El nuevo jefe de la ODNI apunta a espionaje electoral y muere el exespía de la CIA John Stockwell

Bill Pulte, heredero de una fortuna inmobiliaria y director interino de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos, ha dado una señal inequívoca de que pretende meter a su agencia en las próximas elecciones legislativas. Su primer movimiento como jefe ha sido fichar a Christina Norton, una operativa republicana especializada en la vigilancia de centros de votación, como su jefa de gabinete. Norton compaginará el cargo con el que ya ocupa en la agencia federal de vivienda que aún dirige Pulte, según ha revelado The New York Times. La designación es una maniobra que rompe con la tradición de una ODNI apolítica y alejada de la política doméstica.

Le adelanto que no es un simple relevo de cargos. Pulte carece de la «amplia experiencia en seguridad nacional» que exige la ley para quien ocupe ese puesto de forma permanente, pero compensa esa laguna con un entusiasmo indisimulado por investigar a los oponentes de Trump con argumentos espurios. Su llegada al puesto, junto a la purga de más de cincuenta altos cargos de la agencia —entre ellos los oficiales superiores de inteligencia para Rusia-Ucrania, Europa, Asia Oriental, China y armas de destrucción masiva— dibuja un panorama en el que la inteligencia estadounidense se pliega a intereses partidistas. Lo veo como un viraje de doctrina que tendrá consecuencias directas para los servicios aliados, incluido el CNI.

Una jefa de gabinete para monitorizar elecciones

Christina Norton no es una recién llegada a los asuntos electorales del Partido Republicano. En 2024 supervisó un programa de observadores de urnas que incluía a teóricos de la conspiración como Jack Posobiec, conocido por difundir las falsas historias del ‘Pizzagate’ sobre abusos a menores en una pizzería de Washington. La incorporación de una figura así a la cúpula de la ODNI, una agencia que por estatuto no tiene competencias en aplicación de la ley doméstica, es una declaración de intenciones. Pulte, en un intento de calmar las aguas, declaró al personal de la sede central que su mensaje era «simple: estamos centrando la ODNI en ser una agencia de inteligencia apolítica que proporcione al presidente la mejor información y opere con arreglo a la ley y al estatuto». Pero los hechos desmienten sus palabras.

La purga de más de cincuenta altos cargos técnicos deja a la comunidad de inteligencia sin la memoria institucional necesaria para evaluar amenazas como Rusia o China. Esos oficiales no eran cargos políticos, sino funcionarios de carrera que llevaban años siguiendo la pista a actores hostiles. Su salida forzosa, en vísperas de un ciclo electoral, sugiere que el verdadero interés de Pulte no es proteger a Estados Unidos, sino blindar a una administración que ya ha mostrado su desprecio por la inteligencia que le resulta incómoda.

No me cabe duda de que esta deriva tendrá repercusiones al otro lado del Atlántico. Si la ODNI deja de ser el socio fiable que era para el CNI en los intercambios de información sobre amenazas transnacionales, el servicio español perderá una fuente crucial de alertas sobre ciberataques y operaciones encubiertas. Ya advertí en El quinto elemento que «el próximo 11S empezará con un clic». Si Washington politiza su inteligencia, ese clic será más probable.

Tulsi Gabbard, el gurú y las palabras prestadas

El episodio Pulte no es un caso aislado. La anterior directora de la ODNI, Tulsi Gabbard, ya metió a la agencia en el barrizal electoral cuando en enero se involucró en la incautación de papeletas en Georgia por parte del FBI. Además, una investigación del Washington Post ha revelado que Gabbard, durante sus años como congresista, utilizó de forma repetida en entrevistas y discursos palabras y frases recomendadas en memorandos que un asesor externo le suministraba. Ese asesor, según el diario, era Chris Butler, su gurú espiritual de una escisión del Hare Krishna en Hawái llamada Fundación para la Ciencia de la Identidad.

Los memorandos fueron obtenidos por el Post de Rebecca Saltzburg, una antigua estratega digital de las campañas de Gabbard y miembro del grupo religioso. Que una directora de inteligencia nacional repita como un mantra las consignas de un gurú poco conocido pone en cuestión la autonomía de quien debía coordinar a las diecisiete agencias de espionaje del país. Cabe recordar que la ODNI maneja material ultrasecreto y sus decisiones afectan a los Five Eyes y a los aliados europeos. Si a esto le sumamos la deriva electoral de Pulte, el deterioro de la inteligencia estadounidense ya no es una hipótesis: es un riesgo real para la seguridad occidental.

La politización de la inteligencia estadounidense no es un problema interno de Washington: es un agujero en el paraguas de seguridad que protege a España y al resto de Europa.

Por cierto, quienes conocen el oficio saben que estas crisis internas no pasan desapercibidas para Moscú ni para Pekín. El FSB y el MSS leen con atención cada purga y cada nombramiento en Langley y en el ODNI. La pérdida de analistas expertos en Rusia y China es una ventana de oportunidad que los servicios adversarios explotarán con operaciones de desinformación y ciberespionaje. Si yo fuera el director del CNI, estaría ya reforzando los canales bilaterales con el MI6 y el Mossad para compensar el vacío que Washington está creando.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

El fallecimiento este mes de John Stockwell, el antiguo oficial de operaciones encubiertas de la CIA, cierra una generación de espías que aprendieron el oficio en el terreno y acabaron desencantados con las operaciones que consideraron moralmente repulsivas. Stockwell, hallado muerto en una zona boscosa cerca de su casa en Austin, Texas, a los ochenta y ocho años, fue un idealista que sirvió en Vietnam y África antes de convertirse en uno de los críticos más feroces de la agencia. Su trayectoria recuerda que el oficio no es solo técnica: es también conciencia. La pregunta que deja sobre la mesa es cuánta conciencia queda hoy en la inteligencia estadounidense.

Desde la atalaya de Moncloa, el vector de amenaza es claro: la ODNI se adentra en un terreno —el monitoreo electoral— que no le corresponde y que erosiona su credibilidad ante los aliados. La agencia atacante, en este caso, es la propia administración estadounidense, que instrumentaliza una herramienta de seguridad nacional. El defensor es la comunidad de inteligencia de carrera, diezmada por la purga de Pulte, y los terceros que observan con preocupación son los servicios europeos, incluido el CNI, que dependen de la información estadounidense para su propia seguridad. A juzgar por la naturaleza del material que manejan esos oficiales despedidos, estimo que buena parte de las evaluaciones que se han perdido alcanzaban el nivel de Secreto o Top Secret.

Un precedente histórico ilumina este desastre: en los años setenta, las revelaciones del Comité Church sobre los abusos de la CIA y el FBI llevaron a la creación de comités de supervisión y a la separación entre inteligencia exterior y aplicación de la ley doméstica. Hoy, medio siglo después, parece que esas lecciones se han olvidado. No sé si Pulte obtendrá la confirmación del Senado —sus escasas credenciales y la oposición que ya ha suscitado hacen improbable un apoyo bipartidista—, pero el daño a la relación transatlántica de inteligencia ya está hecho. Le pongo un deber al lector: seguir de cerca el próximo informe del ODNI sobre amenazas electorales, que con toda probabilidad desviará el foco hacia adversarios externos mientras ignora la corrosión interna.

He escrito en alguna ocasión que «el espionaje no se mide por las redes que se desmantelan, sino por las que siguen vivas el tiempo suficiente como para que ya no importe». La red que se está desmantelando ahora es la de la confianza entre Washington y sus socios más estrechos. Cuando esa confianza muere, lo hace en silencio, en el interior de un bosque de Austin o en los pasillos de un edificio en McLean. Y luego ya no importa. Ojalá me equivoque.

