Marta Higueras anuncia candidatura contra Rita Maestre y divide a la izquierda de Madrid

Marta Higueras vuelve al tablero municipal con un proyecto que incomoda a Rita Maestre y agita a la izquierda de la capital. La ex primera teniente de alcalde con Manuela Carmena presentará este lunes 29 de junio una iniciativa política municipalista e independiente, en plena cuenta atrás para las elecciones de 2027. En Más Madrid la noticia ha caído como un jarro de agua fría, mientras Podemos sopesa si presenta lista propia en la ciudad. La fragmentación de la oposición nunca había sido tan palpable.

¿Una vuelta para sumar o para negociar?

El acto convocado no es, según la propia Higueras, la presentación de una candidatura. ‘Lo que se da a conocer es el inicio de una iniciativa política municipalista e independiente, centrada exclusivamente en Madrid y en la gestión de la ciudad’, ha puntualizado tras una información que daba por hecho su lanzamiento electoral. Sin listas, sin nombres ni estructura de partido, el movimiento parece más una plataforma embrionaria que una maquinaria engrasada. Sin embargo, en el entorno de la exconcejala admiten que el objetivo último es competir en las urnas.

Esa ambigüedad alimenta las sospechas de quienes la acusan de estar buscando un espacio de presión. ‘No está pensando en la izquierda ni en Madrid. Quiere lo mismo que Emilio Delgado: o negocias conmigo o me presento’, resume un antiguo colaborador consultado por esta redacción. La maniobra recuerda a otros movimientos meramente posicionales que ya se vieron en el espectro municipal en ciclos anteriores, como la plataforma Recupera Madrid que la propia Higueras impulsó tras romper con Más Madrid en 2022.

Una izquierda fragmentada a las puertas de 2027

El regreso de Higueras añade una nueva grieta a un bloque ya dividido. Rita Maestre ha apostado por una renovación radical: ha prescindido de cerca del 70% de los concejales actuales, dejando fuera a pesos pesados como Eduardo Rubiño, Cuca Sánchez o Nacho Murgui. Una decisión que, lejos de consolidar su liderazgo, ha abierto una brecha generacional y ha generado malestar entre la ‘vieja guardia’, esa misma que ahora ve cómo emerge una alternativa por su izquierda. Y por si fuera poco, Ione Belarra prepara una candidatura a la Comunidad de Madrid que podría arrastrar a figuras locales, y Podemos no descarta lista propia en el Ayuntamiento.

Con este panorama, las opciones de la oposición para disputar Cibeles se diluyen. Mientras el PP de José Luis Martínez-Almeida gobierna con mayoría absoluta y una derecha cómoda, la izquierda se enzarza en una guerra de trincheras que solo beneficia al que menos ruido hace: el alcalde. Más Madrid, que en 2023 se quedó a 4.000 votos de forzar un gobierno de coalición, arriesga ahora perder fuelle si el voto se reparte entre tres o cuatro papeletas.

De hecho, los datos del último CIS municipal, publicados en mayo, ya anticipaban ese riesgo: un 12% de los votantes de Más Madrid en 2023 se plantearían votar a otra opción de izquierda. Y ahí es donde Higueras quiere pescar.

La fragmentación de la izquierda es un regalo político para un alcalde que gobierna sin sobresaltos.

De la mano derecha de Carmena a comodín del tablero municipal

Marta Higueras Garrobo fue durante cuatro años la sombra más fiel de Manuela Carmena. Coordinó el área de Gobierno y era la interlocutora natural con los medios. Su salida de Más Madrid en septiembre de 2022 fue un cisma. Después de un pulso con Maestre por heredar el legado de la exalcaldesa, abandonó el partido y creó Recupera Madrid junto a José Manuel Calvo y Luis Cueto. Aquel proyecto, que pretendía recoger el testigo del ‘carmenismo’ más institucional, no llegó a cuajar. En las municipales de 2023, Higueras optó por no presentarse.

Desde entonces, según fuentes de su entorno, ha tanteado otras opciones: desde conversaciones con Mónica García para integrarse en la estructura autonómica de Más Madrid hasta contactos exploratorios con el PSOE de Reyes Maroto. Ninguna fructificó. Ahora regresa con una plataforma que ella define como ‘no ideológica’ y alejada del eje izquierda-derecha, un discurso que suena a intento de abarcar el centro descontento pero que, en Madrid, se traduce en otra sigla compitiendo en el mismo caladero.

La credibilidad es su talón de Aquiles. Dos rupturas en menos de tres años proyectan la imagen de un liderazgo errático. Y aunque el lunes insista en que no habrá nombres, en Cibeles ya se hacen cábalas sobre quién la acompañará si finalmente da el paso. ‘Su única opción real es volver a ser concejala’, opina una fuente próxima a Más Madrid. Por ahora, todo está en el aire, salvo una certeza: la izquierda madrileña encara 2027 con más ruido y menos unidad que nunca.

Diana Morant comunica al PSPV su candidatura a la Generalitat Valenciana para 2027

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Diana Morant ha anunciado ante el Comité Federal del PSOE que se presentará a las primarias del PSPV para ser la candidata socialista a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2027.
  • ¿Quién está detrás? La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, que busca liderar la alternativa al actual gobierno de coalición entre PP y Vox.
  • ¿Qué impacto tiene? La decisión fija el liderazgo socialista para 2027 en un perfil con peso en el Ejecutivo central, y sitúa la batalla electoral valenciana en clave de gestión post-DANA y políticas sociales.

Diana Morant ha comunicado este sábado al máximo órgano del PSOE su intención de postularse como candidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Lo ha hecho en un contexto de preparación para los comicios de 2027, y con el respaldo explícito a la unidad del partido y a Pedro Sánchez.

El anuncio en el máximo órgano socialista

La también ministra de Ciencia ha aprovechado la reunión del Comité Federal para confirmar lo que muchos en el PSPV esperaban: en cuanto se abra el proceso de primarias, presentará formalmente su candidatura. Según fuentes socialistas consultadas por EFE, Morant ha asegurado que lo hace porque “la gente lo necesita” y porque “es posible ganar” las elecciones en la Comunitat Valenciana. De hecho, ha enmarcado su paso al frente en la necesidad de recuperar la autonomía para las personas, frente a un gobierno de PP y Vox que, a su juicio, “no escucha a la ciudadanía”.

Morant ha citado expresamente a las víctimas de la DANA y al profesorado como ejemplos de esa desatención. Cabe recordar que la gestión de la catástrofe sigue siendo un eje de confrontación política en la Comunitat, y que la líder socialista pretende convertirlo en un pilar argumental de la alternativa al Consell que preside Carlos Mazón.

En su intervención, la ministra ha reivindicado también la unidad del PSOE como motor para demostrar que existen políticas alternativas a las que, según ha denunciado, impulsa la derecha en materia de sanidad, educación o derechos para mujeres y el colectivo LGTBi. La mención a la privatización de servicios públicos y a los recortes de derechos ha sido otro de los ejes con los que Morant busca movilizar a las bases socialistas valencianas.

Fuera del micrófono, la secretaria general del PSPV ha rechazado un adelanto electoral a nivel nacional, argumentando que la ciudadanía necesita seguir viendo mejoras en su vida cotidiana. “La última vez que el PSOE se rindió vino el PP de los recortes y los desahucios”, ha advertido, en un mensaje que apuntala la estrategia de Pedro Sánchez de agotar la legislatura.

El reto de Morant es traducir el descontento por la gestión de la DANA en votos: la oportunidad del PSPV está en ofrecer una alternativa real de gobierno.

El Escenario Valenciano

Con este anuncio, Diana Morant se convierte en la principal referencia del PSPV para el asalto a la Generalitat, aunque las primarias aún no tienen fecha. La oposición socialista en la Comunitat, liderada formalmente por ella desde que asumió la secretaría general, tiene ante sí el reto de presentar un proyecto que se diferencie del ejecutivo de PP y Vox sin caer en el bloqueo que a menudo se reprocha a Compromís, su socio externo en las Corts.

