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La Unión Europea se enfrenta a una de sus fracturas internas más visibles en política exterior: la guerra soterrada entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y la alta representante, Kaja Kallas, por el control de la agenda sobre Israel. Lo que comenzó como un roce institucional ha estallado en una crisis diplomática de primer orden que deja al descubierto las costuras del marco de acción exterior comunitario.

¿Quién diseña la política exterior en la UE?

Para entender la magnitud del choque conviene recordar la arquitectura básica. Los Tratados otorgan la representación internacional del bloque al presidente del Consejo Europeo y a la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo que ocupa Kallas. La Comisión, por su parte, actúa como un gobierno técnico, pero su presidenta —Von der Leyen— carece formalmente de competencias en política exterior pura, más allá de la dimensión comercial o de vecindad.

Sin embargo, en esta legislatura se han creado figuras como el comisario de Defensa o la comisaria para el Mediterráneo, fragmentando la voz exterior y multiplicando los actores. Von der Leyen, consciente de su notoriedad global, ha ido ganando protagonismo en cumbres y viajes, difuminando el papel de la alta representante. Esa tensión institucional es un secreto a voces en Bruselas y, con Israel como catalizador, ha reventado de forma pública.

Israel, el detonante de la fractura en la Comisión

El último capítulo se escribe en cuestión de días. Según fuentes europeas, Kallas habría comparado —a puerta cerrada durante un encuentro en México— la discriminación sistemática de los palestinos con el régimen de apartheid en Sudáfrica. La estonia no ha confirmado ni desmentido esas palabras, pero su tono hacia el Gobierno de Netanyahu se ha endurecido visiblemente, denunciando los asentamientos ilegales y la falta de avances hacia una solución de dos Estados.

La reacción israelí fue inmediata. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, anunció que cortaba «todo contacto» con Kallas y la declaró persona non grata. Aprovechó además para acusarla de actuar «de forma obsesiva y con flagrante injusticia». Ningún comisario salió públicamente en su defensa. La portavoz comunitaria se limitó a un tibio «respaldo a todos los miembros» del colegio de comisarios.

Justo una semana después, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, aterrizaba en Tel Aviv y se reunía con el mismo Sa’ar. La visita, no anunciada previamente por motivos de seguridad según Bruselas, incluyó un encuentro en el que Šuica calificó a Israel de «socio clave» y defendió el diálogo abierto. No hubo mención pública a la crisis con Kallas, lo que el ex alto representante Josep Borrell denunció de inmediato como una falta de «solidaridad y coordinación».

La ausencia de una defensa institucional hacia Kallas evidencia que, dentro del Ejecutivo comunitario, la presidenta Von der Leyen ha optado por no cubrir a su teórica subordinada.

La imagen de una comisaria —nombrada directamente por Von der Leyen— negociando sonrisas con el ministro que había vetado a la jefa de la diplomacia europea es, para muchos diplomáticos, el símbolo perfecto de la esquizofrenia exterior comunitaria.

El Eje del Poder Europeo

Lo que subyace es un pulso profundo por el control de la política exterior que trasciende a Israel. Von der Leyen, apoyada tácitamente por el eje franco-alemán cuando las circunstancias lo requieren, busca consolidar una Comisión geopolítica bajo su mando, una aspiración que choca con el carácter intergubernamental que los Estados miembros —especialmente los del este y los nórdicos— quieren preservar. Kallas, procedente de Estonia, representa esa visión que desconfía de los excesos del Berlaymont.

España observa el choque con incomodidad. Madrid ha sido históricamente un firme defensor de la solución de dos Estados y comparte el tono crítico de Kallas hacia los asentamientos, pero al mismo tiempo necesita a la Comisión para desbloquear fondos europeos y no desea un enfrentamiento abierto con la presidenta. La ausencia de una posición común entre los Veintisiete —ni siquiera se ha logrado la mayoría suficiente para sancionar a los ministros más extremistas de Netanyahu— convierte a la UE en un actor irrelevante sobre el terreno, justo cuando la tensión en Cisjordania y Líbano se dispara.

