El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, notificará personalmente este viernes al ex ministro de Economía Rodrigo Rato el auto que ordena sentarle en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Este trámite procesal se realizará de forma personal «dada la naturaleza de la pena solicitada» por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama 70 años de cárcel para Rato. Servirá para darle cuenta también de su obligación de prestar fianza por un total de 65.132.961 euros.
Con este dinero, el magistrado trata de «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerse a Rato en sentencia, y por ello se le hará el apercibimiento de que si no aporta esta cantidad en el plazo de un día «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».
15 PROCESADOS
Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.
Según el resultado de la instrucción, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
MÁS DE 8 MILLONES DEFRAUDADOS
A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121 euros en esos ejercicios fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el exministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.
Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.
Tras conocer la decisión del instructor, Rato señaló en manifestaciones que responderá en julio –mediante el escrito de defensa que ya preparan sus abogados– a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por las que se le vuelve a sentar en el banquillo.
