El PSOE quiere eliminar el requisito de cinco años de residencia que PP y Vox impusieron para las ayudas sociales extraordinarias en Mallorca. La moción se vota este jueves en el pleno del Consell de Mallorca y abre un nuevo capítulo en el pulso sobre inmigración y gasto social.
La medida de PP y Vox: por qué se fijaron cinco años de residencia
El gobierno insular de coalición entre el Partido Popular y Vox aprobó en abril una partida extraordinaria de nueve millones de euros para paliar los efectos del conflicto bélico con Irán. La decisión incluyó un requisito clave: sólo pueden acceder a esos fondos quienes acrediten cinco años de residencia continuada en la isla.
El argumento del ejecutivo, en el que Vox ha sido especialmente beligerante, es nítido: una ayuda de esa magnitud, sin filtros de arraigo, se convierte en un imán para la inmigración irregular. La creciente presión de la ruta argelina hacia Baleares y el perfil de quienes llegan en patera —con alta precariedad y sin cotización previa— refuerzan, según el partido, la necesidad de proteger los recursos públicos con criterios de residencia.
Fuentes de Vox en el Consell consultadas por este diario insisten en que la medida no es excluyente sino “de mera gestión responsable”: se prioriza a quienes llevan años contribuyendo y se evita el efecto llamada que, de facto, multiplicaría las solicitudes de futuras ayudas.
La moción del PSOE y sus argumentos: “la protección no puede depender del tiempo”
El PSOE presenta una moción para suprimir el requisito y lo justifica afirmando que la protección a los más vulnerables no debería depender del tiempo de residencia sino de la “situación de necesidad acreditada por los profesionales competentes”. La iniciativa, que defiende este jueves la formación que aún controla Francina Armengol en Baleares, considera “injustificado” convertir el arraigo en un criterio determinante.
En el texto de la moción se afirma que las limitaciones por residencia “fracturan la cohesión social” y penalizan a vecinos que “han decidido establecer su proyecto de vida en Mallorca y que contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos a través de sus impuestos”. El PSOE aplaude además la política de puertas abiertas del Gobierno de Sánchez, a la que califica de “herramienta de gestión pública, dignidad y seguridad jurídica”.
La barra libre de ayudas que propone el PSOE ignora el contexto migratorio y el carácter limitado de los recursos públicos.
El choque es frontal. PP y Vox recuerdan que los nueve millones fueron aprobados para paliar una crisis económica concreta, no para abrir una ventanilla permanente de prestaciones. Y subrayan que ningún sistema de protección social puede funcionar si no se acota quién puede acceder a él, sobre todo cuando las arcas públicas son finitas y la demanda asistencial crece cada día.
La moción socialista tiene pocas posibilidades de prosperar porque el gobierno insular mantiene la mayoría necesaria para rechazarla. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Vox en el Consell aprovechará el debate para marcar perfil propio: frente al “papel mojado de las palabras bonitas”, dicen, los hechos demuestran que hace falta responsabilidad y control.
La estrategia de Vox: gestión responsable frente a la barra libre socialista
El episodio va más allá de los nueve millones. Vox interpreta la moción del PSOE como un nuevo intento de implantar la barra libre migratoria que, a su juicio, practica el Gobierno central. Y usa el caso de Mallorca para demostrar que, donde está presente en las instituciones, las ayudas sociales se gestionan con un principio rector: el contribuyente español no debe financiar prestaciones para quienes acaban de llegar de manera irregular.
La estrategia aprieta además al PP. Obliga a los populares a retratarse cada vez que aflora una iniciativa de izquierda en materia migratoria y refuerza el discurso de Vox como único garante de unas políticas de residencia exigentes. El choque de este jueves, aunque previsible, consolida la posición del partido de Santiago Abascal en el tablero balear y sirve de réplica a un PSOE que, según Vox, “siempre antepone los intereses de quien no ha cotizado ni un día”.
El pleno del Consell servirá para medir el pulso real entre ambos modelos. Y Vox ya ha dejado claro que no dará un paso atrás en la exigencia de los cinco años: la residencia es, para el partido, la línea roja que separa la solidaridad del descontrol.
Hoy, 9 de julio de 2026, ASAJA Murcia ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la aprobación urgente de un Plan Nacional de Sanidad Vegetal. La organización agraria denuncia que la creciente presión de plagas y la pérdida de herramientas fitosanitarias están dejando a los cultivos mediterráneos en una situación «sin precedentes», con pérdidas millonarias y la viabilidad de miles de explotaciones en juego.
Qué pide exactamente ASAJA Murcia al Ministerio
En un comunicado hecho público esta mañana, ASAJA Murcia ha detallado las líneas maestras de lo que debería incluir ese plan estatal. Entre las exigencias, destacan:
Financiación suficiente para reforzar los servicios de sanidad vegetal de las comunidades autónomas, aumentar las plantillas de técnicos e inspectores y ampliar los laboratorios de diagnóstico.
Disponibilidad de materias activas eficaces —las sustancias que actúan contra plagas en los productos fitosanitarios— sin que se retiren sin alternativas viables.
Una estrategia nacional contra la clorosis nervial amarilla de los cítricos (CYVCV), enfermedad que afecta especialmente al limonero y para la que no existe tratamiento curativo.
Reciprocidad en las importaciones y refuerzo de los controles en frontera, para evitar que entren frutas y hortalizas de terceros países producidas con sustancias prohibidas en la Unión Europea.
El presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha insistido en que «la sanidad vegetal debe ser considerada una auténtica política de Estado». En la misma línea, el secretario general, Alfonso Gálvez, ha subrayado que «no es aceptable que nuestros agricultores dispongan cada vez de menos herramientas para proteger sus cultivos mientras aumenta la presión de plagas».
El contexto: una agricultura mediterránea acorralada por plagas y falta de herramientas
La organización ha recordado que el cambio climático y el comercio internacional están disparando la introducción de organismos nocivos. Trips, mosca blanca, pulgones, araña roja o el cotonet de los cítricos son solo algunas de las plagas que mencionan en su comunicado, junto a lepidópteros como Helicoverpa armigera o Spodoptera. Además, la continua eliminación de materias activas eficaces sin alternativas técnicas está mermando la capacidad de respuesta del sector.
Sin cultivos sanos no hay producción, ni rentabilidad, ni seguridad alimentaria: la sanidad vegetal debe ser una auténtica política de Estado, insiste ASAJA Murcia.
Uno de los puntos que más preocupa es la clorosis nervial amarilla del limón, una enfermedad vírica que, según la experiencia internacional, solo puede contenerse si se detecta y elimina rápidamente el material vegetal afectado. ASAJA Murcia reclama un programa nacional con prospecciones masivas, análisis sistemáticos y compensaciones íntegras para los agricultores que deban arrancar sus plantaciones.
El impacto en el mundo rural: miles de explotaciones en juego
Las reivindicaciones de ASAJA Murcia tienen una traducción directa sobre el territorio. Las zonas productoras del arco mediterráneo, desde la huerta murciana hasta los cítricos valencianos o los invernaderos almerienses, dependen de cultivos que generan empleo y fijan población. Si la presión de plagas sigue sin una respuesta coordinada, el riesgo de abandono de tierras y de pérdida de renta agraria se multiplica, especialmente entre las explotaciones familiares que constituyen la columna vertebral de la España rural.
La organización recuerda que esta situación se agrava por la falta de reciprocidad en las importaciones: los agricultores españoles deben cumplir los estándares fitosanitarios más exigentes del mundo, mientras entran productos de fuera tratados con sustancias que aquí están prohibidas. Esa «doble vara de medir», como la califica Hernández, merma la competitividad y desalienta el relevo generacional en el campo.
🚜 Ficha de la convocatoria
Convocan: ASAJA Murcia.
Fecha y lugar: Exigencia pública realizada el 9 de julio de 2026, desde Murcia.