El precedente no es halagüeño. Ya durante la anterior legislatura, el entonces alto representante Josep Borrell mantuvo encontronazos con Von der Leyen, pero siempre existió un mínimo de coordinación entre el SEAE y la Comisión. Ahora, la fragmentación es tal que el propio Consejo Europeo ha pedido en vano a la Comisión que presente una propuesta para limitar el comercio con los territorios ocupados, una medida puramente técnica que Bruselas arrastra sin respuesta. La lectura estratégica es clara: si Von der Leyen no cede espacio, la política exterior europea seguirá siendo una suma de viajes inconexos y gestos sin consecuencias.

La próxima cumbre del Consejo Europeo será un termómetro. Si los líderes no exigen restablecer la coherencia entre los dos polos —presidenta y alta representante—, Oriente Medio confirmará lo que muchos ya intuyen: Europa tiene más siglas que influencia real.

Las temperaturas extremas que azotan Europa desde hace semanas amenazan con dejar una factura económica de 560.000 millones de euros hasta 2030, según un estudio de Allianz Trade. España se llevaría la peor parte: más de 100.000 millones de euros en pérdidas acumuladas y un tercio de los ingresos de las familias evaporado si el calentamiento sigue su curso inercial.

560.000 millones de factura: el coste de un clima que no da tregua

La cifra no admite matices: el calentamiento global podría drenar entre un 5% y un 7% de la riqueza de las cuatro grandes economías europeas —Alemania, Francia, Italia y España— durante esta década. El informe de Allianz Trade, titulado Too hot to grow, calcula que el impacto acumulado hasta 2030 rozará los 560.000 millones de euros, un monto que ya se compara con los 650.000 millones que la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) estima como pérdidas por fenómenos meteorológicos extremos en la UE desde 1980. La diferencia es que ahora la factura se concentrará en apenas cinco años.

España será uno de los países más castigados. El estudio le asigna un sobrecoste de 104.000 millones de euros en ese mismo periodo. La razón es física: cada día con temperaturas superiores a los 32 °C equivale a media jornada laboral perdida, y por encima de los 30 °C, la productividad cae un 3% adicional por cada grado extra. A escala global, se prevé que las horas de trabajo perdidas por estrés térmico pasen del 1,4% en 1995 al 2,2% en 2030. Y esto no solo viene de las fábricas o el campo: el deterioro cognitivo, la peor calidad del sueño y el absentismo laboral se ceban con todos los sectores.

A ese cóctel se suma la demanda energética. El uso de aire acondicionado en hogares y empresas incrementa el consumo eléctrico un 1,2% por cada grado que sube el termómetro. Pero el mix energético europeo sigue dependiendo de centrales térmicas —nucleares, gas y carbón— que necesitan enormes volúmenes de agua para refrigerarse. Cuando el calor extremo se junta con la sequía, como ocurrió en España en 2024, se genera una tormenta perfecta: menos agua para refrigerar, más demanda y precios energéticos disparados. Un círculo vicioso que las familias españolas ya están sufriendo.

Del campo al banco: un impacto sin sectores a salvo

No hay sector inmune. La agricultura podría ver su crecimiento anual caer entre un 1,9% y un 7,6% en la mayoría de las regiones europeas. El turismo, motor económico del sur, empieza a perder atractivo estival frente a un norte que cada vez ofrece más sombra. Pero el canal más inquietante es el financiero. El Banco Central Europeo (BCE) advierte de que el 40% de los préstamos bancarios están concentrados en empresas altamente expuestas a la sequía y dependientes de las reservas de agua, con niveles de exposición muy elevados en Italia, Grecia y España. Dicho de otro modo: el calor aumenta el riesgo de impago bancario y añade presión a unos balances ya tensionados.