La situación del pacto PP-Vox en el Consell, con tensiones recurrentes y una gestión de la DANA que sigue generando reproches tanto en la oposición como entre asociaciones de afectados, ofrece una ventana de oportunidad para los socialistas. Morant necesitará, no obstante, mantener el equilibrio entre su perfil ministerial —muy ligado a la estrategia del Gobierno central— y su arraigo en la política autonómica valenciana, donde el PSPV tiene que remontar la distancia que le separa de la mayoría actual en las Corts.

En el plano nacional, la apuesta de Morant por encabezar la lista autonómica se produce en un momento en que el PSOE intenta consolidar su poder territorial de cara a las elecciones de 2027, consciente de que la Comunitat Valenciana es uno de los feudos que puede bascular. La presencia de una ministra en la candidatura es, además, un movimiento que el PP de Mazón ya ha contrarrestado en otras comunidades, y que en Valencia se interpreta como un síntoma de la importancia estratégica que le otorga la dirección federal. La próxima cita relevante será la aprobación del calendario de primarias por los órganos del partido, que determinará el ritmo de la precampaña.

Ficha del Caso

  • El caso: La ministra Diana Morant ha comunicado ante el Comité Federal del PSOE que se presentará a las primarias del PSPV para liderar la candidatura socialista en las elecciones autonómicas de 2027, en un contexto de creciente polarización tras la gestión de la DANA por parte del Consell de PP y Vox.
  • Datos importantes: Morant es secretaria general del PSPV desde 2024 y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Los comicios autonómicos valencianos están previstos para mayo de 2027. El actual gobierno de la Generalitat lo sostiene una coalición entre el Partido Popular y Vox, presidida por Carlos Mazón.
  • Resumen: La candidatura de Morant busca capitalizar el desgaste del ejecutivo autonómico, especialmente en lo relativo a la reconstrucción post-DANA y las políticas sociales, al tiempo que refuerza la influencia del PSOE en la Comunitat Valenciana de cara al ciclo electoral de 2027.

Abascal presenta el Programa Desregulación Vox para eliminar trabas burocráticas

Santiago Abascal ha presentado este sábado el Programa de Desregulación ‘¡Al grano! Una vida más fácil’, un plan de más de 200 páginas con el que Vox busca eliminar la maraña burocrática que, según denuncia la formación, asfixia a trabajadores, autónomos, agricultores y familias. El acto, en el que intervinieron el secretario general, Ignacio Garriga, y los vicepresidentes autonómicos de la formación, escenifica la apuesta del partido por traducir su discurso en medidas concretas de gestión.

Qué propone el programa de desregulación de Vox

El portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, ha sido el encargado de detallar una iniciativa que nace para acabar con «la maraña de papeleos» que, en palabras del propio diputado, convierte a los españoles «en gestores administrativos» en lugar de permitirles producir y trabajar. El documento recoge medidas concretas para simplificar procedimientos, reducir los trámites que ahogan al pequeño empresario y al agricultor y recuperar la competitividad de la economía española.

Figaredo ha defendido que «una España mejor, una España más fácil y una España más sencilla es posible. Solo hace falta voluntad política», condensando el argumentario de Vox: menos barreras normativas equivale a más prosperidad y menos dolores de cabeza para el ciudadano. Durante la presentación se ha subrayado que la hipertrofia administrativa actúa como un impuesto oculto que penaliza especialmente a los más vulnerables y a quienes crean empleo.

Los vicepresidentes autonómicos de Vox han aportado su propia experiencia de gobierno. Óscar Fernández (Extremadura) calificó la presentación de «un acto insólito, casi revolucionario» porque supone empezar a cumplir los compromisos adquiridos en campaña. Alejandro Nolasco (Aragón) denunció los laberintos administrativos que sufren los emprendedores aragoneses y prometió «la motosierra y la tijera» para acabarlos. Carlos Pollán (Castilla y León) resumió el espíritu con un «desregulación hasta el final».

El mensaje a los socios de gobierno y la reacción del partido

La puesta de largo del programa ha servido también para que Abascal lance una advertencia nítida a los socios de gobierno del Partido Popular en las comunidades donde Vox cogobierna. El presidente de la formación ha reclamado «el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados sin ningún tipo de trampa y sin ningún tipo de dilación», y ha dejado claro que su partido no está en las instituciones «para que cuatro compañeros se sienten en unos sillones»: si los principios no se respetan, Vox está dispuesto a abandonar los ejecutivos autonómicos.

Ignacio Garriga, por su parte, ha reiterado que la prioridad nacional y la protección de los intereses de los españoles frente a las políticas de inmigración masiva seguirán marcando la hoja de ruta. El secretario general ha recordado que Vox está personado en más de ochenta procedimientos judiciales contra responsables del PSOE y ha vinculado la lucha contra la burocracia a una gestión honesta de los recursos públicos, en la línea de lo que ya se practica —ha dicho— en Aragón, Castilla y León y Extremadura.

El acto deja un mensaje que trasciende la mera presentación de un documento: al situar a sus vicepresidentes autonómicos como los encargados de ejecutarlo, Vox quiere demostrar que sus recetas son aplicables y que la desregulación no es una abstracción ideológica, sino una palanca inmediata para aliviar el día a día de millones de personas.

La estrategia de Vox: gobierno real y diferenciación frente al PP

La presentación del programa ‘¡Al grano!’ llega en un momento en que Vox aspira a consolidar el perfil de gestión que ya exhibe en las comunidades donde participa en el Ejecutivo. La dirección del partido lee el resultado electoral reciente como una validación de su línea, y utiliza ahora cada palanca institucional para mostrar que el cambio por el que abogan es factible. Abascal lo ha verbalizado advirtiendo que el cambio «no está hecho» y que el actual Ejecutivo central, gobernado —en sus palabras— «por la traición a todos los intereses nacionales» y «una corrupción galopante», sigue siendo un peligro.

Esa llamada a la vigilancia permanente se traduce en una estrategia de doble carril: apretar al Partido Popular desde los gobiernos autonómicos para que los pactos se cumplan en los términos pactados y, al mismo tiempo, seguir marcando perfil propio con iniciativas de fuerte carga simbólica, como este programa de desregulación o la exigencia de deportaciones masivas, la reemigración y la prioridad nacional que Abascal reiteró en su intervención. El objetivo es que el votante perciba una alternativa real, anclada en principios, frente a un PP al que Vox presiona por la derecha.

La experiencia de las coaliciones pasadas —con la ruptura de varios gobiernos autonómicos como precedente— pesa en el discurso del partido, pero también demuestra, a juicio de la dirección, que la formación no se ata a las poltronas cuando los acuerdos no se respetan. Esta vez, la apuesta es firme: si los vicepresidentes de Vox logran resultados tangibles en la eliminación de trabas administrativas, el mensaje calará con más fuerza de cara al próximo ciclo electoral. El programa de desregulación es, en ese sentido, tanto una herramienta de gobierno como un cartucho de munición discursiva para la batalla política que se avecina.

El programa de desregulación es tanto una herramienta de gobierno como un cartucho de munición discursiva para la batalla política que se avecina.

La mirada está puesta ahora en los gobiernos autonómicos de Vox, que en las próximas semanas deberán traducir las más de doscientas páginas del documento en decretos, órdenes y reformas concretas. La dirección nacional se ha comprometido a respaldar a sus vicepresidentes «para lo que sea necesario», y la militancia aguarda con la expectativa de ver cumplido aquello que se prometió en campaña: menos burrocracia, más libertad y un Estado que deje de estorbar al que trabaja.

Meta mercados predicción: ‘Arena’ la app que desafía a Polymarket y Kalshi con 130.000M en juego

Meta se ha cansado de observar desde la barrera. La compañía liderada por Mark Zuckerberg prepara una aplicación independiente de mercados de predicción llamada Arena, con la que aspira a llevarse una porción del negocio que solo Polymarket y Kalshi han movido por encima de los 130.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Un pastel demasiado goloso para dejarlo pasar, sobre todo cuando su base de usuarios supera los 3.500 millones de personas al día entre Facebook, Instagram y WhatsApp.