Reivindicaciones principales: Plan Nacional de Sanidad Vegetal con financiación, más personal técnico, herramientas fitosanitarias eficaces, estrategia estatal contra la clorosis nervial amarilla y reciprocidad en importaciones.
Respuesta de la administración: Pendiente de confirmación oficial. El MAPA no se ha pronunciado aún.
Próximos pasos: ASAJA Murcia insta al Ministerio a situar la sanidad vegetal como prioridad política y a aprobar el plan con carácter urgente.
Claves del Mundo Rural
📌 Lo que debes saber: ASAJA Murcia exige un Plan Nacional de Sanidad Vegetal para frenar las plagas que amenazan los cultivos mediterráneos, según su comunicado de hoy.
👥 A quién afecta: A los agricultores de cítricos, hortalizas y frutales del arco mediterráneo, cuyas explotaciones sostienen la España rural.
⏭️ Qué consecuencias puede traer: Sin herramientas eficaces ni reciprocidad comercial, miles de explotaciones familiares corren el riesgo de perder rentabilidad y acelerar el despoblamiento.
El Gobierno Vasco ha autorizado este miércoles la licitación del mayor contrato de transporte sanitario terrestre de Osakidetza, por un importe de 650 millones de euros, con el objetivo de ordenar el servicio entre 2027 y 2031. El nuevo pliego incorpora por primera vez un sistema de pago por resultados que penalizará los retrasos en las ambulancias y divide el concurso en tres lotes provinciales.
Qué incluye la licitación de 650 millones
El viceconsejero de Salud, Aritz Uriarte, explicó que de los 650 millones totales, 373 millones se destinarán a la red de transporte urgente y 277 millones a los servicios programados no urgentes. La adjudicación se hará por cuatro años, con una prórroga máxima de otros tres, lo que permite una planificación de largo plazo que, según el Ejecutivo autonómico, refleja la apuesta por una sanidad pública externalizada pero bajo parámetros de calidad.
El reparto se estructura en tres lotes, uno por cada provincia —Bizkaia, Gipuzkoa y Araba/Álava—, una configuración que repite el esquema territorial foral habitual en Osakidetza. Las empresas que concurran deberán asumir los costes laborales, de combustible y las obligaciones de subrogación del personal actual, ya que en Bizkaia y Araba/Álava los contratos vigentes son temporales tras la salida abrupta de la anterior adjudicataria, la catalana Grup La Pau.
Pago por resultados y voz de los pacientes
La principal novedad de la contrata es el mecanismo de retribución: el pago será mensual y estará vinculado al cumplimiento de los horarios pactados. “No se trata de pagar por número de traslados, sino por traslados que den valor al paciente”, afirmó Uriarte, que calificó el modelo de “sistema de pago por resultados”. Si una ambulancia supera los tiempos previstos, ese servicio no se abonará. Las asociaciones de pacientes, que participaron por primera vez en la redacción de los pliegos, respaldaron la medida tras años de quejas continuadas por demoras. Una portavoz de Alcer Bizkaia recordó cómo los desplazamientos por diálisis podían prolongarse “otras tantas horas” como el propio tratamiento.
En Bizkaia, el servicio lo presta actualmente la UTE Bizkanb, integrada por Alsa/Sanir y Baztan-Bidasoa, mientras que Ambulancias Gipuzkoa gestiona las redes urgente y no urgente en su territorio y en Araba/Álava. Todos estos contratos vigentes finalizan en 2026 y serán sustituidos por los nuevos adjudicatarios cuando arranque la prestación, prevista para el 1 de enero de 2027. El Gobierno vasco confía en resolver todo el proceso de contratación antes de esa fecha.
El nuevo sistema de pago por resultados liga por primera vez la retribución de las ambulancias al cumplimiento efectivo de los horarios.
Contexto foral y próximos pasos
La envergadura económica del contrato equivale aproximadamente al presupuesto anual del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad o supera al del Departamento de Vivienda, lo que da una idea del peso que el transporte sanitario tiene en las cuentas vascas. La licitación llega después de un periodo de inestabilidad en el servicio, motivado por la rescisión de los contratos con Grup La Pau y la firma de acuerdos de urgencia a finales de 2024, medidas que ahora se quieren superar con un concurso estable.
El Consejo de Gobierno ya había dado luz verde a la licitación hace unos días, y este jueves los detalles han sido presentados por el viceconsejero Uriarte ante los medios y las asociaciones de pacientes. Osakidetza publicará ahora los pliegos en el BOPV y abrirá un plazo de presentación de ofertas que se estima de varios meses, con el objetivo de que las nuevas adjudicatarias comiencen a operar el 1 de enero de 2027. El modelo foral de concierto no incide directamente en esta contratación, pero la capacidad de gasto del Ejecutivo vasco deriva en última instancia de la financiación vía cupo, que permite destinar recursos públicos a servicios externalizados como este.
¿Cuántas veces has mirado ese rincón del salón que parece condenado a estar vacío porque cualquier mueble que pongas estorba? Esa sensación de que una mesita auxiliar lo arreglaría todo, pero los modelos que ves ahogan en lugar de sumar. A mí también me frustraba hasta que le eché el ojo a una pieza que estaba agazapada en Primeriti, el outlet de El Corte Inglés, con un descuento de esos que te reconcilian con la decoración low cost.
La mesa en cuestión es de forja, con un acabado en rosa suave que resulta casi neutro y una estructura redonda que ocupa poco visualmente. Ideal para apartamentos donde cada centímetro cuenta, pero sin renunciar a un toque de diseño.
El precio original de 161 euros se ha desplomado hasta los 84,95. Más de un 47 % de rebaja en una mesa que no encontrarás a este precio en tiendas de muebles convencionales, y mucho menos con este acabado tan cuidado.
Por qué es un acierto total
Diseño ligero y atemporal: su silueta redonda de forja encaja en decoraciones mediterráneas, rústicas o nórdicas sin desentonar. El rosa suave refleja la luz y amplía visualmente el espacio.
Precio imbatible: pasar de 161 a 84,95 euros significa un ahorro real en un mueble de metal que, en otras tiendas, duplica fácilmente esa cifra.
Resistente y fácil de mover: al ser de forja aguanta el uso diario y apenas pesa, por lo que la llevas del salón a la terraza en un segundo.
Además, al ser de metal no necesitas preocuparte por golpes o derrames: un paño húmedo y lista. Y lo mejor: pesa tan poco que la puedes mover de la terraza al dormitorio sin despeinarte.
Tres maneras de sacarle partido
Junto al sofá: apoya una bandeja con tazas de café y la la mesa se convierte en un punto de apoyo sin competir con el resto del mobiliario.
Como mesilla de noche: en dormitorios pequeños sustituye a la típica mesa de noche voluminosa. Pon una lámpara de lectura y tendrás un rincón con personalidad.
Con un 47 % de descuento, esta mesa es una de esas gangas que desaparecen rápido.
En el balcón o terraza: resiste la intemperie porque la forja está tratada; perfecta para dejar la copa de vino en las cenas veraniegas.
Maridaje: con qué muebles combinarla
Esta mesa combina de maravilla con textiles en tonos arena, un sofá de lino claro o una alfombra de fibras naturales. Si buscas más piezas de la colección, en Primeriti suelen tener otras mesas de la misma línea con descuentos similares. Y si el rosa no te convence, hay versiones en otros colores que van apareciendo por el outlet.
Un último consejo: no te duermas. Las ofertas de Primeriti vuelan y esta mesa en concreto, con ese acabado tan especial, suele agotarse en días.
¿Qué ha pasado? La Fiscalía de Madrid ha presentado su escrito de conclusiones provisionales y pide la libre absolución de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés al no apreciar infracción penal alguna en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
¿Quién está detrás? El Ministerio Público, en un documento de 26 folios, desmonta las acusaciones de malversación, apropiación indebida y tráfico de influencias que sostenían las acusaciones populares y el juez instructor, Juan Carlos Peinado.
