VOX presenta moción contra el acuerdo UE-Mercosur y el PP la tumba en el Senado

Rodrigo Casado
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VOX presenta moción contra el acuerdo UE-Mercosur y el PP la tumba en el Senado

Vox registra en el Senado una moción contra el acuerdo UE-Mercosur, rechazada por el PP antes de su entrada en vigor.

Las claves de la moción de Vox: cláusulas espejo y reciprocidad

La iniciativa, impulsada por la senadora Paloma Gómez Enríquez y defendida por el senador por Extremadura Ángel Pelayo, denunciaba la competencia desleal que sufren los agricultuores españoles frente a productos que no cumplen los mismos estándares. Pelayo afirmó que ‘abrir el mercado a productos agroalimentarios sometidos a estándares distintos no es libre comercio, es competencia desleal’ y que ‘no se puede exigir al agricultor que cumpla normativas cada vez más duras y permitir la entrada de productos que no soportan las mismas obligaciones’.

La moción exigía medidas concretas: un informe de impacto económico y social del acuerdo sobre el sector primario europeo y español, la inclusión de cláusulas espejo en todos los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros importados a la Unión Europea, la recuperación del principio de preferencia comunitaria y la defensa de una PAC sin recortes ni condicionantes climáticos por encima de la rentabilidad productiva.

Además, Vox vinculó el debate de Mercosur con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, a los que acusa de elevar los costes y debilitar la competitividad del campo. La moción reclamaba detener las transferencias de fondos públicos para proyectos agroalimentarios en países extracomunitarios que compiten con España y suspender el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la UE por el perjuicio que causa a la producción nacional.

El PP tumba la iniciativa y mantiene su apoyo al acuerdo

En la Comisión de Agricultura del Senado, el Partido Popular votó en contra de la moción, manteniendo así su respaldo al acuerdo comercial que entrará en vigor este viernes 27 de junio. Vox acusa tanto al PP como al PSOE de ignorar al sector primario. Pelayo lamentó que el campo español ‘ha llegado a un punto límite’ y calificó el pacto de ‘la muerte del campo español’.

El senador extremeño detalló un panorama alarmante: ‘Desaparecen explotaciones, se pierden hectáreas de cultivo, se ven sustituidas por placas solares, envejece el sector, se rompe el relevo generacional y el mundo rural se queda sin futuro’. Para Vox, el acuerdo UE-Mercosur agrava esta crisis al exponer a los productores locales a una competencia sin reciprocidad. La formación insiste en que el campo ‘no es un enemigo del medioambiente, ni un residuo del pasado’, sino ‘columna vertebral de la nación’.

La moción de Vox no es un gesto aislado: busca forzar al PP a elegir entre la defensa del campo español y el alineamiento con Bruselas.

Estrategia de Vox: presionar al PP en defensa del sector primario

El rechazo del PP deja al descubierto la creciente fractura entre ambos partidos en política agraria. Mientras Vox exige frenar cualquier acuerdo comercial que no garantice reciprocidad, los populares mantienen su alineamiento con el marco europeo. Con esta moción, Vox refuerza su perfil como defensor del mundo rural y agita un malestar que ya se manifestó en las tractoradas de principios de año. No es la primera vez que los populares respaldan el acuerdo: ya lo hicieron en el Congreso el pasado mes de mayo, generando críticas dentro incluso de sus propias filas. La formación sabe que el campo es un caladero de votos y que la competencia desleal preocupa a amplias capas del electorado. Obligar al PP a retratarse en el Senado —y exponer su sintonía con el Gobierno en este punto— es una maniobra que rentabilizará en el debate público y electoral. Con este voto, Vox subraya que el PP prefiere alinearse con el PSOE antes que defender al campo español. La votación de este miércoles no solo ilustra las diferencias de fondo entre Vox y el PP, sino que anticipa la ofensiva que Vox desplegará en los próximos meses en defensa del sector primario y contra lo que considera una globalización sin reglas.

El Tribunal Supremo de EE. UU. blinda a Bayer y cierra la vía a demandas por cáncer con glifosato

Jack Williams
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El Tribunal Supremo de EE. UU. blinda a Bayer y cierra la vía a demandas por cáncer con glifosato

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves por 7 votos a 2 a favor de Bayer, otorgándole inmunidad legal frente a las demandas que vinculaban el herbicida Roundup (glifosato) con el cáncer.
  • ¿Quién está detrás? La mayoría conservadora del alto tribunal, con el respaldo del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, que intervino en el caso para defender la uniformidad federal en el etiquetado de pesticidas.
  • ¿Qué impacto tiene? La sentencia supone un duro golpe para el movimiento MAHA (Make America Healthy Again), blinda a las grandes corporaciones agroquímicas y puede influir en la renovación de la autorización del glifosato en la Unión Europea, con consecuencias directas para la agricultura española.

Washington ha blindado a Bayer. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este jueves por una contundente mayoría de 7 a 2 que la multinacional alemana queda exenta de responsabilidad civil por no advertir en la etiqueta de su herbicida Roundup —a base de glifosato— de un supuesto vínculo con el cáncer. La decisión, que interpreta la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés), establece que solo la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene autoridad para fijar los avisos sanitarios que deben figurar en los pesticidas. Ningún jurado civil, ningún tribunal estatal, podrá exigir más de lo que Washington haya decidido.

El fallo cierra de raíz miles de litigios por “falta de advertencia” (failure to warn) que pesaban sobre la compañía desde 2015, cuando una agencia de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”. Los demandantes, en su mayoría trabajadores agrícolas como John Durnell, el granjero de Missouri que en 2019 obtuvo una indemnización de 1,25 millones de dólares, argumentaban que Monsanto —filial de Bayer— ocultó el riesgo. Ahora, el máximo tribunal sentencia que la etiqueta aprobada por la EPA es suficiente y que Bayer no tenía obligación legal de añadir advertencias adicionales sobre el cáncer.

El coste económico para la farmacéutica alemana era colosal. Solo en acuerdos extrajudiciales para cerrar casos similares, Bayer ha desembolsado más de 10.000 millones de dólares en los últimos años. La sentencia del Tribunal Supremo no solo detiene la hemorragia judicial, sino que sienta un precedente que blindará al sector agroquímico en todo el país mientras la EPA mantenga su criterio científico —que, a diferencia de la agencia de la OMS, no considera probado que el glifosato cause cáncer en humanos—.

El golpe al movimiento MAHA a siete meses de las legislativas

El revolcón judicial es también político. El movimiento MAHA (Make America Healthy Again), que ganó músculo cuando Robert F. Kennedy Jr. se alió con Donald Trump en la campaña de 2024, llevaba meses presionando para que la revisión del glifosato —prevista por la EPA a finales de este año— abriera la puerta a restricciones. La sentencia del Supremo descarrila esa estrategia: los tribunales ya no podrán forzar cambios en el etiquetado, y toda la presión regresa al regulador federal, que bajo la dirección de Lee Zeldin no ha anticipado ningún vuelco.

“Si se concede la inmunidad, MAHA perderá la cabeza”, había pronosticado Eden Giagnorio, portavoz del grupo demócrata 314 Action, que promueve la elección de científicos a cargos públicos. Una encuesta de marzo de esa misma organización mostraba que el 76% de los votantes apoya reducir los pesticidas en la agricultura. Otro sondeo de la fundación KFF reveló en mayo que 2 de cada 3 estadounidenses creen que hay poca regulación y apenas el 36% confía en que la EPA actúe sin dejarse influir por la industria.

El fallo del Supremo cierra una década de litigios y deja el control del glifosato exclusivamente en manos de la ciencia federal, lejos de los jurados populares.

