El Gobierno Vasco ha reclamado este miércoles que cualquier derivación de menores no acompañados desde Ceuta a Euskadi se acuerde previamente con las instituciones vascas y cuente con financiación suficiente, expedientes completos y todas las garantías jurídicas y asistenciales. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha advertido en Vitoria de que el sistema vasco de protección “ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria”.
En declaraciones a los medios, Melgosa ha subrayado que “no parece razonable que la primera respuesta sea trasladar a menores a más de mil kilómetros de distancia, a lugares donde no tienen ningún arraigo”. La titular vasca ha recordado que se trata de “niños, niñas y adolescentes” y ha defendido que, antes de cualquier movimiento, se acredite que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias y valorar una posible reunificación.
“La primera obligación del Estado no es repartir menores”, ha insistido, “sino ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y, por lo tanto, agotar las vías para que vuelvan con sus familias”. La consejera ha puesto el acento en que Euskadi lleva años demostrando su compromiso con una migración “ordenada, regular y humana”.
Una petición de cooperación institucional y lealtad competencial
La posición del Ejecutivo de Imanol Pradales se articula en torno a la cooperación interinstitucional. Melgosa ha remarcado que “cualquier derivación debe acordarse con el Gobierno vasco y con las Diputaciones Forales, que son quienes asumen la tutela”. A su juicio, el sistema exige “lealtad, planificación y respeto competencial” y no caben “decisiones unilaterales ni hechos consumados”.
La consejera ha vinculado estas garantías a la necesidad de que los expedientes lleguen completos y con una memoria económica que cubra el coste real de la acogida. Sin esa planificación, Euskadi no está en condiciones de absorber nuevos casos, dado el nivel de saturación que arrastra el sistema foral de protección.
Euskadi exige que no haya “decisiones unilaterales ni hechos consumados” y que toda derivación se pacte con el Ejecutivo vasco y las Diputaciones Forales, responsables de la tutela.
La sobrecarga del sistema vasco de protección de menores
Detrás de la advertencia de Melgosa hay una realidad concreta: el sistema vasco de protección de menores opera desde hace meses por encima de su capacidade ordinaria. Fuentes del Departamento de Bienestar consultadas por esta redacción confirman que los recursos residenciales y los equipos de intervención están tensionados, lo que dificulta asumir nuevas derivaciones sin una planificación previa y una financiación adecuada.
Euskadi cuenta con un sistema de protección descentralizado en el que las diputaciones forales asumen la tutela de los menores y gestionan los centros de acogida. Cualquier incremento de plazas debe negociarse con ellas y con el Gobierno Vasco, dentro del marco del concierto económico que otorga a la comunidad autónoma capacidad para financiar sus propias políticas sociales.
Melgosa ha insistido en que el Ejecutivo vasco no elude su responsabilidad, pero ha advertido de que “esa misma responsabilidad es la que nos ha llevado a defender la necesidad de dotarnos de nuevas capacidades políticas para gestionar una realidad migratoria cada vez más compleja”. En ese sentido, ha recordado que Euskadi seguirá actuando “con responsabilidad” porque, en sus palabras, “proteger a la infancia forma parte de nuestros valores”.
La posición vasca se alinea con la de otras comunidades autónomas que, gobernadas por distintos partidos, reclaman financiación y orden. El debate sobre el reparto de menores no acompañados se ha intensificado desde la última crisis migratoria en Ceuta, y la respuesta estatal está pendiente de una conferencia sectorial que fije criterios comunes.