¿Qué impacto tiene? El informe fiscal supone un varapalo a la instrucción judicial y un respaldo a la honorabilidad de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El caso, que ha alimentado la estrategia de la oposición durante meses, pierde buena parte de su recorrido penal.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado la libre absolución de Begoña Gómez, su asesora María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés tras concluir que no existe ‘infracción penal’ alguna en la creación y desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. El escrito de conclusiones provisionales, de 26 folios y al que ha tenido acceso este medio, echa por tierra la instrucción del juez Peinado y deja sin sustento jurídico las acusaciones populares que reclamaban hasta 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno.
‘Ni María Begoña Gómez, ni María Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés Consul obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra y sus patrocinios’, recoge el fiscal. Sin delito no hay autor, resume el Ministerio Público, que descarta uno a uno los tres grandes bloques de la acusación: el presunto desvío de fondos públicos por el software de la cátedra, la malversación en el uso de la asesora de Moncloa y la supuesta influencia sobre el empresario Barrabés.
La Fiscalía desmonta las acusaciones: ni malversación, ni apropiación, ni tráfico de influencias
Respecto al software creado con la aportación de empresas como Indra (128.000 euros), Google (180.000) o Telefónica (55.000), el fiscal subraya que los trabajos ‘no llegaron a registrarse como propiedad intelectual o industrial de la UCM, legítimo destinatario del producto’. Es decir, la universidad no sufrió perjuicio patrimonial y por tanto no hubo apropiación indebida. ‘Ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático’, añade. La instrucción se queda sin el núcleo económico del caso.
La acusación de malversación por los correos que la asesora Cristina Álvarez gestionó para Gómez durante su jornada también se derrumba. La Fiscalía recuerda que la figura del ‘personal eventual’ de apoyo al cónyuge del presidente existe ‘desde 1978 en todos los gobiernos democráticos’ y que las funciones de Álvarez incluyen ‘gestión de agenda, preparación de reuniones, asistencia telefónica y acompañamiento en desplazamientos’. Que en ese marco realizara ‘actividades puntuales de gestión y contacto’ con la universidad o patrocinadores está dentro de la normalidad del cargo. No hubo desvío de funciones.
El fiscal acusa al juez Peinado de urdir una ‘confabulación’ sin soporte penal para impedir la salida de Begoña Gómez de España.
Sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, el escrito es taxativo: ‘No ha colaborado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma’. Su participación se limitó a impartir docencia en el máster que codirigía Gómez, cobrando la retribución reglada por hora lectiva. Begoña Gómez percibió alrededor de 40.000 euros por su labor en ese máster a lo largo de una década, pero ni un solo euro por la cátedra, subraya el fiscal.
Las consecuencias judiciales y el coste político de una instrucción desbordada
El escrito de la Fiscalía no se limita a pedir la absolución; contiene una crítica velada a la actuación del instructor. El Ministerio Público señala que el juez Peinado ‘inventó una confabulación’ –en referencia a la fianza de 40.000 euros que impuso en su día para evitar la salida de Gómez de España– sin que existiera riesgo de fuga. Ese exceso, unido a la debilidad de las acusaciones populares, deja la instrucción en una posición muy comprometida. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción apuntan a que la defensa podría pedir la nulidad de actuaciones una vez abierto el juicio oral.
El coste político del caso para la oposición es difícil de cuantificar pero evidente. El PP y Vox habían convertido la instrucción en uno de los ejes de su estrategia de desgaste contra el presidente Sánchez, agitando un relato de corrupción en el entorno familiar. La petición de absolución de la Fiscalía desmonta de raíz esa narrativa y obliga a los partidos de la derecha a recolocar su discurso a meses de que arranque un nuevo ciclo electoral.
El Eje del Poder Socialista
La decisión del Ministerio Público refuerza la posición de Moncloa y de Ferraz en un momento en el que el Gobierno de coalición busca cerrar la legislatura con una agenda social y económica intensa. El caso Begoña Gómez, que durante más de dos años ha ofrecido munición diaria a la oposición, se deshincha justo cuando el Ejecutivo necesita blindar su flanco judicial. En Ferraz se respira un alivio contenido. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com admiten que ‘siempre confiamos en que la Justicia acabaría reconociendo la verdad’, pero reconocen que el ruido mediático y la crispación parlamentaria han tenido un coste personal para el presidente y su familia.
Desde el punto de vista territorial, los barones socialistas reciben la noticia con mesura. Emiliano García-Page, siempre crítico con los escándalos que rozan al partido, evitó pronunciarse, mientras que desde la Generalitat, Salvador Illa trasladó en privado su ‘satisfacción’ por un desenlace que, a su juicio, ‘devuelve la dignidad’ a la presidencia del Gobierno. En el Grupo Parlamentario Socialista la sensación es parecida: el informe fiscal les permite pasar a la ofensiva en la sesión de control y devolver el golpe al PP por haber basado buena parte de su estrategia en una causa que se desmorona.
Históricamente, los ataques personales al entorno del presidente han sido una constante de la política española. Ya en los años noventa, la prensa afín al PP se cebó con la familia de Felipe González, y más recientemente con los negocios del padre de Pablo Iglesias. La diferencia, subrayan en el PSOE, es que en esta ocasión ‘el propio sistema judicial, a través de un fiscal, ha puesto las cosas en su sitio’. La lectura estratégica a medio plazo pasa por consolidar el relato de que el Gobierno socialista defiende la limpieza institucional y la separación de poderes, frente a una oposición que, según fuentes socialistas, ‘utiliza los juzgados como arma política’.
El siguiente paso será el juicio oral, aún sin fecha. La defensa de Begoña Gómez confía en que la petición fiscal acelere una sentencia absolutoria. Entretanto, el independentismo y los socios de investidura observan con atención un caso que podría afectar a la estabilidad de la mayoría, aunque la previsión en Moncloa es que la crisis judicial quede amortiguada antes de las próximas citas electorales. El foco vuelve ahora a la gestión económica y a las medidas sociales que el Gobierno quiere aprobar antes de final de año.
🌹 El Apunte de Ferraz
Mensaje fuerza: Defensa de la honorabilidad de Begoña Gómez y rechazo del uso partidista de la Justicia.
Protagonista: Begoña Gómez Fernández (esposa del presidente del Gobierno y codirectora del máster de la UCM).
Próximo hito: Señalamiento del juicio oral, pendiente de fecha, y posible petición de nulidad de actuaciones por la defensa.
Vox ha registrado este jueves un recurso para paralizar la construcción de una mezquita con comedor social y centro médico en el Polígono Sur de Sevilla. El objetivo de la formación es retirar el expediente de la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo prevista para este viernes, lo que ha obligado al gobierno municipal del PP a estudiar la suspensión temporal del proyecto mientras analiza las alegaciones presentadas.
Qué argumenta Vox: el uso real es de mezquita, no sociocultural
El grupo municipal de Vox, con su portavoz Gonzalo García de Polavieja al frente, sostiene que el expediente no refleja correctamente el uso principal del inmueble. Según la documentación, la iniciativa se presenta como un centro sociocultural, pero el partido considera que el elemento predominante es el espacio destinado al culto islámico. ‘El promotor ha intentado disfrazar una mezquita como un equipamiento social para beneficiarse de un régimen urbanístico más favorable’, advierten fuentes del grupo municipal.
El recurso registrado señala que el complejo previsto incorpora elementos inequívocamente religiosos: una gran sala de oración, un minarete de aproximadamente 30 metros de altura, la residencia del imán, espacios para las abluciones y otras dependencias vinculadas al culto. Aunque la licencia también contempla un comedor y un centro médico, la formación insiste en que la función principal trasciende lo asistencial y debe ser recalificada como equipamiento religioso.
