¿A quién afecta? A todos los contribuyentes madrileños que necesiten ayuda para confeccionar su declaración de la renta 2025, especialmente a los mayores de 65 años.
¿Cuándo ocurre? La cita telefónica ya está activa desde el 29 de abril, y la cita presencial se abre el 29 de mayo. Ambas hasta el 29 de junio.
¿Qué cambia hoy? Puedes solicitar ya la cita previa por teléfono o web, y preparar la documentación. Si prefieres atención presencial, tendrás que esperar al 29 de mayo.
Más de 29.000 madrileños recibieron ayuda del Ayuntamiento para hacer la declaración de la renta el año pasado. La campaña de 2025, que arrancó en abril, vuelve a ofrecer cita telefónica y, desde el 29 de mayo, también presencial. La Agencia Tributaria Municipal (ATM) espera superar esa cifra y ya ha habilitado sus canales.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la ATM, ha vuelto a poner en marcha el servicio gratuito de asesoramiento fiscal para la renta del ejercicio 2025, fruto del acuerdo con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha subrayado que, por tercer año consecutivo, se refuerza la atención para los mayores de 65 años, con espacios más tranquilos y trato personalizado. Una medida pensada para salvar la brecha tecnológica que aún afecta a una parte de la población madrileña.
Cómo conseguir cita previa sin perderte entre teléfonos y webs
Los contribuyentes pueden pedir cita a través de la web de la AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es) o mediante la app ‘Agencia Tributaria’. También están disponibles dos números de teléfono: el 91 553 00 71, con atención personal de lunes a viernes de 9:00 a 19:00, y el 91 535 73 26, un número automático 24 horas. Eso sí, la cita presencial solo está disponible para aquellos contribuyentes que ya tuvieron cita presencial en la campaña de renta 2024 y no han cambiado de domicilio fiscal. Los demás tendrán que conformarse con la asistencia telefónica. Un filtro que, en la práctica, reduce la cola pero puede frustrar a quien esperaba una atención cara a cara.
Cuando la declaración salga a ingresar, el Ayuntamiento solo la tramitará si se elige la domiciliación bancaria, hasta el 25 de junio incluido. Si prefieres pagar de otra manera o fuera de ese plazo, tendrás que hacerlo por tu cuenta. La letra pequeña siempre importa.
Los límites que dejan fuera a algunos madrileños
Para acceder a la ayuda hay que cumplir los topes que fija la AEAT. La mayoría de los contribuyentes madrileños optan por la vía telefónica, pero si superas los 80.000 euros anuales en rendimientos del trabajo o los 20.000 euros en capital mobiliario, el servicio no podrá ayudarte. Tampoco si tienes más de dos inmuebles alquilados o realizas actividades en estimación directa más allá de los módulos. Las novedades fiscales de este año incluyen una deducción de hasta 340 euros para perceptores del SMI o rentas bajas, y prórrogas en las deducciones por obras de eficiencia energética y vehículos eléctricos. En la Comunidad de Madrid, además, siguen vigentes las deducciones autonómicas por arrendamiento de vivienda vacía, cambio de residencia a pueblos en riesgo de despoblación o inversiones en esos municipios. Todo esto, la ATM lo maneja. Con soltura.
El servicio es útil, pero la restricción de la cita presencial a quienes ya la tuvieron en 2024 deja fuera a nuevos solicitantes que no se manejan por teléfono.
Un éxito de demanda que no oculta las carencias: lo que Madrid no cubre
En la campaña de renta 2024, la ATM atendió a 29.329 madrileños y elaboró 21.874 declaraciones, de las que solo 1.338 fueron presenciales. El resto, 20.536, se resolvieron por teléfono. El refuerzo para mayores de 65 años, con 5.084 atendidos, evidencia que la brecha digital sigue ahí y que muchos necesitan respirar fuera de la pantalla. Sin embargo, la oferta presencial sigue siendo residual, y con el filtro de haber tenido cita previa el año anterior, muchos nuevos jubilados que afrontan su primera declaración pueden quedar descolgados.
La colaboración con la AEAT funciona, pero depende de los criterios de la agencia estatal; el Ayuntamiento se limita a ejecutar. En otras capitales como Barcelona, el servicio está centralizado en la propia delegación de la AEAT, sin tanta mediación municipal. Madrid apuesta por lo local, pero la capacidad de absorber la demanda con solo dos canales telefónicos y un goteo presencial es limitada. Habrá que ver si este año, con las nuevas deducciones, el volumen de consultas vuelve a dispararse y si los números estrechos de cita presencial aguantan el tirón. De momento, la cita telefónica ya rueda. La fecha clave es el 29 de mayo: entonces sabremos si la cara a cara tiene la misma cola que el año pasado.
A las diez de la mañana, la fachada del restaurante Santa y Pura ya huele a pintura en spray. Dentro, un grupo de mujeres de entre 70 y 94 años ensambla piezas de madera de colores intensos: rosas, azules, amarillos, verdes. Son las protagonistas de la decimotercera edición de CALLE, el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés, que este año ha decidido apostar sin tapujos por ellas: las «abuelas grafiteras».
Hasta finales de mayo, Lavapiés se convierte de nuevo en un museo al aire libre con 50 artistas urbanos desplegados por fachadas, escaparates y comercios del barrio de Lavapiés. La organización, impulsada por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, recibió 240 solicitudes para apenas 50 espacios. «Hay artistas que repiten cada año y otros nuevos que quieren formar parte del festival. Muchos comercios mantienen las obras durante años porque les encantan», explicaba Mercedes Saracho, presidenta de la asociación, en declaraciones recogidas por La Razón.
El año en que las abuelas se volvieron grafiteras
La gran novedad de esta edición no llega desde fuera, sino desde dentro del propio barrio. El centro de mayores de Antón Martín ha sido el semillero. La artista visual Nataline Pomar ha dirigido una intervención colectiva en la que cada participante eligió un color ligado a una emoción o a su relación con Lavapiés. Después, todas las piezas se unieron para formar un gran retrato colectivo que ya decora la fachada del restaurante Santa y Pura.
«Cuando me propusieron el proyecto pensé que tenía que tener un sentido», relataba Pomar mientras supervisaba el montaje. El resultado mezcla referencias urbanas, colores vibrantes y una estética contemporánea inspirada en la Bauhaus, con un ojo del retrato que incorpora una luz. «Queríamos que tuviera vida», resumía.
Maricarmen Zapata, de 70 años, eligió el rojo «porque el rojo es pasión y yo soy muy apasionada». Conchita Mesa, de 94, se decantó por el rosa «porque me recuerda a los vestidos que me ponía mi madre cuando yo era pequeña». Omar Morales, uno de los pocos hombres del grupo, pintó su pieza en azul y confesó que nunca había usado un spray. «Hace falta que vengan más hombres», bromeaba.
Lo que hace diferente a CALLE no es la técnica ni el tamaño de las obras, sino que el arte brota de dentro del barrio y se queda en él.
Gema Sanz, coordinadora de los centros municipales de mayores del distrito Centro, insiste en el valor comunitario de la iniciativa: «Lo importante es sacar el artista que llevan dentro y reconocer el papel que tienen los mayores en el barrio». La mayoría de las participantes asiste a talleres de dibujo y pintura en Antón Martín, donde la hermandad y la compañía son ya parte del paisaje. En una ciudad donde la soledad no deseada golpea con fuerza a los mayores, proyectos como este funcionan también como espacios de encuentro.
Un museo al aire libre con 50 artistas y sin cabeza de cartel
CALLE ha renunciado este año al gran artista invitado que solía abrir ediciones anteriores. La decisión de colocar a las abuelas grafiteras en el centro no es solo un guiño generacional: es una declaración de principios. La cita mantiene, eso sí, un notable cartel con nombres como Moi Martos, El Topo, Dura Murcia, Ignasi Roviro, Nemo, Señorita Escarlata, Paula Rello o Manu Cruz, seleccionados por las comisarias de La Panartería. También hay presencia internacional: el mexicano Luis Antonio Flores «SAMER», ganador del Festival de Intervenciones Urbanas de Irapuato, participa con una obra propia.