La Lógica de Washington

¿Por qué el alto tribunal, con respaldo de la administración Trump, ha blindado a una empresa alemana que algunos ven como enemiga del movimiento America First? La explicación tiene poco de ideológica y mucho de coherencia regulatoria. Washington defiende desde los años setenta que el etiquetado de pesticidas debe ser uniforme en los cincuenta estados. Permitir que un jurado de Missouri exija advertencias que la EPA considera innecesarias generaría un caos jurídico y supondría, en la práctica, que la política de salud pública la dictan litigantes, no científicos federales. Trump lo resumió en un tuit de 2019 —entonces aún en su primer mandato—: “No queremos que los agricultores tengan que poner etiquetas distintas en cada condado”.

Para España y la Unión Europea, la decisión tiene dos lecturas. La más inmediata es que alivia la presión judicial sobre Bayer, multinacional con una fuerte presencia en la Península —desde su filial farmacéutica hasta la división agrícola— y cuyas cuentas se habían visto lastradas por la incertidumbre del Roundup. La segunda es más delicada: si la EPA mantiene su criterio favorable al glifosato y el Tribunal Supremo impide que los tribunales lo discutan, la renovación de la autorización europea del herbicida —que caduca a finales de 2026— podría toparse con menos resistencia internacional. Los agricultores españoles, grandes consumidores de glifosato en cultivos de secano y olivar, siguen de reojo el desenlace. Madrid ha defendido históricamente una renovación pragmática, alineándose con países como Alemania y Francia cuando no hay alternativa equivalente a un coste asumible. La sentencia de Washington puede reforzar esa posición frente a los socios más restrictivos del norte de Europa.

Ficha del Caso

  • El caso: Monsanto v. Durnell. El Tribunal Supremo de EE. UU. interpreta la FIFRA y decide que el etiquetado de pesticidas aprobado por la EPA tiene carácter excluyente, otorgando inmunidad a Bayer frente a demandas estatales por falta de advertencia sobre el riesgo de cáncer.
  • Datos clave: 7 votos a 2. Decisión anunciada este jueves. La EPA revisará el glifosato a finales de 2026. Bayer ha pagado más de 10.000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales por litigios similares. El 76% de los votantes apoya reducir pesticidas; solo el 36% confía en la independencia de la EPA.
  • Para España: La sentencia estabiliza financieramente a Bayer, con presencia en España, y reduce la presión global contra el glifosato justo cuando la UE debe decidir su renovación. La agricultura española, muy dependiente de este herbicida, observa el resultado con alivio cauteloso.

Frontex refuerzo España Portugal: 300 agentes y nueva oficina en Lisboa

Angie Rivas
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Frontex refuerzo España Portugal: 300 agentes y nueva oficina en Lisboa

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Frontex ha inaugurado el Contingente 5 en Lisboa, un mando regional que coordinará a más de 300 agentes en la Península Ibérica, Canarias y Azores.
  • ¿Quién está detrás? La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), con el respaldo del Parlamento Europeo y los gobiernos de España y Portugal, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria comunitaria.
  • ¿Qué impacto tiene? Refuerzo de la vigilancia en puntos críticos como los aeropuertos portugueses y las rutas atlánticas hacia Canarias, donde España ha reducido un 70% la inmigración irregular. La nueva oficina también centraliza la cooperación regional.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha inaugurado este miércoles en Lisboa el Contingente 5, un mando regional que coordinará el despliegue de más de 300 agentes en la Península Ibérica, las islas Canarias y las Azores. La nueva unidad, presentada en el Pabellón de Portugal, supone un salto cualitativo en la presencia de la agencia comunitaria en el sur de Europa y se alinea con la política migratoria más restrictiva que la UE acaba de aprobar.

Un mando regional para la Península Ibérica y el Atlántico

El Contingente 5 tendrá competencias en vigilancia aérea y marítima, detección de delitos transfronterizos, recopilación de inteligencia y el intercambio de de información sobre víctimas de trata. En Portugal, la prioridad serán los aeropuertos, donde Frontex ya mantiene 25 agentes y prevé aumentar la cifra hasta 60. El director ejecutivo de la agencia, Hans Leijtens, restó dramatismo a los problemas de control en los hubs portugueses y subrayó que “todos los Estados miembros se enfrentan ahora a desafíos en las fronteras”.

Según los datos que maneja el Gobierno español, el refuerzo de la cooperación con Frontex ha contribuido a reducir un 70% las llegadas irregulares a Canarias y un 30% en la Península. El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, lo atribuyó a una política que combina “combatir la migración irregular” y “promover una migración legal, segura y ordenada”. La nueva oficina lisboeta facilitará que España pueda replicar ese modelo en otras zonas sensibles.

Frontex cuenta en la actualidad con 3.800 agentes desplegados en toda Europa. El plan es alcanzar los 10.000 efectivos de aquí a 2027, un objetivo que el Parlamento Europeo ha respaldado con fondos adicionales en el Marco Financiero Plurianual. La inauguración del Contingente 5 es, por tanto, un paso más en la construcción de ese cuerpo permanente que la UE decidió impulsar tras la crisis migratoria de 2015.

300 agentes Frontex

España celebra la caída del 70% en las llegadas irregulares a Canarias

Para España, el despliegue ampliado de Frontex es una herramienta de gestión diaria. “Combatir la migración irregular, trabajando con Frontex y manteniendo esta política, nos ha permitido reducir la migración irregular un 70% en las islas Canarias”, detalló Marlaska durante la ceremonia. La cifra es el argumento principal de Moncloa para defender la cooperación con la agencia comunitaria y para pedir a Bruselas más medios en las rutas atlánticas.

El refuerzo también llega en un momento en el que las relaciones con Marruecos y Mauritania —los países de tránsito principales— requieren un equilibrio delicado. España ha apostado por acuerdos bilaterales con estos socios, pero la presencia de Frontex añade una capa de control supranacional que, según fuentes del Gobierno consultadas por Moncloa.com, “da cobertura política a decisiones que en solitario serían más difíciles de explicar”.

Lisboa se convierte así en un centro de mando que, a efectos prácticos, permitirá a Frontex desplegar drones marítimos y patrulleras en tiempo real sin necesidad de solicitar cada vez autorización a las capitales. La medida ha sido bien recibida por la oposición portuguesa, aunque algunos partidos de izquierda han expresado dudas sobre la gestión de los retornos.

Con esta oficina, Frontex da un paso más hacia un cuerpo permanente que asume funciones soberanas, y lo hace con la bendición de los gobiernos que más presión soportan.

El Eje del Poder Europeo

Detrás del operativo técnico hay un mensaje político nítido. La UE acaba de aprobar, este mismo mes de junio, un paquete de normas que endurece los controles fronterizos y acelera las deportaciones. El refuerzo de Frontex en la Península Ibérica es la traducción inmediata de ese giro. Los países del sur, que tradicionalmente han reclamado más solidaridad en el reparto de refugiados, ahora ven cómo la maquinaria comunitaria se vuelca en el control policial de la frontera exterior.

El eje franco‑alemán, principal impulsor del Pacto Migratorio, ha defendido que la externalización de la vigilancia es la única manera de mantener abiertas las fronteras interiores de Schengen. Sin embargo, países como Hungría o Polonia, que se negaron a aceptar cuotas de reparto, han aplaudido el foco en la contención. España se mueve en una posición intermedia: necesita los fondos y los agentes de Frontex, pero al mismo tiempo intenta preservar un discurso de respeto a los derechos humanos que pueda ser creíble ante sus socios latinoamericanos.