Filtración KDDI expone 14,2 millones de credenciales de email en Japón

La filtración de KDDI ha expuesto hasta 14,2 millones de credenciales de correo electrónico en seis proveedores de internet japoneses. Un vector de ataque sencillo —una vulnerabilidad en un software de terceros— ha puesto al descubierto un activo de inteligencia de señales que cualquier servicio extranjero habría deseado explotar. Le hablo de un operador de telecomunicaciones con 45.000 empleados y 32.400 millones de dólares de facturación anual, el corazón de las comunicaciones del país. El incidente, detectado el pasado 17 de junio, no solo compromete buzones privados: entrega un mapa de contactos, rutinas y vínculos sociales de millones de japoneses.

La lectura confidencial es clara. KDDI es una puerta de entrada a la infraestructura crítica de Japón, un aliado central de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Cualquier agencia de inteligencia que haya accedido a esas credenciales habrá obtenido, de un solo golpe, la materia prima con la que se construyen las operaciones de HUMINT del siglo XXI: el phishing selectivo, la ingeniería social a gran escala y el spear-phishing capaz de saltar la autenticación de dos factores si las contraseñas viajaban en texto plano.

KDDI asegura que bloqueó al atacante de inmediato y que trabajaba con las filiales afectadas —STNet, JCOM, Chubu Telecommunications, Nifty y Biglobe— para reforzar las defensas. Sin embargo, la compañía admite que la investigación sigue en curso y que no conoce el número exacto de cuentas comprometidas. La horquilla de 14,22 millones incluye clientes actuales, antiguos e incluso cuentas inactivas, lo que diluye el impacto real. Pero no espere a que se precise la cifra: un cúmulo de direcciones de correo válidas con sus contraseñas asociadas ya circula en foros clandestinos.

La vía de entrada fue un software de terceros sin identificar. Esta opacidad es, en sí misma, un hallazgo de contrainteligencia. Si la vulnerabilidad residía en un componente de mensajería, en un gestor de correo o en una herramienta de administración remota, el atacante habría necesitado conocimiento previo de la arquitectura interna. No me extrañaría que, cuando se conozca el nombre del proveedor, aparezcan vínculos con vulnerabilidades previamente explotadas por grupos APT que operan en la región. La cadena de suministro sigue siendo el talón de Aquiles del sector.

Anatomía del ataque: cómo un fallo en la cadena de suministro abre la puerta al SIGINT

El atacante no necesitó romper el cifrado de extremo a extremo ni vulnerar los servidores de KDDI. Bastó con descubrir un agujero en una pieza de software que la corporación confiaba para gestionar parte de su sistema de correo. Esta modalidad, conocida como ataque a la cadena de suministro, es la favorita de los servicios de inteligencia de señales porque les permite recolectar credenciales sin levantar sospechas durante semanas o meses.

KDDI ha confirmado que algunas contraseñas se almacenaban en forma de hash o cifradas, pero no ha detallado el porcentaje ni el algoritmo empleado. Si un porcentaje significativo viajaba en texto plano —algo que, por el tono del comunicado, parece plausible—, cualquier actor con acceso a la base de datos podría haber iniciado sesión en millones de buzones sin necesidad de fuerza bruta. La combinación de correo y contraseña es también el punto de partida para ataques de credential stuffing contra otros servicios, desde banca en línea hasta redes sociales, multiplicando el daño mucho más allá del correo electrónico.

No se equivoque conmigo: el valor de esta filtración para una agencia de inteligencia extranjera no está en el espionaje masivo de ciudadanos anónimos, sino en la capacidad de cruzar esos datos con otras fuentes —listas de empleados de ministerios, contactos de diplomáticos, suscripciones a boletines especializados— para construir el perfil exacto de un objetivo de alto valor. Es SIGINT puro, pero con una capa de HUMINT encubierta: el analista que sabe a quién leer el correo.

Japón en el punto de mira: un historial de ciberoperaciones que ningún servicio ignora

Japón ha sido objetivo recurrente de campañas de ciberespionaje atribuidas a China, Corea del Norte y Rusia. En 2020, el grupo APT10 (atribuido al MSS chino) atacó al Ministerio de Defensa japonés mediante un ataque de watering hole. Un año después, el grupo Lazarus —vinculado a Pyongyang— se infiltró en varias empresas de tecnología niponas. Y en 2023, la Agencia de Seguridad Nacional japonesa detectó una intrusión del SVR ruso en una operadora de telecomunicaciones de menor tamaño.

El patrón se repite: el atacante no busca destruir, sino recopilar silenciosamente. Las credenciales de correo son el primer escalón de cualquier operación de inteligencia de larga duración. Si el responsable de la brecha en KDDI es un Estado, habrá dado un paso de gigante en la recolección pasiva de inteligencia sobre la sociedad japonesa y, por extensión, sobre los intereses estadounidenses que se apoyan en ella.

Un cúmulo de 14 millones de credenciales no es un accidente: es una mina de oro para el que sepa cruzar datos y perfilar objetivos de alto valor.

Japón

Las seis compañías afectadas actúan como proveedores regionales de internet, a menudo ofreciendo correo electrónico como servicio añadido. Eso significa que entre los afectados hay desde estudiantes hasta funcionarios locales, pasando por pequeños empresarios y jubilados. La naturaleza dispersa de la muestra la convierte en una herramienta estadística formidable para quien quiera estudiar el tejido socioeconómico del país.

Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra

Desde el punto de vista del oficio, el vector de amenaza es un ciberataque a la cadena de suministro con recolección masiva de credenciales. La agencia atacante no ha sido identificada, pero la sofisticación para explotar una vulnerabilidad desconocida en un software de terceros y la capacidad de moverse sin detección durante un tiempo indeterminado encajan con el perfil de un grupo APT patrocinado por un Estado. La defensora es KDDI y las ISP filiales, apoyadas por el Centro Nacional de Ciberseguridad japonés. Los terceros interesados son evidentes: Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia colaboran estrechamente con Tokio, y cualquier otro miembro de los Cinco Ojos que desee evaluar si sus propios proveedores de telecomunicaciones podrían ser víctimas de un ataque similar.

Estimo que el nivel de clasificación del material expuesto es «Sin Clasificar pero Sensible». No se trata de secretos de Estado, pero sí de datos personales cuya agregación permite inferir patrones de comportamiento y vulnerabilidades de seguridad nacional. Si yo estuviera en el CNI, estaría ahora mismo revisando los contratos de los principales proveedores de correo electrónico que prestan servicio a la administración española. Porque la lección de KDDI es nítida: basta con un eslabón débil en la cadena de suministro para que toda la fortaleza se desmorone.

Esta brecha nos recuerda el caso de SolarWinds en 2020, cuando un atacante —atribuido al SVR— logró infiltrarse en miles de organizaciones a través de una actualización de software legítima. La diferencia es que aquí el botín no fueron documentos clasificados, sino las llaves de millones de buzones. Pero el principio es el mismo: la confianza en terceros es el vector más rentable para el espionaje moderno. Y en un mundo donde el correo electrónico sigue siendo la columna vertebral de la comunicación profesional y personal, una base de datos de credenciales es el equivalente digital de un listín telefónico completo con la dirección y las llaves de la casa.

He escrito en alguna ocasión que «el próximo 11S no se anunciará con un avión, sino con un clic». Pues bien, este tipo de filtraciones masivas son el combustible que alimenta ese clic. No lo olvide.

Argentina lanza subasta de almacenamiento con baterías: 232 ofertas para 700 MW y precios un 15% bajo el techo

La subasta AlmaSADI de Argentina para almacenamiento con baterías ha destapado un apetito inversor que supera once veces la potencia buscada. El Gobierno recibió 232 ofertas de 37 empresas, con precios un 15,5% inferiores al máximo previsto.

Una avalancha de 8.230 MW para una meta de 700

Las ofertas suman 8.230 MW de capacidad propuesta, muy por encima de los 700 MW que adjudicará el operador CAMMESA. La sobredemanda refleja el interés global por el almacenamiento estacionario, una tecnología clave para integrar renovables en redes con alta penetración eólica y solar, como la argentina.

El precio medio ponderado de las ofertas se situó en 10.568 dólares por MW al mes, un 15,5% por debajo del precio tope de 12.500 $/MW-mes fijado en el pliego. La oferta más baja alcanzó los 7.397 $/MW-mes, una referencia agresiva que podría marcar el nuevo estándar si resulta adjudicada.