Las intervenciones se reparten por calles como Argumosa, Ave María, Embajadores o Santa Isabel. No se concentran en grandes muros aislados, sino en persianas de bares, fachadas de farmacias, terrazas de restaurantes y escaparates de pequeños negocios. El arte convive con la vida cotidiana, y esa es precisamente la seña de identidad que diferencia al festival de otras citas de arte urbano en Madrid como Muros Tabacalera o Pinta Malasaña, más enfocadas a la intervención efímera sobre paredes de gran formato.
El arte que activa el barrio (y a sus comercios)
Detrás del andamiaje artístico hay una estrategia de dinamización comercial tan discreta como eficaz. La Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 lleva trece ediciones tejiendo una red en la que los negocios ceden sus fachadas y, a cambio, reciben un flujo constante de visitantes que pasean el barrio buscando las obras. Jaime Posada, propietario del restaurante Santa y Pura, lo explicaba así: «Es una manera de descubrir el barrio y de romper ciertos prejuicios sobre Lavapiés».
El festival ha sobrevivido sin grandes patrocinios y sin el respaldo directo de las administraciones más allá de la cesión puntual de espacios públicos. De hecho los comercios llevan años manteniendo las intervenciones mucho después de que termine mayo, porque «les encantan», como recuerda Saracho. Ese arraigo explica en parte que las visitas guiadas gratuitas se hayan convertido en una de las actividades más populares: permiten recorrer las obras, conocer a los artistas y votar por las piezas favoritas dentro del premio del público.
En una escena cultural donde lo efímero marca el ritmo, CALLE se ha consolidado como una rareza que echa raíces. No necesita un nombre rutilante para llenar titulares. Le basta con que, un año más, las vecinas de Antón Martín vuelvan a coger el spray.
Si alguna vez has ido al supermercado con un menor y has salido con el carro lleno de productos que no pensabas comprar, no estás solo. Casi todos los padres viven la misma película: la presión incesante de los niños por llevarse a casa galletas, helados o yogures de colores. Y aunque luego llegue la culpa, la ciencia acaba de ponerle nombre y cifras a ese infierno cotidiano. Un macroestudio del proyecto PUSHED, presentado en el reciente Congreso Europeo sobre Obesidad 2026, confirma lo que ya sospechábamos: más de la mitad de los padres son acosados por sus hijos para comprar productos poco saludables y el 91% termina gastando más de lo previsto.
El secreto del éxito
Marketing que da en la diana: los envases con personajes famosos, los regalos ocultos y los colores llamativos están diseñados para captar la atención infantil. El niño no pide comida, pide el muñeco que viene dentro.
La edad dorada del ‘pester power’: entre los 4 y los 11 años, los niños triplican la insistencia respecto a los más pequeños. Es el momento en que entienden el deseo pero aún no miden las consecuencias, y lo saben explotar con maestría.
La mochila socioeconómica: las familias con inseguridad alimentaria reciben un 13% más de peticiones insistentes. Una desigualdad que agrava el problema de salud pública y la ansiedad de los padres.
Ingredientes
Niños de todas las edades, pero sobre todo de 4 a 11 años. Son los que más piden y los que más pataletas montan.
El top 3 de antojos: helados y polos (45%), pasteles y bollos (43%) y gominolas y galletas (42%). Rara vez aparece una manzana en la lista.
Estrategias infantiles: desde la petición verbal repetida hasta las rabietas en el pasillo. Uno de cada cinco menores recurre a tácticas emocionales y uno de cada tres coge el producto y lo mete directamente en la cesta.
Respuesta parental: el 47% cede ‘a veces’, el 25% lo hace ‘la mayoría de las veces’ y el 91% afirma gastar más de lo planeado. La culpa aparece después, casi siempre.
La coreografía del asalto en el lineal
Todo empieza con un avistamiento: un envase chillón o un peluche promocional. El niño señala. Si el adulto ignora la señal, sube el volumen: “Por faaaaa, solo una vez”. El padre respira hondo y aprieta el carro. A veces, el pequeño decide actuar y planta el producto directamente en la cesta. Uno de cada tres lo hace sin pedir permiso. El colofón clásico es la rabieta que resuena entre los pasillos, y el adulto termina comprando lo que no quería. Según el estudio, basado en una encuesta a 1.050 padres en Inglaterra, los los niños de 4 a 11 años son los reyes de esta coreografía.
Cómo salir del bucle (o al menos intentarlo)
No hay receta mágica, pero el conocimiento es poder. Saber que el marketing está detrás de cada petición ayuda a desactivar la culpa. Algunos trucos que funcionan: llevar una lista cerrada y pactar de antemano un solo capricho saludable (un plátano, un yogur sin azúcar o unas galletas integrales). Maridar la compra con un podcast para adultos o hacer la compra online reduce la exposición al estímulo visual. Y si toca ceder, relájate: le pasa al 52 % de los padres y no te convierte en peor progenitor. La clave está en la frecuencia, no en la excepción. Además, el estudio deja un mensaje claro para las autoridades: urge regular la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños si queremos frenar la obesidad infantil.
Detrás del humo del ransomware hay una operación de espionaje que lleva meses robando datos. Los hackers, vinculados a Irán, han utilizado el ransomware Chaos como cortina para una campaña de ciberespionaje que ha pasado desapercibida hasta ahora. Los detalles los acaba de hacer públicos Israel Defense: los atacantes no buscaban un rescate económico; su objetivo era la exfiltración silenciosa de información sensible en múltiples sectores. La campaña, aún activa, demuestra cómo las APT iraníes están refinando su tradecraft para combinar sabotaje y espionaje en una sola operación.
La investigación de Israel Defense, el medio especializado en defensa y ciberseguridad del país, señala que los atacantes emplearon el ransomware Chaos —una variante conocida desde 2021— para cifrar sistemas como maniobra de distracción mientras, en paralelo, establecían canales de exfiltración de datos. El modus operandi es inconfundiblemente iraní, según los analistas: el grupo, probablemente alineado con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní (MOIS) o con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), ha replicado tácticas empleadas por APT35 (Charming Kitten) y APT34 (OilRig), pero con una capa adicional de ocultación.
Las víctimas identificadas abarcan organizaciones gubernamentales, entidades del sector energético y empresas tecnológicas en Oriente Próximo y, según algunas fuentes, también en Europa. No constan por ahora afecciones directas en España, pero las infraestructuras críticas nacionales monitorizan de cerca este tipo de campañas. El vector de entrada más común ha sido el correo electrónico con documentos maliciosos que explotan vulnerabilidades en el software de ofimática.
La elección del ransomware Chaos no es casual. A diferencia de otras familias más agresivas, Chaos tiene un código relativamente sencillo y se vende en foros clandestinos por unos pocos cientos de dólares. Eso permite a los atacantes lanzar una oleada de cifrado sin revelar capacidades avanzadas ni exponer herramientas propias. Es un disfraz barato, sí, pero eficaz para que los equipos de respuesta se centren en la recuperación del cifrado mientras la verdadera operación —el robo de datos— pasa a un segundo plano.
He hablado de esto muchas veces con analistas de inteligencia. “El ransomware no siempre es ransomware”, me decía un veterano del CNI hace años. Aquella frase me ha vuelto, como un eco, al leer el informe de Israel Defense. Porque lo que tenemos aquí no es un simple ataque de doble extorsión (cifrar y amenazar con filtrar), sino una operación de bandera falsa digital: utilizar una herramienta de delincuencia común para tapar una actividad que, de otro modo, sería detectada por los sensores de las agencias de contrainteligencia.
Llevo años escribiendo que el próximo 11S no se anunciará con un avión, sino con un clic, y empezará por el sistema de alguien que no se ha actualizado.
Anatomía de la operación: cómo funciona la cortina de humo
La campaña detectada por Israel Defense sigue un patrón que los analistas denominan “ransomware as a decoy”. En primer lugar, los atacantes obtienen acceso inicial mediante phishing dirigido. Los correos electrónicos, meticulosamente personalizados, suplantan a organismos oficiales o proveedores de confianza. Una vez dentro, los operadores instalan un backdoor que les permite moverse lateralmente por la red, escalar privilegios y, sobre todo, identificar los repositorios de información de mayor valor. Es en ese momento cuando bifurcan la operación: por un lado, preparan el cifrado con Chaos; por otro, despliegan herramientas de exfiltración, a menudo aprovechando servicios legítimos en la nube para camuflar el tráfico.