Para Vox, el cambio de calificación no es un tecnicismo menor. La normativa urbanística del Plan General de Ordenación Urbana establece condiciones de edificabilidad distintas para los inmuebles religiosos. Si se impusiera esa interpretación, el proyecto tendría que adaptarse, lo que podría retrasarlo o incluso hacerlo inviable en su formulación actual.
La reacción del alcalde y la viabilidad del recurso
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha reconocido en declaraciones recogidas por La Gaceta que la Gerencia de Urbanismo deberá decidir si el expediente sigue su curso o se suspende cautelarmente mientras se estudian las alegaciones de Vox. El primer edil ha recordado que la iniciativa fue promovida por una entidad privada sobre suelo privado y que la solicitud de licencia inició su tramitación hace casi un año por el cauce administrativo ordinario.
La votación prevista para mañana en la comisión ejecutiva de Urbanismo queda así en entredicho. El gobierno local, con minoría suficiente, podría optar por retirar el punto del orden del día si los técnicos municipales aprecian motivos fundados en el escrito de la formación de Santiago Abascal. Fuentes del ayuntamiento consultadas por Merca2 señalan que el área jurídica está analizando ya la solidez del recurso.
El recurso de Vox no solo cuestiona la calificación del suelo: obliga al gobierno de Sanz a tomar partido en un asunto que atraviesa el debate sobre el uso del espacio público y la integración cultural.
La formación verde mantiene que, además del fondo urbanístico, debería abrirse un proceso de participación ciudadana por el impacto social que tendría la construcción del complejo. Este argumento refuerza la petición de paralización y añade una dimensión política a un expediente que hasta ahora se había tramitado con perfil técnico.
Una nueva presión de Vox en la batalla urbanística de Sevilla
La maniobra de Vox en el Polígono Sur se inscribe en la estrategia municipal que el partido despliega en toda España para condicionar las políticas urbanísticas desde la oposición o desde los gobiernos de coalición. Apenas dos meses después de que el grupo municipal forzara al ejecutivo de Sanz a revisar otras licencias polémicas, el recurso contra la mezquita consigue que el PP mueva ficha.
El debate sobre la naturaleza de este tipo de centros ha estado presente en el discurso de la formación de Abascal en otros ayuntamientos. Vox defiende que la recalificación de inmuebles con uso religioso encubierto no es un ataque a la libertad de culto, sino una exigencia de transparencia urbanística. En Sevilla, ese argumento ha encontrado ahora un cauce administrativo concreto: un expediente que, de prosperar la suspensión, podría alargarse durante meses.
Las consecuencias políticas del movimiento se leerán en las próximas semanas. Si la Gerencia de Urbanismo acepta total o parcialmente los argumentos de Vox, el PP cederá ante la formación de derecha en un tema sensible y dejará una señal hacia el electorado conservador antes del ciclo electoral autonómico. Si rechaza el recurso, la formación de García de Polavieja habrá dejado constancia de su oposición y podrá explotar el asunto en el pleno municipal. En cualquiera de los dos escenarios, Vox consigue situar el control del uso del suelo en el centro de la agenda sevillana.
El táper de verano tiene un enemigo silencioso: la mayonesa. No es la única salsa que se estropea con el calor, pero sí la que más quebraderos de cabeza da a quien prepara la comida con horas de antelación y la deja esperando en una mochila de playa. El Comidista, la sección gastronómica de El País, ha encontrado una salida elegante: una ensalada de arroz que cambia las salsas de riesgo por un aliño que no necesita frío para mantenerse seguro.
La receta lleva tomatitos, fruta de temporada como cerezas o albaricoques, frutos secos crujientes y un aliño de sésamo que sorprende a quien lo prueba por primera vez. No promete milagros ni convierte la jornada laboral en una escapada, pero sí garantiza que el momento de comer, sea en la oficina o en la arena, tenga algo de placer real.
El táper que aguanta el calor sin trucos raros
La clave de este táper está en lo que no lleva. Nada de mayonesa, nada de huevo crudo, nada de nata: los ingredientes que más problemas dan cuando la cadena de frío se rompe. En su lugar, un aliño a base de tahini, aceite de oliva virgen extra y limón que se mantiene estable durante horas fuera de la nevera, algo que cualquiera que haya sufrido una ensalada pasada de vueltas en pleno julio sabe agradecer.
El arroz, al ser una base pastosilla por naturaleza, se combina con elementos jugosos como los tomatitos y la fruta de temporada, y con el punto crujiente de las almendras y los pistachos. El resultado es un plato que no se apelmaza ni suda dentro del recipiente, algo que muchas ensaladas de pasta o de patata no consiguen. Se prepara con arroz basmati o de grano largo, que aguanta mejor la textura suelta que exige un buen táper de playa.
De dónde viene el ingrediente que lo cambia todo
El tahini es una pasta hecha de semillas de sésamo tostadas y molidas, muy habitual en la cocina de Oriente Medio, donde también se usa para preparar hummus o falafel. En España se ha ido colando poco a poco en las neveras gracias a su textura cremosa y su sabor entre tostado y amargo, que combina bien tanto con verduras como con fruta. Llevar un táper con este tipo de aliño, en lugar de uno a base de huevo, reduce de forma notable el riesgo de intoxicación alimentaria en los meses de más calor.
Aliñar con tahini y limón, en vez de con mahonesa casera, no solo es una cuestión de seguridad. El sésamo aporta un extra de proteína vegetal y grasas saludables que encajan bien con el perfil nutricional que se busca en una comida de mediodía en verano, cuando el cuerpo pide platos ligeros pero que sacien de verdad.
Otras recetas pensadas para salir de casa
El Comidista no se ha quedado en una única propuesta. La sección ha ido publicando toda una línea de recetas pensadas específicamente para llevar fuera de casa, con la misma filosofía: ingredientes frescos, aliños estables y preparación rápida. Una de las últimas incorporaciones combina calabacín salteado, garbanzos cocidos, cuscús y almendras, pensada igualmente para la piscina, la playa o el trabajo.
La receta del táper de arroz sigue esa misma lógica de familia: platos completos, con hidratos, proteína vegetal y verdura, que no dependen de estar siempre fríos para ser seguros. Es una tendencia que cada vez pesa más en la cocina de verano española, donde el miedo a las salmonelas de la mayonesa casera lleva años empujando a buscar alternativas.
Cómo montar el táper perfecto para no fallar
Prepararlo bien no exige más de 20 minutos, pero hay un par de detalles que marcan la diferencia entre un táper que aguanta y uno que decepciona a media mañana. El primero es enfriar el arroz bajo el grifo justo después de cocerlo, para cortar la cocción y que quede suelto en lugar de pegajoso. El segundo es añadir el aliño en el último momento o llevarlo aparte en un botecito pequeño.
Otro punto importante es la elección de la fruta: cerezas y albaricoques aguantan bien el transporte sin deshacerse, algo que no ocurre con frutas más delicadas como el melocotón muy maduro. Aquí van los cuatro pasos básicos que resume la receta:
Cocer el arroz basmati, escurrirlo y enfriarlo bajo agua fría de inmediato.
Trocear los tomatitos, la fruta de temporada y picar la menta fresca.
Tostar ligeramente las almendras y los pistachos para realzar su sabor.
Emulsionar el tahini con aceite de oliva, zumo de limón y una pizca de sal.
Una comida para cuatro o seis personas, lista en un rato
Otro punto a favor de esta receta es su rendimiento: con las cantidades indicadas salen entre cuatro y seis raciones, así que sirve tanto para una comida familiar de playa como para dejar repartida en varios táperes individuales para toda la semana laboral. No hace falta maquinaria especial ni técnicas complicadas, solo una olla, un bol grande y unos minutos de paciencia mientras se enfría el arroz.
Los 250 gramos de arroz, los 100 gramos de tomatitos y la fruta de temporada rinden de sobra para no quedarse a medias, algo de agradecer cuando se trata de una comida que hay que llevar fuera de casa sin posibilidad de repetir plato desde la nevera.