Los precios mostraron dispersión regional: la media más baja, 9.916,7 $/MW-mes, se registró en la zona de San Luis Central, mientras que en la región noreste (Chaco y Formosa) subió hasta 11.194,3 $/MW-mes, diferencias que CAMMESA tendrá en cuenta para repartir capacidad donde la red más lo necesita.

Qué persigue la subasta AlmaSADI

El concurso lanzado en marzo pasado busca desplegar sistemas de baterías capaces de entregar al menos cuatro horas de descarga continua en nodos críticos de la red de transporte, abarcando el noroeste, noreste, centro, litoral, Cuyo, Pampas y Buenos Aires —excluyendo el área metropolitana de la capital—. El objetivo es dotar al sistema eléctrico mayorista de servicios de capacidad y reserva operativa.

CAMMESA evaluará cada propuesta combinando el precio ofertado, los límites de capacidad por nodo y por región, y la metodología de de asignación definida en las bases. Esta combinación busca evitar concentraciones excesivas y garantizar que el almacenamiento llegue donde más valor aporta a la red.

La Secretaría de Energía estima que la licitación movilizará alrededor de 700 millones de dólares en inversión, una cifra que da una idea del volumen de infraestructura que el país está dispuesto a atraer con este instrumento.

📊 Impacto ecológico en cifras

  • Inversión movilizada: 700 millones de dólares estimados para instalar 700 MW de baterías.
  • Competencia: 8.230 MW ofertados (once veces la meta), lo que demuestra la viabilidad económica del almacenamiento.
  • Precios: media de 10.568 $/MW-mes, con un mínimo de 7.397 $/MW-mes, ambos por debajo del techo de 12.500.
  • Integración renovable: Las baterías permitirán almacenar excedentes renovables y reducir el uso de centrales fósiles de punta.
AlmaSADI

Esta subasta coloca a Argentina en el mapa del almacenamiento estacionario y envía una señal de precios que pocos esperaban tan pronto. A nivel global, los costes de las baterías han caído más de un 80% en la última década, lo que permite que licitaciones como AlmaSADI resulten competitivas sin necesidad de subsidios explícitos.

La fotografía de la subasta es contundente: once veces más capacidad ofertada que la requerida y precios que ya compiten en términos absolutos con los de mercados más maduros.

Lectura para la transición: almacenamiento que abarata la descarbonización

Argentina tiene un mix eléctrico con una elevada participación de energía renovable, superior al 15% de origen eólico y solar. Sin embargo, la intermitencia de estas fuentes obliga a contar con respaldo firme. Las baterías de cuatro horas encajan como alternativa a las centrales de gas de ciclo abierto que hoy cubren los picos de demanda, ofreciendo una respuesta más rápida y cero emisiones.

El éxito de AlmaSADI se une a otras experiencias latinoamericanas, como la subasta de almacenamiento del Sistema Eléctrico Nacional de Chile, que también atrajo precios competitivos. La región está demostrando que el almacenamiento no es una tecnología exclusiva de mercados maduros: cuando el diseño de la licitación es claro y la necesidad de red es real, el capital responde.

Con 700 MW adjudicados, Argentina dará un paso relevante para estabilizar su red y, sobre todo, para reducir el coste de la transición. Cada megavatio de batería que desplaza una punta de generación fósil evita emisiones y, a largo plazo, abarata el precio de la electricidad para el consumidor final. La subasta no es solo una señal de precio: es la prueba de que el almacenamiento empieza a ser un negocio rentable en sí mismo, sin necesidad de subsidios masivos.

🌍 El Impacto Real para el Futuro

  • Beneficio medible: 700 MW de baterías que podrán desplazar generación fósil en horas punta, reduciendo emisiones y costes operativos del sistema eléctrico argentino.
  • Modelo que cambia: La subasta competitiva sustituye el viejo esquema de contratación directa de centrales térmicas por un mecanismo de mercado que atrae inversión privada y reduce el precio de la energía de respaldo.
  • Para las próximas generaciones: Un sistema eléctrico más flexible y renovable disminuye la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles y construye una infraestructura más limpia para las décadas venideras.

El Tribunal Supremo fija responsabilidad civil clínica dental: aseguradora debe indemnizar por cierre

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia STS 693/2026, de 28 de junio de 2026, por la que desestima el recurso de casación interpuesto por Mapfre y confirma la obligación de indemnizar con 4.000 euros a un paciente cuyo tratamiento odontológico quedó interrumpido por el cierre repentino de la clínica dental.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? El Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) desestima el recurso de Mapfre y confirma la condena a indemnizar por el cierre súbito de la clínica.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 1101 del Código Civil y 73 de la Ley de Contrato de Seguro; interpreta que el abandono del tratamiento sin medidas de continuidad es mala praxis profesional.
  • ¿Qué impacto tiene? Fija doctrina sobre la cobertura del seguro de responsabilidad civil en servicios de tracto sucesivo; las aseguradoras deberán responder por los perjuicios causados por el cierre sin preaviso de negocios profesionales.

Antecedentes del litigio

El origen del caso se remonta a un contrato de prestación de servicios odontológicos que el paciente, Cipriano, firmó con la clínica Dental Salud 2012 S.L. (Funnydent) por un importe total de 4.000 euros. Pagó 2.500 euros en efectivo y el resto mediante transferencia bancaria. Sin embargo, el 28 de enero de 2016, sin haber ejecutado el tratamiento contratado, la clínica cerró repentinamente sus instalaciones. Poco después, la sociedad fue declarada en concurso de acreedores.

El afectado demandó a la aseguradora de la clínica, Mapfre, reclamando los 4.000 euros entregados más 4.680 euros en concepto de pérdida de calidad de vida por el tiempo añadido del tratamiento en otra clínica. La magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia nº 64 de Madrid, en sentencia 81/2020, desestimó íntegramente la demanda al considerar que el cierre no estaba cubierto por la póliza de responsabilidad civil, sino que exigiría un seguro de caución.

Recurrida la decisión, la Audiencia Provincial de Madrid (sentencia 463/2021) estimó parcialmente el recurso y condenó a Mapfre a pagar los 4.000 euros, al apreciar que el riesgo sí quedaba expresamente cubierto en la póliza. Mapfre formalizó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El fallo del Tribunal Supremo

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente), Rafael Sarazá Jimena, Pedro José Vela Torres, Nuria Auxiliadora Orellana Cano (ponente) y Fernando Cerdá Albero, dictó la STS 693/2026 el 28 de junio de 2026. El fallo es desestimatorio: confirma íntegramente la resolución de la Audiencia Provincial y condena en costas a la compañía recurrente.

Mapfre sostenía en casación que la póliza contratada era de responsabilidad civil profesional y no un seguro de caución, por lo que solo cubría los daños derivados de una mala actuación del personal sanitario o de la propia clínica, no el simple incumplimiento contractual del cierre. El alto tribunal rechazó esta interpretación.

El cierre repentino e inesperado de una clínica sin adoptar medidas para que los pacientes continúen el tratamiento constituye una mala praxis profesional cubierta por el seguro de responsabilidad civil.

El Tribunal Supremo argumenta que el contrato suscrito era de tracto continuado y que el cierre definitivo provocó una interrupción antijurídica del tratamiento. La sentencia califica el comportamiento de la clínica como mala praxis porque, pese a ser inminente el cese de actividad, los responsables no adoptaron medida alguna para que el paciente pudiera ser derivado a otro centro ni le reembolsaron las cantidades anticipadas. «El daño que se cubre en este caso es el perjuicio derivado de la mala praxis de la clínica que, ante la inminencia del cierre, no adoptó medida alguna», señala el ponente.