El ransomware Chaos se activa sólo después de que los datos hayan sido aspirados. El ruido que genera el cifrado —archivos bloqueados, pantallas de rescate, llamadas al servicio de atención técnica— es exactamente lo que los atacantes quieren. “Mientras los administradores corren a restaurar copias de seguridad, los datos ya están en un servidor en Teherán”, explica un analista consultado por este medio. Las muestras del ransomware analizadas por los investigadores no incluían el mecanismo de doble extorsión típico de otros grupos como LockBit o BlackCat; no había amenaza de publicación. Sólo el caos. Literalmente.
El actor detrás de la campaña no ha sido identificado con un nombre de grupo APT concreto, pero el informe de Israel Defense apunta a que los indicadores de compromiso se solapan con tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de APT35, también conocido como Charming Kitten, y de MuddyWater, un subgrupo vinculado al MOIS. El uso de PowerShell para la ejecución de payloads, los servidores de comando y control alojados en infraestructura previamente comprometida y los horarios de actividad coincidentes con la jornada laboral iraní refuerzan la atribución.
El historial iraní en ciberoperaciones: de Stuxnet a Chaos
Conviene recordar que Irán lleva más de una década perfeccionando sus capacidades cibernéticas ofensivas. Tras el impacto de Stuxnet en 2010 —la operación que destruyó centrifugadoras en Natanz y que muchos analistas atribuyen a una colaboración entre Estados Unidos e Israel—, Teherán entendió que el ciberespacio era un teatro de operaciones tan real como el Golfo Pérsico. A partir de ahí, la inversión en capacidades propias no ha dejado de crecer.
Los frutos de esa inversión los hemos visto en campañas como Shamoon (2012), que borró los discos duros de Aramco, la petrolera saudí; los ataques a la red eléctrica de Israel en 2016; las intrusiones en objetivos diplomáticos y de derechos humanos por parte de APT42; y, más recientemente, el intento de sabotaje a una planta de tratamiento de agua en Israel en 2020. El patrón es claro: Irán utiliza el ciberespionaje para obtener ventaja estratégica y, cuando lo considera necesario, pasa al sabotaje para enviar un mensaje.
El uso de un ransomware como el Chaos para ocultar espionaje es, en el fondo, una evolución lógica. Combina dos líneas de actuación que antes estaban separadas. Y plantea un desafío nuevo para las agencias de inteligencia occidentales: distinguir entre un ataque financiero y una operación de Estado cuando ambos utilizan las mismas herramientas. Porque si un banco sufre un cifrado, ¿está siendo víctima de un grupo criminal o de una APT que busca distraer mientras vacía la base de datos de clientes de alto perfil?
Yo mismo lo he escrito antes: los primeros que atacamos nuestra intimidad somos nosotros mismos. Pero cuando un Estado decide explotar esa intimidad a escala industrial, el problema se convierte en una cuestión de seguridad nacional.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
En este caso, el vector de amenaza es doble: ciberataque con componente de ransomware y exfiltración de datos. La operación se apoya en spear-phishing, backdoors personalizadas, movimientos laterales mediante herramientas de administración legítimas (lo que dificulta la detección) y, finalmente, la ejecución del ransomware Chaos como cortina de humo. La atribución técnica, aunque no concluyente al cien por cien, apunta con mucha solidez al ecosistema cibernético iraní, probablemente bajo dirección del MOIS o del IRGC.
Las agencias implicadas son, por un lado, los servicios de inteligencia israelíes —Shin Bet, Mossad y la Unidad 8200—, que llevan años monitorizando las actividades iraníes en el ciberespacio y que a menudo son los primeros en descubrir y atribuir estas campañas. Por otro lado, el CNI y el CCN-CERT en España mantienen una vigilancia permanente sobre las infraestructuras críticas nacionales y, aunque la campaña no ha tenido impacto directo en nuestro país, la información compartida por los aliados de Five Eyes permite anticipar posibles vectores de ataque. En este tipo de operaciones, la cooperación entre agencias es vital: lo que Israel detecta hoy, mañana podría golpear a Madrid.
Un precedente histórico relevante es la Operación Olympic Games, que demostró cómo el sabotaje y el espionaje pueden entrelazarse en el ciberespacio. Aquel ataque con Stuxnet no solo dañó físicamente las centrifugadoras de Natanz, sino que también recopiló información sobre la configuración de la planta. Ahora, Irán aplica una lógica similar, pero a la inversa: el ransomware crea el caos para que el espionaje pase inadvertido.
En cuanto al nivel de clasificación, estimo que el material robado podría alcanzar el nivel de Confidencial o incluso Secreto en algunos casos, dependiendo de la naturaleza de las organizaciones comprometidas. Los datos exfiltrados de entidades gubernamentales y del sector energético tienen un alto valor para la inteligencia iraní, ya sea para planificar futuros sabotajes o para obtener ventaja negociadora en un contexto de tensiones regionales.
Como analista, veo una contradicción en el modus operandi. Por un lado, Irán demuestra una sofisticación creciente al combinar herramientas comerciales con capacidades propias. Por otro, el uso de un ransomware barato como Chaos puede delatar su implicación, porque ningún grupo criminal serio emplearía una variante tan limitada. Es un error de cálculo que permite a los investigadores trazar la pista hasta Teherán. Y ese es, precisamente, el tipo de detalle que separa una campaña exitosa de una que acaba expuesta.
La pregunta ahora es cuántas otras campañas similares están pasando desapercibidas. Porque si Irán ha aprendido a esconder espionaje detrás del ransomware, otros actores —Rusia, Corea del Norte, China— no tardarán en copiar la táctica. El siguiente informe del ODNI sobre amenazas globales, previsto para finales de este año, podría arrojar más luz sobre esta tendencia. Mientras tanto, todos los servicios de inteligencia del entorno Five Eyes, incluido el CNI, deberían revisar sus protocolos de respuesta ante incidentes de ransomware para no caer en la trampa de la cortina de humo.
El juego se ha vuelto más sutil. Y como siempre en este oficio, el que no se adapta, pierde.
Seguro que más de una vez has vertido vinagre y bicarbonato en el tambor de la lavadora con la esperanza de dejarla reluciente y sin malos olores. Yo también lo hice. La efervescencia prometía magia, pero al poco tiempo ese olor a humedad volvía a colarse entre las toallas. Y es que, tal como advierte el ingeniero químico Diego Fernández, mezclar bicarbonato con vinagre para este fin no sirve. Lo que parece un truco infalible es, en realidad, un mito con mucha espuma y poca eficacia.
El secreto del éxito
Neutralización, no limpieza: El bicarbonato (base) y el vinagre (ácido) se anulan al mezclarse; esa espuma burbujeante es solo dióxido de carbono, no poder desincrustante.
Un ácido que sí arrasa con la cal: El ácido cítrico tiene la acidez justa para disolver los depósitos sin corroer las gomas, a diferencia del vinagre concentrado.
Poco y bien, una vez al mes: Bastan cuatro cucharadas en un ciclo largo con agua caliente para dejar el tambor y las tuberías internas como nuevos.
Ingredientes
40 g de ácido cítrico en polvo (aproximadamente 4 cucharadas soperas)
Agua caliente del propio ciclo de lavado
Un paño de microfibra (opcional, para las juntas)
Paso a paso
Vacía la lavadora por completo. Nada de ropa, nada de detergente. Vierte las cuatro cucharadas de ácido cítrico justo en el fondo del tambor; el polvo caerá suelto, no importa. Selecciona un ciclo largo —de al menos una hora— con la temperatura al máximo, preferiblemente a 60 ºC o más. El calor activa el ácido y despega la cal acumulada en las zonas que nunca vemos.
Mientras el programa avanza, aprovecha para repasar las juntas de goma con un paño humedecido en agua limpia; así eliminas los restos de pelusa y moho que suelen esconderse en los pliegues. Al finalizar el lavado, abre la puerta y deja que se airee. Si algún rincón del tambor quedaba opaco, notarás que ahora brilla sin necesidad de frotar.
Variaciones y mantenimiento inteligente
Si vives en una zona de agua muy dura, puedes repetir la limpieza cada tres semanas y subir la dosis a seis cucharadas. Cuando la acumulación de cal es antigua, un primer ciclo con 80 g hace un saneamiento más intenso; después, mantén la rutina mensual con 40 g.
