margen para triunfalismos. En esta redacción observamos que la velocidad en la solicitud será determinante: quien lo deje para el día 16 puede encontrarse la caja vacía.

El único pero que señalamos es la ausencia de una partida específica para asesoramiento presencial a autónomos mayores que no manejan la sede electrónica. La brecha digital sigue siendo un obstáculo real en el comercio de proximidad, sobre todo entre los negocios más veteranos. Ahí, el millón de euros no llega.

Parlament tumba la propuesta de Junts para flexibilizar las licencias turísticas

El Parlament ha tumbado este miércoles la proposición de Junts que pretendía derogar el decreto de 2023 y devolver a los ayuntamientos la competencia para regular las licencias de viviendas turísticas. Con los votos de PSC, ERC, CUP y Comuns, la cámara catalana mantiene las restricciones actuales y reafirma la política de contención del alquiler vacacional que arrancó en la pasada legislatura.

La iniciativa, defendida por la diputada Maite Selva, alcaldesa de Begur, argumentaba que la norma actual homogeneíza realidades muy distintas. ‘Lo que sirve para un barrio de Barcelona puede ser la ruina para un municipio de la Costa Brava o el Pirineo’, sostuvo. Esta postura chocó frontalmente con la mayoría progresista, que afeó a Junts su intento de ‘desregular’ un sector que ya tensiona los precios del alquiler en toda Cataluña.

El frente de izquierdas cierra filas contra Junts

La votación, que se produjo por la tarde, reflejó la solidez del bloque que sustenta al Govern de Salvador Illa. PSC y ERC votaron codo con codo, sin fisuras, arrastrando también a los comunes y a la CUP. Fuentes del equipo del president subrayan que ‘cualquier relajación del control sobre las viviendas turísticas pondría en riesgo la lucha contra la especulación inmobiliaria’, una línea roja para los socios de investidura. Sin embargo la unidad parlamentaria esconde algunas tensiones locales.

En municipios costeros y de montaña, donde el turismo representa la principal fuente de ingresos, cada vez son más los alcaldes —algunos del propio PSC— que ven con recelo las restricciones. Begur, Roses, Cadaqués o Vielha e Mijaran dependen del flujo de visitantes y consideran que la Generalitat les niega herramientas para equilibrar el mercado. La asunción competencial que defiende el Govern ha sido tachada de ‘uniformizadora’ por varios consistorios.

Municipios turísticos, entre la ruina y la gentrificación

El decreto de 2023, impulsado por el conseller de Empresa del gobierno de Pere Aragonès, establecía que las licencias turísticas tuvieran una duración máxima de cinco años y obligaba a justificar que la vivienda no se destinaba a uso residencial. La norma, pensada para frenar la burbuja en Barcelona, ha sido contestada por los pequeños propietarios que ven cómo sus ingresos se esfuman sin alternativas. Selva ilustró este cuello de botella con el caso de Begur: una localidad donde la actividad turística representa un pilar económico fundamental y donde las restricciones a las licencias pueden asfixiar a las familias que alquilan sus viviendas durante el verano.

Mantener el decreto sin matices envía un mensaje nítido a los municipios: Barcelona marca el ritmo, aunque el resto del territorio reclame otra melodía.

La izquierda, por su parte, recuerda que la proliferación de pisos turísticos en ciudades como Barcelona ha disparado los precios y expulsado a los vecinos. El gobierno municipal, en manos de los comunes, celebró el rechazo y reiteró su voluntad de limitar al máximo las viviendas turísticas en la capital. Esta política, que cuenta con el respaldo del Govern, choca sin embargo con las advertencias de los hoteleros, que ven cómo la demanda se desplaza hacia plataformas ilegales.

Más allá de los grandes números, la votación de este miércoles evidencia una fractura territorial que va a marcar la legislatura. Las comarcas pirenaicas y los destinos de costa reclaman un trato diferenciado que el Parlament, por ahora, les niega. La diputada Selva puso sobre la mesa la paradoja: ‘En Begur el 60% de las viviendas son segundas residencias y el turismo sostiene casi la mitad del empleo local; no podemos aplicar la misma receta que en el Eixample de Barcelona’. El dato, que la izquierda no rebatió, quedó sin respuesta.