Por qué esta forma de aliñar seguirá ganando terreno
La tendencia hacia aliños sin huevo ni lácteos frágiles no es una moda pasajera, sino una respuesta lógica al calor cada vez más intenso de los veranos españoles. Cocineros y nutricionistas coinciden en que reducir el riesgo alimentario sin renunciar al sabor va a seguir siendo una prioridad en las recetas pensadas para playa, piscina y oficina en los próximos años.
El consejo más práctico para quien quiera adelantarse: tener siempre en la despensa un bote de tahini o una salsa a base de aceite y cítricos lista para usar. Es una inversión pequeña que evita sustos y abre la puerta a decenas de combinaciones, desde ensaladas de arroz hasta verduras a la plancha, sin depender de que la nevera portátil haga bien su trabajo durante todo el día.
No hay peor sensación que salir del supermercado cargado de bolsas y que cada paso sea una batalla contra el peso, el calor y las articulaciones. Si tienes a tus padres o abuelos sufriendo ese calvario, o eres tú mismo quien ya no puede con el malabar de cargar cuatro bolsas mientras buscas las llaves, este carro de Alcampo es la respuesta que estabas buscando.
Los carros de la compra tradicionales hacen lo que pueden: dos ruedas, empujas, se vuelcan al girar. Muchos mayores acaban renunciando a su autonomía o pidiendo ayuda para llenar la nevera. La novedad de Alcampo rompe con todo eso: un carro con cuatro ruedas, estable como un carrito de paseo, que además se pliega en segundos.
El secreto del éxito
Estabilidad total gracias a sus 4 ruedas: Ni un tropezón, ni un vuelco. Se apoya en cualquier superficie y permite caminar sin tensar la espalda.
Capacidad de 50 litros y 25 kilos: Cabe la compra completa de una semana, sin renunciar a nada, y el peso se reparte sin castigar los hombros.
Plegado rápido para guardarlo en cualquier rincón: En un movimiento lo recoges y ocupa menos que una silla. Perfecto para pisos pequeños o para tenerlo en el coche.
El diseño no es casualidad. Alcampo ha pensado en ese momento crítico en el que llegas a casa con las manos ocupadas. La bolsa térmica mantiene los productos frescos hasta que los guardas, y el manillar se adapta a diferentes alturas para que nadie tenga que agacharse.
Características clave
Capacidad: 50 litros (compra semanal sin agobios).
Resistencia máxima: 25 kg.
4 ruedas multidireccionales con bloqueo para estabilidad en paradas.
Bolsa térmica con compartimento interior para botellas.
Plegable en menos de 5 segundos.
Altura del manillar regulable (de 90 a 110 cm).
Precio: 69,99 €.
El montaje es nulo: llega completamente armado. Basta con desplegarlo, encajar la bolsa en el chasis si viene suelta y salir a la calle. La primera vez sorprende lo ligero que se mueve incluso cargado al máximo. Al girar en pasillos estrechos responde como un patinete.
Al llegar a casa, lo pliegas pisando un pedal y tiras del asa; se encoge tanto que cabe detrás de una puerta. La bolsa se puede quitar y lavar a mano si ha habido alguna fuga. Y un detalle importante: el asa acolchada no corta la circulación, pensada para manos que necesitan un agarre suave.
La estabilidad que dan las cuatro ruedas no es un capricho: es la diferencia entre cargar y caminar con seguridad.
Variaciones y maridaje
Este carro no solo sirve para el súper. En mercados de barrio con calles adoquinadas, donde las ruedas pequeñas se atascan, su chasis robusto aguanta el traqueteo sin quejarse. También es útil para una mudanza ligera de plantas o enseres, porque los 25 kilos dan para mucho más que comida.
En cuanto a conservación, basta con pasar un paño húmedo al chasis de aluminio y airear la bolsa si ha estado cerrada mucho tiempo. Plegado, guárdalo en un ambiente seco para que las juntas de goma no se resequen. La bolsa térmica admite limpieza con trapo y jabón neutro, nunca en lavadora.
Si buscas una opción todavía más ligera para cargas pequeñas, Alcampo tiene un modelo de dos ruedas con bolsa de rejilla que apenas pesa 1,5 kg. Pero para autonomía total sin sacrificar estabilidad, el de cuatro ruedas es, con diferencia, la mejor inversión.
Nadie debería renunciar a hacer la compra solo por miedo a volcarse o a que le duela la espalda. Con un carro bien pensado, el paseo al mercado vuelve a ser un placer.
El Corte Inglés ha puesto sobre la mesa una de sus campañas de rebajas más generosas de los últimos años. Los descuentos llegan hasta el 50% en moda y hasta el 40% en deportes, con la ventaja añadida de que la campaña no tiene prisa: se extiende hasta el 31 de agosto.
Lo interesante no es solo el porcentaje, sino la variedad. Joyería, hogar, tecnología y perfumería se suman con sus propios calendarios de descuento, algunos más cortos que otros. Quien entienda bien los plazos puede planificar sus compras del verano sin pagar de más ni quedarse sin tallas.
El Corte Inglés arranca fuerte en moda y deportes
La sección de moda es, como cada año, la gran protagonista de esta campaña. Marcas como Desigual, Pepe Jeans, Scalpers o Napapijri llegan a bajar hasta el 50%, tanto en tienda física como en la web y la app de la cadena. La moda infantil y de hombre entra en las mismas condiciones que la de mujer, algo que no siempre ocurre en otras cadenas.
En deportes, la oferta también es sólida: Nike, Adidas y Puma bajan hasta el 40% en textil, calzado y complementos, y las palas de pádel llegan a rebajarse hasta la mitad. Para quien busca equiparse de cara al verano, es probablemente el mejor momento del año para hacerlo.
Una tradición que viene de lejos
El Corte Inglés no inventó las rebajas, pero sí ayudó a convertirlas en el ritual comercial que hoy conocen millones de españoles. El Corte Inglés tiene un papel casi fundacional en la cultura española del descuento estacional, algo que se entiende mejor si se repasa qué son técnicamente las Rebajas: una reducción de precio pensada, sobre todo, para liquidar inventario al final de temporada.
Fue precisamente la competencia entre grandes almacenes en los años 50 y 60 la que asentó en España las campañas publicitarias masivas y las tarjetas de fidelización que hoy siguen marcando el ritmo de estas fechas. Cada vez que alguien aprovecha una rebaja de verano, en cierto modo está repitiendo un ritual comercial que esta empresa contribuyó a crear.
Perfumería, joyería y hogar tienen sus propios plazos
No todas las secciones juegan con el mismo calendario, y ahí está la clave para no llevarse una sorpresa. La perfumería y parafarmacia tiene descuentos de hasta el 30%, pero solo hasta el 31 de julio, bastante antes que el resto de la campaña. Quien tenga en mente renovar su neceser de verano debería moverse antes de esa fecha.
La joyería y relojería, en cambio, sí llega hasta el 31 de agosto, con marcas como Pandora o Viceroy rebajadas hasta el 50%. El hogar completa el cuadro con descuentos de hasta el 40% en ropa de cama y decoración, aunque muebles de salón y jardín se quedan en un 30% más contenido.
Qué comprar ahora y qué puede esperar
Los artículos más demandados, sobre todo en moda y calzado, se agotan rápido en los primeros días de campaña, que es justo cuando hay más tallas y colores disponibles. Esperar a agosto puede traer un porcentaje de descuento algo mayor, pero con un surtido bastante más limitado, así que conviene decidir cuanto antes qué se necesita de verdad.
La tecnología y el hogar funcionan con otra lógica: el stock es más estable, así que ahí sí tiene sentido esperar y comparar precios sin urgencia. La app de El Corte Inglés ayuda bastante en este proceso, porque permite crear listas de deseos y recibir avisos cuando un producto baja de precio.
Antes de comprar conviene tener claro:
La perfumería cierra sus descuentos el 31 de julio, un mes antes que el resto.