La tensión de fondo es evidente. El director de Frontex reconoció que el problema de los aeropuertos portugueses “es un problema europeo”, no exclusivo de un Estado miembro. Ese planteamiento, que hace apenas cinco años habría chocado con la soberanía nacional, hoy es aceptado sin grandes resistencias. La amenaza de que la migración irregular se convierta en un arma política —como ya ocurrió en la frontera bielorrusa en 2021— ha acelerado la integración de facto de los sistemas de control.

Para España, este despliegue tiene una doble lectura. Por un lado, refuerza la capacidad operativa en Canarias, que el año pasado vivió picos de presión que llevaron al límite los centros de acogida. Por otro, Moncloa se verá obligada a coordinar las órdenes de retorno dictadas por la nueva regulación europea, lo que puede generar fricciones con los socios de investidura que defienden políticas migratorias más flexibles. La paradoja es que, mientras Marlaska celebra la caída de llegadas, las ONG denuncian que el endurecimiento de los controles está empujando a los migrantes hacia rutas más peligrosas.

La historia reciente de la UE demuestra que cada refuerzo de fronteras exteriores ha ido acompañado de un desplazamiento de las rutas migratorias. La oficina de Lisboa es, en este sentido, el último eslabón de una cadena que empezó con la creación misma de Frontex en 2004 y que ganó impulso tras la crisis de 2015. El desafío para España y Portugal será demostrar que más agentes y más tecnología pueden convivir con un enfoque humanitario que no pierda de vista las causas profundas de la emigración.

El próximo hito será la cumbre europea de diciembre, donde se revisará el despliegue del cuerpo permanente. Hasta entonces, los 300 agentes de Frontex operarán desde Lisboa con la vista puesta en el Atlántico y el Mediterráneo, mientras los gobiernos de Madrid y Lisboa cruzan los dedos para que la ecuación de seguridad y derechos humanos siga dando, al menos en el corto plazo, los resultados que los ministros se apresuran a exhibir.

Enguix acusa a Morant y Zapatero de usar el dolor de las víctimas del franquismo para vetarla en un congreso de memoria

Amparo Soler
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Enguix acusa a Morant y Zapatero de usar el dolor de las víctimas del franquismo para vetarla en un congreso de memoria

Natàlia Enguix acusa a Diana Morant y a José Luis Rodríguez Zapatero de usar el dolor de las víctimas del franquismo para vetarla en un congreso de memoria democrática. La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia ha denunciado este viernes que unos mensajes intervenidos por la UCO —y filtrados en la causa judicial que afecta al expresidente— demostrarían que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV dio instrucciones para que Zapatero no acudiera al encuentro organizado por la institución provincial el año pasado.

La revelación pone en el centro del debate la instrumentalización de la memoria histórica en la política valenciana. Según la versión de Enguix, la invitación cursada en abril de 2025 al impulsor de la Ley de Memoria Histórica fue puramente institucional, pero la respuesta fue “partidista”. Las víctimas, afirma, se han convertido en moneda de cambio.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha denunciado que la ministra Diana Morant vetó la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en un congreso de memoria democrática por razones partidistas.
  • ¿Quién está detrás? La denuncia surge a raíz de mensajes intervenidos por la UCO que obrarían en la causa judicial contra Zapatero y que, según Enguix, evidencian la injerencia de Morant.
  • ¿Qué impacto tiene? La acusación tensa las relaciones entre PSPV y Ens Uneix en la Diputación de Valencia y reabre el debate sobre el uso político de la memoria democrática.

Los mensajes que han encendido la polémica

Enguix ha sido contundente al atribuir los hechos a una estrategia de la dirección socialista. “Para los dirigentes del Partido Socialista y para el expresidente Zapatero, las víctimas del franquismo y sus familiares no importan”, ha llegado a afirmar, señalando que se utiliza “su dolor para obtener rédito político”. La vicepresidenta, que además es delegada de Memoria Democrática en la Diputación desde 2023, considera que se ha cruzado una línea roja.

El Congreso Internacional de Memoria Democrática, celebrado con motivo del décimo aniversario de la delegación provincial, fue concebido como un homenaje académico e institucional. La ausencia del expresidente, ahora explicada por estos mensajes, cambia el relato. “Es decepcionante; parece que para Zapatero estar al lado de las víctimas y sus familiares es secundario y que priman los intereses de partido”, ha lamentado Enguix.

Morant, Zapatero y el uso partidista de la memoria

Las palabras de la vicepresidenta no se han quedado en la queja. Enguix ha ido más allá al comparar la actitud del PSPV con la de “restos falangistas”, una metáfora incendiaria en el contexto de la memoria democrática valenciana. “En esta deriva hacia Ens Uneix se parecen demasiado”, ha espetado, en alusión a las presiones que, según ella, sufre su formación —Ens Uneix— desde que entró a gobernar la Diputación en coalición con el PP.

Para Enguix, la memoria democrática ha dejado de ser un espacio de consenso para convertirse en un arma arrojadiza en manos de los partidos.

La respuesta oficial del PSPV y del entorno de Morant no se ha hecho esperar, aunque por ahora se ha limitado a negar cualquier interferencia. Fuentes socialistas consultadas por esta redacción eluden comentar el contenido de los mensajes y se remiten a que la decisión de no asistir fue “personal” del expresidente.

El Escenario Valenciano

La denuncia de Enguix se produce en un momento de máxima tensión entre el PSPV y Ens Uneix, el partido que llevó a la vicepresidenta a la institución provincial. Tras las elecciones locales de 2023, el PP gobierna la Diputación de Valencia con el apoyo externo de Ens Uneix, desplazando al Partido Socialista, que había ostentado la presidencia durante décadas. Este nuevo reparto de poder ha convertido la memoria democrática en un campo de batalla simbólico, donde cada gesto es interpretado como un movimiento de tablero.

En clave nacional, el episodio salpica a José Luis Rodríguez Zapatero en un momento delicado: el expresidente se encuentra investigado por una causa judicial en la Audiencia Nacional y cualquier filtración que lo relacione con decisiones políticas del pasado reciente amplifica el ruido mediático. Además, la figura de Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra, queda expuesta a una posible contradicción entre su perfil institucional y el manejo de los hilos del partido en Valencia. El Congreso de los Diputados ha debatido en varias ocasiones la reforma de la Ley de Memoria, y esta polémica puede reavivar la discusión sobre hasta dónde debe llegar la implicación de los poderes públicos en este ámbito.

De cara al futuro, la Diputación de Valencia tiene prevista la celebración de nuevas jornadas científicas sobre memoria a finales de 2026. Enguix ya ha advertido que no permitirá injerencias y que espera que el PSPV respete la neutralidad institucional. Mientras, en las Corts Valencianes, Compromís y PSPV podrían elevar el tono sobre este asunto en las próximas semanas, aunque el Consell que preside Carlos Mazón se mantiene, por ahora, al margen de esta disputa entre formaciones de izquierda y centroizquierda.

Ficha del Caso

  • El caso: La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix (Ens Uneix), acusa a la ministra socialista Diana Morant y al expresidente Zapatero de vetar la presencia de éste en un congreso de memoria democrática por razones partidistas, basándose en mensajes filtrados de la causa judicial contra el exmandatario.
  • Datos importantes: El congreso se celebró en 2025, la invitación fue institucional, los mensajes intervenidos por la UCO sugerirían que Morant dio indicaciones para que Zapatero no acudiera, y Enguix califica el hecho de “uso partidista del dolor de las víctimas”.
  • Resumen: La polémica ahonda las tensiones entre PSPV y Ens Uneix en la Diputación de Valencia, reabre el debate sobre la instrumentalización de la memoria democrática y sitúa a Zapatero y a Morant en el centro de la controversia política autonómica, con ecos en la política nacional.