El Govern Illa y la contradicción del modelo turístico

Illa enfrenta así un dilema de difícil digestión: debe contentar a sus socios de izquierda y a los consistorios progresistas sin descuidar a los alcaldes del PSC en zonas turísticas que piden flexibilidad. La consejera de Economía, Natàlia Mas, ha tratado de templar gaitas con un mensaje conciliador: ‘No se trata de prohibir, sino de ordenar’, afirmó esta semana. Pero la ordenación actual sigue siendo vista como una camisa de fuerza por quienes sostienen que el turismo no es un problema, sino una oportunidad.

Mientras, Junts prepara ya una nueva iniciativa legislativa que introduzca excepciones para los municipios que dependen del turismo de corta estancia. La previsión es que presenten enmiendas a la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, lo que anticipa otra batalla parlamentaria en el otoño. El Govern, por su parte, intenta marcar perfil propio con una estrategia que combine restricciones y promoción del turismo sostenible, aunque el equilibrio es más fácil de enunciar que de ejecutar.

La próxima mesa de diálogo sobre vivienda entre Govern y ayuntamientos, prevista para septiembre, se presenta como el siguiente campo de batalla. En ella, los consistorios turísticos exigirán una voz que hasta ahora el Parlament les ha negado. La pregunta es si el ejecutivo de Illa estará dispuesto a concederla sin romper su mayoría.

Marlaska desliga a Interior de la trama Leire: el respaldo a Mercedes González y las dudas sobre las presiones a la UCO

Te cuento lo que ha defendido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado sobre la trama de Leire Díez: que el Ministerio está al margen, que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no hizo nada incorrecto y que las denuncias sobre presiones a la Unidad Central Operativa (UCO) carecen de fundamento.

Marlaska compareció ayer ante la ‘comisión Koldo’ más de tres horas, y situó la trama «fuera del Ministerio del Interior». El cara a cara con el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo dejó claro que la oposición le reprocha haber «mentido durante un año» sobre los encuentros de González con la exmilitante socialista.

El encuentro «extraño» de abril de 2025 que lo cambió todo

El ministro ha recordado que la directora le informó de aquella reunión con Leire Díez en abril de 2025, aunque duda de si le habló de forma genérica de una militante del PSOE o la identificó con nombre y apellidos. Lo que sí tiene claro es que le contó que Díez le pidió rehabilitar al comandante Rubén Villalba —detenido en el ‘caso Koldo’— y que ella se negó en rotundo. Marlaska calificó la petición de «extraña» y aseguró que respaldó a González.

El PP, sin embargo, esgrimió que el nombre de Leire Díez ya era público desde septiembre de 2024, por lo que Martínez-Maíllo ironizó: «Toda España sabía quién era la fontanera del PSOE, menos usted y la directora». Además, recordó que la UCO detectó conversaciones de WhatsApp posteriores entre González y Díez que no pudieron analizarse porque se activó el borrado automático, y una llamada telefónica de 13 segundos.

El ministro fue tajante al calificar la petición de rehabilitar al comandante Villalba como «extraña», y remarcó que Mercedes González la rechazó sin fisuras.

Las informaciones reservadas y el supuesto «ponerse de perfil»

Otro punto conflictivo fue la existencia de informaciones reservadas a agentes de la UCO y la investigación en la Audiencia Nacional sobre una supuesta orden de no profundizar en las causas que afectaran al entorno del presidente del Gobierno. Marlaska negó cualquier instrucción ilegítima: «Ninguna tenía carácter de represión», afirmó.

Sobre la frase «ponerse de perfil» que habría circulado entre mandos de la UCO, el titular de Interior explicó que ha sido «matizada suficientemente» tras la reciente declaración en la Audiencia Nacional de los exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo. «Estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada», subrayó.

Marlaska también detalló el procedimiento seguido con las conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos: antes de tomar cualquier medida, se trasladó el asunto a los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y fue este último quien mostró su disconformidad, por lo que se cerró sin tomar declaración a ningún agente.

El respaldo de Sánchez y el audio contra la UCO

El ministro reveló que informó al presidente del Gobierno de su reunión con la UCO del 30 de mayo de 2025, después de que se publicara el audio «deleznable» en el que Leire Díez hablaba de «matar» al teniente coronel Antonio Balas. Pedro Sánchez le dijo que le parecía «perfecto» que trasladara su apoyo a la UCO.

Marlaska insistió en que supo de la trama por un aviso interno: el director adjunto operativo (DAO) recibió de la Jefatura de Información una nota sobre un grupo de personas que intentaban imputar irregularidades a la UCO, y fue entonces cuando él tuvo constancia. «Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma», repitió.