El vinagre blanco, en pequeñas dosis, tiene cierto efecto desincrustante, pero para que fuera realmente eficaz necesitarías cantidades que a largo plazo resecan y agrietan las gomas. El ácido cítrico limpia mejor y es mucho menos agresivo con los componentes internos.
Los gestos pequeños multiplican el resultado: deja siempre la puerta entreabierta tras cada lavado, limpia el cajetín del detergente una vez por semana y no abuses de la cantidad de jabón. Un mal hábito que vemos a menudo: pensar que más espuma lava más. En realidad, el exceso de detergente deja residuos que se convierten en foco de malos olores. Un mantenimiento sencillo y sin mitos, y la lavadora te durará años sin quejarse.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa este fin de semana la posibilidad de trasladar parte del contingente militar estadounidense desplegado en Alemania hacia Polonia, una maniobra que redefine el equilibrio de fuerzas en el seno de la OTAN en menos de 24 horas. La propuesta llega apenas unas horas después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, rechazara de forma tajante cualquier implicación de Berlín en la campaña militar estadounidense contra Irán, desatando un pulso diplomático sin precedentes entre dos aliados históricos.
Según ha confirmado el Pentágono en un comunicado difundido la pasada madrugada, el Departamento de Defensa planea retirar 5.000 soldados de territorio alemán a lo largo del próximo año fiscal, con destino principal a bases polacas como Powidz y Redzikowo. La cifra equivale a cerca del 15% de los efectivos estadounidenses actualmente estacionados en Alemania —unos 35.000— y representa el mayor redespliegue unilateral de tropas desde la decisión de George W. Bush de reducir la presencia en Europa tras la Guerra Fría.
La presencia militar de Estados Unidos en Alemania se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial y ha sido el pilar de la arquitectura defensiva de la Alianza durante décadas. Bases como Ramstein, Spangdahlem o Grafenwöhr funcionan como nodos logísticos y de mando, y su vaciamiento parcial tendría consecuencias operativas y simbólicas de primer orden.
La decisión de Trump no es nueva en sus formas, pero sí en su contundencia. Durante su primer mandato, en 2020, el presidente ordenó la retirada de 12.000 soldados de Alemania como castigo por el bajo gasto en defensa, una medida que fue revertida parcialmente por la administración Biden. Ahora, con mayoría republicana en el Congreso y una guerra abierta en Oriente Medio, el ejecutivo recupera la misma lógica transaccional: quien no contribuye a los objetivos de seguridad de Washington, pierde el paraguas protector.
La negativa de Merz: un ‘no’ que Berlín nunca había pronunciado
El canciller Merz, que lidera una coalición conservadora desde las elecciones de 2025, rechazó el jueves en el Bundestag la petición de Washington de abrir rutas aéreas y aportar medios logísticos para la operación ‘Guardián del Golfo’, lanzada por EE.UU. contra Irán. La respuesta de Berlín, según fuentes parlamentarias, fue categórica: Alemania no se implicará en una guerra ofensiva fuera del marco de la OTAN y no cederá sus bases para ataques unilaterales.
La negativa rompe una inercia de décadas. Desde Kosovo en 1999, Alemania había acompañado —con matices— las principales intervenciones lideradas por Estados Unidos. Pero el conflicto iraní, que ha disparado el precio del crudo y amenaza el suministro energético global, ha fracturado el consenso. ‘Berlín teme quedar atrapada en una escalada que reactive la crisis migratoria y profundice la dependencia de Qatar’, analizan fuentes de la OTAN. Mientras tanto, Moscú observa la brecha con indisimulado interés táctico.
El castigo a Alemania no es solo una represalia militar: es el primer movimiento tangible de una administración Trump decidida a reordenar el tablero de la defensa europea según lealtades, no según arquitectura institucional.
Polonia se convierte en el nuevo centro de gravedad militar de EE.UU. en Europa
Polonia, que ya alberga la base de misiles Aegis Ashore en Redzikowo y una brigada acorazada rotacional estadounidense, lleva años reclamando un incremento de la presencia permanente de tropas. Varsovia gasta más del 4% de su PIB en defensa —el doble del objetivo de la OTAN— y ha comprado tanques Abrams, cazas F-35 y sistemas HIMARS. El presidente Andrzej Duda ha celebrado la propuesta como ‘un paso histórico hacia la seguridad real del flanco este’.
El traslado de 5.000 efectivos hasta territorio polaco, sin embargo, no es inminente ni sencillo. Requiere negociar el estatuto jurídico de las fuerzas, ampliar la capacidad de alojamiento y, sobre todo, gestionar la reacción de Rusia. El Kremlin ya advirtió en marzo de 2026 que cualquier refuerzo militar permanente en Polonia sería interpretado como una línea roja. La última vez que Washington movió tropas hacia el este, en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, lo hizo de forma temporal y bajo paraguas OTAN. Ahora es una decisión bilateral y punitiva.
Equilibrio de Poder
La fractura transatlántica que ahonda este movimiento tiene consecuencias inmediatas para la capacidad de disuasión de la OTAN. Sin el suelo alemán, el mando europeo de Estados Unidos pierde profundidad estratégica y obliga a recolocar los centros de mando y control en el Benelux o en Reino Unido, lo que añade tiempo de reacción ante cualquier crisis. Moscú, por su parte, recibe un regalo geopolítico: la OTAN aparece dividida justo cuando se discute la ampliación a Ucrania y Georgia.
Para España, la decisión traslada el centro de gravedad de la atención OTAN hacia el noreste de Europa, diluyendo la relevancia del flanco sur. La frontera marroquí y la presión migratoria desde el Sahel pasan a un segundo plano, mientras la prioridad de la Alianza se centra en disuadir a Rusia desde suelo polaco. Además, si el gesto de Trump consolida un modelo de ‘defensa a la carta’, países como España Italia, Grecia o Portugal —que apenas superan el 1,3% del PIB en gasto militar— podrían enfrentar mayores presiones para aumentar su contribución o verse excluidos de decisiones clave.
El Mediterráneo pierde peso. De nuevo.
A medio plazo, este movimiento puede acelerar la construcción de una defensa europea autónoma, un viejo anhelo de París que Berlín hasta ahora bloqueaba por lealtad a Washington. Con Alemania sintiéndose castigada y Polonia alineada con la agenda de seguridad de Trump, el eje franco-alemán se debilita y la UE corre el riesgo de fragmentarse en materia de defensa. La lectura estratégica para la próxima década es clara: el paraguas nuclear estadounidense sobre Europa se vuelve condicional, y los europeos deben elegir entre pagar el precio o construir su propio escudo. La cumbre de la OTAN prevista para julio en Bruselas será el termómetro. La pregunta ya no es si la Alianza sobrevivirá, sino bajo qué reglas y con qué grado de cohesión interna.
¿A quién afecta? A los usuarios de las líneas C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10 de Cercanías Madrid, así como a los vecinos de los municipios y barrios por donde discurren estos trazados.
¿Cuándo ocurre? El contrato para la instalación está en fase de licitación. Las obras se ejecutarán a lo largo de los próximos 24 meses una vez resuelto el proceso, según los pliegos de Adif.
¿Qué cambia hoy? Se proyectan más de 20 kilómetros de nuevos cerramientos. La medida busca atajar el principal factor externo de incidencias: las más de 200 intrusiones anuales en la red madrileña.
Adif invertirá más de 5,6 millones de euros en instalar nuevos cerramientos en la red de Cercanías de Madrid para combatir las intrusiones. Es una cifra con vocación de tapón: los técnicos del gestor ferroviario llevan años señalando los accesos indebidos a las vías como el principal factor externo de retrasos, por delante de las inclemencias meteorológicas o los fallos técnicos. Esta partida busca poner coto a un goteo diario que, según los datos de Renfe, solo en el núcleo madrileño supera las doscientas incidencias al año.
El encargo se estructura en dos lotes. Un primer bloque, valorado en 2,4 millones, se centrará en las líneas que parten del túnel de Recoletos —las C-2, C-7, C-8 y C-10—, donde la densidad de población y los puntos de acceso informal han convertido algunos segmentos en puntos negros recurrentes. El segundo lote, que absorberá los 3,2 millones restantes, actuará sobre los trazados del túnel de Sol: un paquete que agrupa a las líneas C-3, C-4 y C-5, arterias masivas que conectan el sur y el suroeste metropolitano con la almendra central.