La doctrina fijada supone que la cobertura del seguro de responsabilidad civil no está limitada a actos médicos negligentes, sino que alcanza a toda conducta profesional lesiva del deber de cuidado, incluida la omisión de garantizar la continuidad asistencial ante un cierre programado o previsible. El alto tribunal añade que no es necesario un seguro de caución específico para afrontar este tipo de perjuicios cuando la póliza de responsabilidad civil ya incluye, como en este caso, una cláusula que extiende la garantía a las consecuencias de la actividad profesional asegurada.

La Doctrina del Tribunal

El pronunciamiento del Tribunal Supremo consolida una interpretación amplia del seguro de responsabilidad civil profesional en el ámbito de los servicios de tracto sucesivo, como los tratamientos odontológicos. La sala fija que la interrupción abrupta de la prestación por cierre del establecimiento, sin haber adoptado medidas de protección para los consumidores, encaja en el concepto de mala praxis que activa la cobertura del seguro. La base jurídica se asienta en el artículo 1101 del Código Civil, que obliga a indemnizar los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones, y en el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro, que define el ámbito del seguro de responsabilidad civil como la cobertura del riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar por un hecho previsto en el contrato.

La doctrina anterior solía asociar la responsabilidad profesional a errores u omisiones en la ejecución material del servicio, mientras que esta resolución desplaza el centro de gravedad hacia el deber de continuidad asistencial. El alto tribunal subraya que la proximidad del cierre obliga a la clínica a paliar las consecuencias para los pacientes, instaurando un estándar de conducta exigible que trasciende la mera terminación del negocio. El impacto práctico es considerable: numerosos litigios similares, nacidos del cierre de clínicas dentales y otros negocios de prestación continuada, encontrarán en esta sentencia un anclaje jurisprudencial que fuerza a las aseguradoras a responder, limitando la alegación de que el riesgo solo está cubierto por seguros de caución.

La proyección de la doctrina se extiende a cualquier profesional que contrate servicios de duración prolongada y cese su actividad sin preaviso ni solución para el cliente. Los juzgados de primera instancia deberán aplicar este criterio en la valoración de la cobertura de las pólizas de responsabilidad civil, y los colegios de abogados ya han comenzado a analizar sus consecuencias para la redacción de las demandas y la configuración de los seguros profesionales.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Paciente contrata tratamiento dental por 4.000 euros; la clínica cierra repentinamente sin haberlo realizado y entra en concurso. Reclama contra la aseguradora de la clínica.
  • Datos importantes: STS 693/2026, Sala de lo Civil. Indemnización confirmada: 4.000 euros más costas. Artículos aplicados: 1101 CC y 73 LCS. Voto unánime.
  • Fecha de los juicios: Cierre de la clínica: 28 de enero de 2016. Sentencia de primera instancia: 81/2020 (Juzgado de Primera Instancia nº 64 de Madrid). Sentencia de apelación: 463/2021 (Audiencia Provincial de Madrid). Sentencia del Supremo: 28 de junio de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: Mapfre, como aseguradora de la clínica Dental Salud 2012 S.L., por responsabilidad civil derivada de mala praxis profesional.

Alerta incendios Cataluña: Bombers activa nivel 3 del Plan Alfa en 123 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Vecinos de 123 municipios de 13 comarcas de Barcelona, Tarragona y Lleida.
  • ¿Cuándo ocurre? Hoy, domingo 28 de junio de 2026. El nivel 3 del Plan Alfa ya está activo.
  • ¿Qué cambia hoy? Se prohíben actividades que puedan generar fuego en el medio natural y se pide máxima precaución.

La Generalitat ha activado el nivel 3 del Plan Alfa en 123 municipios de trece comarcas catalanas ante el peligro muy alto de incendio forestal este domingo. La medida, comunicada por los Agents Rurals a primera hora, supone restricciones inmediatas en el medio natural para evitar que cualquier chispa desencadene un siniestro como los vividos en veranos anteriores.

¿A qué municipios y comarcas afecta la alerta?

La alerta se extiende por las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida, con especial incidencia en las comarcas de la Anoia, Bages, Solsonès, Segarra Urgell, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Segrià, Conca de Barberà, Ribera d’Ebre y Terra Alta. En total, 123 términos municipales quedan bajo el paraguas del nivel 3, el más restrictivo del dispositivo de prevención de incendios de la Generalitat.

Según el comunicado difundido en la red X por los Agents Rurals, la activación responde a una combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento de componente sur que eleva el riesgo de propagación. “Mucha precaución en el medio natural”, han instado desde el cuerpo de agentes. El mapa actualizado de las zonas afectadas está disponible en la web del Plan Alfa, donde cualquier ciudadano puede consultar si su municipio está dentro del perímetro de riesgo extremo.

Recomendaciones para minimizar el peligro

La principal recomendación de Bombers de la Generalitat y Agents Rurals es evitar cualquier actividad que pueda generar una ignición: barbacoas, trabajos forestales con maquinaria, quema de rastrojos o incluso tirar colillas en el campo. Las sanciones por incumplir estas restricciones en nivel 3 pueden alcanzar varios miles de euros, y los Mossos d’Esquadra reforzarán la vigilancia en las áreas señaladas.

Además, se pide a la población que, ante la menor columna de humo, llame de inmediato al 112. La rapidez en la detección es clave cuando el riesgo de propagación es máximo. Los servicios de emergencia recuerdan que muchos incendios se originan por negligencias evitables y que denunciar a tiempo puede salvar hectáreas de bosque y, sobre todo, vidas.

El verano catalán ya está bajo la lupa del fuego: el peligro real no está solo en las llamas, sino en la imprudencia de quien las enciende.

Un verano de alto riesgo: el antecedente de 2025

Cataluña arrastra una tendencia preocupante: el año pasado, con condiciones meteorológicas similares, se declararon más de 400 incendios en el mes de julio, según el balance de Bombers de la Generalitat. Aunque la mayoría fueron conatos controlados, varios episodios en el Alt Empordà y la Terra Alta obligaron a desalojos preventivos durante horas.

El Plan Alfa, creado en 2018, establece cuatro niveles de riesgo y coordina la respuesta de los Agentes Rurales, Bombers y unidades de Protecció Civil. La Generalitat ha reforzado este año la dotación de medios aéreos y las brigadas de prevención, pero la experiencia de temporadas pasadas demuestra que la implicación ciudadana sigue siendo el eslabón más débil. Mientras tanto, las miradas se centran en la evolución de la ola de calor que esta misma semana podría disparar los termómetros por encima de los 40 grados en el interior de Cataluña.

El Govern insiste en que la situación es “muy seria” y pide responsabilidad colectiva. La alerta permanecerá activa mientras las condiciones meteorológicas no den tregua, y cualquier cambio de nivel se comunicará a través de los canales oficiales y las redes sociales de Emergències 112 y Agents Rurals.

Arranca el juicio contra la excúpula de Salut por frenar la vacunación a policías en Cataluña

La Audiencia de Barcelona sienta este martes 30 de junio en el banquillo a los antiguos máximos responsables sanitarios de la Generalitat por haber paralizado presuntamente la vacunación contra la covid-19 de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en Cataluña. Cinco años después de aquel episodio y tras una larga instrucción, la justicia intenta dilucidar si hubo prevaricación administrativa.

La Fiscalía acusa a la exconsellera de Salut, Alba Vergés (ERC); al que fuera secretario general del Departament de Salut, Marc Ramentol; al exdirector del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon; y al exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella. Para todos ellos solicita 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo.

De la suspensión clínica a la parálisis política

El origen de la causa se remonta a marzo de 2021, cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó priorizar la administración de AstraZeneca a colectivos esenciales, entre ellos los cuerpos policiales. Salut había diseñado incluso un dispositivo de vacunación masiva en el Aeropuerto de Barcelona previsto para mediados de marzo. Pero el 15 de marzo se suspendió temporalmente la vacuna en toda España tras detectarse trombos.

Una semana después, el Consejo Interterritorial autorizó reanudar la inmunización y amplió la edad de aplicación hasta los 65 años. Es a partir de ese momento, según sostiene la acusación, cuando los responsables de Salut decidieron mantener paralizada la vacunación de los agentes estatales, priorizando a otros colectivos.