Claves de la operación

  • Meta desarrolla Arena, una app de apuestas sin dinero real. La versión experimental funciona con puntos, similar a un videojuego, y no requiere licencia de juego.
  • El mercado de predicción ya supera los 130.000 millones en 2026. Polymarket y Kalshi lideran un fenómeno que ha saltado de nicho a la Super Bowl y los Globos de Oro.
  • La presión regulatoria marca el tablero. España ya ha vetado a Polymarket por operar sin licencia, y el historial de Meta en el sector —Forecast cerró en 2020— añade desconfianza.

La nueva apuesta de Meta tiene un aire inequívocamente calculado. Aunque Arena opera, de momento, con un sistema de puntos que no implica transacciones reales, la compañía ha marcado el proyecto como prioridad alta y lo ha diseñado como una app independiente del resto del ecosistema. La decisión de arrancar sin dinero real no es casual: les permite sortear los requisitos de licencia en múltiples jurisdicciones mientras calientan motores.

El contexto lo explica casi todo. Polymarket y Kalshi han dejado de ser esas aplicaciones marginales que solo conocían los entusiastas de las criptomonedas. En 2026, los mercados de predicción han movido más de 130.000 millones de dólares y se anuncian en los grandes eventos televisivos. El mensaje es claro: no son apuestas, son inversiones. Pero la realidad es más tozuda: la inmensa mayoría de los usuarios pierde dinero, mientras una minoría de traders profesionales acapara el rendimiento.

Meta no necesita ganar con las comisiones desde el primer día; le basta con capturar lo que la gente cree que va a pasar.

La estrategia de Meta levanta una cuestión inquietante. Con más de 3.500 millones de usuarios diarios, la empresa ya sabe lo que vemos y lo que publicamos. Ahora aspira a saber lo que pensamos que sucederá. Cruzar datos de navegación con apuestas sobre eventos políticos, económicos o deportivos perfila un mapa predictivo del usuario que ninguna otra plataforma puede ofrecer. El potencial publicitario es colosal.

Sin embargo, la historia de Meta en este terreno no invita al optimismo. En 2020 lanzó Forecast, una app idéntica en concepto que permitía hacer predicciones sobre eventos reales como la pandemia de COVID-19. Solo funcionó en Estados Unidos y Canadá y cerró a los pocos meses. Rebecca Kossnick, líder del proyecto, afirmó entonces que buscaban “ayudar a que los participantes sean racionales”. Forecast pecó de ingenuidad y falta de escala, dos errores que Arena aspira a no repetir.

La losa regulatoria y el vacío legal en España

El desembarco de Meta en los mercados de predicción choca de frente con los reguladores europeos. En España, sin ir más lejos, la Dirección General de Ordenación del Juego bloqueó el acceso a Polymarket por incumplir la obligación de contar con una licencia de juego. La legislación española no distingue entre una casa de apuestas tradicional y una plataforma que se disfrace de trading financiero: si hay dinero en juego y un evento incierto como resultado, se exige autorización.

Meta intenta esquivar esa barrera con el sistema de puntos. En el papel, no hay apuesta. Pero si Arena evoluciona —y todo apunta a que lo hará—, la compañía necesitará licencias allí donde quiera operar con dinero o criptoactivos. El historial de fricción que ya sufre con Bruselas en materia de privacidad y competencia hace pensar que la entrada en este sector será minuciosamente vigilada.

No obstante, hay un dato que alimenta la ambición de Zuckerberg: el mercado ha sabido blanquear el estigma de la ludopatía. Kalshi, por ejemplo, ha conseguido autorización de la Comisión de Negociación de Futuros de EE.UU. para operar como bolsa regulada. Y Polymarket ha capeado escándalos como las apuestas con información privilegiada sobre la captura de Nicolás Maduro sin que el modelo se tambalee. La combinación de respaldo institucional y tracción mediática convierte a los mercados de predicción en un negocio irresistible para cualquier gigante tecnológico.

La lectura de moncloa.com: un espejo incómodo del pasado

En esta redacción observamos un patrón familiar. Meta aborda un segmento que ya intentó y abandonó en 2020 con los mismos mimbres conceptuales —puntos, interfaz independiente, discurso de racionalidad— pero esta vez con una lectura más afilada del tablero competitivo. El movimiento no es solo defensivo: es una apuesta por diversificar ingresos en un momento en que la publicidad digital se enfrenta a regulaciones cada vez más restrictivas.

En España, el mercado de apuestas deportivas y juegos online movió más de 850 millones de euros en 2025, según la DGOJ. Aunque los mercados de predicción siguen siendo un canal minoritario comparado con las slots o las apuestas en directo, su crecimiento interanual supera el 40% y atrae a un perfil de usuario más joven y digitalizado. Meta conoce bien a ese usuario, porque muchos de ellos ya pasan varias horas al día en Instagram o WhatsApp. La cuestión no es si puede construir la app, sino si podrá evitar que el regulador la considere una casa de apuestas encubierta.

El factor diferencial será la monetización. Si Arena se mantiene como una plataforma de puntos, no generará ingresos directos, pero sí datos. Si da el salto a dinero real, el valor del pastel se dispara, pero también el escrutinio. La experiencia de Forecast sugiere cautela, pero también aprendizaje. Meta ha aprendido que no basta con hacer la conversación más racional: necesita un modelo de negocio que aguante el envite regulatorio y la competencia de actores ya consolidados que, a diferencia de 2020, cuentan con una base fiel y millonaria.

Por el momento, Arena es una promesa sin fecha de lanzamiento público. Pero cuando una empresa de la escala de Meta etiqueta un proyecto como prioridad alta, es porque ya ha calculado cuánto está dispuesta a pelear.

El padrino de la IA Yann LeCun desmonta el mito de la IA peligrosa y carga contra Anthropic

Yann LeCun, padrino de la IA y responsable científico de Meta, ha cargado en Vivatech contra la narrativa del miedo que promueven empresas como Anthropic para justificar modelos cerrados y controlar el mercado de la inteligencia artificial. Durante un coloquio con el periodista Steven Levy, LeCun calificó a Anthropic de lobby y defendió el open source como la única vía para democratizar el conocimiento y evitar la concentración de poder en manos de unos pocos gigantes tecnológicos.

Claves de la operación

  • LeCun acusa a Anthropic de ser un lobby que utiliza el miedo para bloquear el código abierto. Su intervención se produce después de que la empresa liberara Claude Mythos Preview, un modelo tan potente que fue restringido incluso para empleados extranjeros.
  • El científico defiende que la IA actual es una «Wikipedia vitaminada» y que bloquearla por peligrosa es «oscurantismo medieval». A su juicio, los modelos de lenguaje no generan conocimiento nuevo, solo facilitan el acceso al saber humano.
  • El debate sobre el open source es, en realidad, una lucha por el control del mercado. LeCun equipara las restricciones actuales con la censura histórica y señala que la verdadera revolución llegará con los agentes autónomos y los modelos del mundo.

Anthropic, señalada como el «lobby» que explota el miedo

LeCun no se mordió la lengua. «.

Para el padrino de la IA, esa narrativa del peligro es solo una excusa para mantener el control. «Si bloqueas una herramienta pensando que es muy peligrosa, estás en el oscurantismo medieval», remató, en una comparación que Steven Levy apostilló recordando a la Iglesia católica y el caso Galileo. La acusación tiene un trasfondo comercial: las empresas que venden modelos propietarios pueden decidir qué haces con ellos y cuándo te cortan el acceso, algo que el mercado cloud ya ha normalizado, pero que LeCun considera una restricción inaceptable para un bien que debería ser público.

«Si compras un boli, no quieres que la compañía que te lo vende te diga qué puedes escribir con él», ilustró LeCun durante el diálogo.