El Gobierno destinará 635 millones adicionales en 2027 a la dependencia andaluza para alcanzar el 50% de financiación estatal

Enrique Ramos
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El Gobierno destinará 635 millones adicionales en 2027 a la dependencia andaluza para alcanzar el 50% de financiación estatal

El sistema de dependencia andaluz recibirá en 2027 una inyección de 635 millones de euros extra por parte del Gobierno central, con la que la financiación estatal alcanzará el 50% del gasto, frente al 29% actual. La Junta de Andalucia, con sede en Sevilla, venía reclamando desde hace una década que se cumpliese el reparto paritario que marca la ley.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno anuncia 635 millones extra para la dependencia en 2027, pasando de financiar el 29% al 50% del coste.
  • ¿Dónde y quién? La medida afecta a toda Andalucía y beneficia a más de 350.000 personas con prestaciones reconocidas.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Acorta el déficit de financiación que arrastra la Junta y permitirá mejorar la atención y agilizar trámites en un sistema que cuesta 2.600 millones al año.

Una reivindicación de diez años

La Ley de Dependencia de 2006 estableció que la financiación del sistema se repartiría al 50% entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Sin embargo, ese equilibrio nunca se alcanzó en ningún territorio, y en Andalucía la aportación estatal llegó a ser del 34% en 2024 para descender hasta el 29% este mismo 2026. La Junta de Andalucía no ha dejado de pedir desde entonces que se cumpla la literalidad de la norma, una demanda que finalmente se materializará con esta partida extraordinaria.

El gasto previsto para 2026 ronda los 2.600 millones de euros, lo que supone que la administración autonómica asume actualmente más de 1.800 millones en solitario. Con los 635 millones adicionales que llegarán el próximo ejercicio, la financiación pública de la dependencia andaluza se equiparará por fin con el modelo que dibujó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

En las mesas sectoriales se manejaba desde hace meses la posibilidad de un «plan de convergencia» que acercara poco a poco a Andalucía al ansiado 50%. La cifra de 635 millones se interpreta como un primer paso firme que, en palabras del propio sector, «alivia la asfixia presupuestaria de los servicios sociales autonómicos». La Junta llevaba más de diez ejercicios reclamando a los sucesivos Gobiernos centrales un reparto más justo, una reclamación que este jueves, con el anuncio en Sevilla, empieza a hacerse realidad.

Qué implica para las cuentas autonómicas

El alivio para las finanzas de la Junta de Andalucía es directo. La diferencia entre el 71% que pagaba hasta ahora y el 50% que asumirá a partir de 2027 se traducirá en unos 550 millones de euros menos de gasto autonómico en este capítulo, un margen que la Consejería de Inclusión Social podría reorientar hacia la mejora de las prestaciones o la reducción de las listas de espera. De hecho, el sistema atiende hoy a más de 350.000 andaluces, pero hay miles de solicitudes pendientes de valoración.

Las provincias más envejecidas, como Jaén o Granada, notarán con mayor intensidad la llegada de fondos adicionales, ya que son las que concentran una mayor proporción de personas dependientes. También en grandes ciudades como Málaga o la propia Sevilla la medida repercutirá en la vida de miles de familias que llevan años esperando una plaza en residencia o un servicio de ayuda a domicilio.

Andalucía concentra la mayor red de atención a la dependencia de todo el país, con una población envejecida que supera la media nacional, y hasta ahora financiaba con sus propios recursos el 70 % del sistema.

La portavoz del Gobierno de Juanma Moreno ha valorado el anuncio como «un paso en la dirección correcta» y ha recordado que la Junta ya había consignado en sus presupuestos la parte autonómica de ese 50%, a la espera de que el Estado confirmara su compromiso. El PSOE andaluz, a través de su secretario de políticas sociales, si bien celebra el incremento, pide garantías de que el dinero llegue íntegro y no se diluya en las próximas negociaciones del sistema de financiación general.

La Lectura Andaluza

La noticia encaja en un momento en el que la dependencia es una de las prioridades presupuestarias de la comunidad. Andalucía es la región con mayor volumen de beneficiarios reconocidos, y el envejecimiento de su pirámide demográfica no hace más que aumentar la presión sobre el sistema. Que el Gobierno central se corresponsabilice al máximo que marca la ley no solo es un triunfo político para el Ejecutivo de Juanma Moreno, sino un balón de oxígeno para cientos de ayuntamientos que suelen tener que intervenir de urgencia cuando el catálogo de prestaciones se queda corto.

El valor de proximidad para el lector andaluz es inmediato: menos tiempo de espera para acceder a una prestación, una mayor estabilidad de los servicios domiciliarios y la posibilidad de que se creen más plazas residenciales en los próximos años. La Consejería de Inclusión Social ya ha avanzado que parte de este ahorro forzoso se destinará a modernizar los centros de día y a ampliar la teleasistencia en zonas rurales del interior, donde la cobertura es más débil.

De cara al próximo Consejo de Gobierno, el propio presidente Moreno podría esbozar las primeras líneas de un plan de refuerzo que se apoyaría en esta mayor financiación estatal. Los expertos advierten, eso sí, de que la cifra definitiva deberá consolidarse en los Presupuestos Generales del Estado para 2027, un trámite donde la mayoría parlamentaria de la investidura será determinante. Andalucía, mientras tanto, ya ha tomado nota y empieza a preparar la maquinaria para que los 635 millones se traduzcan cuanto antes en una mejor calidad de vida para los suyos.

PSOE, PP y BNG exigen explicaciones a Jácome tras la petición de inhabilitación de la Fiscalía

Anxo Seoane
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PSOE, PP y BNG exigen explicaciones a Jácome tras la petición de inhabilitación de la Fiscalía

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para el alcalde de Ourense, y PP, PSOE y BNG exigen explicaciones inmediatas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación de Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación.
  • ¿Quién está detrás? Los tres partidos de la oposición en el Concello de Ourense –PP, PSOE y BNG– reclaman explicaciones.
  • ¿Qué impacto tiene? El caso sume a la ciudad en una parálisis institucional que los grupos esperan que la Justicia resuelva cuanto antes.

La petición fiscal, conocida este jueves, sitúa al regidor ourensano ante su mayor tormenta judicial desde que en 2019 el partido Democracia Ourensana (DO) se hiciera con la alcaldía. Los hechos investigados, que permanecen bajo secreto de sumario, se refieren a una actuación del alcalde que la Fiscalía considera constitutiva de prevaricación. La gravedad de la medida –nueve años de inhabilitación supondrían apartarlo de la política municipal durante más de una década– ha disparado de inmediato la reacción de los tres grupos de la oposición.

La portavoz del PP en Ourense, Ana Méndez, fue la primera en tomar la palabra. “Esiximos explicacións públicas”, exigió, dejando claro que, a su juicio, Jácome “segue sen dar a cara”. Méndez recordó que el alcalde no ha presentado su declaración de bienes en los últimos siete años y lamentó que “o alcalde sempre está no centro da polémica por cuestións relacionadas coa súa actuación persoal e institucional”.

Desde el PSOE, la socialista María Fernández Ojea calificó la situación de “moi grave, gravísima”. En una comparecencia cargada de mesura, señaló que “calquera político ao uso non sei se dimitiría pero polo menos pensaría en dar explicacións públicas e en dimitir por ética e estética”. No obstante, los socialistas insistieron en respetar los tiempos judiciales y rechazaron “facer xuízos paralelos”. La prioridad, subrayó Fernández, es que “Ourense deixe de vivir instalada no ruído, na polémica e nunha parálise”.