La factura de las intrusiones en la red madrileña
Basta una mañana laborable en la C-5. Un peatón que cruza indebidamente entre Móstoles y Alcorcón puede paralizar el servicio durante 45 minutos y provocar un efecto dominó que afecta a toda la línea, con el consiguiente perjuicio para decenas de miles de viajeros. No es una hipótesis: los partes de incidencia de Renfe recogen episodios similares con una periodicidad casi semanal.
Los vallados actuales, en muchos casos, se remontan a la construcción de las líneas en los años 90. El crecimiento de los municipios de la corona metropolitana ha ido royendo los perímetros de seguridad: lo que antes era un descampado, hoy es una urbanización a escasos metros de las vías, sin una barrera física suficiente. En algunos tramos, la chapa metálica ha cedido a la combinación de óxido, vandalismo y falta de mantenimiento.
Este problema tiene un coste medible. Cada minuto de parada en hora punta afecta a la puntualidad de entre 15 y 20 trenes en líneas tan congestionadas como la C-5. El sobrecoste anual en indemnizaciones por retrasos, horas extra de personal de intervención y desgaste del material rodante oscila, según fuentes del sector, en torno a los 800.000 euros. Sin contar, claro, el intangible de la indignación del viajero en el andén.
Dónde se levantarán los nuevos vallados y cuándo
Los pliegos de Adif detallan al menos 15 puntos de actuación principales repartidos por el sur y el este de la comunidad. Entre los más relevantes figuran el entorno de la estación de Villaverde Bajo, varios pasos a nivel no protegidos en el tramo entre Parla y Getafe, y un segmento especialmente conflictivo cerca de la estación de Santa Eugenia, en la C-2, donde las intrusiones se repiten desde hace más de una década.
Los trabajos, según las condiciones de los contratos publicados en la plataforma de contratación del sector público, tendrán un plazo de ejecución máximo de 24 meses desde la firma del acta de replanteo. Como la licitación aún está en curso, lo previsible es que las primeras vallas comiencen a instalarse a lo largo del segundo semestre de 2027. Si la historia reciente de Adif en la Comunidad de Madrid sirve de precedente —y suele servir—, la estimación más realista sitúa la conclusión total de los trabajos hacia mediados de 2028, sin descartar prórrogas.
La inversión busca atajar un problema crónico, pero el éxito dependerá de que los plazos de ejecución no se dilaten como en otras actuaciones de Adif en la comunidad.
Durante la fase de obra, Adif prevé afecciones puntuales al servicio en los tramos donde los trabajos requieran el corte de una vía o la reducción de velocidad. La compañía asegura que se programarán en fines de semana o en horario nocturno para minimizar el impacto sobre los viajeros. Aun así, los antecedentes invitan a cierta desconfianza: los usuarios de la C-5 aún recuerdan los cortes parciales de 2022 por trabajos similares que se prolongaron tres meses más de lo anunciado inicialmente.
Madrid y el eterno reto de blindar las vías del tren
Lejos de ser una excepcionalidad madrileña, el problema de las intrusiones ferroviarias es compartido con otras grandes áreas metropolitanas. Barcelona, por ejemplo, ejecutó entre 2020 y 2023 un plan de cerramiento con una inversión similar en su red de Rodalies. La diferencia principal radica en la densidad de tráfico: la red de Cercanías Madrid transporta a diario unos 900.000 viajeros, casi un 40% más que la red catalana. Cada intrusión en Madrid tiene más impacto sistémico.
En la Comunidad de Madrid, Adif ha abordado el problema a golpe de contratos parciales durante los últimos diez años. Se colocaron mallas cinegéticas en varios puntos de la C-8 en 2018 para evitar la entrada de fauna; se reforzaron los vallados de la C-4 entre Tres Cantos y Colmenar en 2021; y se actuó en la C-3 cerca de El Casar en 2023. El plan actual es el más ambicioso en términos presupuestarios desde 2015.
Sin embargo, persisten las dudas sobre la eficacia de los nuevos cerramientos si no se acompañan de mantenimiento periódico y de campañas de concienciación municipal. Una valla no frena a quien está decidido a saltarla. Y en barrios donde el trazado ferroviario parte en dos la trama urbana —como en Fuenlabrada Central o en algunos puntos de Aluche—, la tentación de atajar por las vías para ganar cinco minutos sigue siendo un adversario formidable para cualquier inversión en seguridad.
El contrato de Adif, en cualquier caso, pone sobre el papel un problema que la propia alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, calificó en 2025 como «una prioridad de primer orden» tras un incidente con un menor en la C-5. De momento, los 5,6 millones de euros son la respuesta más contundente que ha llegado a los despachos de la estación de Chamartín, donde los responsables del núcleo de Cercanías confían en que esta vez los plazos se cumplan. O, al menos, se acerquen.
El agitador ultra Vito Quiles atraviesa su momento de mayor popularidad justo cuando el Congreso de los Diputados se encuentra más cerca que nunca de retirarle la acreditación parlamentaria. Mientras la Cámara Baja tramita hasta ocho expedientes contra él por su comportamiento, distintos sectores de Sumar empiezan a deslizar una sospecha incómoda para sus socios de Gobierno: consideran que el PSOE está alimentando deliberadamente la figura del colaborador de EDA TV porque cree que puede ser útil electoralmente en el futuro. «Lo quieren de candidato en 2027», resumen fuentes de la coalición progresista consultadas por este periódico.
En esos sectores existe la percepción de que la estrategia socialista pasa por convertir a Quiles en un símbolo de la extrema derecha digital española para reforzar la polarización política, desgastar electoralmente a PP y Vox, y movilizar al electorado progresista en próximos ciclos electorales.
La teoría no es marginal dentro de determinados espacios de Sumar. Señalan varios factores que, a su juicio, contribuyen a hacer crecer políticamente al agitador ultra. El primero, la enorme exposición mediática que recibe a diario, incluyendo la reproducción constante de sus vídeos y enfrentamientos en tertulias y programas vinculados a RTVE. El segundo, la respuesta pública de ministros y dirigentes socialistas, que han elevado todavía más su perfil.
Vito Quiles se sitúa en el centro del debate
En los últimos meses, Quiles ha conseguido situarse en el centro del debate político nacional gracias a sus choques con miembros del Gobierno y figuras del PSOE. El ministro Óscar Puente llegó a llamarlo «saco de mierda» en redes sociales, mientras que Alberto Núñez Feijóo se refiere a él públicamente como si fuera un periodista convencional. El presidente aragonés Jorge Azcón, además, lo invitó incluso a cerrar un acto de final de campaña.
La espiral de confrontación ha disparado la notoriedad de Vito Quiles entre sectores jóvenes de la derecha radicalizada en redes sociales. Y precisamente ahí es donde algunas voces de Sumar creen que el PSOE observa una oportunidad política. Según explican estas fuentes, en el espacio de Yolanda Díaz existe la convicción de que Ferraz considera rentable que Quiles siga creciendo como figura antisistema de derechas, especialmente si acaba dando el salto electoral bajo las siglas de Se Acabó La Fiesta, la plataforma vinculada a Alvise Pérez.
La hipótesis que manejan es que el PSOE quiere que el Congreso termine expulsándolo al final de la legislatura para alimentar un relato victimista. «Si lo expulsan después de años de enfrentamientos, él podrá presentarse como perseguido por el sistema», explican desde posiciones próximas a Sumar.
Vito Quiles. Foto: EP.
A su juicio, eso podría convertirlo en un candidato especialmente competitivo entre votantes jóvenes ultras o desencantados con Vox y el PP tradicional. No sería un movimiento improvisado. Quiles ya fue jefe de campaña de Alvise Pérez y formó parte de la candidatura de las elecciones europeas.
Su entorno nunca ha escondido la intención de dar el salto institucional aprovechando la enorme visibilidad lograda en redes sociales y espacios digitales de ultraderecha. Y esa popularidad ya empieza a preocupar en algunos sectores conservadores madrileños.
Distintos analistas y dirigentes consideran que una eventual candidatura de Quiles en la Comunidad de Madrid podría fragmentar parte del voto joven de derechas y competir directamente con Vox e incluso con el PP en determinados nichos digitales y urbanos. Una situación que, según creen en Sumar, beneficiaría indirectamente al PSOE.