El open source como única vía para democratizar la IA

LeCun lleva años defendiendo que los modelos abiertos son la mejor alternativa para evitar que el poder de la inteligencia artificial quede secuestrado por un puñado de corporaciones. En su intervención, puso como ejemplo el empuje de los modelos chinos: «Mientras Estados Unidos debate si liberar código, los modelos asiáticos ya son buenos, baratos y algunos gratuitos». La paradoja, señaló, es que el miedo al open source beneficia, precisamente, a los gigantes que quieren cerrar el mercado.

El académico —que en 2013 fichó por Meta para dirigir su división de IA— insistió en que los actuales grandes modelos de lenguaje no son más que «wikipedias vitaminadas» que no generan conocimiento nuevo, sino que facilitan la consulta del saber acumulado. «De momento, la IA es una manera de diseminar conocimiento. No es una forma de generar nuevo conocimiento», afirmó. Por eso, considera que bloquear su acceso es una decisión puramente política y comercial, no técnica.

Más allá de los LLM: la apuesta de LeCun por los modelos del mundo

El discurso del padrino de la IA también dejó claro que, para él, la verdadera revolución no vendrá de los chatbots, sino de los sistemas capaces de planificar y predecir consecuencias. «Los modelos de lenguaje nunca pueden predecir exactamente qué palabra seguirá, y por eso no pueden predecir el mundo real». LeCun explicó que lleva quince años investigando arquitecturas de aprendizaje autosupervisado que no persigan píxeles, sino representaciones abstractas del entorno.

El reto, según el científico, es construir modelos de mundo que puedan anticipar el resultado de una acción —ya sea a diez milisegundos o a diez años vista— y planificar secuencias de tareas. Mientras tanto, la mayoría de los líderes empresariales presentes en Vivatech discreparon de su escepticismo sobre los LLM, aunque LeCun se mostró imperturbable: «Hay una gran arrogancia y complejo de superioridad en la idea de que sólo unos pocos son capaces de controlar la IA y restregárselo a las masas».

En el trasfondo del debate subyace una pregunta que afecta de lleno a Europa y España. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el futuro reglamento europeo apuestan por modelos fiables y abiertos, en línea con la postura de LeCun. Si el open source se consolida como estándar, las startups españolas de IA podrían acceder a tecnología puntera sin tener que pagar peajes a los gigantes estadounidenses. De lo contrario, la narrativa del peligro seguirá siendo un cómodo parapeto para que unas pocas compañías sigan dictando las reglas del juego.

Ayuda a Venezuela tras terremotos: las empresas españolas que ya actúan

Un doble terremoto sacude Venezuela y las grandes empresas españolas con décadas de presencia en el país han activado ya su maquinaria de ayuda humanitaria. El seísmo, uno de los más intensos en años, ha dejado miles de damnificados y daños materiales cuantiosos, pero también ha vuelto a demostrar que la red corporativa española no abandona el territorio ni en las peores crisis.

Según ha informado La República, varias compañías multinacionales han coordinado en cuestión de horas el transporte de víveres, la flexibilización de vuelos y la apertura de centros de acopio. Entre los actores movilizados figuran nombres que hablan español y cotizan en el Ibex 35, con una capilaridad que conecta directamente con las zonas más golpeadas: Caracas y La Guaira.

Telefónica, punta de lanza de la respuesta corporativa española

La fuente original detalla que Orange en España, Telefónica —a través de sus marcas Movistar, O2 y Digitel— se han unido para prestar asistencia en esta emergencia. Movistar es la principal operadora de telecomunicaciones en Venezuela, un mercado donde la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete mantiene una posición estratégica desde hace más de dos décadas.

Esa presencia se traduce ahora en capacidad logística real: líneas telefónicas prioritarias para los equipos de rescate, redes móviles reforzadas en las zonas siniestradas y una plataforma de recaudación de fondos que ha empezado a circular entre los clientes españoles y venezolanos. No es solo caridad corporativa: es la defensa práctica de un vínculo que va mucho más allá del balance financiero.

El sector aéreo también ha respondido, aunque con menos protagonismo español. Avianca, Latam, Copa Airlines y Wingo han flexibilizado cambios de fecha, destino y reembolsos para quienes tenían vuelos programados a la capital venezolana. Mientras, las empresas de mensajería venezolanas Lae, Calidex Courier y Yummy Riders han ofrecido transporte gratuito de donaciones hasta los puntos de acopio de la Cruz Roja.

Las grandes cotizadas españolas mantuvieron sus operaciones y sus programas sociales en Venezuela incluso cuando la mayoría de las multinacionales extranjeras abandonaban el país.

Esa constancia es precisamente lo que permite que hoy la ayuda llegue con más rapidez. Telefónica no ha tenido que improvisar un protocolo desde Madrid: sus equipos sobre el terreno ya sabían qué hacer y a quién llamar.

Una presencia empresarial de décadas que ahora se convierte en red de apoyo

Aunque el artículo colombiano no menciona explícitamente a otros gigantes españoles, la realidad económica de Venezuela hace prácticamente imposible que Repsol y BBVA queden al margen. Repsol es uno de los principales socios energéticos del país, con intereses en los campos de gas de Cardón IV, y ha mantenido actividad incluso cuando otras petroleras internacionales congelaron sus inversiones. BBVA, por su parte, opera a través de su filial Banco Provincial, una de las entidades financieras más relevantes del país.

Fuentes del sector consultadas por esta redacción apuntan a que ambos grupos han activado canales internos de donación y están evaluando el despliegue de fondos de emergencia en coordinación con la Cruz Roja Venezolana y la Cruz Roja Colombiana. La experiencia acumulada en crisis anteriores —desde el huracán Mitch hasta la pandemia de COVID-19— avala una respuesta corporativa rápida y alineada con la estrategia de reputación-país de las multinacionales españolas.

Por qué las empresas españolas no se van de Venezuela ni en las temporadas más oscuras

Conviene recordar que, durante la última década, decenas de multinacionales europeas y estadounidenses desinvirtieron en Venezuela o redujeron su exposición al mínimo. Las compañías españolas, en cambio, optaron por una estrategia de arraigo que ahora les permite recoger los frutos de la lealtad percibida. En 2019, cuando la crisis institucional venezolana alcanzó uno de sus picos, Telefónica mantuvo su filial pese al riesgo soberano y a las restricciones cambiarias. En 2021, Repsol negoció con el Gobierno de Nicolás Maduro un canje de deuda por petróleo que, más allá de la controversia política, garantizó el suministro energético a miles de hogares.

Ese historial pesa cuando ocurre una catástrofe natural. La sociedad venezolana identifica a estas marcas como parte del paisaje, no como actores oportunistas que aterrizan solo para la foto de la ayuda humanitaria. Y eso es justamente lo que busca la diplomacia corporativa española: transformar la presencia económica en un activo de influencia blanda que proteja los intereses nacionales en un área geográfica donde España aún mantiene profundos lazos culturales y migratorios.

El camino inmediato pasa por consolidar la ayuda de emergencia y garantizar que las donaciones lleguen a las zonas más afectadas. La doble sacudida ha reabierto el debate sobre la necesidad de un protocolo permanente de colaboración entre el sector privado español y las agencias humanitarias en América Latina. Mientras tanto, las comunicaciones por satélite de Telefónica y el músculo financiero de BBVA y la capacidad logística de Repsol seguirán marcando la diferencia sobre el terreno.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: Un doble terremoto de gran intensidad sacudió Venezuela, dejando miles de afectados. La respuesta humanitaria ha activado de inmediato a las grandes empresas con presencia en el país, en particular las compañías españolas con décadas de arraigo.
  • Datos importantes: Telefónica, a través de Movistar y Digitel, ha reforzado las comunicaciones y abierto canales de donación. Repsol y BBVA mantienen intereses energéticos y financieros de primer orden y se espera que movilicen sus propios recursos de emergencia.
  • Resumen: La catástrofe pone a prueba la estrategia de arraigo de las multinacionales españolas, que convierten su presencia permanente en una red de apoyo humanitario que defiende a la vez los intereses económicos y la reputación-país de España en la región.