El PP, mientras tanto, le preguntó si estaría dispuesto a que Mercedes González comparezca ante el juez. La respuesta fue contundente: «Sé que nadie de mi equipo tiene nada que ocultar». Sobre las posibles contradicciones en sus versiones, Marlaska zanjó: «No engañé a nadie».

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Fernando Grande-Marlaska ha desvinculado a Interior de la trama de Leire Díez y ha respaldado a la directora de la Guardia Civil en el Senado.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El ministro, Mercedes González (directora general de la Guardia Civil), la exmilitante del PSOE Leire Díez y mandos de la UCO.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La Audiencia Nacional sigue investigando las denuncias de presiones a la UCO y no ha imputado a González ni a su antecesor.

La Audiencia de Madrid absuelve al policía nacional Samuel Vázquez de delito electoral en mitin de VOX

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al policía nacional Samuel Vázquez del delito electoral por el que había sido condenado a 10 meses de prisión tras su intervención en un mitin de VOX en Fuenlabrada en mayo de 2023. La sentencia, notificada el 29 de junio, considera que el agente no incurrió en el ilícito penal porque en ningún momento pidió expresamente el voto para la formación política, diferenciando así entre influir en la opinión y captar sufragios, una conducta que solo está tipificada en la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) cuando existe dolo directo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Audiencia Provincial de Madrid revoca la condena de 10 meses de prisión contra el policía Samuel Vázquez por un presunto delito electoral durante un mitin de VOX.
  • ¿Dónde y cuándo? Los hechos se remontan al 20 de mayo de 2023 en Fuenlabrada (Madrid); la sentencia absolutoria es del 29 de junio de 2026.
  • ¿Qué resultado? La resolución, que aplica el principio favor libertatis, concluye que no hubo dolo porque el agente nunca pidió el voto expresamente, solo expuso sus propuestas sobre seguridad.

El origen del caso: un mitin en Fuenlabrada

Todo se remonta al 20 de mayo de 2023, a las puertas de las elecciones municipales. VOX organizaba un acto en el Teatro Maribel Verdú-Centro Cívico La Serna para presentar su plan de seguridad en la localidad. En el escenario, además de las candidatas Isabel Pérez Moñino y la número dos de su lista, se encontraba Samuel Vázquez, entonces policía nacional en activo y presidente de la asociación «Una Policía para el Siglo XXI».

Las políticas pidieron el voto sin ambages, algo que nadie discute. Pero la intervención de Vázquez se centró en exponer propuestas sobre delincuencia, bandas juveniles y seguridad ciudadana desde su experiencia profesional. No mencionó a la formación, no pidió el voto y, según recogen las pruebas, al grito de un asistente mencionando al entonces líder de VOX respondió: «Eso no lo he dicho yo que me expedientan, yo aquí vengo de invitado».

Sin embargo, la titular del Juzgado de lo Penal de Móstoles dictó condena en marzo de 2026 al considerar que esa participación sí constituía actividad de campaña electoral, castigada por el artículo 144.2 de la LOREG para funcionarios en activo. A Vázquez se le impusieron 10 meses de prisión, 10 meses de multa (3.600 euros) y la inhabilitación para empleo público durante la condena.

La distinción jurídica: influir no es lo mismo que pedir el voto

La Audiencia Provincial, en sentencia 376/2026 de 29 de junio, ha revocado íntegramente esa decisión. Los magistrados Adela Viñuelas Ortega, Antonio Antón y Abajo y Alberto Molinari López-Recuero (ponente) subrayan que el delito electoral del artículo 144.2 de la LOREG exige una conducta expresa de «captación de sufragios», no una mera influencia en el debate público. Equiparar «influir en el voto» con «pedir el voto», recuerdan citando al Tribunal Supremo, supondría restringir de forma desproporcionada la libertad de expresión.

El tribunal analizó minuciosamente el cartel del acto —donde Vázquez figuraba como «invitado», sin lemas de campaña—, las publicaciones del agente en la red social X —donde aclaraba que acudía a exponer propuestas de su asociación, como hacía en universidades y otros foros— y, sobre todo, la reacción espontánea durante el mitin. Aquella negativa a asumir el grito de un asistente demostró, a juicio de los jueces, lo contrario de una intención de captar votos. «Eso no lo he dicho yo que me expedientan» reflejaba una voluntad clara de desmarcarse de cualquier mensaje partidista.