El BNG sumó su voz a través del portavoz municipal, Luis Seara. Aunque reconoció que “os tempos da xustiza non os marcamos nós”, apremió a que el caso “se resolva coa maior brevidade posible” dada la condición de Jácome como “presumible candidato ás municipais”. Seara recordó que su formación ya ha elegido a un equipo de trece personas “preparado para asumir os retos de gobernar a partires de maio do 2027”, en un intento de proyectar estabilidad frente al desconcierto que genera la imputación del regidor.

PP, PSOE y BNG han dejado de lado sus diferencias este jueves: la petición de inhabilitación contra Jácome les ha unido en una exigencia de transparencia que la política municipal ourensana llevaba años sin ver.

El silencio de Jácome y una parálisis que ya pesa en el Concello

Hasta el momento, el alcalde no ha hecho declaración pública alguna. Fuentes municipales consultadas por este diario se limitan a señalar que Jácome “respetará los cauces judiciales”, pero evitan cualquier comentario adicional. Ese mutismo irrita a la oposición, que le reprocha la ausencia de una comparecencia institucional. Mientras, la maquinaria administrativa del Concello de Ourense sigue girando al ralentí, lastrada por una dinámica de crisis recurrentes que, según coinciden PP, PSOE y BNG, ahuyenta inversiones y desgasta los servicios públicos.

La incógnita judicial es ahora la que dicta los tiempos. La Fiscalía ha formalizado su escrito de acusación y el juzgado deberá decidir si abre juicio oral. Los plazos, según fuentes jurídicas, pueden alargarse varios meses, con lo que la sombra de la inhabilitación planea sobre una legislatura que ya encara su tramo final antes de las municipales de 2027.

El Laboratorio Gallego

El caso de Ourense no es un episodio aislado en la política gallega, sino la última expresión de un fenómeno que la comunidad arrastra desde hace años: la irrupción de liderazgos municipalistas que desafían a los partidos tradicionales. La Democracia Ourensana de Jácome, nacida como una escisión local, ha logrado conservar la alcaldía pese a no contar con mayoría, apoyándose en una combinación de personalismo y gestión controvertida que ha desconcertado a PP, PSOE y BNG. Lo que observamos en Galicia es que este tipo de plataformas tienden a multiplicarse cuando las formaciones clásicas no logran conectar con el descontento vecinal.

La unidad de acción que los tres partidos han exhibido este jueves en Ourense trasciende, además, la política local. A nivel nacional, PP, PSOE y las fuerzas soberanistas difícilmente coinciden en asuntos de calado; sin embargo, la petición fiscal contra Jácome ha servido de catalizador para un bloque común que prioriza la estabilidad institucional por encima de las siglas. En un país donde el ruido político rara vez se apaga, esta reacción conjunta ilustra cómo los procesos judiciales pueden crear extraños compañeros de viaje. Queda por ver si ese consenso táctico se mantendría en un eventual escenario post-Jácome, cuando los intereses electorales de cada formación volverían a chocar de lleno.

La proyección inmediata apunta a los juzgados, pero la clave de fondo es el 2027. Si la inhabilitación prospera, cambiará el tablero municipal ourensano; si no, Jácome se presentará de nuevo avalado por un electorado que ya ha demostrado no penalizar sus polémicas. Cualquiera de los dos desenlaces servirá de lección –o de aviso– para el resto de Galicia, donde el pulso entre los partidos de siempre y los outsiders está lejos de resolverse.

Ficha del Caso

  • El caso: La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación vinculado a su gestión municipal.
  • Datos importantes: La petición se conoció el 25 de junio de 2026. Jácome, al frente de Democracia Ourensana, gobierna desde 2019. Las próximas elecciones municipales serán en mayo de 2027.
  • Resumen: PP, PSOE y BNG, habitualmente enfrentados, han unificado sus críticas exigiendo transparencia y celeridad judicial, mientras el Concello de Ourense afronta una parálisis que los tres grupos consideran insostenible.

El SAS oficializa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: 60.000 vecinos de Utrera pasan al Virgen del Rocío

Enrique Ramos
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El SAS oficializa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: 60.000 vecinos de Utrera pasan al Virgen del Rocío

La Junta de Andalucía ha oficializado este jueves el cambio del mapa sanitario de Sevilla que devuelve a Utrera al área de influencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La decisión, que afecta a más de 60.000 vecinos, culmina un proceso de reordenación asistencial largamente demandado en la comarca.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Servicio Andaluz de Salud inicia el trámite para modificar el mapa sanitario de Sevilla y vincular el Hospital de Alta Resolución de Utrera al Virgen del Rocío.
  • ¿Dónde y quién? La Consejería de Sanidad, a través del SAS, ha comenzado la tramitación de la orden que formalizará el cambio para la ciudad de Utrera.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? Los más de 60.000 vecinos de Utrera recuperan una referencia hospitalaria histórica y acceden a una cartera de servicios más amplia en el complejo sanitario más grande de Andalucía.

La medida, impulsada por la Consejería de Sanidad, atiende una demanda histórica de los vecinos de Utrera y de su consistorio. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya ha iniciado los trámites para modificar la orden que regula el mapa sanitario de la provincia, según ha confirmado el departamento autonómico. La publicación de la nueva orden en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) se espera para las próximas semanas.

Utrera recupera su referencia histórica con el Virgen del Rocío

El cambio no es caprichoso. Históricamente, los vecinos de Utrera y de toda la comarca de la Campiña Sur estuvieron vinculados al complejo hospitalario del Virgen del Rocío, el mayor de Andalucía y centro de referencia para toda la comunidad autónoma. Sin embargo, una reordenación del mapa sanitario en la pasada década desplazó la adscripción de la ciudad hacia el Hospital Virgen de Valme, en el área metropolitana de Sevilla.

La reivindicación para revertir aquella decisión ha sido constante. Los vecinos de Utrera, las plataformas ciudadanas y los partidos políticos locales defendían el regreso al Virgen del Rocío por la cercanía histórica y la percepción de una atención más integral. El Gobierno andaluz recogió el guante y el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), se comprometió en una visita a la ciudad en 2025 a corregir lo que calificó como ‘un error administrativo. La promesa se convierte ahora en realidad con este trámite.

Qué supone para los ciudadanos y para la organización asistencial

Para los más de 60.000 residentes en Utrera, el cambio significa que sus derivaciones a especialidades complejas —como oncología, cirugía cardiaca o trasplantes— se dirigirán ahora al Virgen del Rocío. Antes, muchos de estos pacientes debían acudir al Valme y, en ocasiones, eran redirigidos posteriormente al Rocío por ser el centro de referencia regional, lo que generaba duplicidades y retrasos.

El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PSOE), ha valorado positivamente el inicio del expediente. En declaraciones a este medio, ha instado a la Junta a que la aplicación del cambio sea lo más ágil posible para que los ciudadanos noten la mejora en el día a día de la asistencia sanitaria.

El Virgen del Rocío concentra la mayor cartera de servicios de Andalucía y atiende a pacientes de todas las provincias, lo que convierte esta vinculación en una puerta directa a la alta complejidad asistencial para los vecinos de Utrera.

La Lectura Andaluza

El movimiento administrativo del SAS se enmarca en una revisión progresiva del mapa sanitario andaluz que la Junta de Andalucía viene realizando desde el inicio de la legislatura. La finalidad es optimizar recursos y acercar la realidad asistencial a las necesidades sentidas por los ciudadanos, algo que en el caso de Utrera era especialmente demandado. No es el único municipio donde se han producido ajustes en los últimos años, pero sí uno de los más significativos por el volumen de población afectado. La reasignación de Utrera es, además, un reflejo de la voluntad de la administración de corregir decisiones que, con el tiempo, demostraron no alinearse con las necesidades reales de los ciudadanos.