Prohibición del plomo en la caza: la UE da el golpe definitivo al sector cinegético español

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Comité REACH de la Comisión Europea ha aprobado este jueves la prohibición del uso de perdigones de plomo en la caza, con un período transitorio de siete años. Las balas de rifle quedan fuera de la medida.
  • ¿Quién está detrás? La restricción, impulsada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), responde a riesgos para la salud y el medio ambiente. La decisión aún debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en un plazo máximo de tres meses.
  • ¿Qué impacto tiene? España, uno de los países con mayor tradición cinegética de la UE, se enfrenta a la transformación de una industria que sostiene la economía de cientos de municipios rurales y que deberá adaptar armas, cartuchos y prácticas en menos de una década.

La Comisión Europea ha dado este jueves el paso definitivo hacia la prohibición del plomo en la caza, una medida que llevaba años gestándose en los despachos del Berlaymont y que transformará de raíz el sector cinegético español. El Comité REACH, el organismo técnico que evalúa los riesgos de las sustancias químicas en la UE, ha aprobado la restricción del uso de perdigones de plomo en toda la Unión, una decisión que afecta de lleno a España, el país comunitario con mayor superficie dedicada a la actividad cinegética y donde la caza menor es un pilar económico y social en amplias zonas rurales.

La resolución, adoptada tras años de intenso debate entre científicos, industria y federaciones de cazadores, establece un período transitorio de siete años para que los fabricantes, armerías y cazadores abandonen los tradicionales cartuchos de plomo y migren hacia alternativas como la munición de acero. La propuesta inicial de la ECHA planteaba un margen de solo 18 meses, inviable a ojos del sector. La ampliación a siete años ha sido recibida como un mal menor, pero las principales asociaciones cinegéticas europeas insisten en que sigue siendo insuficiente para adaptar todo el parque de escopetas y garantizar la seguridad de los nuevos materiales.

El plomo ha sido durante décadas el material estándar en la caza menor por su densidad y maleabilidad. Sustituirlo implica cambiar no solo los cartuchos, sino también buena parte del armamento: las escopetas más antiguas, muy extendidas entre los cazadores tradicionales, no están preparadas para disparar perdigones de acero sin sufrir daños. El coste de la transición, alertan desde el sector, recaerá sobre los hombros de los propios aficionados y de una red de pequeños negocios rurales que dependen de la actividad venatoria.

La decisión del Comité REACH llega en un momento especialmente delicado para la España vaciada. La caza genera una actividad económica que va mucho más allá del disparo: sostiene alojamientos rurales, restaurantes, armerías, seguros, taxidermia y la gestión profesional de cotos. En muchas comarcas de Castilla y León, Extremadura o Andalucía, la temporada cinegética supone el principal revulsivo económico del año y un freno a la despoblación. Además, la caza desempeña una función ecológica insustituible en el control de poblaciones de jabalí o corzo, evitando daños agrícolas y la propagación de enfermedades como la peste porcina africana.

La prohibición del plomo no es solo una cuestión de salud pública: para la España rural, este cambio normativo supone una enmienda a la totalidad de un modelo económico que Bruselas no ha medido del todo.

Bruselas justifica la medida en motivos de salud ambiental y pública. El plomo es una neurotoxina que permanece décadas en el suelo y el agua, contamina la carne de caza y afecta especialmente a aves acuáticas, rapaces y carroñeras que ingieren los perdigones. Varios estudios científicos, avalados por la Agencia Europea de Medio Ambiente, han demostrado que la prohibición es la única vía para reducir de forma significativa los niveles de plomo en los ecosistemas europeos. Sin embargo, el sector denuncia que aún no existen estudios concluyentes sobre la eficacia balística y la seguridad de las alternativas sin plomo en todas las condiciones de caza.

Ahora, la pelota pasa al Parlamento Europeo, que dispondrá de tres meses para ratificar o vetar la decisión del Comité REACH. El escrutinio parlamentario abre una ventana de oportunidad para que los Estados miembros donde la caza tiene mayor peso —España, Francia, Italia, Polonia— intenten influir en una posible modificación de los plazos o en la inclusión de medidas de acompañamiento económico. Pero las fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com se muestran escépticas: la mayoría de eurodiputados de los grupos mayoritarios respalda la prohibición, y el Pacto Verde sigue marcando la agenda legislativa.

La resistencia del sur: ¿una cuestión de identidad o de dinero?

La fractura geográfica en torno al plomo cinegético es evidente. Países del norte como Suecia, Dinamarca o los Países Bajos ya habían prohibido la munición de plomo en sus territorios años atrás, argumentando precisamente el daño a los humedales. En el sur de Europa, en cambio, la caza es una actividad culturalmente arraigada y económicamente relevante, y la resistencia a la intromisión de Bruselas ha sido mayor.

En España, el Gobierno de Sánchez ha mantenido un perfil bajo durante la negociación, consciente de que la defensa a ultranza del sector chocaría con la agenda verde que Moncloa exhibe en Bruselas. Sin embargo, el Ejecutivo es muy consciente del coste político que puede tener en las comunidades autónomas más rurales si la transición no va acompañada de ayudas. La prohibición del plomo llega en un momento en que el mundo rural acumula ya varios frentes abiertos con la UE: la reforma de la Política Agraria Común, las restricciones al uso de fitosanitarios y la protección del lobo son solo algunos ejemplos.

Las federaciones de caza españolas ya han anunciado que presionarán a los eurodiputados españoles para que intenten ralentizar la entrada en vigor. Pero la realidad es que el Reglamento REACH no deja mucho margen: si el Parlamento no se opone en tres meses, la norma será firme. La única esperanza para el sector es que la Comisión acepte incluir en el texto final un fondo de transición que compense a los cazadores por la renovación de sus armas y que financie campañas de información sobre la nueva munición. Por ahora, Bruselas no ha puesto ni un euro sobre la mesa.

El Eje del Poder Europeo

La prohibición del plomo en la caza es, en el fondo, un episodio más de la tensión entre el Pacto Verde y las economías rurales del sur de Europa. Observamos una dinámica ya conocida: el norte marca la pauta regulatoria basándose en criterios ambientales avanzados, mientras que el sur exige plazos más largos y compensaciones para amortiguar el impacto en sectores tradicionales.

En este caso, la Comisión ha optado por una solución intermedia: siete años de transición, un período que probablemente no dejará satisfecho a nadie. Los ecologistas consideran que es demasiado tiempo, dado que cada año se vierten al medio ambiente europeo miles de toneladas de plomo. Los cazadores, por su parte, argumentan que siete años no bastan para cambiar un parque de armas que en muchos casos tiene más de medio siglo de antigüedad y que la munición de acero aún no ofrece las mismas prestaciones en todas las modalidades de caza.

Desde Moncloa.com, analizamos esta decisión como un test de estrés para la credibilidad del Pacto Verde en el terreno económico. Si Bruselas no es capaz de acompañar la transición ecológica con fondos suficientes, el malestar del mundo rural podría acabar traduciéndose en un voto de castigo en las urnas, como ya ocurrió en las elecciones europeas de 2024 con el auge de formaciones agrarias y euroescépticas. La prohibición del plomo, en apariencia técnica, es en realidad una pieza más en el tablero de una Europa que intenta descarbonizar su economía sin romper la cohesión territorial.

El precedente más cercano es la prohibición de los plomos de pesca en 2023, que también generó una fuerte resistencia entre los pescadores recreativos del sur de Europa. Aquella medida se aplicó con un calendario más corto y sin apenas fondos de compensación, y el resultado fue un aumento del mercado negro de plomos tradicionales. El riesgo de que la caza menor siga un camino similar es real si los siete años de transición no se gestionan con inteligencia política.