Mientras tanto, el agitador ultra continúa acumulando expedientes disciplinarios en el Congreso. Según fuentes parlamentarias, la Mesa de la Cámara se encuentra ya en disposición de resolver el primero de ellos tras recibir el informe del instructor del caso, un letrado del Congreso.
El colaborador de EDA TV, que es un medio beneficiado por varias administraciones controladas por el PP, acumula actualmente ocho expedientes abiertos por distintos incidentes registrados en los últimos meses. Entre ellos figuran grabaciones no autorizadas en zonas donde no podía filmar, interrupciones reiteradas de ruedas de prensa o la grabación de un vídeo contra Pedro Sánchez desde el despacho de una diputada del PP, Alma Alfonso.
Las sanciones podrían ser especialmente graves porque los expedientes terminarán acumulándose. Según fuentes parlamentarias, algunos de ellos podrían derivar incluso en la retirada permanente de la acreditación parlamentaria. Uno de los episodios más polémicos fue la persecución dentro del Congreso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras un acto institucional.
También ha protagonizado choques con dirigentes como Patxi López o Ione Belarra, cuyas denuncias forman parte de los procedimientos abiertos. La tensión escaló todavía más esta semana después de conocerse queBegoña Gómezha denunciado a Vito Quiles por una presunta agresión en un restaurante madrileño.
Según fuentes de La Moncloa, el agitador abordó a la esposa del presidente del Gobierno dentro del local. Lejos de perjudicarle políticamente, en algunos sectores de la izquierda creen que toda esta cadena de enfrentamientos fortalece todavía más su figura entre el público ultra. «Cada bronca le da más alcance», lamentan dirigentes próximos a Sumar, que observan con inquietud cómo Quiles ha pasado de ser un agitador marginal a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del ecosistema mediático de extrema derecha. Fuentes del PSOE, sin embargo, dicen que Quiles «ya era muy famoso antes de aparecer en las tertulias de RTVE».
La paradoja es que mientras el Congreso estudia expulsarlo, su influencia no deja de crecer. En redes sociales, sus vídeos acumulan millones de visualizaciones y sus intervenciones se viralizan constantemente entre comunidades ultras que lo presentan como víctima de una supuesta persecución política y mediática. El caso de Quiles también evidencia el nuevo escenario comunicativo de la política española.
La figura clásica del periodista parlamentario convive ahora con perfiles híbridos que mezclan activismo político, provocación digital y comunicación militante. La presencia de Vito Quiles en el Congreso ha abierto además un debate jurídico y político sobre los límites entre libertad de información y acoso institucional.
Desde la presidencia del Congreso insisten en que el procedimiento se está desarrollando de manera «hipergarantista» y recuerdan que el nuevo reglamento aprobado en 2025 contempla sanciones para comportamientos considerados graves o muy graves. Pero el debate ya va mucho más allá de la acreditación parlamentaria.
En el Gobierno y sus alrededores empieza a instalarse una pregunta mucho más incómoda: si la estrategia de confrontación permanente con Quiles está debilitándolo o, por el contrario, está ayudando a construir una nueva figura política de la extrema derecha española. En Sumar algunos tienen clara la respuesta. Y creen que, consciente o no, el PSOE lleva meses cebando a un futuro candidato ultra.
La industria de defensa en España ha dado un paso de gigante hacia la autonomía estratégica y la excelencia tecnológica. En un movimiento que redefine las capacidades de exploración de nuestras Fuerzas Armadas, URO Vehículos Especiales, S.A. (UROVESA) y Navantia han formalizado un acuerdo histórico para la integración de 100 unidades del avanzado Sistema de Exploración y Reconocimiento Terrestre (SERT).
Este contrato, enmarcado en la Fase II del ambicioso programa VERT (Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre), no solo representa un salto cualitativo en la vigilancia táctica, sino que consolida una alianza industrial sin precedentes entre Galicia y Andalucía.
La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) ha confiado en UROVESA como contratista principal para liderar un proyecto que se extenderá entre los años 2026 y 2030. Tras el éxito cosechado en la primera fase del programa iniciada en 2014, donde se entregaron 16 vehículos con resultados operativos sobresalientes, esta nueva etapa busca dotar a los Grupos de Caballería del Ejército de Tierra de una herramienta capaz de dominar el campo de batalla moderno mediante la digitalización y la precisión optrónica.
Firma entre las dos empresas españolas (Fuente: Navantia)
Innovación sobre ruedas para un escenario global complejo
El corazón de esta plataforma es el vehículo VAMTAC ST5, un todoterreno 4×4 de alta movilidad fabricado por UROVESA que se ha ganado el respeto internacional por su fiabilidad en los terrenos más hostiles. Sobre esta base motriz se integra el cerebro tecnológico desarrollado por Navantia: el sistema SERT.
Este conjunto se basa en un pedestal optrónico situado sobre un mástil desplegable, lo que permite al vehículo cumplir con su premisa fundamental de «ver sin ser visto». La capacidad de vigilancia constante que otorga este sistema es vital para detectar e identificar objetivos en cualquier condición, ya sea bajo la oscuridad total de la noche o en entornos climatológicos adversos que cegarían a unidades convencionales.
La arquitectura del VERT es totalmente modular y escalable, lo que facilita la incorporación de sensores de nueva generación y sistemas de comunicaciones seguras. Esta flexibilidad es una de las mayores fortalezas del proyecto, ya que permite que el vehículo no solo sea una unidad de observación, sino un nodo crítico de inteligencia compartida.
La información captada por sus sensores se transmite en tiempo real a los centros de mando, acelerando la toma de decisiones estratégicas y garantizando una ventaja táctica decisiva en contacto próximo con fuerzas enemigas.
Soberanía tecnológica y el motor de la industria nacional
Uno de los pilares más relevantes de este contrato es el impulso a la soberanía tecnológica de España. Al apostar por empresas nacionales de referencia, el Ministerio de Defensa asegura que el conocimiento y el mantenimiento de estos sistemas críticos permanezcan dentro de nuestras fronteras. Esta colaboración entre la veteranía de UROVESA en plataformas terrestres y la maestría de Navantia en sistemas complejos de sensorización crea un ecosistema industrial robusto.
El impacto económico es directo, generando empleo especializado y retornos industriales significativos en regiones clave, fortaleciendo el tejido empresarial vinculado a la seguridad nacional.
Sin embargo, el camino hacia la excelencia operativa también presenta desafíos que el Ministerio y las empresas deben gestionar. El costo elevado de estas plataformas es una realidad inherente a la alta tecnología de defensa, requiriendo una inversión pública sostenida y justificada por la seguridad a largo plazo.
Asimismo, la sofisticación de los componentes electroópticos del SERT implica una dependencia de mantenimiento especializado, lo que obliga a formar a cuadros técnicos altamente cualificados. Por último, al encontrarse en una Fase II de evolución, el sistema debe superar un periodo de maduración donde los ajustes operativos en escenarios reales serán fundamentales para pulir su rendimiento final.
Mortero Eimos sobre Vamtac ST5 de la Bripac (Fuente: Ejército de Tierra)
Hacia un estándar internacional en el mercado de defensa
El horizonte del programa VERT no se limita a las fronteras españolas. La combinación de la protección y movilidad del VAMTAC ST5 con la agudeza sensorial del SERT posiciona a este sistema como un producto de exportación con un potencial inmenso. Países que buscan modernizar sus capacidades de reconocimiento encuentran en esta solución española una plataforma adaptable, interoperable y, sobre todo, probada en condiciones exigentes.
El diseño modular permite que cada cliente internacional pueda ajustar la configuración de sensores según sus necesidades específicas, lo que convierte al vehículo en una opción altamente competitiva frente a otros gigantes del sector.
En definitiva, la firma de este contrato para la entrega de 100 nuevos vehículos marca un hito en la historia reciente de la defensa en España. La interoperabilidad con otras unidades modernas del Ejército y la apuesta por la digitalización de la plataforma aseguran que el VERT no solo responda a los retos actuales, sino que esté preparado para las amenazas inciertas del futuro.