Además, la Sala concluye que este tipo penal solo admite comisión dolosa, y en el juicio no se probó que Samuel Vázquez tuviera la intención deliberada de obtener votos para VOX. A lo sumo, reconocen, podría hablarse de una imprudencia por permanecer en el acto tras la petición de voto de la candidata, pero la LOREG no castiga la imprudencia en estos supuestos. El fallo aplica el principio favor libertatis, que obliga a interpretar restrictivamente la ley penal cuando están en riesgo derechos fundamentales.

La sentencia marca un criterio relevante: no toda intervención pública con repercusión política puede tratarse automáticamente como delito electoral.

El contexto institucional

El caso ha trascendido lo puramente procesal. Samuel Vázquez, coautor de los libros «Don’t fuck the Police» y «España, zona de confort criminal», pasó a la situación de servicios especiales tras su judicialización y desde entonces ejerce como asesor parlamentario de VOX y portavoz nacional de esa formación en materia de Seguridad e Inmigración. Tras conocer el fallo, ha reiterado sus críticas a la cúpula del Ministerio del Interior, acusando a sus responsables de perseguir a profesionales mientras el crimen aumentaba.

Sin embargo, los datos oficiales del propio departamento dibujan un panorama más matizado. Según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente a 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron más de 200.000 detenciones y esclarecieron ocho de cada diez homicidios dolosos, manteniendo a España entre los países con menor tasa de criminalidad de la Unión Europea. La confianza ciudadana en la Policía Nacional, según el Barómetro del CIS, se sitúa en el 81%, una de las más altas de las instituciones públicas.

La resolución aún no es firme, pues cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La defensa, ejercida por los letrados Diego Fernández López y Andrés Álvarez Matilla, califica la sentencia de «plena aplicación de la ley y la doctrina del Supremo» y descarta que existiera ilícito alguno. El criterio sentado por la Audiencia Provincial sobre los límites entre expresión y campaña electoral tendrá, en todo caso, un impacto relevante en la interpretación de la LOREG para los miembros de los cuerpos policiales.

Desarticulada una red de explotación sexual de mujeres colombianas: así operaba la trama

La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación sexual de mujeres colombianas que operaba en varios puntos de España, en una operación conjunta con las autoridades policiales de Colombia. Te cuento todos los detalles del operativo y cómo captaban a las víctimas.

Así captaban a las víctimas: falsas promesas de trabajo en hostelería

Según el comunicado de la Dirección General de la Policía, la organización criminal utilizaba ofertas de empleo falsas en el sector de la hostelería para engañar a mujeres en Colombia. Les prometían un futuro estable en restaurantes u hoteles de renombre en España. Cuando llegaban al país, la realidad era muy distinta: las obligaban a prostituirse en en varios prostíbulos controlados por la trama.

Las víctimas, en situación de vulnerabilidad económica, quedaban atrapadas en un círculo de deudas y amenazas. El modus operandi era idéntico al de otras redes de trata desarticuladas en Europa, con una primera fase de captación en origen y una segunda de explotación en destino. La Policía Nacional ha subrayado que la investigación sigue abierta para identificar a todos los responsables.

La operación conjunta: una investigación que cruza el Atlántico

La colaboración con las autoridades colombianas ha sido clave para desmantelar la estructura. Los agentes han llevado a cabo registros en varios inmuebles vinculados a la red, aunque el parte oficial no concreta el número de detenidos ni las localidades exactas. Se sabe, eso sí, que la organización tenía células en diferentes puntos de la geografía española.

Este tipo de operativos suelen activarse cuando las alertas saltan desde los consulados o desde las propias familias de las víctimas. En este caso, la información compartida entre ambos países ha permitido trazar el recorrido de las mujeres desde su salida de Colombia hasta su llegada a España.

Las víctimas llegaban a España creyendo que trabajarían en restaurantes de prestigio. Lo que encontraron fue explotación sexual en condiciones de aislamiento y coacción.

La colaboración policial internacional contra la trata es una prioridad creciente. España mantiene acuerdos bilaterales con varios países latinoamericanos, y en este caso el intercambio de inteligencia ha sido determinante para llegar hasta los cabecillas de la trama.

La cooperación internacional, clave contra la trata en España

El Código Penal español castiga la trata de seres humanos con penas que pueden superar los ocho años de prisión, especialmente cuando concurren circunstancias como la vulnerabilidad de las víctimas. La explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de las redes desarticuladas en España, según los últimos informes del Ministerio del Interior.

La conexión con Colombia no es casual: ese país es origen frecuente de víctimas de trata con destino a Europa. Las autoridades españolas insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención en origen y de asistencia a las supervivientes una vez liberadas.