Para los andaluces, este tipo de reordenaciones tiene un impacto directo en su vida cotidiana. Un vecino de Utrera que necesite una consulta oncológica podrá ahora tenerla directamente en el Virgen del Rocío, evitando pasos intermedios y ganando tiempo en el inicio de tratamientos críticos. Además, el Hospital de Alta Resolución de Utrera, que mantiene su actividad como centro de primer nivel, podrá reforzar su coordinación con el Rocío para agilizar pruebas diagnósticas y revisiones ambulatorias. El Virgen del Rocío cuenta con más de 1.200 camas y realiza más de 50.000 intervenciones quirúrgicas al año, lo que lo convierte en el mayor empleador sanitario de Andalucía.

El siguiente paso será la publicación de la orden en el BOJA, que podría producirse a lo largo del mes de julio. Una vez que entre en vigor, el SAS coordinará la transición asistencial para que las derivaciones sean inmediatas. La Junta confía en que la medida refuerce la percepción de calidad del servicio público y sirva de modelo para futuras revisiones del mapa sanitario en otras provincias. Andalucía se reordena, y Utrera vuelve a casa tras años de desvío.

Alerta alimentaria en Cádiz por listeria en chicharrón y morcilla de Jupe Jerez

Enrique Ramos
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Alerta alimentaria en Cádiz por listeria en chicharrón y morcilla de Jupe Jerez

La alerta alimentaria se extiende por la provincia de Cádiz tras confirmarse la presencia de listeria en dos productos de la empresa Carnes y Congelados Jupe Jerez S.L.. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha ordenado la retirada inmediata de todos los lotes de chicharrón grande y morcilla de esa marca, distribuidos en nueve localidades gaditanas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Detectada listeria en chicharrón grande y morcilla de Jupe Jerez en Cádiz.
  • ¿Dónde y quién? Productos distribuidos en establecimientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, La Barca de la Florida y Junta de los Ríos. Lotes con fechas de consumo preferente entre julio y agosto de 2026.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? No consumir ni estos productos. Devolverlos al punto de compra. Si hay síntomas digestivos o fiebre, acudir al centro de salud.

Productos contaminados y municipios afectados

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta activó la alerta el 25 de junio tras recibir los resultados de los autocontroles rutinarios de la empresa. Los análisis confirmaban la presencia de Listeria monocytogenes en tres lotes de chicharrón grande —los números 6221, 6241 y 6252, con caducidad los días 3, 17 y 25 de agosto de 2026— y en el lote 6244 de morcilla, con fecha de consumo preferente el 21 de julio de 2026.

La propia Carnes y Congelados Jupe Jerez S.L., con sede en Jerez de la Frontera, fue quien detectó la contaminación en sus controles internos. De manera voluntaria y bajo supervisión de los servicios oficiales, paralizó de inmediato la producción de alimentos listos para el consumo, inició la retirada de los productos afectados y puso en marcha tareas extraordinarias de limpieza, desinfección y muestreos de superficies.

La detección temprana por parte de la propia empresa y la rápida respuesta de la administración sanitaria demuestran que el sistema de seguridad alimentaria andaluz funciona con precisión.

La Consejería, en aplicación del principio de precaución, ha decidido retirar todos los lotes de estos productos de los canales de comercialización en Cádiz capital, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María y las pedanías de La Barca de la Florida (término municipal de Jerez) y Junta de los Ríos (en Arcos de la Frontera). La información ha sido transferida a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Recomendaciones sanitarias: qué hacer y quién debe tener más cuidado

Salud Pública recomienda a las personas que tengan en casa alguno de estos productos que no los consuman y los devuelvan al lugar donde los compraron. En caso de haber ingerido chicharrón grande o morcilla de los lotes afectados y presentar síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, la indicación es acudir a un centro de salud.

Las mujeres embarazadas son un colectivo especialmente vulnerable a la listeriosis. Por eso la Consejería les recuerda las pautas de la AESAN sobre higiene alimentaria durante el embarazo y la lista de alimentos que deben evitar, entre los que destaca la Listeria monocytogenes. Se insiste también en extremar la limpieza en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

La Lectura Andaluza

Andalucía mantiene un sistema de seguridad alimentaria que, apoyado en los autocontroles de las industrias, permitió en 2025 la detección de nueve brotes de listeriosis antes de que causaran un número elevado de afectados. Esta nueva alerta en Cádiz confirma que los protocolos funcionan: la bacteria apareció en las pruebas rutinarias de la empresa y antes de 24 horas ya estaba activada la retirada coordinada por la Junta y la AESAN.

Para los vecinos de los nueve municipios gaditanos, la recomendación práctica es sencilla: revisar la nevera, localizar los envases de Jupe Jerez y llevarlos de vuelta a la tienda. La listeria puede provocar cuadros digestivos leves en personas sanas, pero en inmunodeprimidos, mayores y embarazadas el riesgo es mayor. En 2019 Andalucía vivió el mayor brote de listeriosis de España vinculado a carne mechada; desde entonces se redoblaron los controles sobre productos listos para el consumo y hoy esa experiencia sirve para actuar con la contundencia que los consumidores merecen.

La Junta ha trasladado la información al Servicio de Control Oficial de Cádiz para que verifique que los productos son retirados efectivamente. El chicharrón y la morcilla afectados no volverán a los lineales hasta que el sistema confirme que las instalaciones de la empresa cumplen los estándares de higiene. La transparencia de todo el proceso, desde la alerta pública hasta la comprobación final, es la garantía de que el sistema sanitario andaluz protege la salud de los ciudadanos con herramientas cada vez más afinadas.

El Parlamento Europeo plantea un tasazo a las tecnológicas de hasta 43.000 millones de euros

Angie Rivas
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El Parlamento Europeo plantea un tasazo a las tecnológicas de hasta 43.000 millones de euros

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo propone un impuesto del 3-5% sobre los servicios digitales de grandes tecnológicas, con un potencial recaudatorio de hasta 43.000 millones de euros desde 2028.
  • ¿Quién está detrás? La Comisión de Presupuestos de la Eurocámara, con respaldo de populares y socialdemócratas, busca forzar su inclusión en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
  • ¿Qué impacto tiene? Afecta a Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. España ya aplica su propio tributo digital, pero la tasa comunitaria unificaría criterios y podría tensar las relaciones con Estados Unidos.

El Parlamento Europeo ha puesto sobre la mesa un gravamen europeo a los servicios digitales que podría recaudar hasta 43.000 millones de euros a partir de 2028. La iniciativa, impulsada desde la Comisión de Presupuestos, propone un tipo adicional de entre el 3% y el 5% sobre los ingresos de las grandes tecnológicas, con umbrales de 750 millones de euros de facturación global y 50 millones de negocio en la Unión Europea. La medida, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, aspira a nutrir el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP, el presupuesto comunitario a siete años) y a evitar la fragmentación fiscal que ya han generado impuestos nacionales como el español, el francés o el italiano.

Una tasa del 3%-5% con más calado que los impuestos nacionales

El documento con el que trabaja la Eurocámara detalla que las empresas afectadas serían aquellas con más de 750 millones de euros de facturación mundial y más de 50 millones de ingresos comunitarios. Esos elevados umbrales dejan fuera a pymes y startups y apuntan directamente a los gigantes como Meta, Amazon, Netflix, Microsoft o X. La novedad respecto a los tributos digitales ya existentes es la amplitud de actividades gravadas: además de la publicidad online, el nuevo impuesto abarcaría el comercio electrónico B2C, los servicios de streaming y los de computación en la nube.