Según la Fiscalía los acusados eran plenamente conscientes de la enorme diferencia que existía entonces entre los distintos cuerpos. Mientras los Mossos d’Esquadra presentaban una cobertura vacunal cercana al 77%, la Guardia Civil apenas alcanzaba el 2,8% de agentes vacunados y la Policía Nacional el 3,6%. Las policías locales y los bomberos se situaban en cifras similares a las de la policía autonómica.

Mientras los Mossos d’Esquadra alcanzaban el 77% de vacunados, la Guardia Civil y la Policía Nacional no superaban el 4%. La Generalitat mantuvo inactivo un plan de vacunación que ya tenía organizado.

La intervención judicial que forzó la rectificación

La situación llegó a los tribunales después de que los sindicatos policiales JUPOL y JUCIL interpusieran un recurso contencioso-administrativo por discriminación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) adoptó medidas cautelares y, el 27 de abril de 2021, ordenó al Departament de Salut vacunar de manera inmediata a los agentes estatales hasta igualar la cobertura de los Mossos. Gracias a esa resolución, más de 4.800 policías nacionales y guardias civiles fueron inmunizados en las primeras semanas de mayo.

El juicio, que se prolongará durante diez sesiones hasta mediados de julio, contará con la declaración de los cuatro acusados, mandos de los cuerpos afectados y abundante prueba documental. Correos electrónicos internos y cronologías de la campaña de vacunación serán determinantes para acreditar si hubo arbitrariedad.

Lo que el juicio revela sobre la gestión soberanista de la pandemia

El proceso judicial no solo examina una decisión administrativa. Coloca en el centro del debate la gestión diferenciada que la Generalitat hizo de los cuerpos policiales durante los meses más tensos de la crisis sanitaria. La instrucción ha revelado comunicaciones que a juicio de la Fiscalía demuestran que la parálisis no obedeció a criterios sanitarios sino a una voluntad deliberada de marginar a los agentes dependientes del Estado.

La presencia de Alba Vergés en el banquillo es especialmente sensible para ERC. La exconsellera fue una de las figuras más activas en la defensa de la soberanía sanitaria durante la pandemia y su eventual inhabilitación tendría un fuerte impacto simbólico en el relato que el independentismo ha construido sobre aquellos meses. A pocos meses de que el Govern de Salvador Illa haya tenido que negociar con los republicanos los presupuestos, el juicio puede reabrir heridas internas y colocar a la formación independentista en una posición incómoda frente a su electorado, que siempre ha visto la pandemia como un espacio de resistencia frente al Estado.

Más allá de las responsabilidades penales, el caso vuelve a poner de relieve la politización de las decisiones sanitarias en Cataluña durante la pandemia. La sospecha de que la Generalitat utilizó sus competencias para trazar una línea divisoria entre lo propio y lo estatal —incluso en algo tan sensible como las vacunas— no ha desaparecido, y esta vista oral puede avivar un debate que el Govern de Illa preferiría mantener enterrado.

El veredicto, lejos de ser inmediato, previsiblemente no llegará al menos hasta finales de año. Pero las diez sesiones que arrancan esta semana condicionarán la lectura política de una etapa que todavía condiciona la relación entre Cataluña y el Gobierno central.

Salvador Illa llega con oxígeno al verano, pero el nuevo curso pondrá a prueba su papel de sostén de Sánchez

Salvador Illa cierra el curso con los presupuestos catalanes aprobados y el procés políticamente enterrado, pero el nuevo año político pondrá a prueba su papel de sostén territorial del Gobierno de Pedro Sánchez. El president de la Generalitat ha gestionado con pragmatismo un tripartito tácito con ERC y los comunes, aunque los números cantan: la estabilidad es más formal que material.

Un curso salvado con pragmatismo y una coalición tácita

Illa ha logrado sacar adelante las cuentas de la Generalitat tras una negociación ardua con Esquerra y el apoyo de los comunes. El matrimonio de conveniencia entre las tres fuerzas de izquierda funciona, según analistas consultados por este medio, porque ninguna quiere asumir el coste de romperlo. El profesor Jesús Palomar, de la Universitat de Barcelona, lo resume así: ‘son unos presupuestos muy condicionados a diferentes acuerdos con partidos de la oposición, que se le pueden girar en contra. Es una estabilidad formal, pero no material’.

El president ha aprovechado para enterrar simbólicamente el procés. Sus gestos hacia el viejo catalanismo —la invitación a Jordi Pujol al Palau de la Generalitat o la visita a Carles Puigdemont en Bruselas— forman parte de una estrategia de reconciliación que, de momento, no ha sumado apoyos de Junts. La crispación no ha desaparecido; simplemente se ha redibujado en el eje izquierda-derecha, con el auge de la ultraderecha de Aliança como nuevo factor de tensión.

Los deberes de septiembre que ponen en jaque al Govern

El otoño trae las asignaturas pendientes. La financiación singular pactada con ERC plantea más interrogantes que certezas y obligará a Illa a gestionar un equilibrio delicado con Madrid. Rodalies, pese a los anuncios de inversión, ha vuelto a registrar interrupciones graves durante junio. El precio de la vivienda en Cataluña ha subido un 14% y el déficit acumulado de pisos roza los 140.000. Y en el último trimestre, una huelga masiva del profesorado rechazó las mejoras propuestas por el Govern y advirtió de un ‘otoño caliente’.

Fuentes de la Generalitat consultadas por este medio reconocen que la situación educativa es la más delicada: ‘No esperábamos una contestación tan prolongada’. El curso 2026-2027 arranca con el reto de cerrar un acuerdo con los sindicatos docentes antes de que el conflicto erosione aún más la imagen de gestor moderado que cultiva Illa.

La estabilidad de Illa no es solo un activo para Cataluña: es el contrapeso territorial que Sánchez necesita para mantener la gobernabilidad en Madrid.

El Eje del Poder Socialista

El president del PSC se ha convertido en uno de los pilares más sólidos del proyecto socialista. Frente a un PP instalado en el bloqueo y una mayoría parlamentaria en el Congreso frágil, Cataluña es una de las pocas bazas territoriales del PSOE, junto con Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Cada gesto de Illa de respaldo a Sánchez —del ‘balance excelente’ al ‘voz de la dignidad’— refuerza el vínculo orgánico entre Ferraz y el Palau.

Sin embargo, la ecuación es más compleja de lo que parece. Los vasos comunicantes entre el Parlament y el Congreso funcionan en ambos sentidos: si Junts pierde visibilidad en Cataluña, redobla la presión en Madrid. La ruptura del acuerdo con el PSOE a finales del año pasado, los votos alineados con PP y Vox para pedir elecciones anticipadas, demuestran que Illa no puede dar por garantizada la gobernabilidad de Sánchez, aunque sí amortiguarla.

El profesor Andreu Paneque, de la UOC, apunta un dato clave: ‘Tanto PSC como sus socios saben que moverse en una posición distinta puede tener un alto coste. Tienen miedo a moverse’. Ese temor mutuo explica la pervivencia del entendimiento en la Generalitat, pero también su fragilidad. Y las elecciones municipales de 2027 añaden otro factor de presión: ERC y Junts competirán por un espacio independentista menguante, lo que puede trasvasar votos y convertirse en moneda de cambio en Barcelona.

En esta redacción observamos que Illa ha hecho los deberes mínimos para mantener la estabilidad, pero la verdadera prueba de fuego llegará en otoño. La financiación singular, la respuesta a los sindicatos de la enseñanza y la evolución de los precios de la vivienda determinarán si el ‘oasis catalán’ que prometió es real o solo un espejismo de verano. El precedente de 2017 y la gestión del procés enseñaron que los problemas enquistados no desaparecen por decreto; se enquistan hasta que estallan.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La estabilidad de Cataluña es la estabilidad del Gobierno de Sánchez; Illa es el muro de contención frente al independentismo de ruptura.
  • Protagonista: Salvador Illa (president de la Generalitat y primer secretario del PSC).
  • Próximo hito: Arranque del curso escolar con la negociación del convenio del profesorado y despliegue de las primeras medidas de la financiación singular.