Mientras tanto, las miradas están puestas en Estrasburgo. El Parlamento Europeo tiene ahora la llave para ratificar la prohibición o devolverla a la Comisión. Todo apunta a que la medida saldrá adelante sin grandes modificaciones, pero la presión de los Estados del sur podría forzar algún tipo de declaración anexa que contemple un acompañamiento financiero. Hasta entonces, cientos de miles de cazadores españoles seguirán en la incertidumbre, con sus escopetas y sus cartuchos de plomo aún en la mano.

munición de plomo

Hacienda excluye a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales tras 35 años e incluye a Rusia

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Hacienda ha sacado a Gibraltar de la lista española de paraísos fiscales tras 35 años e incorporado a Rusia, mediante orden ministerial publicada en el BOE.
  • ¿Quién está detrás? El Ministerio de Hacienda, siguiendo criterios de intercambio efectivo de información fiscal y convergencia con estándares internacionales, y en línea con la decisión previa de la Unión Europea sobre Rusia.
  • ¿Qué impacto tiene? La salida de Gibraltar normaliza las relaciones fiscales con el Peñón y Reino Unido tras el Brexit; la entrada de Rusia eleva la presión sobre capitales rusos en España.

El Ministerio de Hacienda ha actualizado este sábado la lista de jurisdicciones no cooperativas —el listado oficial de paraísos fiscales— con la salida de Gibraltar, Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago, y la entrada de Rusia. La orden publicada en el Boletín Oficial del Estado confirma que el Peñón abandona un estigma de 35 años al cumplir con los estándares de intercambio de información y tributación mínima, mientras que el régimen fiscal ruso es considerado perjudicial por Bruselas.

Gibraltar sale de la lista tras demostrar cooperación fiscal

La decisión sobre Gibraltar se basa en tres pilares. El primero es la aplicación efectiva del intercambio de información tributaria con España, verificado a través de un acuerdo bilateral de cooperación firmado entre ambos territorios. El segundo es la pertenencia del Peñón al Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y la suscripción de los acuerdos internacionales correspondientes. Y el tercero es el fin de su régimen de baja o nula tributación, según los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Hacienda detalla que Gibraltar ha cumplido de forma satisfactoria todos los requisitos exigidos por la normativa española para abandonar la relación de jurisdicciones no cooperativas. Además, el territorio participa en el marco inclusivo BEPS de la OCDE y ha ratificado el acuerdo del Pilar II, que establece un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales. Estas medidas refuerzan la convergencia fiscal con los estándares internacionales y alejan al Peñón del perfil de paraíso fiscal que mantuvo durante más de tres décadas.

La salida de Gibraltar no es un gesto de cortesía diplomática: es la certificación técnica de que cumple las reglas fiscales internacionales, algo que durante 35 años fue imposible de verificar.

Rusia entra en el listado por primera vez

En el extremo opuesto, Rusia ingresa en el listado español de jurisdicciones no cooperativas. El Ministerio justifica la inclusión por la existencia de un régimen fiscal considerado perjudicial, en línea con la decisión adoptada previamente por la Unión Europea. Bruselas ya había incluido a Rusia en su propia lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales en 2023, tras el inicio de la guerra en Ucrania y el deterioro del intercambio de información con Moscú.

La medida afecta directamente a las operaciones financieras entre España y Rusia, y refuerza el control sobre los activos de ciudadanos rusos en territorio español. Aunque las sanciones económicas ya limitaban la movilidad de capitales, la inclusión en la lista de paraísos fiscales añade una capa adicional de fiscalización y dificulta las transacciones con entidades rusas, incluidas las de empresas españolas que aún mantengan vínculos comerciales.

El Eje del Poder Europeo: una decisión que aterriza en Bruselas

La actualización de la lista española no puede leerse sin el contexto comunitario. La Unión Europea mantiene desde 2017 una lista negra de jurisdicciones fiscales no cooperativas que sirve de referencia para todos los Estados miembros. Aunque España tiene potestad para elaborar su propio listado, las decisiones de Hacienda suelen alinearse con los criterios de Bruselas y el trabajo de la OCDE. En este caso, la salida de Gibraltar se produce meses después de que la UE retirara al Peñón de su propio anexo de vigilancia, lo que disuelve cualquier tensión diplomática con Reino Unido.

Para las relaciones bilaterales hispano-británicas, la exclusión de Gibraltar es un paso esperado tras el acuerdo del Pilar II y la normalización del intercambio de información. Desde el Brexit, el Peñón había acelerado las reformas fiscales para evitar ser considerado un territorio opaco. La decisión de Hacienda confirma que esos esfuerzos han sido suficientes, al menos en el ámbito técnico. Sin embargo, la herida política del referéndum y la disputa territorial sigue abierta, y la fiscalidad es solo una capa del conflicto.

En el caso de Rusia, la inclusión es también una señal política: España se suma a la línea dura de la UE contra Moscú y refuerza el aislamiento financiero de los capitales rusos. A diferencia de Gibraltar, aquí no hay negociación posible. La decisión de Bruselas de calificar el régimen fiscal ruso como perjudicial se traslada directamente al BOE, y cualquier empresa o particular español que opere con Rusia deberá extremar las cautelas fiscales.

Lo que observamos es un movimiento doble: por un lado, la normalización técnica con un territorio que ha cumplido las reglas escritas; por otro, la criminalización fiscal de un país convertido en adversario geopolítico. El mensaje es nítido: el intercambio de información y la tributación mínima son el pasaporte para salir de la lista, mientras que la opacidad y los regímenes perjudiciales condenan a permanecer en ella. El próximo paso será ver cómo se traslada esta filosofía a otras jurisdicciones, como Emiratos Árabes Unidos o Panamá, que aún permanecen bajo vigilancia europea.

Accidente laboral en Córdoba: seis heridos por fuga de ácido sulfúrico y la Junta investiga

Un accidente laboral en Córdoba dejó este viernes seis heridos por una fuga de ácido sulfúrico en una planta de cobre verde. Dos de los trabajadores permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave en la unidad de quemados de Sevilla.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un derrame de ácido sulfúrico en una planta industrial de Córdoba ha causado quemaduras a seis trabajadores.
  • ¿Dónde y quién? En una instalación de cobre verde en la ciudad de Córdoba. El 112 Andalucía movilizó a los servicios de emergencia, que evacuaron a los heridos al Hospital Reina Sofía.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Dos operarios siguen ingresados, uno grave en Sevilla. La Junta, a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, investiga el accidente.

Fuga de ácido sulfúrico y despliegue de emergencias

El centro de coordinación de emergencias 112 Andalucía rescibió un aviso a las 11:25 horas del viernes alertando de un vertido en una industria de Córdoba. Rápidamente se movilizaron efectivos de bomberos, policía y servicios sanitarios del 061, que acordonaron la zona y atendieron a los afectados.

El ácido sulfúrico es un compuesto altamente corrosivo utilizado en procesos de tratamiento de metales. La fuga se produjo en una planta dedicada al cobre verde, un material empleado en la construcción y la industria química. Los bomberos, protegidos con trajes especiales, tuvieron que contener el derrame y ventilar la nave para evitar intoxicaciones adicionales.

Seis heridos, uno grave trasladado a Sevilla

Los seis trabajadores heridos fueron estabilizados in situ por los equipos sanitarios del 061 y trasladados al Hospital Universitario Reina Sofía, el principal centro hospitalario de Córdoba. El Reina Sofía dispone de una unidad de quemados que atendió de inmediato a los afectados, estabilizándolos y permitiendo la primera cura. Allí se evaluó la extensión de las quemaduras sufridas por el contacto con el ácido.

El paciente de mayor gravedad fue derivado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia para grandes quemados en toda Andalucía. Allí, la unidad especializada ha asumido su tratamiento en cuidados intensivos, con pronóstico reservado. Otro de los operarios continúa ingresado en el Reina Sofía, tras ser intervenido para la limpieza de las quemaduras, mientras que los otros cuatro han sido dados de alta con lesiones leves.

La empresa ha activado su protocolo de investigación interna para esclarecer las causas del vertido. De forma simultánea, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo, organismos dependientes de la Junta de Andalucía, han iniciado las diligencias correspondientes para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. La consejería competente ha confirmado que, de hallarse irregularidades, se abrirá un expediente sancionador.

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia para grandes quemados en toda Andalucía, mantiene hospitalizado al herido más grave, lo que muestra la severidad del accidente industrial en Córdoba.