Los titulares de la tarjeta acceden antes a ventas privadas y a financiación sin intereses.
En moda y deportes el mejor surtido está en las primeras semanas de julio.
El hogar y la tecnología admiten esperar sin perder demasiada oportunidad.
Lo que viene después del verano
Todo apunta a que las rebajas de El Corte Inglés seguirán evolucionando hacia campañas más largas y menos atadas a una fecha fija, apoyadas en la app y en la tarjeta de fidelización como herramientas para decidir quién compra primero y en mejores condiciones. Es una tendencia que ya se nota este verano y que probablemente se consolide de cara a fin de año.
Para el consumidor, el consejo sigue siendo el mismo de siempre, solo que ahora con más herramientas digitales: decidir con tiempo qué se necesita, activar las alertas de la app y no dejar la compra para el último tramo de agosto si lo que se busca es variedad. Con una campaña que dura más de dos meses, la paciencia y la planificación son, esta vez, el mejor aliado del bolsillo.
¿Qué ha ocurrido? La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado mensajes en los que Leire Díez y Juan Manuel Serrano planeaban ayudar a Pedro Sánchez y atacar políticamente a sus oponentes.
¿Dónde y cuándo? Los hechos investigados se remontan a abril y mayo de 2024, y el informe ha sido incorporado al caso Leire que instruye la Audiencia Nacional.
¿Qué resultado? El informe aporta indicios de la participación de Juan Manuel Serrano en la presunta trama liderada por Santos Cerdán, situando a Leire Díez como coordinadora.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado un informe al conocido como caso Leire en el que se recogen mensajes que apuntan a que la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de CorreosJuan Manuel Serrano planearon «ayudar» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «matar políticamente» a sus rivales, según ha avanzado el diario digital Confilegal.
El informe de la UCO, fechado en las últimas semanas y del que ha tenido conocimiento este medio, detalla las conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería entre ambos durante el periodo en el que Pedro Sánchez suspendió su agenda en abril de 2024 para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
La causa, que investiga el juez de la Audiencia NacionalSantiago Pedraz, gira en torno a una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno. En ella, el magistrado ya había situado a Leire Díez como supuesta coordinadora de la red, que según la instrucción estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Ahora, la UCO apunta a la existencia de «indicios» sólidos sobre la participación de Juan Manuel Serrano, quien fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y presidente de Correos desde 2018 hasta 2023.
Los mensajes de los días de reflexión
Según el informe policial, el 24 de abril de 2024, tras la publicación de la «Carta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez, se intensificaron los contactos entre Leire Díez y Juan Manuel Serrano. En la mañana del 29 de abril, poco antes de que el presidente anunciara su decisión de seguir, Leire Díez trasladó a Serrano su estado: «estoy nerviosa por lo que vaya a hacer».
La respuesta de Serrano fue reveladora: «La movida empieza después, decida lo que decida». A continuación, la exmilitante socialista añadió: «A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece». Serrano contestó que «se tiene que dejar» y Leire Díez remató: «El jefe nos va a poner en un altar».
La investigación de la Guardia Civil revela indicios de una trama para influir en decisiones políticas y judiciales, subrayando la capacidad de la UCO para detectar irregularidades en el más alto nivel institucional.
La amenaza de ‘matar politicamente’ a los rivales
El informe de la UCO incorpora además otra conversación, fechada el 20 de mayo de 2024, entre Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. En ella, la exmilitante se refirió al trabajo que desarrollaba junto a Juan Manuel Serrano —al que llamaba ‘Juanma’— para combatir a «la gente mala».
«A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar politicamente, obvio. De eso nos estamos ocupando Juanma y yo», aseguró Leire Díez en ese intercambio, según recoge el documento policial.
El Contexto Operativo
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sido, desde su creación, la punta de lanza en las investigaciones de corrupción política de mayor complejidad. Con casos emblemáticos como Gürtel, Kitchen o la trama de los ERE en su historial, la UCO acumula un expertise que le permite desentrañar redes de presunta connivencia entre altos cargos y estructuras de poder. Esta nueva aportación al caso Leire, instruido por la Audiencia Nacional, demuestra que la institución mantiene la capacidad de detectar indicios de irregularidades incluso en el entorno más próximo al Gobierno.
El Ministerio del Interior ha reforzado en los últimos años los medios de la Guardia Civil para combatir la delincuencia económica y la corrupción, consciente de que la confianza ciudadana en las instituciones pasa por la imparcialidad y la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Precisamente este tipo de informes, basados en el análisis forense de comunicaciones y en la pericia de los agentes, constituyen el pilar sobre el que se sostienen las posteriores actuaciones judiciales. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias que permitan a la UCO identificar a otros posibles implicados en la supuesta trama.
En algún momento de la cumbre de la OTAN de Ankara, el miércoles 8 de julio de 2026, mientras Donald Trump amenazaba con cortar todo el comercio con España —un aliado de la OTAN, no un país enemigo— y reclamaba la entrega de Groenlandia —un territorio danés, que es también un aliado de la OTAN— a los Estados Unidos, el Secretario General de la organización que supuestamente vela por la seguridad colectiva de treinta y dos democracias hacía lo siguiente: señalar las zapatillas del primer ministro de Albania con el dedo para intentar que Trump se riera.
Donald Trump no se rió. Trump tiene sentido del humor de un tipo muy específico, y la moda informal del calzado del primer ministro albanés Edi Rama —un hombre que mide dos metros, que fue jugador de baloncesto y que lleva zapatillas blancas a las cumbres militares como declaración de personalidad desde hace años— no es el material con el que normalmente trabaja el presidente de los Estados Unidos cuando está de humor para sonreír. Pero Mark Rutte lo intentó. Con todo su empeño. Con la desesperación callada de quien sabe que necesita que ese hombre esté de buen humor porque, si no lo está, él no sirve para nada.
Eso es Rutte en 2026. Un hombre que intenta hacer reír al jefe señalando las zapatillas de un colega de organización mientras el jefe insulta a los miembros de esa organización. Si hubiera una fotografía más precisa del estado actual de la OTAN, todavía no la he visto.
Quién es Mark Rutte y de dónde viene
Para entender el nivel de la caída hay que entender el punto de partida. Mark Rutte fue primer ministro de los Países Bajos durante catorce años, de 2010 a 2024, un periodo extraordinariamente largo en la política europea. Liberal, pragmático, con un perfil de tecnócrata templado por décadas de coaliciones imposibles en el ecosistema parlamentario holandés —que es de una complejidad que haría sudar a cualquier catedrático de ciencia política—. Conocido como «el teflón Mark» por su capacidad para sobrevivir escándalos que habrían acabado con cualquier otro político europeo. No es un personaje sin mérito ni sin experiencia. Tiene curriculum, tiene instinto político y tiene una capacidad de aguantar en el cargo que solo puede explicarse por una combinación de pragmatismo extremo e impermeabilidad al bochorno.
Esas mismas virtudes que le hicieron un buen primer ministro son las que le hacen un secretario general de la OTAN profundamente problemático. El pragmatismo extremo, cuando quien fija el marco de lo pragmático es Donald Trump, se convierte en capitulación sistemática. Y la impermeabilidad al bochorno, en el contexto de la Alianza Atlántica, se convierte en la capacidad de decir cosas que ningún líder europeo con dignidad diría, sin que se le mueva un solo músculo de la cara.
El catálogo del servilismo: caso por caso
Conviene documentarlo con cuidado, porque si uno solo leyera los comunicados oficiales de la OTAN podría pensar que Rutte ejerce un liderazgo neutro y equilibrado. La realidad, verificada en citas textuales de las últimas semanas, es diferente.