La Guardia Civil incauta 15 fardos de hachís en la playa de Zahara de los Atunes a plena luz del día

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Guardia Civil ha incautado 15 fardos de hachís y una embarcación en la playa de Zahara de los Atunes tras el aviso de bañistas que encontraron un fardo a plena luz del día.
  • ¿Dónde y quién? En el litoral de Zahara y Barbate, en la provincia de Cádiz, con patrullas de la Guardia Civil y Policía Local. La investigación sigue abierta.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Las playas de la zona continuarán con normalidad, pero se refuerza la vigilancia para evitar riesgos a los bañistas y nuevos alijos en la costa.

Cronología: de la noche del sábado a la mañana del domingo

La Guardia Civil ha incautado esta mañana de domingo 15 fardos de hachís en la playa de Zahara de los Atunes tras el aviso de varios bañistas que se encontraron la droga a plena luz del día, según ha confirmado la Benemérita.

Un fardo apareció en la orilla ante la sorpresa de quienes disfrutaban de la jornada playera. Al lugar acudieron patrullas de seguridad ciudadana de Barbate y la Policía Local, que retiraron el alijo y ampliaron el dispositivo.

La operación se inició la noche del sábado en la playa de Retín, en Barbate, donde se localizaron 60 kilos de hachís distribuidos en cinco fardos junto a una embarcación recreativa varada en la orilla.

Según fuentes de la Guardia Civil, durante el tiempo que transcurrió entre el aviso y la llegada de los agentes, varios quads intentaron aproximarse a la embarcación para llevarse la mercancía. Al percatarse de la presencia policial, abandonaron los vehículos y huyeron a toda velocidad por el interior de la muralla del municipio.

Testigos presenciales relataron a este medio cómo vieron dos quads cargados con fardos atravesando una zona de castillos hinchables, food trucks y puestos de artesanía, poniendo en riesgo a los asistentes.

La irrupción de los narcotraficantes a plena luz del día en una playa abarrotada de familias demuestra el desafío que aún plantea el narcotráfico en la costa gaditana.

Testigos y operativo en curso

Ya en la mañana de este domingo, tras las llamadas de varios ciudadanos, los agentes se desplegaron por distintos puntos de la playa de Zahara y recuperaron otros tres fardos, lo que eleva el total de lo incautado en esta operación.

Por el momento, el dispositivo continúa activo y la Guardia Civil no descarta nuevas intervenciones en la costa de la provincia de Cádiz.

La Lectura Andaluza

La costa que va de Barbate a Tarifa forma parte del litoral donde el tráfico de hachís procedente de Marruecos ha tejido una larga historia de alijos, persecuciones y redes de transporte. La presencia de fardos en la orilla no es un fenómeno desconocido para los vecinos de la zona, pero el hecho de que ocurriera en plena jornada veraniega, con decenas de bañistas presentes, añade un componente de riesgo y alarma social. La rápida reacción de la Guardia Civil y la colaboración de los ciudadanos permitió que el alijo fuera interceptado antes de que los narcotraficantes pudieran recuperar los fardos.

La investigación aún está abierta y no hay detenidos, pero las imágenes de los quads atravesando una zona de ocio familiar han generado inquietud. La Guardia Civil mantiene un despliegue constante en el Campo de Gibraltar y el litoral de Cádiz para combatir el narcotráfico, que en los últimos años ha visto cómo la presión policial desplaza las rutas de entrada. Desde el inicio de este operativo, el sábado por la noche, se demuestra la efectividad de los controles, pero la velocidad con la que los traficantes abandonan la mercancía revela que todavía hay estructuras activas capaces de reaccionar sobre la marcha.

Para los andaluces que veranean en estas playas, la noticia deja un sabor agridulce: la Costa de la Luz sigue siendo un destino de enorme belleza y arraigo, pero la lucha contra el narcotráfico exige que las autoridades no bajen la guardia. Es previsible que en las próximas horas se refuercen los patrullajes en el litoral de Zahara y Barbate para evitar que los intentos frustrados de los traficantes se repitan en otros puntos de la provincia.

El Juzgado de lo Social ante el conflicto laboral entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid: ¿despido, extinción o represalia?

El conflicto laboral entre el jugador Julián Álvarez y el Atlético de Madrid plantea una encrucijada jurídica de gran calado para el Juzgado de lo Social, con ramificaciones en el despido disciplinario, la extinción indemnizada del contrato y la posible represalia empresarial. El abogado laboralista Alberto López Vela ha desgranado para Confilegal las claves del caso, que pivota sobre la manifestación pública del futbolista de su deseo de traspaso y las reacciones que el club pueda adoptar.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué se debate? Las consecuencias legales de las declaraciones de Julián Álvarez sobre su salida y las eventuales medidas del Atlético de Madrid (marginación, negativa a entrenar o jugar).
  • ¿Qué normas son claves? Los artículos 5.a, 20.2, 50.1.c y 54.2.b y d del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 1006/1985 y el Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ).
  • ¿Qué escenarios judiciales se abren? Despido disciplinario procedente sin indemnización, extinción indemnizada por incumplimiento grave del empresario o, en su caso, represalia con inversión de la carga de la prueba.

Las declaraciones del futbolista y la transgresión de la buena fe contractual

El artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores tipifica como causa de despido disciplinario la «transgresión de la buena fe contractual». Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para su apreciación una conducta activa, dolosa y con repercusión real en la relación laboral, no una mera manifestación de voluntad o deseo.

En el caso de Julián Álvarez, sus declaraciones —«creo que lo mejor para todos es un traspaso»— difícilmente encajan en ese patrón: expresar una preferencia profesional no constituye, en términos estrictamente jurídico-laborales, un incumplimiento contractual sancionable. Distinto sería si se probase que esas palabras forman parte de una estrategia coordinada con otro club, como el FC Barcelona, para devaluar la posición negociadora del Atlético y forzar una salida por debajo de la cláusula de rescisión.

En ese supuesto podría argumentarse una vulneración del deber de lealtad implícito en toda relación laboral (artículo 5.a ET), pero acreditar esa coordinación es extremadamente complejo. El precedente más próximo en nuestro ordenamiento, el caso Griezmann-Barcelona de 2019, se resolvió en la vía federativa (FIFA), no ante los tribunales ordinarios, lo que evidencia el cauce habitual de estos conflictos en el deporte profesional.

La mera manifestación del deseo de cambiar de empleador no es suficiente para activar el despido disciplinario. Los juzgados de lo social serían muy cautelosos antes de sancionar a un trabajador por opinar sobre su futuro profesional.

La negativa a entrenar como causa de despido procedente

La situación cambia radicalmente si el futbolista se niega injustificadamente a participar en los entrenamientos o en los partidos. Los artículos 5.a) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, en conexión con el artículo 54.2.b) —indisciplina o desobediencia en el trabajo—, otorgan al empleador un fundamento jurídico sólido para el despido disciplinario.

Además, el Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, refuerza en su artículo 7 la obligación del deportista de «participar en los entrenamientos y competiciones programadas por el club». La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha calificado reiteradamente la negativa a entrenar como causa de despido procedente, con pérdida del derecho a indemnización alguna.

En este escenario, el riesgo para el jugador es máximo: un despido disciplinario procedente le privaría de toda compensación económica y, dado el elevado valor del contrato, podría incluso abrir la puerta a una reclamación de daños y perjuicios por parte del club. Desde el punto de vista estratégico, la negativa a entrenar constituye la peor alternativa jurídica para Álvarez.

La Doctrina del Tribunal

La marginación sistemática e injustificada del deportista puede ser considerada un incumplimiento grave del empresario que habilita la extinción indemnizada del contrato, según la doctrina laboral consolidada.

El artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores permite al trabajador solicitar la extinción indemnizada del contrato ante «cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por el empresario». En el ámbito deportivo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido que la marginación sistemática, injustificada y deliberada —coloquialmente «congelar» al jugador— puede constituir ese incumplimiento grave.