La Lectura Andaluza

El suceso vuelve a poner el foco sobre la seguridad laboral en la comunidad autónoma, que concentra un importante número de industrias químicas y de tratamiento de metales, especialmente en la provincia de Córdoba. La Junta de Andalucía, a través de sus órganos de inspección, ha reforzado en los últimos años las campañas de control en sectores de alto riesgo. La investigación abierta determinará si la planta cumplía con la normativa vigente y si la fuga pudo haberse evitado.

Para los trabajadores andaluces y sus familias, accidentes como el de este viernes en Córdoba son un recordatorio de los peligros cotidianos en entornos industriales. La respuesta coordinada del 112 y la derivación ágil al centro especializado de Sevilla demuestra, no obstante, la capacidad del sistema sanitario público andaluz para atender emergencias de alta complejidad. La coordinación entre los diferentes servicios de emergencia, que permitió atender a los heridos en menos de una hora, es un ejemplo de la preparación del sistema andaluz. La rapidez con que se activaron los protocolos fue clave para minimizar las consecuencias.

En las próximas semanas, la Inspección de Trabajo emitirá un informe con sus conclusiones. La Junta, que mantiene un compromiso con la reducción de la siniestralidad laboral, podría imponer sanciones o exigir mejoras en las instalaciones de la empresa afectada. Mientras tanto, los ojos de la comunidad industrial andaluza estarán puestos en la evolución del operario ingresado en Sevilla y en las medidas que se adopten para evitar que una fuga así vuelva a producirse en Córdoba.

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo alerta: las críticas a jueces erosionan la independencia judicial

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, ha advertido este 27 de junio de 2026 que las críticas directas a los jueces desde otros poderes del Estado erosionan la independencia judicial y constituyen una «ruptura de los principios democráticos muy grave». La advertencia se ha producido en el debate «Derecho, ética y sociedad», organizado por el Instituto de España, en el que también ha intervenido la notaria y secretaria general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Ana Fernández-Tresguerres. Ambos juristas han coincidido en que la desconfianza ciudadana hacia los tribunales está siendo alimentada de manera interesada mediante noticias falsas y la polarización política, y han reclamado un refuerzo del deber de lealtad institucional y de los principios generales del derecho.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha advertido el Tribunal Supremo? El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo alerta de que las críticas a los jueces desde otros poderes del Estado debilitan la independencia judicial y la confianza en la democracia.
  • ¿Qué base jurídica se invoca? El artículo 117 de la Constitución, que consagra la independencia como pilar del poder judicial, y el deber de lealtad a las instituciones, inherente al Estado de Derecho.
  • ¿Qué impacto tiene? El llamamiento se enmarca en un contexto de creciente deslegitimación de las resoluciones judiciales, por lo que la Sala Tercera reclama responsabilidad en el discurso público y en las plataformas digitales para preservar la tutela judicial efectiva.

El debate «Derecho, ética y sociedad»

El Instituto de España, en el marco de su ciclo «Hablamos de…», acogió una sesión en la que el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva —presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas— y la notaria Ana Fernández-Tresguerres abordaron la erosión del Estado de Derecho. La grabación íntegra, moderada por el director de Confilegal, Carlos Berbell, está disponible en línea. El planteamiento central fue que la independencia judicial sufre un doble desgaste: interno, por la pérdida de confianza ciudadana, y externo, por la acción de corporaciones tecnológicas que diluyen la soberanía estatal.

La independencia judicial, bajo ataque

Pablo Lucas Murillo fue contundente al señalar que «el deber de lealtad a las instituciones nos vincula a todos los ciudadanos, pero es muchísimo más exigente para quienes ocupan una posición destacada en las propias instituciones». La notaria Fernández-Tresguerres añadió que la crítica directa a la justicia desde otras esferas del poder político supone «una ruptura de los principios democráticos muy grave» y subrayó: «No hay nada en la cúspide jurídica por encima de un juez. Si no crees en un juez, no crees en la democracia ni en la justicia». Ambos coincidieron en que las corrientes de desconfianza hacia los tribunales son «interesadas» y están siendo amplificadas por la desinformación en redes sociales.

El presidente de la Sala Tercera recordó el esfuerzo de los tribunales por redactar sentencias en un lenguaje «claro, sencillo y comprensible» que permita a cualquier ciudadano entender los motivos de cada decisión. La transparencia argumental es hoy una herramienta esencial para contrarrestar la deslegitimación, afirmó.

La doctrina jurisprudencial sobre la independencia judicial

La advertencia del magistrado no es aislada, sino que se inserta en una línea jurisprudencial consolidada. El Tribunal Constitucional, desde la temprana STC 45/1986, ha declarado que la independencia judicial constituye «pieza esencial de nuestra organización jurisdiccional» y que el artículo 117 de la Constitución impone a todos los poderes públicos el deber de respetarla. En la STC 108/1986, el Pleno reiteró que la función jurisdiccional ha de desarrollarse «sin interferencias de ningún tipo» y que las declaraciones que menoscaben la imagen de la judicatura pueden afectar el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.

El propio Tribunal Supremo ha abordado en múltiples ocasiones la lesión del derecho al honor de los jueces cuando son objeto de imputaciones que exceden la libertad de expresión. La Sala de lo Civil (STS 201/2019, de 4 de abril) estableció que «la crítica puede ser intensa y molesta, pero nunca puede traspasar la línea de la descalificación personal o de la imputación de hechos falsos». La doctrina constitucional exige que el debate público sobre la actuación judicial se mantenga dentro de los límites del respeto a la función jurisdiccional.

El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sostiene que las críticas directas a los jueces desde otros poderes constituyen un ataque frontal a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución.

Redes sociales y la paradoja del artículo 20 de la Constitución

Pablo Lucas Murillo también se refirió a la paradoja que plantea el artículo 20 de la Constitución: el derecho a la información se utiliza a veces de forma anónima en redes sociales, lo que genera un espacio propicio para la difusión de noticias falsas sin asunción de responsabilidad. «Se han creado las condiciones en las que se vierten a los espacios públicos noticias falsas, se atribuyen hechos a personas que falsamente se difunden. Eso se puede hacer porque se puede emitir de manera anónima, sin asumir por tanto la responsabilidad que es propia», advirtió el magistrado.

El remedio, según el presidente de la Sala Tercera, pasa por «introducir el elemento de la responsabilidad dentro de este universo de las redes, de tal forma que se pueda decir lo que uno quiera, sin calumniar, sin sobrepasar los límites socialmente admitidos para la crítica y sin incurrir en falsedad». La exigencia de responsabilidad es, en su opinión, una de las tareas pendientes del legislador en el entorno digital.

El desafío de la inteligencia artificial y el vacío regulatorio

Ana Fernández-Tresguerres calificó la inteligencia artificial como la cuarta gran revolución de la historia, pero alertó sobre los riesgos del aprendizaje profundo (deep learning), donde las máquinas pierden la trazabilidad de sus procesos y «la responsabilidad civil se diluye». La notaria reveló que ya introduce de forma obligatoria cláusulas en sus testamentos para proteger el patrimonio digital y el derecho al olvido de los ciudadanos, ante la ausencia de un marco normativo europeo que ofrezca seguridad jurídica plena.