Según los cálculos de los expertos parlamentarios, un tipo del 3% arrojaría unos ingresos de 20.600 millones de euros, mientras que un 5% los elevaría hasta los 42.900 millones. La cifra representa entre el 10% y el 22% del presupuesto actual de la UE y, en palabras de los autores, “proporcionaría a la Unión una fuente de recursos propios de gran visibilidad”. De hecho, el comercio electrónico entre empresas y consumidores aporta alrededor del 70% de la base imponible estimada.

La Comisión Europea ya dispone de su propio estudio sobre nuevos recursos propios, pero sus estimaciones son mucho más modestas: unos 5.000 millones anuales, extrapolando sin ambición las tasas nacionales existentes a los Veintisiete. El Parlamento, en cambio, apuesta por una posición de fuerza aprovechando que “somos un mercado de 450 millones de consumidores”, señalan fuentes parlamentarias.

La presión sobre la Comisión y el Consejo: Moncloa y los equilibrios del sur

La Eurocámara no tiene competencia directa en fiscalidad —el presupuesto comunitario se aprueba por unanimidad en el Consejo—, pero utilizará su capacidad de veto sobre el MFP para presionar. La propuesta ha sido trabajada de forma conjunta por eurodiputados del Partido Popular Europeo y de Socialistas y Demócratas, y cuenta con el visto bueno del grueso de fuerzas europeístas. Eso refuerza su amenaza de bloquear el presupuesto si no se introducen estos impuestos.

Sin embargo, la unanimidad exigida en el Consejo convierte cada nuevo recurso propio en un campo de minas geopolítico. Países como Países Bajos, Dinamarca o Suecia ya han mostrado recelo ante cualquier gravamen que pueda lastrar la competitividad europea. De hecho, la propuesta alternativa de la Comisión, el impuesto CORE —a todas las empresas con más de 100 millones de facturación— ha levantado ampollas precisamente entre los socios del norte. El Parlamento presenta el tasazo digital como una alternativa menos invasiva para el tejido productivo europeo, lo que podría facilitar el apoyo de gobiernos como el español o el italiano, siempre que la recaudación se vincule a gasto en defensa y competitividad.

Para España, que ya grava los servicios digitales desde 2021, la tasa europea aportaría certidumbre jurídica y evitaría las represalias comerciales selectivas de Estados Unidos, que en el pasado llegó a amenazar con aranceles a países con impuestos digitales unilaterales. Madrid podría ver en la propuesta una palanca para financiar el despliegue de fondos europeos sin aumentar su propia presión fiscal, aunque el calendario de aplicación —2028— deja un amplio margen de negociación interna.

impuesto digital

El Eje del Poder Europeo

La propuesta fiscal reactiva la pugna transatlántica latente desde el fracaso del acuerdo global de la OCDE sobre servicios digitales. La mayoría de las compañías afectadas tienen sede en Estados Unidos, y aunque el acuerdo comercial firmado con la Administración Trump rebajó las tensiones, un tributo comunitario de este calibre podría reavivarlas. La UE ya trató de coordinar un impuesto global en el seno de la OCDE, pero la iniciativa se estancó, empujando a países como España, Francia o Italia a lanzar sus propias tasas. Ahora, el Parlamento quiere retomar la senda multilateral desde Bruselas.

El verdadero pulso no es con Washington, sino con los Veintisiete: si el Consejo no logra la unanimidad, el Parlamento está dispuesto a tumbar el MFP entero.

El nodo del poder europeo oscila entre los estados frugales, que rechazan cualquier ampliación de recursos propios que no vaya acompañada de recortes del gasto nacional, y los países del sur, que ven en los nuevos impuestos una vía para financiar bienes públicos europeos sin cargar a sus ciudadanos. Alemania, con un ojo puesto en la competitividad industrial, y Francia, que ya tiene su propio impuesto digital, jugarán papeles determinantes. Si el tasazo se vincula a la financiación de la defensa común o al fondo de competitividad, podría abrirse paso entre los recelos del norte.

La Eurocámara ha puesto una cifra sobre la mesa —43.000 millones— que convierte el debate en un desafío existencial para el próximo MFP. Fuentes parlamentarias advierten de que la votación se utilizará como moneda de cambio: o se introducen estos impuestos o no habrá presupuesto plurianual. La Comisión, por su parte, ve con buenos ojos ampliar los recursos propios pero prefiere caminar sobre seguro; su propuesta de 5.000 millones evidencia la distancia entre la prudencia comunitaria y el maximalismo del hemiciclo. La ventana crítica se abrirá en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de octubre, donde se esbozarán las grandes cifras del MFP. Hasta entonces, el tasazo digital del Parlamento funcionará como un termómetro de la capacidad de la UE para financiarse sin depender del cheque británico que ya no existe.

Detenido en Tarragona por el presunto acoso sexual a 21 menores a través de redes sociales

Pablo Navarro
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Detenido en Tarragona por el presunto acoso sexual a 21 menores a través de redes sociales

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alcanar (Tarragona) a un hombre de 26 años como presunto autor de delitos de acoso sexual de menores, exhibicionismo, sextorsión y pornografía infantil. La investigación, que sigue abierta, apunta a que habría acosado a un total de 21 menores de entre 9 y 17 años de distintos puntos de España mediante perfiles falsos en redes sociales, según el comunicado facilitado por el cuerpo policial.

Cómo se inició la investigación, según la Policía Nacional

La operación arrancó a raíz de la denuncia presentada por una menor de 11 años que alertó de que estaba sufriendo acoso sexual a través de internet. El autor se había ganado su confianza haciéndose pasar por un joven de 16 años con el nombre ficticio de ‘Álex’, primero a través del chat de un videojuego multijugador y luego en redes sociales. Cuando la víctima le proporcionó imágenes íntimas, el tono amigable se transformó en amenazas: le exigió más material bajo la advertencia de difundir lo que ya poseía entre sus familiares y amistades.

Los contactos iniciales buscaban crear un vínculo de confianza para, progresivamente, solicitar contenido sexual cada vez más explícito. La policía ha constatado que el presunto autor utilizaba este mismo patrón de manipulación psicológica —conocido como grooming— con todas las niñas y adolescentes a las que logró contactar.

Un perfil falso y casi 200 intentos de contacto

El detenido creó un perfil ficticio con fotografías de otros menores para aparentar ser un adolescente atractivo. Bajo esa identidad envió solicitudes a cerca de 200 niñas en diferentes plataformas. Consiguió establecer conversaciones regulares con 37 de ellas y, según la investigación, acosó sexualmente al menos a 21, obteniendo material íntimo mediante engaños y amenazas.

Las diligencias han sido dirigidas por la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM, la unidad policial especializada en violencia de género y protección de menores) de la comisaría de Puerto del Rosario, con la colaboración del Grupo Operativo-Policía Judicial de Tortosa y el Grupo Técnico de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona. La coordinación entre distintas unidades ha permitido reconstruir el rastro digital del investigado e identificar a gran parte de las víctimas.

El material incautado: casi 3.000 fotos y más de 200 vídeos

Durante el registro practicado en el domicilio del detenido, en el centro de Alcanar, los agentes intervinieron ordenadores, teléfonos móviles y tabletas. El análisis forense de esos dispositivos ha permitido localizar 2.958 fotografías y 213 vídeos de contenido pornográfico infantil, según los datos aportados por la Policía Nacional. El volumen de archivos refuerza la hipótesis de una actividad delictiva continuada y sistemática.