🚨 Datos de la operación

  • Fuerza de seguridad: Policía Nacional, en coordinación con autoridades policiales de Colombia.
  • Estado de la operación: Red desarticulada; investigación judicial en curso.
  • Implicados: Organización criminal; mujeres colombianas víctimas de trata.
  • Delitos investigados: Trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución forzada y blanqueo de capitales.
  • Próximos pasos: Continuación de las diligencias para identificar a todos los miembros de la red y proteger a las víctimas.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha desarticulado una red de explotación sexual de mujeres colombianas en España, en colaboración con Colombia.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Una organización criminal que captaba víctimas con falsas ofertas de hostelería; las mujeres eran colombianas en situación de vulnerabilidad.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La investigación sigue abierta; se esperan nuevas detenciones y se refuerza la protección a las víctimas.

El INCIBE alerta de tres vulnerabilidades en Synology MailPlus, dos críticas, que permiten denegación de servicio y acceso a archivos

El INCIBE ha emitido este lunes 29 de junio de 2026 una alerta de seguridad por tres vulnerabilidades en Synology MailPlus Server, dos de ellas calificadas como críticas, que podrían permitir a un atacante provocar una denegación de servicio y acceder a archivos internos del sistema.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? El INCIBE ha alertado de tres vulnerabilidades en Synology MailPlus, dos críticas, que permiten denegación de servicio y acceso a archivos.
  • ¿Cuál es la solución? Actualizar a la versión 4.0.1-21663 o superior.
  • ¿Qué versiones están afectadas? Las versiones de DSM 7.3, 7.2.2 y 7.2.1.

Las vulnerabilidades y sus identificadores CVE

La primera de las fallas críticas, identificada como CVE-2026-13136, podría ser explotada por atacantes remotos para leer o escribir archivos arbitrarios en el servidor, además de llevar a cabo ataques de denegación de servicio (DoS). Esta vulnerabilidad afecta al componente principal del servicio de correo de Synology.

La segunda, con el código CVE-2025-15660, también catalogada como crítica, permite a un atacante adyacente —ubicado en la misma red que el dispositivo— leer o escribir archivos no autorizados y generar interrupciones del servicio. La diferencia respecto a la primera radica en el vector de acceso, lo que la hace potencialmente explotable desde entornos internos comprometidos.

Además, se ha reportado una vulnerabilidad de severidad media, CVE-2026-13135, de la que Synology no ha detallado públicamente su impacto ni su vector exacto, aunque se incluye en el mismo aviso de seguridad.

Actualización de seguridad y versiones afectadas

La solución remitida por el fabricante es la instalación inmediata de la versión 4.0.1-21663 de MailPlus Server, o una superior que corrija estos fallos. Las versiones del sistema operativo DSM 7.3, 7.2.2 y 7.2.1 son las directamente afectadas, por lo que los administradores de sistemas que utilicen estas versiones deben aplicar el parche sin demora.

Según el comunicado del INCIBE, hasta la fecha de publicación de la alerta no se ha detectado explotación activa de ninguna de las tres vulnerabilidades. No obstante, la ausencia de evidencia de ataque no reduce la urgencia: las capacidades de lectura y escritura arbitraria de archivos representan un riesgo grave para la confidencialidad y la disponibilidad de los buzones de correo corporativos.

La actualización a la versión 4.0.1-21663 es la única mitigación efectiva y debe aplicarse con carácter prioritario para evitar el acceso no autorizado a archivos sensibles.

El Contexto Operativo

El aviso del INCIBE se enmarca en un escenario de crecimiento sostenido de las amenazas dirigidas contra servidores de correo electrónico, un vector predilecto para la distribución de ransomware y el robo de credenciales. Synology MailPlus es utilizado por miles de empresas y organizaciones en España para gestionar su correo interno, por lo que las vulnerabilidades en esta plataforma pueden tener un alcance significativo en el tejido empresarial nacional.

El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) ha consolidado su papel como centro de alerta temprana y coordinación de incidentes para ciudadanos y empresas. Según los últimos datos disponibles del organismo, en 2025 se gestionaron más de 120.000 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un incremento del 18% respecto al año anterior y evidencia la aceleración del cibercrimen en España.

La celeridad con la que se publican alertas como la de Synology MailPlus permite a los responsables de TI parchear sistemas antes de que se materialice un ataque. La recomendación del INCIBE de actualizar de inmediato se alinea con los protocolos de ciberseguridad proactiva que la institución fomenta para elevar la resiliencia digital del país.