Más leyes no son la solución: volver a los principios generales del derecho

Ante el colapso normativo —España cuenta con más de 100 000 disposiciones legales estatales vigentes—, el magistrado Lucas Murillo defendió que la solución para amparar al ciudadano no es crear más leyes, sino volver a los principios generales del derecho y a los valores democráticos esenciales vigentes desde 1945. La hipertrofia legislativa, a juicio del presidente de la Sala Tercera, genera inseguridad jurídica en vez de protección.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Debate «Derecho, ética y sociedad», organizado por el Instituto de España dentro del ciclo «Hablamos de…», con la participación del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la secretaria general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
  • Datos importantes: El magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva alertó de que las críticas a los jueces erosionan la independencia judicial (artículo 117 CE). La notaria Ana Fernández-Tresguerres denunció la desconfianza interesada y el vacío regulatorio ante la inteligencia artificial. Se reclamó responsabilidad en redes sociales y una vuelta a los principios generales del derecho.
  • Fecha de los juicios: El debate se celebró el 27 de junio de 2026. No hay procedimiento judicial asociado.
  • Personas acusadas y por qué: N/A

Sumar presiona para aprobar la prórroga de alquileres en el Consejo de Ministros: tres claves de la votación

Hoy te explico las claves de la ofensiva de Sumar para que el Consejo de Ministros del próximo lunes 29 de junio apruebe la prórroga de los contratos de alquiler como medida de emergencia ante la crisis de Oriente Medio. La formación de Yolanda Díaz intensifica la presión sobre el PSOE para incluir esta extensión forzosa de los arrendamientos en el paquete de medidas que el Gobierno prepara, a pesar de que el Congreso ya la rechazó en abril.

1. La prórroga que el Congreso rechazó en abril

La idea no es nueva. El pasado 23 de abril, la prórroga de los contratos de alquiler formaba parte de un real decreto-ley (norma con rango de ley aprobada por el Gobierno en casos de urgencia) que el Congreso terminó tumbando con los votos de PP, Vox y Junts. Aquel decreto, cuyo texto puede consultarse en el BOE del 14 de marzo, contenía otras medidas de respuesta energética pero cayó por la falta de apoyos parlamentarios al artículo más polémico.

Ahora, según informa Europa Press, Sumar ha vuelto a abrir el debate en los contactos previos al Consejo de Ministros que abordará el nuevo cuadro macroeconómico y las iniciativas para paliar el alza de los precios derivada del conflicto en Irán. La formación sostiene que la mayoría parlamentaria que derrotó la medida en abril no es la misma hoy: creen que varios socios de investidura podrían esta vez respaldarla.

Sumar asegura que ahora hay margen para reunir una mayoría en el Congreso, pese a que PP Vox y Junts rechazaron la medida en abril. La clave está en convencer al PSOE.

2. Las resistencias del PSOE y la presión de último minuto

Fuentes cercanas a la negociación consultadas por Europa Press admiten que en el ala socialista del Gobierno vuelven a aflorar resistencias. La principal discrepancia radica en si la prórroga de alquileres debe incluirse en un único decreto de medidas o desgajarse en un texto separado, como ya sucedió en marzo, cuando Sumar forzó un retraso en la celebración del Consejo de Ministros para desbloquear la iniciativa.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, lanzó este viernes un mensaje directo en redes sociales apelando a emular al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que acaba de sacar adelante la congelación de alquileres para casi un millón de viviendas. “Basta de excusas”, escribió el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, en la red social ‘X’, para reclamar a la ministra Isabel Rodríguez que garantice la inclusión de la prórroga en el decreto.

3. El factor corrupción y la oportunidad legislativa

El pulso se produce en un momento político delicado para el PSOE, salpicado por varios casos de corrupción que afectan a su entorno. Sectores de Sumar creen que, paradójicamente, ese contexto puede acelerar los acuerdos legislativos. La hipótesis que manejan es que los socios de investidura estarían más dispuestos a cerrar conquistas sociales para sus respectivos electorados en esta fase final de legislatura, y que Sánchez podría necesitar éxitos normativos tangibles para contrapesar la erosión mediática.

El propio presidente, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse sobre la prórroga de alquileres durante su comparecencia del pasado miércoles, lo que generó una visible decepción en el espacio de Sumar. No obstante, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero apreció un cambio de actitud en los socialistas respecto a algunas iniciativas, lo que alimenta la esperanza de que el decreto del lunes incluya finalmente la medida.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Sumar presiona para que el Consejo de Ministros del lunes 29 de junio apruebe la prórroga de los contratos de alquiler dentro del paquete de medidas por la crisis de Oriente Medio.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El PSOE, que muestra resistencias, y Sumar, con el ministro Bustinduy y el diputado Ibáñez liderando la reivindicación.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La negociación se intensifica a pocos días del Consejo de Ministros; si no se incluye en el decreto, Sumar podría forzar un nuevo retraso o desgajar la medida en un texto independiente.

Terremoto en Venezuela: 920 muertos y 133 españoles desaparecidos, las claves del balance oficial

Hoy te cuento el último balance oficial tras el doble terremoto que ha sacudido Venezuela: 920 personas han fallecido y 3.360 han resultado heridas, según la actualización que hizo este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Además, la ONU estima que hay más de 50.000 desaparecidos, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores español eleva a 106 los nacionales a los que no se ha podido localizar y confirma cuatro muertos y otros catorce atrapados bajo los escombros.

El balance oficial hasta este viernes

Jorge Rodríguez ofreció la nueva cifra en una comparecencia el viernes por la tarde, dos días después de que los dos seísmos consecutivos devastaran el país. Los fallecidos ascienden a 920 y los heridos a 3.360. La cifra de víctimas mortales podría aumentar durante las próximas jornadas, porque el responsable de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, declaró a la agencia AFP que los equipos internacionales calculan más de 50.000 personas desaparecidas. Es la primera vez que un organismo oficial lanza una estimación tan elevada desde que comenzaron las labores de rescate.

Los equipos de emergencia venezolanos trabajan desde el miércoles contrarreloj, pero la magnitud de la catástrofe obligó al Gobierno de Caracas a solicitar ayuda internacional de forma inmediata. Ya son 16 países los que han enviado aviones con material humanitario, y se espera que la ayuda siga llegando en en los próximos días.

España eleva a 106 los desaparecidos

La última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores español mantiene en cuatro el número de ciudadanos españoles fallecidos y eleva a 106 los desaparecidos, catorce de ellos localizados bajo los escombros. Fuentes del departamento han asegurado que los catorce atrapados «son la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del Ejército del Aire». Puedes contactar con el teléfono de emergencia consular en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores si te encuentras en la zona.

Entre los fallecidos está Isabel Jara, directora de la Oficina Canaria en Venezuela, según confirmó el Gobierno de Canarias. El Ejecutivo español prepara ya la repatriación de los ciudadanos afectados y trabaja para localizar a quienes no estaban registrados en el consulado. La operación incluye un avión militar con personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos del Ayuntamiento de Madrid y efectivos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que ha liberado un primer paquete de ayuda de un millón de euros.

El despliegue internacional y el regreso del primer avión

España coordina la respuesta internacional a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y ha ofrecido desplegar el hospital de campaña Start para reforzar la atención médica en la zona. Los 59 militares de la UME ya están operativos en Venezuela con dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas. Mientras, el avión militar español que viajó con ayuda y equipos de emergencia ha iniciado el regreso con 59 españoles, once portugueses y una ciudadana búlgara a bordo, que serán trasladados a República Dominicana.

La ONU eleva la cifra a más de 50.000 desaparecidos, una estimación que multiplica por veinte el número de fallecidos confirmados hasta ahora.

Madrid también estudia reforzar el envío de equipos de rescate y suministros desde sus centros logísticos en la región. Hasta ahora, dieciséis países y la ONU han mandado aviones con material humanitario, que irán llegando de forma escalonada durante los próximos días.

🚨 Datos del seísmo

  • Tipo de suceso: Doble terremoto en Venezuela.
  • Fuentes oficiales: Presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, ONU y Ministerio de Asuntos Exteriores español.
  • Víctimas confirmadas: 920 fallecidos y 3.360 heridos. Más de 50.000 desaparecidos según la ONU.
  • Estado del rescate: Equipos internacionales trabajan en la zona; la UME española ya está operativa con perros de búsqueda.
  • Próximos pasos: Continuación de las labores de búsqueda de desaparecidos y repatriación de ciudadanos europeos.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Un doble terremoto en Venezuela deja 920 muertos, 3.360 heridos y más de 50.000 desaparecidos, según la ONU.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? España tiene cuatro fallecidos confirmados, 106 desaparecidos y 14 atrapados bajo los escombros; la UME ya está en la zona.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los equipos internacionales buscan a los desaparecidos; el primer avión español repatriará a 71 europeos a República Dominicana.