No basta, sin embargo, con no ser titular. Los jueces de lo social son renuentes a revisar las decisiones técnicas del entrenador en la confección de alineaciones y convocatorias. Para que prosperase una acción ex artículo 50 ET, Álvarez necesitaría acreditar que la marginación responde a una represalia pura por su deseo de salir y que tiene carácter prolongado; una prueba tan difícil como determinante.

Paralelamente, la vía más eficaz en el deporte profesional no es el artículo 50 ET sino los mecanismos específicos del Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ). Su artículo 17 permite resolver el contrato con «causa justificada» cuando el club incumple sus obligaciones esenciales, incluida la de garantizar al jugador la posibilidad de competir. Esta vía, de naturaleza federativa, es la que ha prevalecido en conflictos análogos como el citado caso Griezmann.

Por último, si el Atlético apartara sistemáticamente al jugador como represalia directa por sus declaraciones, podría activarse la garantía de indemnidad (artículo 24 de la Constitución, en su vertiente de tutela judicial efectiva, y artículo 17 ET). La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo protege al trabajador frente a represalias por el ejercicio de derechos legítimos; manifestar el deseo de cambiar de empleador es, en principio, una libertad constitucionalmente protegida. La consecuencia procesal sería la inversión de la carga de la prueba: sería el club quien debería demostrar que las decisiones deportivas tienen un fundamento objetivo y no son una penalización.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Conflicto laboral entre el futbolista profesional Julián Álvarez y el Atlético de Madrid, surgido a raíz de las declaraciones públicas del jugador sobre su deseo de cambiar de club y las posibles reacciones empresariales del equipo.
  • Datos importantes: Artículos 5.a, 20.2, 50.1.c y 54.2.b y d del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 1006/1985 (arts. 7 y 17); Reglamento FIFA RETJ (art. 17); artículo 24 de la Constitución.
  • Fecha de los juicios: No existe procedimiento judicial abierto a 28 de junio de 2026; las partes se encuentran en fase de negociación contractual.
  • Personas acusadas y por qué: N/A (no se trata de un proceso penal; es un conflicto laboral entre el jugador y el club).

El Senado compra 65 licencias de Gemini (Google) por 59.500 euros: así usará la IA en el trabajo parlamentario

El Senado ha adquirido 65 licencias de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, por un importe de 59.500 euros, según el pliego de contratación al que ha tenido acceso Europa Press. La operación se enmarca en la estrategia de la Cámara Alta para implementar la IA en el trabajo parlamentario y supone un paso más tras la aprobación de sus directrices de uso el pasado mes de febrero.

El contrato: 65 licencias Gemini Enterprise Standard y soporte experto

El contrato, presidido por Pedro Rollán, incluye la adquisición de 65 licencias Gemini Enterprise Standard, la versión corporativa de la IA de Google. El pliego detalla que el acuerdo tiene una duración inicial de un año, con la posibilidad de una prórroga anual. Además, contempla servicios de soporte experto para facilitar la integración de la herramienta en los procesos de la institución.

El desembolso total asciende a 59.500 euros para este primer lote, una cifra que refleja la apuesta del Senado por dotarse de recursos tecnológicos avanzados. La licitación se ha tramitado tras la aprobación en en febrero de las directrices internas que regulan el uso de la inteligencia artificial en la Cámara.

Las directrices éticas y la supervisión humana, claves de la regulación

El Senado se convirtió en el primer parlamento español en regular el uso de la IA al aprobar un marco de principios éticos y jurídicos. Entre ellos, la supervisión humana obligatoria, la transparencia y el respeto a la privacidad. Todo sistema de IA desplegado en la Cámara deberá cumplir estos estándares, según las directrices, que afectan a senadores y a todo el personal.

Una de las medidas más sensibles es la prohibición expresa de introducir información sujeta a secreto parlamentario en sistemas de IA públicos. Solo se permitirá su uso en herramientas autorizadas por la institución y cuando sea estrictamente necesario, previa consulta al superior jerárquico. Además, se exige una formación continua de los usuarios para que conozcan los riesgos y limitaciones de estas tecnologías.

La supervisión humana es el principio rector de las directrices del Senado, que también exigen formación obligatoria para todos los usuarios.

Estas normas buscan garantizar que la IA se utilice como un apoyo al trabajo parlamentario sin comprometer la confidencialidad ni la integridad de la información. El Senado pretende que su experiencia sirva de modelo para otros parlamentos autonómicos.

La cumbre de presidentes autonómicos de julio pondrá a prueba el sistema

Precisamente, la Cámara Alta acogerá el próximo mes de julio una reunión de presidentes de parlamentos autonómicos en la que se abordarán los retos de la IA, con especial atención al tratamiento de la información secreta. El Senado defenderá que bajo ninguna circunstancia se introduzca información sujeta a reserva en sistemas públicos de IA.

El encuentro permitirá al Senado compartir su experiencia pionera y evaluar los protocolos de seguridad en un contexto de colaboración interparlamentaria. La institución quiere que su hoja de ruta sirva de referencia para el resto de cámaras legislativas españolas ante una tecnología que avanza con rapidez.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Senado ha comprado 65 licencias de Gemini, la IA de Google, por 59.500 euros, según el pliego al que accedió Europa Press.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? La Cámara Alta, presidida por Pedro Rollán, y el gigante tecnológico Google, proveedor de la herramienta.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Las licencias entran en vigor con un contrato anual prorrogable y en julio se celebrará una cumbre de presidentes autonómicos para debatir el uso de la IA en los parlamentos.

Investidura de Juanma Moreno en Andalucía: el PP negocia al límite con Vox el apoyo

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El debate de investidura de Juanma Moreno arranca este lunes 29 de junio sin un acuerdo cerrado con Vox. La primera votación, el martes 30, requiere mayoría absoluta (55 votos).
  • ¿Quién está detrás? Juanma Moreno (PP-A), que gobierna en funciones con 53 escaños. Vox, con 15 diputados, es el socio indispensable para superar la investidura en primera ronda.
  • ¿Qué impacto tiene? Si Vox no respalda a Moreno el martes, la decisión se aplaza al jueves 2 de julio (mayoría simple). Una dilación superior a dos meses forzaría la disolución del Parlamento y nuevas elecciones.

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, afronta a partir de las 12:00 horas de este lunes un debate de investidura que nace sin un acuerdo público con Vox. El PP andaluz, con 53 diputados —a solo dos de la mayoría absoluta—, ha negociado durante tres semanas con la formación de Abascal para asegurar la gobernabilidad de la comunidad. Moreno ha repetido en las últimas horas que seguirá dialogando «hasta el último minuto», pero la incógnita sobre el voto de los 15 diputados de Vox permanece intacta.

Las conversaciones, según fuentes de ambos partidos, han sido «positivas y con disposición al acuerdo», pero ningún texto ha trascendido a la opinión pública. El pasado viernes, en Almonte, Moreno coincidió con el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, durante la tradicional Saca de Yegua y ambos dejaron claro que el desenlace depende del margen de negociación. «Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros», subrayó el candidato popular. Gavira, por su parte, apuntó que la prioridad es «un buen acuerdo que beneficie a los andaluces» y dejó abierta la posibilidad de que el respaldo de Vox no llegue hasta la segunda votación o más allá.

El procedimiento parlamentario es claro: el lunes, Moreno expondrá su programa sin límite de tiempo. El martes, a las 10:00 horas, intervendrán los cinco grupos —de menor a mayor— con 30 minutos por portavoz. El candidato tiene derecho a réplica y podrá hacer uso de la palabra cuantas veces solicite. Al cerrar el debate, se procederá a la votación pública y nominal. Para ser investido en primera ronda, necesita 55 votos; de no alcanzarlos, la sesión se repite 48 horas después, el jueves 2 de julio, donde bastaría con mayoría simple.