La Policía Nacional ha localizado cerca de 3.000 fotografías y más de 200 vídeos de contenido pedófilo en los dispositivos del detenido.

Sin empleo y sin antecedentes: así era el día a día del detenido

El presunto autor carecía de actividad laboral conocida y residía en casa de sus padres, ya jubilados. Pasaba la mayor parte del día encerrado en su dormitorio, rodeado de dispositivos electrónicos. No le constaban antecedentes policiales por hechos similares antes de esta operación. La detención se practicó sin incidentes y el arrestado ha pasado a disposición judicial, mientras la investigación continúa para descartar la implicación de otras personas o la existencia de más víctimas.

Apoyo a las víctimas y próximos pasos

La Policía Nacional ha informado de que la mayoría de las menores afectadas ya están identificadas. En coordinación con las distintas UFAM repartidas por todo el territorio nacional, se han activado los canales de denuncia y se ofrece a las víctimas y a sus familias apoyo psicológico y asesoramiento legal. El juzgado que instruye la causa deberá ahora tomar declaración al investigado y decidir sobre su situación procesal, mientras se analiza en profundidad todo el material intervenido. Por el momento, no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avancen las pesquisas.

68 españoles desaparecidos en Venezuela tras el terremoto: la información de Albares y lo que viene

Alberto Ochoa
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68 españoles desaparecidos en Venezuela tras el terremoto: la información de Albares y lo que viene

Hoy, 25 de junio de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que 68 españoles no han sido localizados después de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela. En un audio difundido desde República Dominicana, adonde viajó acompañando al Rey Felipe VI, Albares ha detallado los daños sufridos por el Consulado en Caracas y ha pedido a la colonia española que se ponga en contacto con los servicios de emergencia consular. Las autoridades venezolanas elevan ya a más de 160 los muertos y a un millar los heridos en todo el país.

Los 68 españoles no localizados y el llamamiento a la colonia

Según el propio Albares, en Venezuela residen aproximadamente 200.000 españoles. De ese total, 68 personas no han podido ser contactadas tras las sacudidas. El ministro ha hecho un llamamiento urgente a todos los ciudadanos españoles que se encuentren en el país, tanto residentes como viajeros, para que usen los teléfonos de emergencia consular o sigan las redes sociales y la web del Ministerio de Exteriores y de la Embajada.

El canciller venezolano, Yvan Gil, ha recibido ya las primeras gestiones del jefe de la diplomacia española, quien ha asegurado que la unidad de crisis del Ministerio mantiene un seguimiento constante. El objetivo prioritario, ha señalado, es elaborar un censo preciso de la situación de la colonia española. Hasta el momento no hay confirmación oficial de fallecidos ni heridos entre los españoles.

Daños en el Consulado, pero atención operativa

El edificio del Consulado en Caracas ha sufrido daños de cierta envergadura, según Albares. La Embajada, situada en otra sede, registra desperfectos menores. Pese a todo, ambas legaciones permanecen plenamente operativas para atender las necesidades consulares. «El edificio del Consulado ha sufrido daños de una cierta envergadura, no así la Embajada», ha precisado el ministro, que ha reiterado que los canales de atención siguen abiertos.

El Consulado de Caracas ha resultado dañado, pero sigue ofreciendo servicio a los españoles que lo necesiten.

La situación obliga a redoblar los recursos humanos y técnicos disponibles, mientras persisten las réplicas en la región. La Embajada española mantiene contacto directo con las autoridades venezolanas para coordinar la ayuda y agilizar la localización de los desaparecidos.

El dispositivo de crisis y lo que viene

Albares ha explicado que la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores está volcada en el seguimiento de los españoles afectados. «Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia», ha afirmado. Los teléfonos de emergencia consular, disponibles en la web oficial del Ministerio, están activos las 24 horas. Se espera que en las próximas horas se actualice el balance de personas localizadas a medida que se restablezcan las comunicaciones en las zonas más afectadas.

Mientras, las autoridades venezolanas siguen evaluando los daños materiales y el número definitivo de víctimas, que sigue subiendo. La comunidad internacional empieza a ofrecer asistencia, y España mantiene el canal diplomático abierto para cualquier eventualidad.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? Fuertes terremotos en Venezuela han dejado más de 160 muertos y 68 españoles desaparecidos hasta el momento.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El ministro Albares, el Consulado de España en Caracas y las autoridades venezolanas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Se mantiene activa la unidad de crisis española y se actualizará en breve el censo de desaparecidos; los canales consulares siguen operativos.

Desarticulada en Valencia una trama de estafa del ‘hijo en apuros’ con 3 millones de euros y medio millón de víctimas

Pablo Navarro
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Desarticulada en Valencia una trama de estafa del ‘hijo en apuros’ con 3 millones de euros y medio millón de víctimas

La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización criminal que, mediante la estafa del ‘hijo en apuros’, habría obtenido casi 3 millones de euros y afectado a medio millón de víctimas en toda España. La operación se ha saldado con diez detenidos y seis ingresos en prisión provisional, según el comunicado oficial difundido este jueves.

La investigación, que arrancó en mayo de 2025 gracias a las denuncias recibidas en el canal contacta@policia.es, puso al descubierto una red asentada en la provincia de Valencia y con ramificaciones en Islas Baleares. Los agentes recopilaron más de 500 atestados y analizaron medio millón de datos relacionados con el envío masivo de mensajes fraudulentos.

Cómo operaba la estafa del ‘hijo en apuros’

La mecánica delictiva consistía en el envío de mensajes de WhatsApp, habitualmente haciéndose pasar por un familiar directo que pedía dinero urgente por una emergencia. Una vez lograban convencer a la víctima, las transferencias acababan en cuentas controladas por la trama, que después blanqueaba los fondos a través de empresas de alquiler de vehículos de lujo en Ibiza durante el verano.

Los investigadores constataron que muchas pesquisas previas solo identificaban a las llamadas ‘mulas’ (personas que abren cuentas y retiran dinero a cambio de una comisión), mientras que los cabecillas permanecían ocultos tras una compleja estructura para entorpecer el rastro.

Estructura piramidal y centro de operaciones

La organización contaba con una jerarquía clara. En la cúspide estaban el líder y otros tres hombres que dirigían desde una vivienda en Bétera (Valencia). Un segundo escalón, formado por tres personas, ejecutaba diariamente la estafa, y en la base otros tres individuos se encargaban del blanqueo. Los diez detenidos son considerados presuntos autores (personas a las que se atribuyen los hechos sin condena firme).

Parte de los beneficios —hasta 100.000 euros en una sola mañana— se canalizaba hacia el arrendamiento de vehículos de alta gama en Ibiza, lo que permitía a los principales investigados mantener un nivel de vida incompatible con su nula actividad laboral conocida.

Los principales responsables mantenían un elevado tren de vida gracias a las estafas, sin ocultar que ese gasto no se ajustaba a sus ingresos declarados.

Registros, incautaciones y detenciones

El operativo final incluyó 13 entradas y registros (nueve en Valencia y cuatro en Baleares), donde se intervinieron 20 vehículos de gama alta, 22 teléfonos móviles, más de 73.000 euros en efectivo, cuentas bancarias, material informático y 52 joyas de alto valor. Además, los agentes bloquearon dos inmuebles y varias cuentas.

Seis de los acusados han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. La operación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.

Investigación en curso

La Policía Nacional ha insistido en que continúa el análisis de los más de medio millón de datos recabados durante la instrucción. El canal de denuncia contacta@policia.es sigue siendo clave para que otras posibles víctimas aporten información que ayude a esclarecer la dimensión total de la trama.

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