Con esta alianza, UROVESA y Navantia demuestran que la industria española posee la capacidad técnica y la visión estratégica para liderar el desarrollo de sistemas terrestres avanzados en el siglo XXI.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha advertido que en la causa PA 51/2025, conocida como caso David Sánchez, durante los días 28 y 29 de mayo «no va a tener lugar la declaración de los acusados, puesto que, se ha acordado que las mismas se practiquen después de la prueba admitida, durante los días mencionados se mantiene el señalamiento del juicio oral y, tendrá lugar la vista de las cuestiones previas que se planteen». Este retraso involuntario podría hacer coincidir la testifical de David Sánchez con la sentencia del Caso Koldo que quedó visto para sentencia el pasado miércoles en el Tribunal Supremo tras un mes de juicio.
De esta manera el partido del gobierno podría sufrir dos varapalos importantes en la misma semana, la primera de junio, con la sentencia contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama y ver al hermano del presidente del Gobierno sentado en el banquillo de los acusados.
La declaración de David Sánchez
La declaración del hermano del presidente del Gobierno, prevista para el primer día del juicio, no tendrá lugar hasta, como pronto el 1 de junio, lunes. No obstante, el jueves 28 de mayo arrancará el juicio contra David Sánchez y otros 10 funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las sesiones tendrán lugar el 28 y 29 de mayo y luego se reanudarán el 1, 2, 3 y 4 de junio a las 10 de la mañana. El primer acusado en responder a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y de los abogados de todas las partes será el propio David Sánchez.
Pero antes, el Tribunal constituido en la Audiencia Provincial de Badajoz deberá decidir sobre unas nuevas testificales pedidas y las cuestiones previas planteadas por todas las partes.
En este caso será un tribunal profesional y no un jurado popular el encargado de dictar sentencia, por lo que no se perderá el primer día en la constitución de un jurado popular. La «culpa» la tiene el delito de prevaricación administrativa, expresamente excluido de los procedimientos de jurado popular.
Los dos primeros días de las sesiones en la Audiencia Provincial de Badajoz estaban previstas al interrogatorio de todos los imputados que ahora deberán esperar al día 1 de junio. En cualquier caso, el primero en la lista será David Sánchez, pero tras él será el ex presidente de la Diputación y ex diputado autonómico socialista Miguel Ángel Gallardo, el encargado de dar respuestas a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y los abogados de todas las partes.
7 acusaciones, 8 abogados y 11 imputados
Las 7 acusaciones populares estarán representadas por otros tantos abogados. Además de que cada imputado tiene el suyo, excepto cinco funcionarios que comparten a dos abogados. Es decir, un total de 8 abogados para los 11 imputados. Por todo ello, está previsto que las sesiones para los interrogatorios se alarguen más de lo previsto.
También existe la posibilidad de que los acusados se nieguen a responder a algunas o todas de las partes personadas en este macroproceso, pues están en su derecho. Este hecho podría acortar notablemente las sesiones de juicio.
Miguel Ángel Gallardo, ex jefe de David Sánchez, y Pedro Sánchez durante la clausura del último Congreso del PSOE en Extremadura. EP
Tras Sánchez y Gallardo serán interrogados Francisco Martos, actual alcalde de Castuera y Diputado Delegado del Cultura y Deportes, Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deportes y Juventud; Emilia Parejo, coordinadora en la Delegación de Igualdad, Félix González, Jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección; Cristina Núñez, concejala en Talavera La Real y ex Delegada en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social; Juana Cintas Calderón, concejala en el Ayuntamiento de Olivenza y Jefa de Recursos Humanos en la Diputación; Elisa Moriano, ex directora del área de Cultura; Luis María Carrero, jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y amigo personal de DavidSánchez y Ricardo Cabezas, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz.
Si todo funciona tal y como está programado, algo difícil durante la celebración del acto de juicio oral, a partir del miércoles 3 de junio comenzarán a desfilar hasta 34 testigos por la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz. Entre ellos, los directores de los conservatorios de música de Badajoz que, supuestamente, tenían de jefe a David Sánchez, Álvaro Jaén, ex diputado de Podemos que fue el primero en denunciar la contratación del hermano de Sánchez y hasta tres peritos que han emitido informes sobre la legalidad o no de la contratación de David Sánchez.
Todos los testigos están obligados a decir la verdad y a responder a todas las preguntas planteadas. La última sesión del juicio se guarda para que declaren los 9 guardias civiles que intervinieron en las diligencias realizadas durante la investigación, como el cálculo del patrimonio de David Sánchez o la averiguación de que se había interesado por el alquiler de un piso en Badajoz antes de conocer que había ganado el concurso público para su plaza.
David Sánchez contratado por la Diputación
Hay que recordar que David Sánchez fue contratado en julio de 2017 por la Diputación Provincial de Badajoz como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música con un contrato firmado por el entonces diputado provincial Antonio Garrote, responsable del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz. El nombramiento fue autorizado con la firma del entonces presidente de la dicha diputación y número 1 del PSOE en la provincia, Miguel Ángel Gallardo.
En el año 2022, el puesto fue modificado y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sin pasar el trámite administrativo necesario. La investigación de la juez Beatriz Biedma sostiene que esta plaza fue creada sólo para él, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a empleos públicos.
La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias. La instrucción del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, terminó atribuyendo delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El caso adquirió mayor notoriedad mediática después de que la UCO de la Guardia Civil registrase en varias ocasiones la sede de la Diputación pacense.
Los ciberdelincuentes han encontrado la forma de burlar las defensas de macOS utilizando dos pilares del ecosistema digital: Google Ads y los chats compartidos de Claude.ai. Según ha descubierto BleepingComputer, una campaña activa de malvertising está suplantando la búsqueda legítima de «Claude mac download» para inyectar malware en equipos de Apple. Tradecraft de pícaro moderno: se aprovecha la confianza en una plataforma de inteligencia artificial para empujar a la víctima hacia una trampa que cualquier filtro de seguridad pasaría por alto.
Ingeniería social a la carta: así opera la campaña de malvertising
El anzuelo es sencillo pero devastador: un usuario escribe en Google «Claude mac download» y ve, entre los resultados patrocinados, un anuncio cuyo enlace visible apunta a claude.ai. Todo parece legítimo. Sin embargo, al hacer clic, el viajero digital no aterriza en el portal de Anthropic, sino en una réplica casi perfecta —solo un ojo experto detectaría que la URL del sitio falsificado utiliza caracteres unicode casi idénticos al dominio oficial— que le ofrece descargar la aplicación de escritorio de Claude.
La descarga es un archivo DMG que esconde el malware. Pero aquí viene el detalle que me ha dejado helado: la cadena de confianza se refuerza porque, antes de redirigir a la página pirata, el anuncio presenta un enlace a un chat compartido real de la plataforma Claude.ai, uno de esos que Anthropic permite generar para que terceros lean una conversación con el asistente. Ese chat contiene, según los investigadores, instrucciones aparentemente inocentes sobre cómo instalar la aplicación. De nuevo, la apariencia de normalidad. Ya advertí en El quinto elemento que «el próximo 11S empezará con un clic»; aquel clic bien podría venir de un anuncio que alguien confundió con la página de su herramienta favorita.
La ingeniería social llevada a sus últimas consecuencias. El delincuente ya no necesita forzar una vulnerabilidad técnica: basta con explotar la psicología de quien, al ver un chat compartido de Claude, baja la guardia por completo.
El malware que espera en el otro extremo: un ladrón de datos para macOS
Aunque BleepingComputer no detalla el nombre de la familia exacta en su primera alerta, quienes seguimos de cerca las amenazas para macOS reconocemos el patrón. En 2023, una campaña idéntica utilizó anuncios falsos del navegador Arc para distribuir Atomic Stealer (también conocido como AMOS), un ladrón de información que se apodera de contraseñas, cookies del llavero, datos de tarjetas y billeteras de criptomonedas. Me juego el cuello a que estamos ante una variante de ese mismo código.
El modus operandi es calcado: una vez ejecutado el DMG, el usuario ve un instalador que le pide permisos de administrador —algo nada extraño en macOS— y, acto seguido, el malware se comunica con un servidor de mando y control (C2) para exfiltrar la información. La carga final puede camuflarse entre procesos legítimos del sistema, lo que dificulta su detección incluso con soluciones de seguridad convencionales. Se trata de una amenaza persistente avanzada (APT) de tipo commodity: la vende o alquila un grupo criminal, y cualquiera con un presupuesto mínimo puede lanzarla.