Si transcurrieran dos meses sin que el candidato lograse la confianza de la Cámara, el Estatuto de Autonomía obligaría a disolver el Parlamento y a convocar nuevas elecciones. La Mesa de la Cámara ya ha habilitado todos los lunes que resulten necesarios para celebrar debates de investidura, lo que da cuenta de la prudencia con la que se maneja el calendario.

La prudencia marca las próximas 48 horas: o Vox desbloquea la gobernabilidad de Andalucía o la presión se traslada al jueves y, después, a Génova.

La negociación al límite: «hasta el último minuto»

Las declaraciones cruzadas del fin de semana reflejan un compás de espera tenso. Moreno ha evitado presionar públicamente a Vox, mientras Gavira insiste en que el contenido del pacto debe ir más allá de la investidura e incluir compromisos legislativos concretos. Tres semanas de reuniones en el Parlamento andaluz no han bastado para desbloquear la ecuación. La lectura en el PP-A es que Vox quiere dejar claro que su apoyo no es gratuito y que el pacto debe tener «palanca» para la legislatura.

En Génova siguen de cerca las conversaciones. La dirección nacional del PP respalda la estrategia de Moreno —un presidente con una gestión económica muy valorada— y confía en que el acuerdo llegará antes del jueves. No obstante, fuentes del partido admiten que el margen de error es mínimo: un bloqueo prolongado dañaría la imagen de estabilidad que el PP ha cultivado en Andalucía durante las dos últimas legislaturas.

El procedimiento y los escenarios de votación

El debate se ajusta al artículo 138 del Reglamento del Parlamento de Andalucía. La llamada nominal comienza por un diputado sorteado, y los miembros del Consejo de Gobierno que son diputados votan al final. 53 votos seguros proceden del Grupo Popular; los 15 de Vox son los únicos que pueden convertir la minoría en mayoría absoluta. El PSOE-A, con 27 escaños, ya ha anunciado su voto en contra. Las otras fuerzas de izquierda —Por Andalucía y Adelante Andalucía— suman 6 diputados y también se opondrán.

Si la investidura fracasa en la primera votación, la segunda ronda del jueves reduce el listón: Moreno solo necesitaría más votos a favor que en contra. Sin embargo, Vox no ha aclarado si facilitaría esa mayoría simple con una abstención o mantendría el voto contrario. La presión sube para todas las partes, pues un no de Vox en esa segunda vuelta podría alargar el impasse político durante semanas y exponer a la comunidad a una precampaña permanente.

El Eje del Poder Popular

La investidura de Moreno no es un episodio aislado: concentra las tensiones del modelo de pactos que el PP maneja en las autonomías. En 2019, Vox permitió el gobierno popular en Andalucía con una abstención táctica que no exigió entrada en el Ejecutivo. Hoy el contexto es distinto. Vox, con más escaños y tras su experiencia en otros gobiernos autonómicos, demanda un papel más activo. El reto para Génova es doble: mantener la cohesión interna entre los barones —Moreno encarna un perfil dialogante— y no ceder a demandas que quiebren el discurso de centralidad del PP.

El precedente madrileño de 2021, donde Ayuso gobernó con el apoyo externo de Vox, y el pacto de coalición en Castilla y León sirven de referencia. Moreno, que ha manejado la legislatura anterior con mayoría absoluta, se enfrenta ahora a un escenario de geometría variable que exigirá negociación continua. Fuentes de la dirección nacional sostienen que la prioridad es «un gobierno estable cuanto antes», pero que «no se regala nada» en las negociaciones.

El impacto territorial es inmediato: Andalucía representa el 14% del PIB nacional y es la comunidad más poblada. Cualquier retraso en la formación de gobierno paraliza decisiones presupuestarias, contrataciones en sanidad o educación y la ejecución de los fondos europeos. Los agentes económicos miran al Parlamento con la esperanza de que el martes o el jueves haya fumata blanca. La calidad institucional de la comunidad, tan trabajada por el PP en los últimos años, no puede permitirse un bloqueo que abone el descrédito ciudadano.

La probabilidad de un acuerdo es alta —ambas partes lo reconocen en privado—, pero la forma en que se concrete definirá el tablero autonómico para los próximos meses. Si Vox entra en el Gobierno, el PP tendrá que explicar en otras plazas por qué en Andalucía sí y en otras no. Si Vox solo apoya desde fuera, quedará latente la posibilidad de desgaste durante la legislatura. Lo que observamos es que Moreno, con su experiencia y su cartera de resultados, se ha ganado el margen que otros dirigentes territoriales no tienen; pero eso no elimina la presión del reloj.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: «Estabilidad y diálogo: el PP negociará hasta el final para evitar un bloqueo que perjudique a los andaluces.»
  • Protagonista: Juanma Moreno (presidente en funciones de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Votación del martes 30 de junio a las 10:00 h. Si no hay mayoría absoluta, segunda votación el jueves 2 de julio.

Las cifras que revelan la magnitud de los terremotos en Venezuela: más de 68.000 desaparecidos según la ONU

Más de 68.000 personas continúan desaparecidas tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, según el último balance del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta agencia ha estimado en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los seísmos.

La devastación en cifras: más de 68.000 desaparecidos y una factura de 6.700 millones

Los dos temblores consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, golpearon el país sudamericano el 25 de junio. La destrucción ha sido devastadora: 1.430 personas han perdido la vida y otras 3.238 han resultado heridas, según los informes oficiales. Pero la mayor incógnita la representan las más de 68.000 personas aún no localizadas. Los daños materiales también son colosales: el mismo PNUD ha cifrado en 6.700 millones de dólares el coste de los daños físicos directos, lo que incluye viviendas, hospitales y carreteras.

En el terreno, 30.000 especialistas venezolanos lideran las labores de búsqueda. Vecinos y familiares se han sumado removiendo escombros con las manos. La ventana de 72 horas, considerada la más crítica para encontrar supervivientes, expiró el viernes pasado. Pese a ello, los operativos no se detienen.

La operación internacional de rescate: 24 países movilizan 2.741 efectivos

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado que 24 países han enviado ayuda. En total, han llegado 521 toneladas de suministros y 86 equipos caninos (de rastreo con perros adiestrados), así como 2.741 efectivos entre equipos de búsqueda, rescate y personal de apoyo. Los refuerzos internacionales trabajan codo con codo junto a los especialistas locales.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran rescates estremecedores, como el de varios bebés extraídos de edificios derrumbados. Cada hora que pasa reduce las posibilidades de hallar supervivientes, pero la determinación de los rescatistas no decae.

La Unión Europea activa su ayuda de emergencia: «solidaridad total con el pueblo venezolano»

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, conversó este domingo con Rodríguez. «He trasladado la solidaridad total de la UE con el pueblo venezolano y nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos», escribió en la red social X. Bruselas ya ha desbloqueado 5 millones de euros en asistencia de emergencia para las comunidades afectadas. La ayuda se canalizará a través de los mecanismos de protección civil comunitarios para proporcionar alojamiento, atención médica y agua potable.

La prioridad es salvar vidas: la UE ha desbloqueado 5 millones de euros para la emergencia, pero el tiempo ya ha superado el umbral crítico de 72 horas.

🚨 Datos del suceso

  • Tipo de suceso: Terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 25 de junio de 2026.
  • Fuente oficial: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y comunicado de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
  • Víctimas confirmadas: 1.430 fallecidos, 3.238 heridos.
  • Estado de la operación: Búsqueda y rescate en curso; la ventana crítica de 72 horas ha expirado.
  • Próximos pasos: Coordinación internacional para mantener la ayuda humanitaria y planificar la reconstrucción una vez culminen las tareas de rescate.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Dos terremotos de 7,2 y 7,5 asolaron Venezuela el 25 de junio. Más de 68.000 personas siguen desaparecidas, según el PNUD.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Gobierno venezolano (presidenta en funciones Delcy Rodríguez), 24 países de apoyo, la UE y los equipos de rescate locales e internacionales.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Continúan las labores de rescate, aunque el periodo crítico de 72 horas ya finalizó. La UE ha aportado 5 millones de euros para la emergencia.