Las arcas públicas tampoco escapan. Allianz Trade proyecta una caída de la recaudación fiscal de hasta el 1,3% en Italia y España, lo que se traduce en un deterioro del saldo presupuestario anual de medio punto sobre el PIB. En paralelo, el BCE señaló que las anomalías climáticas desvían capital desde la inversión productiva hacia la mera adaptación: sistemas de climatización industrial, resiliencia hídrica, en lugar de innovación o digitalización. Y ese es un precio que se paga en términos de productividad futura.

Lo que está en juego no es solo el crecimiento económico: es la estabilidad social de la Europa mediterránea y la capacidad de Bruselas para gestionar una nueva fractura norte-sur.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha puesto cifras a la dimensión histórica del problema: el PIB per cápita en Europa sería hasta un 20% más elevado hoy si no se hubiera producido el calentamiento global observado entre 1960 y 2019. Una pérdida silenciosa que, según la institución, también alimenta la inflación. Los shocks de cosecha representan el 30% de la volatilidad de los precios a medio plazo en la eurozona, y basta una mala campaña para que los alimentos se encarezcan a dos dígitos, con consecuencias inflacionarias persistentes. La sequía, por tanto, se ha convertido en un factor de política monetaria.

A nivel micro, el golpe social es aún más duro. Un estudio de Global Environmental Change calcula que con un calentamiento de 1,5 °C, la renta disponible de las familias europeas disminuirá un 7,5% por olas de calor y sequías. Y el reparto es regresivo: los hogares del quintil más pobre pierden un 2,7% más de ingresos que los más ricos. Para España, en el peor escenario —2,7 °C a finales de siglo— la caída de ingresos medios podría superar el 33%. Las olas de calor empujan a la pobreza: entre 2004 y 2022, 5,6 millones de personas adicionales cayeron en riesgo de exclusión en Europa por estos eventos extremos.

El Eje del Poder Europeo

El aumento de las temperaturas está dibujando una geografía económica de dos velocidades en la Unión. Mientras el sur se asfixia —literal y financieramente—, los países nórdicos experimentan, de momento, algunos beneficios marginales: menos heladas, menor gasto en calefacción y un incipiente negocio del turismo de sombra. Esta divergencia, lejos de ser anecdótica, amenaza con agravar las fracturas tradicionales entre un norte frugal y un sur endeudado que reclama solidaridad.

Para España, con una deuda pública superior al 100% del PIB y un déficit estructural aún bajo la lupa de Bruselas, el desafío es existencial. Las inversiones necesarias para adaptar la economía al calor extremo —sistemas de refrigeración masivos en edificios, redes eléctricas inteligentes, reforestación, cultivos resilientes— requieren recursos que las arcas nacionales no tienen. El Gobierno de Pedro Sánchez, como sus predecesores, se verá abocado a pedir más a Europa: ya sea vía fondos de cohesión, ayudas agrícolas específicas o un nuevo instrumento paneuropeo para la adaptación climática. Pero la respuesta de Berlín, La Haya y Viena es previsible: cautela fiscal a ultranza y condicionalidad estricta.

El recuerdo de la crisis de deuda soberana de 2010-2012 está fresco. Entonces, el eje franco-alemán impuso una ortodoxia que estranguló a Grecia, Irlanda y Portugal. Hoy, la amenaza climática podría desencadenar un pulso similar si la Comisión Europea no arbitra una solución equilibrada. El BCE ya ha advertido del riesgo de fragmentación financiera: si los mercados perciben que los países más expuestos al calor acumulan pérdidas estructurales, las primas de riesgo pueden dispararse, encareciendo la financiación justo cuando más inversión se necesita. Es la cuadratura del círculo.

Frente a este tablero, España mantiene una baza: el precedente del fondo Next Generation EU, quebró el tabú de la emisión de deuda conjunta. Convocar ese espíritu solidario para una emergencia climática en la que toda la Unión está expuesta —aunque a velocidades distintas— será la gran batalla diplomática de los próximos años. Mientras tanto, las familias españolas miran el termómetro con la certeza de que cada grado extra también cuenta en su cuenta corriente.