La sofisticación no está en el código, sino en la cadena de confianza que el atacante ha logrado trenzar con Google Ads, los chats de Claude y una suplantación de dominio casi imposible de advertir a simple vista.
Apple ha endurecido mucho el sistema de permisos en las últimas versiones de macOS, pero el punto débil sigue siendo el factor humano. Que un usuario conceda el permiso de administrador al instalador falso es la llave que abre todas las puertas. Y déjeme decirle, lector, que hasta el más precavido puede caer si el anzuelo viene envuelto en una marca de inteligencia artificial que suena a revolución tecnológica.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Verá usted que esta historia huele a cibercrimen común, no a operación de Estado. Pero el salto cualitativo que veo aquí es precisamente la apropiación de infraestructuras de confianza masiva —Google Ads y una IA respetada— para corromper el último eslabón: la decisión del usuario. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá del robo de bitcoins a un particular.
En el Dossier de hoy, el vector de amenaza es claramente una campaña de malvertising con carga de ingeniería social avanzada. El atacante no es un servicio de inteligencia estatal, sino probablemente un grupo cibercriminal de origen ruso o chino, como los que han comercializado Atomic Stealer en foros de la dark web. La defensa corre a cargo, por ahora, de Google —que debe depurar sus sistemas de anuncios— y de Anthropic —que debe monitorizar los chats públicos—, pero también de Apple, cuyo ecosistema cerrado no bastó para detener la infección. El CNI, a través del CCN-CERT, y las unidades de ciberseguridad de la Policía Nacional son los terceros interesados: aunque el objetivo inmediato sea la cartera digital de algún desprevenido, la técnica es exportable a campañas de espionaje dirigido. Usted, lector, imagine que en vez de un DMG que roba contraseñas, el archivo instalase un backdoor silencioso en el equipo de un director general de una empresa del IBEX 35. El daño ya no sería económico; sería estratégico.
El precedente más claro lo tenemos en aquella campaña de 2023 a la que aludía antes: los anuncios falsos de Arc lograron infectar cientos de Mac en Europa. Las empresas de ciberseguridad como Malwarebytes y SentinelOne documentaron que el atacante utilizaba la misma cadena: un dominio doppelgänger, un chat de Slack o Discord falso y un DMG fraudulento. Esta vez, el escenario se revalora con Claude.ai; mañana puede ser cualquier otra herramienta de moda.
En cuanto al nivel de clasificación, esto es conocimiento no clasificado pero sensible: la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) basta para seguirle la pista, pero los detalles de comando y control y la infraestructura de los actores sí son material que las agencias manejan como confidencial. Si el CCN-CERT no ha lanzado ya un aviso de seguridad, debería hacerlo en las próximas horas. Lo advertí hace años en Desnudando a Google: «Alguien tenía que decir que el rey Google va desnudo». Su motor de anuncios es ahora un puente para que la amenaza entre en los Mac sin disparar una sola alarma. No me extrañaría que desde Langley y Vauxhall Cross ya estén redactando informes sobre cómo esta técnica, aparentemente banal, puede ser replicada por el GRU o el APT31 chino en sus campañas de filtración.
Mientras escribo esto, la campaña sigue activa. La próxima vez que busque una aplicación, mire dos veces la URL. Y rece para que Google y Apple hagan lo mismo.
¿Qué ha pasado? El IRGC ha advertido de que sus misiles y drones están listos para atacar buques de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico si se producen nuevas acciones contra buques iraníes, mientras un proyectil sin identificar impactó en un carguero cerca de Doha.
¿Quién está detrás? El comandante Majid Musavi, portavoz del Cuerpo de Guardianes, emitió el ultimátum en nombre de la fuerza de élite iraní.
¿Qué impacto tiene? La amenaza eleva la tensión en el estrecho de Ormuz, vía por la que transita un cuarto del tráfico mundial de petróleo, y abre la puerta a un enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) ha lanzado este sábado una amenaza sin precedentes: atacar de forma deliberada a los buques de guerra de Estados Unidos si ‘continúa la agresión’ contra los petroleros iraníes. La advertencia, difundida por el comandante Majid Musavi, se produjo apenas horas después de que un proyectil de origen todavía no aclarado impactase contra un buque de carga al noroeste de Doha, la capital de Qatar, un incidente que eleva la posibilidad de un conflicto regional de consecuencias imprevisibles.
Un proyectil sin identificar y una advertencia oficial
El impacto se registró en aguas internacionales próximas a la costa catarí, sin que por el momento ningún grupo haya reivindicado la autoría ni se haya confirmado la naturaleza del proyectil. Fuentes de la industria naval consultadas por Moncloa.com apuntan a que el carguero no transportaba crudo y no ha sufrido daños estructurales graves. No obstante, el simbolismo del suceso en un espacio marítimo ya de por sí convulso ha bastado para que Teherán aproveche la oportunidad para endurecer su discurso.
Según ha informado el canal Negocios TV, el comandante Musavi declaró que ‘nuestros misiles y drones están preparados para asestar golpes demoledores’ a cualquier navío de la Armada estadounidense que intervenga contra buques que naveguen bajo bandera iraní. La retórica del IRGC, poco habitual en un portavoz de a pie, refuerza la hipótesis de que la cúpula militar iraní está dispuesta a pasar de las palabras a los hechos si Washington no modera su presencia en el golfo Pérsico.
El estrecho de Ormuz, de nuevo en el punto de mira
El accidentado incidente naval vuelve a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la geopolítica mundial. Por este canal de apenas 33 kilómetros de ancho transita un cuarto de todo el crudo comercializado a nivel global, lo que supone aproximadamente 17 millones de barriles diarios. Cualquier cierre, aunque fuera parcial, dispararía los precios de la energía y pondría en jaque las cadenas de suministro de Europa y Asia.
La Quinta Flota estadounidense, con base en Baréin, mantiene en la zona un grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS Carl Vinson, escoltado por destructores AEGIS capaces de interceptar misiles balísticos. Fuentes del Pentágono consultadas por esta redacción indican que el nivel de alerta ha subido, pero que no se ha producido ningún movimiento táctico excepcional. De momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial más allá de reiterar su ‘compromiso inquebrantable con la libertad de navegación’.
La escalada verbal del IRGC, unida al impacto sobre un carguero en aguas qataríes, convierte al golfo Pérsico en el escenario más delicado desde la crisis de 2019.
Equilibrio de Poder
La Administración Trump se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el presidente ha prometido a Israel no ceder en el programa nuclear iraní y ha reforzado las sanciones, pero una confrontación naval abierta añadiría un nuevo frente militar cuando el apoyo del Congreso a aventuras exteriores es mínimo. Por otro, la respuesta europea es previsible: la Comisión Europea pedirá contención y evitar una subida del crudo, pero su influencia real sobre Teherán o sobre el Pentágono es limitada. Bruselas depende del gas licuado catarí y del petróleo saudí, así que cualquier perturbación en Ormuz golpearía directamente su economía.
Para España, el riesgo es directo. Cerca del 10% del crudo que importamos llega a través del golfo Pérsico, y la base naval de Rota es pieza clave en la logística de la Quinta Flota. Si la tensión escala, Moncloa tendrá que decidir entre mantener el perfil bajo —como ha hecho hasta ahora— o asumir un papel activo dentro de la OTAN. El Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, sigue la situación a través del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y mantiene consultas con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
La lectura a medio plazo apunta a un pulso asimétrico: Irán no puede igualar el poderío naval estadounidense, pero dispone de cientos de misiles tierra-mar y lanchas rápidas capaces de saturar las defensas de un portaaviones. El precedente de 2019, cuando los ataques a petroleros y el derribo de un dron estadounidense llevaron al borde de la guerra, muestra que una miscalificación bastaría para encender la región. La próxima reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el enriquecimiento de uranio iraní, prevista para la semana que viene, añade otra capa de volatilidad.
Por último, la noticia llega en un momento en que la OTAN discute su nuevo concepto estratégico en el flanco sur. La cumbre de Madrid de la Alianza, en junio de 2026, podría verse forzada a dedicar un apartado urgente a la protección de las rutas marítimas energéticas. España, con la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el próximo semestre, tendrá la oportunidad de colocar la crisis del golfo en la agenda comunitaria.