«Yo diría que sin usted en esta silla, esto no habría ocurrido. Anótese la victoria. Está ahí.» Eso le dijo Rutte a Trump en la reunión bilateral del miércoles 8 de julio en Ankara, en referencia al aumento del gasto en defensa de los aliados europeos. La frase, pronunciada en público, delante de cámaras, fue registrada por múltiples agencias. No es una interpretación. Es lo que dijo, palabra por palabra. El Secretario General de la OTAN le dijo al presidente de los Estados Unidos que se apuntara la victoria de que los europeos estén gastando más en defensa, en el contexto de una reunión donde ese mismo presidente acababa de decir que estaba «muy disgustado» con la alianza y había exigido el control de Groenlandia.
«Creo que lo que hizo anoche fue absolutamente necesario.» Eso le dijo Rutte a Trump antes de la cumbre, en referencia a los ataques aéreos americanos a Irán durante la noche. No al calor de una reunión reservada donde el secretario general pueda tener que gestionar la diplomacia con suavidad. En público. Como declaración política. El Secretario General de una alianza de 32 países —varios de los cuales habían rechazado expresamente participar en esa guerra, denegando el uso de sus bases y su espacio aéreo— avalando unilateralmente la acción militar del país que preside esa misma alianza, sin consultar a los demás miembros.
El «Trump Trillion». El mes pasado, Rutte viajó a Washington. No para negociar. Para celebrar. Organizó un acto en la Casa Blanca, con decoración que «evocaba una bandera americana», para anunciar que los aliados europeos habían comprometido 1,2 billones de dólares en gasto de defensa desde que Trump llegó al poder en 2017. Presentó gráficos. Señaló los miles de empleos que eso creaba en Estados Unidos. Llamó a Trump «el líder del mundo libre». Un Secretario General de la OTAN llamando «líder del mundo libre» al presidente de uno de los miembros de la OTAN, en un acto diseñado para que ese presidente se sintiera halagado. Los otros treinta y un países que también son miembros de la alianza observaron esto desde sus capitales.
El discurso del 4 de julio. En una reciente intervención coincidiendo con el Día de la Independencia americano, Rutte pronunció un discurso que La Jornada describió como «fuertemente plegado a Washington», en el que se refirió a Estados Unidos como «la resplandeciente ciudad sobre la colina» y concluyó deseándoles «muy feliz cumpleaños». No hay nada malo en felicitar a un aliado en su día nacional. Hay algo significativo en que el Secretario General de la OTAN dedique un discurso político a halagos de campaña de un país concreto mientras otros treinta y un están sentados en esa misma alianza esperando que alguien les represente con un mínimo de equidad.
El momento albanés: un análisis forense
Volvamos a Ankara. A las zapatillas. Porque el episodio merece el análisis que no ha recibido.
Edi Rama, primer ministro de Albania desde 2013, lleva zapatillas blancas a las cumbres de la OTAN desde 2024. No es descuido. Es una declaración de estilo deliberada de un hombre que antes fue jugador de baloncesto profesional, que pinta cuadros, que ha escrito libros, que da conferencias universitarias y que considera que las convenciones del protocolo diplomático son negociables. En la cumbre de 2024 en Washington, Emmanuel Macron le dio un gesto de aprobación que se viralizó. Las zapatillas de Rama son el tipo de rareza simpática que humaniza una cumbre militar. Nadie se lo reprocha.
Lo que resulta difícil de procesar es la respuesta de Rutte. El Secretario General de la OTAN, en la foto de familia, señaló las zapatillas del primer ministro albanés hacia Trump, aparentemente con la intención de crear un momento de complicidad distendida con el presidente americano. Trump no reaccionó. Ni una sonrisa. Rutte quedó con el dedo señalando el pie de un colega mientras el hombre al que quería hacer reír miraba en otra dirección. El Secretario General de una de las organizaciones de seguridad más importantes de la historia utilizó a un aliado —a uno de los treinta y un países que se supone representa— como material de entretenimiento para ganarse la simpatía del otro.
Hay un vídeo en YouTube publicado el mismo día por El País con el título «Un periodista cuestiona la relación de Rutte con Trump», donde el Secretario General se mantiene inmóvil mientras Trump ataca a España, a Italia y reclama Groenlandia. Vale la pena verlo para calibrar la escena completa: Rutte de pie, sin gesticular, procesando el momento, y cuando le preguntan directamente qué piensa de la actitud de Trump hacia sus aliados europeos, dice que las diferencias públicas entre socios son «normales en democracia» y que la cumbre ha sido «tremendamente exitosa».
Tremendamente exitosa. La cumbre donde Trump amenazó con cortar todo el comercio con España, reclamó Groenlandia por segunda vez en días, llamó a la OTAN un «tigre de papel» y no se rio de la broma de las zapatillas: tremendamente exitosa.
Lo que no dijo cuando debería haberlo dicho
El problema de Rutte no es solo lo que dice. Es lo que calla en los momentos en que un Secretario General con autoridad moral debería hablar.
Groenlandia. Cuando Trump renovó sus amenazas sobre la soberanía de un territorio danés —Dinamarca es miembro de la OTAN desde 1949— la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, lo tuvo que decir ella: «Groenlandia, por supuesto, no está en venta. Y esa posición no ha cambiado en ningún momento.» Rutte «minimizó las amenazas» y recordó que «él personalmente se encargará de que se cumpla» el acuerdo que alcanzó con Trump en Davos. El Secretario General de la OTAN recordando su acuerdo personal con Trump, frente a un miembro de la alianza al que ese mismo Trump acaba de amenazar implícitamente con la integridad de su territorio, describió la situación como un asunto para «negociaciones trilaterales» entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. No se puede ser Secretario General de la OTAN y tratar la amenaza territorial sobre un miembro como un asunto bilateral a gestionar en una mesa de negociación donde ese miembro está en inferioridad de condiciones. Puede que sea pragmático. No es liderazgo.
España. Cuando Trump dijo que España era «un socio terrible», que ordenó cortar todo el comercio con Madrid, que llamó a los españoles «una causa perdida» —todo ello dicho, formalmente, desde la misma mesa bilateral donde estaba sentado Rutte—, la respuesta del Secretario General fue describir a España como «un caso aislado» y subrayar que «la inmensa mayoría de los países europeos había hecho lo que EEUU negoció». No defensa del aliado. No recordatorio del Artículo 5. No ningún tipo de posicionamiento que pudiera poner en riesgo su relación con el hombre que estaba amenazando al aliado. Un «caso aislado». Como si hablar de que las amenazas comerciales contra un miembro de la alianza son inaceptables fuera demasiado arriesgado en términos de relación personal con el presidente que las profiere.
Canadá. Cuando Trump sugirió que Canadá debería convertirse en el «51 estado» de los Estados Unidos, Rutte no articuló ninguna defensa pública del primer ministro canadiense ni de la soberanía de un miembro fundador de la alianza. Gestionó el momento con la suavidad de alguien que no quiere que la conversación se ponga incómoda.
Por qué lo hace: la explicación que nadie da en los análisis diplomáticos
Hay una interpretación benévola de la conducta de Rutte que circula entre los analistas de seguridad: que alguien tiene que gestionar la relación con Trump, y que la única manera de mantener al hombre más poderoso del mundo dentro de la OTAN es adulándole con la frecuencia suficiente como para que no se vaya dando un portazo. Que sin Rutte, Trump podría ya haber salido de la alianza. Que el bufón que hace de embajador informal del presidente americano ante los europeos es, en realidad, el dique que mantiene el edificio en pie.
Es una interpretación razonable. También es la que cualquier cortesano de cualquier monarca caprichoso de cualquier siglo ha dado para justificar su comportamiento. El bufón del rey también creía que estaba haciendo algo útil.
Lo que esa interpretación no responde es la siguiente pregunta: si Rutte tiene que tratar a Trump como un jefe caprichoso al que hay que entretener y halagar para que no se marche, ¿en qué ha quedado el artículo 5 del Tratado de Washington, que establece la defensa colectiva entre iguales? ¿En qué ha quedado el principio fundacional de la alianza, que es que un ataque a uno es un ataque a todos? No a uno de los treinta y dos salvo el que tiene más capacidad de destrucción nuclear, que ese hace lo que quiere y los demás le señalan las zapatillas de los albaneses para que esté de buen humor.
La respuesta honesta es que si la relación entre Trump y el resto de la alianza requiere de forma estructural que el Secretario General se comporte como un cónsul romano en provincia lejana —cuya misión principal es no irritar al Emperador—, la OTAN tiene un problema de fondo que ninguna cumbre de dos días en Ankara puede resolver.
La OTAN que está emergiendo: vasallaje disfrazado de alianza
Hay un párrafo de La Nación Argentina —no precisamente un periódico izquierdista— que resume lo que está ocurriendo con una claridad que los comunicados oficiales de la alianza nunca alcanzarán: «La cumbre de la OTAN en Ankara quedará marcada como la de una Alianza que, una vez más, buscó ante todo contener a Trump en lugar de mostrar una visión estratégica común.»
Contener a Trump. No coordinar la defensa de Europa. No articular una respuesta común a la agresión rusa. No construir una doctrina de seguridad para el siglo XXI. Contener a Trump.
El Artículo 5 del Tratado de Washington dice «todos para uno y uno para todos». Solo se ha invocado una vez en la historia, cuando los aliados europeos acudieron en ayuda de Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001. Cuando Trump amenaza con cortar el comercio con España, cuando reclama el territorio de Dinamarca, cuando dice que la OTAN es un «tigre de papel» porque sus aliados no le cedieron bases para hacer la guerra a Irán, el espíritu del «todos para uno» no opera en ninguna dirección que no sea la de calmar al americano.
Y el instrumento principal de esa operación de calma continua tiene nombre y apellido, habla holandés con acento perfecto, lleva traje oscuro a las cumbres y el pasado miércoles señalaba las zapatillas de Edi Rama hacia Donald Trump esperando que el presidente de los Estados Unidos se dignara sonreír.
¿Qué ha pasado? El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo del PSOE contra el veto del PP en la Mesa de la Asamblea de Madrid a la creación de una comisión de investigación sobre los impagos de Madrid Network.
¿Quién está detrás? El grupo socialista en la Asamblea lidera el recurso; el PP, con mayoría absoluta, bloqueó la iniciativa por considerarla ajena a las competencias regionales.
¿Qué impacto tiene? La admisión no implica un fallo favorable y, aunque el Constitucional acabara dando la razón al PSOE, el pleno de la Asamblea, controlado por el PP, rechazaría la investigación.
El Tribunal Constitucional ha dado luz verde este miércoles a la tramitación del recurso de amparo presentado por el PSOE contra la decisión del Partido Popular de vetar en la Asamblea de Madrid la creación de una comisión de investigación sobre los impagos de Madrid Network. La providencia, a la que ha tenido acceso este diario, aprecia que el asunto reviste “especial trascendencia constitucional” porque pudiera tener consecuencias políticas generales. Sin embargo, ni siquiera un eventual fallo estimatorio lograría desbloquear la investigación: el Grupo Parlamentario Popular dispone de mayoría absoluta y podría tumbar la iniciativa en el pleno con sus votos.
La comisión rechazada por la Mesa de la Cámara autonómica pretendía analizar las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos impagos de Madrid Network, una asociación empresarial sin ánimo de lucro creada en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La Cámara de Cuentas regional detectó que la entidad había dejado de devolver decenas de millones de euros públicos y la unidad anticorrupción de los Mossos d’Esquadra señaló el pago de 1,8 millones al despacho del exministro Cristóbal Montoro. En Madrid Network trabajó Isabel Díaz Ayuso como asesora del departamento de prensa, con un sueldo de 4.219 euros mensuales, hasta el mes anterior a ser elegida diputada por primera vez en 2011.
El PP fundamentó su veto en un argumento competencial: la temática de la comisión no se ceñía al ámbito de la Comunidad de Madrid, puesto que se refería a una entidad privada y a una regulación fiscal que emana de las Cortes Generales. Fuentes cercanas a la presidenta regional subrayaron entonces que “Madrid Network era una asociación de empresas, no formaba parte de la Comunidad de Madrid, que era un asociado más, y dejó de serlo”. Además recordaron que Ayuso era “la tercera en ese departamento, redactaba notas de prensa y hace más de 15 años”.
La secretaria general del grupo parlamentario socialista en la Asamblea, Carmen Mena, sostiene que el Constitucional “ha visto lo mismo que nosotros: aquí no había ningún defecto de forma, había una decisión política que la Mesa no tenía potestad para tomar”. El PSOE invoca la STC 88/2012, según la cual las Mesas parlamentarias no pueden vetar iniciativas de control por razones de oportunidad política. Pero esa doctrina, aunque se confirmara, chocaría con la realidad aritmética de la Cámara madrileña: el PP suma 78 escaños, más que el resto de grupos juntos.
De hecho, la propia Cámara de Cuentas ha reiterado que la Comunidad de Madrid ha reclamado judicialmente los créditos impagados, y la Consejería de Economía encargó en 2017 un informe a Uría Menéndez para preparar las acciones legales. Hasta la fecha se han recuperado 15 millones de euros, mientras la deuda sigue acumulando intereses. El Ejecutivo autonómico ha recurrido incluso al Tribunal Supremo para no desvelar el contenido de ese dictamen.
El Constitucional abre la puerta a revisar el procedimiento, pero las mayorías parlamentarias siguen decidiendo qué se investiga y qué no.
El Eje del Poder Popular
La admisión a trámite del recurso pone a prueba la solidez institucional del proyecto popular en Madrid, una comunidad que el PP gobierna con mayoría absoluta desde 2019 y que se ha convertido en el principal contrapeso territorial al Gobierno central. El pulso sobre Madrid Network refleja un patrón que en Génova conocen bien: los intentos de la izquierda por erosionar la figura de Isabel Díaz Ayuso mediante comisiones de investigación que, aunque no prosperen, generan ruido mediático. La presidenta madrileña, que ha convertido la autonomía fiscal y la crítica al sanchismo en sus señas de identidad, afronta esta embestida judicial con el respaldo de toda la cúpula nacional del partido.
Distintos barones territoriales han transmitido a esta redacción que ven en el movimiento del PSOE una maniobra preelectoral más que una verdadera voluntad de fiscalizar las cuentas de una asociación privada. “Si quieren investigar los impagos, que acudan a los juzgados”, comentan fuentes de la dirección popular en Andalucía. “La Asamblea de Madrid ya tiene los informes de la Cámara de Cuentas; lo demás es puro espectáculo”.
El próximo hito procesal será la sentencia del Tribunal Constitucional, que podría demorarse meses. Si el fallo estimara el amparo, ordenaría a la Mesa de la Asamblea que admita a trámite la iniciativa, pero en ningún caso obligaría a crear la comisión ni a aprobar su plan de trabajo. La última palabra la tendría, una vez más, el pleno, donde el Grupo Parlamentario Popular impone su mayoría. No es un bloqueo técnico, sino político, y la estrategia popular consiste en blindar ese control sin quebrar la imagen de respeto a las resoluciones judiciales.
En el equilibrio interno del partido, la gestión de este caso refuerza la posición de Ayuso como referente del ala más combativa del PP, al tiempo que Génova comprueba la eficacia de un argumentario que combina defensa jurídica y protección institucional. El reto, admiten fuentes de la cúpula, será evitar que la prolongación del proceso erosione la confianza en la gestión madrileña justo cuando se perfilan los ciclos electorales venideros.
🏛️ El Apunte de Génova
Mensaje fuerza: La comisión de investigación es un intento de judicializar la política; el PP respeta al Constitucional pero mantiene que la Asamblea de Madrid no es competente para juzgar una entidad privada ni decisiones de las Cortes Generales.
Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
Próximo hito: La sentencia del Tribunal Constitucional, que probablemente no se conocerá antes de 2027.
